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1 Vicisitudes y vaivenes de la producción agropecuaria pampeana en el siglo 20

Este trabajo trata sobre chacareros de Saladillo, en general, y sobre un grupo aún más localizado espacial y temporalmente, en particular. Sin embargo, y más allá de las especificidades de las explotaciones locales, no creo posible encarar una investigación –aunque sea de alcance local o con elementos de microanálisis histórico– sin tener en cuenta el contexto en que se desarrollaron las acciones de los sujetos estudiados. En ese sentido, este capítulo está destinado a revisar las características del agro de la región pampeana en la centuria pasada de la forma más sintética y sencilla posible.

Como queda dicho, no voy a referirme a los avatares agropecuarios nacionales, sino que he de restringirme a la zona comprendida por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, en cuanto comparten ciertas particularidades ecológicas que determinan tipos productivos y concurrieron durante el siglo 20 a generar más del 80 % de la riqueza agrícola y ganadera del país, así como más del 70 % de las exportaciones primarias. Además, la mayoría de la abundante y buena bibliografía sobre el tema se refiere de manera exclusiva a esta área geográfica.

Por otra parte, considero que cualquier referencia al cambio de siglo en la historia de Occidente debe tomar 1914 como fecha divisoria de aguas. Esta datación fue popularizada por Eric Hobsbawm y obtuvo un amplio consenso dentro de la historiografía, pero merece ser explicada a quien tal vez no se encuentra familiarizado con las reyertas propias de la tribu que integro. Se puede afirmar que, hasta el comienzo del conflicto bélico en Europa, el mundo mantuvo una marcada continuidad con el período iniciado a partir de la “doble revolución” (política francesa e industrial británica, ambas a finales del siglo 18). Más allá de las fluctuaciones propias del comercio, las ideologías y la política mundiales, las cosas no se hacían en 1906 de manera muy distinta a 1898, por poner dos fechas cualesquiera.

Podían presentarse situaciones de zozobra –como las acontecidas en Argentina en el quinquenio 1890-1895–, pero las reglas del juego seguían siendo las mismas y resultaban igualmente claras. Incluso en momentos de incertidumbre económica o financiera, existían tres certezas inalterables: el intercambio internacional era regido por el patrón otro, referenciado con la libra esterlina; Gran Bretaña continuaba siendo la principal potencia del planeta y su gran árbitro; y nuestro país estaba ligado al Reino Unido por una relación bilateral especial.

En contraposición, en diciembre de 1914, la situación era totalmente diferente a la imaginada apenas unos meses antes. No solamente los ingleses se encontraban empantanados en el fango de las trincheras, sino también otros clientes importantes para los productos nacionales, como Alemania, Francia y Bélgica. La guerra afectaba asimismo a Rusia, Canadá y Australia, competidores directos del trigo pampeano. Los trabajadores italianos y españoles –que constituían el grueso de la mano de obra inmigrante– no estaban movilizados militarmente (aunque Italia se sumó a la masacre en 1915), pero no podían cruzar fácilmente el océano aunque lo deseasen. En 1914, por ejemplo, el saldo migratorio fue negativo en 265,000 personas, lo que significaba más de un 3 % de la población argentina del momento.[1]

En conclusión, con el estallido de la guerra, se detuvieron bruscamente los tres motores del crecimiento argentino: el comercio exterior, la inmigración y las inversiones externas. Ninguno de ellos desapareció por completo –no lo hizo siquiera con la gran crisis de 1929–, pero todos sufrieron un marcado retroceso primero y unas transformaciones profundas luego que los hacían irreconocibles veinte años más tarde. Como sostiene Luis Alberto Romero: “Con la Primera Guerra Mundial –muchos más que con la crisis de 1930– terminó una etapa de la economía argentina: la del crecimiento relativamente fácil, sobre rumbos claros” (Romero, 1999: 66).

El agro bajo el peso de la guerra y la crisis (1914-1939)

El ciclo traumático empezado con la Gran Guerra no supuso tampoco el fin de la expansión, ya que el crecimiento siguió, aunque a tasas menores, al menos hasta 1930, e incluso se reanudó, más moderadamente todavía, después de 1933. El cambio central fue que las crisis iniciadas en 1914 mostraron un ritmo más rápido de presentación y una profundidad mayor a las anteriores, e instalaron la presencia definitiva de la incertidumbre de los negocios. Al mismo tiempo, se acompañaron de un sostenido deterioro de los términos del intercambio.

En definitiva, por conformar la base de la riqueza nacional y su única usina de divisas, el sector agropecuario resultó también el más afectado por las inclemencias globales. Si el estallido de las acciones bélicas produjo un freno de las exportaciones de granos, dada la falta de medios para transportar el trigo y el maíz al otro lado del Atlántico, favoreció por su parte, hasta 1918, al sector ganadero, que sí pudo seguir consiguiendo bodegas para enviar carne enlatada al frente de batalla; la dura paz de 1919 implicó primero una recesión, y luego una inversión de los perjuicios: las carnes retrocedieron, mientras que los cereales recuperaron terreno. Cuando la situación parecía estabilizarse, después de una cierta normalidad recobrada en 1925, el derrumbe del mercado estadounidense y la internacionalización de la crisis asestaron un nuevo golpe a todo el complejo agropecuario, aunque nuevamente más a los granos, cuyos precios cayeron de forma nunca vista.

En medio de este cuadro, no faltaron los conflictos. Algunos ya habían aflorado antes de 1914, como las protestas de los chacareros y arrendatarios de 1912, que, bajo el denominado Grito de Alcorta, se levantaron contra los abusos de propietarios, acopiadores, financistas y proveedores (también conocidos como “rameros”, ya que eran los dueños de los almacenes de ramos generales). Las manifestaciones contra esos sectores tuvieron cierto eco y llevaron al dictado de una ley para regular el sistema de arriendos menores a las 300 hectáreas, cumplida de forma muy relativa. Más exitoso fue el remplazo de los prestamistas particulares por los bancos oficiales, que permitió a muchos chacareros convertirse en propietarios en la década de 1920.

Estas acciones señalaron asimismo el comienzo de la intervención estatal en áreas donde los poderes públicos casi no habían incursionado. A través de la legislación sobre arriendos, colonización de tierras, creación de juntas nacionales para el manejo de las políticas agrícola y ganadera, organización de un sistema bancario más centralizado, y regulación de ciertos aspectos de los circuitos productivos y comerciales del sector primario, el antiguo modelo liberal, propio del siglo 19, fue sustituido por uno con mayor injerencia gubernamental.

En el universo de los ganaderos, el fin de las exportaciones de carne enlatada y la vuelta del negocio de colocación de reses enfriadas (chilled) en el mercado británico marcó una separación más taxativa entre los criadores y los engordadores o invernadores. Aunque esta división y sus conflictos tal vez fueron exagerados por la historiografía más allá de su verdadero impacto, las tensiones aumentaron de forma proporcional a las dificultades. El cierre del mercado estadounidense, bajo la coartada de la fiebre aftosa, y el derrumbe general de precios y volúmenes negociados, después de 1929, produjeron un divorcio real en 1932, cuando un grupo de hacendados de la región pampeana, mayormente criadores, se alejó de la Sociedad Rural Argentina para fundar la Corporación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

En 1933, la polémica escaló cuando se firmó el tratado Roca-Runciman, ya que se acusó a un grupo de grandes frigoríficos, estancieros y miembros del gobierno conservador de favorecerse de los cupos de exportación impuestos por los ingleses, en detrimento de los criadores y los productores medianos y chicos. La discusión llegó hasta el Senado de la Nación y culminó de forma violenta en 1935, cuando un matón del oficialismo disparó contra Lisandro de la Torre y asesinó a uno de sus colaboradores.

De todos modos, las enseñanzas –por duras que fueran– dejaron como resultado la necesidad de mantener la mayor flexibilidad posible a la hora de elegir las opciones productivas. La estancia mixta se impuso como modelo, y el norte de cualquier emprendedor no fue tanto maximizar las ganancias, sino minimizar las eventuales pérdidas. Al “poner los huevos en varios canastos”, como reza el famoso adagio de la diversificación especulativa, quienes podían se cubrían de potenciales desastres. Como es lógico, las posibilidades de variar las opciones eran más sencillas para aquellas explotaciones con tierras suficientes, en cantidad y calidad, capaces de combinar agricultura, forrajes y ganadería (Palacio, 2000).

Los pequeños chacareros con propiedades mínimas o tenencias con limitaciones ecológicas para posibilitar la producción conjunta carecían de estos mecanismos defensivos. Más desprotegidos aún estaban aquellos arrendatarios de las grandes estancias, candidatos principales a ser las víctimas de la reconversión productiva y a terminar precarizados en sus relaciones contractuales o, directamente, expulsados de sus parcelas.

Para completar este escenario difícil, en la década de 1920, llegó a su límite la frontera agrícola, uno de los elementos dinámicos que explicaba la expansión agropecuaria nacional, incluso en tiempos complicados, como durante la larga recesión mundial de 1873-1896. Las hectáreas disponibles en las zonas más aptas para la agricultura se acabaron y, con la tecnología con la que todavía se contaba, las cosechas de cereales encontraron el techo de la superficie disponible. A su vez, la recuperación del comercio de los granos, operada gracias al repunte de los precios a mediados de la década de 1930, se detuvo nuevamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que volvió a privilegiar los envíos cárnicos.

Cuadro 1.1. Cantidad de explotaciones agropecuarias
Censo
Año
Explotaciones
Total nacional
Explotaciones
Prov. de Buenos Aires
% del total
1914257,45078,66830.56
1937452,007108,64924.04
1947471,389122,48025.98
1952564,891129,97323.01
1960471,756101,49321.51
1969538,430113,77421.13
1974509,81793,44118.34
1988421,22175,47917.92

Fuente: elaboración propia, con información proporcionada por los censos nacionales, disponibles en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (indec).

Estancamiento y transformaciones (1939-1960)

A finales de los años 30, el sector agropecuario entró en un período de largo estancamiento. No existe consenso entre los autores sobre el momento preciso en que empezó este aletargamiento, ni tampoco sobre cuándo las variables dieron señales de despabilarse. En principio, concurren dos situaciones para explicar la compleja datación del inicio y cierre de esta meseta productiva. En primer lugar, no existe otro modo de revisar los ciclos que la interpretación de datos censales, y, por ello, muchas investigaciones se ajustan a las fechas de los censos agropecuarios nacionales (1937 y 1960) que abarcan el segmento. En segundo término, la aparición de problemas o la adopción de medidas para intentar resolverlos no generan efectos inmediatos. Así, se reconoce que, desde el principio de la década de 1950, había un diagnóstico sobre las dificultades y se llevaron a cabo acciones para corregirlas, pero las sequías de 1950-1951 las retrasaron.

A la vez, fueron veinte años de grandes transformaciones políticas, económicas, demográficas y sociales en el país. Durante su transcurso, la nación asistió a los años finales del régimen conservador, conoció la experiencia peronista, fue testigo de los intentos para borrar al justicialismo del registro público, vio cómo se dividía (nuevamente) el radicalismo, y finalmente experimentó el intento desarrollista de Frondizi.

Debido a la Segunda Guerra Mundial, la Argentina aceleró el proceso de sustitución de importaciones iniciado, con timidez, en 1914. Se desarrolló así una importante industria liviana, que desplazó en relevancia a la producción primaria. Como consecuencia de esto, la demografía cambió de forma sustancial, con el exponencial crecimiento de las áreas urbanas, en especial las cercanas a las ciudades más populosas. El cinturón de partidos que rodeaba a la Capital Federal incrementó su población de forma notable. El aumento de habitantes y las mejoras salariales de los sectores populares crearon un verdadero mercado de consumo, que absorbió una buena parte de los bienes antes dedicados al comercio internacional.

Por otro lado, las dos décadas de atasco productivo no afectaron a todos los sectores por igual. La agricultura sufrió más que la ganadería vacuna, capaz de compensar los problemas del mercado externo con una demanda doméstica en aumento sostenido. De hecho, desde 1914 el sector agrícola venía siendo postergado contra el pecuario. Como decían los responsables del censo de 1937, desde la primera fecha no existían datos fehacientes sobre la evolución de la agricultura, excepto las estimaciones del ministerio. Asimismo, en 1939, y debido al inicio del conflicto bélico, se paralizó la importación de maquinarias e insumos vitales para el agro, situación que no se había normalizado todavía en 1950. Como resultado de ello, el censo de 1947 mostró un retroceso de las hectáreas sembradas, que cayeron a niveles inferiores a los de 1914, y a la mitad del período 1939-1943.[2]

En cambio, el sector ganadero logró movilizar mejor a las autoridades, que antes de 1930 ya habían realizado al menos tres mediciones importantes: el censo ganadero de la Provincia de Buenos Aires de 1916, y los censos ganaderos de alcance nacional de 1922 y 1930. El primero fue obra de un gobernador conservador, pero a los otros dos los mandó a levantar el presidente radical Hipólito Yrigoyen, quien durante décadas fue hacendado, con propiedades o arriendos en las cercanías de Saladillo.

No obstante, este período de retracción agropecuaria también dejó elementos positivos. Como señalan Barsky y Murmis:

[…] se fortaleció el rol de las cooperativas en el proceso de comercialización, donde también participó el Estado debilitando un sistema de intermediación con una cúspide comercializadora que absorbía fuertes excedentes a los productores, se democratizó el acceso al crédito eliminándose un viejo sistema usurero articulado entre los bancos oficiales y privados y la cadena de propietarios de la tierra, acopiadores, almaceneros y rematadores que expoliaban duramente a los chacareros y pequeños ganaderos (Barsky & Murmis, 1986: 104-105).

Una parte importante de esas acciones se orientaron al abordaje del problema de los arrendamientos. Después del intento inicial de 1921, en 1932 se sancionó la primera de una serie de leyes para regularizar la cuestión. La norma ampliaba el universo de arriendos afectados, consagraba plazos más largos para los alquileres, y obligaba a poner los contratos por escrito y a registrarlos en los juzgados de paz. Como su antecesora, su éxito fue modesto. Según el censo de 1937, la mitad de los arrendatarios no tenían contratos firmados (Balsa, 2015: 96-97), pero en el partido de Saladillo, por ejemplo, este número alcanzaba a casi al 70 % de las explotaciones en alquiler.

De este modo, muchos propietarios siguieron teniendo la puerta abierta para deshacerse de sus inquilinos y reconvertir sus estancias hacia la ganadería, aunque, como también enfatiza Javier Balsa, este golpe de timón no era tan sencillo, ni tampoco resulta posible medirlo en términos estadísticos. Pero, como sea, en toda ciudad bonaerense se conocían los casos de expulsiones, y, fuera de su real dimensión aritmética, crearon un verdadero mito, perfectamente compatible con una época recordada como cruel.

En atención a ello, desde 1940 empezó a plantearse alguna solución de fondo al problema de los arrendamientos y los desalojos. Mario Lattuada reseñó las distintas medidas adoptadas: la Ley 12,636 abrió el camino para las colonizaciones o expropiaciones de grandes extensiones, con la división y la salida al mercado de tierras de parcelas de tamaño mediano. En 1942 se prorrogaron los contratos y se tomaron medidas para sostener el precio de los cereales (Ley 12,771). El gobierno surgido de la revolución de junio de 1943 dictó un decreto-ley que dispuso la baja de los arrendamientos, extendió la prórroga de los contratos y suspendió los desalojos. También desde el Consejo Agrario Nacional (creado en 1940, pero activo recién en 1943) se tomaron medidas para favorecer a los chacareros, algunas de ellas en el marco de la campaña electoral de 1946, y con el claro objetivo de seducir al electorado de minifundistas, arrendatarios y pequeños productores (Lattuada, 1986).

Así parece indicarlo el discurso de Perón del 8 de agosto de 1945, en el que pedía al Consejo Agrario dar tierra a quien deseara trabajarla

a fin de que ningún hijo de chacarero se [viera] obligado a desertar de los campos, encandilado por las luces engañosas de la ciudad, donde la lucha es áspera y sin las compensaciones espirituales que proporciona la labor ruda pero fresca y sana del campesino.

No había mucho espacio para otro tipo de compensaciones materiales, e incluso más adelante hablaba del hambre de tierras del habitante rural, que siempre estaba dispuesto a “sacrificar las condiciones de vida propias y de los suyos en el afán de encontrar una chacra donde levantar su rancho”.[3]

De todas formas, no se produjo nada parecido a una reforma agraria. Si bien se llevaron a cabo expropiaciones y hubo varios desarrollos colonizadores, su impacto real fue bastante moderado. Un estudio exhaustivo sobre la cantidad de tierras expropiadas y colonizadas en el área pampeana, y específicamente en la Provincia de Buenos Aires, demuestra que no involucraron a mucho más que el 2 % de la superficie total (Balsa, 2015: 104-106). Igualmente, el temor a la intervención estatal, la incertidumbre sobre el derecho a la propiedad, una cierta presión impositiva sobre las grandes tenencias, y el desaliento de la actividad agrícola movieron a muchos terratenientes a dividir sus latifundios o a vender partes de ellos a chacareros. Es más, Noemí Girbal-Blacha destaca en su historia del Banco Provincia que, para asegurarse buenos precios, no fueron pocos los estancieros que se presentaron ante los gerentes locales de los bancos oficiales con el objeto de facilitar la gestión de los créditos a favor de sus potenciales compradores (Balsa, 2015: 113). Varios de ellos tenían, a su vez, intereses en la industria, y era una buena forma de moverse hacia inversiones más rentables.

Otros terratenientes se inclinaron por fragmentar sus enormes unidades y colocarlas bajo la titularidad de personas jurídicas para evitar ser alcanzados por las leyes de colonización o tributos patrimoniales; además, debe tenerse en cuenta la división de las grandes propiedades entre herederos. Por unas u otras causas, y como señala Alfredo Pucciarelli, el fenómeno de desaparición de las grandes estancias de más de 10,000 hectáreas resultó sorprendente por su magnitud: en 1923 controlaban más de 9 millones de hectáreas, pero, para fines de la década de 1950, poseían solo 850,000, es decir que “en menos de sesenta años habían liquidado o subdividido el 91 % de su patrimonio original y entrado en un franco proceso de descomposición”.

Tomados en conjunto, los latifundios mayores a las 5,000 hectáreas cedieron 1.8 millones de hectáreas entre los años 1920-1940. En los dos decenios siguientes, hasta 1960, las grandes propiedades se retrajeron casi 8 millones de hectáreas, es decir, “el 70 % de la superficie controlada en 1939”. En un tercer momento, comprendido entre 1960 y 1980, la desconcentración avanzó más lentamente, pero de todos modos las tenencias mayores a las 5,000 hectáreas perdieron 1,200,000 (Pucciarelli, 1991: 87-88).

Todos estos movimientos fueron acompañados por un proceso llamado “presión nacional sobre la tierra”, según la denominación de Antonio García. Este concepto, que va más allá del hambre de tierras de los no propietarios, en realidad interpela el papel de la producción agrícola en la conformación de la riqueza nacional y su capacidad para alimentar a la población y –sobre todo– para generar saldos exportables, destinados a sostener el crecimiento del sector industrial:

La presión nacional sobre la tierra, no debe entenderse como una presión campesina en busca del acceso a la tierra, sino como una creciente presión desde fuera de la estructura agraria, desde el sistema global, que exige a aquella una alta producción de alimentos y materias primas a bajos costos, empleo y un mercado que absorba parte de la producción de la industria nacional, ahorro interno para cubrir las necesidades del presupuesto público, y fundamentalmente divisas obtenidas por los productores agropecuarios de exportación que sirvan para financiar las importaciones y el desarrollo de otros sectores de la economía (Lattuada, 1986: I, p. 31).

En este orden de ideas, el problema central del modelo sustitutivo ligero radicaba en la necesidad de importar insumos y combustibles para las industrias, y en su incapacidad para exportar los productos terminados, orientados casi de manera exclusiva al mercado interno. De forma casi contradictoria, en la medida en que el crecimiento industrial era más sostenido, reforzaba su dependencia de las divisas que solamente la producción agropecuaria podía generar. Además, el campo no disfrutaba de la riqueza que sustentaba, al ser pocos los bienes durables fabricados por la industria nacional que llegaban a las chacras.

Por otra parte, el auge del consumo obligó a controlar ciertos precios para evitar los desbordes inflacionarios, sobre todo el de los alimentos, y esto desalentó, por ejemplo, la producción de trigo, lo que hizo descender los saldos exportables. La ganadería bovina pudo adaptarse mejor para atender un mayor consumo interno, que pasó a estabilizarse por sobre el 70 % del total de la carne vacuna producida, gracias a un aumento de su ingesta, que, para inicios de la década de 1950, llegó a superar los 100 kilos por habitante.

Las dificultades fueron apreciadas por las propias autoridades justicialistas y, después de 1949, Perón dejó atrás las tácticas de enfrentamientos con las corporaciones agrarias para dar lugar a un período de convivencia. Las expropiaciones disminuyeron de manera significativa y la gran propiedad dejó de ser estigmatizada. Asimismo, se buscó relanzar una agricultura muy deprimida, aunque las condiciones climáticas no colaboraron en un primer momento. También trató de limitarse la caída de las existencias ganaderas al instalarse en febrero de 1952, de manera inédita en la historia nacional, una veda parcial, que consistió en la prohibición de venta de carnes vacunas en todo el país y durante un día a la semana ( Reca & Gaba, 1973: 336).

Una vez asegurada la reelección, la modificación del rumbo se hizo más notable con la elaboración del Segundo Plan Quinquenal. Durante el ciclo de conferencias radiales destinado a presentar los objetivos de este programa, en febrero de 1953, Perón habló concretamente de “elevar el índice de vida y la seguridad social en el campo”. Para tal fin, el gobierno utilizaría el crédito agrario planificado, orientado hacia las nuevas determinaciones en materia de vivienda rural y propiedad de la tierra. Junto con ello, presentó iniciativas para sostener los precios de los cereales y oleaginosas, desarrollar la mecanización rural, brindar apoyo técnico y fomentar el desarrollo cooperativo.

También el problema habitacional en el campo mereció un apartado especial. Se pensaba impulsar la construcción de viviendas rurales tendiendo a convertir el resultado de las cosechas en bienes inmuebles, con el objetivo de capitalizar las explotaciones. La solución a este problema ayudaría –en opinión del primer mandatario– al arraigo de la población agraria, un aliciente para descongestionar las grandes ciudades, desbordadas por los efectos industrialistas del Primer Plan Quinquenal (Lattuada, 1986: I, 52-54).

Con todo, las expectativas del régimen no pudieron cumplirse. Cuando fue desalojado del poder por el golpe militar de septiembre de 1955, aunque algunos resultados ya podían verse (el aumento del parque de tractores y los subsidios agrícolas, por ejemplo), muchas de sus nuevas ideas estaban a medio camino, como la radicación de fábricas de automóviles, la apertura a las empresas petroleras y el impulso a la industria pesada.

Pero ni el gobierno militar surgido de la revuelta, ni sus continuadores después de 1958, ni la oposición al peronismo y al desarrollismo (los radicales del pueblo) tenían recetas tan distintas para el sector agropecuario. El gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”, si bien ayudó al campo con una importante devaluación, en 1956 aplicó por primera vez en la controvertida historia tributaria argentina un impuesto a las exportaciones primarias, luego popularizadas como “retenciones”, a fin de evitar que los beneficios de la depreciación de la moneda se trasladaran a los precios del mercado interno. La obra más importante de este interregno militar resultó sin dudas la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), una agencia estatal llamada a efectuar un aporte extraordinario para salir del atolladero productivo, financiada con un pequeño porcentaje de las retenciones a las exportaciones.

Por el lado de los radicales, el programa aprobado en la convención nacional en 1956 no difería de forma significativa del peronista, incluso con ciertos aspectos de la versión anterior a 1952: oposición al latifundio, desinflación de los arrendamientos, colonización de tierras públicas, intervención estatal sobre los esquemas de precios, soporte crediticio, mecanización, impulso de las cooperativas, mayor cobertura de seguros, mejora de las condiciones laborales, salariales, previsionales y de seguridad social de los trabajadores rurales, etc.

Como novedad, agregaba la “transformación industrial de las materias primas agropecuarias por los productores organizados y en los propios centros de producción, a fin de reactivar económicamente y repoblar el interior del país”, un supuesto plan orgánico de construcción y mejora de las viviendas rurales, la electrificación del campo y la expansión de un sistema de escuelas especializadas. Según se aprecia, ya estaba presente la problemática del despoblamiento rural, que poco después sería ratificada por el censo de 1960 (Carrera, 1956: 58-60).

Esta cuestión apareció asimismo en la agenda del secretario de agricultura de la administración desarrollista. En 1959, Bernardino Horne enfatizó que el objetivo último de la política agraria del gobierno sería

[…] el afianzamiento de la familia, eje sustancial de nuestra manera de vivir, ofreciendo justos alicientes a todos sus componentes, con una diversificación adecuada de actividades, [que] nos llevará a alcanzar niveles de vida y de productividad como los que hemos señalado, de manera de hacer un campo que sea centro de arraigo y de progreso (Horne, 1959: 14).

La revolución agrícola y el subibaja ganadero (1960-1975)

Desde 1960 se inició una época de recuperación de la producción agropecuaria, marcada especialmente por el gran crecimiento de la agricultura, visible de manera más notable en al área pampeana. Los cambios que impulsaron esa transformación fueron el desarrollo de las técnicas agronómicas, la mecanización agrícola, la difusión de las semillas híbridas, las mejoras efectuadas en la producción, el uso de fertilizantes y la ampliación de las políticas crediticias gubernamentales iniciadas durante el peronismo. Todo ello se conjugó para poner en marcha un proceso que ha sido incluso denominado como la “segunda revolución agrícola pampeana” (Obschatko, 1988; Coscia, 1983; Sábato, 1980).

La primera de las variables resultó de la combinación del accionar estatal a través de inta y otros organismos y la investigación privada nucleada en instituciones como los grupos crea (Consorcio Regional de Experimentación Agrícola). El primero de estos pequeños colectivos fue fundado por Pablo Hary, en 1957, en la ciudad bonaerense de Daireaux, donde un grupo de estancieros se reunió para analizar los problemas derivados de la erosión de los suelos. Con el paso de los años, la idea se divulgó por gran parte de la zona pampeana, y se constituyó una asociación nacional de grupos crea.

Las estaciones experimentales del inta, que crecieron en cantidad y dotación de especialistas, al menos hasta mediados de la década de 1970, contribuyeron con un soporte científico que resultó determinante para la mejora de muchas especies agrícolas, en la lucha contra la aftosa y en el favorecimiento del tránsito de la avicultura desde la producción básica hacia una actividad industrial moderna. De este último aspecto, me ocuparé con mayor detalle en el capítulo 5, a causa de la importancia que tuvo para Saladillo. Pero las agencias tuvieron además el mérito central de llegar directamente hasta los chacareros, escuchar sus problemas y capacitarlos con las posibles soluciones.

En el caso saladillense, los recurrentes pedidos de las autoridades, representantes agrarios y otras instituciones lograron la instalación de una delegación, que finalmente comenzó a funcionar en marzo de 1976, bajo la denominación de Agencia Cooperativa de Extensión Rural inta Saladillo.[4] Desde sus inicios, esta dependencia tuvo un plan de actividades importante y, a mediados de 1978, comenzó a publicar un boletín mensual, donde se reproducían artículos y trabajos regionales, así como noticias del ámbito agrario local.[5] A diferencia de muchas publicaciones de corto alcance, el boletín continuó apareciendo con regularidad con el paso del tiempo. Asimismo, también se realizaban reuniones en los parajes y zonas rurales del partido, con frecuencia casi semanal, y en general utilizando como sede las escuelas de campo.[6]

A la acción del inta, debe agregarse la del selsa (Servicio de Luchas Sanitarias Animales), organismo creado con rango de dirección general dentro del Ministerio de Agricultura en 1963, que sistematizó y mejoró el combate contra la fiebre aftosa mediante planes piloto de vacunación obligatoria, iniciados a principios de la década de 1950 y fuertemente ampliados en el decenio siguiente (Pecker, 2007). Según puede verse en la prensa de Saladillo, el selsa también tuvo una acción importante en la contención del “mal de los rastrojos”, e hizo una gran contribución contra la aftosa en las zonas ganaderas. Incluso, en diciembre de 1968, Saladillo fue elegido como una de las diez zonas del país para implementar un plan piloto de inoculación contra esa epizootia.[7]

En cuanto al aporte de los grupos de productores, su expansión numérica y geográfica permitió la elaboración de diagnósticos regionales precisos, vitales para encarar soluciones sectoriales y proyectos de escala pequeña y mediana. Así, en el orden local, en 1967 se conformó un grupo denominado crea “Arroyo de Las Flores”, que se integró por trece productores de los partidos de Saladillo, Alvear y Las Flores, “cuyos campos se encuentran vinculados con el arroyo del que toma su nombre”. Al igual que todas las entidades de base de esta iniciativa, reunía además el apoyo de instituciones técnicas y profesionales del sector, con el objeto de promover métodos experimentales en las explotaciones agroganaderas. Unos meses más tarde, esta nueva formación pudo participar del congreso crea desarrollado en Mar del Plata, entre el 3 y el 7 de octubre de 1967.[8]

La segunda pieza para la reactivación fue la mecanización del agro. Adolfo Coscia resalta el aumento del parque vehicular y su amplio acceso por parte de los chacareros como uno de los elementos centrales de esta revolución, ya desde mediados de la década de 1950 (Coscia, 1983: 69-70). En efecto, el número de tractores en el país subió de los 29,150 censados en 1947 a los 49,759 que se registraron en 1952. Pero, además del aumento en la cantidad, desde inicios de la década del sesenta creció la potencia y calidad de los tractores. En gran medida, la “tractorización” del campo fue impulsada por los subsidios indirectos para su compra, formados por la desgravación impositiva y la abundancia de créditos a tasa negativa, sobre todo en el período 1963-1977. Para tener idea de esa evolución, basta precisar que solamente en la región pampeana la flota de tractores subió de 86,061 en el período 1960-1963 a 142,840 para los años 1970-1973, y 160,215 en 1980-1983 (Obschatko, 1988: 42).[9]

El boom de los tractores tuvo un gran impacto en Saladillo. Los avisos de las casas dedicadas a su venta ocupaban grandes espacios en los semanarios locales, en especial en El Argentino, donde llenaban las páginas centrales, reservadas únicamente para publicidades. Además, con el correr de los años sesenta aumentó el número de comercios de venta de tractores y maquinaria agrícola, y se abrieron representaciones de las marcas disponibles en el mercado, tanto nacionales como extranjeras. En 1961, por exponer una muestra, la casa Tordó Hermanos & Cía convocaba a los chacareros a adquirir los tractores fabricados por Concord Argentina en Córdoba (de marca Fiat y Someca), bajo el lema “Compre ahora con nuestra financiación complementaria a los Bancos Oficiales”.[10]

Sin embargo, estas supuestas facilidades (que alcanzaban hasta el 80 % del precio de venta de una unidad, y hasta el 70 % para una segunda, siempre a cinco años de plazo) fueron refutadas por la cra (Confederaciones Rurales Argentinas) en el invierno de ese mismo año. Los ruralistas sostenían que la medida era impulsada por los propios fabricantes, “ya que [era] público y notorio que sus playas [estaban] repletas de tractores, que no [podían] vender debido al exagerado precio de los mismos”. Para la cra, desde 1958, el Banco Nación había destinado la preferencia de su cartera crediticia al comercio y la industria (un 74 %), mientras que en los años anteriores los préstamos agrarios superaban los del sector secundario y terciario por 55 % contra 45 %. En defensa de sus intereses –que no eran los de los agricultores, claro está–, la corporación reclamaba menos plata para tractores y más créditos blandos y largos para “compras de hacienda y reproductores, retención de vientres, siembra, transportes, etc.”.[11]

De todos modos, los argumentos de las federaciones ganaderas no hicieron mella en los vendedores de tractores, que competían con ahínco para ganar el favor de los chacareros. Así, y en un hecho inédito para la época, John Deere Argentina SA anunció, en abril de 1964, la presentación simultánea en todo el país del “tractor diésel ‘445’, de 41 HP que ha fabricado especialmente para la agricultura argentina”. En Saladillo, los interesados debían darse cita en la concesionaria de Dabel Valsecchi.[12] Un año más tarde, la empresa Pedro J. Grecco y Hermanos presentó el tractor Fiat 450, “con potente motor diésel de inyección directa, de 4 tiempos, arranque instantáneo y otras características, que lo convierten en inestimable colaborador para las tareas del campo”. Según el anuncio, la firma de Turín ya llevaba entregadas 56,000 unidades en el país.[13]

El progresivo aumento del número de tractores y maquinaria agropecuaria llevó asimismo a que organismos provinciales, el municipio, la Cooperativa Agrícola y algunos de los concesionarios locales dedicados a su venta organizaran cursos gratuitos para el mantenimiento de esos equipos, con la presencia de técnicos y asesores de las empresas fabricantes, como el que se llevó a cabo en Polvaredas, entre el 16 y el 18 de octubre de 1969.[14]

La mecanización agrícola implicó también novedades en los hábitos urbanos municipales. En mayo de 1965, la filial local de la Federación Agraria Argentina dirigió una nota al Concejo Deliberante, con copia a los periódicos para garantizar una mayor difusión. La misiva criticaba la actitud policial por lo siguiente: “[Invocando] obedecer órdenes de la intendencia, advierte a los tractoristas que no pueden entrar en la planta urbana, ni menos estacionarse en las calles, haciendo una excepción cuando sea para cargar o llegar a un taller de reparación”. Los agrarios resaltaban la mecanización de las tareas rurales y el esfuerzo hecho por los agricultores para adquirir esos equipos. A la vez, esto producía la falta de caballos para sulkys y, como no todos podían comprar una camioneta, debían “utilizar el tractor para llegar al pueblo, no para pasear, sino para surtirse de las mercaderías o para cumplir con las varias disposiciones legales o compromisos bancarios”.[15] Esas restricciones al tránsito de maquinaria agrícola en el casco urbano de Saladillo se formalizaron finalmente en 1971, con el dictado de un reglamento de tránsito, que establecía las limitaciones, excepciones y sanciones para la circulación vehicular.[16]

Fuera de los vigilantes del tráfico urbano, la difusión masiva de los tractores en los campos saladillenses llevó a muchos nostálgicos del pasado a evocar los tiempos de la tracción a sangre y las bondades del caballo, dejados de lado por los jóvenes chacareros, que preferían el volante y la caja de cambios a las riendas y la montura. Osmar Pallero lo dijo con vehemencia al prologar De mi tierra, el libro de poemas de mi abuelo, pero él le dedicó una estrofa de su décima “Recordando la tradición”, donde escribió: “Ya no hay quien ate un arao’ / con seis caballos como antes; / hoy andan lo más campantes / sentaos en un buen tractor / con más pinta que un doctor / arando con finos guantes” (Quinterno, 1973: 14).

El tercer motor de la renovada expansión fueron las semillas híbridas. Esta búsqueda se había iniciado en todo el mundo, aunque especialmente en Estados Unidos, a principios del siglo 20, pero, desde la década de los cincuenta, las investigaciones tuvieron grandes avances. A las compañías privadas que, como Dekalb, Klein, Cargill y Morgan, ya operaban en Argentina, se les sumó el inta, que relanzó con gran éxito los saberes preexistentes de los centros experimentales en funcionamiento desde varias décadas antes, al absorberlos bajo su dependencia (Gear, 2010).

Un buen ejemplo de esto fue el resultado para recuperar las áreas sembradas con girasol que, tras un arranque prometedor a principios del decenio de 1930, se desplomaron dos décadas después, por efectos de la baja del precio primero y por las plagas, a partir de 1955. Las investigaciones del inta lograron la primera semilla híbrida en 1960, que se difundió con rapidez y mostró un éxito formidable en sanidad y rendimiento. Ello trajo una mejora productiva para zonas ecológicas como aquellas donde se encuentra Saladillo, a punto tal que entre 1960 y 1985 estas áreas superaron el incremento nacional y el de la región típico (Obschatko, 1988: 55).

Así, en el otoño de 1962, El Argentino dio cuenta del notable rendimiento de la cosecha de girasol de esa campaña. El semanario remarcaba como principales indicadores el alto nivel de rinde (veinticinco bolsas por hectárea) y el peso de las pepitas. Para lograr esto, habían contribuido las lluvias escasas –que, por otro lado, arruinaron la ganadería vacuna y la siembra de maíz en ese año– y el uso de una nueva sementera. La nota culminaba explicando las razones de la superación:

El empleo de la nueva variedad de semilla –Manfredi Inta sag– ha sido de capital importancia y es el resultado de prolongados trabajos de investigación de la reproducción genética iniciados por los técnicos Jorge Báez y Héctor Bauer el año 1947, continuados por el Dr. Julio Mácola, quienes recurrieron a especies silvestres y a otros cruzamientos interespecíficos, en la Estación Experimental que el inta posee en Manfredi.[17]

El nivel de mejora de la cosecha de girasol volvió a destacarse en 1968, cuando se informó de resultados superlativos en campos saladillenses, como el de Justo Larrea, donde la variedad de sementera Guayacán ofreció 50.5 bolsas por hectárea.[18]

El inta logró asimismo grandes avances en la formulación de maíces híbridos de resistencia al vuelco, raíz profunda, tallo grueso, maduración pareja y adaptación a la sequía. Una de sus mejores muestras fue el maíz colorado “Abati inta”, desarrollado en 1963. Estas propiedades facilitaron la mecanización de su cosecha y acabaron con la tradicional recolección manual.[19]

Los fertilizantes y agroquímicos, cuarto elemento de la aceleración productiva agrícola, tampoco constituían ninguna novedad. Si bien hasta finales de los años setenta la mayoría de los fertilizantes eran importados, en la década de 1930 ya estaban instaladas en Argentina las empresas Compañía Química (del grupo Bunge y Born) y Atanor, fundada en 1938 como empresa mixta, a la que en 1944 se asociaron Fabricaciones Militares y las familias Braun Menéndez Behety y Roberts. La difusión de los fertilizantes contribuyó a la recuperación de los suelos, facilitó el control de las malezas y llevó a la eliminación de muchas de las plagas y patologías de los cultivos, aunque en esos primeros años no hubo demasiadas alertas sobre los eventuales daños que su utilización podía causar al medio ambiente y, en especial, a la salud de las personas. Para 1976, la Argentina ya importaba unas 7,500 toneladas de fitosanitarios para satisfacer la demanda interna, “de las cuales el 45 % correspondía a insecticidas, un 30 % a fungicidas y un 25 % a herbicidas” (Romero, 2014: 71).

Finalmente, el quinto factor para tener en cuenta fue la política estatal de préstamos blandos –respaldada con incentivos fiscales sectoriales–, garantes de créditos con tasas negativas, que en realidad operaron como subsidios. De acuerdo con las estimaciones de Graciela Rodríguez, en el caso de la adquisición de tractores, estos subsidios implícitos dados por el Banco de la Nación a los productores rurales entre 1956 y 1975 –sin contar las desgravaciones impositivas– se mantuvieron siempre por encima del 25 % (a excepción de 1967, que fueron del 19 %) y, en algunos años, como en 1974, llegaron al 78 %. El cálculo de estos alicientes se hizo sobre la relación entre el monto finalmente pagado por el productor en moneda real y el precio nominal del tractor en el año de su venta (Sábato, 1980: 91).

Incluso en ese año de 1967, cuando los subsidios fueron ligeramente menores, la entidad también lanzó una línea de créditos para la adquisición de tractores usados, de hasta $500,000, y con límite del 50 % del precio de la unidad. Los plazos de cancelación eran de tres años, y la amortización estaba vinculada con los ingresos del productor. Además, debía acreditarse la relación entre la potencia del equipo y la explotación a la que estaría afectado.[20]

En lo concerniente a la infraestructura agrícola, en el otoño de 1967 el Banco Nación hizo pública una nueva reglamentación de los créditos para construcción de silos en chacras y elevadores de campaña. Según la entidad oficial, desde los inicios de ese programa, en 1964, “se habían acordado prestamos por un importe total de $3,480,000,000 para financiar instalaciones con una capacidad de almacenamiento de más de 1,000,000 de toneladas”. Las condiciones de los créditos eran muy ventajosas (hasta el 80 % del monto de la inversión y diez años de plazo), y permitirían “controlar la humedad y temperatura de los granos almacenados y su preservación contra el ataque de insectos, sin perjuicio de continuar concediendo créditos para la instalación de silos aislados, galpones-silos y baterías de silos”.[21]

Pero también el banco oficial contribuyó a mejorar las viviendas de los chacareros. Destinó a este fin una línea específica de créditos blandos, cuyo objeto era la mejora de los hogares rurales. El banco partía del supuesto de que “gran parte de las viviendas rurales existentes en el país” necesitaban “ser ampliadas, refaccionadas o acondicionadas”. En tal sentido, tendía sus préstamos a pequeños y medianos propietarios que habitaran las tierras con sus propias familias. Como siempre, las condiciones de otorgamiento eran muy buenas, con tasas pasivas, cinco años de plazo y cuotas relacionadas con la productividad de las explotaciones.[22]

Aunque con mayores intermitencias, el Banco Provincia también sostuvo la política de tasas negativas. Si bien, durante los primeros años de la dictadura surgida en 1966, este mecanismo se morigeró bastante, en 1970 la entidad bonaerense decidió bajar las tasas de los créditos otorgados y por otorgar para la compra de tractores y maquinarias, rebaja que luego agregó a otras líneas de créditos destinadas a los productores agrarios. En general, con esos recortes ninguna de las tasas de interés superaba el 10 % anual, bastante por debajo de la inflación de ese año (13.6 %), y mucho menor a lo que sería el alza de precios del año siguiente, cercana al 35 %.[23] El subsidio se hizo más evidente en 1972, cuando la inflación anual se disparó hasta el 58.5 %. En mayo de ese año, el Banco Provincia bajó la tasa de intereses para adquirir fertilizantes del 20 al 14 %, es decir, a menos de un cuarto del incremento de los precios. Poco después, una publicidad de esta entidad exponía un panel de esas tasas subvencionadas para el agro: electrificación rural, 8 %; créditos para vivienda rural, 16 %; compra de forrajeras, 18 %; compra y mejora de reproductores, 19 %; compra de vacuna de invernada, 21 %. Indicadores que hablaban por sí mismos.[24]

Esa política se sostuvo incluso en los primeros tiempos del “Proceso de Reorganización Nacional”. Así, el Banco Provincia anunció una línea de créditos a corto plazo (180 días con tasa del 48 % anual en un contexto inflacionario del 444 % anual), destinados a superar la emergencia sectorial y a espolear la cría de bovinos, actividad afectada por el desplome de las exportaciones y los bajos precios relativos existentes en el mercado interno desde 1975. El estímulo también alcanzó al financiamiento de la compra de reproductores de raza de vacunos, lanares y equinos. La ayuda se continuó con el lanzamiento de préstamos dirigidos al sector agrícola, para el establecimiento de silos, elevadores, equipamiento y accesorios para tratamiento de granos, y el desarrollo de criaderos y semilleros.[25]

De lo expuesto, se aprecia que los factores capaces de romper el estancamiento tuvieron más éxito en relanzar la agricultura que la ganadería. Si el sector pecuario no había sido tan afectado por la larga retracción productiva del período anterior, en compensación, tampoco pudo beneficiarse de los cambios en igual proporción que la rama agrícola, al menos en los primeros tiempos. Igualmente, entre los años 1950-1960, la ganadería vacuna también acusó una desaceleración, y esa pérdida relativa de importancia ya era apreciable a inicios de los años sesenta. Así, en 1964, el inta preveía que, de no estimularse la producción y las existencias, Argentina dejaría de ser país exportador en poco tiempo. Este fenómeno sobresalía por su intensidad en el territorio bonaerense. Según la agencia, en la década 1953-1962, el número de cabezas apenas había aumentado de 6,993,900 a 7,006,400, un escaso 0.2 %.[26]

Según señalé más arriba, buena parte de la dirigencia corporativa de los emprendedores vacunos se quejaba de la discriminación que supuestamente recibían en la política crediticia, en medio de uno de los ciclos ganaderos de liquidación de existencias. Esa situación empezó a modificarse en 1964, cuando nuevamente se instauró una veda de venta de carne bovina y mejoraron los precios. Entre ese año y 1967, hubo cierta recomposición de los rodeos, hasta que, entre 1967 y 1970, se produjo una nueva etapa de liquidación, que llevó a su vez a la vuelta de las vedas de consumo desde 1971.

En medio de tales vaivenes, el mecanismo estatal del financiamiento se fue extendiendo también a la ganadería. A inicios de 1967, El Argentino daba cuenta de una línea de créditos especiales del Banco de la Nación, destinado a la implantación de pasturas mejoradas. Los préstamos podían cubrir hasta el 80 % del gasto total, que incluía la preparación de la tierra, la compra de semillas, la siembra, cortes y la limpieza, y podían tramitarse con la sola firma del productor, ya fuera este propietario, arrendatario o aparcero. A mediados de ese año, se anunció el lanzamiento de una nueva etapa de créditos de este programa, iniciado en la primavera de 1966. Cada fase contempló la implantación de alrededor de 700,000 hectáreas, con tasas de interés del 12 % anual y asesoramiento técnico.[27]

Por otra parte, en los primeros años de la década del 70, la ganadería vacuna se favoreció por el aumento sostenido de la demanda de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón, lo que elevó los precios en el mercado mundial y, por acto reflejo, también en el local. Para citar datos concretos, el incremento de las exportaciones de carnes vacunas, principalmente hacia los mercados europeos, se sintió con fuerza en el primer trimestre de 1972, cuando se registraron envíos por más de 94,000 toneladas, contra las 34,000 del mismo período en el año anterior.[28] En enero de 1973, las exportaciones argentinas de carnes alcanzaron topes máximos con 60,909 toneladas, lo que significó un incremento del 45 % con respecto al mismo mes del año anterior.[29]

Ello puso en marcha una nueva fase de aumento de las existencias, inusualmente extensa, que se prolongó hasta 1977 y no fue afectada por la caída de las exportaciones derivada de la crisis petrolera que empezó a sentirse con fuerza ya en 1974, cuando las exportaciones de carne bovina bajaron de las 352,600 toneladas del año anterior a solamente 164,154, lo que significó una pérdida de más de 320 millones de dólares en remesas del exterior.[30]

Un trabajo puntual sobre este tema calcula que las tasas negativas llegaron a representar un subsidio del 35 % en 1975, lo que favoreció la capitalización del sector. Después de 1974, y a pesar de la baja generalizada de los precios de la carne y las restricciones impuestas a las importaciones por los europeos, los productores no liquidaron sus planteles, ya que la depreciación del peso tras el Rodrigazo hizo conveniente mantener los activos antes que cambiarlos por papel moneda (González & Pagliettini, 1984).

Más allá de los aspectos particulares desarrollados anteriormente, la actividad agropecuaria no fue para nada ajena a los avatares políticos del período 1960-1975. Dentro de la experiencia desarrollista, por ejemplo, convivieron un gobierno nacional que rápidamente se desmarcó de los viejos postulados sostenidos por Frondizi en los años anteriores a 1958 (que hablaban de una “reforma agraria inmediata y profunda”) y una administración provincial que, en manos de Oscar Alende, mantuvo la cuestión de la redistribución de la tierra como una de sus banderas, aunque logró avances mínimos en esa materia (Lázaro, 2013; Balsa, 2006: 105-106).

Dentro del ciclo político caracterizado por la proscripción del peronismo, las políticas agrarias aplicadas por el denominado “radicalismo del pueblo”, cuando tuvo su oportunidad con Arturo Illia en la presidencia, entre 1963 y 1966, se conservaron en el llamado “plano industrialista”. Esto consistía en impulsar el crecimiento productivo agropecuario –en especial de la región pampeana– a fin de satisfacer la demanda del consumo interno y, a la vez, producir saldos exportables destinados a generar divisas para financiar la importación de bienes de capital. Por otra parte, para alcanzar estos objetivos, era necesario sostener los incentivos de la llamada “etapa transformista”, que estaba dejando atrás la época de declinación productiva (Lattuada, 1988: 31-41; Lázaro, 2003; Lázaro & Galafassi, 2005: 204-205).

Ese rumbo produjo malestar en las corporaciones agrarias. Sus principales factores de irritación con el gobierno fueron:

[…] la fijación de precios máximos para la carne y de días de veda para su consumo; el restablecimiento del control de cambios en noviembre de 1964, permitiéndole al gobierno quedarse con una parte de la renta diferencial de los exportadores; y las disposiciones tributarias de emergencia de 1963 y de 1965, así como el mantenimiento de los derechos de exportación, por más que, de todos modos, la presión fiscal sobre el sector resultó relativamente baja (Nun y Lattuada, 1991: 11).

El gobierno de los radicales del pueblo dio continuidad a la política de prórrogas de los arrendamientos, iniciadas en los tiempos de los conservadores y seguidas por todas las administraciones siguientes. Buena parte de esas normas otorgaron además la ventaja de la opción de compra a los arrendatarios, por lo que muchos de ellos no vacilaron en adquirir sus chacras, y los censos muestran el sostenido crecimiento del número de hectáreas en propiedad, así como el consecuente descenso de los arriendos, aunque esto no significó la promoción de todos los arrendatarios a la liga de los propietarios.

En el otoño de 1964, El Argentino puso en su tapa la noticia del tratamiento parlamentario de la que, a las postres, sería una de las últimas leyes sobre alquileres rurales. La iniciativa empezaba a debatirse en la Cámara de Diputados, con media sanción del Senado, e incluía la enésima renovación de la legislación sobre contratos de arrendamiento y aparcería, así como la suspensión de los desalojos, algo que el semanario calificó como “un tema básico para el campo argentino” y que, según el periódico de la familia Volonté, recogía “las aspiraciones de los agricultores federados y en general la necesidades más perentorias del trabajador rural”.[31] También el gobierno provincial, encabezado por Anselmo Marini, lanzó a principios de 1964 un programa de colonización denominado “Más propietarios y menos arrendatarios”. La provincia planeaba adquirir 40,667 hectáreas en diez partidos para destinarlos a colonos, mayormente en las zonas sur y oeste del territorio, aunque también las había en el partido de Esteban Echeverría, en el mismísimo conurbano bonaerense.[32]

Fuera de los anuncios, los planes colonizadores no lograron dar pasos firmes y la ucrp fue expulsada del poder en junio de 1966. El golpe de Estado abrió la puerta a un nuevo gobierno militar, que tomó el pomposo nombre de “Revolución Argentina”. Bajo la conducción de Juan Carlos Onganía, la gestión retomó ciertos aspectos de la vieja “Revolución Libertadora” y, como ella, devaluó un 40 % el peso, pero impuso retenciones a las exportaciones para transferir recursos a la industrialización pesada. De los desarrollistas recogió el deseo de convertir el país en un imán para las inversiones extranjeras, y del peronismo, el más austero legado del apoyo brindado en un principio por buena parte del sindicalismo, soporte que, por otro lado, no consiguió la venia del líder, y resultó efímero.

En lo relacionado con el sector agropecuario, las retenciones se compensaron con la continuidad de las ayudas crediticias (aunque en 1967 las tasas resultaron positivas por la baja de la inflación) y siguieron también las desgravaciones impositivas particulares, pero en 1968 el gobierno impuso un impuesto de emergencia sobre la tenencia rural, en busca de bajar los altos niveles de evasión fiscal y equilibrar el presupuesto.

Sin dudas, el hecho más saliente de ruptura con el pasado fue el final de las prórrogas a los arrendamientos, sancionadas con el decreto-ley 17,427 en abril de 1967. Aunque hubo protestas, como la de diciembre de 1967, oportunidad en que la Federación Agraria Argentina publicó una solicitada contra la decisión de finalizar el sistema de prórrogas de arrendamientos y aparcerías y habilitar los lanzamientos judiciales de quienes no pudieran cumplir sus contratos o adquirir la tierra,[33] para finales de 1968 quedó clausurado un proceso extendido por más de un cuarto de siglo (Lázaro & Galafassi, 2005: 220-224; Balsa, 2006: 109).

El proyecto económico, social y político (esos eran los tiempos de acción declamados por Onganía) fue herido de muerte en 1970, y, de allí a 1973, se limitó a tratar de reducir los daños institucionales que produjo a las fuerzas armadas. Desde los levantamientos populares de Córdoba y Rosario, su existencia no pasó de ser penosa, en medio de un ascenso notable de la violencia política, un drama que había llegado para quedarse. El corolario del experimento fue la vuelta definitiva de Perón y el categórico triunfo electoral del justicialismo.

La nueva etapa peronista ya no pensó tanto en el problema de la propiedad, ni en una reforma agraria, sino en la productividad. Su iniciativa más importante fue la sanción de un impuesto a la renta potencial de la tierra, que tenía como enemigo a los campos ociosos antes que al latifundio propiamente dicho. Esta ley tuvo la contundente aprobación en las cámaras, de las corporaciones sectoriales (hasta la Sociedad Rural le dio su apoyo) y de la opinión pública en general, y una no menos contundente dificultad para su aplicación, que terminó convirtiéndola en algo simbólico.

También se sumó a los productores rurales a la firma de un acta de concertación para articular políticas comunes, se potenció la intervención estatal en las exportaciones a través de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes, se fijaron precios al sector agropecuario mediante la aplicación de retenciones, se usó el control del tipo de cambio para favorecer las exportaciones, se sancionó una ley para suspender los juicios de desalojos, y se aprobó una ley crediticia favorable a los pequeños productores.

Pero el supuesto consenso dentro del justicialismo era un equilibrio inestable y delicado, que estalló definitivamente con la muerte de Perón, el 1.° de julio de 1974. De allí en más, las diferencias internas hicieron inviable cualquier intento reformista, como la ambición de dictar una ley agraria pensada por Horacio Giberti y su equipo para encarar transformaciones estructurales, que fue rechazada en estado de anteproyecto (Lattuada, 1988; Balsa, 2006: 141-142; Raccolin y otros, 2012: 227-235).

Penurias en dictadura y democracia (1975 y después)

El último recorrido de esta sección se inició en 1975, cuando la descomposición del gobierno peronista y de la economía argentina entró en una etapa de aceleración, que llevaría, a partir del 24 de marzo del año siguiente, a los tiempos más tenebrosos de la historia nacional. Por desgracia, la restauración democrática acaecida en 1983, si bien cerró el ciclo autoritario y consiguió un funcionamiento institucional que al menos dejó de lado la violencia como mecanismo de resolución de los disensos, no logró torcer el rumbo de una larga decadencia. Debido al segmento temporal comprendido en esta investigación y la complejidad de los acontecimientos, no me extenderé sobre la situación agropecuaria más allá de mediados de la década de 1980, aunque necesariamente deba citar referencias bibliográficas y datos relacionados con el censo agropecuario de 1988.

En términos generales, las complicaciones que ya mostraba el rumbo económico del gobierno justicialista desde 1974 (caída de exportaciones, cierre de mercados, inflación, puja salarial) se desbordaron por completo tras la adopción de medidas drásticas por el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, quien, a pesar de haber transitado de manera fugaz por el Palacio de Hacienda, dejó su nombre grabado a fuego en la memoria colectiva. En efecto, el “Rodrigazo” se convirtió en un sustantivo que define la presencia conjunta de una devaluación brusca, aumentos feroces de las tarifas y los combustibles, aceleración de la inflación (en 1975 llegó al 777 % anual), desabastecimiento y caída del salario.

Sus consecuencias liquidaron la poca credibilidad y capacidad de manejo de la gestión justicialista y, junto con ello, de la democracia argentina. El golpe militar que le siguió confió el manejo de la economía a José Alfredo Martínez de Hoz, quien anunció el inicio de un nuevo modelo de acumulación regido por el “mercado”, con el consiguiente desmantelamiento de la injerencia y el control estatales. Sus primeras medidas para el sector agropecuario fueron: la eliminación de las retenciones a la exportación; la reducción de los aranceles para la importación de maquinaria agrícola; y la liberación de los precios internos y de los mercados financiero y cambiario.

Estas medidas despertaron “la euforia de los productores agropecuarios de la pampa húmeda. A esto, se agregó el establecimiento de un tipo de cambio muy favorable, que prometía un rendimiento importante para la actividad agrícola” (Raccolin y otros, 2012: 236-237). A los pocos meses de iniciada la dictadura, por ejemplo, una solicitada de la Cooperativa Agrícola de Saladillo reprodujo el comunicado final de la 19.° Convención de la Federación Argentina de Cooperativas Agrícolas, realizada en Mar del Plata, en octubre de 1976. El segundo punto de la declaración sostenía: “Creemos en el acierto y la autenticidad de los lineamientos de la política agropecuaria formulada por el Gobierno y explicitada por sus máximas autoridades económicas”.[34]

No obstante este comienzo visto como promisorio por muchos productores y por la mayoría de las corporaciones agrarias, la situación cambió en 1977, cuando el gobierno priorizó el combate contra la inflación y efectuó una reforma financiera que acabó con las tasas negativas y puso un freno al proceso de capitalización del agro. Al mismo tiempo, para contener la inflación, se manipuló el tipo de cambio, que rápidamente quedó atrasado y perjudicó las exportaciones. Para bajar los precios, incluso se facilitó la importación de productos alimenticios, que imposibilitaron el traslado de los productores hacia un mercado interno que, además, se achicó por efectos de una política recesiva, con caída de los ingresos de los consumidores.

Estas medidas tuvieron como complemento el desmantelamiento del aparato estatal de apoyo a la producción y el control. Se eliminó el Consejo Agrario Nacional, se limitaron las funciones de las juntas reguladoras, se quitó la autonomía presupuestaria del inta, y se sancionó un decreto-ley de arriendos que acortaba los plazos de los contratos y ponía a buena parte de las relaciones laborales (como los contratos accidentales y algunos de pastoreo) fuera de ese marco normativo. Muchos desarrollos tecnológicos y genéticos fueron abandonados, en especial a instancias de empresas privadas competidoras.

El desfinanciamiento y la pérdida de autonomía del inta reconocieron un antecedente importante en la dictadura de Onganía, cuando, bajo la consigna de la racionalización, se produjeron una serie de ajustes que motivaron la desintegración de equipos y un importante éxodo de profesionales y técnicos hacia el sector privado. En su momento, este intento motivó incluso una fuerte preocupación de la Sociedad Rural Argentina, que llevó sus planteos críticos ante la Secretaría de Agricultura.[35] Por supuesto, no tuvo las características atroces desarrolladas entre 1976 y 1983, que impulsaron una persecución ideológica cuyo resultado fue la expulsión de gran cantidad de profesionales y expertos, que fueron cesanteados. Además, no faltaron entre ellos quienes pasaron a engrosar las nóminas de las personas desaparecidas (Lattuada, 2002; Balsa, 2006: 144; Gárgano, 2014).

En realidad, la aparente bonanza de los primeros años del Proceso tuvo que ver con cuestiones ajenas a las medidas gubernamentales. Desde 1974 comenzaron a verse con mayor claridad los resultados de la revolución agrícola antes aludida. Si, en la década del 60, ya se había vuelto a las 16 millones de toneladas de producción agrícola de las décadas del 20 y el 30, como muy bien señala Javier Balsa en su tesis doctoral:

[…] fue en los convulsionados años de la década de 1970 cuando se produjo un vertiginoso incremento de la producción agrícola regional, con un aumento del 60 %. Este ritmo de crecimiento fue mayor aun durante los primeros cinco años de la década de 1980, hasta alcanzar la cosecha récord de 1984-1985: 36 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en la región pampeana y 44 millones de toneladas en el conjunto del país (Balsa, 2006: 134).

Susana Torrado coincide con Felipe Solá en que, a partir de mediados de la década de 1970-1980, se asistió a una nueva fase en la formación de tipos socioeconómicos agrarios en la región pampeana, cuando se dio inicio a la denominada “expansión agrícola con especialización productiva”. La modernización y el crecimiento generados por el cambio tecnológico en la agricultura tuvieron como agente del auge al contratista “tantero”, un sujeto productivo, muchas veces proveniente de esas familias de chacareros sobremecanizados durante la etapa de la capitalización, que puso nuevamente en actividad una importante cantidad de tierras antes dedicadas a la ganadería u ociosas, ya que una de las causas del importante aumento del tonelaje de las cosechas fue la ampliación de la superficie sembrada, que no había dejado de caer desde 1937 (Torrado, 1992: 167-168; Solá, 1985).

La expansión agrícola, que desplazó a los bovinos de forma lenta pero constante hacia zonas marginales, se sumó a otras causas que explican el deterioro sistemático de la ganadería vacuna. Un motivo estructural –y hasta el momento irreversible– lo constituyó el inicio de la merma del consumo de carnes rojas en general y vacuna en particular. La vinculación entre su ingesta excesiva y ciertas patologías cardiovasculares y digestivas ha hecho mella en la demanda. Relacionado con esto, pero a la vez un fenómeno independiente, se produjo la pérdida de mercados internacionales por parte de Argentina, que, ya a principios del decenio de 1970, cedió el liderazgo mundial como exportadora de carnes bovinas. Desde la crisis de 1974 hasta 1990, los envíos no pararon de descender. Por otra parte, la ganadería vacuna no tuvo la capacidad de la agricultura y de otros sectores para incorporar tecnologías de punta, lo que condicionó la mejora de su productividad (Raccolin y otros, 2012: 95-102).

También la expansión de la agricultura encontraría un límite a mediados de la década de 1980. Después de esa cosecha récord de la campaña 1984-1985, las hectáreas sembradas disminuyeron de manera significativa y el volumen de las campañas siguientes cayó de forma drástica por la combinación de la baja de los precios internacionales y las complicaciones climáticas. La democracia recuperada se encontró con enormes dificultades con respecto al desempeño del sector primario, pero tampoco halló las respuestas para superar los inconvenientes.

En un momento difícil para el país como fue 1982, Lucio Reca concluyó su análisis del sector agroganadero pampeano con un párrafo que, a pesar de todo, transmitía un tono esperanzador:

En resumen, el sector agrícola-ganadero pampeano ha emergido en los últimos años como un elemento dinámico, materializando parte de su vasto potencial de crecimiento mediante el empleo de tecnologías adecuadas. El acceso a estas tecnologías ha sido, en parte, posible por la labor de investigación agropecuaria llevada a cabo en la Argentina desde fines de la década del cincuenta y por la aplicación de políticas –en particular precios, créditos e impositiva–, que, en términos generales, reconocieron el valor de los incentivos económicos con instrumentos para lograr incrementos de producción ( Reca, 1982: 38).

Esa visión optimista –acaso uno de los problemas con que el gobierno radical encaró su accionar desde diciembre de 1983, del que Reca fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca hasta 1987– iba a contrastar con los indicadores obtenidos en el censo agropecuario de 1988, que, además de devolverle al país precisiones estadísticas de las que se carecían desde 1960, visibilizó las dimensiones de las crisis en que se encontraba el sector en ese momento.

A excepción del censo de 1914, la cantidad de explotaciones a nivel nacional era la más baja del siglo. Con respecto a 1969, habían desaparecido más de 110,000 unidades, lo que significaba un retroceso del 21.77 %, pero en la Provincia de Buenos Aires el número de establecimientos era más bajo que en 1914 y, en comparación con 1969, ya no existían más de 38,000 productores, lo que representaba una merma del 33.66 %.

Además, al comparar determinados datos de 1960, 1974 y 1988, puede verse con claridad el nivel de deterioro de la producción agropecuaria. En la parte agrícola, la superficie total implantada con cereales en la Provincia de Buenos Aires en 1988 era apenas superior a la de 1960. En efecto, y a pesar de la revolución analizada con detalle más arriba, solamente había en actividad unas 300,000 hectáreas más (5 millones y medio de hectáreas). En cambio, en 1974, en plena expansión, la superficie cultivada se calculó en casi 7 millones de hectáreas. Asimismo, las superficies cultivadas con trigo eran prácticamente idénticas en 1960 y 1988 (alrededor de 2.3 millones), aunque las de maíz crecieron desde 730,000 en 1960, a poco más de 900,000 en 1988, las de girasol se duplicaron (1,166,000 contra 567,000 de 1960), y ya aparecían más de un millón de hectáreas sembradas con soja. Sin dudas, fueron el resto de los cereales los que pagaron la cuenta de la disminución.

Los números de la retracción eran más elocuentes en la ganadería bonaerense. La cantidad de explotaciones y cabezas de bovinos, que en 1960 eran respectivamente 80,800 con 17.5 millones de animales, habían mermado hasta 56,153 productores con 16.8 millones de cabezas (en 1974, en pleno incremento de los rodeos, se registraron casi 75,000 establecimientos con 21.5 millones de vacunos). Más grave todavía era la baja en unidades productivas y ejemplares de los porcinos: de los 42,721 productores bonaerenses que poseían poco más de un millón de cerdos en 1960, quedaban en pie 17,257, con unas 860,000 cabezas. Antes de ese derrumbe final, en 1974, la ganadería porcina ya mostraba indicadores preocupantes, pero relacionados con la concentración productiva, ya que 31,000 explotaciones criaban más de 1,200,000 animales.

Dentro de estos pésimos guarismos, las chacras pequeñas y medianas llevaron la peor parte. La disminución de las unidades productivas de entre 26 y 100 hectáreas en la Provincia de Buenos Aires fue dramática entre 1960 y 1988: de las 30,407 registradas en 1960, solamente sobrevivían 19,852 en 1988 (Pucciarelli, 1991: 91).

En realidad, este fenómeno con las explotaciones más chicas ya se había iniciado en la década de 1950 y obliga a pensar con más detenimiento el proceso de acceso a la tierra observado en la segunda mitad del siglo 20. Como muestra Ignacio Llovet, entre 1947 y 1960 el marcado descenso del número de arrendatarios bonaerenses no significó una conversión directa de esas personas en propietarias. Además de las diferencias intercensales, que registraron menos hectáreas, y del crecimiento del Gran Buenos Aires –algo que también convirtió zonas rurales en espacios urbanizados–, una buena cantidad de explotaciones dejaron de existir: más de 20,000 arrendatarios no pudieron devenir en dueños de la tierra y ni siquiera lograron mantenerse en el negocio agropecuario (Llovet, 1986: 21).

Ese sumario de conmociones y crisis, que significó la desaparición de miles de unidades productivas de tipo familiar, tuvo una expresión fuerte en la década de 1950 y se reanudó en la de 1970. La opinión de Llovet –compartida al menos para el área bonaerense por otros autores– es que no produjo la aparición de bolsones de pobreza debido a la capacidad de crecimiento de las zonas urbanas cercanas a las explotaciones, capaces de absorber la mano de obra ociosa, de manera que “este camino de salida de la población activa hacia ocupaciones no agropecuarias evitó que la estructura social agraria adoptara cortes y desigualdades más llamativas” (Llovet, 1986: 67-68).

En este sentido, continúan siendo muy válidas las preguntas formuladas hace más de tres decenios por Barsky y Murmis acerca del bajo nivel de conflicto social que supuso el quebranto y desarraigo de muchos pequeños productores familiares pampeanos, así como la caída del número de peones y asalariados agrícolas. Por otro lado, y como ellos advirtieron, siempre debe tenerse en cuenta la heterogeneidad del campo al momento de tomarlo como una unidad investigativa, y esto es válido no solamente para la región pampeana tomada como conjunto, sino también cuando se examina a la Provincia de Buenos Aires como un distrito único. Así, la “concentración de los análisis en zonas especialmente expansivas puede llevar a dejar de lado la existencia de grandes contingentes de unidades cuya situación económica puede ser desfavorable, aun en momentos en que zonas de diferente aptitud muestran indicadores boyantes” (Barsky & Murmis, 1986: 101-102).

Por eso, y aunque nadie puede dudar del valor de las observaciones generales y del poder explicativo de los contextos macroanalíticos, pienso que vale la pena revisar las realidades de distritos más pequeños, o de aquellos considerados marginales. Desde la difusión de los medios de comunicación masiva (sobre todo de la radio), cualquier productor de Saladillo, por aislado que estuviese, escuchaba los informes del agro antes de tomar alguna decisión importante. Del mismo modo, el chacarero más modesto de La Barrancosa, La Razón o La Mascota recogía diversas informaciones, fueran estas acercadas por acopiadores o vecinos, que le permitían decidir las estrategias de expansión (o supervivencia) más aptas para sus recursos.

Esas determinaciones podían encajar en los patrones generales o no. Y, aun cuando se ajustaran a las grandes orientaciones de su tiempo y un mercado determinado por los intereses principales, podían contener matices o mutaciones. Muchas veces, uno de los aspectos interesantes de los análisis microscópicos es mostrar cómo lo que parece idéntico a simple vista puede esconder enormes diferencias en la visión de acercamiento. Esa lente también consiente el observar vidas, movimientos y conductas de organismos demasiado chicos para la mirada a distancia. Será el viaje por emprender en las próximas páginas.


  1. Este último dato refleja que, en realidad, las dificultades para la economía argentina habían comenzado en 1913. En ese año se frenó el flujo de las inversiones británicas hacia el país, debido al aumento de las tasas de interés en Londres, por el temor a las consecuencias de las guerras balcánicas. En este sentido, Argentina no solamente dejó de recibir libras esterlinas, sino que debió afrontar servicios de la deuda y salida de capitales. Por otro lado, un ciclo de grandes inundaciones iniciado en 1912 y continuado durante el año siguiente provocó una severa caída de la producción de granos y una baja sensible en las exportaciones. Por supuesto, el inicio de la guerra agudizó la situación.
  2. En 1947 la superficie sembrada fue de unos 11 millones de hectáreas, mientras que en 1914 había sido de 13 millones y, en el segmento 1939-1943, de 21 millones. Véase la editorial “Situación de la agricultura”, El Argentino, 15/04/1950. El artículo atribuía el descenso de la producción a la fijación de precios y la política monopólica para las exportaciones del gobierno peronista, así como al aumento de los costos.
  3. Presidencia de la Nación (1953): El campo recuperado por Perón, Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, p. 12. También citado por Lattuada, 1986: I, p. 57.
  4. “Agencia Cooperativa de Extensión Rural del inta de Saladillo”, El Argentino, 11/03/1976.
  5. “Boletín”, El Argentino, 24/08/1978.
  6. “Plan de reuniones del inta Saladillo para 1979”, El Argentino, 05/04/1979.
  7. “Ha sido designada Saladillo zona piloto de vacunación antiaftosa”, El Argentino, 12/12/1968.
  8. “Se ha constituido el C.R.E.A. ‘Arroyo de Las Flores’”, El Argentino, 06/04/1967; “Se realiza el v Congreso anual de los C.R.E.A.”, El Argentino, 05/10/1967; y “v Congreso Anual de los C.R.E.A.”, El Argentino, 23/11/1967.
  9. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 1960, había en todo el país 104,184 tractores. En 1988 se censaron 267,782. Por desgracia, ningún censo desagregó las cantidades por partido.
  10. El Argentino, 09/02/1961.
  11. El Argentino, 20/07/1961.
  12. “Presentación del nuevo tractor John Deere”, El Argentino, 30/04/1964.
  13. El Argentino, 29/07/1965.
  14. “Cursos gratuitos sobre mantenimiento de tractores y maquinaria agrícola de todas las marcas”, El Argentino, 09/10/1969.
  15. El Argentino, 13/05/1965.
  16. “Comenzará por fin a aplicarse el Reglamento de Tránsito para Saladillo”, El Argentino, 15/04/1971.
  17. El Argentino, 12/04/1962.
  18. “Récord de Girasol”, El Argentino, 11/04/1968.
  19. “Temas rurales. La cosecha de maíz”, El Argentino, 15/04/1971.
  20. “Tractores”, El Argentino, 23/02/1967.
  21. “Banco de la Nación Argentina. Préstamos para construcción de silos en chacras y elevadores de campaña”, El Argentino, 04/05/1967.
  22. “Préstamos con destino a la ampliación y refacción de la vivienda rural”, El Argentino, 26/10/1967.
  23. “Reduce tasas de interés el Banco de la Provincia”, El Argentino, 02/07/1970.
  24. “Intereses”, El Argentino, 18/05/1972 y aviso publicitario oficial en la edición del 03/08/1972.
  25. “El Banco de la Provincia de Bs. As. prestará apoyo a criadores de bovinos de carne”, El Argentino, 27/05/1976; “El banco de la Provincia de Buenos Aires actualizó los préstamos para compra de reproductores”, El Argentino, 01/07/1976; “Nuevos créditos para el sector rural implementó el Banco de la Provincia de Buenos Aires”, El Argentino, 24/06/1976.
  26. “Carne vacuna: producción estacionaria ante una creciente demanda”, El Argentino, 17/12/1964.
  27. “Nuevo crédito para pasturas otorga el Banco de la Nación”, El Argentino, 26/01/1967; y “Créditos para implantación de pasturas”, El Argentino, 13/07/1967.
  28. “Las Exportaciones de Carnes”, El Argentino, 11/05/1972.
  29. “Las exportaciones de carne registran un marcado repunte”, El Argentino, 22/03/1973.
  30. “Carnes”, El Argentino, 06/02/1975.
  31. “Trata el Congreso la nueva ley de arrendamientos rurales”, El Argentino, 02/04/1964.
  32. El Argentino, 26/03/1964.
  33. El Argentino, 21/12/1967.
  34. El Argentino, 25/11/1976.
  35. “La jerarquización del inta”, El Argentino, 31/10/1968.


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