Otras publicaciones:

DT_Augé_Hopenhayn_13x20_OK

9789871867639_frontcover

Otras publicaciones:

9789871867509-frontcover

12-3949t

9 El fin de una era: una lluvia de asteroides sobre el mundo chacarero

Conforme con lo expuesto hasta aquí, desde 1975 la economía y la política argentinas se sumergieron en un abismo de problemas. Lejos de corregirse esas dificultades con el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón, la dictadura instalada en marzo de 1976 aceleró la destrucción de la matriz productiva nacional, desalentó la inversión, favoreció la especulación financiera, ayudó a la concentración empresarial y –al fracasar en su intento de contener la inflación– produjo un marcado retroceso del poder adquisitivo de la población. Ninguna de todas estas desgracias eludió a los pequeños y medianos emprendedores rurales locales, que fueron alcanzados también por las duras condiciones impuestas a sus vecinos urbanos y a una enorme mayoría de sus connacionales.

Pero, además de este contexto general, el mundo chacarero de Saladillo debió enfrentarse a otros cataclismos que concurrieron a su desaparición, al menos en los términos de interacciones económicas, sociales y comunitarias evocadas en las secciones anteriores. Por supuesto, esta lluvia de asteroides no se ensañó de manera exclusiva con el campo saladillense, y trabajos como el de Javier Balsa muestran de forma adecuada cómo colapsó ese universo en distintos lugares de la geografía bonaerense, a pesar de la diversidad productiva.

Sin embargo, en la medida en que Saladillo había logrado conformar hacia la década de 1960 un conglomerado económico y social de una gran vitalidad, basado sobre la dinámica de la propiedad chica y mediana, esa destrucción tuvo un impacto tal que ya no hubo recuperación posible. Desde ya, y aunque fueran bastante menos en números, la zona rural del partido siguió teniendo productores, pero el paisaje social donde ellos habían existido era una completa ruina en el decenio de 1980.

Como señaló Balsa: “Dos factores causaron esta transformación: por un lado, la ya analizada drástica reducción en la cantidad de pequeñas explotaciones agropecuarias; por el otro, la radicación urbana de la mayoría de los productores que lograron sobrevivir” (Balsa, 2007: 162). Cada uno de ellos implicó asimismo una serie de motivaciones adicionales, cuyo análisis desagregado ayuda a entender mejor un proceso que puso fin a casi un siglo de paciente construcción colectiva.

Los cambios estructurales y el peso de la coyuntura económica

Buena parte de las circunstancias que liquidaron el complejo socioeconómico representado por los pequeños chacareros tuvo que ver con el resultado de mediano plazo de las transformaciones producidas desde 1960, examinadas en el capítulo 1. El auge de la agricultura, la mecanización, las nuevas técnicas y la preeminencia del capital de trabajo por sobre la mano de obra redefinieron la viabilidad de las unidades productivas y fijaron la necesidad de superficies mayores para generar una rentabilidad mínima.

De acuerdo con Alfredo Pucciarelli, entre 1960 y 1988 hubo una importante ampliación de la extensión media global de las explotaciones bonaerenses, que pasaron de 262 a 316 hectáreas por unidad (un 38 % de incremento). Si bien un segmento de ese aumento se debió a la pérdida de importancia de la gran tenencia,

[…] la explicación de aquel fenómeno se halla, como es de suponer, en los cambios operados en el otro extremo de la escala; allí, las pequeñas unidades de menos de 200 ha parecen haber entrado en un proceso de virtual descomposición: desaparecen 25,780 representantes de esa especie y por esa causa entregan a los estratos mayores casi 1,3 millones de ha, es decir un tercio de la superficie que controlaban antes de iniciarse el proceso de agriculturización; su participación cae del 17 % al 12 % del total. Este es el cambio fundamental, el que parece tener mayor trascendencia social y permite, a la vez, explicar en su mayor parte el aumento de la superficie media global (Pucciarelli, 1993: 76).

También sobresale la abrumadora caída de la mano de obra familiar en las explotaciones agropecuarias de Buenos Aires: de las 91,729 personas ocupadas en 1960, para 1988 solamente quedaban en actividad 27,212, lo que representa una baja del 70 %. El número de productores, asimismo, descendió de 140,858 en la primera fecha a 68,673 en la segunda, es decir, un 51 % menos (Pucciarelli, 1993: 87). Del mismo modo, otro trabajo remarca que las explotaciones bonaerenses de entre 25 y 100 hectáreas disminuyeron desde las 30,442 existentes en 1969 hasta las 25,138 de 1981, en tanto las de entre 100 y 200 hectáreas se mantuvieron casi constantes alrededor de las 16,000 unidades (Obschatko, 1988: 134).

Estos datos dan cuenta de las difíciles condiciones en que se fueron encontrando la mayoría de los pequeños productores desde la década de 1970. El proceso de eliminación de las chacras más chicas no era algo totalmente nuevo, porque, en el capítulo 3, mostré el notable descenso operado entre 1947 y 1960 en el segmento de las unidades de menor tamaño en Saladillo, en especial en las explotaciones por debajo de las 25 hectáreas. Ese movimiento continuó, dado que muchas de las fincas de mayor extensión se fueron subdividiendo por motivos hereditarios. Allí donde uno de los hijos no conseguía mantener la unidad de la explotación, el resultado era el surgimiento de chacras demasiado chicas para la operatoria agrícola o ganadera, que tarde o temprano salieron de producción.

Aquellas propiedades cercanas a la planta urbana, o bien comunicadas con ella gracias al desarrollo caminero y las rutas asfaltadas, tuvieron además la presión para la venta que significó el inicio de la expansión de las “casas quintas”, o residencias alternativas de familias acomodadas del pueblo. Antiguas zonas de campaña se convirtieron en loteos periurbanos y, donde allí habían existido productores de leche, artículos de granja, frutas y verduras, se levantaron clubes o viviendas particulares con piscina. La transformación sufrida en la zona de El Cristo, en la continuación de la avenida Rivadavia en dirección al cruce con la ruta 51, es uno de los ejemplos más nítidos.

Por otra parte, en los años setenta, comenzó a verse también un fenómeno cada vez más común: la aparición de compradores del Área Metropolitana de Buenos Aires, que adquirían chacras y campos como inversión, sin interés en sostenerlas en su función agropecuaria. Este hecho tuvo, sin dudas, relaciones con la incertidumbre económica nacional, el descontrol inflacionario y la necesidad de muchos tenedores de dinero físico de optar por bienes seguros como la propiedad inmobiliaria, ya fuera esta urbana o rural.

Estos nuevos propietarios no eran productores, ni estaban interesados en serlo, solamente buscaban un refugio seguro contra la crisis económica y política desatada después de 1975. A finales de 1976, por ejemplo, el entonces joven chacarero Lorenzo Espíndola reflexionaba sobre el abandono de las fincas por parte de los jóvenes y el cambio en el modelo de tenencia en la zona rural de Saladillo, donde, remarcaba, “muchas extensiones de campo” habían sido “absorbidas por inversionistas o capitalistas”.[1]

No fueron pocos los chacareros que se vieron tentados por una suma importante para enajenar la propiedad, sobre todo quienes disponían de una explotación mínima que cada día se convertía en más inviable. Se enfrentaron en aquel momento a una verdadera encrucijada: ¿para qué seguir luchando por la supervivencia cotidiana, cuando tenían un capital cuya venta les permitiría mudarse al pueblo, vivir cómodamente, y conseguir una renta financiera gracias a los fondos sobrantes depositados en el banco?

Más allá de su costado comercial, con ello pusieron fin a un recorrido familiar de una o más generaciones, un viaje iniciado en Europa por un padre o un abuelo. Fue el caso de varios de los clientes de mi padre. Uno de ellos, tras vender su chacra en La Barrancosa, pasó a saludar por el negocio en un momento en que había otro cliente presente, quien lo recibió con una aclamación categórica: “¡Acá llega un millonario!”. Otro ejemplo fue el de aquel antiguo productor, vecino de la Escuela 4, que, a principios de 1973, vendió su parcela a un comprador forastero. Este le pagó en efectivo con una cantidad de billetes que el chacarero jamás había visto en su vida. En ese momento, era un hombre mayor de 60 años, viudo desde 1963, sin hijos.[2] Con el monto de la operación, compró una casita y un Renault 12 cero kilómetro, y destinó el excedente monetario a unos plazos fijos con el fin de suplementar largamente la jubilación.

Como alguna vez contó en el comercio de mi padre (que desde entonces satisfizo en parte sus necesidades de socialización), uno de sus ancestros se había suicidado durante la crisis de los años treinta, agobiado por las deudas y una prole a la que no podía mantener, y él no pensaba llegar a una situación semejante. Aunque la esperanza rentista se hundió con la caída de la moneda nacional, la casa, el auto y su modesta pensión lo acompañaron hasta la muerte. Bastante antes había perdido a su mascota, Gastón, el perro que evocaba el único recuerdo viviente de sus tiempos de labriego.

Buena parte de la modernización que se dio en la campaña bonaerense desde 1960 estuvo relacionada con la abundancia de créditos baratos, convertidos por efectos de la inflación en virtuales subsidios a la producción. En 1975 se llegó al tope de la situación, porque el desmadre de los precios hizo que los préstamos tuvieran tasas muy negativas, pero fue también el canto del cisne de ese mecanismo de transferencia de ingresos. Desde 1977, con el cambio de la política financiera implementado por la dictadura, el recambio de maquinaria y equipo se volvió muy dificultoso. De acuerdo con Felipe Solá, el capital “pasó a ser el factor más caro”, a la vez que el proceso de innovación lo había convertido en el recurso central de los cambios. Así, las

empresas familiares que habían ingresado a la agricultura moderna liquidando en muchos casos sus existencias de ganado y realizando inversiones con crédito, estaban fuertemente endeudadas y no tenían ya la posibilidad de usar la ganadería como fuente de financiación de corto plazo (Solá, 1985: 43).

En idéntica dirección se manifestó Lucio Reca, al sostener que, después “de la reforma financiera de 1977, la demanda de crédito a períodos extensos para financiar inversiones en maquinaria, tractores, almacenamiento, etc., declinó drásticamente”. La tendencia alcista y la incertidumbre generaron el corte de la vía crediticia para proyectos de largo aliento (Reca, 1982: 31-34). Una muestra de ello es el derrumbe de la venta de tractores: de los 22,000 colocados en 1977, la cantidad bajó a 6,300 en 1978, y a alrededor de 3,000 para 1981 (cepa, 1984: 103-104). Justamente, en mayo de 1978, una de las revistas avícolas se hizo eco de la preocupación de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (afat) y publicó la queja de esta entidad ante las autoridades nacionales, en la que calificaban “la crisis más grave de su historia”.[3] Si bien en 1979 la fabricación tuvo un repunte importante, las ventas, en cambio, no lograron mejorar.[4]

Fueron años en que los precios internacionales tampoco acompañaron a los productores de maíz y sorgo. Los tiempos dorados de principios de los setenta, cuando ambos granos superaron holgadamente los 100 dólares por tonelada, se acabaron desde 1976. En efecto, la tonelada de sorgo bajó desde el precio récord de usd 115 de 1973 hasta usd 71 en 1979, tras haber perforado el piso de los usd 70 en 1978. En 1980, cuando el precio se recuperó hasta superar los usd 97, las inundaciones impidieron a la mayoría de los chacareros de la zona el goce del aumento. En el mismo sentido, el maíz se desplomó desde los fantásticos usd 145 por tonelada de 1974 a los usd 86.50 de 1979. Al igual que el sorgo, en 1980 el precio volvió a superar los usd 100 por tonelada, pero en esos días las mazorcas saladillenses se pudrían en el agua estancada (cepa, 1984: 119).

La crisis profunda afectó también la ganadería vacuna. Según el trabajo de Graciela Martínez Dougnac sobre este sector pecuario bonaerense entre 1960 y 1988, buena parte de los 26,000 emprendimientos desaparecidos durante el plazo de pesquisa eran de pequeños propietarios, ya que la disminución del número de explotaciones llegó al 45.6 % entre aquellos que poseían hasta 100 cabezas (Martínez Dougnac, 2000: 107). En gran medida, a este hundimiento contribuyeron los bajos precios relativos de las carnes bovinas del período 1978-1987, coincidente “con una de las fases de liquidación (1978-1982) más prolongada desde 1960”. Una consecuencia accesoria de esto fue el desaliento a las inversiones y a la “adopción de tecnologías mejoradoras de la producción”. Según sostiene Jorge Pizarro, esta

situación fue más severa en la zona ganadera que en la zona agrícola o mixta, probablemente porque en estas últimas los beneficios logrados por la agricultura permitieron mantener la infraestructura ganadera a la espera de su recuperación por mejores precios (Pizarro, 1998: 37).

Muchos contemporáneos pudieron dar cuenta de esa realidad. En el plano local, en abril de 1978, una nota del Centro de Juventud Agraria Rafael Obligado se pronunció sobre la pérdida de rentabilidad del negocio agrario. Según el artículo, entre 1976 y el momento del comunicado, los precios de los insumos y bienes de uso habían tenido fuertes subas, que, en el caso de los combustibles, repuestos de tractores, gastos de transporte y productos y servicios veterinarios, superaban el 500 %, mientras que los cereales se habían incrementado un 240 % y la hacienda vacuna, un 300 %; todo ello sin contar el aumento del impuesto inmobiliario (un 1,100 %), ni el aludido abandono de la política de tasas de interés negativas, que ya no compensaban las pérdidas en forma de subsidios.[5] Al año siguiente, un informe de coninagro indicó que, entre septiembre de 1979 y febrero de 1980, mientras que los precios agropecuarios crecieron un 8.5%, los no agropecuarios aumentaron un 28.2 %, y los minoristas, un 38.4 %.[6]

A diferencia de las crisis que afectaron la ganadería mayor en las décadas de 1930 y 1960, su hermana menor no pudo convertirse en una alternativa para superar las dificultades. La tijera entre costos y precios de mercado iniciada en 1976 se profundizó en los años siguientes y favoreció el fuerte proceso de concentración que ya estaba en marcha (ver capítulo 5). La política de apertura de las importaciones de productos de granja impulsada por Martínez de Hoz para controlar la inflación dio un golpe mortal a la actividad. El ingreso de huevos desde Brasil, iniciado en 1979, continuó en el año siguiente, a punto tal que la prensa saladillense se hizo eco de una de las recurrentes notas de la Asociación de Productores de Huevos contra esta medida.[7] Ese año, la situación sectorial era tan difícil que los productores entrerrianos decidieron suspender la xv Fiesta Nacional de la Avicultura, tradicional encuentro desarrollado en Crespo.[8]

En 1984, Horacio Pereira –nuevamente en la función pública en la Secretaría de Agricultura y Ganadería del gobierno de Alfonsín– remarcaba la delicada situación del sector en una monografía propositiva de medidas para corregir la crisis de las empresas avícolas. En su diagnóstico, enfatizó en que uno de los principales desfasajes era el aumento constante de los alimentos balanceados, cuyo incremento fue del 15 % en términos reales entre 1973 y 1982, y que contrastaba con la baja del precio de la carne aviar, donde se observaba un descenso del 33 % en el mismo período. También la cada vez mayor injerencia de la genética y la farmacéutica veterinaria conllevaba una dependencia extrema de las empresas transnacionales con base en Estados Unidos (principalmente), Israel y la Comunidad Europea (Pereira, 1984: 6).

A nivel de la base productiva, la concentración sectorial adquirió un carácter casi compulsivo, a punto de poner a los criadores independientes ante el dilema de integrarse a las grandes empresas verticales o desaparecer. Así, en 1983 el mercado de pollos parrilleros estaba reducido a un grupo de 39 empresas que controlaban un 85 % del negocio, a la vez que durante la década anterior hasta la geografía aviar había cambiado: más allá del predominio de la Provincia de Buenos Aires en la actividad (un 56 % del total), Entre Ríos desplazó a Santa Fe y Mendoza, al consolidarse con un 27 % de la producción (Pereira, 1984: 10-12).

El desaliento productivo no pudo ser compensado con la ayuda que otrora habían brindado los organismos estatales, en particular el inta. Adolfo Coscia destaca sobremanera el impacto de la política de destrucción de la autonomía y desfinanciamiento de esa agencia, implementada a partir del desplazamiento de los sectores más progresistas durante el mismo gobierno peronista, después de 1974, pero culminada por los militares, que cercenaron el sostén con los recursos propios en 1980 y colocaron al instituto como una dependencia burocrática de nivel inferior, dependiente del presupuesto general de la nación (Coscia, 1983: 46-47). Por supuesto, la persecución política, la expulsión de técnicos y la transferencia de investigaciones a favor de las empresas privadas también afectaron la experimentación científica en genética avícola, que tanto había avanzado en los años previos (Gárgano, 2014).

En marzo de 1980, al aprobarse el balance cerrado el 30 de noviembre anterior, la memoria anual de la Cooperativa Agrícola de Saladillo hablaba de un rubro agropecuario “sumergido en el desamparo y la indiferencia del sector oficial”. El informe continuaba:

Nos encontramos con un panorama desolador: gente que abandona sus chacras ante la imposibilidad de seguir trabajando, grandes extensiones de tierra improductivas puestas al servicio de la especulación y de los grandes capitales, falta de apoyo oficial para aumentar la producción, y lo que es peor aún, falta de perspectivas favorables que alienten esperanzas en los productores.

Dos datos contundentes completaban este oscuro panorama: el cierre del ejercicio con una pérdida superior a los $800,000, debida sobre todo a los costos financieros; y la baja de 256 socios por falta de operaciones.[9]

“Y más allá, la inundación”

A estas cuestiones de raíz económica y financiera, se les sumaron las inclemencias climatológicas. Las inundaciones de 1980 comenzaron a gestarse con una situación meteorológica bastante particular, que produjo una intensa ola de calor entre fines de marzo y abril, con temperaturas tan elevadas que obligaron a suspender las clases. A partir del 20 de abril, se iniciaron las lluvias, prolongadas con intensidad hasta el 29 de ese mes debido a una situación de boqueo atmosférico, en el que se mantuvieron las condiciones de humedad intensa y reciclado de las precipitaciones.

Pero uno de los efectos más destructivos fue la caída de más de 650 milímetros en poco tiempo en las zonas altas (Tandil, Olavarría, Azul), que primero provocó un aluvión en esas ciudades y luego se desplazó hacia las áreas más bajas. En los primeros días de mayo, el agua desbordó los cauces del arroyo de Las Flores y el Canal 16, y provocó el corte de las rutas 51 y 63. Durante unos días, Saladillo quedó aislada de General Alvear y Las Flores, aunque las vías del Ferrocarril Roca se mantuvieron operativas y sirvieron para desviar el tránsito de los ramales desde Las Flores hasta Azul, afectados por las avenidas hídricas. Como decía una editorial de El Argentino, se trataba de “un siniestro meteorológico que por sus características” no tenía “antecedentes en la historia”. Al concluir ese otoño, al menos cuatro millones de hectáreas bonaerenses estaban anegadas.[10]

A finales de mayo, la Comisión de Emergencia Agropecuaria del partido determinó el nivel de afectación por las inundaciones en cada uno de los nueve cuarteles de Saladillo: mientras que el Cuartel i (zona de quintas y periurbana) no estaba comprometido en absoluto, los Cuarteles iii y vi registraban anegamientos muy menores; los Cuarteles iv y vii alcanzaban el 40 % afectado, pero, en los Cuarteles ii, v, viii y ix, el área inundada era del 90 % o más.[11] Meses más tarde, cuando la situación ya había mejorado, la agencia local del inta calculaba que la superficie de trigo sembrada en Saladillo apenas había alcanzado a 500 hectáreas, contra las 12,000 o 15,000 que eran el número habitual. Asimismo, debido a la falta de forrajes, se estimaba una drástica reducción en la producción de carne, superior a la mitad, medida en kilos por hectárea anuales.[12]

Todavía a principios de 1981, la representación local de la Federación Agraria reclamaba por la extensión de la emergencia y el alivio tributario para Saladillo, dado que, aun allí donde las aguas no habían cubierto el 90 % de los terrenos, la altura de la vertiente era tal “que imposibilitó la siembra de cosecha fina, salvo pequeñas parcelas de niveles muy altos”. Además, entre noviembre de 1980 y enero de 1981, volvieron a caer lluvias copiosas que provocaron grandes pérdidas en el maíz y girasol apenas sembrado, debidas a la imposibilidad de absorción de los suelos.[13]

En el capítulo 2, revisé la cuestión de los ciclos sequía/inundaciones en la cuenca del Salado, caracterizada por la ausencia de inversiones y respuestas para atender un problema de larga data. Si, por un lado, la fitotecnia contribuyó mucho para el desarrollo del cultivo del girasol en suelos pobres como los del Salado, por otro, alentó la sobreexplotación en las décadas de 1960 y 1970, lo que motivó una gran degradación de esas áreas pampeanas. Esta causa, aunque tal vez no fue la más importante, contribuyó también a hacer más impactantes los efectos de los excesos hídricos de los años ochenta de la centuria pasada (Coscia, 1983: 86-87 y 128-130).

El aumento de los niveles de precipitación, la falta de obras y la saturación de los suelos dieron como resultado inundaciones más frecuentes y de un poder devastador cada vez mayor, en consonancia con las observaciones hechas por Carlos Posadas muchas décadas antes. Cuando algunas zonas apenas se habían recuperado de los efectos del meteoro de 1980, los campos volvieron a llenarse de agua en 1985. Así, el censo agropecuario de 1988 determinó que en Saladillo había 65,952 hectáreas aptas pero no utilizadas, y 20,788 se consideraron no aptas o de desperdicio, lo que significaba la existencia de 86,740 hectáreas fuera del sistema productivo, casi un tercio de la superficie total del partido.

Ese relevamiento también marcó una baja notable de la cantidad de explotaciones agropecuarias en el partido, según expuse en el capítulo 4 (ver cuadro 4.1), y reforzó el fenómeno de despoblamiento rural observado desde las décadas anteriores. Un gran estudio colectivo sobre el agro pampeano no deja dudas al respecto, al afirmar que, en los años posteriores a 1960, tanto el productor chico como el mediano continuaron radicándose en los pueblos cercanos a sus predios, situación que contribuyó a ampliar la planta urbana y la capacidad de esos centros para posibilitar un mejor y diferente desarrollo de las aspiraciones de la familia rural. Uno de los resultados de este proceso fue el vaciamiento poblacional de las áreas rurales (Barsky & otros, 1988: 581).

A principios de la década de 1980, Adolfo Coscia enfatizaba el avanzado estado de despoblamiento del campo:

Las taperas o las pequeñas isletas de árboles dispersas en los campos agrícolas, resto de lo que fueron viviendas de productores hasta hace una década o poco más, constituyen hoy un elocuente testimonio de una agricultura que en pocos años ha sufrido cambios muy profundos en todos los órdenes (Coscia, 1983: 79).

Sin dudas, muchas de esas casas vacías pertenecían a emprendedores mudados al pueblo en busca de educación para su descendencia, confort y mejores condiciones de vida.

A lo largo de este trabajo, en varias oportunidades enfaticé en que este fue uno de los puntos irresueltos de la modernización productiva de las actividades agropecuarias. En la medida en que el campo no podía ofrecer los bienes necesarios para acompañar el disfrute de productores más eficientes, se empeñaba en generar la radicación urbana de los chacareros, y con ello contribuía a destruir no solo el modo de vida, sino también a las propias comunidades rurales.

La falta de electricidad, gas, escuelas de calidad, etc. convencía a cualquier emprendedor más o menos próspero de que la única manera de hacer valer la condición económica era vivir en el pueblo y disfrutar de idénticas (o superiores) comodidades a aquellas a las que podía acceder un simple asalariado urbano. Coincido con Javier Balsa en que las transformaciones productivas acabaron por cambiar la autopercepción de los actores (de chacarero a capitalista), porque, aunque en términos de posesión de bienes pudiera ser rico, mientras viviera en su finca, en materia de bienestar seguía siendo un marginal (Balsa, 2007: 161-235).

El despoblamiento afectó especialmente la pequeña ganadería. A diferencia de la cría de vacunos, la avicultura requería una dedicación temporal constante. La alimentación de gallinas, pollos y cerdos, la recolección de los huevos, el mantenimiento de gallineros y chiqueros, la revisión de la sanidad de los animales, y otras tareas específicas de la actividad implicaban una movilización familiar continua, al menos si se buscaba producir para el mercado. Pero la caída de la rentabilidad le quitó el papel de alternativa, y con ello hizo que las chacras pequeñas o poco aptas para la agricultura y la cría vacuna no pudieran siquiera asegurar la supervivencia familiar.

Estos chacareros no pensaron en trasladarse a la ciudad para participar de las comodidades que ofrecía, sino simplemente como única opción para pasar su vejez, si estaban cerca del retiro, o para reinsertarse en cualquier actividad posible. En estos casos, el fruto de la venta de la explotación solo alcanzó para una vivienda modesta, tal vez apenas un poco superior al rancho que dejaban atrás.

La suma de las circunstancias desarrolladas más arriba liquidó el mundo chacarero de Saladillo, tal como se lo había conocido hasta ese momento. Muchos productores vendieron sus campos para pagar sus deudas y se retiraron al pueblo. Los más viejos tratarían de vivir con algún ahorro derivado de la enajenación de su predio y una exigua jubilación. Buena parte de los todavía económicamente activos probaron suerte con la apertura de un comercio. Aquellos menos favorecidos buscaron en un empleo su forma de sustento. Quienes no se vieron obligados a desprenderse de su tierra trataron de reconvertirse con los elementos a su alcance: la especialización, el contratismo rural o el arrendamiento de su establecimiento a otros productores mayores.

Incluso quienes salieron favorecidos con la cruda transición, sin dejar de producir en sus chacras, se establecieron en la ciudad con el afán de dar mayores posibilidades de instrucción y desarrollo humano a sus hijos, o simplemente para acceder a una mejor calidad de vida. Pero, ya les fuera peor o mejor, los campos se fueron quedando sin gente, como si alguien hubiese lanzado una gigantesca bomba neutrónica.

Del mismo modo, también mi padre consideró un día que ya carecía de sentido hacer unos recorridos en los que cada día encontraba más tranqueras cerradas con candado. Aunque mantuvo su negocio por otro cuarto de siglo, y siguió en contacto con muchos de sus antiguos clientes, no volvió a trajinar esos caminos. Cuando, mucho tiempo después, rehízo sus viejos derroteros, fue para acompañarme en esta investigación. Para entonces, una buena parte de su vida era simplemente una postal irreconocible.


  1. “Hacia nuevas generaciones agrarias”, El Argentino, 18/11/1976.
  2. El Argentino, 07/03/1963.
  3. Orientación Avícola, mayo de 1978, p. 60.
  4. Orientación Avícola, agosto de 1979, p. 96.
  5. “Análisis de la Política Agropecuaria”, El Argentino, 06/04/1978.
  6. coninagro analiza la realidad de la gestión económica nacional”, El Argentino, 15/05/1980.
  7. “Huevos”, El Argentino, 12/09/1980.
  8. “Suspensión”, El Argentino, 09/10/1980.
  9. “Realizó su Asamblea anual la Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo Ltda.”, El Argentino, 03/04/1980.
  10. “Ante las gravísimas inundaciones”, El Argentino, 08/05/1980.
  11. “Zonas afectadas por las inundaciones en Saladillo”, El Argentino, 05/06/1980.
  12. “Datos referentes a perjuicios causados por inundaciones”, El Argentino, 16/10/1980.
  13. “La filial local de la Federación Agraria Argentina reclama beneficios para zonas afectadas”, El Argentino, 12/02/1981.


Deja un comentario