En un principio eran solo las estancias. Aunque, a decir verdad, la génesis de la propiedad rural en el partido de Saladillo tiene una precuela: aquellos tiempos en que todavía los blancos no habían logrado hacer pie al sur del río Salado, y ese enorme espacio austral era lugar de tránsito de los sujetos nómadas a los que los “huincas” denominaban “naturales” o “indios”. En estas partes de la pampa, el “desierto” –como lo ha llamado la vieja historiografía– solamente cedió paso a la ocupación de la tierra después de 1820, pero su asentamiento no llegó hasta que dieron frutos las campañas de Juan Manuel de Rosas, poco más de una década después.

Sin embargo, en el decenio de 1820, y muy especialmente con el proyecto de Rivadavia, a través de la enfiteusis comenzó la distribución de enormes parcelas. De hecho, el registro histórico de catastro de la provincia tiene anotaciones de mensuras efectuadas desde 1827, en lo que luego sería el partido de Saladillo. Asimismo, se conoce la lista de los primeros enfiteutas beneficiados por la iniciativa, que incluía a Juan Varela, Domingo Arévalo, Julián Rodríguez, Ramón Gallegos, los sucesores de Felipe López, Félix Frías, Juan Millán y las varias sucesiones gestionadas por la Sociedad Rural, entidad sin parentesco con su más célebre homónima, fundada en 1866 (Levene, 1941: 584).

En los tiempos de Rosas, el plantel se reforzó con allegados y simpatizantes del entonces gobernador. Varios de esos estancieros del partido contribuían con el abastecimiento de ganado a la guarnición del Fortín Mulitas y –por la cantidad de cabezas movilizadas– probablemente también al negocio de indios. De acuerdo con los vales extendidos en 1847, todos los propietarios importantes de la región acreditaban haber enviado vacunos, desde Casimiro Villegas hasta Bonifacio Alisal, incluidos, entre otros, Cascallares, Ortega, Atucha, Justo Villegas, Máximo Terrero, Prudencio Arnold y el mismísimo “restaurador de las leyes”.

Al año siguiente, el partido fue dividido en cuatro cuarteles que se turnaban para enviar mensualmente 150 animales cada uno. La mayoría de las cabezas era de marcas desconocidas (orejanas), pero los ganaderos debían completar el número y recibían a cambio una papeleta extendida por cada alcalde de cuartel. De 1848 a 1850, figuraban en esa nómina Andrew Dick, los Galíndez, los Villegas, Alisal, Cascallares, Huergo, Manuel Paz, Nicolás Anchorena, la sucesión de Basualdo, varios nombres más y el propio gobernador provincial.^[1]

A su vez, Marcelo Pereyra aporta un reparto del período que se extiende entre la batalla de Caseros y la fundación del pueblo de Saladillo. En él se encuentran María Dolores Balbastro, el ya presentado Dick, Salomé Cascallares, viuda de Casimiro Villegas e integrante de una de las familias de mayores propietarios de la provincia, muy vinculados a la expansión del ganado ovino, Carlos Camilión, Benito Galíndez, Rosario Acosta, dueño de la estancia El Mangrullo, José María Barrera, Ana Byrne, los señores Ardoy y Frías, antiguos dueños de Polvaredas Grandes, y Joaquín Cazón, quien ya estaba a cargo de Polvaredas Chicas (Pereyra, 2015c).

En 1863, la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley para determinar el pago de la contribución directa sobre la propiedad. La reglamentación de la norma facultó al juez de paz de cada partido para efectuar el relevamiento correspondiente. En esa obligación, la autoridad local remitió al Ministerio de Hacienda el listado de las personas alcanzadas por el tributo, así como el monto anual a abonar por cada uno de ellos. Los contribuyentes no eran demasiados por una razón: no se contaba entre ese elenco a quienes tenían tierras en enfiteusis, o eran arrendatarios del propio Estado provincial, que al año siguiente fueron obligados a comprar o marcharse de los campos. De acuerdo con esos registros, los principales propietarios eran Federico Álvarez de Toledo, Alejandro Mena, Joaquín Cazón, Pedro Frías, Tomás Varela, Manuel Paz, Decoud y Bedoya, José Atucha, José Bedoya, Santos Casavalle, Bernabé Hernández, Mariano Cascallares, Pedro Rojas, Félix Ferreira, Ángel Cascallares y Manuel Atucha, todos ellos dueños de más de una legua cuadrada, a quienes se agregaban un grupo de diez propietarios de media o un cuarto de legua.^[2]

Las leyes de enajenación de la tierra pública bonaerense transfirieron grandes extensiones a favor de particulares. Según Marta Valencia, entre 1864 y 1867 se vendieron en el partido de Saladillo 184,064 hectáreas, y este proceso tuvo otra oferta de tierras entre 1871 y 1876 (Valencia, 2005: 305 y 310; Balsa & Colombo, 2007: 5).

Para 1871, en cambio, se puede disponer de una radiografía de increíble precisión. Se trata de los famosos cuadros estadísticos confeccionados por José Antonio Rossi, quien no solamente ofreció el listado completo de los propietarios, con la extensión de sus estancias y las existencias de hacienda, sino que también consignó a cada uno de sus arrendatarios y puesteros, detalló las chacras del partido y transcribió mucha más información relevante sobre la riqueza y potencialidad del Saladillo de ese momento.

Además, desde 1869 comenzaron con cierta regularidad las mediciones censales. Más allá de la exactitud de cada una de ellas, de las diferentes categorías y tipificaciones usadas y de su carácter anónimo, la información de esos censos permite construir una secuencia bastante completa de la evolución de la propiedad rural.

Para ponerles nombre a las estancias, resultan mucho mejores las distintas capturas realizadas por los agrimensores que dibujaron la cartografía catastral desde inicios del siglo 20. En primer lugar, y aunque la obra no reflejaba de manera precisa el estado de la propiedad rural al momento de su realización, el monumental atlas catastral del país publicado en 1905 por Charles de Chapeaurouge sí permite observar la distribución de los mayores latifundios. Más fiable es, en cambio, el paisaje rural mostrado por las diversas ediciones de los planos catastrales preparados por Gregorio Edelberg entre 1919 y 1939.

Asimismo, hay varios otros caminos para rastrear a los personajes que irán surgiendo en este derrotero, incluso a pesar del relativo anonimato de algunos de ellos. En este sentido, a los buenos aportes de los historiadores locales, se debe adjuntar la contribución de los periódicos saladillenses (en especial sus formidables obituarios), y los diccionarios biográficos de Vicente Cutolo y Jorge Newton.

En definitiva, el ejercicio no es solamente exponer en listados quiénes eran los terratenientes, sino cómo se fue modificando la geografía de la posesión, de qué manera se dieron algunos de esos cambios (por lo menos, aquellos de los que existen evidencias) y, sobre todo, la forma en que esos grandes fundos dieron lugar a los campos medianos y las chacras.

Para evitar convertir el texto en una galería interminable de biografías o en una colección de anécdotas, es razonable sistematizar los datos con algún criterio. En este sentido, me parece oportuno seguir los lineamientos que Rogelio Paredes desplegó en su obra Origen y poder (ver bibliografía), donde le dio vida al entramado entre fortunas y dominio político en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Como señaló este autor, en el acceso a la gran propiedad bonaerense, se vivencia lo que él denominó “la flexibilidad de la riqueza”, que permite distinguir al menos tres grupos muy dinámicos del proceso:

1. quienes anclaban sus fortunas terratenientes en los orígenes mercantiles de la época borbónica;
2. los extranjeros o inmigrantes rápidamente asimilados a la sociedad local, cuyos recursos originales procedían del comercio de exportación e importación; y
3. los provincianos que incorporaron a sus patrimonios tierras bonaerenses.

Junto con ellos aparecieron poco más tarde los “terratenientes banqueros”, gentes que ya disponían de campos, pero que, gracias al control de las instituciones financieras de Buenos Aires o de la entonces flamante República Argentina, multiplicaron luego sus posesiones (Paredes, 1996: 75-82).

Dado que Saladillo era el caso de una frontera reciente hasta bien entrado el siglo 19, mi intención es anexar a estos colectivos a los referentes de la milicia local y los operadores políticos del mitrismo y el alsinismo, piezas fundamentales para la construcción del orden público bonaerense surgido tras la revolución del 11 de septiembre de 1852, y consolidado con el éxito de Pavón, cuando este proyecto logró nacionalizarse.

Un acercamiento a la propiedad a través de las biografías (grandes o pequeñas)

Presentada la cuestión, y para comenzar este análisis por alguna parte, se puede citar a Andrew (o Andrés) Dick, quien no figuraba en el listado de esos enfiteutas originales, pero que sí fue uno de los primeros grandes propietarios locales. Por caso, tampoco aparece como terrateniente o estanciero en el diccionario biográfico de Vicente Cutolo, sino como un personaje curioso: “Médico. Era nacido en Inglaterra. Llegó a Buenos Aires en 1807, y a poco de su arribo se preocupó por la enseñanza de la educación física a través de movimientos y del desarrollo de los músculos”. Fue pionero en esa disciplina y “fundó el atletismo” (Cutolo, 1971: iii, 569). Pero en un tono menos romántico, y según el catálogo provincial de mensuras, el galeno británico mandó a hacer varias mediciones en sus campos en 1827, las primeras a cargo de T. Schuster y otra con José Antonio Conesa, y una posterior en 1845, a cargo del agrimensor M. Chiclana.^[3]

A esta última propiedad debe referirse Miguel Ángel Volonté al sostener que “el ciudadano inglés Andrés Dick adquirió a Rosas 18 leguas y media de campo en 1845” (el equivalente a poco más de 46,000 hectáreas).^[4] Ese enorme territorio –que ocupaba la mayor parte del actual cuartel 2.° de Saladillo– fue traspasado en 1861 a la sociedad de Jorge Atucha, Federico Álvarez de Toledo y Lauro Galíndez. En 1872, Atucha vendió su parte a los otros dos, y en 1882 se disolvió la sociedad de Toledo y Galíndez. Álvarez de Toledo conservó la parte noroeste, cuya estancia principal era Los Tres Bonetes, mientras que Galíndez mantuvo la fracción suroeste, que dio origen a La Barrancosa y otros establecimientos. Ambas parcelas se dividieron en partes iguales (Volonté, 2013: 48-49).

Otra fracción del pantagruélico territorio de Dick pasó a Bonifacio Alisal. De acuerdo con lo aportado por Manuel Ibáñez Frocham, este súbdito español, nacido en 1805, vivió largos años en Lobos, donde ejerció funciones de alcalde. Devoto de Juan Manuel de Rosas, se trasladó al recién creado partido de Saladillo y, entre 1846 y 1849, ocupó el cargo de juez de paz local. Asimismo, era el propietario de la estancia Leonchos, de cuatro leguas y media de superficie (unas 11,250 hectáreas). Ibáñez Frocham agrega además que su sucesor en el cargo entre 1849-1850, Casimiro Villegas, poseía diez leguas cuadradas (25,000 hectáreas), parte de las cuales acabaron luego como ejido del pueblo (Ibáñez Frocham, 1963: 65-66).

Así, en los renglones precedentes se han introducido los apellidos de algunos de los más importantes estancieros del Saladillo del siglo 19, catálogo que se irá enriqueciendo con el correr de la centuria.

En su obra biográfica sobre los terratenientes argentinos –escrita para conmemorar el centenario de la Sociedad Rural Argentina–, Jorge Newton cita a muy pocos nombres, ya fueran contemporáneos o históricos, vinculados al partido de Saladillo. Forman parte de ese selecto contingente: Mariano Acosta (miembro fundador de la Sociedad Rural y presidente de la institución entre 1882 y 1885); los Federico Álvarez de Toledo, padre e hijo; Carlos Antonio Arrospide, intendente municipal durante el período 1958-1962; los Jorge de Atucha (bisabuelo, abuelo, padre e hijo), a quienes el autor califica como una “dinastía”; los Del Carril; Joaquín Cazón; José Tomás Sojo; Nicolás Bruzzone, dueño de la estancia Esther; y Benjamín Butteler (Newton, 1972).

A diferencia de muchas de esas personas, Benjamín Butteler (1824-1891) ya había nacido hacendado. Poseía fortuna y tierras por herencia, pero las incrementó notablemente a partir de su ascenso político. Tuvo altos cargos en el Banco Provincia (primero llavero del tesoro y después director). Luego fue comandante de milicias en los tiempos del conflicto entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación, y operador del mitrismo y juez de paz de Saladillo, entre 1858 y 1861. Según Rossi, tenía en enfiteusis la estancia El Mangrullo, de unas 5,000 hectáreas (Rossi, 1871: 62 y 76), pero debe haberla adquirido en propiedad en algunas de las ventas masivas señaladas más arriba, porque en 1872 encargó una mensura al agrimensor González.^[5] Cuando murió, sus restos fueron despedidos por el propio Bartolomé Mitre (Cutolo, 1971: I, 584). Sin embargo, en el atlas de Charles de Chapeaurouge, su nombre aparece todavía con una gran fracción de tierra en el ángulo occidental del partido, que, en uno de sus extremos, contenía una parte de la laguna El Potrillo Chico, en coincidencia geográfica con lo apuntado por Rossi.

Como puede apreciarse, a medida que avanza la lectura, el plantel de estancieros se hace más amplio y su seguimiento es más complejo. La nómina se acrecentó siguiendo la lógica de incorporación planteada por Paredes y, tal como se verá en algunos de los ejemplos seleccionados, en buena medida ese incremento se nutrió de la combinación entre las vicisitudes de la política local y los flujos del mercado internacional, tanto de bienes, como de capitales y personas.

En su reseña sobre las primeras elecciones municipales en el partido de Saladillo, Orlando Sanguinetti expuso con claridad el solapamiento entre poder político y poder económico. Los jueces de paz del partido eran los estancieros, y los despachos estaban en sus propios establecimientos. Esos mismos personajes formaban parte de las listas de legisladores anteriores a 1854 y de las autoridades municipales habilitadas por la Constitución del Estado del Buenos Aires a partir de esa fecha, aunque, por supuesto, los más poderosos de ellos jugaban (o aspiraban a hacerlo) en el tablero provincial. Este autor también señala que en 1856 el juez de paz de Saladillo era Antonio Bozán, y la sede judicial funcionaba en la estancia de su propiedad, la Santa Isabel, que a su muerte pasó a manos de José Ramón Sojo. Por distintos motivos, tanto provinciales como locales, las elecciones municipales no se hicieron efectivas hasta febrero de 1867 y, desde ya, confirmaron al mismísimo Bozán y a otros ganaderos en los principales cargos (Sanguinetti, 1949).

Pero hay otro artículo de este notable periodista y ensayista que echa todavía más luz sobre el asunto. Se trata del estudio del origen del nombre de la estancia 7 de Diciembre, cuya lectura es un ejercicio formidable. En sus inicios, este campo de unas 5 leguas cuadradas (unas 12,500 hectáreas) era parte de otro mayor, obtenido en enfiteusis antes de 1841 por José María Ezcurra, pariente del gobernador Rosas. El establecimiento original se llamaba La Barrancosa y tenía doce leguas cuadradas de superficie, o sea, unas 30,000 hectáreas (sin dudas, la mitad suroeste del viejo campo de Dick).

En esa división, la futura 7 de Diciembre pasó a Miguel Fuentes, hasta que, en 1853, el gobernador Pastor Obligado adoptó medidas punitivas contra los antiguos federales no redimidos. En ese momento aparecieron los Aguilar: Eulalio atendía la hacienda y Joaquín, la pulpería. La historia personal de los tres hermanos Aguilar (los dos ya nombrados y Victorino) está enraizada con la defensa de Buenos Aires contra el ataque de las fuerzas de Urquiza. Allí actuaron a las órdenes de Mitre y se destacó especialmente Victorino, coronel de las milicias porteñas, quien tuvo un papel estelar en el combate librado el 7 de diciembre de 1852, en el Retiro. De ahí proviene –según Sanguinetti– la denominación de la estancia.

En cuanto a la tenencia, el campo estaba a nombre de Eulalio Aguilar, quien figuraba como arrendatario de la provincia y aparentemente no pudo comprarlo cuando, en 1864, el Estado bonaerense liquidó muchos de esos alquileres. Allí la propiedad pasó a Benito Galíndez, terrateniente local y juez de paz, mientras que los Aguilar se mudaron hacia Olavarría, que en ese momento era una frontera recién afirmada, y, años más tarde, Eulalio se convirtió allí en juez de paz y referente municipal.

Benito Galíndez, en cambio, era un antiguo poblador del partido de Saladillo. Al menos en 1845, en sus años jóvenes, habitaba en la estancia Polvaredas, propiedad de Salomé Cascallares de Villegas. En 1852 el gobernador Vicente Fidel López lo nombró juez de paz, en remplazo del antiguo funcionario rosista Casimiro Villegas (arrendatario de la estancia Leonchos y gran propietario del partido). Ocupó ese cargo nuevamente en 1866-1867 y 1871-1872. Ya en 1851 su nombre aparece encargando una mensura, a cargo del agrimensor Eguía.^[6] La adquisición de la estancia 7 de Diciembre resultó posible gracias a su asociación con uno de los más importantes financistas y terratenientes bonaerenses, Santos Unzué, quien lo ayudó a pagarla al precio de $150,000 la legua cuadrada, a cancelar en siete cuotas anuales al gobierno provincial.^[7] Su actuación continuó en ascenso al convertirse en el primer presidente de la municipalidad de Saladillo, tras las elecciones locales de 1867, y permaneció como un personaje local destacado hasta su muerte.

A su vez, Domingo Ayarragaray se convirtió en nuevo propietario de la 7 de Diciembre en 1880, para dejar la posesión en manos de su familia durante largas décadas. En 1919, según el plano catastral de Edelberg, la gigantesca estancia se había dividido en tres partes. La sección norte mantuvo la denominación del establecimiento, tenía 7,000 hectáreas y figuraba a nombre de Domingo Ayarragaray. Una fracción central de 3,500 hectáreas quedó en manos de María Ayarragaray de Navarro Viola, y el campo más austral, también de 3,500 hectáreas, pertenecía a Samuel Ayarragaray, que fue asimismo juez de paz e intendente de Saladillo en tiempos de los conservadores. La familia también tenía otra estancia, La Razón, a pocos kilómetros de distancia, en este caso propiedad de otra hija de don Domingo (Isabel), con una extensión de 2,699 hectáreas, siempre según los mismos registros catastrales.

Los enlaces entre política, descendencia, gran propiedad y topografía pueden verse también en el caso de la familia Cazón. Como decía el periódico de los Volonté:

La estación Cazón debe su nombre a José María Cazón, que integró la comisión fundadora del pueblo y era dueño de la estancia Polvaredas, de 8 leguas [cuadradas de extensión, unas 20,000 hectáreas], donde residía transitoriamente. Fue varias veces senador provincial y murió en 1880 a la edad de 71 años. Sus padres eran Joaquín M. González Cazón y Rafaela Pereyra Lucena, habiendo casado con una hija del prócer Nicolás Rodríguez Peña.^[8]

Joaquín Cazón (1809-1880) provenía de una familia porteña del patriciado. Una madre de abolengo y una esposa hija de egregio. Tenía dos hermanos: Cayetano, quien tuvo una larga carrera política en la Ciudad de Buenos Aires y era estrecho colaborador de Mitre y Alsina; y Vicente, legislador y funcionario de alto grado de la provincia y presidente del Banco Provincia entre 1860 y 1865. A diferencia de ellos, Joaquín se dedicó a la actividad rural, aunque, luego de la construcción institucional del municipio de Saladillo, ocupó varias veces una banca en la legislatura provincial (Cutolo, 1971: ii, 259-260). Si bien en 1858 estaba listado como contribuyente directo de un campo de seis leguas (unas 15,000 hectáreas),^[9] su nombre apareció por primera vez en el catálogo de mensuras de la provincia en 1860, en este caso asociado a “Atucha, Jorge y otros”. Luego se lo inscribió (esta vez en soledad y a pesar de haber muerto poco antes), en 1883, en una medición de Muñiz, al que se agregó, entre paréntesis, la leyenda “después Riglos, E. M.”.^[10]

Ese campo de Riglos en Saladillo era solamente una de las tenencias de esta familia, a pesar de figurar aún a nombre de su antiguo titular en los planos de De Chapeaurouge, quien en cambio ubica a un Miguel Riglos con una gran estancia en 25 de Mayo, cerca del actual deslinde de ese partido con el de Roque Pérez, y otra de 16,550 hectáreas en jurisdicción de General Alvear, junto al arroyo de Las Flores y vecina a la estancia El Quemado, de los Cambaceres. En los planos de Edelberg de 1919, 2,728 hectáreas que habían sido propiedad de los Cazón ya aparecen a nombre de Esteban M. Riglos.

Los Riglos pertenecían a una antigua familia virreinal. Un primer Marcos Riglos figuraba como alcalde, juez y síndico procurador a inicios del siglo 18. Luego se emparentaron con otros patricios: los Lezica. Uno de sus miembros (José María) tuvo una disputa con los Anchorena, en la que ambos clanes hicieron valer sus relaciones políticas. Opositor al rosismo, fue apuñalado cuando estaba a punto de emigrar a Montevideo.

Otra rama de la parentela, originada en el teniente coronel Miguel Fermín (hijo de Marcos), aportó linaje con Miguel, quien también tuvo una significativa inserción política y social en Buenos Aires hasta su muerte en 1843. Justamente, Miguel fue parte de la Sociedad Rural, formada en 1829 para la colonización de campos bajo el régimen de enfiteusis en la zona sur, con la dirección de Gaspar Campos. Un hermano de Miguel (José) jugó un papel importante en las guerras de Independencia y murió como cónsul en Lima, en 1829.

Por supuesto, resulta impensable hablar de Saladillo sin citar a Mariano Acosta (1825-1893). El fundador del pueblo reunía muchas de las condiciones señaladas por Rogelio Paredes, como la pertenencia al patriciado, las funciones políticas y el papel de agente financiero. Para empezar, integraba una familia porteña tradicional, ya que su madre era una Santa Coloma. Tras estudiar abogacía, y dadas sus desavenencias con el rosismo, se exilió en Europa hasta su regreso en 1853. Tras su vuelta, se convirtió en un importante referente bonaerense: participó en la redacción de la Constitución de 1854, luego fue diputado del Estado porteño por la campaña, y formó parte de la comisión revisora que estudió la adecuación de la Constitución Nacional, en 1860. Finalizada esta tarea, se tomó un pequeño descanso en su estancia La Constitución, situada en Lobos, antes de retornar al gobierno provincial, convocado por Mariano Saavedra.^[11]

Tal es sabido, ocupaba el puesto de ministro de gobierno cuando fundó Saladillo, para pasar posteriormente a la presidencia del Banco Provincia, en el momento exacto en que se estaban vendiendo los viejos campos públicos arrendados. Su actuación política vivió un permanente ascenso: diputado nacional y gobernador provincial entre 1872 y 1874, saltó ese año a la vicepresidencia de la república, como compañero de Nicolás Avellaneda.

En su carácter de terrateniente, en 1881 figuraba mandando a efectuar una mensura en Saladillo, a cargo de Meyrelles.^[12] En el compendio de De Chapeaurouge, aparece al menos dos veces: con la estancia citada más arriba (una buena fracción al sur del partido de Lobos, sobre la ribera del río Salado) y, lo más importante, en carácter de propietario de la estancia La Barrancosa, a pesar de haber fallecido unos años antes. De hecho, en 1919 Edelberg señaló como titular de esa estancia a Dolores Anchorena.

La vertiente de los comerciantes españoles de los tiempos borbónicos también tuvo representación en Saladillo. Voy a citar a dos de importancia excepcional. En primer término, se encuentra la llamada “dinastía Atucha”, cuyo recorrido permite ilustrarse sobre la formación de una trayectoria aristocrática. Fue inaugurada por Jorge (1810-1872), el primero de su familia nacido en el Río de la Plata. Hijo de un inmigrante vasco radicado en 1789 en Buenos Aires y dedicado al comercio, desde joven se volcó a las tareas rurales. Tuvo establecimientos en Tandil y Zárate y se destacó como cabañero, ya que fue uno de los introductores de la raza Shorthorn.

A pesar de ser un ferviente opositor a Rosas, no se inmiscuyó en las reyertas civiles previas a 1852 y pudo prosperar como estanciero. Tras la batalla de Caseros y el sitio de Buenos Aires, ocupó un juzgado de paz y luego fue legislador del Estado de Buenos Aires, hasta 1864, en que se retiró para dedicarse a la actividad privada y recreativa (principalmente, las carreras de caballos) en su quinta de Belgrano, donde falleció en 1872.

Su hijo, por lo contrario, se ocupó de obtener recursos de la venta de sus estancias para volcarlos a la especulación inmobiliaria urbana hacia mitad del siglo 19, cuando Buenos Aires empezó a vivir su transición de gran aldea a ciudad moderna, y ya antes expresé que se deshizo de la parte familiar de Tres Bonetes en el mismo año de la muerte de su padre. El tercer Jorge de Atucha hizo el camino inverso: liquidó los bienes urbanos, adquirió 37,000 hectáreas y a su muerte, a mediados de la década de 1930, legó al cuarto Jorge de Atucha una gran cantidad de tierra y una posición social prominente, que lo llevó a ser miembro de la Comisión Directiva de la Rural entre 1944-1946 y director de la revista Anales de la Sociedad Rural. Pero, para esa época, esta rama de la familia ya había perdido sus vínculos con Saladillo (Cutolo, 1971: I, 263; Newton, 1972: 50-51).

El segundo caso es el de los Álvarez de Toledo, quienes remontaban su prosapia a España, donde sostenían estar emparentados con el duque de Alba. Todo indica que llegaron al Río de la Plata a finales de la época colonial. De un poco conocido Joaquín, nació Federico padre (1826-1923), exiliado en Chile en tiempos de Rosas; allí conoció a Sarmiento e hizo amistad con él. Regresó tras Caseros e inició una carrera política en la Legislatura bonaerense y en el Banco Provincia, del que fue director. También estuvo en el Ferrocarril del Oeste y fue fundador de la Sociedad Rural Argentina.

Tras la ya presentada compra de sus campos en Saladillo, fue parte activa de las comisiones municipales desde entonces, sobre todo en la que determinó la fundación e instalación del pueblo. En 1894, Toledo padre “trasladó el casco de la estancia y le puso el nombre de María Antonieta, en homenaje a su esposa, María Antonieta Faix” (Pereyra, 2015c). Según el plano de Edelberg de 1919, esta monumental posesión alcanzaba 25,089 hectáreas, lo que significaba casi el 10 % de la superficie total del partido, cantidad que el grupo familiar superaba al sumarle la estancia San Juan y San Pedro de su hijo homónimo, de 3,852 hectáreas.

En las administraciones rural y pública, le siguió el joven Federico, ingeniero agrónomo de profesión y político de vocación. En “Saladillo ocupó sucesivamente los cargos de Comandante Militar, Presidente de la Municipalidad, Juez de Paz, Intendente y Presidente del Consejo Escolar”, pero trascendió al campo nacional al convertirse primero en ministro de Marina y luego embajador en París y Londres del gobierno de Yrigoyen (Pereyra, 2015d). Federico hijo se retiró de la política en 1928 y falleció en su estancia saladillense, el 13 de febrero de 1939.^[13]

Desde el Interior llegaron en cambio los Del Carril. Esta estirpe era originaria de la provincia de San Juan, donde nació Salvador María (1798-1883). Tras recibirse de abogado, inició una fructífera carrera política en su terruño, donde fue secretario del gobernador a los 24 años y primer mandatario local en 1823. Simpatizante de Rivadavia, luego apoyó y asesoró a Lavalle en la deposición y el fusilamiento de Dorrego. Con el ascenso de Rosas, se exilió primero en Uruguay y luego en el sur de Brasil. Después de Caseros, se vinculó con Urquiza y la causa de la Confederación, de la que fue vicepresidente entre 1854 y 1860.

Tras la batalla de Pavón, Salvador María del Carril se pasó al bando vencedor y entró en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que permaneció hasta 1877, para retirarse tras haber ejercido la presidencia desde 1870. Tuvo dos hermanos de actuación también destacada. Uno de ellos era Federico (1818-65), militar que peleó con Lavalle y que estuvo en Caseros, pero que en 1852 se unió a la causa porteña y por ella combatió durante el sitio, en Cepeda, Pavón y Cañada de Gómez. Como jefe de milicias, estuvo en Tandil y Campana y marchó con Paunero a las campañas contra el interior federal. En reconocimiento, Mitre lo hizo teniente coronel en 1863. El otro hermano, José María, había nacido en el exilio familiar en Uruguay y volvió a San Juan para hacer carrera política, hasta convertirse en gobernador en 1869.

Un hijo de Salvador María, Víctor del Carril, nació en Brasil durante el exilio paterno y militó en política desde muy joven. Su primer punto destacado fue la participación en la revolución de 1874, en la que se mantuvo leal al gobierno y desairó a Mitre al aportarle tropas al general Arias para la batalla de La Verde. Luego fue juez de paz de Saladillo, en 1874-1875, 1877-1878 y 1883-1884, senador provincial entre 1880 y 1890 y vicegobernador desde esa fecha hasta la intervención federal que sucedió a la revolución de 1893. Su nombre está anotado por lo menos cuatro veces en el registro provincial de mensuras: entre 1887 y 1888, el agrimensor Dodds realizó varias labores a su nombre, una primera asociado a José Sarasola, otras con José Viale y dos más sin acompañantes.

En el atlas de De Chapeaurouge, su nombre aparece una y otra vez, en general junto a Pedro del Carril. Figura en el oeste del partido de Saladillo, justo en el triple límite con los municipios de General Alvear y 25 de Mayo, donde poseía en soledad una parcela no menor a las 5,000 hectáreas, que se expandía por los tres distritos. Era vecino de sí mismo, con una fracción algo menor a nombre suyo y de Pedro, con quien gozaba de otros dos campos en jurisdicción de General Alvear, uno de ellos muy extenso y lindero al del gran terrateniente José Crotto. Por supuesto, su tenencia central era la gigantesca estancia del norte del partido, que abarcaba las actuales localidades de Del Carril y Polvaredas y se encontraba entre los cinco campos más grandes de Saladillo.

De todos modos, los efectos sucesorios fueron dividiendo esos latifundios. En el plano de Edelberg de 1919, la vieja propiedad ya aparece separada en fracciones de unas 2,000 hectáreas cada una, entre Ofelia del Carril, Emilio del Carril, A. T. del Carril de Güiraldes, Carlos Federico del Carril, Ramiro del Carril y el Banco el Hogar Argentino (tenedor de dos fracciones que sumaban más de 3,200 hectáreas). Asimismo, el campo del oeste había cambiado de manos: una gran parte fue absorbida por la estancia El Mangrullo, y otra menor pasó a formar parte de la imponente hacienda de los hermanos Sojo.

El nombre de esta última familia pertenece a la temprana historia saladillense. Según se ha escrito, el fundador del clan fue José Ramón Sojo, un comerciante español de origen vasco, nacido en 1840. De acuerdo con los datos aportados por Marcelo Pereyra, se radicó en el partido en 1859,

con un comercio que instaló en el campo de un señor Rodríguez, en las inmediaciones de Cazón. Desde entonces, su nombre estuvo ligado a Saladillo, que lo tuvo como uno de sus más activos impulsores en los años de la fundación.

En efecto, fue censado por el juez de paz como contribuyente en 1863, aunque con una valuación pequeña de $7,000.^[14] Conoció a quien sería su esposa en un viaje a España, en 1869, y al regresar se instaló en la Ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó también al comercio. No obstante, nada indica un descuido de sus intereses al sur del Salado, ya que, en 1877, junto con los señores Dalto y Holze, encargó una mensura al agrimensor Cassier.^[15] En 1897 se retiró de sus negocios para instalarse en su estancia, la Santa Isabel.

Dos de sus descendientes (Enrique T. y Ángel Sojo), juntos con José Salaberry y Pedro Bercetche, confiaron al agrimensor Edo la mensura del campo Santa Rita en 1918.^[16] Justamente la hermandad de los Sojo había devenido en 1919 en dueña de cantidades imponentes de tierras. En el catastro de Gregorio Edelberg de ese año, se consignan a su nombre los campos: El Carmen, de 2,755 hectáreas; El Bañadero, de 2,179; La María, de 1,631; San Víctor, de 2,342; San Ignacio, de 2,130; y la ya nombrada Santa Rita, de 1,400; todas ellas colindantes. A eso debe sumarse la originaria estancia Santa Isabel, ubicada en la zona centro-oriental del partido, de 1,610 hectáreas, que en ese momento se hallaba en trámite sucesorio. Como puede apreciarse, acumulaban un total de más de 17,500 hectáreas, a las que solo el fraccionamiento hace figurar en los censos como campos menores a 3,000 hectáreas. El vástago más reconocido de don José padre fue José Tomás Sojo, ingeniero y ministro provincial, que murió el 13 de junio de 1938.

Otro hijo célebre de Saladillo fue Alejandro Posadas (1870-1902). En este caso, no por su trayectoria política, sino por sus excepcionales dotes en el campo de la medicina argentina, disciplina que lo considera uno de sus padres. Por desgracia, murió de tuberculosis a los 31 años, no sin antes convertirse en maestro de varios de los nombres grandes de esa ciencia. Era hijo de don Alejandro Posada (aparentemente así el apellido original, sin la S final), un inmigrante gallego que arribó al Río de la Plata en 1854.^[17]

Posadas padre se dedicó al comercio, y en 1863 lo registraron para la contribución directa, con una base tributaria de $11,000, un capital todavía modesto. Pero apostó también por las actividades agropecuarias, y ya en 1871 Rossi lo señaló como propietario de un campo de 832 hectáreas y arrendatario de seis puestos en la estancia Tres Bonetes, donde pastoreaban 16,000 ovejas y 180 vacunos (Rossi, 1871: 61 y 70). Los negocios debían ir bien, porque Alejandro hijo pudo marcharse a Buenos Aires en 1888 a realizar sus estudios universitarios y, en efecto, De Chapeaurouge nominó para la familia dos parcelas de la zona norte del partido: una vecina a la laguna del Indio Muerto, no muy lejos del actual paraje San Blas, y la otra junto al arroyo Saladillo, de la orilla que hoy día pertenece a Roque Pérez.

Los planos dibujados por Edelberg en 1919 y 1939, cuando las propiedades se habían fraccionado por efectos de la sucesión, aportan mayor certeza: el primero de los campos se extendía por 2,361 hectáreas y el segundo alcanzaba las 3,232. A la muerte del padre y el primogénito, todo indica que la administración de esas estancias recayó en los otros hijos, en especial en Carlos Posadas, a quien ya me referí en el capítulo 2.

Como dije más arriba, a las tipologías presentadas por Paredes, es bueno sumarles los casos de quienes se hicieron importantes propietarios desde el servicio de armas, pero empezando como soldados-colonos en la mitad del siglo 19. Dionisio Pereyra (1823-1871) es el caso de un miliciano que recibió tierras por sus tareas y luego se forjó un nombre dentro del padrón saladillense. Había nacido en Buenos Aires, en el seno de una familia unitaria que debió exiliarse durante el rosismo.

Después de Caseros, participó en la lucha contra los malones, y, en 1855, el gobernador Pastor Obligado lo designó como jefe del fortín El Mangrullo, en la estancia homónima, propiedad entonces de Roque Carranza. Allí levantó ese sitio destinado a vigilar posibles invasiones y asegurar la línea de frontera, además de intervenir en la construcción de otra fortificación con destacamento de tropas, en el margen del arroyo Las Flores. En esos avatares, en 1856 fue hecho prisionero por Calfucurá, durante su famosa invasión.

Una vez recuperada la libertad, lo nombraron comandante del Regimiento 6 de Caballería de Guardias Nacionales y se le encargó la construcción del fortín Las Parvas (futuro Regimiento 9 de Guardias Nacionales). Mientras tanto, se había convertido en estanciero, ya que el agrimensor Hudson le practicó una mensura en 1863, pero Rossi solamente lo menciona como enfiteuta de unas 2,500 hectáreas. En 1867 obtuvo el ascenso a teniente coronel y la designación de comandante militar de Saladillo. Era el titular de la estancia El Porvenir, donde criaba unas 5,000 ovejas y 1,200 vacunos, y del campo La Fortuna, sitio en el que falleció el 11 de octubre de 1871 (Rossi, 1871: 62 y 80; Cutolo, 1971: vi, 180).^[18]

Su hija se casó con un primo, Aureliano Roigt, otro prohombre local que debió su ascenso social a la milicia. Sobrino de Pereyra, Roigt se radicó en Saladillo en 1869, para sumarse a la defensa del fortín El Mangrullo. En 1874 participó de la batalla de La Verde como jefe del batallón Saladillo. Como premio por la victoria, le otorgaron el grado de mayor, se convirtió en referente local del alsinismo y ejerció el puesto de juez de paz entre 1879 y 1880. En 1890 se sumó a la Unión Cívica y tres años más tarde fue parte de la revolución radical de 1893, junto a Emiliano Reynoso. Falleció en la Capital Federal, a finales de 1920.^[19]

Si bien sus propiedades no figuran en el atlas de De Chapeaurouge de 1905, en 1919 Edelberg demarcó a la familia Roigt-Pereyra con varias parcelas en el sur del partido, entre la estancia La Barrancosa por el oeste y el arroyo de Las Flores por el este. La suma de sus fracciones, que incluía los campos La Armonía y La Agripina, pasaba las 2,000 hectáreas.

Un antecedente miliciano también estaba en el origen del fundador de otra familia de notables locales: los Bustingorri. El primero de la progenie, don Miguel, nació en 25 de Mayo, el 30 de marzo de 1865. Su padre (también llamado Miguel) era un migrante vasco y “pertenecía a la guarnición del Fortín Mulitas desde 1850, los años en que Calfucurá reinaba soberano en la extensión de la pampa y adelantarse a la línea de fronteras era un acto de genuino heroísmo”. Con todo, Miguel padre poseía una estancia llamada Santa Juana.

Miguel hijo vivió allí hasta que se trasladó a la estancia La Carolina. Desde ese lugar se mudó, en 1905, al campo San Patricio, cercano a Mamaguita, “en calidad de arrendatario primero y propietario después”. En 1897 hizo un buen casamiento con María Basabe, “perteneciente a una de las familias más tradicionales de 25 de Mayo”, con quien tuvo diez hijos. El éxito empresario lo llevó a disponer de dos grandes establecimientos: Las Dos Marías, en 25 de Mayo, y San Miguel, en Saladillo, entre los que reunía 3,000 hectáreas de campo. En 1928 se radicó en la planta urbana de Saladillo, donde murió el 7 de mayo de 1945.^[20] Por supuesto, en la búsqueda de elevar la situación social de su descendencia, su primogénito Miguel fue enviado a estudiar al Colegio del Salvador primero, luego al Nacional de Buenos Aires y posteriormente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como abogado ( Bustingorri, 1953).

Ciertamente, no todas las historias de búsqueda de ascenso económico y social concluyeron de manera exitosa; ni tampoco en todos los casos los herederos de esas primeras generaciones de emprendedores lograron mantener las posiciones (y sobre todo los bienes) de sus ancestros; ni son las trayectorias de sujetos poseedores de grandes parcelas las únicas en que vale la pena detenerse. Lejos de ser lineal, la evolución de la propiedad agraria saladillense presenta diversidad y complejidad.

Una historia con altibajos es la de otro clan local de gran ascendencia: la familia Cabral. Máximo fue uno de los fundadores del pueblo, juez de paz entre 1864-1865 y de nuevo en 1869 y 1883. El registro de contribuciones directas no lo nombra, aunque figuran en él tres personas de apellido Cabral, todos con capitales menores, pero Rossi lo cita como arrendatario del campo San Alejo, que, en sus cinco puestos, albergaba a 14,500 ovinos, 240 bovinos y 275 equinos, y formaba parte de la estancia Santa Rosa, de Páez y Rosales, ubicada junto al arroyo Las Flores, en el actual Cuartel v, cerca de Blaquier (Rossi, 1871: 80).

Don Máximo estaba (aparentemente) relacionado con el célebre sargento de San Lorenzo y con las familias Monteagudo y Del Valle, en tanto que su esposa, Matilde Fernández Mansilla, era pariente del general Mansilla y del mismísimo Rosas. El matrimonio tuvo una abundante descendencia, entre ellos Carlos, octavo en orden de llegada y nacido en 1864. El joven Cabral no sintió la comezón por el negocio agropecuario, sino que se dedicó a la educación, y llegó a ser un maestro rural muy reconocido. En 1892 se casó con Emilia Thompson, propietaria de un campo en la zona de El Parche, donde Carlos fundó una escuela rural y continuó con la enseñanza. En 1906 volvió al pueblo, pero no pudo poner en marcha la escuela particular que tenía en mente. Como decía El Argentino al recordarse el centenario de su natalicio, “las condiciones económicas adversas, y también influido por la bohemia de su carácter independiente, lo llevan a ejercer uno de los aspectos más sacrificados de la enseñanza, el de maestro particular rural”, tarea desempeñada hasta su muerte, en 1935.^[21]

En la otra vereda, es interesante revisar un caso afortunado de ascenso social como el de Santiago Cartier. Hijo de inmigrantes franceses, nació en Saladillo el 31 de julio de 1875. Su padre (también llamado Santiago) figura en el censo de Rossi como arrendatario de Galíndez y Atucha en Tres Bonetes, con cuatro puestos y 9,500 ovejas en su campo (Rossi, 1871: 74). El joven Santiago trabajó en sus años mozos en estancias de Lamadrid, Córdoba y Santa Fe. En el trabajo de Charles De Chapeaurouge, un Santiago Cartier ya figura como propietario de un campo mediano, justo en el límite de las estancias La Barrancosa y la citada Tres Bonetes, y, en los planos de Edelberg de 1919, la sucesión de esa propiedad entre los Cartier y sus parientes sumaba más de 1,000 hectáreas, ubicadas entre las estancias Leonchos y las dos ya mencionadas.

Una curiosidad anexa de Cartier era la de haber formado parte de la primera conscripción en Curamalán, en 1896. En 1907 se casó con una prima suya y, con una posición hecha, fue presidente del Club Social en los años veinte. También tuvo cargos en la Sociedad Francesa, la Sociedad Rural e Hipódromo de Saladillo y algunos puestos políticos menores en representación del radicalismo local. Como muchos hijos de inmigrantes, era “un acendrado cultor del criollismo” y cerró su trayectoria de notable saladillense como miembro de la Comisión de Festejos del Centenario, organizadora de las celebraciones del 31 de julio de 1963. En muestra del reconocimiento público, su largo obituario no se publicó en la sección necrológica, sino en la primera página de El Argentino.^[22]

Como las de Sojo y Posadas, muchas de las fortunas rurales de Saladillo tuvieron origen en el comercio local, aunque no alcanzaran igual magnitud. Lucas Mañana, por ejemplo, hijo de un padre homónimo, “había nacido en Las Flores […] y desde niño se radicó en nuestro pueblo, donde su padre ejerció el comercio y luego se estableció en el cuartel 7°, con un importante establecimiento de campo”. Si bien el joven Lucas hizo carrera como empleado bancario, luego regresó a vivir en la estancia familiar, hasta que falleció a los 82 años, a causa de un incidente de tránsito.^[23]

No muy disímil fue la trayectoria de Manuel Villanueva, legendario comerciante de Saladillo nacido en 1886. Empleado de comercio en el almacén de Oliver en su primera juventud, luego hizo la misma actividad en la ciudad de San Fernando, lo que le permitió juntar el capital para abrir, en 1914, el almacén El Globo, en la esquina de las actuales Mitre y Sojo. Más tarde se expandió, con la apertura de un almacén rural en El Parche, y, en paralelo a esto, comenzó “a dedicarse a las actividades agropecuarias, tareas que siempre desarrolló con mucho placer”, aun cuando cerró su primera tienda, en 1947. Devenido en ciudadano ilustre, fue elegido para presidir la Comisión del Centenario. Murió a los 81 años, el 9 de marzo de 1967.^[24]

Es que, a principios del siglo 20, la zona rural de Saladillo podía ofrecer las posibilidades para un rápido progreso, desde inmigrante reciente a propietario, en un tiempo relativamente breve. Una de esas historias de vida es la de don Juan Ferro. Nacido en la provincia de Salerno, hacia 1879, de adolescente fue a “hacer la América” a Estados Unidos. Volvió a su original paese de Sassano para casarse con Filomena de Lucca. Llegó a Argentina en 1905 y se avecindó en las estancias San Miguel y El Capricho de la familia Saralegui, asociado a su hermano Francisco. En 1924, en cambio, pudo adquirir “una importante extensión de campo en Cazón, donde se estableció con su familia” (compuesta por once hijos), para poner en marcha un establecimiento modelo, al que denominó “San Juan”.^[25]

Contrariamente a la idea historiográfica común sobre la dificultad, la casi imposibilidad o la inconveniencia de los arrendatarios bonaerenses para acceder a la propiedad, en Saladillo abundan ejemplos en sentido contrario y las fuentes muestran que la circulación, el aprovechamiento de oportunidades y la posesión de la tierra como coronación del trabajo podían ser más habituales de lo pensado. El caso de Pascual Puricelli lo grafica muy bien. Había nacido en Las Flores, en 1879. Luego su familia pasó al partido de General Belgrano y en 1903 se radicó en Saladillo, en la estancia La Materna. Tras casarse, pudo adquirir su propio establecimiento de campo, “contiguo a Álvarez de Toledo, donde ha vivido desde entonces”, como se leía en su necrológica.^[26]

Justamente la estancia de los Toledo fue la puerta de entrada de otro inmigrante italiano, Cesare Benigni, quien llegó de Osimo, provincia de Ancona (región de Le Marche), en 1906, cuando contaba con 19 años. En un principio, el joven Cesare se radicó en la estancia La María Antonieta, y para 1921 ya era capataz del establecimiento. En 1925 se abrió camino como arrendatario de esos terratenientes, hasta que en 1933 se trasladó a la zona de La Campana. Allí, fue parte del grupo fundador de la Escuela Laínez 186 del paraje, y presidente de su cooperadora. Pero su sueño se haría realidad poco más tarde: “Corría el año 1937 cuando cumplió el gran anhelo de su vida: adquirir una fracción de campo, que luego de haber construido en ella una casa habitación y una capilla, se instaló para vivir allí en 1945”. Permaneció al frente de ese establecimiento hasta 1975, cuando, ya con 88 años, decidió establecerse en el pueblo.^[27]

Algo similar ocurrió con Manuel Martínez Revaldería, quien arribó desde Lugo, Galicia, en septiembre de 1906. Con veinte años, se instaló en Del Carril para dedicarse a las faenas rurales. Primero fue arrendatario, pero un tiempo después ya era propietario, y en 1929 pudo darse el gusto de volver a España para poder pasar un año entero en su patria de origen.^[28] Y debe tenerse en cuenta que Toledo, La Campana y Del Carril habían sido zonas de estancias enormes hasta la década de 1910, según reseñé antes, y puede contrastarse sin inconvenientes al mirar los planos de De Chapeaurouge y Edelberg.

En efecto, basta revisar rápidamente la prensa saladillense para encontrar ejemplos del proceso de división de propiedades grandes y medianas en predios menores. Así, en abril de 1927, se anunció la venta en remate público del campo Santa Rosa de Juan Moreno, cerca de Micheo. Esas 680 hectáreas se fraccionaban en nueve lotes de 73 a 80 hectáreas y podían financiarse “con préstamos de colonización del Banco Hipotecario Nacional”.^[29]

Poco más tarde, se ofreció una de las subdivisiones de la herencia de Víctor del Carril, identificada como estancia La Revancha. Este caso se aprecia en un afiche que está resguardado en el museo local, de 1929, donde se publicitaba la salida al mercado de una fracción de 1,024 hectáreas y diecisiete lotes que, en superficies desde 41 hasta 115 hectáreas, totalizaban 944 hectáreas. Como rezaba el aviso, estas parcelas menores aspiraban a que “los trabajadores rurales que [dispusieran] de algunas economías o de un pequeño crédito [pudieran] adquirir un pedazo de tierra”, algo para lo que incluso contarían con el apoyo financiero del Banco Provincia.^[30] Aun en plena crisis, en el invierno de 1930, también se comunicó la subasta de 440 hectáreas pertenecientes a Samuel Ayarragaray, junto a la estación San Benito, fraccionadas en fincas de 12 a 24 hectáreas, también con financiación de esa entidad.^[31]

¿Qué pasó en esa misma época en la zona sur del partido, que es el foco de esta investigación? Aquí van algunos ejemplos. Ernesto Arbeloa, un navarro nacido en Eibar, probablemente en 1895, llegó a Saladillo todavía adolescente. “Trabajó primero en la colonia del campo de Gorchs y luego se estableció en Barrancosa, a partir de 1925, donde años después iba a adquirir la tierra regada con el sudor de su frente”.^[32] También Joaquín Ripoll pasó por Gorchs, antes de recalar en La Barrancosa. Nacido en España, probablemente en 1893, además de dedicarse al cuidado de su chacra en compañía de su familia, fue asociado de la Federación Agraria y miembro fundador de la Cooperativa Agrícola. La muerte lo sorprendió a los 58 años, “mientras se hallaba en la feria, entregado a sus habituales ocupaciones de hacienda”.^[33]

Aunque sus campos no estaban tan cerca, Ripoll compartió muchos intereses con Ángel Abarca, cuyo deceso aconteció el 3 de diciembre de 1957, a los 72 años. Español de nacimiento, llegó al país en 1903, a los 18 años, para radicarse “primero en Sojo, luego en Toledo y finalmente en Barrancosa, de la cual fue vecino destacado, fundador y primer presidente del Club Carlos Calvo”. A pesar de haberse afincado en el pueblo desde 1943, Abarca “continuó apoyando el movimiento de agricultores federados y, al fundarse la Cooperativa, fue uno de sus miembros más entusiastas”.^[34]

Según puede verse, la cuestión de la posesión de la tierra fue apenas una faceta de las vidas de estas personas, a pesar de que esa complejidad y riqueza queda muchas veces oculta bajo el rótulo que tipifica a muchos chacareros como gente “simple y sencilla”. Un ejemplo de esta afirmación es el formidable obituario que El Argentino dedicó a don Santos Capponi, fallecido el 22 de noviembre de 1961, a los 82 años. Nacido en 1879 en Ancona (región de Le Marche, Italia), llegó al país en 1903, ya casado con Enriqueta Ciampichini. En 1906 el matrimonio se instaló en Saladillo, como uno de los primeros pobladores de la colonia agrícola fundada por Rafael Domínguez en la estancia La Barrancosa. Además de colono, se empleó “en el movimiento de bolsas del galpón de la misma estación”, y en 1910 se radicó “con chacra propia en el campo 7 de Diciembre de don Domingo Arrayagaray”. Más allá de las alegrías y los sinsabores de las faenas agrícolas y de una familia con nueve descendientes, el periódico lo recordaba también como “un factor de progreso, tanto en el vecindario donde actuara por tantos años, como en el medio rural que fue practicando luego los sistemas cooperativos, a los que prestó un decidido apoyo”.^[35]

Unas semanas más tarde, se produjo la defunción de Nazareno Ciampichini, cuya historia personal estaba muy entrelazada con la de Capponi, de quien era casi contemporáneo y cuñado. También era nativo de la región de Le Marche (en este caso, de la provincia de Macerata) y arribó a Argentina en 1907, casado con Asunta Bellesi y ya con un hijo. Se asentó asimismo inicialmente en Barrancosa, pero luego pasó por Micheo y Pueblitos, para afincarse definitivamente en Leonchos, en 1919.^[36]

Agustín Baiocco, en cambio, era un marchegiano de Osimo, donde había nacido, probablemente, en 1873. Ingresó a Argentina en 1896, ya casado, y se estableció en Roque Pérez (en ese entonces partido de Saladillo). En 1907 se ubicó en La Barrancosa, para pasar luego a San Benito, siempre como arrendatario. En “1926 pudo alcanzar la satisfacción de adquirir la tierra propia, al producirse la subdivisión del campo La Mascota”.^[37] Cerca de esa chacra, se localizó Víctor Pérez, fallecido el 4 de noviembre de 1965. “Había nacido en el pueblo de Criales de Losa, provincia de Burgos, en 1900, y trece años después llegó en compañía de su madre a este pueblo, donde ya estaba radicado su padre, trabajando en las faenas rurales”. Tras casarse en 1926, se instaló en la estancia Los Puestos, hasta que pasó a La Barrancosa, en 1941, “al campo que luego habría de adquirir en propiedad”.^[38]

Pero no todos pasaron directamente del barco al campo. Por lo contrario, Pedro Fasano nació en el pueblo de Saladillo, en 1885. Trabajó en la construcción junto a su padre y luego se radicó en su chacra de La Razón, “a cuya labor dedicaría más de 40 años de su vida, y fruto de la misma fue el acrecentamiento de su patrimonio”. Se había casado con la hija de inmigrantes irlandeses (María Inés Killian), de lo que tal vez derivó el apodo de “el Inglés”, con el que se conocía a su hijo.^[39] Su parcela no era muy grande, pero parece que incluso tenía al menos un peón en el establecimiento. Así lo informaba también El Argentino, que recordó la muerte del jornalero Juan Antonio Rivero, a los 48 años, el 30 de abril de 1962.^[40]

Mientras las chacras remplazaban las viejas estancias, los antiguos apellidos del catastro de inicios del siglo 20 vinculados a esos latifundios se iban apagando en su segunda mitad. Algunas de esas personas hacía tiempo se habían mudado de Saladillo, como Isabel Ayarragaray, que murió en la Ciudad de Buenos Aires, en julio de 1959, a los 85 años. Su obituario recordaba que era hermana del “extinto don Samuel Ayarragaray”, y que “poseía en la estación Barrancosa una importante extensión de campo heredada de su padre, don Domingo Ayarragaray”.^[41]

No todos los retoños de los antiguos terratenientes partían de este mundo rodeados de la vieja fortuna y de las amistades de sus pasados vínculos sociales. Una necrológica muy breve anunció, en diciembre de 1960, la prematura muerte de la integrante de una de esas grandes castas ya presentadas:

Recibieron sepultura en nuestra necrópolis, el sábado por la mañana, los restos de la señora Julia Ofelia Riglos, fallecida en su domicilio de Del Carril, a los 42 años de edad. Era hija de quien fue propietario del conocido campo entre Cazón y Del Carril, aunque actualmente carecía de todo bien de fortuna.^[42]

Tal vez más desahogada en términos financieros, pero casi en soledad, se apagó el 5 de febrero de 1964 la vida de María Ofelia Roigt, en la Capital Federal, “donde residía desde [hacía] muchos años”. Era la hija “de don Aureliano Roigt y de doña Agripina Pereyra, era nieta del teniente coronel Dionisio Pereyra, jefe del cantón en El Mangrullo y uno de los fundadores de Saladillo”. El Argentino dijo lo siguiente sobre ella: “[En su juventud] destacóse netamente en nuestro medio social, por su cultura y distinción, que le eran proverbiales”. Pero, cuando sus restos fueron trasladados para ser sepultados en el cementerio de Saladillo, apenas formaban el cortejo su hermano Luis María y “un puñado de fieles amigos”.^[43]

La evolución de la propiedad, medida a través de los censos y las encuestas

Cuando la Provincia de Buenos Aires mandó a levantar un registro de propietarios a fin de calcular el importe que debía percibir cada uno de ellos en concepto de contribución directa inmobiliaria, el entonces juez de paz de Saladillo informó la existencia de un grupo pequeño de propietarios rurales que disponían de poco más de 240,000 hectáreas. Como he dicho, muchos terratenientes eran en realidad arrendatarios del Estado provincial o viejos enfiteutas, situación que empezó a ser saneada al año siguiente.

A pesar de esto, todavía en 1871 Rossi diferenció los “campos de propiedad” de los “campos enfitéuticos”. Los primeros comprendían unas 274,000 hectáreas, y los segundos, alrededor de 70,000. Además, en su trabajo mencionó la existencia de 111 propietarios, quienes concentraban cerca de 384,614 de las 442,459 hectáreas que él calculó como superficie de un partido que todavía contenía al actual de Roque Pérez. De esos terratenientes, seis poseían más de 5,000 hectáreas, y otros ocho, más de 10,000 (Rossi, 1871; Balsa & Colombo, 2007: 5-6).

También individualizó a los arrendatarios (sin señalar las superficies ocupadas) y a un buen número de puesteros, encargados, medieros, habilitados y dependientes de las estancias para completar ese retrato del antiguo Saladillo. Una década después, el censo provincial de 1881 consignó mucha información sobre población y efectuó cálculos acerca de la riqueza agrícola, ganadera, industrial y comercial del distrito, pero no echó luz alguna sobre la cuestión de la propiedad: no figuraron en sus páginas ni propietarios, ni arrendatarios.

En 1888, todavía fue bastante escueta la información acerca del tema de la tenencia de la tierra, pero este primer censo agropecuario reportó la presencia de 365 arrendatarios, que laboraban 165,694 hectáreas. Es bueno recordar que el relevamiento tuvo como destino la presentación de información estadística en la exposición internacional de París de 1889 y, en tal sentido, buscaba atraer inversores e inmigrantes para desarrollar la potencial riqueza del país. Por eso, tenía un especial énfasis en mostrar las leyes de colonización agrícola sancionadas poco antes, en medio de la onda especulativa. Según el censo, Saladillo participaba de ese jolgorio con una colonia de 2,719 hectáreas, aunque, en realidad, en el registro de mensuras se anotaron cuatro probables colonias, bajo las denominaciones de Centro Agrícola, a saber: La Fortuna (1888), Ayarragaray (1889), Oficial (1889) y Caminos Arévalo (1890).^[44] Para desgracia de los mentores de estas iniciativas, esa burbuja inmobiliaria explotó en 1890 y, por unos años, la Argentina ya no apareció ante los mercados internacionales de crédito como un destino deseado, sino como un deudor insolvente.

A partir del censo nacional de 1895, puede disponerse de información más precisa y de mayor calidad analítica, a pesar de no consignarse en esta medición la escala de extensión de las explotaciones, y de presentarse los datos en una división taxativa entre agricultura y ganadería, que no permite ver la superposición de actividades (explotaciones mixtas). En esa oportunidad, en Saladillo (Roque Pérez incluido) fueron comprobadas 964 explotaciones dedicadas a la agricultura, 286 de las cuales estaban a cargo de sus propietarios, 563, en manos de arrendatarios, y 115, bajo el régimen de mediería o aparcería.

Cuadro 3.1. Evolución de la propiedad en el partido de Saladillo

Fuente: elaboración propia sobre las cifras de los censos nacionales disponibles en la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (indec). Las cifras de 1871 corresponden a las informadas por José Antonio Rossi y comprenden a los enfiteutas (véase bibliografía).

(a) Explotaciones agropecuarias.
(b) En otros incluyo medieros, aparceros, ocupantes de tierras fiscales, ocupantes con permisos, ocupantes gratuitos, tierras de propiedad estatal y demás categorías que aparecen en los distintos censos, siempre que no sean propietarios ni arrendatarios.
(c) En este censo se consignaron categorías que combinaban propiedad con otras formas de regímenes legales de ocupación de la tierra. El principal era “Propietarios y Arrendatarios”, que señala a 114 explotaciones con 28,294 hectáreas. Ese número está agregado al de propietarios, pero no puede precisarse la cantidad de hectáreas en propiedad o en arriendo, por no estar discriminado.
(d) Dentro de esta columna, quedan consignadas hectáreas cuyos arrendatarios también eran propietarios. Las tierras exclusivamente en arriendo eran 13,460 hectáreas.
Nota: hasta el censo nacional de 1914, los datos de Saladillo incluyen los del actual partido de Roque Pérez. El censo ganadero de 1916 solamente registró datos de ese sector. Para la tenencia, el número indica la cantidad de propiedades, no de propietarios. En cambio, para las explotaciones, esta medición informó los propietarios de ganado, no las propiedades.

De acuerdo con este cuadro, es sencillo apreciar el incremento sin pausa, entre un censo y otro, del número de propietarios o de las explotaciones de propiedad de quienes las trabajaban. Por desgracia, las mediciones dan cifras que nunca se perfeccionaron hasta 1988, cuando se consignó el número de cada categoría y las hectáreas correspondientes a esa situación. Asimismo, la baja de la cifra de hectáreas en el último registro se relaciona con la menor superficie censada (poco más de 233,000), con respecto al empadronamiento de 1974, que alcanzó a casi 260,000.

Esta tabla puede combinarse con una que indica las cantidades de explotaciones por escala de su extensión, aun con el riesgo de extraer datos que no son necesariamente complementarios. Igualmente, y en concordancia con lo acontecido en la región pampeana, el acceso a la propiedad tuvo una línea ascendente suave desde fines del siglo 19 hasta 1937, y se aceleró desde 1947 en adelante. Incluso en Saladillo hubo una fuerte suba en el corto segmento que va desde 1960 a 1969, cuando los propietarios sumaron poco más de 47,000 hectáreas, una cifra equivalente al 17.53 % del total de la superficie del partido.

Cuadro 3.2. Explotaciones por escala de extensión

Fuente: elaboración propia sobre las cifras de los censos nacionales disponibles en la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (indec).
(a) Incluye explotaciones de hasta 300 hectáreas. La categoría correspondiente indicaba las explotaciones de entre 101 y 300 hectáreas, la siguiente iba desde las 301 a las 500 hectáreas.
(b) Expresa propiedades de hasta 20 hectáreas. La categoría siguiente incluía propiedades de 21 a 40 hectáreas y forma parte de la columna “Hasta 100 ha”.
Nota: en el mismo sentido de lo expuesto en la nota al cuadro 3.1, el censo de 1908 incluye al actual partido de Roque Pérez, y el censo ganadero de 1916 indica cantidades de propiedades, no de propietarios.

De todos modos, los incrementos registrados entre los censos de 1914 y 1947 no son despreciables y acompañan los ejemplos de trayectorias de vida seleccionadas en el apartado anterior. Así, entre 1914 y 1937, los propietarios casi se duplicaron, para subir un 36.17 % en la década que separó esa encuesta de la efectuada en 1947. Por supuesto, con estas fuentes no es posible saber las dimensiones físicas de estas nuevas tenencias. Tampoco se pueden conocer las condiciones del acceso, porque es factible que, entre muchos de los nuevos propietarios, existieran quienes heredaron fincas por efectos de las divisiones de bienes, ya que es obvia la relación directa entre la ampliación del número de propietarios –y el consecuente descenso de los arrendatarios– y la división o liquidación de los grandes latifundios del partido, algo también señalado más arriba.

El censo que permite ver una foto superpuesta de propiedad y extensión de las tenencias es el de 1916, ya que, al tomar como base el registro de propiedad del fichero de la oficina provincial de rentas, confeccionó una escala segmentada de la superficie de las parcelas rurales del partido. Por supuesto, el número total de propiedades no indica el de propietarios, ya que había casos de tenencias múltiples (por caso, ya mostré el de los Sojo), pero igualmente aporta datos interesantes: de las 161 parcelas de entre 1 y 20 hectáreas, 57 eran de menos de 10 hectáreas, y 487 propiedades eran chacras de 20 a 200 hectáreas; 33 estancias se hallaban en el segmento de 1,000 a 2,000 hectáreas; y existían 36 grandes extensiones de más de 2,000 hectáreas (véase el cuadro 3.2). Como se observa, no era todavía un paraíso farmer, pero la cifra de pequeñas y medianas propiedades mostraba un proceso incipiente y temprano de acceso a la tierra.

Otro buen indicador del arribo a la propiedad de sectores nuevos iniciados desde abajo es el número de inmigrantes señalados por los censos como dueños de sus parcelas. En 1908, por ejemplo, 94 italianos y 45 españoles tenían sus propias chacras, condición que alcanzaba además a 100 argentinos. Incluso en las explotaciones ganaderas, donde primaban los nativos, 22 italianos y 10 españoles ya se habían convertido en propietarios. Lamentablemente, este dato no se repitió en los censos siguientes, al informarse nacionalidad de los productores sin discriminar su condición de propietario o arrendatario.

En 1927, Orlando Sanguinetti señaló la existencia de 670 fracciones de campo, 774 chacras y 344 quintas, es decir, un total de 1,788 unidades agropecuarias, una evolución perfectamente compatible con las 1,212 explotaciones de 1914, las cifras de propietarios de ganado de 1916 y los 1,903 productores de 1937. Asimismo, indicó la venta anual de 14,600 hectáreas, por poco más de 3.5 millones de pesos, o sea, a un promedio de casi $240 la hectárea (Pereyra, 2014). En la misma línea, el censo de 1937 mostró que, durante el año anterior a ese relevamiento, en Saladillo hubo 6 ventas de campos de más de 625 hectáreas, por un total de 8,767 hectáreas (a $100 la hectárea), mientras que se transaron 68 compras de lotes de 26 a 625 hectáreas, por un total de 6,500 hectáreas, a $265 cada una. En definitiva, y junto con las ventas de quintas de menos de 25 hectáreas, en el período se habían negociado 129 propiedades rurales, equivalentes a 15,806 hectáreas.

Debe tenerse en cuenta, además, que esa encuesta se llevó a cabo en un período particularmente difícil para la economía en general, y para el sector agropecuario en particular. Aunque en 1937 el precio de los cereales se estaba recuperando (luego de tocar fondo en 1933), fueron años muy malos para los agricultores, pero un poco menos complicados para la ganadería vacuna, lo que empujó a muchos estancieros a decidir su vuelta a la explotación extensiva, a costa de la expulsión de sus inquilinos, favorecida asimismo por que muchos de ellos no tenían contratos firmados, como los 801 del total de 1,072 arrendatarios de Saladillo.

Este cambio de matriz productiva tuvo un peso social muy significativo. Fueron los tiempos de los desalojos compulsivos, durante tantas décadas recordados por la memoria colectiva como parte integrante de la denominada Década Infame, vinculados además al fraude político, la violencia y la injusticia. Eran los años en que el entonces párroco de Saladillo, José Raed, se ganó la devoción de gran parte de la comunidad local y una merecida fama de defensor de los débiles, al oponerse con ahínco a los lanzamientos de las familias chacareras, como en el caso de los arrendatarios del campo de los Díaz Vélez (Pereyra, 2017a; Benítez, 2000: 87).

No obstante, por esas resistencias y otros motivos, también fue la era en que se inició el dictado de leyes y decretos para prolongar los arrendamientos, congelar o retrotraer sus precios y suspender los desalojos de arrendatarios, extendido con variantes durante casi tres decenios más (ver capítulo 1). Ello, junto con las modificaciones de producción y consumo derivadas de la Segunda Guerra Mundial y los cambios políticos ocurridos en Argentina tras la revolución de junio de 1943, puso en marcha un nuevo escenario del mundo rural.

Así, en el censo de 1947, se registró la cifra más alta de explotaciones agropecuarias en la historia local: 2,245. Lo más destacado al descomponer esta cantidad es la impactante suma de pequeñas explotaciones, que representaban casi el 72 % del total, con la preeminencia de las fracciones de entre 26 y 50 hectáreas (376 casos), seguidas por las de entre 11 y 25 hectáreas (318), las parcelas comprendidas entre 51 y 75 hectáreas (299), y los minifundios de menos de 5 hectáreas (263). En el capítulo 5, me detendré en la relación clara de este universo de pequeños productores con el desarrollo de la ganadería porcina y la avicultura.

La postergación de la agricultura frente a la ganadería, al menos hasta 1952, el crecimiento poblacional del área metropolitana y las migraciones que produjo, el aumento del consumo interno de alimentos y la aceleración de la liquidación de los grandes latifundios se vieron reflejados en los datos entregados por el censo agropecuario de 1960. En Saladillo, las propiedades de menos de 5 hectáreas (149) disminuyeron un 43.35 % con respecto a 1947. En cambio, las explotaciones de entre 5 y 25 hectáreas se mantuvieron casi sin variables (365, apenas 13 menos que en 1947), y las comprendidas entre las 25 y las 100 mermaron un 8.17 %. En esta medición se eliminaron las categorías de 25-50 y 50-75 hectáreas, por lo que es imposible saber cómo fueron los movimientos entre esas porciones, pero sí se registró el número de hectáreas totales de cada categoría y gracias a eso se puede establecer un promedio de superficie de 59 hectáreas para las 798 explotaciones de entre 25 y 100, mientras que las 258 parcelas del rango siguiente (hasta 200 hectáreas) presentaban un promedio de 141, con una caída en cantidad del 8 % en comparación con 1947.

En el otro extremo, la gran propiedad disminuía, pero muy lentamente. Si en 1914 existían 69 campos de más de 1,000 hectáreas, con dos estancias de más de 3,000 hectáreas, cuatro de más de 5,000 y otros cuatro de más de 10,000 (el censo ganadero de 1916 daba también esas cifras para las grandes propiedades de más de 5,000 hectáreas), no resultan tan sencillos de interpretar los números del censo de 1937, ya que apenas 19 explotaciones de las 138 calificadas como de “ganadería” poseían más de 1,000 hectáreas, una cifra que no es compatible con los mapas catastrales de Edelberg de 1939. Pero, en la categoría de explotaciones mixtas, se anotaron 26 unidades de más de 625 hectáreas, y, además, hubo 18 establecimientos más cuyo destino productivo no se calificó, lo que elevaría la cantidad definitiva a un número intermedio entre las anteriores 69 y las 40 explotaciones de 1947.^[45]

A su vez, este último relevamiento determinó que en Saladillo ya no existían latifundios de más de 10,000 hectáreas, y solamente había dos estancias con extensiones superiores a las 5,000, mientras que –siempre sobre esa barrera– el censo de 1960 anotó una sola propiedad de 6,800 y otra de 10,150. A pesar de esto, los 12 establecimientos de más de 2,500 hectáreas concentraban todavía 51,733, poco menos del 20 % de la superficie del partido. Poco había cambiado en 1969, cuando las 13 explotaciones de más de 2,500 hectáreas sumaban 50,836, aunque ya no existían propiedades por sobre las 10,000.

Este censo de 1969 mostró también pocas variaciones en las otras categorías, más allá del aumento de 50 explotaciones con respecto a 1960. Por un lado, hubo una recuperación de los minifundios de hasta 5 hectáreas, que se incrementaron para llegar a 164 explotaciones; una ligera baja de los establecimientos de hasta 100 hectáreas, sin que se modificara casi el promedio de las tenencias (58.77 hectáreas); y una suba consistente del rango de más de 100 y hasta 200 hectáreas, cuya cantidad creció hasta las 284 chacras, con un promedio de 137 hectáreas cada una.

Finalmente, el censo agropecuario de 1988 solo trajo malas noticias. El número de explotaciones decreció de forma significativa, para quedar en 1,318 unidades, casi un 40 % menos que en 1969, y una baja del 18.25 % con respecto a los resultados del empadronamiento de 1974. La cantidad de minifundios de hasta 25 hectáreas se desplomó desde las 525 de 1969 a 209 (poco más del 60 %), pero las explotaciones de menor tamaño (hasta 5 hectáreas) casi desaparecieron del radar. De hecho, el relevamiento no consignó cantidades, sino que su total ocupaba 99.4 hectáreas, aunque puede suponerse que las 38 explotaciones sin determinar debían estar en esa columna. Las chacras de hasta 100 hectáreas –que comprendían 261 de entre 25 y 50 hectáreas, y 360 de 50 a 100– cayeron un 20.07 %, y se perdieron 53 parcelas del grupo de 100 a 200 hectáreas, es decir, una baja del 18.66 %. Incluso el lote de campos de entre 200 y 1,000, que fue el más resistente a los efectos de la crisis, tuvo una importante disminución al dejar en el camino a 43 explotaciones (un 12.27 %).

Hasta la gran propiedad con tenencias superiores a las 1,000 hectáreas sufrió las vicisitudes de esos tiempos turbulentos, al reducirse las 34 explotaciones de 1969 a 26 (un 23.53 %), al tiempo que la superficie controlada por estos terratenientes se contrajo hasta las 41,614 hectáreas, cuando en 1969 sumaban 81,271 hectáreas. Además, y teniendo en cuenta que este recorrido empezó hablando de estancias gigantescas, el censo de 1988 entregó un dato lapidario: las últimas dos columnas de la escala, destinada a explotaciones de entre 2,500 y 5,000 hectáreas y de más de 5,000, estaban marcadas con una raya. Un signo mínimo, casi imperceptible, que borraba de cuajo los 150 años de la historia terrateniente de Saladillo y, con ello, marcaba la desaparición definitiva de un grupo de clanes y apellidos. Aquellos con mayor suerte en la consideración de la memoria local apenas se perpetúan en los nombres de un puñado de calles del casco urbano.