Cooperativas de comunicación audiovisual del Gran Buenos Aires Sur

Leandro González de León^[1]

Introducción

Este capítulo tiene por objetivo describir la relación de las cooperativas de trabajo con el campo de la comunicación comunitaria, así como analizar los procesos de producción audiovisual en organizaciones del Gran Buenos Aires Sur de la provincia de Buenos Aires. A tal fin consideramos los casos de las cooperativas El Maizal y Mil Volando.

Concebimos a las cooperativas de comunicación como organizaciones que expresan alternativas tanto en aspectos socio-económicos como simbólicos y culturales. Su inserción en el campo de la economía social, que tiene como horizonte general la superación de la relación patrón-empleado, se vale de instrumentos jurídicos y dinámicas organizacionales que hacen posible la autogestión del trabajo. Por otra parte, al tratarse de productoras audiovisuales pequeñas, surgidas al margen del sistema hegemónico de medios de comunicación, generan posibilidades expresivas para comunidades y ciudadanos subrepresentados, estigmatizados o invisibilizados en los modelos de representación dominantes. El ejercicio del derecho humano a la comunicación, esencial para la vida democrática, necesita de una pluralidad de medios tanto para informarse como para expresarse e interactuar con otras comunidades y con el Estado.

El marco ofrecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), así como por los programas de inclusión digital, generaron condiciones para que las productoras audiovisuales comunitarias emerjan como un actor de resistencia a los medios hegemónicos, haciendo del dispositivo cinematográfico “un productor de subjetividades sociales emancipadas” (Molfetta, 2017), que posibilite modos de expresión disidentes y procesos de singularización en las comunidades (Guattari y Rolnik, 2013, p.94).

Describiremos el proceso de trabajo de las cooperativas audiovisuales del Gran Buenos Aires Sur, desde su fundación hasta el presente, su vinculación con otras organizaciones en red, el modo en que conciben su propia práctica y cómo la exponen a través de sus medios de comunicación institucionales y del relato de sus miembros en entrevistas que realizamos como parte de la presente investigación.

Principios cooperativos

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la cooperativa es una “asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática” (2002, p.2)

Las ideas cooperativistas se popularizaron a mediados del siglo XIX, en búsqueda de la superación de la relación patrón-empleado, estableciendo un modelo de organización en el que sus miembros participen de la toma de decisiones, así como del reparto de los excedentes. Aunque se registran experiencias previas, la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844, fue tradicionalmente considerada la primera cooperativa del mundo contemporáneo. Los trabajadores de Rochdale establecieron los llamados Principios Cooperativos, que rigen la gestión cooperativa. La Alianza Cooperativa Internacional (ICA), fundada en 1895, ha sostenido y actualizado estos principios, que son:

1. Asociación voluntaria y abierta.

2. Control democrático de los miembros.

3. Participación económica de los socios.

4. Autonomía e independencia.

5. Educación, formación e información.

6. Cooperación entre cooperativas.

7. Sentimiento de comunidad (ICA, 2017).

En la Argentina, la primera cooperativa fue El Hogar Obrero, creada en 1905 por el dirigente socialista Juan B. Justo. La acción del cooperativismo argentino tuvo una enorme relevancia en tiempos en los que no existía legislación laboral para los trabajadores y, a través del siglo, algunas cooperativas se erigieron entre los principales actores económicos del país. La caída de El Hogar Obrero en 1991 —que había llegado a tener 2 millones de socios, 300 supermercados y 13.500 empleados— coincidió con la instauración de un modelo neoliberal, en el que los actores de la economía social no volverían a tener esa importancia a nivel nacional^[2].

Las cooperativas están reguladas por la Ley Nº 20.337/73, donde se las define como “entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”. Según su funcionamiento, la legislación distingue cooperativas de consumo, de crédito, de servicios y de trabajo o producción^[3]. De acuerdo a la Resolución 360/75 INAC, “las cooperativas de trabajo tienen por finalidad brindar ocupación a sus miembros, lo que equivale a decir que el objeto social, cualquiera sea la actividad en que ésta consista, deba realizarse por medio del trabajo personal de aquéllos”. Los socios aportan su trabajo de forma asociativa, no obteniendo a cambio un salario, sino un porcentaje de los excedentes repartibles.

Cooperativismo y precariado

Si en la sociedad en la que se formaron las primeras cooperativas la principal demanda era combatir la explotación laboral, crecientemente se ha valorado la importancia de las cooperativas en la generación y mantenimiento de puestos de trabajo. En el marco de la globalización, las transformaciones en los procesos productivos, el avance tecnológico y los cambios en la legislación laboral han modificado dramáticamente los mercados de trabajo. El mantenimiento del empleo ha sido afectado por las políticas monetarias, fiscales y sociales de corte neoliberal impulsadas por los principales actores de la economía, haciendo de la desocupación y el empleo precario un problema a escala planetaria. La principal demanda no sería ya mejorar la calidad y la remuneración del empleo, sino meramente generarlo (Camilletti et al., 2005, p.34). La OIT señala que el rol de las cooperativas es clave en la creación de empleo y en la “más completa participación de la población en el desarrollo económico y social” (2002, p.6).

En términos de Standing, el contexto en el que surgen las sociedades cooperativas se correspondía con las necesidades del proletariado, mientras que en la actualidad estas organizaciones representan alternativas para el precariado.

A diferencia de lo que es común en el proletariado, el precariado tiene un empleo inseguro, inestable, cambiando frecuentemente de un empleo a otro (…), una pérdida de control sobre el propio tiempo y sobre el desarrollo y uso de sus capacidades propias (Standing, 2014, p.8).

Standing —aunque contrario a las políticas de promoción del empleo^[4]— ve también en las cooperativas una forma de organización tendiente a mejorar las condiciones de vida del precariado (2013, p.265). No para dar “ocupación”, sino para que dispongan de su propio tiempo de trabajo, formación y ocio, en contextos que les permitan establecer relaciones de reciprocidad y colaboración^[5].

Como contracara, la cooperativa es un instrumento jurídico que, al no regirse por las reglas del derecho laboral, puede ser utilizado para promover la precarización. Al respecto, Raffo advierte que en muchas ocasiones, especialmente en el ámbito de la producción audiovisual, se utilizan estas formar jurídicas para ahorrar los costos de protección de los trabajadores. Es el caso de las llamadas “cooperativas en fraude de la ley” —que de diversas formas incumplen con sus obligaciones formales ante el Estado— y de las “cooperativas cautivas”—cuya actividad se limita a trabajar para una única sociedad comercial, de la que depende para existir (Raffo, 2017, p.402). La cooperativa debe poder probar la participación de sus trabajadores en carácter de socios, tanto en la toma de decisiones como en el reparto de excedentes. Si la relación de los trabajadores con la cooperativa es una mera formalidad sin voz ni voto efectivo en asamblea o si percibe un pago fijo para la tarea que realiza, se trata de una relación de dependencia encubierta y no de un acto cooperativo^[6].

En suma, el modo de gestión cooperativo constituye para los trabajadores una alternativa a la gestión de la empresa capitalista, tanto en su dimensión socio-económica como cultural. Ambas dimensiones, acordes a los principios cooperativos, son necesarias para que la sociedad cooperativa tenga un desarrollo genuino, aún estando inserto en un sistema económico hegemónicamente capitalista.

Al respecto, Raffo (2017) observa:

Los beneficios prometidos por el movimiento cooperativo han sido rigurosamente ciertos: lo que resultaba utópico era pensar que mediante la proliferación de cooperativas se superarían las injusticias y las inequidades de un modo de producción que toma todas sus decisiones orientado por la lógica empresarial, que lleva a buscar, por diferentes caminos, la maximización del lucro (p.403).

Derecho a la comunicación

A contrapelo de las corrientes que ven en la comunicación un fenómeno relativamente reciente en la historia —anclado en la innovación tecnológica y el avance de los medios masivos— entendemos a la comunicación como una dimensión de las relaciones humanas. La capacidad humana para comunicarse —la adquisición y el desarrollo de un lenguaje— es constitutiva de la vida en sociedad. Llamamos comunidad al modo en que se manifiesta la relación entre seres racionales. Tal como sostiene Pasquali (2007), las relaciones de comunicación convierten la co-presencia en convivencia y hacen del otro un prójimo. “Sin comunicación no hay comunidad posible” (p.49).

Una descripción del sistema de comunicaciones de una comunidad es una forma de caracterizar a la comunidad misma: su identidad, su sistema de valores, su memoria colectiva. Por lo tanto, el control de los sistemas de comunicaciones por parte de las élites es una de las formas más eficaces de control social (Pasquali, 2007, p.95). El libre ejercicio de la comunicación es un derecho humano, que es necesario garantizar y ampliar en las sociedades democráticas.

Cada comunidad que ejerce el derecho a comunicar configura una representación, es decir, un sentido colectivo para la comprensión de los valores, las normas, las conductas, las tradiciones, los rituales y los hábitos que la hacen una cultura particular y distinta, inconfundible para sus propios miembros y para otras culturas” (Gumucio Dagron, 2015, p.468).

Una comunidad que no dispone de los recursos y las condiciones necesarias para el ejercicio de este derecho se ve empobrecida en términos relacionales e inevitablemente comienza a ser comunicada/narrada por otros. La desigualdad comunicacional es otro aspecto de las relaciones de dependencia y opresión económica, política y social.

El proyecto de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, plasmado en el Informe McBride (UNESCO, 1980) aspiraba a reducir el desequilibrio comunicacional, limitando la concentración, promoviendo la diversidad de medios de comunicación, especialmente en los países del tercer mundo. El informe marcó un hito en los estudios del área, así como un punto altísimo de las luchas por la democratización, pero no tuvo consecuencias en los sistemas comunicacionales, aún concentrados^[7].

La tradición liberal ha rendido culto a la “libertad de expresión” y al “acceso a la información” como pilares en el ejercicio de la comunicación. Estos derechos —por cierto, indiscutibles— resultan insuficientes para aproximarnos a una comunicación efectivamente democrática.

La UNESCO estableció como indicadores fundamentales del grado de democratización al acceso y a la participación (1977). El acceso comprende dos niveles, la elección y la retroacción. La elección implica que los ciudadanos puedan elegir entre diversas fuentes de comunicación, esto es, que exista un entramado de soportes disponibles diversos para los usuarios. Aunque parezca elemental, el acceso a fuentes de información diversas no está garantizado en la Argentina, donde el servicio de televisión abierta, por ejemplo, no ha tenido nunca alcance en todo el territorio nacional^[8]. Por otra parte, la posibilidad de elección requiere no solo más opciones en términos de cantidad, sino en relación al tipo de contenidos que se ofrecen. Un sistema de medios competitivo tiende a estandarizar la oferta con vistas a captar una audiencia masiva y a desatender demandas de las minorías —adultos mayores, poblaciones que no hablan las lenguas oficiales, entre otras—, que necesitan una programación complementaria.

La retroacción (feedback) se refiere a la posibilidad de interacción entre emisores y receptores de contenido. Las intervenciones del público en las transmisiones de los programas constituyen una forma de acceso, aunque siempre enmarcada en las reglas del emisor, la presencia pasiva de personas del público en paneles, juegos o breves entrevistas. Tomado textualmente, el derecho a ser filmado formulado en 1930 por Walter Benjamin (2017, p.87), puede considerarse una forma de retroacción^[9]. Pero si, como afirma Benjamin en otro pasaje, las personas no ofician de intérpretes sino de gente que se auto-expone en su proceso de trabajo (2017, p.90), estarían demandando niveles de participación: ya no ser filmados, sino filmar(se).

La relación entre acceso y participación no es necesariamente causal ni complementaria. Es evidente que el acceso es condición necesaria para la participación, pero en muchos casos ponderar el acceso se convierte en un obstáculo. Es un lugar común de los gobiernos impulsar políticas de mejoras en materia de comunicación ampliando únicamente el acceso^[10]. Tampoco sucede que la sobreabundancia de medios de acceso equivale a “más comunicación”, sino que tiende a suceder lo contrario: se inhibe la voluntad participativa de los receptores (Pasquali, 2007, p.74).

Llamamos participación “a la presencia activa de personas o representantes de distintos sectores políticos, culturales o sociales, con capacidad de definir reglas, formatos y/o grillas de programación en medios de comunicación social de gestión estatal, pública o privada” (Rossi, 2016, p.11). Comprende tres niveles: la intervención en la producción de mensajes, oportunidades irrestrictas de producir contenidos y asistencia técnica; intervención en la toma de decisiones tanto en la programación, así como en la gestión de organizaciones dedicadas a la comunicación; y la formulación de planes y políticas de comunicación (UNESCO, 1977, p.4).

En la Argentina, los medios de comunicación que participaron desde 2004 de la Coalición por una Comunicación Democrática^[11] representan un ejemplo de participación. En muchos casos se trata de medios que producen contenidos de forma comunitaria y autogestiva, articulados en red con otras organizaciones, que participaron de la formulación de políticas que alcanzaron la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009). Las demandas de la Coalición apuntan a la regulación del sistema de acuerdo a principios democráticos y plurales, pero más allá del alcance que ha tenido a nivel legislativo, la actividad de estas organizaciones ya constituye per se un hecho democrático.

Tal como afirma Pasquali (2007):

Un modesto fenómeno participativo, como una pequeña estación de televisión local, libremente administrada por la comunidad, haría lo que ninguna sobredosis de acceso logrará jamás: mejorar la relacionalidad y generar una participación y comunicación genuinas (p.74).

Los medios de comunicación comunitarios, así como las organizaciones que los nuclean, resultan imprescindibles para que las comunidades se realicen. En la medida en que cada comunidad se apropie de las tecnologías de la comunicación y organice sus propios medios, tendrá lugar un creciente empoderamiento social.

El fortalecimiento organizativo, la recuperación de la memoria y de la identidad colectiva y, en última instancia, el crecimiento de la vida democrática son los verdaderos resultados del proceso comunicacional (Gumucio Dagron, 2015, p.459).

Reconocimiento y redistribución

Los casos que analizamos transitan dos caminos potencialmente transformadores: la gestión cooperativa, como una alternativa al modo de producción capitalista; la comunicación popular/comunitaria/alternativa, como espacios diferenciados de los medios de comunicación hegemónicos. Nos resulta rico analizarlo a la luz del dilema redistribución/reconocimiento, tal como lo plantea Nancy Fraser (1995).

La autora distingue analíticamente dos formas de injusticia:

• La injusticia socioeconómica, anclada en la estructura económica y política de la sociedad. La explotación laboral, el desempleo y la privación material son sus manifestaciones más evidentes.
• La injusticia cultural y simbólica, arraigada en los modelos sociales de representación. Distintas expresiones de la dominación cultural, como la falta de reconocimiento (invisibilidad) y la falta de respeto (etiquetamiento, discriminación) constituyen formas de injusticia simbólica.

Desde ya, ambas formas de la injusticia son inseparables en la práctica, pero la distinción analítica permite comprender las acciones de distintos grupos en pos de mejorar sus condiciones de vida. La solución para la injusticia económica tendrá lugar en alguna reestructuración política y económica, que Fraser denomina genéricamente redistribución. La injusticia cultural se reduce mediante cambios culturales en los que se reconozcan y valoren positivamente a los grupos segregados o, más profundamente, se transformen los modelos de representación. Estas transformaciones, consideradas ampliamente, son denominadas reconocimiento^[12].

Siguiendo esta distinción analítica, la clase obrera marxista (por ejemplo, los trabajadores de Rochdale) puede considerarse un caso extremo de injusticia económica. Una redistribución económica puede reducir los márgenes de injusticia en el que viven y precisamente ese es el eje de sus demandas. Por otra parte, las comunidades gay o lesbiana ven vulnerados sus derechos de expresión, sufren estigmatización, etc., de un modo que solo puede combatirse mediante el cambio cultural. Se trata de un problema de reconocimiento, no derivado de la estructura económica sino de los modelos de representación.

Existe un tercer grupo, que Fraser llama comunidades bivalentes (1995), que necesitan ambas soluciones, ya que padecen tanto subordinación económica como cultural. De forma paradigmática, el género y la raza son comunidades bivalentes. Tanto el género como la raza se asemejan a la clase, en la medida en que son factores determinantes en la división del trabajo capitalista. Al mismo tiempo, en el campo cultural, “lo femenino”, “lo negro” son representados con devaluación y desprecio. Los procesos para combatir ambas formas de la injusticia no siempre confluyen: si ser “negro” fuera únicamente una condición socio-económica, en un mundo más justo esta distinción tendería a desaparecer. Pero en el campo cultural, la situación es inversa: se hace necesario un proceso de reconocimiento y de valoración de la diversidad.

Las cooperativas de comunicación del Gran Buenos Aires Sur accionan en ambos sentidos: las integran jóvenes, mujeres, gays, migrantes, habitantes de la periferia, que ejercen el derecho a la comunicación desde espacios comunitarios, sumando voces marginadas de los medios de comunicación hegemónicos (reconocimiento), a la vez que se proponen organizar su propio trabajo con los instrumentos de la economía social (redistribución).

El Maizal

Somos una cooperativa de trabajo. Nos dedicamos a la producción de contenidos comunicacionales tanto gráficos, audiovisuales como radiales. Somos un grupo de profesionales que se caracteriza por el trabajo en equipo, siempre buscando dejar una impronta creativa y de calidad en nuestras realizaciones audiovisuales. Nos formamos como grupo cooperativo a partir de nuestras distintas experiencias vinculadas con la comunicación y la producción de contenidos.
A lo largo de nuestra historia, hemos realizado ficciones, documentales y videoclips, desarrollando integralmente cada producto. Desde la gestación de la idea, al guión, la realización y la edición. Somos participantes activos en diferentes espacios sociales y culturales que enriquecen de un modo práctico, nuestra formación y especialización en las distintas áreas de la actividad (El Maizal, 2015).

La Cooperativa de Trabajo El Maizal Producciones Ltda. (en adelante, EM) fue fundada por un grupo de estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, que en 2010 participaba de un voluntariado universitario de alfabetización popular en el frigorífico de Máximo Paz, una cooperativa local^[13]. Los trabajadores de la cooperativa introdujeron a los estudiantes en su modelo de gestión y los alentaron a organizarse.

En 2011, los miembros de lo que sería EM iniciaron los trámites ante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)^[14] y, de acuerdo a su propio relato, fue un proceso arduo, que ellos atribuyen a sus escasos “contactos” en el ámbito de la política.

Así lo recuerda C. (2016)^[15]:

Los trámites tardaron millones de años. Es una cosa muy tediosa si no tenés contactos políticos que te ayuden… Nosotros en ese momento no teníamos (y ahora tampoco) ningún contacto que nos podía acelerar el trámite.

También sostienen que el contexto en el que se estaban realizando su evaluación impactó negativamente en la celeridad del registro.

Justo en ese momento fue todo el conflicto con la ley de servicios de producción audiovisual (…) y había mucho conflicto con Clarín. Muchos del gobierno pensaban que las cooperativas que salían eran cooperativas “de Clarín”. Entonces nos entrevistaron pensando que podíamos ser de Clarín… [Una estrategia] de los grupos hegemónicos para poder seguir funcionando como funcionaban (2016).

Las entrevistadas se refieren a los conflictos derivados de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obligaba al Grupo Clarín, el mayor multimedio del país, a adecuarse desprendiéndose de parte de sus medios de comunicación. Se especulaba que el Grupo podía crear cooperativas de comunicación ad hoc como una forma de eludir el cumplimiento de la ley^[16].

Finalmente, EM obtuvo su matrícula en diciembre de 2012. El grupo no tenía actividades regulares en ese momento y tardó varios meses en empezar a funcionar como productora audiovisual. El proyecto que consolidó al grupo fue Verde, un cortometraje de ficción realizado en marzo de 2013. En 2014, la cooperativa presentó un proyecto que le permitió acceder al Programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social^[17]. Con el dinero del subsidio compraron el equipamiento necesario para montar una productora audiovisual. Además de proveer los recursos económicos, el Programa funcionó como un ordenador para la organización interna de la Cooperativa y les otorgó visibilidad.

D: Cuando nos dijeron que había salido, medio que entramos en shock y no sabíamos bien cómo nos íbamos a organizar, porque era muchísima plata… Ahí fue como… “bueno, hay que organizarse en serio”.

C: Estos son recursos que nos da el estado para organizarnos. Después de eso tuvimos un montón de repercusiones dentro del ministerio, (…) nos decían que éramos una de las cooperativas modelo del Manos a la Obra… Habíamos podido resolver nuestro trabajo. Nos vinieron a entrevistar desde el Ministerio, desde la Universidad de La Plata… (2016).

La relación con el Ministerio de Desarrollo social continuó durante el año 2015, en el que EM realizó una serie de piezas audiovisuales sobre el Programa Argentina Trabaja.

Se monitoreaba y registraba una serie de cooperativas que se eligieron para trabajar en un proyecto que partía desde el Argentina Trabaja pero buscaba salirse del programa. O sea que con proyectos propios de la cooperativa puedan hacer un proyecto productivo que funcione por fuera del programa. Hacíamos el registro de las capacitaciones y el registro de las cooperativas.

La experiencia representó para EM un requerimiento sostenido de trabajo audiovisual que se extendió un año y medio, a la vez que les permitió conocer las realidades de cooperativas de otros rubros y latitudes.

C: Las cooperativas se encontraban para charlar sobre el reglamento interno de la cooperativa. Primero se hacía como un gran encuentro entre todas las cooperativas para ver qué problemáticas tenían y después trabajaban en grupos. B: Los problemas que teníamos los tenía mucha gente… Si nosotros no teníamos ese trabajo tal vez no íbamos a ver y nos frustraba un poco. A: Quizás no dimensionábamos que eran comunes a todos (2016).

De acuerdo a su propio relato, la cooperativa EM piensa su desarrollo en etapas: su constitución formal como cooperativa; la consolidación de la productora audiovisual; y en tercer lugar, en 2015, la creación del espacio El Choclo Cultural, centro de actividades artísticas y comunitarias situado en Berazategui. A un año de su inauguración, la Confederación General de las Cooperativas de Trabajo lo consideraba “un punto de referencia en la zona para la comunidad que encuentra allí un lugar de intercambio, de expresión y de contacto permanente” (CNCT, 2016).

El cambio de gobierno implicó el fin de la articulación con el Ministerio. La estrategia de EM ha sido, durante el año 2016, orientarse a la captación de clientes del ámbito privado. Viven este cambio como una necesidad y un desafío, aunque también transitan una contradicción en términos identitarios:

D: Cuando nos cambió un poco el panorama y empezamos a buscar clientes, nos cuesta un montón decir ‘hola, somos una empresa de comunicación’, porque nos autodefinimos como cooperativa. (…) Tenemos que entender que a muchos clientes no les importa. A: Sí, de diez clientes, debe haber uno que nos elige por ser cooperativa. Estamos trabajando en una campaña de comunicación en la cual resaltamos que somos cooperativa. Decimos “elegí trabajar con cooperativas” y promocionamos otras cooperativas, por más que sean del mismo rubro. Porque no las vemos como competencia, entendemos que hay trabajo para todos. Obviamente que necesitamos trabajar y nos importan cuánto trabajo tengamos o no, pero también nos parece enriquecedor trabajar con otras cooperativas (2016).

Tanto en el relato de sus miembros como en sus medios de comunicación, los valores de cooperativismo aparecen con más frecuencia que su identidad local o sus vínculos con la comunidad.

EM representa para sus integrantes una forma de gestión horizontal. Sus valores cooperativos se extienden también a muchos de los contenidos que producen, así como en su participación en redes. En segundo término, es una oportunidad de trabajo profesional en su propio territorio. Oriundos de la ciudad de Berazategui, habiéndose formado algunos de ellos en la vecina localidad de Quilmes, los comunicadores de EM articulan con muchos otros actores culturales del Gran Buenos Aires Sur:

C: Participamos de muchas experiencias en el Nodo Conurbano Sudeste, un proyecto que surgió del Ministerio de Planificación, de muchas universidades, la Universidad de Quilmes, la Jauretche y Avellaneda (…). Trabajamos con Despierta Voces, que son casi todos profesores de la Universidad de Quilmes, de la Tecnicatura en Economía Social. Después trabajamos con una organización de artistas de Florencio Varela, con canales de Florencio Varela, con productores independientes que no estaban agrupados en asociaciones ni en cooperativas, con unas chicas que son de Quilmes que se llaman ‘El ojo y la oreja’ (…) (2016).

No obstante, no es tan evidente en EM la representación de la cultura local^[18]. Berazategui o el Gran Buenos Aires Sur no se mencionan en las descripciones de su sitio web y redes sociales, ni aparecen tematizados en la mayoría de sus producciones.

En relación a lo comunitario, expresan sentimientos encontrados, frecuentes en el campo de la comunicación popular, comunitaria y alternativa (Peruzzo, 2015).

C: Me parecen valiosísimas las experiencias comunitarias, desde el teatro comunitario, los centros culturales comunitarios, pero nosotros al ser una empresa nos salimos un poco de eso. Si bien toda nuestra impronta audiovisual tiene que ver con el Conurbano, con pensar audiovisuales propios de acá, que no tengan que ver tanto con Capital, seguimos siendo una empresa que tiene necesidad de vivir. Entonces a veces nos encontramos con un montón de proyectos que son geniales y que nos encantaría hacer pero que los dejamos relegados a los que tenemos que hacer para vivir, eso nos pasa un poco. Ponele nosotros tenemos un proyecto de un festival de cine comunitario que queremos armar hace un montón, pero nunca lo pudimos hacer porque la organización de eso siempre queda relegada a otras cosas. (2016)

En este comentario, presentan el conflicto entre la búsqueda de rentabilidad e inserción profesional, y la necesidad de llevar adelante acciones transformadoras en el campo social y cultural. Al autorepresentarse como trabajadoras de la comunicación y hacer de su organización una fuente de trabajo rentado en su propio territorio, se distancian de otras organizaciones sin fines de lucro^[19], motivadas por objetivos sociales y culturales. Bajo una concepción puramente culturalista de lo comunitario, no se consideran parte de ese campo por haber priorizado acciones que persiguen, en términos de Fraser (1995), la redistribución antes que el reconocimiento. Perciben las necesidades económicas y culturales como campos diferenciados en la práctica, ante los que deben optar^[20].

Algunos autores (Peruzzo, 2015) coinciden en que el lucro no tiene lugar en las experiencias de comunicación comunitaria, basado en principios públicos para ampliar la ciudadanía. Nuestra posición es que —siguiendo a Gumucio Dagron (2014) — las fronteras de lo comunitario no están claramente definidas, ni pueden estarlo (p.32) y podemos hablar de comunicación comunitaria en la medida en “que involucra y promueve la apropiación de los procesos de producción y difusión por parte de la comunidad” (p.24), un camino que EM indudablemente ha transitado. El trabajo de la cultura genera tanto capital económico como “capital cognitivo y simbólico (…) generando efectos organizacionales y políticos transformadores” (Molfetta, 2015).

EM ha accionado para asegurarse los recursos económicos de base, con un modelo de gestión cooperativo, y es en este campo, el del trabajo, donde representa una propuesta alternativa de comunicación.

Mil Volando

Somos una cooperativa de trabajo cuyo objetivo es abrir un espacio de difusión a las problemáticas sociales. Creemos en la acción comunitaria, el compañerismo y la horizontalidad. Nuestras temáticas aportan una mirada crítica sobre los hechos que nos atañen como individuos en esta sociedad haciendo ver que, con creatividad y trabajo, la producción audiovisual independiente puede ser una alternativa a los medios hegemónicos (Mil Volando, s.f).

Mil Volando (MV) surge en 2012 como proyecto de un grupo de estudiantes de cine del Instituto Universitario Nacional del Arte^[21], cuyo objetivo era realizar grupalmente proyectos audiovisuales. Sus integrantes participaron de la formación de la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), que nuclea organizaciones sin fines de lucro, que al amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podían acceder al 33% del espectro radioeléctrico. Colegas de la red y de la Cooperativa Argentina Multicolor los introdujeron en el modelo de gestión cooperativo y en los saberes necesarios para obtener la personería jurídica. El objetivo de corto plazo era poder concursar para acceder al FOMECA^[22]. Obtuvieron la matrícula en diciembre de 2014. Antes de obtenerla, con el apoyo de otras cooperativas de trabajo, como la Escuela Mundo Nuevo^[23], y de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), MV ya pudo funcionar de hecho como una productora audiovisual, donde la mirada cooperativa estaba tanto en su red de relaciones como en los contenidos que producían.

En la serie “Cápsulas” se rescatan experiencias de otras organizaciones comunitarias como FM La Tribu^[24] y Eloísa Cartonera^[25]. En colaboración con la Escuela Mundo Nuevo, realizaron spot sobre los derechos de los niños. También realizaron cortos de ficción y videoclips.

El nombre proviene de un dicho popular^[26]:

Más vale pájaro en mano, que cien volando… Más vale pájaro en mano es asegurarte algo, irte por lo seguro, es transar en un montón de cosas y nosotros decidimos ser los cien… Incluso más, los mil (2016).

La cooperativa es para los miembros de MV un instrumento para organizarse y financiar su trabajo, así como para articular con otras organizaciones en red. Pero también, desde un primer momento, como un espacio de expresión y reconocimiento.

Nosotros somos personas de la clase baja en Chile, siempre vimos que nuestros padres y nuestras madres eran empleadas domésticas, trabajadores de la construcción, de la fábrica… Entonces hoy tenemos un emprendimiento, que fuera de la lógica de la pyme, que está más cercana al capitalismo, nos permite esta forma amable de construcción, de hacer una puesta en valor de nuestras miradas, porque de fondo es eso. Las cooperativas y las construcciones que nosotros hacemos a través de nuestra productora, son formas de poner en público a la comunidad las cosas que nosotros pensamos, las formas de cómo nosotros las vemos, como emigrantes, como putos, como transexuales, como sudacas (2016).

Como jóvenes, migrantes y habitantes del Gran Buenos Aires Sur, los miembros de MV otorgan un lugar central a la visibilización de su(s) comunidad(es) y al cuestionamiento de los modelos de representación. La articulación de MV con la banda de cumbia Sudor Marika es especialmente rica por sus acciones en función del reconocimiento. Se trata de una banda que se autodenomina militante de género y su propuesta consiste en reapropiarse de la cumbia, un género de amplia difusión en las clases populares argentinas, a la vez que históricamente androcéntrico y heteronormativo. Los videoclips que MV realizó para la banda presentan cuerpos sexual y étnicamente diversos, con la localidad de Dock Sud como escenario, diferenciándose también de la cuidada estética gay de las clases medias y altas de la Ciudad de Buenos Aires. En sus declaraciones, MV polariza con la Ciudad y con los medios de comunicación hegemónicos, pero a su vez hacen referencia a conflictos que el trabajo ha suscitado en su propio barrio:

Tenía como intención jugar con la marginalidad, de lo marginal que es ser puto, trans, lesbiana y lo marginal que es ser de Dock Sud… Sudor Marika milita también esta idea de que somos de Dock Sud (2016).

Tematizar la diversidad sexual ligada a la identidad de Dock Sud, generó hostilidad hacia MV por parte de grupos locales. Algunos vecinos de la localidad de Dock Sud —históricamente masculina, obrera, futbolera— vieron en estos productos un ataque a su identidad barrial. MV menciona reiteradamente el “riesgo” que implica su tarea de comunicadores, en principio referido a la incertidumbre económica, pero también a casos en los que exponer problemáticas y cuestionar los modelos de representación dominantes da lugar a disputas simbólicas con distintos actores de la comunidad.

Tanto en sus medios de comunicación institucionales, como en la entrevista que brindaron para esta investigación, los miembros de MV destacaron la fuerte impronta militante de su trabajo en comunicación, su intención de visibilizar problemáticas de grupos marginados y su identificación política pero también estética con el Conurbano sur, sus paisajes y su gente.

Participación en red

Tanto EM como MV participan de la Red Colmena, que nuclea a las cooperativas de la CNCT dedicadas a la comunicación. El trabajo con la red les ha permitido involucrarse en diversos proyectos que tienen a las necesidades de las organizaciones de la economía social como motor. También ha sido un espacio formativo, de contención afectiva y económica.

En materia de comunicación, al haberse constituido como cooperativas y acceder a programas de fomento estatal, EM y MV alcanzaron el primer nivel de participación, el de la producción (UNESCO, 1977). También se reservan para sí la toma de decisiones sobre su trabajo. Pero las posibilidades de ampliar aún más la participación son restringidas.

La disolución de AFSCA y la creación de ENACOM (Decreto 267/15), marcó un notable cambio en los objetivos que el Estado se propone en relación al acceso y participación de la comunicación. La Ley 26.522, en el derogado artículo 12, establecía entre las misiones de AFSCA “promover la participación de los servicios de comunicación audiovisual en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento” (inc. 5), así como la “promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación” (inc. 10). ENACOM, en cambio, se inclina claramente por el acceso, comprometiéndose a “promover la plena inclusión digital, facilitando a toda la población el acceso a las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” así como “resguardando la debida defensa de los usuarios y fomentando la prestación de servicios con altos estándares” (ENACOM, s.f). La marcada impronta técnica, así como la denominación de los ciudadanos como usuarios, establece desde su creación que el organismo tiene como único horizonte lo que en términos de UNESCO es apenas el primer nivel de acceso: que los ciudadanos reciban señales “de calidad” de radiodifusión y telecomunicaciones en el territorio nacional.

Este cambio paradigmático no solo tuvo consecuencias para las cooperativas de comunicación en su posibilidad de diálogo y articulación con el estado, sino que también los afectó de forma directa en sus recursos. Al momento de realizar las entrevistas (mayo y junio de 2016), EM y MV no habían recibido el dinero del FOMECA, pese a haber ganado los concursos durante el año anterior. Los concursos del FOMECA continuaron funcionando en la órbita de ENACOM, pero los pagos fueron interrumpidos alegando irregularidades en su adjudicación.

La comunicación ya no es concebida por el Gobierno como un derecho, sino como un servicio. Son las organizaciones, articuladas en redes, las que pueden accionar en pos de una comunicación más democrática, ampliando los niveles de participación.

Conclusiones

En la experiencia del audiovisual comunitario consideramos su potencial transformador en dos dimensiones: la socio-económica y la simbólico-cultural. La sociedad cooperativa es una alternativa a la sociedad empresarial capitalista y tiene entre sus objetivos reducir los márgenes de injusticia socio-económica, en un proceso que llamamos redistribución (Fraser, 1995).

Por otra parte, los medios de comunicación popular, alternativa o comunitaria, resultan imprescindibles para dar voz a los sectores marginados de los medios hegemónicos. Dar voz es conceder espacio a la expresión del propio imaginario, a modelos de representación distintos de los dominantes, en un proceso que llamamos reconocimiento (Fraser, 1995). El reconocimiento en el campo de la comunicación requiere instancias de participación (UNESCO, 1977; Rossi, 2016), que no se agotan en la producción de los propios mensajes, sino también en las tomas de decisiones y en el diseño de políticas para el sector.

Las cooperativas de comunicación, en la doble tarea de gestionar el propio trabajo y de visibilizar comunidades, emergen como actores fundamentales en la vida democrática. Tanto El Maizal como Mil Volando han emprendido en los años recientes este camino aunque, debido a diferencias de origen y de concepción, privilegiando distintas dimensiones. Esa impronta se puede leer hasta en los nombres que han elegido: El Maizal, un espacio de trabajo y producción; Mil Volando, un lugar para la multiplicación de los sueños.

El trabajo autogestivo ha dado buenos resultados en términos de reconocimiento: los cooperativistas, entre el desempleo y la precarización, consiguen ocupación, espacios de participación y responsabilidad (Standing, 2013). Es cierto que, insertos en una economía eminentemente capitalista, con un sistema de medios concentrado, no logran sustentar plenamente su tarea y persisten, al interior de sus organizaciones, muchos aspectos de la precarización laboral. No obstante, pese a los disímiles alcances que han tenido estas organizaciones en términos económicos, resultan actores imprescindibles para la democracia.

Por la igualdad y la diversidad, por la necesidad de que las comunidades se organicen, se narren, se representen, serán necesarios más y mejores medios comunitarios, garantes del derecho humano a la comunicación.

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