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Medición de la exclusión social: su relación con la desigualdad y la pobreza

Observaciones para Argentina

María María Ibáñez Martín y Silvia London

Resumen

El término “exclusión social” ha tomado gran relevancia en los estudios académicos y discursos políticos de las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la ambigüedad de su definición y su carácter polisémico han puesto en evidencia la inexistencia de un significado único. Rubio (2002) sostiene que no existe consenso sobre su definición a pesar de la gran utilización del término en el ámbito político, académico e institucional, y de la relativa antigüedad del concepto.

La exclusión y los excluidos son una característica de las sociedades desde que los hombres y mujeres han vivido colectivamente (Estivill, 2003). La relevancia actual, en el análisis económico como en el interés político, proviene de la misma sociedad que genera excluidos: el nivel de tolerancia hacia esta situación y la generación de importantes conflictos sociales colocan este particular resultado en la agenda de investigación económica, social y política.

Bajo el estigma del disenso, la discusión sobre qué es la exclusión social toma diversos matices. Más allá de su definición, es necesario analizar qué dimensiones deben ser contempladas, si se trata de un concepto dicotómico o se permiten una escala de situaciones intermedias, si es un fenómeno social en sí mismo o es un nuevo término para expresar los fenómenos de pobreza, marginalidad, desigualdad y vulnerabilidad, entre otros aspectos sustanciales.

El disenso en los diversos aspectos planteados expone y profundiza la dificultad en la medición de la exclusión, que resulta en la inexistencia de indicadores universalmente utilizados –como sí sucede con otros fenómenos sociales– e implica que los resultados de las políticas que buscan terminar con la exclusión tengan resultados difíciles de evaluar. Sin embargo, Estivill (2003) enfatiza que conocer en qué fase de exclusión se encuentra el colectivo y los diferentes matices es fundamental para la intervención eficaz. La planificación y concreción de políticas con desconocimiento del fenómeno puede conducir a efectos perversos y desviaciones considerables respecto de los objetivos buscados. El resultado de los esfuerzos se ve fuertemente influenciado por el estado de conocimiento del fenómeno social que quiere atacarse.

En este marco de ideas, el trabajo presenta una discusión conceptual en torno a la exclusión social, estableciendo sus diferencias con otros fenómenos sociales. Se realiza una revisión de los indicadores existentes para mensurar el fenómeno, se presenta una discusión en torno a las dimensiones relevantes y se realiza un análisis cuantitativo para Argentina.

Se concluye que, en Argentina, la exclusión social podría estar dominada por ciertas dimensiones, que tienen correlación con dimensiones menos dominantes y conllevan diversos grados de “no inclusión”. El reconocimiento de las dimensiones dominantes y de su relación con el resto es clave al momento de plantear un esquema de políticas. Finalmente, se reconocen las limitaciones del análisis presentado.

Palabras clave

Exclusion social; pobreza; desigualdad.

I. Introducción

Las definiciones del concepto de “exclusión social” son numerosas (Hopenhayn, 2008; Atkinson et al., 2005; Kessler, 2009; entre otros). Según Hopenhayn (2008), la inclusión es la capacidad real de las personas de desarrollarse en la esfera civil, política y ciudadana, implicando el acceso a los bienes, a redes que colaboren con el desarrollo del proyecto de vida y a la participación en las deliberaciones. Por el contrario, la exclusión afecta el comportamiento, la disposición de recursos y/o el acceso a instituciones, lo que genera una proporción de la población que “funciona” dentro de la sociedad con ciertas dificultades.

En el ambiente académico, la adopción del término tuvo reacciones diversas: mientras que un grupo de autores considera que es un eufemismo de conceptos previos y es adoptado como elemento político para evitar temas más severos (Levitas, 1996; Atkinson, 1998), otros lo tratan como un fenómeno en sí mismo que implica la ruptura de lazos sociales (Tonwsend, 1979) y la falta de participación en esferas relevantes para el desarrollo individual y la participación en la vida social (Steinert y Pilgram, 2003)

Debido a la ambigüedad de su definición, suele confundirse con otros fenómenos sociales, como la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad social. Así, se caracteriza a una sociedad desigual, pobre o excluyente, como si implicara las mismas consecuencias en los individuos, los grupos y las sociedades (Ibáñez Martín, 2017). La postura de este trabajo –en función de la revisión conceptual– es que la exclusión social es un fenómeno marcadamente distinto a los anteriormente nombrados. La existencia de una proporción de la población “no incluida” indica la presencia de desigualdad social. Sin embargo, la relación inversa no es cierta: podría existir desigualdad entre los individuos sin que ninguno de ellos esté excluido. Lo mismo puede sostenerse respecto de la pobreza: una persona puede vivir en condición de pobreza sin estar excluida, y viceversa. El concepto de “pobreza” es más acotado que el de “exclusión” (Tezanos, 2001).

La medición de la exclusión presenta serias dificultades, que suelen fundamentarse en sus tres características principales: relatividad, dinamismo y multidimensionalidad. Los antecedentes sobre el avance en la temática son –según nuestro esfuerzo de revisión– escasos. Sin embargo, las medidas permiten dimensionar el fenómeno, pero, sobre todo, encontrar factores de exclusión y saber si en un área específica hay más o menos exclusión social respecto de otras (Quinti, 1999).

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de la ponencia es presentar una discusión conceptual en torno al fenómeno de exclusión social, exponiendo sus diferencias con la desigualdad social y la pobreza. Adicionalmente, se busca presentar (aunque no exhaustivamente) los antecedentes respecto de su medición y un análisis de estadísticas descriptivas para Argentina.

Esta investigación forma parte de la investigación en curso realizada por las autoras, específicamente del cuerpo de la tesis doctoral de una de ellas.

II. Marco teórico/marco conceptual

La definición de “exclusión social” es aún un tema en desarrollo, aunque la exclusión y los excluidos son una característica de las sociedades desde que los hombres han vivido colectivamente (Estivill, 2003).

El surgimiento del término “exclusión social” tuvo diversas reacciones en el ambiente académico. Siguiendo las ideas de García Lizana y Zayas Fuentes (2000), se identifican dos posturas: crítica y positiva. En la primera, se considera que la noción de exclusión social no es más que un eufemismo de conceptos previos como “pobreza”, “vulnerabilidad”, “desempleo” y “marginalidad” (Atkinson, 1998; Révauger, 1997; Oyen, 1997) y, por otra parte, se sostiene que la expresión no es más que un elemento político utilizado en los discursos para evitar otras cuestiones más relevantes (Levitas, 1996, 2000; Kennett, 1999).

En la postura opuesta, se postula que el concepto surge del análisis necesario sobre cómo y por qué el sistema social genera procesos y dinámicas que excluyen en un momento y lugar determinados, siendo su medición algo menos descriptivo que la pobreza (Busso, 2005). Estos autores han dedicado sus esfuerzos a definir y caracterizar el fenómeno (Atkinson, 1998; Burchardt,1998):

  1. Relativo: es en un momento dado del tiempo y en referencia a algo deseable.
  2. Multidimensional: la participación es relevante en dimensiones que superan el consumo y los ingresos. La exclusión se vuelve una cuestión de matices, no una opción binaria.
  3. Dinámico: es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo e implica pasado, presente y futuro.
  4. Agencia: depende de la interacción de los individuos, políticas, etc. La condición de excluido no depende de la persona en sí misma, sino que algo o alguien interviene en el resultado.
  5. Multinivel: la exclusión no es un concepto agregado, sino que puede evaluarse para una persona, un grupo de personas, hogares, comunidades, barrios, regiones, entre otros.

Subirats y otros (2005) mencionan que las características que lo separan de los demás fenómenos sociales son su carácter estructural (ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración, que genera un nuevo sociograma de colectivos excluidos) y politizable (susceptible de ser abordado desde los valores, la acción colectiva, la práctica institucional y las políticas públicas).

La exclusión social es un proceso –no una condición– cuyas fronteras van cambiando en el tiempo y lugar (Castells, 2004).

También existe disenso en las dimensiones que intervienen en el proceso. Un primer conjunto de autores considera la igualdad de incidencia, discrepando en cuáles son las relevantes (Walker, 1997; Bhalla y Lapeyre, 1997). Numerosos trabajos definen la exclusión en función de las actividades o acciones normales de una sociedad, sin especificar a qué se refieren. Burchardt, Le Grand y Piachaud (1998) consideran que un individuo está socialmente excluido si es parte de una sociedad determinada pero, por cuestiones involuntarias, no puede participar en las actividades normales de esta, aunque deseara hacerlo.

Por otro lado, numerosos trabajos identifican una/s esfera/s como determinante/s de la exclusión. Puede considerarse la dimensión laboral dominante (Comisión Europea, 1993, 2000; Nair, 1997; Minujín, 1999; Castells, 2001; Pérez, Sáez y Trujillo, 2002; Jiménez Ramírez, 2008; Subirats et al., 2004; Fundación Encuentro, 2001) y la dimensión institucional (Marshall, 1964; Comisión de las Comunidades Europeas, 1992; Rodgers y Figueiredo, 1994; Berghman, 1995; Lo Vuolo, 1995; Tezanos, 1999; Barnes, 2005; Banco Interamericano de Desarrollo, 2007); otro conjunto de autores sostiene que “la rotura de lazos sociales” es la que determina la situación (Mingione, 1993; Sen, 2000; Atkinson et al., 2005; Rizo López, 2006; BID, 2007; Berkman et al., 2008). Finalmente, un cumulo de trabajos identifica a la educación como la dimensión más relevante (Rama, 1983; Rivero, 1999; LATAS, 2002; Subirats, 2002; Muñoz, 2004; Blanco, 2006; Sarrionandia, 2006; Hopenhayn, 2008; Ramírez, 2008; De la Puente, 2009; Kessler, 2011; Sánchez, 2012; Ibáñez Martín, 2015).

La ambigüedad de su definición y la falta de consenso facilitan la confusión con otros fenómenos sociales, en particular la desigualdad social y la pobreza.

Diversos trabajos definen la desigualdad a partir de la dimensión económica, específicamente la distribución del ingreso. Estos estudios reconocen la pluralidad de esferas que determina el bienestar, sin embargo, consideran innecesario multiplicarlas para evaluar la desigualdad porque todas se relacionan con la inequidad del ingreso como causa explicativa (Kessler, 2014).

Durante la década del 90, la crítica hacia la unidimensionalidad recayó sobre el resto de los conceptos sociales: vulnerabilidad, pobreza, marginalidad y exclusión. Fitoussi y Rosanvallon (1997) mencionan que el espacio de las desigualdades es multidimensional y que a las desigualdades tradicionales –que describen la jerarquía de nivel de ingresos– se les adicionan nuevas generadas en espacios considerados homogéneos en épocas pasadas. Estas nuevas desigualdades son denominadas “dinámicas”, porque provienen de la evolución del sistema y, en la medida que persiste el tiempo, se consideran injustas. Sin embargo, mientras no se legitiman, generan situaciones de exclusión.

Interpretar la desigualdad social como un fenómeno multidimensional implica definir las dimensiones que lo caracterizan. Existe cierto respeto a dimensiones “clásicas”, tales como educación, salud, trabajo y vivienda. Adicionalmente, aparece un cúmulo de dimensiones diversas, como la infraestructura, la territorialidad, el medioambiente, el transporte, el delito, la inseguridad, entre otras. La pluralidad de esferas convierte a la desigualdad en un proceso complejo. La desigualdad tiene causas y consecuencias en cada dimensión, implicando una generación de interrelaciones dinámicas con otros temas –pobreza, marginalidad, vulnerabilidad y exclusión– (Kessler, 2014).

La desigualdad es un concepto relativo, no refiere a la situación de personas/grupos en términos absolutos, sino que es un concepto relacional que puede evaluarse en varios niveles (OEA, 2014).

Una sociedad puede ser desigual, sin que en ella esté presente el estigma de la exclusión social. La existencia de exclusión social implica la desigualdad, pero lo inverso no es cierto. La exclusión refiere a procesos sociales de carácter más general, mientras que la desigualdad permite apreciar cuestiones referidas a grupos vulnerables. Así, vincular ambos conceptos permite transitar de manera fluida entre procesos autorreforzados y excluyentes de personas (grupos) que padecen la desigualdad.

La confusión también se genera entre la exclusión y la pobreza; los individuos pueden estar socialmente excluidos sin indicar algo respecto de su condición de pobreza. “Pueden existir grupos fuertemente integrados aunque cuenten con pocos recursos” (Castel, 1997, p. 13). La pobreza es la expresión de la exclusión, los factores que producen exclusión social no generarán –necesariamente– pobreza, y viceversa (Jiménez Ramírez, 2008). Así, los excluidos pueden no ser pobres y los pobres pueden no ser excluidos. Un ejemplo de esta última situación pueden ser las poblaciones pobres de los países africanos.

Sobol (2005) señala que la exclusión sustituye la tradicional definición de “pobreza”, debido a que esta última no permite describir adecuadamente las causas de la diversidad de formas en las que se manifiesta la privación humana.

Los estudios sobre pobreza proliferaron en la década de los 80, considerando la dimensión de ingresos como determinante esencial de la situación de los hogares e individuos. El enfoque unidimensional soportó diversas críticas y se enfatizó en la necesidad de incorporar la multiplicidad de esferas al estudio del fenómeno.

Desde el enfoque multidimensional, la pobreza recae sobre los individuos que no pueden acceder a las oportunidades disponibles para la media de la población. El término coincide, al menos parcialmente, con el concepto emergente de “exclusión social”. La incorporación de nuevas esferas permite evaluar estados que se traducen en desventajas crónicas y severas (Levitas et al., 2007).

El Banco Interamericano de Desarrollo (2007) concluye que las privaciones materiales son un resultado esperable de la exclusión, pero, sin embargo, constituyen solo una de las dimensiones que afectan a los excluidos. La pobreza es un concepto más acotado que la exclusión social; incorpora privaciones económicas y omite aspectos sociales y de percepción. El concepto de “exclusión social” se convierte en una herramienta extremadamente útil para analizar las situaciones en las que se padece una privación que va más allá de lo económico (Tezanos, 2001). Para Oppenheim (1998), el interés debe posicionarse sobre la exclusión social porque incorpora cuestiones relativas a la autopercepción, la pérdida de estatus, expectativas, acceso institucional, entre otras cuestiones.

El surgimiento del concepto de “exclusión” se nutre principalmente del debate en torno a la definición de “pobreza” (Saraví, 2003). Minujín (1999) afirma que “pobreza” y “exclusión social” no son conceptos que compiten entre sí, sino que, por el contrario, en conjunto enriquecen el análisis social.

A pesar de la complejidad que conlleva la separación de la pobreza multidimensional y la exclusión social, la distinción se explica fundamentalmente en la incorporación de dimensiones no económicas y el aspecto dinámico; la exclusión es un proceso y la pobreza, un estado. El concepto de “exclusión” incorpora la dinámica y el proceso temporal que la pobreza deja de lado; a su vez, la multidimensionalidad incorporada supera la contemplada por el enfoque multidimensional de pobreza (Berghman, 1995). La visión multidimensional los convierte en conceptos complementarios y evita su confusión: no todo pobre es excluido, ni todo excluido es pobre (Rizo López, 2006).

“Pobreza” y “exclusión social” son conceptos que implican fenómenos sociales marcadamente diferentes. Sin embargo, las personas que se sienten excluidas son más vulnerables a caer en una situación de pobreza y permanecer en ella (Gutiérrez, 2007). En este sentido, es relevante identificar las dimensiones que dominan la exclusión en una sociedad para focalizar los esfuerzos y recursos de las políticas públicas. La identificación y medición colaborará en la reducción del número de personas que puedan sucumbir en la pobreza y estén inmersos de manera disfuncional en la sociedad.

III. Metodología

Tal como ha sido mencionado, el estudio de la exclusión social es complejo debido a la diversidad de dimensiones que intervienen en él y a la relatividad que lo define.

La medición del fenómeno es tarea pendiente en el ambiente académico; son diversos los esfuerzos que se realizaron para encontrar una medida de exclusión social. Entre las mediciones internacionales, se destacan “Social exclusion index for Europe and Central Asia” (Peleah, 2016) y “At risk of poverty or social exclusion” (EUROSTAT, 2016). El primero fue construido a partir de la método Alkire-Foster considerando tres dimensiones fundamentales: dimensión económica, servicios públicos y participación civil y política. Cada dimensión está compuesta por ocho indicadores equitativamente ponderados. Este indicador indica que una persona está socialmente excluida si cumple con nueve de las 24 privaciones incorporadas en la dimensión, calculada como el producto entre las privaciones individuales y el porcentaje promedio de privaciones entre los excluidos. Por su parte, AROPE es el indicador que la Unión Europea utiliza para medir la exclusión social, a partir de la consideración de tres dimensiones, definidas como: riesgo de pobreza, privaciones materiales severas o vivir en hogares con baja intensidad laboral. En este caso, se define a un individuo como excluido si cumple con alguna de las tres condiciones mencionadas, siendo el punto débil respecto al tratamiento de la multidimensionalidad. En términos agregados, se calcula como el porcentaje de la población respecto del total (excluyendo mayores de 60).

El tratamiento empírico en Argentina cuenta con diversos antecedentes; sin embargo, en muchos casos se declara como intención la medición de la exclusión social, y en el desarrollo de los trabajos se hablaba de pobreza, vulnerabilidad y exclusión como sinónimos. El trabajo de Con, Susini, Catalá y Quinteros (2011) desarrolla el índice de vulnerabilidad social a partir de los datos del Censo Nacional del 2001, contemplando dos categorías: activos materiales (hacinamiento del hogar, calidad de los materiales de la vivienda y carga de dependencia sobre los perceptores de ingresos) y activos no materiales (acceso al sistema de salud y clima educativo del hogar). En la construcción del indicador, las dimensiones están desigualmente ponderadas y se priorizan las dimensiones laborales. Finalmente, las autoras identifican diversos grados de vulnerabilidad social.

Por su parte, González y Gutiérrez (2017) construyen el indicador de vulnerabilidad y exclusión social. Se toman en cuenta las dimensiones de vivienda, educación y empleo y protección social, mediante seis indicadores equitativamente ponderados. Nuevamente, sobre el final del trabajo se habla del reconocimiento de grados de vulnerabilidad.

Así, a pesar de no ser una revisión exhaustiva, queda en claro que la medición del fenómeno es un aspecto por desarrollar. Si bien no es objetivo de este trabajo desarrollar una medida alternativa, sí lo es la investigación marco de la cual se desprende este.

Dentro de las dificultades de la medición, se encuentra la determinación de esferas que incorporar, que es el punto en el cual el trabajo se focalizará. A partir de una revisión de estadística descriptiva de las dimensiones de las que se disponen datos, se realizará una conclusión preliminar sobre qué características posee el proceso excluyente en el país.

IV. Análisis y discusión de datos

Dentro de las dimensiones relevantes, se destaca la calidad habitacional de los individuos. Las características del hogar, el ambiente en el que viven y cómo este está compuesto son cuestiones fundamentales para entender las posibilidades de las personas y su situación de inclusión o exclusión. Gutiérrez (2017), analizando la Encuesta Permanente de Hogares provista por el INDEC para la última década, concluye que las condiciones han mejorado a lo largo de la última década en todos los indicadores que pueden ser captados a partir del relevamiento mencionado. Sin embargo, si se analiza de manera conjunta a las privaciones, pueden verse dos periodos distinguidos: del 2006 al 2012 las privaciones conjuntas cayeron, mientras que aumentaron en el resto del periodo temporal analizado.

Si bien puede considerarse que ha habido una mejora en términos habitacionales, queda pendiente el cuestionamiento respecto a si estos umbrales captan el dinamismo que caracteriza a la exclusión y si son realmente representativos para la sociedad argentina.

Gráfico 1. Condición habitacional en Argentina

Fuente: Gutiérrez (2017).

Una segunda dimensión relevante es la educación de los individuos. Se analizan las cuestiones de acceso, eficiencia interna y resultados referidas al nivel medio de educación, debido a que existe cierto consenso en considerarlo el umbral necesario para que una persona desarrolle su vida adulta (Formichella, 2014). El 55 % de los individuos mayores de 20 años habitantes del territorio argentino urbano posee título secundario (EPH, 2014).

La tasa neta de escolarización se define como la razón entre los estudiantes que asisten al nivel educativo medio y tienen la edad correspondiente para hacerlo, y el total de individuos que tiene dicha edad, y expresa en qué medida los adolescentes tienen acceso a la educación secundaria. Dicha tasa ronda el 86 % en términos globales, indicando que alrededor de un 15 % de los individuos queda fuera del sistema educativo o se encuentra cursando un nivel inferior al correspondiente. Asimismo, se destaca la brecha (más de 20 puntos) entre quienes son parte de un hogar con clima educativo[1] medio o alto y quienes habitan un hogar de bajo clima educativo.

Por su parte, la tasa de extraedad representa la proporción de alumnos del nivel medio que tienen dos años o más de atraso escolar con relación al total de alumnos de cada grupo de edad. La proporción de extraedad (la media es de 32 %) no es despreciable, y es más severa en los estudiantes que habitan hogares de bajo nivel educativo o bajo nivel de ingresos, aunque la incidencia del clima educativo es más notoria.

A partir de la información recabada, se observa cómo la exclusión puede perdurar y profundizarse a través de la historia de los hogares.

Tabla 1. Tasa neta de escolarización secundaria, tasa de extraedad y porcentaje de jóvenes que no estudian y son económicamente inactivos, según clima educativo del hogar
Clima educativo del hogar Tasa neta de escolarización secundaria Tasa de extraedad respecto al grado en el nivel medio % de adolescentes y jóvenes que no estudian y son económicamente inactivos
Bajo 65,33 % 42,84 % 24,04 %
Medio 86,74 % 39,27 % 15,58 %
Alto 89,29 % 20,78 % 8,53 %

Fuente: elaboración propia con base en SITEAL-EPH 2014.

También se vislumbran diferencias por clima educativo y nivel de ingresos del hogar al analizar lo que sucede con los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo. La problemática de desinserción social en la que se hallan es extrema y afecta en mayor medida a quienes habitan hogares de bajo clima educativo o bajo nivel de ingresos (ver tablas 1 y 2).

Tabla 2. Tasa neta de escolarización secundaria, tasa de extraedad y porcentaje de jóvenes que no estudian y son económicamente inactivos, según nivel de ingresos del hogar
Nivel de ingresos Tasa neta de escolarización secundaria Tasa de extraedad respecto al grado en el nivel medio % de adolescentes y jóvenes que no estudian y son económicamente inactivos
30 % inferior 82,91 % 35,29 % 18,92 %
30 % medio 90,33 % 33,08 % 9,00 %
40 % superior 93,84 % 23,17 % 4,23 %

Fuente: elaboración propia con base en SITEAL-EPH 2014.

La salud es una esfera difícil de medir debido a la disponibilidad de datos. Sin embargo, al analizar la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, puede aproximarse una correlación con las condiciones socioeconómicas agregadas, dada la imposibilidad de evaluar esto a nivel hogar. Las provincias con mayor proporción de pobres son aquellas que presentan tasas de mortalidad infantil más elevadas; para el año 2014, Corrientes (15,9 %), Formosa (14,2 %), La Rioja (13,4 %), Tucumán (13,3 %) y Chaco (12,8 %) lideraban el conjunto según datos provistos por el INDEC. Las tasas de mortalidad que presentan estas provincias duplican las de provincias ubicadas en el otro extremo de la distribución (La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego).

Otro dato relevante es el tipo de cobertura en salud de la población. Según INDEC, el 37 % de los argentinos no contaba con ningún tipo de cobertura en el año 2010. El grupo más afectado son los jóvenes de 20 a 24 años, el que más incidencia tiene en el conjunto de los “ni-ni”, de los cuales la mitad no cuenta con cobertura en salud de ningún tipo. A su vez, los niños entre 0 y 9 años están severamente “desprotegidos”: el 45 % de ellos carece de protección.

Al observar el comportamiento de la tasas de mortalidad –infantil, neonatal y postneonatal– en correlación con las necesidades básicas insatisfechas, se encuentra una relación positiva. Las familias que presentan mayor cantidad de necesidades insatisfechas son las que sufren mayor cantidad de muertes, aunque se observa una tendencia decreciente en las tasas del año 1995 al 2005, las brechas entre los más pobres de los pobres y los pobres no se reducen (Buchbinder, 2008).

Con relación a la esfera laboral, se evidencia en la tabla 3 que es elevado el porcentaje de individuos que se encuentra buscando empleo, sea porque no tiene o porque necesita trabajar una mayor cantidad de horas semanales (15,5 %). Adicionalmente, más de un cuarto de la población económicamente activa (PEA) trabaja más de 45 horas semanales, lo cual representa un riesgo para la salud.

Por otra parte, un elevado porcentaje de trabajadores (25,5 %) se encuentra excluido del sector más dinámico de la economía y forma parte del sector informal. Se incluye en este a los ocupados que cumplen con alguna de las siguientes características:

  1. son asalariados o patrones en establecimientos de hasta cinco personas;
  2. son trabajadores por cuenta propia con una remuneración baja (ingreso horario promedio en el 30 % más bajo de la distribución de los cuentapropistas); o
  3. son trabajadores familiares que no reciben una remuneración fija.

La precariedad se define como la situación de aquel trabajador que no posee aportes previsionales, sin ser exclusivo del sector informal (inclusive puede haber trabajadores informales no precarios). En la tabla 3 se observa que hay trabajadores precarios que se desarrollan en el ámbito dinámico de la economía, ya que dicho porcentaje (34 %) es mayor al de los informales (25,5%). El hecho de que el 34 % de los trabajadores no tenga aportes previsionales es grave desde dos aspectos: se ven excluidos del beneficio de acceder a una jubilación y, al mismo tiempo, dado que existe una alta correlación entre tener aportes jubilatorios y aportes a las obras sociales, se ven excluidos de tener un seguro de salud. Esto implica que sus posibilidades quedan restringidas a la salud pública o a su propia capacidad económica de hacer frente a eventuales enfermedades o accidentes.

No poseer aportes previsionales implica no poseer recibo de sueldo acorde a las normas vigentes, lo cual restringe el acceso al crédito y, por transitividad, genera mayores dificultades de acceder a vivienda propia.

Tabla 3. Indicadores del mercado laboral. Argentina urbana
Indicadores vinculados al trabajo
Tasa de desempleo(*) 8,5 %
Tasa de subempleo demandante(*) 7 %
Tasa de sobreempleo 32 %
Porcentaje de trabajadores informales 25,5 %
Porcentaje de trabajadores precarios 34 %

Fuente: elaboración propia con base en SITEAL-EPH 2014. (*) INDEC.EPH, 3.º trimestre de 2016.

En la próxima tabla se expone la relación de los fenómenos laborales con el clima educativo. La incidencia del problema es mayor cuanto menor es la cantidad de años de estudio de los individuos. La excepción pareciera ser la tasa de desempleo; sin embargo, existe una explicación para esta cuestión: las personas menos educadas tienen una menor empleabilidad (Formichella y London, 2013), y eso las hace menos selectivas a la hora de tomar un trabajo. Esto queda en evidencia al observar la tasa de subempleo, la cual es mayor para los menos educados. Se vislumbra que quedar fuera del sistema educativo tempranamente condiciona la integración al mercado laboral y aumenta la probabilidad de una inserción endeble.

Tabla 4. Condiciones laborales según años de estudio. Argentina urbana
Años de estudio aprobados % de trabajadores informales % de trabajadores precarios % de desocupados % de subocupados
0-5 50,00 % 66,03 % 5,82 % 14,38 %
6-9 36,47 % 49,30 % 8,61 % 13,11 %
10-12 25,56 % 33,55 % 8,61 % 9,88 %
13+ 13,62 % 18,15 % 5,83 % 8,30 %

Fuente: elaboración propia con base en SITEAL-EPH 2014.

Adicionalmente, relacionando la condición laboral con el nivel educativo, puede visualizarse que las brechas salariales entre aquellos que tienen nivel educativo alto y bajo han disminuido en la última década (con un valor máximo en el año 2006). Sin embargo, los salarios de los individuos con mayor nivel educativo duplicaban –en promedio– los percibidos por los menos educados.

Gráfico 2. Brechas salariales por nivel educativo

Fuente: elaboración propia en base a SITEAL-EPH 2014.

Por último, una dimensión que ha cobrado mayor importancia es el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este sentido, cabe destacar que tan solo el 61,8 % de los hogares de la Argentina urbana dispone de Internet, el 89,6 %, de teléfono móvil, el 67 %, de computadoras, y el 10 %, de Internet Banda Móvil (ENTIC, 2015). Esto significa que más del 20 % de los hogares queda fuera de la posibilidad de acceder a Internet. En este caso, la esfera de acceso a TIC implicaría la capacidad de participar de redes sociales, de acceder a información, de poder complementar o culminar niveles educativos, de “sentirse parte”, entre otras cuestiones.

Es dable reconocer que sería oportuno analizar las dimensiones correspondientes al acceso institucional y la participación social, la percepción, entre otras. Sin embargo, debido a la disponibilidad de datos, estas no serán abordadas.

Conclusiones

La exclusión social es un fenómeno con características propias y que se distingue de la desigualdad y la pobreza. La multidimensionalidad, relatividad y dinamismo son sus características principales, entre otras.

La medición de la exclusión es altamente compleja debido a dichas características. Entre los puntos de disenso, se encuentra la selección de las dimensiones que incorporar en la explicación del fenómeno. Sin dudas, hay dimensiones que lideran el proceso excluyente, como la educación, la salud, la dimensión laboral. En el estudio empírico, también se presenta la limitación respecto de la disponibilidad de datos, lo cual restringe ampliamente el desarrollo de indicadores.

En Argentina, en función de la estadística descriptiva analizada, parece haber una mejora en los indicadores de las dimensiones de condición habitacional, educación, salud y acceso a tecnologías de información. En lo laboral, la tendencia no es tan clara: se evidencian avances en la tasa de ocupación, pero persisten los problemas de precarización. Sin embargo, se observa que la historia de los hogares ejerce influencia en las “chances” de los individuos respecto de logros educativos, inserción laboral y calidad de vida.

A pesar de lo arriba comentado, e indicando las limitaciones del análisis, la multidimensionalidad del fenómeno requeriría de la incorporación de otras dimensiones (participación ciudadana, civil, percepción, etc.), y es debatible la utilidad de los umbrales que se desprenden de la EPH para evaluar procesos excluyentes. Por otro lado, debido a que la exclusión social es un proceso –y no un estado–, debería analizarse la persistencia de las privaciones individuales.

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  1. El clima educativo se define como el promedio de años de estudio de los miembros mayores de 18 años. Bajo: menos de 6 años; medio: entre 6 y 12 años; alto: 12 años o más (SITEAL, 2017).


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