Rubén Laufer

1. Introducción

Actualmente, el surgimiento de importantes fracciones de las clases dirigentes latinoamericanas —particularmente de grandes propietarios territoriales y empresarios asociados al capital extranjero— ligadas a grupos económicos estatales o privados de la potencia asiática, hace de China un punto de referencia principal de la inserción internacional de América Latina. Por su parte, los gobernantes chinos suelen destacar el carácter complementario de su economía industrial con las economías de América latina. Algunos sectores de las clases dirigentes de la región celebran a su vez la complementariedad de nuestras economías primario-exportadoras con la de la potencia oriental. Los lazos comerciales y la radicación de capitales de la potencia asiática en las economías locales son descritos como una oportunidad que permitiría a los países latinoamericanos desarrollar sus producciones, diversificar sus relaciones internacionales y disminuir su endeudamiento. En correspondencia con ello, impulsan la adaptación de las estructuras económicas y de las infraestructuras regionales de producción, comunicación y transporte a la complementación económica con China, y en esa dirección accionan políticamente sobre -y dentro de- los respectivos gobiernos.

Sin embargo, desde hace al menos una década y media, desde ámbitos empresariales, académicos, periodísticos y políticos, se reiteran los llamados a enfrentar los desafíos de la relación bilateral -básicamente su unilateralización hacia la producción de bienes de tipo primario y la desindustrialización que ello conlleva diversificando las exportaciones regionales a China-, y a limitar el ingreso indiscriminado de productos de la industria china en detrimento de las industrias nacionales. Pocos abordan el interrogante clave: ¿qué es lo que impide, una y otra vez, la concreción de esas recomendaciones y perpetúa la impotencia de los países latinoamericanos para llevar a cabo esa diversificación y un desarrollo industrial autónomo?

Este capítulo aborda las motivaciones estructurales de esas limitaciones, y el papel que en ello desempeñan las “asociaciones estratégicas” que sectores políticamente diversos y hasta encontrados de las clases dirigentes latinoamericanas vienen extendiendo y profundizando con la ascendente potencia asiática. China, convertida ya en primero o segundo socio comercial y fuente decisiva de inversiones, financiamiento y préstamos de buena parte de los gobiernos latinoamericanos, ha establecido en los últimos años fuertes vínculos con sectores empresariales, terratenientes y financieros de nuestros países. Esa es la base material de su creciente influencia económica, política y estratégica en la región.

El desarrollo de alianzas estratégicas con China (algunas de ellas concebidas como integrales, incluyendo los planos económico, político, cultural, militar, etc.) por parte de dirigencias latinoamericanas de muy diverso y hasta opuesto signo político, muestra que tales alianzas, formales o informales, constituyen ya no una mera aproximación coyuntural determinada por necesidades circunstanciales de un gobierno, sino una verdadera “política de estado” a escala regional (lo que algunos autores llaman “Consenso de Beijing”) (Svampa y Slipak, 2015). La nueva “relación privilegiada” con China es sostenida y promovida por sectores y personalidades de peso en diversos ámbitos, quienes actualmente hacen centro en las oportunidades que devendrían de la integración de la región a la Iniciativa china de “Nueva Ruta de la Seda” (o Iniciativa de la Franja y la Ruta, IFR). Puesto que tal integración a las “cadenas globales de valor” con punto terminal o inicial en China supone una toma de distancia respecto del hegemón norteamericano, algunos analistas y autores la conciben como una expresión de “autonomismo heterodoxo” y aún como una vía de independencia y desarrollo nacional.

El enfoque del vínculo con China en términos de “oportunidades” y “desafíos” elude caracterizar el tipo de países que se asocian, es decir las clases o grupos sociales que los gobiernan, sus intereses y beneficiarios; es decir, la naturaleza social y política de esas asociaciones. Quienes ubican a China como un país “en desarrollo”, o perteneciente a un genérico “Sur”, dan por supuesto que por haber sufrido en el pasado la dominación del colonialismo y el imperialismo la dirigencia de Pekín comparte intereses comunes con los países del “tercer mundo”. Predomina, así, una visión ahistórica tanto del cambio revolucionario que desde 1949 y durante tres décadas hizo de la China semicolonial y semifeudal un país independiente y una sociedad socialista en construcción, como de la “gran reversión” de 1978 en que la burguesía ya en el poder abrió el camino para la conversión de China en una gran potencia mundial, con las aspiraciones expansivas que hoy se manifiestan en lo que Xi Jinping formula como el “sueño chino de revitalización nacional”.

La presencia creciente de intereses de China en la región compite con la histórica influencia en ella de los intereses económicos, políticos y estratégicos de Estados Unidos, en lo que algunos analistas describen como una nueva inserción triangular de la región (Dussel-Peters, 2019a). La pugna -directa y a través de las mencionadas asociaciones- por influencia o control sobre palancas básicas de nuestras economías y estructuras estatales tiñe y condiciona la evolución de los países latinoamericanos. En alianza con otros sectores de las clases dirigentes nacionales y regionales, en los últimos años viene operando -por vía institucional o golpista- una intensa contraofensiva política de Estados Unidos con el fin de recuperar terreno frente a la vasta oleada de rebeldías populares de índole callejera o electoral con reclamos democráticos y anti-neoliberales (Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Haití, Honduras), y también frente al avance de potencias competidoras en la región, básicamente China y Rusia. Las rivalidades -y los acuerdos- inter-potencias no sólo inciden en la inestabilidad del escenario político regional sino contribuyen, a través de sus vínculos internos en las clases dirigentes de los diversos países, a vallar las posibilidades de un desarrollo industrial autónomo o diversificado.

En un mundo en que el ascenso de China y la declinación relativa de EEUU generan un marco de creciente conflictividad regional e internacional; sobre el trasfondo de las turbulencias de la guerra comercial entre ambas potencias -en precaria pausa desde la firma de la “fase 1” de un acuerdo preliminar a mediados de enero de 2020- y de la mencionada contraofensiva oligárquico-conservadora en América Latina con explícito respaldo de la Casa Blanca, el incipiente pero visible redireccionamiento de la dependencia de nuestros países hacia la potencia oriental genera intensos reacomodamientos y realineamientos estratégicos.

2. La Franja y la Ruta, proyecto estratégico oficial de China

En 2011 China pasó a ser el mayor exportador e importador del planeta, alcanzando respectivamente el 10,4% y 9,5% de las exportaciones e importaciones mundiales; en 2015 esas participaciones llegaron al 13,8% y 10,1% (CEPAL, 2017: 9); en 2017 el valor anual de los intercambios de China se estimaba en u$s 4,1 billones, el 12,4% del comercio internacional total (Bello, 2019). No es un país del “tercer mundo” o “en desarrollo”. Pekín es hoy el mayor poseedor de divisas internacionales, lo que ha dado un impulso fenomenal a las inversiones de sus corporaciones estatales, privadas y mixtas en el extranjero. En las últimas dos décadas China se constituyó en uno de los principales inversores del mundo, con un stock acumulado de inversión extranjera -directa o financiera- de más de u$s 900.000 millones, principalmente en países desarrollados, pero con una parte importante de sus activos en forma de “financiamiento para el desarrollo” en las economías del “Sur” (Wu & De Wei, 2014; Bello, 2019). En la actualidad ese país representa cerca del 16% del PIB mundial, y sustenta un creciente liderazgo en materia tecnológica. En cuatro décadas de “reforma y apertura” capitalista, China ha acrecentado anualmente su producción en tasas cercanas al 10% hasta 2010 y superiores al 6% hasta la actualidad, y se ha convertido en una superpotencia en el comercio, la inversión y el financiamiento mundiales.

Su ascenso desplaza el eje del desarrollo económico mundial hacia Oriente y reconfigura las relaciones internacionales, en un contexto en que el poder económico y financiero de EEUU, pese a su poderío militar aún abrumador, decae de manera constante desde hace una década (Harvey, 2009). La acuciante necesidad de mercados de venta, de aprovisionamiento y de inversión, y la procuración de áreas de influencia que garanticen los requerimientos de seguridad alimentaria y energética, son ya imperativos estratégicos y devienen en fricciones internacionales, por ahora principalmente comerciales como la actualmente en curso entre Washington y Pekín: sólo un capítulo de lo que algunos analistas consideran una “transición hegemónica” del poder mundial desde EEUU hacia China (Laufer, 2018; Nahón, 2019; Saha, 2020).

La nueva gravitación económica internacional de China, los efectos de dos crisis económicas mundiales (1999 y 2008) y los límites del modelo de crecimiento basado en exportaciones baratas y masiva inversión interna fueron factores decisivos, a partir de 2012, en el vuelco de la dirigencia china hacia una “nueva normalidad” económica centrada en el mercado interno, la hegemonía tecnológica y el vuelco inversor al exterior, junto a una política sistemática dirigida a constituir áreas de influencia económica, política, diplomática, cultural y militar a escala mundial. China necesita esa expansión para asegurarse la provisión de alimentos para su gigantesca población y de materias primas para su vertiginoso crecimiento industrial, así como mercados de salida para su persistente sobrecapacidad productiva y sus enormes excedentes de capital; y esto requiere alianzas y vínculos políticos que respalden la posición china en el mundo frente a sus competidores, en primer lugar Estados Unidos (EEUU). La Iniciativa de “La Franja y la Ruta” lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013 vino a desempeñar ese rol (Bello, 2019). Ya desde 1999 la política de “salir al exterior” y “tornarse globales” (“Going Out” / “Going Global”), apuntaba a estimular a las empresas chinas a invertir en el extranjero, necesidad vinculada directamente al masivo proceso de privatización -de derecho o de hecho- de las compañías del Estado (Yu, 2012), a la concentración accionaria en manos de funcionarios partidarios y estatales (y de sus parientes), y a la intensa fuga de capitales e inversiones hacia el extranjero. El “going out” chino (Mora, 2019) impulsó el llamado “superciclo” de las materias primas -petróleo, minería, soja- que reportó elevados ingresos de exportación a muchos países pobres y dependientes de África y América Latina y Caribe (ALC) pero, en su mayor parte, al precio de reforzar estructuras de atraso y dependencia como la propiedad concentrada de la tierra y la extranjerización del aparato industrial y financiero.

El vuelco exportador -acelerado tras su incorporación en 2003 a la Organización Mundial del Comercio (OMC)- posibilitó a China acumular enormes reservas en moneda extranjera, particularmente bonos y valores estadounidenses. China se convirtió entonces en un jugador de peso en el mercado financiero global: se hicieron prominentes tanto sus inversiones de cartera en el exterior como la llamada “ayuda extranjera”; vías, ambas, constitutivas del llamado poder blando (Prado y Gachúz, 2015) con que la dirigencia de Pekín facilita vínculos económicos y políticos que se traducen luego en inversiones estatal-privadas chinas en grandes obras de infraestructura en países del llamado “tercer mundo”, y en negocios y alianzas con poderosos sectores de sus clases dirigentes. La crisis económica mundial de 2008 fue un decisivo punto de inflexión en la estrategia internacional de China. Las oportunidades de inversión rentable, ya disminuidas para sus corporaciones con el achicamiento del mercado interno, se agravaron con el derrumbe de los mercados estadounidense y europeo, la apreciación del yuan y el gigantesco proceso de endeudamiento interno y externo, legal y en las sombras, a nivel nacional y local, que China vino acumulando desde mediados de los ’90 y especialmente a partir del gigantesco plan de “rescate” financiero volcado por Pekín para compensar el desplome de 2008.

La IFR y su correlato financiero, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), adquirieron prioridad en la política exterior de China en 2017: el mismo 19º Congreso del PCCh que definió la llamada “nueva normalidad” y que reforzó el centralismo alrededor de la figura de Xi Jinping incorporando la reelección ilimitada, inscribió la IFR en la constitución del PCCh como objetivo estratégico central. China derivó hacia allí enormes recursos a través de acuerdos bilaterales y regionales de cooperación, inversión y financiamiento, y de instituciones lideradas por Pekín como el BAII y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. El eje articulador de la IFR es el financiamiento y la asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura: ferrocarriles, rutas, puertos, puentes, túneles, redes informáticas, oleoductos, centrales eléctricas, etc. (Correa López, 2019). Pero sus metas económicas van unidas a objetivos estratégicos de alcance geopolítico: coordinación política, conectividad geográfica y de redes, “libre” comercio, integración financiera y vínculos pueblo a pueblo. China se ubica, así, decididamente en el centro de un nuevo orden mundial, y a las corporaciones chinas y sus asociaciones en el extranjero como motor de grandes inversiones en la construcción de proyectos gigantescos, abriendo nuevos mercados para los productos y servicios de China, facilitando una vía de salida a su sobreproducción industrial, aceitando el camino hacia la internacionalización del yuan como moneda global de comercio y de reserva -en competencia ya abierta con el dólar-, y constituyendo un paso sustancial en la conformación de una nueva “globalización con características chinas”. Al mismo fin contribuye la creciente red de acuerdos de intercambio de divisas con bancos centrales (swaps) (Correa López, 2019).

El poderío financiero de Pekín tienta a grupos empresariales de todo el mundo con la posibilidad de asociarse a las corporaciones chinas en el marco de un proyecto gigantesco como la IFR, y a los gobiernos con la posibilidad de obtener inversiones y nuevas facilidades de endeudamiento vinculadas con proyectos específicos de la IFR o con emprendimientos internos de los países participantes: “muchos países incluidos en la iniciativa necesitan con urgencia inversiones en infraestructura a gran escala”, sostiene un promotor chino del proyecto, el antiguo miembro del Banco Asiático de Desarrollo y profesor en la Universidad dde Columbia Shang-Jin Wei; la IFR ayudaría a esos países a “superar esas restricciones, con la provisión de financiación externa para puertos, rutas, escuelas, hospitales, centrales de energía y redes de distribución. En este sentido, puede obrar como el Plan Marshall”. ^[2]

China y el continente latinoamericano: la especialización primario exportadora

Para América Latina el mercado chino fue, durante la primera década del siglo, el motor del ciclo de altos ingresos de esos años al impulsar los precios de las materias primas y de los alimentos importados por la potencia asiática. La enorme demanda china de alimentos y materias primas abrió un mercado alternativo para muchos países de Asia, África y ALC que antes se orientaban principalmente a Estados Unidos, Europa y Japón. Pero la convergencia de intereses entre las clases dirigentes latinoamericanas y la burguesía china que se materializó en esa alianza comercial no devino en un impulso industrialista y diversificador de las producciones regionales, sino en una nueva apuesta de los gobiernos llamados “progresistas” al esquema extractivista y al crecimiento hacia afuera, estimulada por los altos precios coyunturales de la exportación de esos recursos. Su correlato fue la inundación de los mercados internos de muchos de esos países con manufacturas baratas y luego con bienes de capital y tecnológicos de China, que a su vez contribuyeron a erosionar las industrias locales y suscitaron o reforzaron un proceso de re-especialización primario-exportadora en otros menos desarrollados. En los latinoamericanos, el efecto de las masivas importaciones industriales de China se sumó al de los programas de ajuste estructural impulsados en los ’90 por el Banco Mundial y el FMI, que ya habían arruinado gran parte de las industrias nacionales, contribuyendo a agravar el profundo proceso de desindustrialización generado por las políticas neoliberales y a reafirmar la matriz primario-exportadora, con la consiguiente baja en los niveles de consumo y de empleo .

Hoy en día, diecinueve países de la región ya firmaron cartas de intención para integrarse a la IFR. Consideraciones económicas y estratégicas, el cambio de signo político de los gobiernos, y directas presiones de Washington, obstaculizan hasta el presente la adhesión de los mayores países de la región: México, Brasil y Argentina. Una parte de los promotores latinoamericanos de la integración a la IFR encuadra su proyecto de desarrollo en la búsqueda de mayores márgenes de autonomía económica; otra parte aspira simplemente a reemplazar a viejos socios “tradicionales” de la región como EEUU y Europa por la “asociación estratégica” con la nueva potencia ascendente. Como admite la CELAC -expresando a ambas vertientes y asumiendo de hecho la condición periférica que las potencias centrales asignan a la región-, “con su veloz ascenso como potencia emergente y el proceso de multipolarización de las relaciones internacionales del siglo XXI, China empezó a proyectarse como un rule maker y ya no como un mero rule taker” (CELAC, 2019:52).

A inicios del siglo XXI, tras dos décadas de hegemonía neoliberal y claro predominio estadounidense en toda la región, llegaron a algunos gobiernos sudamericanos fuerzas de matriz reformista o neo-desarrollista -Hugo Chávez en Venezuela, “Lula” Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en la Argentina, Evo Morales en Bolivia y otros- que tomaron distancia de las estrategias de Washington y dieron impulso y reorientación a las propuestas de integración regional. A través de la Unasur, la CELAC y el ALBA, se promovieron acuerdos económicos y político-institucionales bi y mutilaterales que, al tiempo que obstruyeron temporariamente las estrategias impulsadas por EEUU a través del ALCA, la OEA y el NAFTA (Kan, 2015), buscaron en la ascendente China el contrapeso primero comercial y luego estratégico en el cual fundar una inserción internacional con mayores márgenes de autonomía respecto de Washington.

Pero la nueva alianza con China no modificó los patrones tradicionales de la inserción internacional primario-exportadora y dependiente de América Latina; más bien contribuyó a consolidarlos, a la vez que introdujo de lleno a la región en la competencia hegemónica entre dos grandes polos de poder (Slipak-Ghiotto, 2019), mientras EEUU procuraba recuperar posiciones económicas y gobiernos aliados y volver a hacer de la región su “patio trasero” (Ellis, 2018).

Las asociaciones estratégicas: adaptación estructural

En su segundo “Libro Blanco” , emitido en 2016, el gobierno chino reiteró los lineamientos y objetivos manifiestos que se plantea en relación a ALC. El primero de 2008 subrayaba que “la multipolarización del mundo es irreversible y en ese escenario China tiene un papel fundamental que cumplir”, y que Pekín “buscará desarrollar una relación de amistad y cooperación con la región”. El segundo promovió una aún mayor cooperación diplomática, política y de seguridad a través de una relación directa con la CELAC, la organización regional constituida en 2011 entre los 33 países de ALC como alternativa a la OEA subordinada a Washington. Mediante el Plan de Cooperación China-CELAC 2015-2019 se propuso incrementar hacia 2020 el comercio bi-regional a u$s 500.000 millones y las inversiones a u$s 250.000 millones haciendo centro en seis sectores: energía y recursos, construcción de infraestructuras, agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica, y tecnologías informáticas.

La influencia geopolítica de China en la región se consolidó en el plano diplomático con las sucesivas decisiones de Panamá, Rep. Dominicana y El Salvador de transferir su reconocimiento de Taipei (Taiwán) a Pekín. El “poder blando” de China facilitó y consolidó las alianzas con la región a través de festivales culturales y cinematográficos, contactos e intercambios académicos y la radicación de los denominados Institutos Confucio. Las ya numerosas instituciones chinas dedicadas al estudio de la región como el Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) y el departamento latinoamericano del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas (CICIR) contribuyen a crear en ámbitos gubernamentales, empresariales, culturales, etc. una imagen de China como potencia responsable, sin pretensiones hegemónicas, cooperativa y promotora de la paz, basada en el concepto de “ascenso pacífico” (o “desarrollo pacífico”) y en relaciones de beneficio mutuo (“ganar-ganar”): una ofensiva de encantamiento que apunta a consolidar en la región “la influencia de China como superpotencia sin entrar en conflicto con EEUU” (Rodríguez Aranda y Leiva, 2013).

En los últimos quince años Brasil, México, Chile, Venezuela y Argentina establecieron con China asociaciones estratégicas. Chile, Perú y Costa Rica firmaron con ella tratados de libre comercio de amplio alcance y se negocian otros con Panamá y Colombia. Hoy China es el segundo socio comercial de ALC detrás de EEUU. Entre 2007 y 2017 el comercio anual China-ALC creció un 151,2%, y entre 2017 y 2018 saltó un 20,2% (Koleski & Blivas, 2018). Corporaciones estatales y privadas de China avanzaron, en forma directa o en asociación con grupos económicos locales, en áreas decisivas de las economías de la región: petróleo, gas, represas hidroeléctricas, comunicaciones; minería del hierro, cobre, oro, litio; finanzas, grandes obras de infraestructura, comercio interior y exterior, etc.

Tras el rápido crecimiento de la demanda china que generó el boom de los commodities en la primera década del siglo XXI, su posterior contracción desaceleró los intercambios en 2015-2016; en 2017 las fuertes alzas de precios del petróleo, el hierro y el cobre volvieron a impulsar temporariamente las exportaciones latinoamericanas, particularmente de Brasil, Chile y Perú. Estas oscilaciones condicionan fuertemente el tipo de crecimiento de los países ALC cada vez más ligados a los ciclos de la demanda y la oferta de China. Y aún más lo condiciona la composición del comercio bilateral: en 2016 las materias primas -principalmente soja, cobre, mineral de hierro, cobre refinado y petróleo- constituyeron el 72% de las exportaciones de ALC hacia China (CEPAL, 2017: 16-18); las ventas de cobre y cobre refinado sumaron 2/3 de las exportaciones totales de Chile a China, y el 64,4% de las de Perú. El poroto de soja y el mineral de hierro sumaron el 40,9% y el 20,8% respectivamente del total exportado por Brasil al país oriental. El fenómeno no es nuevo; ya en 2011, recién concluida la presidencia de “Lula” Da Silva, el economista brasileño Wilson Cano advertía:

Desde 2004 a la actualidad estamos viviendo un proceso ilusorio(…) Estamos creciendo por el consumo, por el crédito. Y por la situación del mercado internacional, que es excepcional, con los elevados precios de los productos primarios(…) Está la cuestión del déficit comercial de productos industrializados: es enorme, y creciente(…) Estamos cantando como una cigarra. Estamos cantando con música china. Cantando por exportar pollo y soja y mineral de hierro(…) Las dirigencias dicen que es muy bueno seguir exportando esas cosas, pero olvidan la regresión industrial (Cano, 2011: s/p).

Las exportaciones de América Latina hacia China se reprimarizaron más acentuadamente que hacia el resto del mundo, contribuyendo marcadamente a ese rasgo general de la estructura exportadora de la región, acentuando la concentración monopólica de la producción exportable, la vulnerabilidad financiera y la desindustrialización productiva, y desviando inversiones de la producción industrial hacia producciones primarias o hacia colocaciones especulativas de corto plazo (o simplemente hacia la fuga de capitales) (Mangione, 2019). Claramente dichas exportaciones se concentran en materias primas y sus manufacturas, es decir en productos de bajo valor agregado y altamente dependientes del ciclo y de los mercados compradores al tiempo que, como señalamos anteriormente, el rápido crecimiento de las importaciones de bienes industriales chinos se traduce no sólo en creciente déficit comercial (CEPAL, 2018: 39) sino en un dramático proceso de “sustitución inversa”, en el que productos industriales locales son sustituidos por manufacturas procedentes del país asiático como contrapartida de los acuerdos de inversión o de sus créditos o swaps (CEPAL, 2018: 15). En Argentina esto viene sucediendo con la compra de bienes de alta tecnología (reactores para la industria nuclear y caños de acero para gasoductos), y de tecnología media que bien podría fabricar la industria nacional como ferrocarriles, trenes subterráneos, colectivos eléctricos, sistemas de irrigación, etc., desplazando no sólo a las industrias locales sino también a las de socios regionales, y constituyendo así un factor de erosión de los procesos de integración regional. Además, el peso que ya han adquirido las compañías chinas estatales y privadas, propias o asociadas a firmas locales en las economías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, Uruguay, etc., les confiere poder decisorio en las negociaciones intrarregionales del proceso de integración (Laufer, 2017b).

El “nuevo ciclo” abierto a inicios del siglo XXI con nuevos dirigentes y partidos de perfil neo-desarrollista o reformista abrió paso a políticas que apuntaban a “canalizar las nuevas demandas sociales” (Taiana, 2019), pero sin previa derrota de los proyectos neoliberales (ni menos aún de los sectores sociales que los promueven). Los altos ingresos por exportaciones de petróleo, minerales y soja a China y las grandes inversiones y volúmenes de financiamiento estatales, privados y mixtos provenientes de China no devinieron en procesos y programas de reindustrialización y diversificación productiva. A fines de 2018 la CEPAL observaba con alarma creciente la consolidación del rumbo desindustrializador vinculado a la asociación comercial, inversora y financiera con China (Freitas da Rocha y Bielschowsky, 2018: 24 y sig.). El fin del boom de los precios de las materias primas hacia 2015 fue un factor decisivo para el declive de la “ola rosa” (CELAC, 2019: 61) de gobiernos reformistas o neodesarrollistas, dando lugar al comienzo de un ciclo marcado por el regreso a la presidencia de candidatos de derecha, que restablecieron políticas de liberalización comercial como fórmula para reactivar las economías. El continuado direccionamiento de los vínculos económicos hacia China no puso fin a esos desequilibrios, ni a la concentración de los destinatarios del “beneficio mutuo” en grupos empresariales selectos y volcados básicamente al mercado externo.

El caso de México es un caso extremo de una relación desequilibrada. China es su segundo socio comercial -después de EEUU- y existe entre ambos una Asociación Estratégica Integral, pero en los últimos años México importó de China por más de u$s 70.000 millones, mientras que le exportó por u$s 6.000 millones, acumulando un gigantesco déficit comercial (Fornes & Mendez, 2018). Durante el sexenio ultraliberal de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se proclamó la intención de compensar el desequilibrio comercial con inversiones chinas en obras de infraestructura, pero la llamada “corrupción” de grupos del entorno presidencial asociados a los grupos inversores chinos llevó a suspender las obras del aeropuerto internacional y los trenes México-Toluca y México-Querétaro (León-Manríquez, 2019), después de dilapidarse enormes recursos internos.

Costa Rica constituye un caso especial. De la mano de la inversión china, la anterior especialización primario-exportadora dio paso a una especie de “maquila inteligente” (Aguilera Morató, 2013), centrada en la producción de partes y piezas de equipos electrónicos, insumos médicos y aeronáuticos; una especialización basada en la manufacturación de bienes con alto valor agregado inducidos por las “cadenas globales de valor” determinadas por las grandes potencias -en este caso China- y que confiere a la economía costarricense una estructura no “reprimarizada” sino “secundarizada”: una industrialización subsidiaria de las multinacionales, dependiente del capital extranjero, convertida en mera plataforma de armado y exportación de bienes intermedios requeridos por las corporaciones -crecientemente chinas-, y desligada de las necesidades del desarrollo industrial y agrario nacional y regional.

3. Los vínculos financieros: ¿alternativa al Fondo Monetario?

China se convirtió en la última década y media también en el principal financista de los gobiernos latinoamericanos, que recurren al financiamiento chino tanto para la construcción de infraestructuras como para el equilibrio de sus cuentas fiscales. Desde 2005, el Banco Chino de Desarrollo y el Eximbank chino proveyeron a ALC u$s 150.400 millones en financiamiento (más que los préstamos sumados del Banco Mundial, el BID y el Development Bank of Latin America); sus principales destinos en los últimos años fueron Venezuela (alrededor del 40%), Brasil (28%) y Argentina (12%), concentrándose en energía (70%) e infraestructura (18%) (Gallagher & Myers, 2017). El financiamiento chino se constituye, así, en impulsor de un rumbo industrial, tecnológico y fiscal opuesto al de autosostenimiento técnico y financiero con que China construyó, en sus años socialistas, las bases materiales de su desarrollo independiente.

Según algunos analistas políticos y académicos latinoamericanos, las condiciones más laxas del financiamiento chino convierten a la IFR en una alternativa respecto del modelo hegemónico representado por el capitalismo estadounidense (Pestanha, 2018: 19). Pero, aunque los préstamos y créditos de China divergen de los condicionamientos políticos que son habituales en los de las instituciones financieras “occidentales”, los términos contractuales conllevan otras condiciones como la contratación de tecnología y la adquisición de insumos a empresas chinas (compra de equipos de telecomunicaciones a Huawei como condición para un préstamo de u$s 1.000 millones del Banco Chino de Desarrollo a la mexicana América Móvil, 2009); subordinación de los proyectos a contratos con corporaciones estatales chinas (la China Three Gorges Corporation para la construcción de la represa San Gabán en Perú); compra por el gobierno argentino de más de 100 locomotoras, 3.500 vagones, rieles y hasta durmientes de concreto a la estatal China CNR Corp. para la renovación de líneas ferroviarias de carga en 2010 (Malena, 2018), etc. En este último caso, el subdirector del proyecto Belgrano Cargas, Han Bing, consideró que el mismo no sólo estimula “una gran exportación de China a Argentina” sino que es “un ejemplo de cooperación en el marco de la iniciativa ‘Una Franja, Un Camino'” (destacados nuestros); según el artículo, muy elogioso del convenio, el principal beneficiario del proyecto es la corporación china CMEC, dado que “la línea de crédito de u$s 10.000 millones que China otorgó a la Argentina es de hecho para las compañías ferroviarias chinas, lo que significa que el capital permanecerá en China”. Lo que se postula como ejemplo de los beneficios de la IFR es, en suma, el financiamiento de los bancos chinos a las empresas contratistas chinas, de modo que el capital vuelve a China pero la deuda “queda” como obligación del país contratante (en este caso la Argentina). No hay en estos acuerdos, por lo general, referencias a transferencia de tecnología. Como apunta la CEPAL, además, los proyectos de infraestructura respaldados con créditos chinos a países latinoamericanos son “llave en mano”: con financiamiento, empresas, trabajadores e insumos chinos, y encadenamientos prácticamente nulos con la economía local (CEPAL, 2017: 70).

Los convenios de provisión de petróleo firmados por el gobierno chino con Ecuador y Venezuela durante las presidencias de Rafael Correa y Hugo Chávez asumieron la conocida forma de “préstamos por petróleo”. No pueden obviarse las implicancias de este sistema de financiamiento para las economías e incluso para la soberanía económica y política de los países de la región. El caso de Ecuador es paradigmático: en julio de 2019 aún debía a China u$s 3.600 millones y 375 millones de barriles de petróleo, por contratos de preventa atada a créditos o anticipos con Petrochina (y otras dos compañías asiáticas) a cambio de financiamientos por u$s 13.000 millones que ya había recibido casi por completo. Uno de los préstamos en 2012 estaba, además, condicionado a la adjudicación de varios bloques petroleros en el sur oriente (Villavicencio, 2013). En 2010 Correa había suspendido las negociaciones con China sobre un crédito para la construcción por la corporación china Sinohydro de Coca Codo Sinclair, uno de los mayores proyectos hidroeléctricos de Ecuador. El presidente ecuatoriano declaró entonces que el banco quería activos en garantía, lo que no permitía la ley ecuatoriana. Correa firmó, sin embargo, el contrato con Sinohydro, y las obras se iniciaron en febrero de 2011, con un crédito del Eximbank de China .

La disponibilidad de préstamos de Pekín es sólo un componente de las estrategias del capitalismo de estado chino, cuyos recursos les permiten “asegurar el financiamiento de China cuando no hay disponible un financiamiento alternativo, así como un plan de negocios para atraer a otros inversores de la RPCh, con el respaldo de un estado-partido con un enorme poder para movilizar la inversión” (Hong Zhang, 2019). Ese poderío suele ser ejercido oficialmente para imponer la aceptación de grandes proyectos (o su re-confirmación cuando corren riesgo de ser suspendidos o reconsiderados) con participación de empresas estatales o privadas chinas, a través del mecanismo del “default cruzado”, por el cual se establece en los contratos que la anulación, suspensión o cambio de alguno de los proyectos en estudio o ejecución en un país puede dar lugar a la “caída” de todos los otros convenios en curso, incluidos los financieros como los intercambios de monedas (swaps). Con este mecanismo se presionó a la Argentina a aceptar la realización por corporaciones chinas y sus socios locales de dos grandes represas en la provincia sureña de Santa Cruz cuando el gobierno de Mauricio Macri planteó la modificación de algunos aspectos contractuales.

Algunos países latinoamericanos como Argentina o Venezuela, sometidos al cierre del financiamiento de los organismos internacionales, fueron llevados en la última década a una situación de dependencia financiera tan pronunciada respecto de China que los convenios con Pekín pasaron a ser una parte relevante en la composición de sus reservas. Argentina utilizó el mecanismo de los swaps varias veces para reforzar sus reservas internacionales, tanto en el segundo período presidencial de Cristina Fernández -desde 2014- como en los cuatro años de Macri. Los swaps chinos llegaron a constituir un tercio de las reservas del Banco Central, lo que indica un cambio estructural en su composición (Brenta y Larralde, 2018). Lo que de ello se desprende es que, siendo los swaps una forma de endeudamiento externo, la dependencia financiera argentina está desplazándose crecientemente de los préstamos y créditos de los organismos financieros “tradicionales” en ALC como el FMI y el BID hacia los recursos provistos por China. La disponibilidad de esos recursos mejora circunstancialmente las cuentas fiscales del país, pero remachando sus males estructurales. La dependencia “de nuevo signo” suele traducirse en presiones chinas para abrir los mercados locales a sus manufacturas (en 2010 China suspendió sus compras a la Argentina de aceite de soja, uno de sus principales productos de exportación y fuente de ingresos fiscales, para forzar la reapertura de la importación de calzado chino); acordar proyectos de construcción de infraestructuras con tecnología china y financiamiento de bancos chinos (construcción de represas y centrales nucleares); asegurar continuidad en sus requerimientos de materias primas -procesadas o no- para las industrias de China o para alimentación de su población o de su ganado -al precio de reforzar la reprimarización de las exportaciones y producciones nacionales y encarecer los precios internos-; obtener facilidades a las inversiones chinas; e incluso para lograr aprobación a proyectos chinos de carácter científico pero con implicancias estratégicas (instalación de una base de observación espacial dependiente del ejército chino en la provincia de Neuquén).

Aunque las condiciones financieras más flexibles del financiamiento chino aparecen como una alternativa al de las otras instituciones internacionales (FMI, BID), China no sólo se atiene a las normas que esas instituciones -de las que forma parte- imponen habitualmente a los receptores de sus créditos, sino que exige su cumplimiento como precondición para sus propios convenios financieros con terceros países. En el caso argentino, el acuerdo swap suplementario de 2018 firmado por el ex presidente Macri fue condicionado al cumplimiento de los pagos del préstamo stand by concedido por el FMI (el más grande de su historia -unos u$s 50.000 millones-, a sabiendas de que serían destinados a financiar la fuga de capitales). China no sólo no planteó objeciones, sino que medió para que el FMI concediera el préstamo a su “socio estratégico” en América Latina: en el propio curso de las negociaciones el presidente Xi Jinping envió a Macri una carta personal expresando su respaldo a los objetivos y al plan económico, incluida la política de endeudamiento sistemático pese a sus consabidas consecuencias económicas y sociales.

Tampoco los lineamientos generales de la inversión china y los métodos de sus empresas en proyectos ya realizados o en curso en ALC se apartan de los que las corporaciones “occidentales” emplean habitualmente a través de sectores gubernamentales para desplazar a otros oferentes o aumentar su tasa de ganancia: opacidad de las contrataciones, concesiones sin licitación, incumplimiento de normas laborales o ambientales, etc. (Agramont y Bonifaz, 2018: 90; Girado, 2018: 128). Esos criterios son también los que guían al gobierno de China como alma mater del BAII y del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que junto al Banco de Desarrollo de China y el Eximbank chino constituyen el respaldo financiero de los proyectos de la IFR. Pese a ello, y alentando el tradicional esquema liberal de las “ventajas comparativas”, la dirigencia de la CEPAL y el gobierno chino coinciden en que la extensión de la IFR hacia América Latina y el Caribe “ofrece grandes oportunidades para la región y puede ser un mecanismo viable para lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y en que “los países de América Latina pueden aprovechar las oportunidades de desarrollar sus ventajas invirtiendo en la industria de la energía, obras civiles, agricultura, manufactura, tecnología e informática” (CEPAL, 2017b).

El poderío financiero respaldado o ejercido directamente por el estado fue decisivo para el rápido avance de la participación china en la IED en la región. Aunque el valor de sus transacciones está aún muy por detrás de EEUU (1,1% contra 20% en 2016) (Koleski & Blivas, 2018), las inversiones de empresas chinas crecieron aceleradamente, en particular en Brasil, Perú y Argentina. Más de la mitad de su total en valor se concentró primero en petróleo y minería, y entre 2012 y 2017 se desplazó hacia la generación de energía eléctrica, en línea con los objetivos de China de apoyar y promover en ALC la construcción de infraestructura. En los últimos años creció el interés de las corporaciones chinas por el litio (elemento clave en la fabricación de baterías de automóvil y electrónicos y por consiguiente en la batalla por el control de las tecnologías de última generación); mediante la adquisición total o parcial de grandes compañías chilenas las corporaciones estatales chinas se aseguraron el control de casi la mitad de la actual producción mundial de litio (Koleski & Blivas, 2018).

Tal como sucede desde fines del siglo XIX en ALC respecto de las grandes potencias, la “complementariedad” comercial ha sido la puerta de entrada del capital chino en la región. Entre 2000 y 2018 las corporaciones estatales y privadas de China participaron en más de 90 proyectos de infraestructura, incluyendo represas hidroeléctricas, puertos, autopistas, líneas ferroviarias, oleoductos y refinerías de petróleo y gas, aeropuertos, estadios, líneas de trasmisión eléctrica y otros, siendo Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela los principales receptores. Gigantescas corporaciones de China como State Grid, Sinopec, Sinohydro, Gezhouba y China Harbor son protagonistas centrales de este proceso. La participación de las chinas Huawei y ZTE en la construcción de redes de telecomunicación en 24 países de ALC despierta obvios recelos en EEUU.

Los proyectos chinos en marcha o terminados en la región cubren una amplia gama. Mencionamos aquí sólo los mayores:

• Producción de energía hidro y termoeléctrica y nuclear: participación de Sinohydro en la represa Coca-Codo Sinclair (u$s 2.800 millones) en Ecuador; Gezhouba-Electroingeniería-Hydrocuyo en las represas Kirchner y Cepernic, Argentina (u$s 4.000 millones); represas de Jupiá y Ilha Solteira, Brasil (u$s 4.255 millones); China National Nuclear Corporation-China Zhongyuan Engineering Corporation-N.A.S.A. en centrales nucleares en la Patagonia (u$s 5.800 millones).
• Líneas de transmisión eléctrica: State Grid Corporation of China en la línea de Belo Monte, Brasil (u$s 1.400 millones).
• Puertos: un consorcio de cinco compañías chinas en Porto Sul (exportación minera y logística) en Ilhéus, Brasil 2019 (u$s 2.400 millones).
• Canales: Hong Kong Nicaragua Canal Development Group en el Canal de Nicaragua (u$s 50.000 millones, actualmente interrumpida). (Fernández y Romero Wimer, 2018).
• Ferrocarriles: China Railway Group Ltd.-Departamento Nacional Venezolano de Ferrocarriles para la línea Tinaco-Anaco (u$s 7.500 millones); China Railway Construction Corp. para el FC San Martín, Argentina 2017 (u$s 2.400 millones).
• Refinerías de gas y petróleo y oleoductos: China National Petroleum Corporation en la Refinería Cienfuegos, Cuba 2010 (u$s 5.800 millones).

Sectores gubernamentales y empresariales de ALC fundamentan la complementariedad de intereses con China en que para cubrir su “brecha de infraestructuras” la “competitividad” latinoamericana requiere invertir un 5,2% del PIB (unos u$s 170.000 millones al año) (Perrotti y Sánchez, 2011); Pekín a su vez busca, con su “nueva normalidad”, reducir la inversión pública dentro de China, controlar la burbuja inmobiliaria y mantener bajo control la deuda, así como promover y financiar el desarrollo de nudos portuarios, ferroviarios etc. en los que China pueda obtener posiciones favorables en el tablero geopolítico (González Veiguela, 2019).

América Latina es ya el segundo destino más grande de la inversión china en el extranjero después de la región de Asia; al presente, 2.500 empresas chinas han invertido en ALC (Zhen, 2020). La fuerte presencia interna del capital chino -en forma individual o asociada a grupos económicos locales- refleja y a la vez potencia el crecimiento de poderosos sectores empresariales, gubernamentales, políticos e intelectuales promotores de la alianza estratégica con China. Un conglomerado de intereses que alienta la adaptación de las producciones de la región a la nueva demanda y a los requerimientos de la potencia asiática, “atrayendo” inversiones chinas a algunas ramas industriales no competidoras de la industria exportadora china, y financiamiento chino para la realización de grandes obras de infraestructura destinadas a canalizar los excedentes de capital de China hacia “oportunidades” rentables en ALC y las exportaciones de bienes primarios o de insumos industriales de la región hacia el país oriental. Esa estrategia adaptativa vuelve a evidenciarse, en el caso de la Argentina, con motivo de la abrupta baja de la producción de cerdos en el país oriental debido a la peste porcina africana, que abrió la posibilidad de grandes inversiones chinas en la producción de cerdos en la Argentina, pasando en 5 a 8 años de 6 millones de cabezas actuales a 100 millones, con destino no al mercado interno sino al de China (Castro, 2020), lo que a su vez se concibe como una compensación parcial a los perjuicios por el drástico recorte de Pekín a sus importaciones de carne vacuna debido al notable alza de precios generado por su propia demanda.

De este modo, sectores de las clases dirigentes de la región con influencia en el poder estatal convergen -incluso por encima de las grietas políticas locales- en la estrategia de promover la adaptación de áreas esenciales de la economía a la complementación con China. Como claramente expone Wang Zhen, vocero del gobierno chino y ex embajador de Pekín en varios países de América Latina:

Independientemente de que gobierne la izquierda o la derecha, un país no puede sostenerse sin estrategias efectivas (…) El ajuste de estructuras económicas irracionales, la aceleración de la construcción de infraestructura, la introducción de equipos y tecnologías avanzadas y el fortalecimiento de la captación de fondos serán medidas clave(…) En la actualidad y en un futuro previsible, socios tradicionales como EEUU, Europa y Japón difícilmente pueden o podrán ayudar a los países latinoamericanos a mejorar sus necesidades urgentes, y muchos países han depositado sus esperanzas en la cooperación con China (Zhen, 2020, s/p).

Se sustenta, así, una especie de “consenso de las infraestructuras” asociado al capital inversor y financiero de China: un “modelo” integrado a las estrategias de desarrollo de Pekín y en el marco de la IFR, postulado como vía de superación de la actual debilidad de las economías de EEUU y otras potencias mundiales. La inclusión de América Latina en la IFR no nació como un proyecto conjunto, sino como parte de las necesidades y objetivos estratégicos de la burguesía china y de su dirigencia política, en pos de resolver desequilibrios económicos que amenazan su estabilidad económica y social, su vaticinada primacía mundial, y la realización de lo que Xi Jinping llamó el “sueño chino de revitalización nacional”. Esas necesidades, a ojos de la dirigencia china, confieren nueva relevancia a América Latina como mercado proveedor y comprador y como campo de inversión, y a la alianza de Pekín con sectores de las clases dirigentes latinoamericanas una nueva trascendencia estratégica.

El indudable liderazgo chino en la efectivización de los emprendimientos anexos a la IFR incidirá internamente a través de las múltiples asociaciones y compromisos comerciales y financieros asociados a la construcción de la red de infraestructuras y comunicaciones, de la profundización de las relaciones comerciales y la potencial expansión de las exportaciones primarias al mercado chino, y de las oportunidades de financiamiento de las nuevas megaobras.

La concreción de algunos grandes proyectos de infraestructura internacionales en estudio, como el complejo ferroviario que uniría la costa Atlántica brasileña con el interior del continente y las costas chilena y peruana del Pacífico facilitando la exportación de materias primas a China y el acceso de manufacturas chinas a los mercados latinoamericanos (Pestanha, 2018), contribuiría decisivamente a la adaptación estructural de los “modelos” de desarrollo latinoamericanos a las prioridades estratégicas de China. Se hace inevitable la comparación histórica con la extensión mundial de la “misión civilizatoria” que Gran Bretaña impulsó en América Latina desde mediados del siglo XIX a través de la instalación de sus ferrocarriles y convirtiendo los vínculos que sus corporaciones ferroviarias e industriales cultivaban con las clases dirigentes locales en el eslabón regional interno de su influencia mundial.

Como se observa agudamente en una edición reciente de Third World Thematics:

Al parecer, en verdad, la máxima de Deng Xiaoping sobre ‘el gato y el ratón’ se está dando en América Latina en la medida en que China sigue financiando, comerciando y en menor medida invirtiendo en la producción de materias primas intensiva en tierra y recursos naturales en países controlados por gobiernos tanto progresistas como conservadores [..] [Esas relaciones] probablemente intensifiquen la actual dependencia respecto de las actividades extractivas, incluyendo la soja, reforzando las relaciones de producción, de propiedad y de poder existentes puesto que el capital estatal y privado chino se alía con las clases establecidas del capital y del estado en América Latina. Desde las condicionalidades liberales de Washington a la cooperación sur-sur de Pekín, parece que entre las elites políticas y económicas el consenso sigue siendo el mismo: el control de los recursos naturales (McKay y otros, 2017, s/p).

La profundización del proceso de reprimarización exportadora y productiva no es el único resultado -ni tal vez el principal- del creciente redireccionamiento de las alianzas económicas de los países de América Latina hacia China. En la práctica, muchos analistas y académicos asumen como propios los medios estratégicos con que la gran burguesía china busca integrar a distintos países -no sólo del “tercer mundo”- a su esfera de influencia: una diplomacia financiera (la llamada “diplomacia del yuan”, que condensa las estrategias chinas del soft power) centrada en el ofrecimiento de cooperación en grandes emprendimientos con financiamiento, inversión y tecnología chinas: en suma, una “división internacional del trabajo” con China como centro, incluyendo la asociación subordinada de grupos empresariales locales -trasfundidos en intermediarios internos de intereses chinos-, e integrada a la estrategia del Estado chino apuntada a consolidar la hegemonía mundial de sus corporaciones industriales y bancarias (la “globalización con características chinas”).

4. Conclusión: límites estructurales

En términos históricos, la alianza comercial de las clases dirigentes de ALC con las grandes potencias basada en la especialización primario-exportadora ha sido la puerta de ingreso del capital extranjero (ferrocarriles y frigoríficos ingleses y franceses a fines del siglo XIX; empresas petroleras y manufactureras estadounidenses en la segunda posguerra), y punto de arranque de un círculo que se cierra con la dependencia financiera. La asociación estratégica con China ha permitido a las burguesías latinoamericanas relajar relativamente las presiones estratégicas de la hegemonía estadounidense, pero no se diferencia sustancialmente de aquel viejo esquema histórico. El invocado “beneficio mutuo” lo ha sido en favor de las corporaciones chinas y de poderosos pero reducidos grupos terratenientes e industriales latinoamericanos de capitales locales, extrarregionales o mixtos, asociados al mercado chino o a sus corporaciones industriales y financieras.

Dada la perduración en América Latina de las estructuras económico-sociales del atraso y la dependencia, la inclusión de nuestros países en las estrategias de China asociadas, por ejemplo, a la IFR sólo podría facilitar la perduración de esas estructuras, y consolidar el rol de América Latina en el sistema internacional como una región hiperespecializada en producciones primarias o en industrias “subsidiarias” dependientes de la inversión extranjera -habitualmente en condiciones de privilegio- y de la importación de industria, bienes de capital y tecnología de las grandes potencias. En años recientes, la implementación por otros sectores de las clases dirigentes de programas neo-desarrollistas fundados no en políticas de desarrollo industrial y financiamiento propio sino en la “atracción” masiva de inversiones chinas básicamente dirigidas a petróleo, minería, soja o a la construcción de infraestructuras, no modificó sustancialmente el modo “clásico” de inserción internacional de la región (Laufer, 2015).

Muchos académicos reinteran desde hace años la advertencia respecto de las limitaciones del enfoque de las asociaciones estratégicas con China ante la evidencia de la reprimarización de las exportaciones hacia ese país, por el masivo ingreso de bienes industriales chinos en perjuicio de las producciones nacionales, y por la creciente dependencia respecto del financiamiento chino; frente a ello muchos de esos analistas exhortan a diversificar las exportaciones regionales agregándoles valor mediante su procesamiento industrial. Una y otra vez sin embargo, desde hace muchos años, los gobiernos de los países latinoamericanos evidencian su imposibilidad o falta de voluntad política para concretar esas recomendaciones y llevar a cabo una industrialización autosostenida acorde no sólo a las necesidades de un desarrollo nacional integral sino también a la diversificación exportadora de nuestros países.

Las causas de fondo de esas falencias o impotencia suelen ser marginadas del debate político y académico; van más allá de la intención circunstancial de tal o cual gobierno, y sólo pueden hallarse en la persistencia de las viejas estructuras económico-sociales y de poder, es decir en la hegemonía estatal de sectores agrarios e industriales de las clases dirigentes -beneficiarios de la tradicional especialización primario-exportadora o de un limitado desarrollo industrial asociado o subordinado al capital extranjero-, que gozan de influencia o poder decisorio en las esferas estatales vinculadas a las políticas productivas, comerciales, financieras, diplomáticas, culturales, militares, etc. y que por ello son promotores y gestores de la nueva relación privilegiada con la potencia asiática.

En el actual contexto internacional, la inclusión de ALC en un proyecto chino regido por las ya conocidas normas de apertura comercial y financiera acentuaría también la histórica vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. En ellas repercutirían fuertemente -ya lo están haciendo- fenómenos como el menor dinamismo del capitalismo con centro en las grandes potencias y las consecuencias aún no remontadas de la crisis económica mundial de 2008 (Husson, 2019); la desaceleración en el crecimiento de China -ya anterior a su “nueva normalidad” y acentuado hoy por la guerra comercial con EEUU, y por la epidemia de coronavirus-; el impacto de todo ello en las importaciones y en los programas de financiamiento de China, y la acentuación de los desequilibrios comerciales bi-laterales y bi-regionales como consecuencia del propio proceso latinoamericano de reprimarización y desindustrialización.

La incorporación del subcontinente al megaproyecto chino, finalmente, alteraría sus alianzas internacionales, con las implicancias estratégicas que ello supone. La rivalidad multipolar no conlleva competencia armónica sino disputa y fricciones. La inclusión de los países de la región en la iniciativa china de la Franja y la Ruta se inscribe en la naturaleza, objetivos y alcances de las “asociaciones estratégicas” que vinculan a fuertes sectores de las clases dirigentes de nuestros países con la potencia que va convirtiéndose en el gran comprador, proveedor, inversor y prestamista de la región. Esos “movimientos tectónicos” en los alineamientos internacionales de la región acrecientan la inquietud de los círculos gobernantes de Washington, empeñados en reponer y extender a toda ALC una hegemonía indiscutida, en un mundo inestable en que los sucesivos capítulos de la guerra comercial en curso entre EEUU y China multiplican indicios de una nueva bipolaridad y un nuevo clima de “guerra fría”.

Los capítulos recorridos por la disputa hegemónica -por el momento principalmente comercial- entre Washington y Pekín hasta la precaria pausa acordada en enero de 2020, no debieran distraer acerca de realidades históricas conocidas: durante más de un siglo China fue un país semicolonial (1840-1949), y luego socialista (1949-1978); es decir, no tenía intereses mundiales que promover y proteger. Ahora los tiene. Por el momento prioriza el “poder blando” -su influencia económica, política, cultural y militar-, plataforma desde la que estrecha vínculos con sectores gubernamentales, empresariales, terratenientes, intelectuales, periodísticos, militares. De ambos lados, el correlato ideológico de esos vínculos es la desestimación de toda vía de desarrollo basada en el autosostenimiento nacional y en la autonomía e integración política de los países y pueblos “en desarrollo”, y la denigración de esos preceptos como sinónimos de aislamiento, impotencia y atraso; se contribuye así, en el plano cultural, a completar el círculo de una dependencia comercial, industrial, tecnológica y financiera que en última instancia se traduce siempre en concesiones económicas y alineamientos políticos.

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