Uruguay y la ruptura de relaciones
con Cuba en 1964^[1]

Roberto García y Martín Girona (Udelar)

1. Uruguay, la “cuestión cubana” y su “notable gravitación”

A fines de marzo de 1962, dos meses más tarde de que Cuba fuera excluida de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la reunión de consulta celebrada en el balneario de Punta del Este, el canciller uruguayo, Homero Martínez Montero, elevaba a sus pares de la región un detallado informe confidencial. Resumía en él los antecedentes del caso, así como las múltiples discusiones mantenidas antes de la votación final que, por estrecho margen, consiguió la exclusión del gobierno cubano del organismo regional. El preámbulo del escrito contenía tres párrafos contundentes que así se iniciaban: “Ningún otro suceso ha sacudido a América Latina, en el curso de este siglo, sin que esto signifique otra cosa que la mera comprobación de un hecho histórico, como la revolución político-social operada en Cuba”. Pese a la lejanía, la “inmensa potencia explosiva” que sacudió desde 1959 la región también supuso para el gobierno uruguayo una recurrente toma de posición que a la vez se encontraba atravesada porque existían “circunstancias y motivos similares, latentes y válidos, en gran parte de América Latina”. En caso de que los mismos no fuesen atendidos y “a [un] ritmo acelerado”, proseguía, podrían suponer otro “estallido revolucionario semejante”.^[2]

Al igual que para sus pares del sistema interamericano, el citado canciller consideraba una cuestión central la “neutralización” de la proyección revolucionaria cubana. A fines de ese mismo año 1962, cuando las tensiones a que había dado lugar la crisis de los misiles en octubre tendían a disiparse, Martínez Montero, esta vez en una de las varias reuniones privadas con el encargado de negocios cubano arribado al país el año anterior, abordó directamente ese tópico. Habían quedado atrás aquellas primeras entrevistas donde se comportó en forma “verdaderamente hostil”. Ahora, el paso del tiempo daba lugar a un trato más “afectuoso” que habilitaba ese tipo de intercambios.^[3] Por eso mismo, el uruguayo se permitió consultarle al caribeño acerca del “¿por qué?” los cubanos se empecinaban en buscar “hacer que el resto de Latino América tuviera un cambio estructural”.^[4] No era caprichosa la insistencia: la temática de la “propaganda” “subversiva” que llegaba a Montevideo y desde esta capital se dirigía hacia los vecinos más próximos del Cono Sur, era algo recurrente y daba lugar a constantes rispideces con los demás países. Una vez más, estos hacían ver a las autoridades sobre su “ingenuidad” respecto a las “actividades comunistas”, advirtiendo lo riesgoso de una tradicional postura permisiva hacia esa ideología en general, pero que desde 1959, se materializaba en la expresión -aún más peligrosa por lo cercana- del “castro-comunismo”.

Detrás de esas expresiones se condensaban dos de las más significativas dimensiones sobre cómo el tradicionalmente democrático, liberal e “hiperintegrado” Uruguay, gradualmente fue abordando lo que recientemente Tanya Harmer llamó la “cuestión cubana” (Harmer, 2019). En buena medida, lo anteriormente expuesto se relaciona al destacado rol que parecía ocupar el país en la compleja tramitación del radical desafío que Cuba implicaba en el marco de una Guerra Fría latinoamericana (Pettiná, 2018).

En ese sentido, como parte de un trabajo colectivo más amplio aún en curso, este texto constituye un acercamiento parcial al tramo final de una investigación sobre el impacto de la radical revolución caribeña en la política exterior uruguaya entre 1959 y 1964, cuestión que entrañaba una “notable gravitación” según informaban repetidamente los funcionarios de la embajada cubana en Montevideo.^[5] Buscamos, entonces, presentar las principales motivaciones que contribuyen a explicar algunos de los pormenores sobre cómo el Uruguay fue gradualmente acoplando su posición internacional hacia lo que el sistema interamericano en su conjunto -y no solo Estados Unidos- promovía para aislar y derrocar al gobierno cubano. No se trató de un proceso lineal ni exento de crecientes tensiones, máxime si se tiene en cuenta que América Latina se había convertido en la zona más peligrosa del mundo. Mucho menos se hace inteligible observando exclusivamente al Estado, o acudiendo a hipótesis que se aferran a explicar ese proceso dialogando con las tradiciones que en materia internacional el Uruguay -al igual que otros países pequeños- tienden a asumir en cuanto al apego irrestricto a las normas del derecho internacional.

Por lo dicho, el texto explicita brevemente las múltiples dimensiones necesarias para comprenderlo y procura incorporar en ese debate, a través de una serie de episodios ocurridos ante la inminencia de la ruptura con Cuba y luego de que la misma se efectivizara, la vitalidad de un conjunto heterogéneo de movimientos sociales crecientemente internacionalizados en la solidaridad con Cuba y que durante todo el lustro mantuvieron un protagonismo cuya centralidad contribuye a explicar lo tardía de una posición rupturista varias veces dilatada por lo menos desde 1960.

Aunque la limitación de espacio impide desarrollarlo con mayor amplitud, consignamos que el comentario parte de una estrategia de investigación multi archivística en la que se incluyen fuentes primarias diversas en su origen y características, provenientes de acervos públicos y privados de Uruguay, Cuba, Brasil, Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica, México, Paraguay, Bolivia y Argentina, además de documentación estadounidense disponible en línea.^[6]

2. Algunas tendencias de “larga duración”

El objetivo del trabajo requiere plantear algunas cuestiones previas.

Primero, se asume la necesidad de adoptar una perspectiva que coloque este tramo de la historia de la política exterior uruguaya en un espacio geográfico y e inclusive cronológico más amplio al formulado en el proyecto. La obviedad de esto último, que no debería sorprender, mucho más tratándose de asuntos relacionados a lo internacional, encarna el desafío de abandonar los marcos tradicionales del por mucho tiempo predominante nacionalismo historiográfico. Esto tuvo un impacto importante en ciertas narrativas que durante mucho tiempo tendieron a explicar la historia en clave nacional, ciertamente “excepcionalista” y por ende escasamente conectada a los procesos latinoamericanos. Así, e incluso en lo relacionado a la cuestión internacional, el país se auto-percibía como una “isla democrática” en medio de una región donde cundía la inestabilidad, la debilidad institucional y el golpismo militar era la tónica.

Por ende, una segunda consideración cuestiona ese tipo de relatos y también advierte, según la diversidad empírica a que hicimos referencia, que la posición uruguaya respecto a Cuba fue asumida, pensada y procesada por los protagonistas en un diálogo intenso, sostenido en el tiempo y constante con el resto de sus pares del sistema interamericano. Por supuesto, no todos incidían con igual peso en su delineamiento, ni suponían un espejo válido en el cual mirarse. Había algo más que distancias geográficas con las dictaduras centroamericanas y caribeñas y por ende eran profundas las diferencias políticas e ideológicas. Empero, la evidencia sugiere una marcada tendencia a hilvanar posiciones comunes sobre la base de un fuerte sustrato transnacional compartido en que los actores se presentan crecientemente internacionalizados y se asumen, piensan, actúan y desplazan más allá de las fronteras nacionales. Y Uruguay fue parte de eso.

La tercera cuestión implica señalar que las dificultades para pensar la historia internacional del país recién apuntadas, redundaron en un escaso desarrollo de la historiografía sobre las relaciones internacionales, dejando en llamativa opacidad vastos tramos del devenir histórico. Tan es así que aún en un tópico “interméstico” de singular proyección como el cubano, debe advertirse que su indudable impacto no ha constituido, en su especificidad, un objeto de estudio particular. Por el contrario, algo de sus fortísimos embates aparecen en forma tangencial o bien se integran a indagaciones mayores cuyo centro de reflexión es el proceso de radicalización juvenil de los sesenta, el origen de la violencia política o acaso la extendida cultura de anticomunismo, ya presente desde los años treinta, pero crecientemente extendida desde la irrupción cubana.

Una cuarta cuestión a tener presente aparece ligada a lo que recientemente Gerardo Caetano ha sugerido para delinear, desde una mirada geopolítica, algunos de los clivajes que constituyen una marca de larga duración del Uruguay: fue en “varias ocasiones” que el país se orientó a cumplir “un rol central como factor de equilibrio regional” (Caetano, 2019). Sitiado entre dos grandes potencias, mirando al mundo a través de una “frontera transatlántica” privilegiada, “sin las grandes tensiones interclasistas y étnicas del continente”, corresponde subrayar que no solamente en cuanto a la historia política el país parecía ocupar un lugar importante. En el plácido, pequeño y permisivo Uruguay, en función de lo señalado, se habilitaban y por ende producían, numerosos e intensos intercambios transnacionales: proxenetas, delincuentes viajeros, pero también anarquistas, intelectuales, periodistas, dirigentes sindicales y políticos, entre ellos ex presidentes o diplomáticos perseguidos en otras latitudes encontraban muy habitualmente cobijo en un país que también se nutría de su impronta. Vinculado al presente trabajo y ya en clave de Guerra Fría, no debe perderse de vista que dos de las más importantes instancias relativas a la “cuestión cubana” se dilucidaron en cónclaves regionales reunidos en el país: en el mismo balneario de la costa uruguaya se lanzó la Alianza Para el Progreso y meses más tarde la OEA excluyó a Cuba. No pareció ser un capricho del destino. En la elección de Uruguay pesaba lo que en su momento había sido la Conferencia reunida en Caracas en marzo de 1954, donde gobernaba el dictador Marcos Pérez Jiménez y desde donde se cuestionó a la democrática Guatemala. Por aquella historia anterior, si ahora la OEA deseaba discutir la “cuestión cubana”, aconsejable era reunirse en países democráticos. Por esa razón, la estabilidad de un sistema político bastante más amplio y sobre todo tolerante en comparación a sus vecinos, era funcional a un sistema interamericano en tensión y en el cual la legitimidad de su vecino más poderoso, históricamente intervencionista, estaba en franco declive. A ello se añadía otro factor: tradicionalmente, la postura del país en el terreno internacional -con la excepción de la breve Doctrina Larreta- era celosa respecto a la defensa de ciertos pilares entre los cuales estaba la democracia representativa, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y a la defensa del principio de no intervención.

Eso nos conduce a un quinto elemento desde el cual se torna imperioso analizar la evolución de la actitud uruguaya respecto a Cuba y que se vincula estrechamente al destacado lugar del país en lo que podríamos llamar la geopolítica regional de la Guerra Fría latinoamericana. A lo ya expuesto, su amplitud y estabilidad política interna, ciertamente valorada a nivel regional, contribuían a que el país fuese punto de encuentro, circulación de propaganda, ideas, personas y muy probablemente, un sitial de privilegio para la conspiración. Cierta sobreactuación de la dirigencia política nacional en la defensa de las libertades y la auto percepción de celoso guardián de la democracia representativa en una región por momentos inhóspita, fue crecientemente juzgada como temeraria y peligrosa para la seguridad regional, muy especialmente desde 1959. No era esto algo novedoso: en el mundo diplomático y en el de las agencias de inteligencia vinculadas a este, se advertía repetidamente sobre esto desde el inicio de la Guerra Fría en 1947. El periodismo más influyente se hacía muy habitualmente eco de eso y difundía constantes denuncias alertando sobre la peligrosidad de la acción de agentes del comunismo internacional. Puede sostenerse que, desde Uruguay, ambas grandes potencias se observaban mutuamente durante el conflicto bipolar. No en vano la embajada de Estados Unidos y de la URSS (Aparicio, García y Terra, 2013) -más tarde, también Checoslovaquia-, (Zourek, 2018; 2020) desplegaban numeroso personal con cobertura diplomática para cumplir a la vez actividades de inteligencia (García, 2012). Algo similar puede percibirse desde la documentación diplomática y policial brasileña, país que parecía monitorear las actividades de izquierda en América Latina desde su embajada en Montevideo. Todo ello se agravó a partir de 1959 con el añadido que, según lo ya escrito, tampoco resultan insólitas las actividades desplegadas por la Embajada de Cuba en el país (García, 2018), algo que incluso parece haber trascendido la ruptura de relaciones de septiembre de 1964 en tanto, apunta Aldo Marchesi, los cubanos dejaron toda una red de contactos clandestinos que facilitaron una parte de la labor conspirativa haciendo posible en la capital uruguaya, secretos intercambios y discusiones sobre las vías de la revolución latinoamericana (Marchesi, 2019).

3. En busca de los actores y sus múltiples dimensiones

Queda, por último, presentar a los protagonistas, que se dividen en dos grandes niveles, por cierto, superpuestos: uno doméstico y otro internacional. Su presentación entraña trascender la historia exclusivamente diplomática y supone avanzar más allá de los típicos actores estatales.

En cuanto a lo interno, consignamos que debe tomarse en cuenta un proceso de formulación complejo en el que se contaba a la cancillería en diálogo con un Poder Ejecutivo de integración colectiva -donde había nueve voluntades de los partidos mayoritarios con sus diversas facciones-, y con las comisiones de relaciones internacionales del Poder Legislativo. Segundo, deben observarse los partidos, lo que implica incluir no solamente a quienes co-gobernaban desde el Consejo Nacional de Gobierno, sino a todo el espectro, entre ellos las izquierdas, minoritarias electoralmente, pero de importante presencia en los debates parlamentarios. No todo quedaba allí y existe un tercer protagonista de importante incidencia. Así, los dos primeros se encontraban fuertemente acicateados por las constantes presiones de los medios de prensa: desde donde los más influyentes periódicos, se ventilaba a diario una persistente propaganda encubierta de la CIA, destinada a denunciar la peligrosidad del comunismo internacional y promover la ruptura de relaciones con Cuba. Esto último nos supone destacar, como un cuarto actor, a las insistentes presiones cumplidas en una relación estrecha con la CIA y sus pares de la región, por la inteligencia policial uruguaya. Expresión elocuente a ese respecto fueron las palabras de advertencia del consejero de gobierno Amílcar Vasconcellos al momento de argumentar su voto contrario a la ruptura de relaciones con Cuba: el país corría el “riesgo de que las decisiones en materia de relaciones internacionales, quedaran en manos del Servicio de Inteligencia”.^[7] A ello se deben añadir, por fuera del Estado, el creciente protagonismo de los numerosos sindicatos pertenecientes a variados rubros de actividad así como también, unidos a ellos, otros tantos sectores juveniles que nucleaban a estudiantes secundarios, de magisterio y fundamentalmente universitarios, que expresaron durante todo el tramo a estudio y particularmente en ese complejo año de 1964, no solo una manifiesta solidaridad hacia Cuba revolucionaria sino que mantuvieron un constante pulso con el gobierno procurando incidir en su conducta internacional ante Cuba.

El delineamiento anterior, trazado atendiendo a una escala doméstica, no supone obviar, tal y como se postuló, un diálogo intenso de esos actores con sus pares de la región y, a la vez, con lo que también era la dinámica más global de la Guerra Fría. En ese sentido, un último planteamiento teórico implica subrayar que tanto la dirigencia política, como los diplomáticos, espías, intelectuales, sindicalistas y jóvenes estudiantes se asumían, vinculaban y pensaban su accionar como parte un espacio que no quedaba reducido al Uruguay, y donde la revolución caribeña nítidamente contribuía a su latino-americanización, algo en lo que incidía la virulencia y efectos nocivos de una crisis económico-social con rasgos inéditos para la cual las respuestas estatales, en el terreno económico, político y policial, tendían a su agravamiento.

4. Resistencia internacional, solidaridad creciente y “radicalización anticastrista”

Los planteamientos esquemáticamente expuestos ofician de base para explicar algunos cruces que culminan haciendo eclosión, hacia septiembre de 1964, en la formal ruptura de relaciones entre Uruguay y Cuba. La medida, que como veremos sería ampliamente discutida, generaba importantes reparos a nivel político y jurídico, siendo intensamente resistida por numerosos grupos sociales que procuraban y de hecho conseguían incidir desde tiempo antes en algunos aspectos de la política exterior. Esas expresiones de solidaridad no eran novedosas en 1964. Tampoco las dudas del elenco gobernante. Un somero repaso de algunas coyunturas específicas del tramo a estudio, iniciado en 1959, permite establecer ciertas continuidades y acercar algunos elementos que contribuyen a comprender mejor un desenlace final que amerita cierta profundización y sobre el cual ensayamos algunas hipótesis explicativas.

La primera cuestión pasa por tener presente que ambos países atravesaban en 1959 sendas transiciones políticas. Mientras Cuba iniciaba su victoriosa y radical revolución, en Uruguay había llegado al gobierno el Partido Nacional tras casi un siglo de predominancia del Partido Colorado. En materia de asuntos internacionales, el herrerismo, sector mayoritario del partido ahora gobernante, había exhibido posiciones en clave antiimperialista, condenando la presencia imperial estadounidense sobre todo en Centroamérica y el Caribe, además de defender, en numerosas ocasiones, el apego a la no intervención, algo muy propio de los países pequeños y periféricos, que por otra parte constituía una tradición compartida con el resto del sistema político.

En ese orden corresponde recordar que la aproximación vivencial del público uruguayo y la seducción por la revolución cubana fue casi inmediata: en febrero-marzo de 1959 arribaron al país un grupo de revolucionarios, o “barbudos” como se definían, que llegaron como parte de la denominada “Operación Verdad” a explicar en qué había consistido la revolución acaecida en la isla mayor del mar Caribe. Sus actos en la capital despertaron interés y fueron seguidos de cerca por un público numeroso. Luego, poco más adelante, fue el mismo Fidel Castro quien llegó a Montevideo en mayo tras su paso por Buenos Aires. En ese caso el indudable magnetismo de su figura generó una presencia numerosa a su arribo en la terminal aérea, en su visita a las zonas afectadas por las inundaciones del mes anterior y, sobre todo, en el masivo acto en el centro de la ciudad. La prensa, quizás sobrevalorando la presencia, indicó una asistencia de 40000 personas. Aunque la inteligencia policial, más cauta, indicó como cifra la mitad, se trataba de un número desusado en la capital uruguaya. Ya regresado Castro a su Cuba natal, se promulgó la primera reforma agraria, lo que dio lugar a ciertas tensiones con Estados Unidos que a la vez comenzaron a recordar el caso de Guatemala con la United Fruit, aún fresco en el imaginario local, más si se tiene en cuenta que el ex presidente guatemalteco vivía exiliado en el país desde 1957. Otro indicio de esa incipiente pero siempre presente proyección de la cuestión cubana que despertaba la solidaridad tuvo lugar, por ese mismo tiempo, en la creación del Movimiento Latinoamericano 26 en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya. La policía, que seguía de cerca cualquier manifestación de ese tipo, subrayó que era un “movimiento JUVENIL [sic] inspirado en la revolución que encabezó el Dr. Fidel Castro, en Cuba, ‘para ser solidaria con la misma y como afirmación antiimperialista’”.^[8]

Mientras tanto, y ya en el nivel de la política exterior, el país participaba de la V Reunión de Consulta de cancilleres latinoamericanos en Santiago de Chile, donde se escucharon los primeros ecos del cimbronazo que generaba la victoriosa experiencia cubana entre las dictaduras vecinas, sobre todo en República Dominicana y Nicaragua.^[9] Sin embargo, y pese a que las relaciones bilaterales continuaron en tanto hubo un rápido y hasta celebrado reconocimiento al nuevo gobierno cubano por parte de las autoridades uruguayas, las tempranas expresiones de solidaridad que percibían entre sectores juveniles y sindicales no pasaron desapercibidas. Según puede verse en un informe producido por la embajada cubana en Montevideo, ese punto recibía una especial atención, que denotaba una inicial directiva encaminada a conocer los sectores favorables y contrarios a la revolución.^[10] Ese segundo semestre de 1959 estuvo signado, en lo que sería de allí en adelante una tendencia creciente, por la fuerte insistencia regional para que Uruguay controlara en forma eficaz el ingreso de propaganda comunista que era remitida clandestinamente a Argentina, Paraguay y Brasil, tal y como profusamente aparece en la documentación remitida desde la embajada uruguaya en Buenos Aires^[11] o como queda consignado en los informes que desde Montevideo se enviaban a la cancillería en Santiago de Chile.^[12]

El mojón siguiente tuvo lugar cuando el presidente Eisenhower decidió a visitar el Cono Sur como forma de buscar erosionar la fuerte impronta cubana y, a la vez, buscando los apoyos regionales para una eventual intervención que derrocase a Fidel Castro del poder. Atrás había quedado la propuesta cubana de celebrar una conferencia de países subdesarrollados en La Habana, que no había recibido mayor atención en la región, y con Uruguay participando de esa fría recepción hacia la iniciativa. Por el contrario, el gobierno sí brindó una calurosa recepción al presidente estadounidense el 2 de marzo de 1960. La misma contrastó con las numerosas manifestaciones antiimperialistas esgrimidas en varios puntos de la capital uruguaya por parte, fundamentalmente, de estudiantes universitarios que desplegaron banderas de extensas dimensiones mientras la comitiva visitante se desplazaba, así como carteles de repudio y condena hacia los Estados Unidos. No todo quedaba ahí: con similar fuerza se defendía a Cuba, “nueva lucecita” de esperanza continental. Las manifestaciones fueron respondidas con una violencia inusitada por parte de la policía. Se conformó un “Estado Mayor” que reprimió a los estudiantes en las calles, cercenó la autonomía universitaria ingresando a dos facultades sin órdenes de allanamiento y buscó, en una forma totalmente desusada en el país, por todos los medios silenciar las voces disidentes. Tanques en las calles, cientos de uniformados, armas de fuego y gases lacrimógenos marcaron lo que parece haber sido una señal de inicio que dejaba tempranamente expuesta y en el centro de los debates a la misma Universidad de la República. En esas coordenadas, y desconociendo su historia institucional anterior, la casa mayor de estudios fue repetidamente señalada como refugio de peligrosos agitadores vinculados al nuevo enemigo regional que asomaba: el “castrismo” cubano. La documentación policial del servicio de inteligencia no deja dudas y puede ampliamente fundamentarse a través de sus fuentes y desde entonces, una particular aversión hacia los agentes “castro-comunistas”. Era el momento de una clara “radicalización anticastrista” de ese servicio que no debe disociarse de las fuerte vinculaciones del presidente en ejercicio ese año, Benito Nardone y su Jefe de Policía, el coronel Mario Aguerrondo, este último también conocido por sus fuertes impulsos golpistas y una admiración más o menos oculta hacia el nazismo.

A lo antes expuesto deben sumarse, durante los meses siguientes, las feroces consecuencias del ajuste económico que implicó la firma de la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. No sorprende el enrarecido clima antiuniversitario habida cuenta sus pronunciamientos en materia internacional, así como las movilizaciones contra la carestía de la vida en solidaridad con otras gremiales. En julio, la visita del presidente cubano Osvaldo Dorticós generó una actitud descortés de parte del gobierno uruguayo y de la custodia policial que debía velar por su integridad, recibiendo fuertes críticas en la Cámara de Diputados.^[13] Hacia octubre, una huelga de funcionarios universitarios derivó en un violento intento de asalto al edificio central. Sus promotores, acicateados por la incesante campaña mediática que denunciaba presuntas actividades del embajador cubano y advertía sobre la conformación de un “soviet”, buscaban “recuperarla” para la democracia. No lograron su cometido. La connivencia policial les permitió escapar, pero aquella era otra fuerte señal.

Como parte de un clima regional proclive y en función de las cercanías con la estación montevideana de la CIA, la citada “radicalización anticastrista” se hizo visible a través de un amplio abanico de informaciones de inteligencia producidas para convencer a quienes aún no lo estaban en el Consejo Nacional de Gobierno, de la imperiosa necesidad de promover una actitud rupturista hacia la URSS y Cuba.^[14] Los tiempos apremiaban pues Nardone debía entregar el poder -que era ejercido en forma rotativa por un año entre los sectores más votados del partido ganador de los comicios- a inicios de marzo de 1961. Aunque finalmente no se consiguió avanzar en disposiciones unilaterales tan radicales, en enero el Consejo declaró persona non grata al embajador cubano Mario García Incháustegui y decretó la expulsión del Primer Secretario de la embajada soviética.^[15] Afuera, mientras se decidía la medida, Incháustegui consignaba la presencia de un numeroso público que celebró un acto de solidaridad frente al Palacio de Gobierno. El funcionario caribeño, informado tiempo antes de la estricta fiscalización policial de sus actividades, había reducido al mínimo su exposición pública.^[16] De todas formas, fuertes lazos con el movimiento estudiantil ya se habían tendido pues,^[17] como se advierte en la documentación de la embajada cubana, allí residía un componente esencial de la solidaridad que hacia la revolución debía promoverse como parte de una estrategia de autodefensa que se asumía en la defensa exterior del proceso (Gleijeses, 2004; Krujit, 2019). El episodio dio lugar entonces a singulares muestras de solidaridad para con el embajador que disponía de un plazo muy breve para abandonar el país. Ese “calor de pueblo”, escribió García Incháustegui a La Habana, “lo sentimos como nunca antes en los últimos días de mi estancia en el querido país”.^[18] Parte de esas expresiones no solo llegaron a la embajada para despedirlo, también se hicieron presentes en el aeropuerto donde fueron muchos los abrazos.

En abril de 1961, la invasión a Bahía de Cochinos generó respuestas similares. Desde el gobierno las autoridades guardaron un estruendoso silencio no existiendo inclusive pronunciamiento oficial alguno. Las representaciones cubanas en los países que aún no habían roto con la isla caribeña, recibieron instrucciones de informar sobre las manifestaciones de solidaridad hacia el país invadido. En el caso uruguayo, consigna un documento, “no se hizo informe” sobre la posición del gobierno “dado que esta no existió”.^[19] El silencio de las autoridades contrastó con la declaración de una huelga general por parte de diversos sindicatos de trabajadores. Una “manifestación estudiantil relámpago”, portando carteles que vivaban a Cuba, “fue disuelta a balazos” por la policía. Cuando al cabo de esos días se concretó el triunfo sobre las tropas mercenarias, unas 40.000 personas marcharon celebrando por la principal avenida capitalina, siendo quemadas banderas estadunidenses.^[20] En el Consejo de Gobierno nuevamente algunos representantes intentaron avanzar en la ruptura con Cuba.

Para ese entonces ya alcanzaban notoria visibilidad las acciones solidarias de Comité Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana, que nucleaba a un espectro político partidario que trascendía a las izquierdas e incluso se expandía por la casi totalidad de los departamentos del país. Un informe cubano al año siguiente no dudaba en calificarlo como uno de los más importantes e influyentes de América Latina.^[21] Hacia mediados de agosto, la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social donde se oficializaría la Alianza Para el Progreso, dio pie para escuchar en el paraninfo universitario las consideraciones del mismísimo Ernesto Guevara sobre la ruptura que suponía el ejemplo cubano dentro del sistema interamericano. La conferencia seguida con singular entusiasmo por un público numeroso que vociferaba y celebraba en reiteradas ocasiones la victoria cubana en Playa Girón, culminó en forma trágica con el asesinato, una vez culminada la parte oratoria, de un profesor de historia que había asistido al recinto universitario.

Mientras esos eventos crecientemente violentos en el orden interno iban erosionando en forma evidente la vida política y social, en el orden internacional el país mantenía un pulso bastante firme en cuanto a la defensa irrestricta de la no intervención, lo que sin embargo no suponía tomar distancia del consenso regional respecto a la peligrosidad que entrañaba el ejemplo cubano. Desde el gobierno revolucionario ese capital era reconocido y apreciado en tanto la resistencia internacional uruguaya constituía una suerte de garantía pues, como ya fue escrito, se trataba de un país donde la democracia representativa presentaba rasgos mayores de solidez respecto a sus vecinos regionales. Estados Unidos, más allá de la fuerte incidencia de una crisis económica que iba limitando y tensionaba la autonomía de la política exterior, parecía no tener éxito en la presión para que el país se acompasara rápidamente a lo que iba ganado cuerpo dentro de la diplomacia regional: la explicitación del carácter socialista de la Revolución Cubana la hacía incompatible con la OEA. Una de las varias expresiones de esas dificultades pudo vivenciarla un sorprendido Adlai Stevenson quien arribó al Uruguay en representación de Kennedy para tratar personalmente los temas de la política latinoamericana con el ahora presidente uruguayo Eduardo Víctor Haedo. Tras la reunión privada, las palabras explicitadas en la conferencia por el mandatario fueron concluyentes: “[…] el Partido que tiene la responsabilidad del Gobierno mantiene una larga tradición que no está dispuesto a abandonar en defensa de los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”. Más “elocuente” fue el editorial del diario oficialista que dirigía el propio Haedo, El Debate: “Nuestro pueblo recibe con reservas esta clase de visitas” y “es contrario a la política americana de mandar emisarios que a vuelo de pájaro quieren interesarse y conocer los problemas nacionales”.^[22]

Pese a ello, el vendaval acercó nuevamente a Punta del Este las cuestiones relativas a qué debía hacer el organismo regional con Cuba. Fueron otra vez numerosas las delegaciones pues se trataba de una instancia de consulta de cancilleres promovida en este caso por Colombia. Para el Uruguay, país anfitrión, aquella supuso una instancia de importantes tensiones. El gobierno discrepaba, en forma similar a México, con la convocatoria de la instancia. También mantenía importantes reservas sobre la cuestión jurídica y dudaba con notorio fundamento en cuanto a la validez y eficacia de las sanciones contra el país caribeño. Diversos documentos de la embajada de Cuba y la documentación diplomática uruguaya reflejan esas tensiones, donde incluso el propio canciller presentó su renuncia ante artículos de prensa que pretendieron desacreditarlo días antes de recibir a las delegaciones extranjeras. Empero, y a la hora de la votación final, la tradicional postura “resistente” del gobierno dejó paso a la necesidad de contribuir con el voto favorable a expulsar a Cuba de la OEA como forma de hacer prevalecer la unidad hemisférica, circunstancia agravada por la condición de país anfitrión. Sin embargo, una marcha patriótica reunió a miles de manifestantes muchos de los cuales partieron caminando en caravana rumbo al balneario del este uruguayo. Aunque su presencia finalmente no consiguió el resultado esperado mantuvo en vilo a las autoridades que por otra parte también debieron controlar, en la capital, una contra cumbre que reunía a importantes referentes internacionales solidarios con Cuba. Otra vez, la expulsión cubana en la OEA fue aprovechada por sectores conservadores cercanos a la embajada de Estados Unidos para presentar una nueva moción de ruptura, aunque no se consiguió el número necesario, tal y como el propio Haedo adelantó en reuniones informales al encargado de negocios de Cuba.^[23]

Tras el fuerte impulso que no pudo forzar a que el gobierno añadiera su voto a los países que se abstuvieron de acompañar la exclusión, los meses siguientes mostraron una indudable disminución de las actividades solidarias, atravesadas por el hecho de que, como se informaba a través de Prensa Latina, a finales del año se celebrarían elecciones nacionales. Sin embargo, la crisis de los misiles en octubre, a un mes de los comicios, despertó nuevamente la solidaridad para con Cuba, esta vez ante la inminencia de una nueva invasión que podría ser devastadora. Fue una nueva ocasión para que en las calles diversos sectores se manifestaran. Una caravana de 110 camiones arribó al centro capitalino donde tuvo lugar un acto con 18000 personas, según se lee en un informe confidencial enviado a La Habana. Hubo destrucción de vidrieras, de locales asociados a Estados Unidos y, mediando incluso la presencia del Ministro del Interior, Nicolás Storace -cercano colaborador de la CIA-, la manifestación universitaria fue “reprimida violentamente” por la policía que detuvo a 70 personas.^[24]

El fracaso electoral de los intentos de unificación de las izquierdas a fines de 1962 dio lugar a un amplio debate interno que desplazó la atención sobre Cuba a un segundo orden. Parece haber incidido también algunas cuestiones de orden bilateral entre Uruguay y Cuba, por los diferendos entre ambos países en lo relativo a la tramitación de los salvoconductos de los asilados en la embajada uruguaya en La Habana, donde se constataron serias irregularidades.

5. El movimiento de solidaridad con Cuba y el golpismo “gorila” en puerta

El tramo final del proceso tuvo lugar en 1964. A fines del año anterior, armas halladas en Venezuela dispararon nuevas reclamaciones por parte de este país, desde donde las autoridades dijeron tener pruebas que implicaban directamente a Cuba. Una vez, la seguridad regional debía ser abordada y todo indicaba que, en esta ocasión, con pruebas que parecían firmes, se habilitarían soluciones colectivas más drásticas. De comprobarse, permitiría esta vez vencer las resistencias de los países que aún mantenían relaciones con Cuba: México, Bolivia, Chile y Uruguay. El asesinato de John Kennedy alteró los tiempos de una nueva conferencia de consulta que finalmente tuvo lugar en Washington, en julio de 1964. En la capital estadounidense, y siguiendo la tradición, el nuevo canciller, Alejandro Zorrilla de San Martín, defendió el mantenimiento de relaciones con Cuba. Sus instrucciones fueron aprobadas por unanimidad. Meses después, el 8 de setiembre, el Consejo Nacional de Gobierno volvió a tratar el tema y finalmente resolvió la ruptura. Esta resolución, aprobada por seis votos contra tres, fue resultado de amplios debates, presiones y realineamientos políticos, que a la vez dieron lugar a una división transversal dentro de los partidos tradicionales (Aldrighi, 2012).

La drástica medida ambientó una escalada de violencia y a un marcado endurecimiento de la represión estatal. Se reprimieron sistemáticamente las movilizaciones solidarias con un importante saldo de heridos y detenidos. Las calles fueron testigos, una vez más, de enfrentamientos violentos y una serie de atentados dirigidos contra propiedades vinculados al gobierno y capital estadounidense, así como a representantes de aquellos sectores políticos nacionales que votaron la ruptura. Estallaron bombas de fabricación casera frente a la Embajada estadounidense, el National City Back, Coca Cola y Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. También fueron atacados un camión de General Electric, una Sub-Estación de UTE y el Instituto de Traumatología. Al día siguiente, se arrojaron artefactos explosivos contra los domicilios del presidente del CNG, Luis Giannattasio y de otros tres consejeros, así como la embajada de Brasil, una estación de radio y locales políticos de sectores rupturistas. En La Habana, el diario Hoy, que seguía la línea de los comunistas del Partido Socialista Popular, destacaba en importantes titulares a primera plana lo que parecía indicar como una nueva fase en la lucha por la liberación del Uruguay.^[25]

No fue todo. También hubo atentados contra grupos identificados con la Revolución Cubana, atribuidos a sectores de derecha que como en numerosas ocasiones se había comprobado, presentaban un importante componente parapolicial, algo que la documentación policial confirma. Los sectores antagónicos a la Revolución Cubana y al mantenimiento de sus relaciones con Uruguay también tuvieron sus expresiones organizadas en la sociedad civil, enmarcadas en el despliegue de campañas anticomunistas y articuladas con organizaciones “democráticas” de las derechas, que llevaron adelante cuestionamientos a las libertades de las que gozaba la izquierda en Uruguay y propiciaron estrategias de represión y persecución frente a los conflictos sociales (Broquetas, 2012; Bucheli, 2012). El Comité Uruguayo pro determinación de los pueblos fue una de sus expresiones. En su seno se alertó que “al amparo del tan preciado principio de no intervención, se paraliza la acción de las Democracias y se obtiene un peligrosísimo salvoconducto para agredir a cada una de ellas”. Paralelamente se advertía que “años de incesante labor” serían “borrados” por “un enemigo, implacablemente riguroso y ante el cual nuestros gobiernos no han sabido defenderse, ni unidos ni separados”.^[26]

Entre los hechos más destacados otra vez debe señalarse la centralidad asumida por la Universidad, que se expresó por medio de un comunicado el 31 de agosto: “lo que en estos momentos se pretende hacer con la República de Cuba no difiere, en su esencia, de lo que en tiempos se hizo con Nicaragua, Panamá, Santo Domingo, Guatemala y otros países”. Si bien lo expresado no implicaba “pronunciarse sobre el Gobierno de Cuba o su régimen político, social o económico” la hora reclamaba “defender a nuestro país y en escala más a amplia a todos los pueblos de Latinoamérica”.^[27] Otra vez, la Universidad adquiría una relevancia destacable para el movimiento de solidaridad, transformándose en un espacio de encuentro entre estudiantes, intelectuales, trabajadores y militantes políticos. Además de encuentro, hubo espacio para la resistencia: el edificio central de la Universidad fue ocupado por unos 300 jóvenes, quienes puertas adentro resistieron al violento asedio policial, que rodeó la casa de estudios cortando el suministro de energía y agua a los ocupantes. La intervención del Rector logró un tenso acuerdo con autoridades políticas. El cerco policial sería levantado y los jóvenes podrían abandonar el lugar tras ser fichados por el servicio de inteligencia, presuroso por conocer la integración de aquel grupo, convencido de la existencia de agitadores extremistas. Sucesos similares ocurrieron con la manifestación que acompañó a los cubanos en su despedida rumbo a la terminal aérea. Otra vez, la violencia policial fue desatada con elocuencia. Para la embajada de Estados Unidos, el accionar de la militancia juvenil en defensa de Cuba y las respuestas policiales habían llegado a niveles hasta entonces desconocidos en Uruguay.^[28]

Varios factores deben señalarse. Si bien estos episodios eran la culminación de una intensa movilización de alcance nacional contra la ruptura que como hemos destacado formaba parte del movimiento de solidaridad desde 1960, la disputa final por las relaciones con Cuba estuvo enmarcada por el agravamiento de las expresiones nacionales de la crisis económica -con sus consecuencias para los sectores populares- en un cuadro de conflictividad social y enfrentamiento con el gobierno. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la influencia del contexto político regional: el golpe de estado en Brasil, cuyas derivaciones locales eran especialmente intensas por el exilio del propio presidente derrocado y otro centenar de dirigentes brasileños; y también por las elecciones chilenas, pautadas por la posibilidad de una victoria del Frente de Acción Popular (FRAP) encabezado por Salvador Allende.

En su diario personal, el ex agente de la CIA encargado de las operaciones contra Cuba en Montevideo, afirmaba que “las presiones de Brasil pueden crear aquí reacciones negativas […] pero tarde o temprano los uruguayos van a tener que tomar una línea dura similar […] porque el país es demasiado pequeño para resistirse a la presión” (Agee, 1987). Por su parte, un cable de la AFP daba cuenta de que “según la opinión de los observadores calificados de Washington” la ruptura uruguaya también era “consecuencia directa de los resultados de las elecciones presidenciales chilenas”.^[29] Las fuentes diplomáticas de la cancillería uruguaya subrayan esa perspectiva pues el país siguió de cerca la tramitación de la ruptura chilena con Cuba. En cuanto a la incidencia peligrosa de Brasil y su decidida presión al gobierno uruguayo en diversos temas, llegaba hasta el estamento militar, especialmente por las relaciones que en ese nivel el nuevo embajador de la dictadura, Manuel Pio Correia -también cercano a la CIA- tenía desde tiempo atrás. Los rumores de golpe de estado, presentes desde enero de 1964 incluso, se profundizaron y en el contexto del rompimiento con Cuba, varios senadores no negaron reuniones con el estamento militar, más allá de que adujeron que se trataba de instancias de “camaradería”. Documentos de la embajada estadounidense aportados por Clara Aldrighi advierten la crispación brasileña y su deseo de inspirar a los militares uruguayos a que transitaran un camino similar. La embajada mexicana estaba al tanto y comunicaba de esos rumores. Pero quien venía prestando especial atención era la embajada cubana en Montevideo, especialmente un prolijo y extenso informe confidencial dedicado a los principales “gorilas” del Uruguay. Otras fuentes señalan que desde la oficina de Fidel Castro este tema era seguido en detalle. La evidencia muestra la cautela y sigilo de Cuba, interesada en no perder una representación diplomática que también fungía como base para la conspiración.

Otro de los elementos novedosos y una dimensión escasamente abordada que debe añadirse en esa etapa final se relaciona a la importante articulación que el movimiento de solidaridad con Cuba produjo en todo el sistema político uruguayo, algo que es relevante destacar, superaba notoriamente a las izquierdas, donde los debates sobre la viabilidad de la revolución latinoamericana y el lugar de Uruguay en la misma eran naturales e intensos. Más allá de la importante disputa por la hegemonía con los sectores de la “nueva izquierda”,^[30] es importante advertir las fracturas que Cuba generaba también en las internas de los partidos Blanco y Colorado, cogobernantes. Sobre estos deben consignarse las posiciones de sus respectivos movimientos juveniles que se pronunciaron contrariamente a la dirigencia, por el mantenimiento de las relaciones con Cuba.^[31] Importa también añadir que la solidaridad desarrollaba un discurso que reflejaba esta amplitud y heterogeneidad, tomando como ejes la autodeterminación, la no intervención y la defensa de la soberanía nacional, lo que suponía conectar con la tradición diplomática del país. En este sentido, el llamado de la Central de Trabajadores de Uruguay (CTU) y el Comité Coordinador a una manifestación en abril de 1964, afirmaba que las resoluciones de la OEA implicaban “una afrenta para todos los trabajadores y los pueblos de América Latina” que apoyan “a la gloriosa Isla del Caribe y defienden las mejores tradiciones ajustadas al derecho de autodeterminación”, lo que significaba defender “nuestra soberanía y las mejores tradiciones de nuestro pueblo”.^[32] Las movilizaciones agruparon amplios sectores sociales, y el movimiento articuló a diversas organizaciones y actores, presentando una intersección entre fuerzas sociales que como ya describimos iban mostrando gran relevancia en el período: el movimiento sindical, la Universidad de la República y el movimiento estudiantil.

Una última cuestión que contribuyó a los intentos de dilatar la decisión gubernamental y en otra muestra elocuente de las diversas dimensiones que presentaba el tema, se relacionaba a lo comercial entre ambos países, algo que en el marco de la crisis económica y social del país merecía su consideración. Máxime si se tiene en cuenta que la legislación estadunidense colocaba trabas insalvables para la colocación de las carnes uruguayas. En esa línea fueron numerosas las voces que se escucharon en la defensa del mantenimiento de relaciones con Cuba. Anidaban allí tanto aspectos pragmáticos vinculados a intereses económicos como también visiones de la política exterior. En este sentido, es importante tener en cuenta que las relaciones de Cuba con los actores locales no se limitaban a los planos político e ideológico, sino que abarcaban una dimensión comercial que se superpuso con las expresiones de la crisis económica en nuestro país y con las diferentes perspectivas de desarrollo nacional. En determinadas ciudades del interior del país, la “cuestión cubana” aparece vinculada con sentidos e intereses asociados a hechos económicos y a la dependencia del comercio con la isla, lo que contribuía a que se ampliase el marco de las alianzas sociales y políticas en torno a la defensa de las relaciones con Cuba. Durante el debate final sobre la ruptura de relaciones, uno de los consejeros de la oposición se refería a los mensajes que llegaban al gobierno de industriales, productores, ganaderos y obreros, expresando su temor por la posible interrupción del intercambio comercial con Cuba. Los “obreros de los frigoríficos del interior de la República están bombardeando a telegramas a los señores consejeros sobre este asunto” fueron sus palabras.^[33] Los sindicatos frigoríficos eran muy activos en relación a este tema, destacándose los trabajadores del Ameglio en Canelones, los del Saladero de Melo y en particular los del Frigorífico Tacuarembó, todos establecimientos que mantenían importantes vínculos comerciales con el gobierno cubano.

El caso de Tacuarembó resultó paradigmático: en ese departamento ubicado a 400 km de Montevideo, funcionaba el Saladero del Frigorífico Tacuarembó. Trabajaban 330 obreros y era la fuente laboral más importante del departamento. Había iniciado sus actividades en 1960 y los primeros convenios firmados por la empresa fueron con Cuba. A fines de julio de 1964, una delegación sindical del Frigorífico llegó a Montevideo para entrevistar a consejeros, ministros, diputados y senadores. Entrevistados por la prensa, los obreros advertían que “si se aplicaran las resoluciones de la OEA una verdadera catástrofe se abatiría sobre las 300 familias de obreros que trabajan” y que “con el contrato firmado por setenta millones de pesos, tenemos asegurado trabajo para dos años sin interrupción”.^[34] De acuerdo con esta delegación, toda la opinión pública del departamento se pronunció en contra de la ruptura: obreros, comerciantes, ganaderos, profesionales, Presidente del Consejo Departamental, el Jefe de Policía, el Obispo y otras personalidades.^[35] Para el redactor de un artículo en Marcha, “la protesta de obreros, industriales y productores de aquel departamento” distaba mucho de ser una muestra de “infiltración castri-comunista”. Por el contrario, estaban “reivindicando los fueros de la soberanía nacional para comerciar con quien le interese, en lo que va, por supuesto, la defensa digna y legítima de su trabajo”.^[36]

6. Algunas conclusiones

Tres semanas antes de que el Consejo Nacional de Gobierno tratase nuevamente la cada vez más espinosa “cuestión cubana”, el diplomático de carrera y ex vice canciller, Héctor Gross Espiell, elaboraba un extenso memorándum donde discutía la “obligatoriedad” de cumplir con las sugerencias de la Reunión de Consulta de Washington. Es altamente probable interpretar que ese texto reservado fuera parte de los materiales disponibles en el momento final de adoptar una resolución en el organismo colegiado. Para Gross había dos grandes temas: el “problema jurídico” y el “punto de vista político”. Sobre el primero, tras un repaso amplio de la doctrina, advertía claras “dificultades interpretativas” y “dudas”. Sin embargo, mucho pesaba la dimensión política, pues suponía “un problema de decisión compleja” ya que la ruptura “apareja cuestiones de política interna que no es necesario señalar”. Pese a todo, su opinión elevada al gobierno era que “el no rompimiento liso y llano” parecía “inadmisible” en un escenario regional como el de 1964. “Nos colocaría en una difícil y aislada posición internacional, prácticamente solos en América y quedaríamos, de hecho, como enemigos del sistema regional americano” completaba.^[37] He ahí la primera dimensión explicativa, exógena y deudora de la radicalización de la Guerra Fría latinoamericana. Eran razones de peso y el texto deja al descubierto que el margen de maniobra del gobierno se había estrechado considerablemente al calor de una atmósfera externa que lucía cada vez más enrarecida, amenazante. Recuérdese que las dudas ante la “cuestión cubana” habían devenido en numerosos golpes militares en América Latina, y la sombra del gorilismo ya no era lejana para el país. Por ende, sostener una posición de principios no era posible.

Había necesidad, por último, de culminar cuanto antes con el cada vez más espinoso tema cubano. Al fin de cuentas, si alguna solución tendría, se habría de “resolver por el juego de fuerzas a cuya dirección somos ajenos”. Por ende, debía imponerse una coartada de “realismo político”: acompañar al sistema regional, atendiendo la presión de los vecinos más próximos; poniendo fin a un tema problemático y que el mismo “no nos divida más internamente”. Estas palabras, todo indica, condensaban la problemática tramitación de la dimensión interna de una ruptura que suponía interrumpir el comercio con el país caribeño en medio de una crisis económica y social, y a la vista de lo que era la presión consistente de un movimiento de solidaridad con Cuba que como señalamos, nucleaba a fuerzas que trascendían a las izquierdas, congregando a ambos partidos tradicionales gobernantes. En atención a esas fuerzas, a las que se añadían por supuesto los jóvenes estudiantes y sindicatos movilizados desde las calles, el gobierno hizo recaer la ruptura en la tradición del país por cumplir los compromisos y obligaciones internacionales, es decir, la misma se tomaba en observancia de las resoluciones de la OEA. Se trataba de un aspecto clave pues suponía no recostar la imagen internacional del Uruguay democrático al nivel y virulencia que expresaban en los cónclaves los delegados de países centroamericanos. Algo similar hicieron Bolivia y Chile. Con relación a este último país, las comunicaciones fueron constantes.

En la convergencia de atender esas dos grandes dimensiones -externa e interna- que suponía tratar de neutralizar la “inmensa potencia explosiva” de la revolución cubana estaba la clave. Y la decisión final mostraba que el gobierno parecía ser partidario de asumir el costo de enfrentar por medio de la violencia las demandas internas, pero no así las que provenían del ámbito regional.

Los episodios de represión policial y violencia política desatados a partir de la ruptura de relaciones pueden contribuir al cuestionamiento de una visión tradicional que remarcaba la excepcionalidad del proceso político uruguayo hasta fines de la década de 1960; dando muestras de la creciente polarización y radicalización de las prácticas políticas, un proceso en el cual la recepción local de la Revolución Cubana adquirió una destacable centralidad.

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