Debate en torno al rol socio-político de los asociados en los proyectos colectivos

Rocío Soledad Poggetti

Introducción

Las diversas maneras en que las cooperativas agropecuarias de la pampa húmeda cordobesa han articulado los componentes asociativos, empresariales y reivindicativos a lo largo del siglo XX y principios del XXI, no han hecho más que acrecentar el debate doctrinario acerca de su singularidad en el entramado asociativo regional. Muchas veces centrado en el deber ser, las interpretaciones de las experiencias cooperativas quedan supeditadas a su adecuación a los principios doctrinarios y, por tanto, tiende a moralizarse el análisis de sus estrategias. Los estudios sobre cooperativismo agrario han procurado, en contraposición a esta perspectiva, proponer una mirada histórica que comprenda los discursos y las prácticas de las cooperativas reconociendo la heterogeneidad y el dinamismo en el proceso de construcción de los perfiles asociativos en relación a las diferentes condiciones económicas, sociales, culturales y políticas en las que se insertan.

A partir del renovado interés por comprender estas asociaciones, se fueron realizando investigaciones desde varios marcos disciplinares que han permitido profundizar el conocimiento acerca de diferentes dimensiones de las cooperativas (Olivera, 2008; Poggetti, 2018). Sin embargo, el debate teórico-conceptual acerca de la singularidad de estas asociaciones no ha logrado salir de su etapa inicial y, en los casos en que se esbozan interpretaciones al respecto, quedan supeditadas a reflexionar sobre las contradicciones que se evidencian entre las estrategias sostenidas por algunas cooperativas con los principios doctrinarios (Lattuada y Renold, 2004; Lattuada y Renold, 2005, 2006; Olivera, 2006).

Sin desconocer los aportes conceptuales y metodológicos que derivan de estas perspectivas, y para evitar las interpretaciones vinculadas al deber ser cooperativo, proponemos correr el foco de análisis desde las paradojas en el binomio discurso-estrategias hacia la distribución del poder y la configuración del capital social. En relación a lo primero, los asociados construyen un rol socio-político dentro de la asociación desde cuyo marco articulan esfuerzos para la consecución de proyectos colectivos. En relación al segundo, entendemos como capital social a la organización de redes de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimientos mutuos (Bourdieu, 2000), lo cual presupone la posesión, real o potencial, de recursos basados en la pertenencia al grupo.

En función de lo expuesto, proponemos en este capítulo que la gestión de estrategias empresariales no es, en esencia, contradictoria con esta lógica social; sin embargo, la empresarialización que se evidencia en las cooperativas pampeanas, en particular aquellas vinculadas a la vertiente que representa la Asociación de Cooperativas Argentinas Ltda. (ACA), tiende a limitar la intervención de los asociados en el proceso de toma de decisiones y la redistribución de los beneficios mutualistas. En consecuencia, se reduce la participación de los productores a un rol de ente legitimador, a través de su voto en la Asamblea de Asociados (AAs), y a un vínculo estrictamente económico y financiero con la cooperativa, que reproduce las características que asumen las relaciones de los clientes con las firmas de capital.

Para exponer los argumentos iniciales en torno a esta perspectiva, este capítulo se organiza en dos partes. En la primera, describimos los componentes asociativos, económicos y reivindicativos que constituyen a las cooperativas agropecuarias desde su inserción en el entramado asociativo pampeano a fines del siglo XX. En el segundo, analizamos la dinámica del cooperativismo para detenernos en los procesos de empresarialización que se acentuaron desde 1990 y las disrupciones derivadas de algunas de estas estrategias con la lógica asociativa cooperativa.

Perfil asociativo, redistribución del poder y capital social

La definición de las cooperativas, desde el punto de vista legal y/o jurídico, ha sido motivo de discusiones desde los orígenes mismos del movimiento en Argentina a fines del siglo XIX. Las normativas que han regulado históricamente a estas asociaciones contribuyeron, de modo progresivo a lo largo del siglo XX, a delimitar esta situación, aunque no zanjaron el debate doctrinario. En particular, la Ley de Cooperativas N° 20.337, sancionada en 1973 y que rige hasta la actualidad, las concibe como asociaciones y/o una especie autónoma de los sujetos de derecho de existencia ideal (Althaus, 1983; Lattuada, 2004 y 2006; Mateo, 2012; Olivera, 2015, Salminis, 2010).

En función de esta última, las cooperativas aglutinan componentes aparentemente contradictorios tales como los asociativos, los económicos y los reivindicativos (Althaus, 1983) que las hacen diferentes a las sociedades comerciales. Los primeros, vinculados a los principios doctrinarios de igualdad, democracia y solidaridad. Los segundos, a las estrategias que deben sostenerse para competir exitosamente en el mercado. Y los terceros, a la intervención en la arena política en defensa de los intereses de los productores que nuclean –más allá de que estatutariamente no sean una entidad gremial-.

En función a los mismos, los asociados adquieren derechos parapolíticos y otros derivados del vínculo asociativo (Althaus, 1983). Por un lado, el gobierno se define como democrático y colegiado. Primero, porque el proceso de toma de decisiones se desarrolla de manera concertada entre la AAs, el Consejo de Administración (CA) y los gerentes; segundo, en tanto cada asociado dispone de los mismos derechos políticos independientemente de su capital social, a saber, al voto, a la elección como consejero, como miembro del equipo de gestión y como agente de contralor.

Por otro lado, detentan una serie de beneficios como la redistribución del excedente, los descuentos en gastos derivados del almacenamiento y la comercialización del cereal, exenciones impositivas, entre otros. La inclusión de los productores en la cooperativa les reputa, como contrapartida, una serie de deberes, entre los que podemos mencionar la integración de las cuotas sociales suscriptas, cumplir las prestaciones accesorias que defina el estatuto de cada entidad y las obligaciones cooperativas, someterse a su derecho, guardar lealtad a la misma y responder por las obligaciones sociales, hasta el monto de las cuotas suscriptas. La cooperativa debe velar por el cumplimiento de los mismos haciendo potestad de su capacidad educativa y disciplinadora.

Son estos compromisos extra-económicos, es decir, prácticas que no atraviesan canales estrictamente mercantiles, los que singularizan a las cooperativas en el conjunto de sociedades y asociaciones que constituyen el entramado comercial y asociativo pampeano. Este reconocimiento no supone un retorno hacia las concepciones idealistas acerca de su funcionamiento, sino la posibilidad de evaluar cómo se construye el vínculo asociativo en cada caso particular, sin desconocer que existen condicionamientos derivados de las prácticas que inciden en el proceso de acumulación del capital (Nun y Portantiero, 1987) que, en determinado tiempo y espacio, las atraviesan y las interpelan.

La adjetivación del perfil cooperativo

En relación a lo enunciado anteriormente, los componentes asociativos, económicos y reivindicativos se articulan de manera diversa en el perfil organizativo-institucional de las cooperativas, es decir, se transforman en prescriptivos en el marco del conjunto de sentidos concretos que se les atribuyen y la jerarquía entre los mismos. En ese proceso de definiciones cobran especial relevancia la orientación cooperativa proveniente de la vertiente que representa la asociación de segundo grado a la cual adhiere la cooperativa de primer grado, las características socio-productivas de la base social, el tipo y nivel de las actividades y servicios de la cooperativa, la complejidad de la estructura administrativa y gerencial, el modelo organizativo y el volumen patrimonial de la asociación (Olivera, 2015). Podríamos agregar, también, los criterios a través de los cuales se gestiona el capital social.

Para analizar el perfil cooperativo, remitimos a una diferenciación analítica entre niveles, dimensiones y esferas, entendiendo que entre estos distintos planos existe un alto grado de interdependencia (Lattuada, 2006). Por un lado, el nivel interno remite a las estrategias^[1] que definen la estructura administrativa y de gobierno, la prestación de servicios, la administración del capital social y los discursos que se construyen para identificarse y diferenciarse de las restantes asociaciones, en consonancia con la vertiente cooperativa a la cual se ha adherido. Por otro, el nivel externo, alude a los vínculos que establece la cooperativa con las instituciones públicas y la sociedad civil.

En el interno, distinguimos la dimensión organizativa-institucional y la dimensión socio-productiva. La primera, remite al conjunto de estrategias vinculadas a la distribución del poder en la cooperativa, a la forma de organizar el gobierno, a la estructura burocrática de la que se dota para atender los servicios así como los criterios que se toman para administrar los derechos y deberes de los asociados; este conjunto puede ser analizada a partir de las estrategias administrativas, de gobierno y las estrategias sociales (Olivera, 2006, 2015). La segunda, hace referencia al conjunto de estrategias que regulan las actividades y servicios de la cooperativa, la administración del patrimonio y de las inversiones, la vinculación comercial con los asociados y los terceros, la distribución de insumos y recursos financieros, la cual analizamos a partir de las estrategias comerciales, las financieras y las productivas.

En el externo, diferenciamos entre la esfera pública, es decir, las relaciones con el Estado, las políticas públicas y la vertiente cooperativa que representa la asociación de segundo grado a la cual se encuentran adheridas, por lo que enfatizamos en las estrategias de intermediación frente a las instituciones públicas; y la esfera privada, la cual refiere a las relaciones con la sociedad civil del espacio territorial en el cual se encuentra inserta la cooperativa, a raíz de lo cual identificamos dentro de esta a las estrategias de vinculación con la sociedad civil (Lattuada, 2006).

Las cooperativas suponen la formación de un capital social que acompaña, a través de estrategias colectivas, el apuntalamiento en la trayectoria de los asociados. Entendemos por capital social a la red de relaciones de intercambio institucionalizadas portadoras de recursos actuales o potenciales. El reconocimiento de la pertenencia a un grupo se basa en la presunción de un mínimo de homogeneidad objetiva entre los miembros así como el hecho de que la unión ejerce un efecto multiplicador sobre el capital individual disponible. La pertenencia acarrea una serie de beneficios que constituyen, a su vez, el fundamento de la solidaridad que los hace posibles, al tiempo que impone ciertas obligaciones. La reproducción de ese capital demanda el esfuerzo de relacionarse en forma de actos permanentes de intercambio, de modo que se reafirme el vínculo de reconocimiento mutuo. La administración de la totalidad del capital social es delegada en un grupo de personas que deben encargarse de ejercer su representación (Bourdieu, 2000).

La potestad de administrar ese capital social recae en las cooperativas, en el CA, elegido por la AAs, y en la gerencia. Estos intercambios configuran una estructura de poder que, según Panebianco (2009)^[2], adquiere ciertas especificidades en el caso de las asociaciones voluntarias. En estas, aquél se constituye y reproduce a través de relaciones de intercambio asimétricas (verticales y horizontales) en las que se intercambia, en particular en las verticales, incentivos colectivos y selectivos (materiales y de status) por consenso. En el proceso de intercambio de incentivos, la dirigencia busca que los productores operen con los servicios que ofrece la asociación y colaboren con los proyectos cooperativos mientras que estos últimos, esperan una retribución a través de beneficios simbólicos y económicos.

Los incentivos colectivos se relacionan a la identidad cooperativa, a la solidaridad entre sus miembros, a los lazos de reciprocidad construidos en su interior y, por tanto, a la identificación con un proyecto colectivo. El capital simbólico que detenta un asociado por pertenecer a la asociación, nutrido del incremento en su capital social, son los principales incentivos de esta clase derivados de la participación en las estrategias colectivas. Los incentivos selectivos, en cambio, se basan en la distribución de recursos materiales y/o monetarios y de posiciones jerárquicas en la asociación o fuera de ella.

Es posible reconocer la transformación en el perfil de una cooperativa en el tiempo a través del análisis en la modificación de la distribución del poder asociativo y, como consecuencia, en las estrategias. Este proceso que, por lo general, se encuentra vinculado a cambios en algunos de los componentes, se produce de manera conflictiva en tanto supone una alteración en los actores sobre los que recae la potestad de administrar el capital social. Sobre ese eje estructurante de las características que asume el perfil es posible proceder a identificarlo analíticamente a través de su adjetivación, es decir, de la condensación de las características que asume el perfil en un adjetivo^[3].

En consecuencia, el perfil cooperativo de cada asociación se constituye en un sistema de referencias que orienta la definición del contenido de las estrategias de gobierno, sociales, comerciales, productivas y financieras. Se caracteriza por ser singular y dinámico, en tanto la estabilidad organizativa construida en determinado momento requiere del mantenimiento de ciertas condiciones que posibiliten la reproducción en la distribución del poder.

Empresarialización de las cooperativas agropecuarias pampeanas

El cooperativismo agropecuario pampeano se ha caracterizado por la búsqueda de estrategias que le permitieran insertarse exitosamente en el acopio y la comercialización de productos agropecuarios (cereales, oleaginosas, vacunos y porcinos), es decir, por profundizar su participación en el capitalismo agrario. En consecuencia, desde mediados del siglo XX, mientras estos mercados se tornaban más complejos y competitivos (Gras y Hernández, 2016)^[4], las cooperativas han tendido a priorizar el componente empresarial por sobre los demás; no porque necesariamente los diversos procesos de “empresarialización” lo requieran sino porque, en paralelo, se fueron desdibujando los procesos colectivos de toma de decisiones, la distribución del poder comenzó a estar más concentrada y la vinculación de los asociados con su entidad fue perdiendo progresivamente la sustancia socio-política que lo caracterizó históricamente.

En primer lugar, no obstante, es necesario reconocer el componente económico que ha nutrido al capital social cooperativo desde sus orígenes. Es decir, el vínculo de los productores con la cooperativa, en mayor o menor medida, ha sido y es instrumental (Moyano Estrada, 2008), en tanto estos reconocen la posibilidad de obtener beneficios a través de su asociación a la cooperativa que, individualmente, sino imposible, por lo menos más complejo. En este sentido, hay una tendencia histórica en el cooperativismo agropecuario a la merma en la identificación y la participación de los asociados en los proyectos colectivos (Lattuada y Renold, 2005) que se ha acentuado desde mediados de 1990.

Es decir, el vínculo asociativo se estructura sobre intercambios desiguales que contribuyen a reproducir una estructura jerárquica en la distribución del poder, en particular en aquellas cooperativas que han emprendido procesos de ampliación patrimonial y territorial y de complejización institucional. En consecuencia, predomina el intercambio de incentivos selectivos, la renuencia a participar en proyectos que movilicen colectivamente a los productores, la disminución de la participación en las AAs y las resistencias a formar parte del CA.

En segundo lugar, vinculado a esto último, la merma en la participación de los asociados en el proceso de toma de decisiones retroalimenta la concentración en la distribución del poder y, en consecuencia, redunda en la reducción del número de productores y profesionales que detentan el control sobre el proceso de definición de las estrategias de la asociación. En este punto, es importante mencionar que los procesos de identificación que nutren la identidad cooperativa no derivan exclusivamente de la actitud consecuente que sostenga la gestión entre los principios y las estrategias institucionales en función a su grado de desarrollo, puesto que de ese modo se piensa al vínculo cooperativo desde la verticalidad y a los asociados desde la pasividad. Por el contrario, este se nutre de una compleja red circular de interacciones e intercambios en las que no sólo pesan las estrategias de socialización cooperativa emprendidas por la administración, sino también el sentido que los productores atribuyen al proyecto cooperativo y a su participación en la asociación^[5].

Consideraciones finales

A modo de síntesis, consideramos oportuno retomar algunas afirmaciones. Cuando remitimos a empresarialización de las cooperativas en la región pampeana estamos aludiendo al predominio de estrategias que permiten a la asociación profundizar su proceso de inserción al mercado capitalista, tales como la construcción de laboratorios de semillas, de complejos agroindustriales, la expansión territorial, la ampliación patrimonial y la complejización institucional, entre otras (Poggetti, 2018).

Con esto no queremos decir que antes de 1990 las cooperativas no se desenvolvieran como empresas, en tanto que este componente ha estado presente desde los orígenes del cooperativismo agropecuario a finales del siglo XIX. Por el contrario, señalar que tras diversos procesos de fortalecimiento de las estrategias empresariales se produjo, por un lado, una concentración en el proceso de toma de decisiones que tendió a acentuar la desigual distribución del poder y, por otro, una desarticulación de los mecanismos extra-económicos propios del capital social cooperativo. En consecuencia, se produce una disminución en la participación socio-política de los asociados y, por ende, en el compromiso que asumen para participar en proyectos colectivos.

Esta característica general, derivada en parte de los condicionamientos contextuales, se desenvuelve de manera diferente en cada una de las cooperativas de la región pampeana cordobesa. Esta diversidad de asociaciones que se agrupan bajo la denominación cooperativa ha llevado a pensar en algunas oportunidades en la necesidad de comenzar a hablar en plural. Así, aludir a cooperativismo(s) constituiría una simplificación del discurso que evitaría la tarea de advertir al lector acerca de la diversidad que le es constitutiva. Sin negar esta posibilidad, sostenemos que los sentidos atribuidos al cooperativismo agropecuario se constituyen de un metadiscurso que hace que un conjunto de signos y símbolos asociados a lo que este representa contribuyan a dar coherencia al conjunto diverso de perfiles organizativo institucionales (Lattuada, 2006). En consecuencia, asumimos la diversidad como una característica intrínseca y reconocemos al mismo tiempo la existencia de un núcleo constitutivo de componentes que las identifican y singularizan dentro del espectro del asociacionismo agrario.

Es complejo discernir, en algunos casos, cuáles son las diferencias entre las cooperativas agropecuarias y las empresas de capital. Es por ello que procuramos reconocer los mecanismos a través de los cuales se distribuye y reproduce el poder y cómo se gestiona el capital social con la intención proponer un marco analítico para develar las contradicciones aparentas y desarticular los discursos que apelan a la formalidad cooperativa por sobre las estrategias y las prácticas.

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