Transnacionalización y crisis

En un contexto de globalización económica y cultural, el gobierno de Carlos Menem durante la década de 1990 implementó una política económica neoliberal con su consecuente reestructuración del Estado, fundada principalmente en la privatización de empresas de servicios públicos y el retiro del Estado como interventor en materia de intercambios comerciales.

La inestabilidad económica y monetaria, que tenía impacto directo en la especulación financiera y el poder adquisitivo de la gente, fueron parte fundamental de las dificultades que experimentó la industria editorial durante las últimas décadas. Así como los gravámenes a los bienes importados de capital, máquinas y equipos –que llevaron a la obsolescencia tecnológica del sector–, y al papel y las tintas. Este retraso tecnológico, sumado a la falta de competitividad por los altos costos producto de la paridad del peso y el dólar, llevaron a que la industria editorial encontrara más beneficios fuera del país que dentro. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, entre 1991 y 1992 la industria editorial logró tener un crecimiento, vinculado a las políticas de desregulación de la economía que les permitieron a los empresarios del sector producir sus libros en el exterior y luego reexportarlos; la reducción de tarifas postales; la exoneración de impuestos a los derechos de autor; la eliminación de gravámenes a la exportación de libros, sumado, además, a la mayor estabilidad cambiaria (Getino, 2008).

En este contexto, la industria editorial de nuestro país experimenta un “crecimiento” –en términos estadísticos– que no se corresponde con una efectiva recuperación en la edición y circulación del libro de autor argentino, el que, por el contrario, va a ver agudizada la crisis en la que cayera a fines de los años setenta. La paradoja es solo aparente, y su explicación tiene que ver con la adquisición de editoriales por parte de capitales extranjeros (…) Por otra parte, frente a los conglomerados transnacionales, perduran o surgen pequeños emprendimientos editoriales –las llamadas editoriales independientes–, cuyas políticas culturales exhiben notorias diferencias respecto de las de los grandes grupos. (Botto, 2006: 209-210)

Esta situación se puede evidenciar en los números proporcionados en el estudio del CEP (2005), que indican que durante la década del 90 hubo un importante crecimiento, llegando a un promedio anual de unos 52 millones de ejemplares. En 1991, se editaron 13 millones de libros, en 1993, la producción llegó a los 69 millones de ejemplares, mientras que en 1994, esa cifra alcanzó los 48 millones. Este primer período de crecimiento coincide con el de otras ramas industriales en un momento inicial de expansión de la economía, producto del ingreso de capitales. La actividad registró un crecimiento del 78% durante esos años, que se mantuvo hasta la finalización de la crisis mexicana de 1995. El repunte de la industria comenzó a vislumbrarse a partir de 1996, los mejores años de la década fueron 1997 y 1998, donde el sector alcanzó un valor cercano a los 430 millones de pesos, a pesar de que el período donde se produjo la mayor cantidad de ejemplares de la década fue 1999-2000.^[1] Sin embargo, hacia el final de la década la recesión y sus efectos comenzaron a hacerse sentir en el sector, hasta llegar en el año 2001 a una caída superior al 20%. En materia de comercio exterior, las cuentas tuvieron saldo negativo: en el período 1993-2001 acumularon un rojo de 471,5 millones de dólares (CEP, 2005).

Luego de muchos años de reclamos, en el año 2001 se aprobó la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura que derogaba la Ley 20.380 del año 1973 y contemplaba, como bien indica su título, un plan de fomento del libro y la lectura y beneficios para su producción y comercialización. No obstante, a poco de haberse sancionado, los artículos referidos a los beneficios para la producción y comercialización fueron vetados, de modo que la situación volvió, prácticamente, al mismo punto en que se encontraba antes de su sanción. Un año más tarde, se sanciona la Ley 25.542 de Protección de la Actividad Librera, que establece la obligatoriedad de fijar el precio de venta al público (PVP) de los libros.

Como señala Malena Botto (2006), llama la atención que la mayor cantidad de adquisición de editoriales por capitales extranjeros se produjo entre los años 1997 y 2000, justamente en un momento en que en otras áreas los capitales procedían con cautela. Esta desnacionalización generalizada reduce significativamente los costos, tanto por las importaciones como por la baja en los salarios y la reducción de personal.

Según el informe del CEP (2005), las firmas transnacionales que ingresaron a la industria editorial del país lo hicieron buscando explotar tanto el mercado local como el regional, y lo hicieron aprovechando el know how de las empresas del país, de gran prestigio y conocimiento del mercado.

El fin de la paridad del dólar y el peso hizo que el libro argentino se convirtiera en un producto más económico, situación que llevó sobre todo a pequeñas y medianas editoriales a aprovechar los costos relativamente más bajos para posicionarse internacionalmente, así como en el mercado nacional, teniendo en cuenta que el precio del libro importado experimentó un aumento significativo del precio de tapa.

Luego de dos años consecutivos de caída en la producción, en 2003 comenzó a repuntar y se registró una recuperación del 22% en el sector editorial.

En suma, desde la salida de la convertibilidad, la industria del libro mostró una saludable recuperación de su actividad. Medida en términos de unidades (libros) acumuló un aumento del 65,6% entre 2002 y 2004. Desde otra perspectiva, el volumen físico relevado por el Indec para el conjunto del sector de edición, el aumento fue del 35,3%. (CEP, 2005: 73)