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10 Mar de fondo

Quehaceres feministas en las relaciones entre reivindicaciones feministas y Estado

Claudia C. Anzorena

En este capítulo compartiré primero una breve apreciación que surge de haber participado del workshop que da lugar a esta compilación y segundo expondré brevemente algunos puntos de mi intervención.[1]

Este workshop fue un espacio de intercambio para detenernos en lo que estaba ocurriendo durante 2018. Nos invitó a debatir sobre diferentes ejes donde varias destacaron 2015 como un año bisagra, además de que se avizoraba la fuerza que tendría 2018 aunque aún no ocurrían ni las acciones del Foro Feminista contra el G20 ni la conferencia de prensa del Colectivo de Actrices Argentinas donde hicieron pública la denuncia penal por violación a una mujer menor de edad iniciada en Ecuador contra un actor, cuyos efectos marcarían los debates sociales de fin de año.[2]

De los intercambios me interesa insistir en lo imprescindible de recuperar nuestras genealogías, de hacer memoria y de construir nuestra propia historia. Como señala Magui Bellotti (2018: 41):

Ningún movimiento emancipatorio, ningún movimiento de liberación, puede prescindir de su genealogía, de su memoria y de su historia. Memoria para alimentarnos de la experiencia de un movimiento largo en el tiempo. Historia para reconocer las luchas que preceden y que constituyen nuestro presente y nuestra conciencia. Genealogía para reconocernos en quienes nos precedieron. Son precisamente los conservadores y los patriarcas quienes las niegan, porque de esa manera nos dejan solas y sin historia, empezando siempre de nuevo y no pudiendo reconocernos ni en aciertos ni en errores.

Considero que articular genealogías, memorias e historia es fundamental para no dejarnos obnubilar por estos momentos (maravillosos) de condensación de las luchas. Porque perder nuestros hilos nos hace no solo pensar que todo comienza o termina ahí, en ese momento, sino que también borra otros momentos de grandes subversiones o de pequeños y cotidianos trabajos de transformación que llevamos adelante como un mar de fondo, que poco se ven, pero que son imprescindibles.

En esta clave busco reflexionar desde la teoría y desde la práctica política en torno a las relaciones entre reivindicaciones feministas y Estado. En lo profesional he analizado desde una lógica cualitativa cómo se piensan, se diseñan, implementan y afectan las políticas cuyas destinatarias –directas o indirectas– son mujeres (Anzorena, 2013, 2015). En cuanto a mi posicionamiento político, soy feminista y estoy involucrada desde 2000 de manera colectiva en diferentes acciones para instalar en el espacio público sentidos feministas, para denunciar vulneración de derechos o situaciones injustas, para demandar la sanción o cumplimiento de leyes, para acompañar a mujeres que quieren abortar, etc.

Mis indagaciones parten de la pregunta en torno a ¿qué tenemos para decir/hacer los feminismos sobre el Estado y las políticas públicas? Interrogante pertinente a la luz de los cambios que, en las últimas décadas, han experimentado los Estados a nivel global con relación a los derechos de las mujeres y a las relaciones de género.

Desde los feminismos, en su diversidad, las contribuciones se han dado en dos planos que actúan de manera articulada y crítica. Por un lado, un aporte conceptual basado en argumentos teóricos y empíricos que cuestiona los modos en que los Estados tratan las diferencias entre los géneros en el orden social y político. Y por otro, un aporte práctico que, a partir tanto de la politización de asuntos de la esfera privada como del reconocimiento de derechos para las mujeres, ha modificado el marco legal y la estructura del Estado al introducir organismos especializados en cuestiones de género. Estas contribuciones han tenido una gran variedad de posicionamientos, inclusive tensiones y antagonismos entre sí, siendo imposible hablar de una perspectiva feminista en singular (Aguinaga et al., 2012). Sin embargo, todas ellas hacen hincapié no solo en los efectos que las políticas tienen en la vida de las personas, especialmente de las mujeres y lxs disidentes sexuales, sino también en cómo las relaciones entre los géneros son constitutivas del Estado (Anzorena, 2014).

Los procesos de institucionalización y su estudio han producido de manera extensa e intensiva investigaciones, balances, opiniones, críticas que versan sobre los devenires de estos procesos desde diferentes abordajes. Este repertorio muestra la insuficiencia y fragmentación de las medidas estatales tanto desde la dimensión histórica como en el desdoblamiento político/institucional e implementación (Fleury, 1997; Anzorena, 2013).

Mi intención en el workshop fue debatir en torno a los límites y posibilidades en que nos sitúa como parte del movimiento feminista, la relación con el Estado. Partí de dos afirmaciones.

Las relaciones entre Estado y feminismos han sido y son provisorias y contingentes.

Estas relaciones implican una paradoja, pues le exigimos respuestas a la institución que se sostiene sobre el sistema capitalista, racista y heteropatriarcal que nos oprime y explota, a la vez que  lo  reproduce.

Para analizar estas relaciones propongo hacer hincapié en cómo los quehaceres de los feminismos se van anudando con las formas y función del Estado, entendido este como un espacio de disputas (de poder, de sentidos, etc.). Estos quehaceres feministas implican analizar tanto los debates teóricos políticos que se dan al interior del movimiento como la construcción e instalación de las demandas hacia el exterior y con quiénes debaten en la arena política.

Una relación provisoria y contingente

Las relaciones entre movimientos feministas y Estado han sido (y son) complejas y cambiantes. Las feministas no siempre pensaron el ámbito estatal como un espacio para instalar sus reivindicaciones, ni los Estados consideraron a las feministas un interlocutor legítimo en la arena política (Archenti, 1994; Di Marco, 2006). En esta tensión, en la década del setenta los Estados son divisados como una arena de disputas por conseguir el reconocimiento de ciertos derechos. A su vez, los gobiernos, mayormente por presión de instituciones supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), toman en consideración las condiciones de las mujeres y los beneficios de mejorarlas.

Nancy Fraser (1991) señala que los movimientos sociales buscan medidas estatales para satisfacer sus necesidades y que la política de las necesidades tiene tres momentos de lucha interrelacionados: primero, por legitimar la demanda como un asunto de preocupación política; segundo, por la interpretación y definición de la necesidad para determinar cómo satisfacerla; y tercero, por la satisfacción concreta de la necesidad, asegurar o impedir la instalación/intervención correspondiente. En estas luchas, cada movimiento construye con las herramientas disponibles un conjunto específico, cultural e histórico de recursos para exponer sus demandas, en un espacio social donde se encuentran en competencia diversas formas de hablar sobre las necesidades. Esto lo observamos tanto en las acciones durante el debate del aborto como en las denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación masivos de los acosos, abusos y violaciones.

Como ya he señalado, con nuestros quehaceres las feministas desplegamos nuevas dimensiones de la justicia, que ponen en cuestión y buscan transformar lo que “normalmente” se entiende que es justo y para quién, a la vez que transforman cómo se plantean y negocian las reivindicaciones en el espacio político (Fraser, 2008). Es decir, los feminismos no solo han transformado los sentidos de la justicia sino también las prácticas o modos de actuar e instalar esos sentidos. Estas prácticas transgreden los mecanismos socialmente aceptados y establecidos de la protesta y la denuncia social, y de este modo crean resistencia, porque se trata de prácticas y discursos que rompen con los lugares (de prudencia y moderación) asignados para “lo femenino” y por tanto para el comportamiento esperable de las mujeres.[3] Lo curioso es que se vuelve más cuestionable la forma que el contenido de lo que se demanda: una pared pintada es peor que el femicidio, un escrache por las redes sociales es peor que la violación, manifestarse en tetas es peor que el acoso callejero.

Volviendo, los procesos que llevan a los Estados a intervenir en relación con la vida de las mujeres, y específicamente a considerar sus condiciones de desigualdad como un problema político, son instalados e impulsados por los propios movimientos feministas de diferentes modos, con diferentes organizaciones, en diferentes épocas. Esto da lugar a la instalación de demandas y articulaciones donde las relaciones de fuerzas se posicionan de tal modo que las dirigencias los atienden, ya sea porque les trae beneficios políticos o bien porque ya no pueden evitarlo. Entonces así el Estado es actor y campo de disputa en la transformación/ profundización de las relaciones desiguales de género en la que participan diferentes sujetos sociales que detentan posiciones e intereses desiguales y diferentes en la arena política.

Pero nada es color de rosas, porque las leyes y políticas públicas, si bien son el resultado de la configuración de las relaciones de fuerza existentes en cada momento, en definitiva, son elaboradas, diseñadas y ejecutadas por la burocracia estatal, es decir que hay límites intraspasables y las articulaciones estarán atadas a la forma y función del Estado, al momento histórico, a las relaciones de fuerza.

La paradoja

Las manifestaciones públicas son una de las estrategias que utiliza el movimiento feminista para instalar en el espacio público sus demandas. Estas demandas son de diferentes órdenes, desde las que apuntan a la transformación de las relaciones sociales hasta expresiones espontáneas o coyunturales de necesidades específicas, pedidos de garantía de derechos vulnerados, cumplimiento de leyes, reclamos por justicia o exigencias concretas.

Las feministas, en nuestros espacios de activismo, llevamos a cabo innumerables acciones que buscan sensibilizar, concientizar y transformar las condiciones de subordinación de las mujeres, niñas, personas trans, lxs disidentes sexuales, ancladas en el cuestionamiento del sistema patriarcal, colonial/racista y heteropatriarcal. Nos organizamos para abordar de manera autónoma diferentes problemas, es decir, con la menor vinculación con las instituciones públicas o privadas, por ejemplo, acompañamiento a mujeres en situación de violencia o de aborto seguro con medicamentos. También, para organizar formas de trabajo cooperativo, promover una economía sustentable, crear redes y medios para la comunicación no sexista, instancias de formación popular y no formal, articulación de campañas y trabajos que realizan las colectivas, etc.

Muchas de estas acciones no tienen como objetivo la exposición pública sino más bien una transformación a nivel cotidiano de las relaciones sociales. Es decir, no buscan necesariamente como interlocutor a las instituciones para la implementación de una política. Sin embargo, de allí surge el gran caudal de conocimientos sobre las condiciones de vida concretas de las mujeres y diferentes acontecimientos, que permiten elaborar sus demandas, construidas en torno a necesidades, derechos humanos y justicia, y plantearlas como problemas que deben ser resueltas políticamente. Plantear públicamente los malestares modifica su estatus, de ser problemas personales o locales pasan a ser problemas sociales que deben ser resueltos políticamente, pasan a ser responsabilidad colectiva (Champagne, 2013).

Estas demandas que surgen del quehacer cotidiano en el ámbito privado lo trascienden, se escapan, se fugan y se instalan en el espacio social, como demandas públicas y políticas, donde comienza la disputa por los sentidos, las interpretaciones y las formas de satisfacerlas (Fraser, 1991). Estas necesidades se van a exponer frente a la sociedad, los medios de comunicación, las instituciones públicas y privadas, frente al Estado e inclusive al mercado. Cada uno de estos tiene diferentes posibilidades de recibir y atender estas demandas. A los movimientos sociales no se les escapa que, en un sistema capitalista, el Estado es la principal institución social capaz de desplegar los recursos humanos, organizacionales y tecnológicos necesarios para afrontar la mayoría de los desafíos que se presentan en las sociedades (Oszlak, 2006). Pero tampoco se les escapa que el Estado (se) sostiene (en) un sistema capitalista, racista y heteropatriarcal que se basa en la opresión, explotación y expropiación de algunos cuerpos. Es decir, a la institución que se le pide respuesta es la misma que se entiende que produce y reproduce las desigualdades de género, de clase y de raza.

Esta complejidad se hace más evidente cuando ponemos en diálogo planteos que buscan alternativas no institucionales para mejorar las condiciones de vida (Segato, 2015) o ponen en duda teórica la legitimidad del Estado como interlocutor de los feminismos (Valobra, 2015). Porque si bien somos conscientes de que “las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo” (Lorde, 2003: 115), nos encontramos con que una parte importante de los movimientos feministas dirigen sus pedidos concretos principalmente a las instituciones estatales, al punto de plantear en manifestaciones consignas donde se pone fuertemente el acento en que el Estado es responsable.[4]

Entonces, ¿qué significa que las instituciones estatales son responsables? Cada definición que hagamos de esa “responsabilidad” plantea diferentes interpretaciones de las demandas y, por tanto, de las formas de satisfacerlas. ¿El Estado es responsable porque se origina sobre la base de relaciones desiguales de clase, de raza y de género? ¿Es responsable en cuanto se ha comprometido a implementar políticas para garantizar los derechos que reconoció? ¿Es responsable porque se trata de la institución pública que debe aliviar los problemas que produce el sistema capitalista, heteropatriarcal y colonialista que sostiene? Es decir que tanto la demanda como la estrategia dependerán de la definición e interpretación que hagamos de nuestros quehaceres, y de estas definiciones dependerán las formas de relacionarse con el campo estatal.

A modo de cierre

A lo largo de este diálogo reflexionamos sobre la relación entre Estado y feminismos, centradas en las formas en cómo construimos y planteamos nuestras demandas a partir de nuestros quehaceres feministas. Las demandas de los movimientos feministas se han multiplicado, han tomado diferentes sentidos y han puesto en tensión y articulación diversos actores sociales de los que ha recibido diferentes respuestas. Desde hace unos años el movimiento feminista ha ido dejando de ser el eslabón débil de las luchas en la arena política para posicionarse como un actor que construye sentidos y disputa poder. Indudablemente, y a riesgo de ser pretenciosa, durante 2018 ha sido el movimiento con mayor presencia política en el espacio público.

Al día siguiente de la marcha del 8 de marzo de 2018 en Mendoza, una amiga me escribió un mensaje amoroso donde me dijo: “el jueves me sentí distinta, me gustó sentirme parte de algo”. Este comentario me movilizó y me hizo pensar sobre qué hace que un evento signifique que estamos siendo parte de algo: de un movimiento, de una transformación, de un colectivo. Ser parte de “algo” que va en busca de aquello que se nos niega, pero reconocemos que es justo. Estas palabras fueron un preludio, casi un presagio, de lo que sería 2018, un año inmenso en que millones seríamos parte de algo: los movimientos feministas.

Dice la uruguaya Alicia Migliaro (2018: 126):

Cuando salimos a la calle estamos resignificando un lugar de carencia para autogestionar formas de cuidado sustentables. No nos nombramos para victimizarnos, nos nombramos para decir “ya basta”. En esta pedagogía de lucha se gesta un proceso de politización: reconocer la violencia y organizarse para hacerle frente, ensayar nuevas formas para construir una vida sin violencia.

Los caminos hacia una sociedad sin discriminación son sinuosos. Las reivindicaciones feministas muchas veces son tomadas como exageraciones, como secundarias, como distractoras de lo realmente importante, inclusive opuestas al bienestar general. Sin embargo, estamos presenciando un cambio en los sentidos de la legitimidad y la justicia de las prácticas feministas. Evidentemente no al ritmo que deseamos, pero sí al ritmo de la perseverancia que caracteriza a este movimiento que es cada vez más grande, más diverso y más poderoso. Al ritmo del ser parte de algo, al ritmo de la acción colectiva.

Bibliografía citada

Aguinaga, M.; Lang, M.; Mokrani, D. y Santillana, A. (2012). “Pensar desde el feminismo: Críticas y alternativas al desarrollo”. En Lang, M. y Mokrani, D. (comp.), Más allá del Desarrollo. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxembur, pp. 55-82.

Anzorena, C. (2014). “Aportes conceptuales y prácticos de los feminismos para el estudio del Estado y las políticas públicas”. Revista de Trabajo Social PLAZA PÚBLICA 11 (7), pp.17-41.

Anzorena, C. (2013). Mujeres en la trama del Estado: una lectura feminista de las políticas públicas. Mendoza: EDIUNC, p. 288.

Anzorena, C. (2015). “¿Qué implica la protección social para las mujeres? Un análisis feminista de las políticas sociales y de igualdad en Argentina”. Revista OXÍMORA (7), pp. 99-118. Recuperado de https://bit.ly/2WKi7vy.

Archenti, N. (1994). “Las mujeres, la política y el poder. De la lógica del príncipe a la lógica de la acción colectiva”. En D. Maffía y C. Kuschnir (comps.), Capacitación política para mujeres: género y cambio social en la Argentina actual. Buenos Aires: Feminaria, pp. 316-333.

Bellotti, M. (2018). “Memorias, genealogías, historias del movimiento feminista y de mujeres”. En Alfonso, M.; Ruíz Castelli, C. y Díaz Lozano, J. Movidas por el deseo: genealogías, recorridos y luchas en torno al 8M. Buenos Aires: El Colectivo, pp. 41-58.

Champagne, P. (2013). “La visión mediática”. En Bourdieu P. (dir.), La miseria del mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 51-63.

Di Marco, G. (2006). “Movimientos sociales y democratización en argentina”. En Lebon, N. y Maier. E. (coord.), De lo privado a lo público: 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. Buenos Aires: Siglo XX, pp. 249-271.

Fleury, S. (1997). Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina. Buenos Aires: Lugar.

Fraser, N. (1991). “La lucha por las necesidades: Esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío”. Debate feminista, 3, pp. 3-40. Recuperado de https://bit.ly/2YHSYU6.

Fraser, N. (2008). Escala de justicia. Barcelona: Herder.

Lorde, A. (2003 [1984]). La hermana, la extranjera. Madrid: horas y Horas.

Migliaro, M. A. (2018). “Sur, 8M y después: Una mirada al paro internacional de mujeres en Uruguay”. En Alfonso, M.; Ruíz Castelli, C. y Díaz Lozano, J. (coord.), Movidas por el deseo: genealogías, recorridos y luchas en torno al 8M. Buenos Aires: El Colectivo, pp. 119-130.

Oszlak, O. (2006). “Burocracia estatal: política y políticas públicas”. POSTData Revista de Reflexión y Análisis Político, (11), pp. 11-56.

Segato, R. (2015). “La norma y el sexo: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonialidad”. En Belausteguigoitia Rius, M. y Saldaña-Portillo, M. J. (comp.), Des/posesión: género, territorio y luchas por la autodeterminación. México: UNAM, pp. 125-164.

Valobra, A. (2015). El Estado y las mujeres, concepciones en clave feminista. Estudios Sociales del Estado 1 (2), pp. 32-57.


  1. La versión ampliada de estas reflexiones será publicada en la revista Punto Género del primer semestre de 2019 (Departamento de Sociología de la Universidad de Chile).
  2. Por cuestión de espacio no haré referencia a estos eventos, pero se pueden consultar en https://www.facebook.com/forofeministacontraelg20/ y https://twitter.com/actrices_arg?lang=es.
  3. Prácticas como los escraches en redes sociales, pintadas en las marchas o “tetazos” en la vía pública dan lugar a acalorados debates sobre la validez, e incluso la moralidad, de estos recursos.
  4. Ver https://niunamenos.com.ar/; o http://www.abortolegal.com.ar/. Inclusive el Foro Feminista contra el G20 interpela al Estado, como puede verse en https://www.facebook.com/forofeministacontraelg20/.


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