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Procesos de fronterización estatal en el Cono Sur[1]

El caso de las paseras y bagalleras

Rose Chabot[2]

Introducción

Desde los últimos veinte años, el interés académico por las fronteras internacionales ha (re)surgido en varias disciplinas de las ciencias sociales, como la ciencia política, la sociología, la antropología, la economía y la geografía, entre otras. En América Latina, como en otras regiones, este resurgimiento ha sido caracterizado por su interdisciplinaridad, a la cual también han contribuido las teorías críticas de las ciencias sociales. Además, los estudios feministas y de género han producido importantes avances en pos de entender el vínculo entre Estado, sociedad y cuerpo, integrando al universo de análisis el concepto de “territorialidad” para entender las implicaciones sociales, políticas, culturales y económicas de las fronteras estatales sobre las mujeres.

Frente a estas novedades, el presente capítulo tiene dos objetivos. Primero, tomando como punto de partida los desarrollos teóricos y conceptuales de las últimas décadas, propone contribuir a la creación de un cuadro teórico multiescalar (Benedetti, 2011, 2014) que agrupe a tres facetas de los procesos de fronterización estatal: el cuadro normativo-legal (o régimen de frontera), la implementación de dicho régimen fronterizo y los mecanismos de representación del otro, desarrollados con objetivo de legitimación social del orden establecido. Segundo, el capítulo propone aplicar este antedicho cuadro teórico a una perspectiva feminista, a través de una síntesis de los existentes conocimientos científicos empíricos sobre las mujeres paseras y bagalleras[3] en Paraguay, Bolivia y Argentina. La comparación de la situación entre bagalleras y paseras, sin procurar ocultar las diferencias entre estos dos grupos, resulta una herramienta metodológica clave para entender los impactos de la fronterización sobre las poblaciones fronterizas de Argentina, Bolivia y Paraguay. Además, la comparación de dos grupos con características sociolaborales similares dentro de un mismo cuadro normativo-legal (políticas nacionales del Estado argentino) pone directamente en relieve los efectos de la fronterización sobre estos grupos sociales. Adicionalmente, con base en los estudios etnográficos disponibles, se demostrará cómo el trabajo cotidiano de estas mujeres no solo representa un cruce de fronteras reales, sino también una transgresión de las fronteras de género establecidas. Sin embargo, a pesar de sus acciones individuales y colectivas desarrolladas frente a los procesos de fronterización, la literatura ha encuadrado las acciones de las paseras y bagalleras como estrategias de supervivencia más que de resistencia. Este capítulo, que pretende ser un ejercicio de revisión bibliográfica de fuentes secundarias, permitirá identificar brechas en la literatura y plantear nuevas posibilidades de investigación en el campo de los estudios fronterizos, incluyendo herramientas ontológicas y metodológicas de la política comparativa.

Instituciones y procesos de fronterización: acercamiento conceptual

Desde una perspectiva de ciencia política, la frontera internacional (en adelante, frontera) representa un elemento fundamental del Estado nación como marca física y simbólica de su territorialidad, determinando los límites geográficos y jurisdiccionales de inclusión y exclusión de la ciudadanía (Newman, 2003). A pesar de su importancia en la representación territorial del Estado, las escuelas clásicas de la política comparativa, como de las relaciones internacionales, han tendido a asumir la (re)producción, atemporalidad y naturaleza fija de las fronteras, lo que se ha llamado la “trampa territorial” (Agnew, 2014). De igual forma, han entendido las fronteras internacionales como el producto del Estado nacional sin abordar los efectos de los ámbitos suprnacionales y subnacionales sobre ellas (Benedetti, 2014). Es decir, el carácter implícito de la frontera en la conceptualización del Estado nación ha obscurecido la complejidad, el dinamismo y los procesos históricamente cambiantes, físicos y simbólicos de su conformación. Este capítulo reconoce la frontera a la vez como una realidad física y una construcción social: como un conjunto de instituciones y símbolos que, a través del ejercicio de su poder, determinan las normas y prácticas de inclusión y exclusión a partir de parámetros culturales, económicos y políticos (Brunet-Jailly, 2011, p. 3; Paasi, 2009). La territorialidad del Estado, de ese modo, se entiende como “una estrategia abiertamente desplegada por un sujeto social, espacial, cultural y temporalmente determinado para definir un área donde controlar recursos y personas” (Benedetti, 2014: 15). A fin de desintegrar la complejidad de los intereses, las tensiones y contradicciones inherentes a la fronterización estatal, el análisis “multiescalar” entiende a este proceso como el resultado de la superposición de normas, acciones y representaciones –a veces contradictorias– que ocurren a distintos niveles: en lo supranacional, nacional y local (Benedetti, 2011).

De este modo, se entiende a la frontera como un conjunto de instituciones, procesos y representaciones, cuyas dinámicas varían inmensamente en el espacio-tiempo (Anderson, 2013; Newman, 2006). Siguiendo a Benedetti, y a partir de las contribuciones de Gibson (2003), la fronterización designa al “proceso mediante el cual cada Estado establece, mantiene y transforma la localización, señalización, extensión, funciones y sentidos asociados a la frontera” (Benedetti, 2014, p. 24). A partir de un análisis de la literatura académica, se han identificado tres elementos que se han incluido, de manera separada o en conjunto, en la conceptualización de la fronterización estatal:

  1. el cuadro normativo-legal o “régimen de frontera” que Halpern (2009) llamó anteriormente el “eje jurídico-formal”;
  2. la implementación del cuadro normativo a través de las instituciones de coerción del Estado, al que Newman (2006) se refiere como “gestión”; y
  3. la legitimación social de la soberanía y violencia estatal a través de mecanismos de representación de los límites de la comunidad imaginaria (Anderson, 1983).

En la sección siguiente, se propondrá sistematizar las definiciones y límites conceptuales propuestos en la literatura en un mismo cuadro teórico (ver figura 1 más abajo). Se presenta a estas instituciones y procesos como interdependientes, en el sentido de que la complejidad de la fronterización, su evolución e impacto sobre las poblaciones locales solamente se pueden entender teniendo en cuenta los tres antedichos procesos e instituciones y sus interacciones.

Cuadro normativo-legal de la fronterización: el régimen de frontera

El concepto de “régimen de frontera” ha sido desarrollado ampliamente en las dos últimas décadas en el ámbito de la Unión Europea (UE). Académicos han calificado a los regímenes de frontera como sistemas de control que regulan el comportamiento en las fronteras, incluyendo así las normas, leyes y reglamentaciones formales creadas por los Estados y las organizaciones internacionales o de integración regional. Determinan los límites de la legalidad y la ilegalidad en torno a los bienes, servicios o personas extranjeras del territorio (o en los territorios de sus miembros) (ver, entre otros, Tsianos y Karakayali, 2010; Van Houtum, 2010; Van Houtum y Pijpers, 2007; Wilson y Donnan, 1998; Zielonka, 2001).

La mayoría de los estudios que analizan estos marcos legales emergen desde las relaciones internacionales y se enfocan en los efectos de la globalización e integración regional por sobre los modos de afirmación de la soberanía a nivel nacional. Los regímenes supranacionales incluyen al cuerpo regulatorio de la Naciones Unidas y a organizaciones de integración a nivel regional, como la Unión Europea o el Mercado Común del Sur (Mercosur)[4]. A pesar de estos actores internacionales, se considera que el Estado nacional sigue siendo el regulador principal de los regímenes de frontera. La fuerza y jerarquía de las normativas supranacionales dependen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y varían de un país al otro (Cabra, 2010). Los cuadros normativo-legales[5] involucrados en la materialización de la soberanía territorial rigen en varios sectores relacionados a los flujos internacionales. Incluyen, entre otras áreas, la gestión de la economía (flujos de capitales y de bienes de producción), de los individuos y sus comportamientos en la frontera (migraciones, tránsito vecinal, etc.) (Newman, 2006). Entonces, los regímenes de frontera pueden incluir las normas de seguridad, de salud/sanidad, de comercio y de migraciones. Además, en los Estados federales o unitarios descentralizados, el nivel subnacional (provincial o local) puede también jugar un rol de regulador dentro de los regímenes de frontera de los Estados, principalmente de manera indirecta a través de reglamentaciones y leyes que afectan al flujo internacional de bienes o de personas. Entonces, lejos de resultar un proceso armonioso, se ha subrayado que la superposición de niveles de regulación puede llevar a la creación de encuadramientos normativos contradictorios en lógicas económicas, de derechos humanos y de seguridad nacional que a veces entran en conflicto (Berg y Ehin, 2006; Jelin, 2001). Las normas de integración de los extranjeros, que incluye las políticas de acceso a los servicios públicos y a las políticas relacionadas al mercado laboral, pueden influir en los flujos internacionales de bienes, servicios o personas y definir de manera indirecta los parámetros de inclusión/exclusión de los Estados (Papadopoulos, 2011). Entonces, para entender los procesos de fronterización y sus múltiples impactos sobre las poblaciones fronterizas o migrantes, consideramos las leyes y reglamentaciones directas e indirectas que afectan a las personas al momento de cruzar la frontera o una vez cruzada (ver figura 1).

Implementación del régimen fronterizo

El segundo componente de la fronterización aborda la manera en la cual el Estado implementa o materializa su régimen fronterizo (Newman, 2003). La implementación se realiza a través de las instituciones tradicionales de coerción, incluyendo el Ejército, las policías nacionales, la Gendarmería (o carabineros en Chile) y los ministerios pertinentes (Migraciones, Sanidad, Aduana y Comercio Internacional) presentes en la frontera que realizan el control de los ingresantes al territorio nacional (Benedetti, 2014; Figallo, 2003; Hevilla, 2014). Entonces, explicar y describir las prácticas de implementación de los Estados requiere, más allá de los cuadros legales, enfocarse en las acciones formales e informales de los agentes estatales, gendarmes y policías que ejercen en la frontera misma sus funciones predeterminadas. Además, más allá del control fronterizo mismo, los poderes coercitivos internos del Estado –como las policías provinciales, los agentes de control municipales– también pueden impactar en los movimientos fronterizos.

En el contexto sudamericano actual, en el cual los Estados tienen menores capacidades y recursos, entender las políticas fronterizas y su implementación requiere una atención particular a las cuestiones de capacidad coercitiva, particularmente en regiones periféricas con poca presencia de este. Una consecuencia de la debilidad del aparato burocrático de los Estados es la presencia de fuerzas de coerción poco profesionalizadas (O’Donnell, 1993). En este contexto, los cuadros normativos no se aplican de forma homogénea en el territorio ni a todos los grupos poblacionales, pero otras variables entran en juego, entre ellas el género y la etnicidad, durante la implementación de los regímenes de frontera (López, 2016). Además, si el desarrollo de una “cultura del control” por los Estados latinoamericanos no se realiza como consecuencia de la modernización del Estado como lo veía Garland (2001) en el contexto británico, se manifiesta de manera heterogénea y relacionada a la emergencia de democracias delegativas y de capacidades estatales limitadas, particularmente en las periferias del Estado (O’Donnell, 1993). De esta manera, el género como categoría de análisis permite observar, a través de la cotidianeidad de las mujeres, los impactos directos de las desigualdades en la implementación de políticas estatales. Perales (2013), en su panorama general de los estudios de género sobre la frontera, recuerda que las representaciones de género, en intersección con otras identidades (racial, sexual, cultural u otros), de los migrantes y de los agentes de poder del Estado afectan sus prácticas, tales como la inspección, procedimientos o criterios:

El control fronterizo en base sexual, racial, y de género reforzaba nociones de ciudadanía y de integridad nacional, funcionando como un mecanismo policial mientras que los gobiernos y sus agentes intentaban controlar el movimiento de cuerpos a través de las fronteras [borders] y por las zonas fronterizas [borderlands][6] (Perales, 2013: 168).

Sin embargo, más allá del análisis de las instituciones formales del régimen de frontera de los Estados y de sus prácticas de implementación, la mayoría de los estudios que se presentarán en adelante y producidos en el Cono Sur de América Latina los han ubicado dentro de un conjunto de normas, narrativas y preceptos sociales. Los procesos de legitimación social del cuadro normativo-legal y su implementación conforman el último componente de este cuadro teórico de la fronterización (ver figura 1).

Procesos de legitimación social de la soberanía territorial y del uso de la violencia

Más allá del rol del aparato burocrático como agente de control social, varios estudios etnográficos[7] con perspectivas posmodernistas presentan la conformación e implementación de regímenes de frontera particulares dentro de narrativas y cuadros de legitimación social. Mientras que la formación de una “comunidad imaginada” es un componente clave de la conciencia nacional del Estado nación moderno, su materialización en los lugares de frontera ha sido destacado: la construcción social y política del “nosotros” define los parámetros en los cuales la ciudadanía se acompaña esencialmente de una diferenciación relativa a un “otro” socialmente externo (Anderson, 1983; López y Zubia, 2014).

Hallsworth (2006) atribuye un rol importante a las elites políticas, económicas y mediáticas en la conformación de un ”otro” amenazante, que legitima el uso de la violencia contra un grupo particular de individuos. Él reintroduce lo que Garland (1996, 2001) llamó ”la criminalización del otro”: proceso a través del cual la representación de la otredad hace que los actores políticos, económicos y mediáticos dominantes intenten legitimar la división arbitraria del Estado entre legalidad e ilegalidad, así como los métodos empleados por este para reforzar los cuadros normativos en una tensión constante entre nacionalismo y estigmatización (Betrisey Nadali, 2007). Además, las representaciones de otredad conformadas alrededor de ciertos grupos pueden superponerse en individuos que corresponden a varias categorías de “indeseables” basados en la etnicidad, cultura, sexualidad o género, entre otros (Crenshaw, 1991). Entonces, la relación entre representación y fronterización es doble e interdependiente: mientras que las elites políticas construyen los regímenes fronterizos y las instituciones de coerción los ejecutan con base en representaciones hegemónicas de la nación y el “otro” excluido, estas representaciones están también influenciadas por los mismos regímenes fronterizos y su implementación (ver figura 1).

Figura 1. Cuadro teórico para el análisis de los procesos
de fronterización estatal

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Fuente: elaboración propia.

Las paseras, el Estado y las fronteras en el norte argentino

Desde América Latina se han producido importantes avances que han creado puentes entre estudios feministas y estudios fronterizos, permitiendo enriquecer nuestra comprensión del rol del Estado con otros actores en el ámbito cotidiano donde las mujeres se relacionan con las fronteras. En esta segunda sección, se analizará la situación de las mujeres paseras y bagalleras en el norte de Argentina, con base en los antedichos procesos e instituciones de fronterización que se despliegan a nivel supranacional, nacional y subnacional. Se describirá, a partir de los estudios que se han realizado en las últimas dos décadas, cómo los regímenes de frontera, su implementación y sus construcciones sociales en Argentina afectan a las mujeres paseras y bagalleras, poniendo en relieve los puntos de encuentro entre sus experiencias, como ya varios estudios etnográficos han relevado. Posteriormente, se analizarán las implicaciones de las prácticas laborales de estas agrupaciones laborales de mujeres, como cruce de fronteras estatales y simbólicas de género.

Las paseras son mujeres que, desde el siglo XIX, practican actividades comerciales a pequeña escala, “pasando” bienes de un lado al otro de la frontera, en este caso, del Paraguay a la Argentina: desde la ciudad de Encarnación (departamento de Itapúa, Paraguay) hasta la de Posadas (provincia de Misiones, Argentina). Históricamente, las paseras han trasladado principalmente frutas y verduras, pero, desde fines del siglo XX, han diversificado su oferta comercial, incluyendo artículos electrónicos, bebidas alcohólicas y otros tipos de mercaderías (ropa, zapatillas, cigarrillos, etc.) (Gómez, 2018). Una vez cruzado y pasado el punto de control argentino, venden sus mercancías en las plazas, calles y mercados de la ciudad de Posadas, a veces con el permiso oficial otorgado por la municipalidad y otras veces sin él (Krautstofl, 2016). La construcción del puente internacional San Roque González de Santa Cruz entre las ciudades de Encarnación y Posadas, junto con la creación del Mercosur al principio de los años 90, provocó un aumento de los flujos comerciales entre los dos países. Las prácticas y costumbres de las paseras han cambiado drásticamente, pero han evidenciado una capacidad de adaptación a estas ingentes transformaciones (Linares, 2017b).

En cambio, las bagalleras (de nacionalidad boliviana) trasladan mercancías de un lado al otro de la frontera con Argentina, pero, según los relatos etnográficos disponibles, evitando los controles fronterizos del Estado, esquivándolos a través de montes alejados o recorriendo vías de trenes abandonadas (López, 2015; Benedetti y Salizzi, 2011). De esa manera, López y Zubia (2014: 60) han definido el “bagayeo” como “una subactividad de un circuito comercial precario e informal de consumo popular altamente marginalizado y estigmatizado”. Además, se ha notado en estos estudios que, contrariamente a lo que sucede con las paseras, en gran medida estas mujeres no trabajan de forma independiente, sino como intermediarias, contratadas por comerciantes bolivianos para el traslado de mercancías, no así de su venta. Los estudios incluidos en este capítulo se enfocaron en las ciudades de Bermejo (departamento de Tarija, Bolivia) y de Aguas Blancas (provincia de Salta, Argentina), además de Villazón (departamento de Tarija, Bolivia) y La Quiaca (provincia de Salta, Argentina) (Benedetti y Salizzi, 2011; López, 2015, 2016; López y Zubia, 2014). A pesar de sus distintos modos y contextos, las paseras y bagalleras practican lo que se denomina “comercio hormiga” (Benedetti, 2011), a veces asociado o encuadrado en el contrabando menor. El objetivo principal de esta práctica laboral es aprovechar las desigualdades macroeconómicas entre países para transitar mercaderías de precios favorables a otro mercado, para así atender a necesidades financieras personales y familiares.

Construir fronteras

Régimen de frontera en Argentina: del nivel supranacional al nivel local

El derecho internacional relacionado a los trabajadores fronterizos incluye a la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la Naciones Unidas. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce en su Convenio Relativo a los Trabajadores Migrantes (Nº 143) y otras recomendaciones derechos plenos a la no discriminación y a la igualdad de trato hacia los trabajadores fronterizos en relación con los nacionales independientemente de su documentación migratoria (Pellegrino, 2009). Un segundo cuadro normativo a nivel supranacional, el Mercosur, está conformado en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes de los países miembros como la prevención y la lucha contra la trata de personas. En lo que concierne a las paseras y bagalleras, la normativa del Mercosur incluye la Decisión 18/99- Acuerdo sobre tránsito vecinal fronterizo entre los Estados partes, la cual busca profundizar el proceso de integración regional a través de la facilitación del cruce internacional para los habitantes fronterizos que poseen la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo[8]. Según el artículo 22 de la Constitución Nacional de la República Argentina, los tratados internacionales tienen “jerarquía superior a las leyes” (República Argentina, 1994), incluyéndolos entonces de jure en el cuadro normativo-legal del país.

A pesar de estos avances en términos de derechos para las poblaciones y trabajadores fronterizos, el régimen migratorio, particularmente la migración laboral, fue formulado con base en lógicas distintas que muchas veces entran en tensión. Primero, se encuadran las migraciones laborales dentro del marco de la libre circulación de los factores de producción; segundo, de los derechos humanos al trabajo, a la vida y a la libertad de movimiento; y, finalmente, en torno al respeto de la soberanía de los Estados miembros y a las reglamentaciones aduaneras y policiales de control de ingreso a los territorios nacionales (Uriarte, 2009). La priorización de una lógica sobre otra depende entonces de la voluntad de los Gobiernos nacionales y, a veces, subnacionales. Un ejemplo clave de estas tensiones normativas ha sido la decisión de la Entidad Binacional Yaciretá[9] en colaboración con la Municipalidad de Posadas de financiar la construcción de un muro de 1 300 metros de largo, para hacer frente a los problemas de seguridad y de contrabando en la frontera; una decisión que contradice el espíritu de las normas regionales y nacionales de migraciones (Renoldi, Del Rosario Millán y Carísimo, 2017).

Empero, el impacto de la integración regional sobre los flujos migratorios ha sido limitado. A pesar de cambios cualitativos en torno a las características de las personas inmigrantes (feminización de las migraciones, trabajo no calificado), el Mercosur no ha afectado de manera importante los flujos migratorios en los países miembros. Al contrario, los flujos migratorios de los países limítrofes se han mantenido constantes (en términos de impacto demográfico) y en las últimas décadas se dirigen principalmente hacia los países del norte, como los Estados Unidos o Europa (Pellegrino, 2009).

En Argentina, a nivel nacional, es interesante destacar que los flujos migratorios regionales se han mantenido constantes en peso demográfico desde el primer censo realizado en 1869 (donde alrededor del seis por ciento de la población era nativa de un país fronterizo o del Perú) (Nicolao, 2010). Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la migración como derecho humano a través de la Ley de Migraciones (n.° 25.871) adoptada en el 2003, el comercio hormiga que practican las paseras y bagalleras está formalmente categorizado como delito aduanero bajo el término de “contrabando” según el Código Aduanero (Ley 22.415), penado de dos a ocho años de prisión.[10] Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Migraciones establece que “los extranjeros admitidos o autorizados como ‘residentes transitorios’ no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, con excepción de los incluidos en la subcategoría de ‘trabajadores migrantes estacionales’” (Dirección Nacional de Migraciones, 2003). El carácter ilícito del trabajo de las paseras y bagalleras tanto en virtud de la Ley de Migraciones como del Código Aduanero argentinos disminuye drásticamente la posibilidad de ejercer sus derechos como ciudadanas del Mercosur y residentes fronterizas, lo que tiende a mantenerlas en una precariedad extrema (Krautstofl, 2016; López, 2016).

Finalmente, uno de los efectos de la integración regional del Mercosur sobre las dinámicas fronterizas ha sido el crecimiento de la influencia de varios grupos de intereses locales –como por ejemplo las Cámaras de Comercio– a distintos niveles de Estado, en torno a la creación e implementación de políticas fronterizas (Linares, 2013). A pesar de estas dinámicas, pocos estudios ponen en relieve el rol de los Estados subnacionales (provinciales o locales) en regir las cotidianidades de las paseras y de las bagalleras. Una excepción importante es Krautstofl, que en su estudio antropológico describe cómo los decretos y reglamentos municipales limitan el alcance de las paseras a las plazas públicas (2016). Mayores estudios son necesarios desde la ciencia política para entender el rol de los Gobiernos subnacionales en los procesos de fronterización en la región. De igual manera, escasos estudios adoptan una perspectiva de género o de sexualidad para entender la racionalidad de las políticas fronterizas (en el caso de Estados Unidos, ver: Luibhéid, 2002, 2008), y menos en el contexto sudamericano o argentino. Entender la situación de las paseras y bagalleras frente a la evolución de los cuadros normativos a nivel supranacional, nacional y subnacional es fundamental, pero no suficiente para entender los impactos de la fronterización estatal. Es decir, como se ha dicho anteriormente, la región también conoce una implementación desigual de las leyes, particularmente en el contexto periférico de las fronteras y hacia ciertos grupos discriminados como las mujeres, los inmigrantes o los individuos racializados (Femenías, 2009).

Implementación del régimen de frontera en Argentina

Desde los estudios feministas, se han asociado la violencia y la demostración de poder coercitivo del Estado con una demostración de masculinidad: “[…] esta voluntad para la violencia se ha vuelto la medida de su virilidad y el índice de su [del Estado] suceso: la cantidad de ofensores presos, el exceso y la crueldad del castigo conseguido, la duración del encarcelamiento y demás” (Hallsworth, 2006, p. 70). A pesar de los avances legales de las últimas décadas en la región aquí analizada, en múltiples estudios demuestran la continuidad de prácticas que materializan el vínculo entre masculinidad y violencia en las fronteras (Grimson y Vila, 2002; Krautstofl, 2016). En el caso de las paseras y bagayeras, un simple control de frontera se convierte para el agente fronterizo en una búsqueda de posible transgresión del marco legal del Estado, de cuya defensa él se hace individualmente responsable (Krautstofl, 2016, p. 3).

En el norte argentino, se ha notado que las intervenciones policiales en la frontera tienden a ser selectivas y orientadas hacia perfiles considerados como sospechosos por las autoridades, es decir, con base en la etnicidad, la clase social y el género (masculino sobre todo) (Renoldi, 2006). Lejos de ser hechos aislados, los actos de violencia perpetrados de manera discriminada e injustificada por los representantes del Estado en la frontera con base en la etnicidad, la clase social, la ocupación laboral o el género forman parte del cotidiano de las paseras y bagalleras. De la misma manera, Grimson y Vila (2002) relatan, primero, sobre violencias verbales y físicas, agresiones, amenazas perpetradas por agentes fronterizos contra paseras paraguayas al momento de cruzar la frontera. Su estudio luego relata las discriminaciones que afectan su cotidiano proceder por parte de las autoridades policiales municipales de la ciudad de Posadas una vez cruzadas la frontera. En su tesis doctoral, López describe la relación entre Gendarmería y las bagayeras como en permanente tensión entre legalidad e ilegalidad, por lo que los agentes del Estado legitiman una conducta violenta, opresora y soberbia hacia estas últimas (López, 2016).

Sin embargo, los estudios etnográficos presentados anteriormente han subrayado que las motivaciones individuales de los agentes estatales en sus conductas se encuentran dentro de un marco de representaciones del “otro” que legitima el uso de la violencia. Entonces, los cuadros normativos y su implementación están incorporados a una narrativa de representaciones que permiten legitimar los criterios de inclusión/exclusión de la ciudadanía y la defensa violenta de la soberanía territorial.

Procesos de legitimación social de la soberanía territorial y del uso de la violencia estatal en Argentina

Las narrativas dominantes sobre lo “nacional” y “extranjero” se han construido históricamente, pero también evolucionan y se manifiestan en lo cotidiano, a través de discursos de políticos, expertos y medios de comunicación (Betrisey Nadali, 2007). En América Latina, los procesos históricos de formación de los Estados y de colonización han consolidado vínculos entre raza, género o sexualidad y nación en los imaginarios sociales; la conquista de territorios inmensos por parte de los reinos (y por los Estados a partir de las independencias) ha marcado profundamente a estas construcciones simbólicas atravesadas por discursos de diferenciación racial (Maia, 2010, p. 64). La delimitación de las fronteras argentinas con Paraguay y Bolivia fue un resultado de contestaciones y conflictos a lo largo del siglo XIX (Figallo, 2003; Gordillo y Leguizamón, 2002), y del lado argentino se materializó con una colonización civil de inmigrantes blancos –de origen ruso, polaco, italiano y español en gran medida– con el objetivo explícitamente racista de “modernizar” y “civilizar” la región (Renoldi, 2006). Igualmente, la implementación de los controles fronterizos están acompañados, en el caso argentino de la frontera con Paraguay, de procesos contradictorios de ”feminización” y ”masculinización” de la frontera (Grimson y Vila, 2002). A través la promoción de imágenes simbólicas y simultaneas de la ”madre tierra virgen” y de ”penetración territorial” por extranjeros regionales, la frontera misma también se conceptualizó desde una perspectiva de género en los discursos dominantes (Grimson y Vila, 2002).

De manera general, la construcción nacional argentina se acompañó de la invisibilización y, a partir de los años 90, de la estigmatización de grupos migratorios de países limítrofes (como Paraguay y Bolivia) (Halpern, 2009). Este proceso de “inclusión desde la exclusión” facilitó la construcción del otro que no pertenece al ideal de la nación (Halpern, 2009, p. 4). Pero la representación del otro por los agentes fronterizos tampoco está completamente dicotomizada. El Estado argentino en el cruce Posadas-Encarnación diferencia entre “buenas” y “malas” paseras, las “tradicionales”, cuyo trabajo tiene un valor cultural-histórico (y que aún está promocionado por la Secretaría de Turismo de la ciudad de Posadas), y las “modernas”, cuyo comportamiento se califica de ilegal o no deseable (Krautstofl, 2016). Esta división también surge de normas de género, según las cuales ciertas mujeres que se desvían de un comportamiento esperado son consideradas como marginales o problemáticas. Por ello, López sostiene que la construcción de la frontera como un espacio peligroso por los discursos estatales hegemónicos y mediáticos se ha “masculinizado”, en el sentido de que las mujeres, “perteneciendo” al espacio privado, no serían capaces de provocar el peligro que se retrata, vinculadas a la inseguridad, la trata de personas y el narcotráfico. En ese sentido, la categorización estereotipada de las paseras entre buenas y malas “tiene como fin reafirmar el sostenimiento de estrictas normas patriarcales que hacen una exigencia especialmente dirigida a las mujeres para que ocupen ‘su lugar’ en la sociedad” (López, 2016, p. 118). Dicho de otra forma, las construcciones alrededor de la frontera tienen, para muchos autores, una función de control social de las mujeres y de sus cuerpos más allá de la soberanía territorial.

Cruzar fronteras

Las experiencias de las paseras y las bagalleras han sido, en los últimos diez años, puestas en valor en varios estudios desde la ciencia política, la antropología, la sociología, la geografía o las ciencias de la comunicación. La complejidad de su situación pasada y presente, entre transgresión y opresión, lleva a la adopción de un cuadro conceptual que rechace la homogeneización y dicotomización de las experiencias de las mujeres entre ”víctimas” o ”libres emprendedoras” (Agustín, 2005; Maia, 2010). Aunque las fronteras internacionales sean importantes barreras a la movilidad de las mujeres e involucren a varias formas de violencia, a la vez pueden ser fuente de empoderamiento. En un estudio de caso de migrantes en América Central que iban hacia Estados Unidos, Bissonnette y Valet relatan la experiencia de mujeres que instrumentalizan su sexualidad (a través de favores sexuales esporádicos o del trabajo del sexo) para llegar a la frontera. Demostrando su capacidad de agencia a través del uso de sus cuerpos para obtener protección en el camino migratorio, las mujeres entrevistadas resumían sus decisiones a un tipo de transacción, de intercambio, a través del cual retoman control de sus cuerpos en un contexto de precariedad y de peligro que representa el proceso migratorio en Centroamérica. Además, estas experiencias y testimonios ponen en evidencia la diversidad de relatos de mujeres más allá de una posición de victimización (Bissonnette y Vallet, 2018).

Esta última sección del capítulo expone cómo, mediante su actividad laboral, las paseras y bagalleras desafían las fronteras reales y conceptuales de los Estados y de su género a través del desarrollo de lo que estudios han identificado como prácticas de supervivencia más que de resistencia (ver Betrisey Nadali, 2007; Linares, 2017b).

Fronteras estatales y de género

El cruce de la frontera internacional demuestra la capacidad de agencia de las paseras a través de su finalidad y de las estrategias involucradas en el mismo acto de pasar. Primero, las paseras se han instalado históricamente en la ciudad de Posadas de manera permanente, considerando la mejora que representa en materia de acceso a servicios públicos (de salud, escuela pública y gratuita) para ellas y sus hijos en comparación a la situación paraguaya. Han utilizado entonces el cruce de frontera como herramienta de ascenso social y como sustento de sus hogares (Gómez, 2018). Segundo, las paseras adoptan estrategias individuales y colectivas de circunvalación de marcos legales para lograr sus objetivos, respondiendo y adaptándose a los cambios legislativos de los Estados con el uso de sus cuerpos. Por ejemplo, estudios etnográficos han revelado que suelen esconder mercancías en su ropa para evitar controles aduaneros y aseguran su trayecto gracias a sobornos dados a empleados de control aduanero y migratorio. Igualmente, aprovechan la falta de control integrado de Aduanas para cruzar tres o cuatro veces por día, por vía territorial en puente internacional y por vía marítima en el río (Krautstofl, 2016). Otro estudio etnográfico también demuestra que el trabajo de las bagalleras involucra saberes aprendidos por la experiencia, que se transmiten: “Estas mujeres saben qué técnicas utilizar en cada situación que se les presenta. Aprendieron cómo manejarse porque hacen de su experiencia un saber” (López, 2016: 131). A pesar de los cambios y desigualdades estructurales entre los dos países, Krautstofl le da relevancia a la continuidad del trabajo de pasera y su transmisión intergeneracional desde el siglo XIX (2016). Las paseras también hacen uso de estrategias para evitar la inspección por parte de las fuerzas de control municipales una vez alcanzado el lado posadeño. Por ejemplo, las paseras o “revendedoras” venden sus mercancías en las plazas de la ciudad en horas fuera del horario de trabajo de los policías o cambian frecuentemente de plaza para evitar los controles policiales (Linares, 2017b).

La historiadora Silvia Gómez (2018) ha notado, gracias a archivos de la ciudad de Posadas, que las mujeres paseras en el siglo XIX eran mayoritariamente jóvenes, de clase social baja y, muchas veces, embarazadas. El trabajo de pasera representaba una salida laboral alternativa al trabajo doméstico o a la prostitución para subvenir a las necesidades de sus hogares. Entonces, además de demostrar una actividad laboral que no correspondía a las expectativas de género de su contexto histórico-cultural, la pasera ocupaba el espacio público de forma independiente. Es decir, su actividad laboral implicaba una salida al espacio público sin sus maridos y como trabajadoras autónomas. Entonces, las acciones de las bagalleras han sido descriptas como actos de resistencia frente a un orden social, económico y político al margen de la ciudadanía (López, 2015). A través del cruce constante de la frontera para desempeñar su actividad laboral, las paseras “deshacen la cartografía oficial consagrada en el mapa de la nación” (Zubia y López, 2015, p. 1). Además, más allá de una comprensión estado-céntrica del espacio, como trabajadoras autónomas o semiautónomas, las paseras y bagalleras ocupan al espacio público de una forma que desafían las normas y categorías de género (López y Zubia, 2014).

Más allá de las estrategias individuales, las trabajadoras actúan también de manera colectiva. Entre otros ejemplos, las paseras tienen una organización colectiva y solidaria de repartimiento de objetos transportados con el fin de esconder el destino comercial de estos para de esa forma pasar mayores cantidades y aumentar sus potenciales ventas (Linares, 2017b). Durante un importante conflicto suscitado en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz (1994-1995), han demostrado su capacidad de movilización social colectiva a través de protestas y sentadas sobre el mismo puente (Grimson y Vila, 2002; Linares, 2013). Igualmente, algunas paseras y bagalleras han agrupado sus fuerzas en organizaciones sindicales[11] que defienden sus derechos frente a los Estados argentino, boliviano y paraguayo, ejerciendo presiones sobre los actores políticos a nivel subnacional y nacional para facilitar su actividad laboral (Gómez, 2018).

Empero, la frontera como continuidad colonial hace que el hecho de cruzarla no destruya las fuentes de opresión y la marginalización de las mujeres. Por ejemplo, Maia (2010), en un estudio etnográfico de la diáspora de mujeres brasileñas en Nueva York, pone en duda la fuerza real del cruce de frontera con una trascendencia de su situación de opresión. La exotización de sus cuerpos sería una continuidad neocolonial que sigue más allá de la frontera internacional para estas mujeres migrantes que, teniendo un estatuto migratorio precario, practican bailes eróticos como salida laboral (Maia, 2010). Por lo tanto, con el objetivo de evitar “romantizar” las experiencias de las paseras y bagalleras al cruzar fronteras en sus actividades laborales, varios estudios cualitativos han calificado sus acciones como “estrategias de aguante” más que como “estrategias de resistencia”, dudando de su capacidad –individual y colectiva– de ejercer una “autonomía simbólica” (Betrisey Nadali, 2007, p. 161):

[…] las sucesivas prácticas que hemos podido registrar, tales como “levantar el canasto y desaparecer”, “mostrar los papeles”, “sentir vergüenza”, “desacreditar al adversario”, “dejar de hablar en su idioma materno, el guaraní”, lejos de ser acciones de “resistencia” para hacer frente a la sociedad posadeña, no son más que soluciones prácticas ante necesidades urgentes para poder mantenerse en el sitio (físico y social) ocupado, acompañadas, en algunos casos, de afirmaciones imperativas de resignación: “qué le vamos a hacer”, “no nos queda más remedio”, etcétera (Betrisey Nadali, 2007, p. 160).

Estas respuestas y estrategias de “supervivencia” de las mujeres se encuadran dentro de fenómenos globales referidos a la “feminización de la supervivencia” y del trabajo informal (Sassen, 2000). En el caso de las paseras, Linares (2017b) describe las consecuencias del Plan de Terminación Yaciretá y de sus infraestructuras urbanas que cambian el paisaje costal de Posadas y Encarnación sobre las prácticas laborales de las paseras paraguayas. Pone en relieve el impacto de los planes de desarrollo económicos liderados por la entidad binacional dentro de los esfuerzos de integración regional (Mercosur), con la colaboración del Municipio de Posadas, sobre la marginación creciente de su modo de subsistencia. A través de su trabajo etnográfico, en concordancia con Betrisey Nadali (2007), pone en dudas la capacidad de resiliencia de las paseras frente a estos cambios, ya que tienden a resignarse a aceptar los cambios (con algunas tensiones y modos de resistencia limitados), temiendo por el futuro de su actividad laboral. Sobre todo, las paseras viven en tensión entre resistencia y resignación frente a los cambios regulatorios a nivel regional, nacional y local (Linares, 2017b).

Conclusión

Este capítulo intentó reconciliar análisis modernos y posmodernos para ilustrar las distintas facetas –reales y construidas– de la fronterización estatal en el Cono Sur de América, además de sus efectos sobre las mujeres paseras y bagalleras. Se ha conceptualizado y teorizado la fronterización estatal como un proceso multiescalar (que se despliega desde lo supranacional hasta lo local) (Benedetti, 2011) y que involucra a distintos actores e instituciones interdependientes: los cuerpos normativo-legales, su implementación en la frontera y las construcciones o representaciones sociales que legitiman a ambos. Este resumen de la literatura demuestra que las contribuciones de las ciencias sociales latinoamericanas han sido múltiples, particularmente en el ámbito de las teorías críticas. Epistemológicamente, la revalorización de las experiencias de las mujeres como fuente de conocimiento científico contribuye a nuestro entendimiento de las funciones e impactos de las fronteras estatales en la vida común de las ciudadanas. Las experiencias diferenciadas de las paseras y bagalleras dentro de su actividad laboral, como se ha demostrado en este capítulo, también se deben ubicar dentro de una epistemología que reconoce la espacialidad como factor clave del acceso o la exclusión a la ciudadanía (Zubia y López, 2015). Metodológicamente, el uso preponderante de métodos cualitativos etnográficos en los estudios citados en este capítulo permitió observar las prácticas y los discursos de las paseras tanto como la de los actores estatales, revalorizando las perspectivas de los grupos más oprimidos de la sociedad.

La complejidad de la fronterización estatal, sus parámetros, procesos y actores, requieren una agenda de investigación que mantenga puentes entre (sub)disciplinas, epistemologías y metodologías. Todavía se sabe poco de las dinámicas que motivan a los actores sociales y políticos en distintos niveles del Estado en la conformación de regímenes fronterizos y de su implementación. ¿Cuáles son los factores –políticos, económicos y sociales– que explican la evolución en el tiempo y la variación en el espacio entre distintos procesos de fronterización de la región? ¿Cuál es la relación entre estos antedichos procesos y los contextos políticos a niveles nacionales y subnacionales y las transformaciones económicas? Estas cuestiones pueden ser abordadas desde varios paradigmas teóricos y metodológicos, incluso desde el feminismo, para de esa manera entender mejor los mecanismos, instrumentos, facetas y procesos de continuación y cambio en el ejercicio del poder estatal territorial en el Cono Sur del continente.

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  1. Quisiera agradecerle a Matías Ghilardi por la invitación a participar en esta tercera edición del libro del GEFRE. Agradezco también a Andréanne Bissonnette por sus comentarios pertinentes en versiones anteriores a este trabajo que han permitido profundizar la reflexión, además de Agustín Buero, Eugenia Buero y Alicia Brizio por la ayuda con el castellano y la edición. La autora se hace responsable de cualquier error u omisión en el texto. Esta investigación está apoyada por el Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales de Canadá (CRSH).
  2. McGill University (Canadá).
  3. Las “paseras” y “bagalleras” son mujeres cuya actividad laboral consiste en cruzar las fronteras internacionales de Paraguay y Bolivia con Argentina, transportando mercaderías, frutas y verduras a fin de venderlas o transitarlas de un lado al otro sin pasar por los controles aduaneros estatales o con más mercancías que la ley permite; se dedican al llamado “comercio hormiga” (Benedetti, 2011).
  4. El Mercosur está compuesto, en virtud del Tratado de Asunción (1991), de cinco países fundadores (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil) y de siete países asociados (Bolivia –en proceso de adhesión–, Chile, Colombia, Ecuador, Surinam, Perú, Guyana). En el momento de redactar este capítulo, la República Bolivariana de Venezuela (país miembro desde 2006) está suspendida de la organización por la convocación del artículo 5 del Protocolo de Ushuaia (Mercosur, 2019).
  5. Se usa la palabra “normativo” en el sentido legal, referida a las leyes y los principios que subyacen a las reglamentaciones de los Estados.
  6. Traducción propia: “Sexual, racial, and gendered gatekeeping at the border reinforced notions of citizenship and national integrity, functioning as a policing mechanism as governments and their agents sought to control the movement of bodies across borders and through the borderlands” (Perales, 2013: 168).
  7. Ver, entre otros, Betrisey Nadali (2007); Bissonnette y Vallet (2018); Grimson (2001); Grimson y Vila (2002); Krautstofl (2016); Linares (2013, 2017b); López (2015, 2016).
  8. El acuerdo fue extendido a los Estados asociados (Bolivia y Chile) gracias a la Decisión 19/99- Acuerdo sobre tránsito vecinal fronterizo entre los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile (Pellegrino, 2009).
  9. La entidad supranacional está compuesta por los Gobiernos argentino y paraguayo, que manejan la represa hidroeléctrica de Yaciretá ubicada del lado paraguayo de la frontera.
  10. La ley permite los habitantes fronterizos que tienen la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo traer un valor de USD 50 por mes, en un solo viaje, y de mercancías de proveniencia extranjera que no tienen fines comerciales (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, 2018).
  11. Incluyendo el Sindicato de Paseras y el Sindicato de Revendedoras de Itapúa (Inocencia Pineda), entre otros. Lamentablemente, ningún estudio al momento de escribir este capítulo se ha enfocado en estos sindicatos en particular.


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