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8 Del desierto al vergel

Los diques de la Dirección General de Irrigación del MOP (Argentina, 1900-1930)

Anahi Ballent

Introducción

Este trabajo forma parte de una investigación histórica mayor centrada en la acción de la Dirección General de Irrigación (dgi, 1898-1947) dentro del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (mop). Toma un ejemplo particularmente relevante de la producción de la repartición: Embalse Río Tercero, ubicado en el Valle de Calamuchita de la provincia de Córdoba, inaugurado en los años 30. En tal momento era el mayor lago de embalse construido en el país (aún hoy el lago tiene una extensión muy importante). El proyecto inicial, de 1911, había tenido como objetivos el control de las inundaciones y la irrigación del área. Paradójicamente, uno de esos propósitos iniciales, el riego, nunca llegó a implementarse. Pese a ello, la obra constituyó un centro importantísimo de producción de energía (hidroeléctrica primero, en los años 30, y luego nuclear, a partir de los 70) y un reconocido ámbito de turismo masivo y de práctica de deportes náuticos, desde fines de la década de 1930. Es una obra sumamente destacada a nivel nacional en varias de las funciones que cumple, excepto la que constituyó uno de sus objetivos iniciales y al mismo tiempo el principal cometido de los diques de embalse en la época de su planificación: el riego.

La investigación sobre el caso de Embalse se propone ensayar una aproximación cultural a una obra de infraestructura de control del agua tratando de explorar la riqueza de sentidos que el artefacto contiene. En efecto, como muestra el ejemplo, además de tener impacto en numerosos aspectos, estos dispositivos suelen ser obras multipropósito desde el punto de vista funcional y se asocian con infraestructuras destinadas a otros destinos (energéticas, turísticas o de transporte). El análisis se propone entonces articular políticas públicas, acciones técnicas y obras, pero también ideas y representaciones generadas a partir del emprendimiento, promovidas por la política, por el arte (pintura de paisaje, por ejemplo) u por otros sectores capaces de difundir ideas e imágenes en la sociedad de manera amplia o extendida (promoción turística, periodismo, etc.).

Los distintos proyectos para Embalse y los cambios de objetivos que fue sufriendo la obra desde su concepción inicial obligaron a construir un marco más amplio, configurado en primer lugar por la labor de la dgi y las políticas públicas que la condujeron: aquí abordaremos algunos aspectos referidos a este tema que consideramos claves. Aunque ellos requieren un mayor estudio, se presentarán avances con base en el material recogido, tratando de ampliar perspectivas sugeridas por la obra cordobesa y, sobre todo, de entender las múltiples implicancias de las funciones asignadas a estas intervenciones –el riego y la producción de energía–, no solo en términos materiales, sino también simbólicos.

En particular, nos proponemos reflexionar aquí sobre la Ley Nacional de Irrigación (6546/1909) destinada a zonas áridas y semiáridas. Nos detendremos en el debate de la sanción de la ley como registro de las inmensas expectativas que despertaba el riego en la construcción del territorio nacional, proyecto de las elites gobernantes desde las últimas décadas del siglo xix basado en el éxito de la economía agraria agroexportadora. Contrastaremos luego estas inmensas expectativas con los registros estatales de los resultados de aplicación de la ley a lo largo de unos 20 años, tomando como fuente nuevamente un debate parlamentario, en este caso de 1935. Finalmente, haremos referencia a los actores técnicos centrales de este proceso, los ingenieros de la dgi, tratando de caracterizar sus perfiles técnicos y sus acciones.

Figura 1. Embalse Río Tercero, c. 1940

Fuente: Archivo General de la Nación, Sección Documentos Gráficos.

1898. Inicios

El riego, que en zonas áridas demandaba obras de diques para embalse de cursos de agua y canales para su posterior distribución, se contó entre las funciones iniciales del mop.[1] Esta repartición ocupó un lugar muy relevante en la estructura del organismo, formando parte de él desde su creación en 1898 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. El primer ministro fue Emilio Civit, político y gobernador mendocino, conocedor del tema por las necesidades impuestas por el clima y la geografía de su provincia, pionera en el manejo del agua. El primer dique de embalse del país se construyó en otra provincia cuyana: fue el antiguo dique de Potrero de los Funes en San Luis (1875), promovido por la provincia y reemplazado en 1927 por una obra de la dgi. La provincia de Córdoba concluyó en 1892 el dique San Roque (Lucchini, 1981, p. 395).

Estos datos recuerdan que las acciones de control del agua, sobre todo las emprendidas por la nación en el siglo xx, se recortaban y discutían con una densa historia previa, compuesta de obras y prácticas arraigadas y variables de larga data en las distintas regiones. Nos referimos a bases prehispánicas reutilizadas en el período colonial e iniciativas provinciales en el siglo xix, que variaban entre regiones, pero también entre provincias. En tal sentido, por ejemplo, no es lo mismo el caso de Cuyo, cuya economía dependió siempre del riego, que el de Córdoba, donde nunca resultó completamente imprescindible, pero el agua fluvial alimentó desde el período colonial una incumplida esperanza de posibles infraestructuras que permitieran la navegación de los ríos que la atraviesan desaguando en el Paraná, idea que a fines del siglo xix se abandonó por impracticable. La Patagonia, junto con Cuyo, resultó la región más beneficiada por el riego, aunque en la primera el proceso de consolidación fue más tardío porque empezó más tarde: era un área de reciente poblamiento no originario y carecía de las preexistencias operantes en otras. Además, compuesta por territorios nacionales, dependía directamente de la nación, desconociendo la intermediación de burocracias y elites provinciales.[2]

Entonces, es necesario tener en cuenta, que, cuando la nación decidió intervenir directamente en acciones de riego, no enfrentó un campo vacío, sino que encontró un terreno pleno de materia, políticas provinciales, prácticas sociales y representaciones arraigadas. Los ingenieros, técnicos de la modernización en los siglos xix y xx y el Estado nacional, promotor de tal empresa, tratando de llevar su acción a todo el país, enfrentaron prácticas y poderes locales tanto como saberes consolidados en el tiempo.

1909. La ley de riego: diques, ferrocarriles, colonización

Figura 2. Embalses y trenes: lago San Roque, Córdoba, sin fecha

Fuente: Archivo General de la Nación, Sección Documentos Gráficos.

A principios del siglo xx, el Estado, en pleno proceso de ampliación y modernización, consideró que las acciones implementadas desde la creación del mop en cuanto a riego o control hidráulico no alcanzaban la envergadura y la sistematicidad suficientes, ya que carecían de un marco legal y de recursos que les proporcionaran un sustento sostenido. A partir de 1904, entonces, comenzaron a discutirse en el Congreso proyectos de leyes de irrigación, hasta que se aprobó el tercero presentado, sancionado como Ley de Riego n.° 6.546 en 1909.

El agua era vista como una clave de la transformación territorial. Los discursos que acompañaban la discusión de la ley –y el propio texto de la norma– consideraban el agua como un disparador de la imaginación en cuanto a transformaciones territoriales. En efecto, las iniciativas promovidas por la norma se destinaban a zonas áridas (Norte, Cuyo y Patagonia) y semiáridas (Córdoba). Transformar el desierto en un vergel era la consigna que proponía duplicar la producción agrícola nacional (incorporando 3.000.000 hectáreas a la superficie cultivada) y lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio. Todo esto, recordemos, propuesto en un país extenso, dependiente de una floreciente economía agroexportadora, que fomentaba la inmigración, pero que se mantenía desequilibrado en cuanto a la distribución espacial de esta, concentrada en el litoral. Más aún, el diputado Carlos Saavedra Lamas, al presentar el proyecto de ley en 1909, afirmaba que tal desequilibrio se debía a la “hidrocefalia” que padecía el país, que oponía la “gran cabeza central de la Capital” a la “pobreza y debilidad de algunas extremidades andinas” (Ministerio de Obras Públicas, 1910, p. 43).

La ley consideraba el aporte del Estado como un crédito y no como un subsidio, tanto en las inversiones de construcción, como en los gastos de prestación del servicio de riego. Por lo tanto, la explotación de la tierra irrigada debería tender a ser intensiva, bajo una estructura de colonización de tierras –como la que se ensayaba en algunos sectores de la pampa húmeda, como en la provincia de Santa Fe–. En tal sentido, era una ley antilatifundista, que pensaba en un futuro paisaje de pequeñas propiedades de agricultores distribuidos en amplias zonas del país. También castigaba las tierras que, bajo riego, se mantuvieran improductivas. Era una promesa de una gigantesca puesta en régimen de producción del territorio nacional y daba por descontado su éxito económico para provincias, propietarios, colonos y socios de los emprendimientos.

Recogiendo iniciativas de los proyectos legislativos anteriores, disponía que las obras podían ser encaradas por el Estado nacional a través de la dgi, pero también por las empresas privadas de ferrocarriles, en asociación con la repartición indicada. Como afirmaba Saavedra Lamas:

Esa política hidráulica sería el complemento indispensable de nuestra política ferroviaria […] pero en la cual nada resolveremos si nos limitamos a cruzar latifundios con ferrocarriles, si no realizamos al mismo tiempo la colonización y población de las tierras, si no fraccionamos y dividimos éstas, estimulando a las mismas empresas a lanzarse en las expansiones, ofreciéndoles el incentivo de ir a territorios que sin riego artificial serían estériles y a los cuales, siguiendo nuestra tradicional política ferroviaria, si no ofrecieran estímulo líneas particulares, tendríamos que ir con líneas del Estado, que importan verdaderos sacrificios (Ministerio de Obras Públicas, 1910, p. 43).

El Estado, entonces, buscaba un socio privado que pudiera beneficiarse con los aportes de la obra: para los ferrocarriles, hacerse cargo de los emprendimientos podía implicar aumentar el transporte de mercaderías, encontrar estímulos para la ampliación de los trazados de la red y realizar ventas de tierras a los futuros colonos. Este cruce de infraestructuras resultaba mutuamente conveniente. En este sentido, afirmaban los legisladores, la ley tomaba como modelo la colonización del oeste de Estados Unidos, que había adoptado a los ferrocarriles como socios, a diferencia de otras articulaciones de infraestructuras alrededor del riego ensayadas por países europeos.

Pese a la posibilidad de la intervención privada, en todos los casos la Nación mantenía el control técnico de las propuestas a través de la dgi, mientras que las provincias podían acogerse a la ley de manera voluntaria. Ellas aceptaban la intervención nacional en tanto aportaba inversiones de las cuales carecían, pese a que algunas de ellas, como Córdoba o Mendoza tenían capacidad técnica en irrigación y habían encarado obras de relevancia, como el dique San Roque cerca de la capital cordobesa a fines del siglo xix en el caso de la primera. Desde la perspectiva del gobierno nacional, la ley retomaba el “sueño dorado de las regiones áridas del Centro y del Oeste […] irrealizable [hasta ese momento] por falta de los recursos necesarios (Ministerio de Obras Públicas, 1910, p. 4).

La ley, entonces, proponía una suerte de proceso de negociación donde todos los actores se obligaban a aportar o resignar algo a cambio de lo que recibían, articulándose en un amplio proceso de transformación territorial basado en el control del agua, que proponía constituir un paraíso de agricultores en pequeñas extensiones, como afirmaba el ministro de Obras Públicas que impulsó la elaboración de la ley, Ezequiel Ramos Mejía:

Para las provincias será un beneficio sin cargo; para los propietarios un brillante negocio que valorizará sus tierras en proporciones que nunca imaginaron; para el país una solución eminentemente nacional al grave problema social que crea el desequilibrio económico de los diferentes estados argentinos (Ministerio de Obras Públicas, 1910, p. 4).

1930. Balance y nuevos rumbos

Figura 3. Embalse Río Tercero y central hidroeléctrica. 1940

Fuente: Archivo General de la Nación, Sección Documentos Gráficos.

Otro debate parlamentario, en este caso de 1935, abordaba los resultados de la aplicación de la Ley de Riego y la acción de la dgi. La discusión nos permite registrar otras miradas sobre el tema generadas por la experiencia, que, con el trasfondo de la crisis económica de 1930, resaltaban los aspectos en los cuales la legislación y los técnicos habían fracasado. Se trata de una muy larga y documentada interpelación sobre el tema impuesta al ministro de Obras Públicas, promovida por la bancada socialista basada en una presentación de Jacinto Oddone.[3] Centrada en los problemas derivados de la falta de pago por parte de los beneficiarios del riego, la presentación del ministro y el debate suscitado fueron mucho más allá de esas cuestiones específicas, mostrando los límites del imaginario del vergel operante en la primera década del siglo xx. Ante todo, el funcionario hacía referencia al contexto en el cual se había dictado la ley para justificar el optimismo de la norma. Ella había sido producto de la época en que se había dictado “próxima al Centenario, [cuando] con un entusiasmo explicable, se concebían obras grandiosas para que surgieran como demostración de nuestro rápido desenvolvimiento y potencialidad en la primera década del siglo” (Cámara de Diputados, 1935, p. 322).

En 25 años de aplicación de la ley, el riego había sido la función que había demandado mayor cantidad de recursos dispuestos por la dgi.[4] La intervención nacional había ampliado la superficie cultivada en 900.000 ha, cifra notablemente inferior a los tres millones soñados en 1910. Como veremos más adelante, el marco legal había fracasado en sus aspectos económicos, y su acción había sido muy diferente en las distintas regiones del país. Pese a ello, el ministro reconocía los resultados logrados, lejos de las expectativas iniciales, pero valorables aún desde una nueva óptica:

En algunas regiones, la obra realizada ha sido […] obra de civilización, más por la finalidad de radicación de poblaciones y por la mejora de sus condiciones de vida y trabajo, que por la obtención de beneficios pecuniarios. En otras regiones, esas obras han servido hasta para argentinizar territorios, como ha ocurrido en Río Negro y Neuquén, donde […] se han formado nuevas razas que al vincularse y arraigarse a la tierra que trabajan aprenden a quererla y resultar verdaderos argentinos (Cámara de Diputados, 1935, p. 329).

El ministro continuaba enumerando otros casos y obras; recordaba también que en el norte gran parte de las obras hidráulicas tenían como una consecuencia beneficiosa el saneamiento antipalúdico. También se agregaba que la dgi estaba facultada para proveer de agua potable a asentamientos de menos de 2.000 habitantes, labor complementaria a la de Obras Sanitarias de la Nación, otra repartición integrante del mop.[5] En rigor, los aspectos discutibles de la ley se encontraban en el plano económico, lo cual no era menor, porque era el principal sostén del modelo del vergel.

En primer lugar, la experiencia de aplicación de la ley mostraba que la posible alianza con los ferrocarriles se había sostenido por un tiempo muy breve. Las empresas raras veces aportaron inversiones de capital a las obras. Cuando lo hicieron, como en el caso de Embalse en 1911, existieron numerosos conflictos entre la empresa privada y la supervisión estatal. De manera más amplia, desde mediados de la década de 1910, los ferrocarriles fueron dejando de ser actores centrales en la transformación territorial argentina. Las obras de riego, entonces, muy pronto pasaron a ser obras promovidas exclusivamente por el Estado nacional, en acuerdo con las provincias.

En segundo lugar, la gestión estatal resultó también una tarea compleja, ya que enfrentaba diversidad de situaciones provinciales y locales que la conducción centralizada de la dgi no podía abordar ni controlar por completo. Así, por ejemplo, la ley disponía que quien contara con riego previo a su sanción no podía verse perjudicado en sus derechos adquiridos. “No había en toda la República”, decía el ministro, “ni un arroyo ni un río que no fuera ya aprovechado y utilizado, en la medida de la capacidad y de los recursos de los vecinos del lugar, para el riego y otros usos” (Cámara de Diputados, 1935, p. 323). El hecho de que los recursos ya estuvieran siendo aprovechados por los vecinos obligó a una doble administración superpuesta, nacional y provincial.

En tercer lugar, la ley se había propuesto combatir el latifundio, pero produjo tierras que resultaban caras para su adquisición por parte de colonos, porque los costos de las obras elevaban el precio de venta de la tierra. Tales costos también generaban malestar entre los propietarios, cuyas ganancias no siempre resultaban proporcionales a los cánones que debían pagar. Era frecuente que la explotación de tierra regada no permitiera sostener los costos de la obra y la explotación. Este era un tema particularmente sensible después de la crisis de 1930: los beneficiarios solían incumplir con sus compromisos de pago y el Estado aplazaba o condonaba deudas.

Finalmente, la ley solo había previsto el sostenimiento de obras y servicios a través de los cánones de riego, y dedicaba muy poca atención y estímulo a otros usos capaces de generar ingresos. Tal era el caso de la producción de energía hidroeléctrica, que se había ido incrementando desde 1910 y que era la función de las obras que el Estado veía con mayor interés en el momento en que se producía la interpelación, marcado por los cambios en política económica propuestos después de la crisis. Era un tema que los ingenieros de la dgi promovían desde fines de los años 20: la repartición había creado en 1930 la División Hidroeléctrica, abriéndose a la función del control del agua que parecía contener el mayor potencial en un momento de cambio económico hacia la expansión industrial y el aumento de injerencia estatal en la economía. Este cambio, indicaba el ministro en su presentación, sugería que las obras de control del agua debían ser consideradas “obras de fomento” y que, por lo tanto, no debía exigirse que fueran sostenidas económicamente en su totalidad por los beneficiarios del riego. Se preguntaba si convenía seguir ejecutando obras de riego; su respuesta era afirmativa, pero muy diferente de las que emanaban del optimismo del imaginario del vergel gestado a principios del siglo xx:

La agricultura en base a riego artificial es necesariamente cara, difícil y complicada; en ciertas regiones, una condición de vida, un sacrificio exigido por la mezquindad con que la naturaleza dotó a ciertas regiones del país. [Sus beneficios] la hacen por excelencia obra de interés social (Cámara de Diputados, 1935, p. 339).

En 1935, el ministro presentaba con serenidad una realidad desencantada, que promovía una reflexión sobre los límites materiales y prácticos del modelo del territorio nacional como vergel; al mismo tiempo, un nuevo modelo de industrialización con base en energía barata e independiente de productores privados avanzaba para sustituirlo en cuanto a la relevancia de los embalses y represas. El riego, por lo tanto, al menos tal como era entendido, ya no podía ser el norte que guiara y definiera los programas de las obras de embalse. Cada vez más se consideraría un objetivo entre otros de igual o mayor relevancia. El término “agua” dejaría de ser sinónimo de “riego” o “inundaciones”: estas discusiones de los años 30 culminaron en 1947, cuando la dgi, unificada con la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado –creada en 1946–, fue transformada en Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.[6]

Técnicos y planificadores: los ingenieros de la dgi

Figura 4. Técnicos y anuncio de construcción de un dique en Córdoba

Fuente: Archivo General de la Nación, Sección Documentos Gráficos.

Las posiciones presentadas por el ministro en la presentación que comentamos en el punto anterior (1935) eran en gran medida coincidentes con las evaluaciones realizadas por los ingenieros de la dgi, aunque se registraran distintos matices y en algunos puntos divergieran.[7] En efecto, entre los problemas que se detectaban en la aplicación de la ley de riego, el ministro reconocía el rol cumplido por los técnicos:

Al dictarse la ley no hubo mayor preocupación por saber si se contaba con personal técnico capacitado para precisar los innumerables y complicados factores y definen y perfilan las características y bases técnicas de las obras hidráulicas, distintas para cada región y para cada río. Suponer que era suficiente el título de ingeniero para planear obras de esta naturaleza, fue indiscutiblemente uno de los primeros errores, y lo vemos confirmado, porque casi todos los proyectos anteriores a 1910 adolecen de grandes deficiencias (Cámara de Diputados, 1935, p. 323).

Aunque situaba estos problemas en los primeros años de vida de la repartición –posiblemente para eludir discusiones con sus propios subordinados–, el tema no perdía relevancia. Los problemas técnicos, entonces, no solo influían en la calidad de las obras, sino en sus costos y en su desempeño económico, que, como vimos, fue uno de los aspectos problemáticos de la experiencia de la ley. Los ingenieros eran parte de las soluciones, pero también de los problemas: según el diputado socialista Oddone, promotor de la interpelación, el fracaso del riego se encontraba en “la administración, en la técnica de construcción de [las] obras, la intervención que han tenido los técnicos y los administradores en el cuarto de siglo” (Cámara de Diputados, 1935, p. 436).

Evidentemente, el rol de los técnicos era un campo de debate. Es importante resaltar que los diques solían ser lo que bien podemos denominar “obras de autor”, característica que no siempre se presentaba en las obras de ingeniería. Nos referimos a casos en que la obra y su autor se ligan estrechamente. En efecto, muchos de los diques argentinos (u obras vinculadas directamente a ellos) han recibido el nombre del ingeniero proyectista principal. Este dato informa de un reconocimiento social de los beneficios de las obras, sostenido seguramente a costa del olvido de desaciertos técnicos y desatinos presupuestarios.

Estos técnicos, ingenieros civiles de formación, más allá de los conocimientos generales de hidráulica adquiridos en la carrera, no estaban especializados en el tema, aunque las obras de riego fueran incumbencias de la ingeniería hidráulica. El primer director de la repartición, Julián Romero, había organizado en 1892 –con anterioridad a la creación del mop– la cátedra de Hidráulica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires por más de treinta años. Sin duda, tal espacio tiene que haber operado como ámbito de reclutamiento para futuros técnicos estatales en irrigación. Lo cierto es que, en aspectos específicos, en gran medida los técnicos aprendían sobre la marcha y en el interior de la repartición: la dgi, como otras reparticiones del mop, operaba como espacio de formación de recursos humanos. Los ingenieros argentinos reivindicaron en numerosas oportunidades al mop como un campo propio para su accionar, rechazando la incorporación de ingenieros en riego extranjeros, como el afamado italiano César Cipoletti, contratado tempranamente por el gobierno de la provincia de Mendoza, que era duramente criticado en 1899 desde la revista La Ingeniería –órgano del Centro Nacional de Ingenieros– por las propuestas que realizara a requerimiento del gobierno nacional para los ríos Negro y Colorado (La Ingeniería, 1899).[8] Como en otras controversias similares, los argumentos esgrimidos se referían a la falta de conocimiento de las circunstancias y necesidades locales por parte de los extranjeros. Estas eran discusiones entabladas con la opinión pública y con las autoridades políticas que controlaban las decisiones del aparato estatal: en ellas los ingenieros no siempre tenían éxito, pero desarrollaron una notable capacidad de presión.

El modelo de formación técnica que, por presión de los propios profesionales, se iba consolidando ya no era el de la contratación de técnicos extranjeros, sino el de formar y consolidar planteles nacionales, perfeccionando a los ingenieros locales a través de visitas al exterior. Al mismo tiempo, los argentinos se alejaban de las tradicionales referencias europeas para buscar modelos en Estados Unidos. En los viajes a ese país, no solo registraban técnicas, cálculos, materiales y maquinarias de construcción de las obras hidráulicas en sí, sino también sistemas de explotación, de pago y de colonización, temas a los que asignaban muchísima importancia.[9] En 1927 fue publicado el amplio informe realizado por los cuatro ingenieros Juan Carlos Alba Posse, Santiago Fitz Simon, Benjamín Reolín y Carlos A. Volpi –todas figuras de destacada actuación en la materia y proyectistas de obras– después de su viaje al oeste de Estados Unidos en 1924, en el que visitaron obras de embalse y riego, que se transformaba en un material de referencia para otros técnicos de la repartición (Ministerio de Obras Públicas, 1927).

Amparados en la ley de riego, estos ingenieros contaban con mayores espacios de actuación que los asignados a los profesionales de otras reparticiones. No solo proyectaban y explotaban la prestación del servicio, sino que la repartición estaba habilitada para construir de manera directa a través del sistema denominado “por administración”, obviando el proceso de licitación exigible para las obras públicas de envergadura. En muchos casos, entonces, desaparecía así la figura del empresario contratista, actor central de la obra pública. Por otra parte, la repartición se organizaba en cuatro secciones: tres inspecciones para estudio y construcción de obras –norte, centro y sur– y una cuarta de explotación, auxiliada por las intendencias de riego, distribuidas adecuadamente en el interior de los territorios servidos.

Todas estas características hacían que los técnicos entablaran una relación sumamente estrecha con las obras y las condiciones locales en las que se implantaban. Manifestaban su orgullo no solo por el rigor técnico de las obras, sino por sus efectos económicos y sociales y por la transformación territorial promovida –aunque no siempre lograda– por estas. Así, una reseña del accionar de la repartición afirmaba:

Hasta el año 1930 más de 10.000 familias se extendían en diferentes centros agrícolas de provincias y reparticiones, atendidos y salvaguardados por las autoridades federales de riego, aportando a la economía nacional cuantiosas cifras de labor eficaz, creciente año tras año (Dirección General de Irrigación, 1933, p. 453).

El territorio del riego suponía como ideal un mundo de colonos y pequeños agricultores; los latifundistas eran objetos de críticas, aunque se trataba de un discurso extendido (Hora, 2018). Diego F. Outes, a cargo de la dgi en 1934, planteaba:

“[…] la resistencia mayor a pagar por el riego [provenía] de los grandes propietarios”. Los propietarios chicos, cuyas familias trabajan personalmente sus granjas, pagan siempre con puntualidad. Los políticos, los propietarios grandes, gestionan siempre, empeñosamente, a que la Nación cargue con los gastos de explotación. A los propietarios chicos les resulta bajo en canon y suficiente la cantidad de agua que se les entrega. A los latifundistas y a los elementos políticos, el canon les resulta alto, injusto, etc. etc. Las prórrogas de pago del cánon y las excenciones de multas, etc. etc. han resultado contraproducentes (Outes, 1934, p. 422).

Outes, ingeniero jujeño proyectista del dique de La Ciénaga en 1926, entre otras obras, mantenía sus opiniones de cultor del modelo del vergel. Sin embargo, sin abandonar completamente ese modelo, entre mediados de los años 20 y 30, estos ingenieros se transformaron en promotores de la producción de energía hidroeléctrica. Tal es el caso de Fitz Simon (1946), uno de los proyectistas de Embalse y otros diques cordobeses de la década de 1930, quien insistió en la instalación de la primera central hidroeléctrica de envergadura en el área, que actualmente sigue suministrando energía a la capital provincial y lleva su nombre.

Este trabajo aún debe profundizar en el recorrido y las trayectorias de algunos de estos profesionales para ahondar en los actores centrales de este tipo de obras, pensando a estos técnicos como lo que fueron: hombres públicos con sus propias convicciones, en tensión con otros actores –políticos y propietarios de tierras– con los cuales las obras que soñaban, proyectaban y operaban asociaban estrechamente.

Referencias

Ballent, A. y Silvestri, G. (2004). “Ministerio de Obras Públicas de la Nación”. En J. F. Liernur y F. Aliata (eds.), Diccionario de Arquitectura en la Argentina (pp. 136-39). Clarín, 5 tomos, Tomo I-N.

Borús, A. (1934). “Las obras nacionales de riego. El canon de agua y la Ley N°6546”. Boletín del Ministerio de Obras Públicas, 1, 87-92.

Cámara de Diputados (1935). Diario de sesiones. Buenos Aires: Congreso de la Nación.

Dirección General de Irrigación (1933). “Reseña de las obras en que ha intervenido la Dirección General de Irrigación”. Boletín del mop, 453-459.

Fitz Simon, S. (1946). Los aprovechamientos hidroeléctricos y el fomento de industrias en la Argentina. Sin editorial.

Hora, R. (2018). ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Siglo xxi Editores.

La Ingeniería (1899). “Estudios de irrigación en los ríos Negro y Colorado por el Ingeniero César Cipoletti”. 38, 555-556.

Lucchini, A. P. (1981). Historia de la ingeniería argentina. Centro Argentino de Ingenieros.

Ministerio de Obras Públicas (1910). Ley n.° 6.546 de Irrigación y su discusión parlamentaria. Talleres Gráficos del mop.

Ministerio de Obras Públicas (1927). Estudios de irrigación en Norte América, Buenos Aires. Informe presentado por los ingenieros Juan Carlos Alba Posse, Santiago Fitz Simon, Benjamín Reolín y Carlos A. Volpi. Talleres Gráficos del mop.

Ministerio de Obras Públicas (1934). Memoria 1933. Talleres del mop.

Outes, D. F. (1934). “Fomento de la zona árida del Noroeste de la República”. Boletín del MOP, 7, 421-422.


  1. Para una historia breve del mop en el período de estudio, ver Ballent y Silvestri (2004).
  2. De manera orientativa, se indican algunas cifras proporcionadas por la dgi. Para 1933, el país contaba con 910.000 ha regadas. Las provincias más beneficiadas eran Mendoza (260.000 ha); Córdoba y Tucumán (100.000 ha cada una) y San Juan (90.000 ha). Los territorios patagónicos crecían a un ritmo sostenido, pero se habían incorporado a la irrigación de manera más tardía: Río Negro (70.000 ha), Chubut (25.000 ha) y Neuquén (10.000 ha) (Ministerio de Obras Públicas, 1934, p. 293).
  3. Fueron las sesiones del 7, 8, 9 y 14 agosto de 1935. En ausencia por viaje del ministro Manuel Alvarado, se presentó quien lo reemplazaba en el cargo, Eleazar Videla.
  4. El 50 % de los recursos se habían invertido en riego; el 12 % en defensas; en explotación, 9,5 %; el 4 % en obras de energía hidroeléctrica; 0,8 % en obras de desagüe; en obras de saneamiento, 0,9 %; en provisión de agua, 0,5 %; estudios, servicios generales y otros tomaban el resto de la inversión de la dgi (Cámara de Diputados, 1935, p. 329).
  5. Es necesario notar que la actividad turística no era aún destacada como un sector estimulado por las obras; poco tiempo después cobraría importancia por su potencial educativo y económico.
  6. El decreto 3.967/14/2/1947 establecía los objetivos de la nueva repartición de manera amplia; se destacan los aspectos relacionados con la producción de energía, que, en manos del Estado, era energía hidroeléctrica: “Estudio, proyecto, construcción y administración de las obras para riego y defensa de los cursos de agua; de las obras para avenamiento y saneamiento de zonas inundables o insalubres; el estudio, proyecto, ejecución y explotación de centrales eléctricas, medios de transmisión, estaciones transformadoras y redes de distribución para la venta de energía eléctrica; compra y venta de energía eléctrica a terceros, sea para sus propias necesidades o a los efectos de su distribución como servicio público, dando la preferencia a los organismos de la Nación, provincias o municipios, a las cooperativas y sociedades de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y los usuarios”.
  7. Por ejemplo, ver la descripción general realizada por el ingeniero principal de la dgi Adriano Borús en un artículo de 1934 (Borús, 1934).
  8. Cipoletti, que contaba con antecedentes de obras en Mendoza, San Juan y Tucumán, fue contratado para las obras de la Patagonia en 1898. Las críticas de La Ingeniería se referían sobre todo a lo que consideraban su escaso conocimiento del área, y además por haber tomado datos hidrométricos poco adecuados para el dimensionamiento de las obras. Puntualizaban como irrelevantes las comparaciones que Cipoletti realizaba con otras regiones del mundo en las que había trabajado (como el Valle del Nilo) o el uso de referencias que no se adaptaban a la realidad local. Las críticas no fueron consideradas por el gobierno, que continuó confiando en Cipoletti, máxima referencia de las obras en la región, quien terminó actuando en los proyectos de la región hasta su fallecimiento en 1908.
  9. El viaje se había realizado en 1924. En las presentaciones realizadas a congresos de ingeniería en las mesas referidas a irrigación, se registra el mismo interés en los distintos campos, construcción de obras hidráulicas en sí, explotación y colonización.


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