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Fuego en las islas: desigualdades socioambientales en la normalización del conocimiento sobre los incendios

Cynthia Pizarro y Patricio Straccia[1]

Introducción

En las últimas décadas, los grandes incendios en el delta del Paraná han sido acompañados de una gran cobertura mediática que interpeló a los isleños[2] y facilitó su constitución como sujetos ambientales. En el otoño del año 2004, en un contexto de bajante del río y disminución de las precipitaciones, alrededor de 25.000 hectáreas se incendiaron en las islas de Victoria, Entre Ríos (Taller Ecologista, 2010).

En el año 2008, nuevos incendios de gran magnitud coadyuvaron a la emergencia de la disputa sobre cuál debía ser el mejor modo de relacionarse con las islas, tematizadas como humedales en el marco del discurso ambientalista-ecológico. Tal como lo plantea Vizia (2012), el “humo en las islas”[3] comenzó a constituirse como un problema en la agenda pública desde abril de ese año. Las llamas se tornaron extremadamente visibles desde Rosario, Santa Fe (frente a las islas de Victoria donde se produjeron la mayor cantidad de incendios), y aumentaron los casos de afecciones respiratorias atribuidos al humo y las cenizas que llegaban a la gran ciudad. A su vez, se registraron estos efectos en otros centros urbanos del eje Buenos Aires-Rosario (Taller Ecologista, 2010). El 15 de abril, el humo llegó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la consecuente baja en la visibilidad produjo una serie de choques en cadena en las autopistas cercanas, y los medios de comunicación realizaron una cobertura sostenida a lo largo de toda la jornada. Unos pocos días después, la presidenta de la nación visitó el delta bonaerense junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En los términos de una directora de una escuela de islas del sector bonaerense entrevistada por Gastellu (2016), fue “a partir del año 2008 [cuando] el mundo empezó a mirar a las islas” (p. 58).

La emergencia del discurso que puso en valor a las islas del delta –ahora devenidas humedales (Castro et al., 2019)–, el reconocimiento social de la importancia del cuidado ambiental de manera naturalizada e indiscutible y el auge del paradigma del desarrollo sustentable se amalgamaron en la elaboración de políticas que constituyeron presiones externas hacia las formas de vida de las personas que dependen del acceso y uso directo de sus territorios (Scholz, 2014). En relación con el delta paranaense, la conformación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (PIECAS-DP) en 2008, la sanción de la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema en 2009, los proyectos de ley de presupuestos mínimos para la conservación, la protección y el uso racional y sostenible de los humedales impulsados sostenidamente desde el año 2013, y la Declaración de Emergencia Ígnea realizada por el CoFeMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en enero de 2022 no solo constituyeron herramientas de presión sobre las formas de vida de las personas que habitan el delta, sino también de demonización de la supuesta irracionalidad de sus prácticas (entre las que se encuentra el uso del fuego), que causarían la degradación del ecosistema.

Tal como plantean Biersack (2011) y Göbel et al. (2014), muchos de los conflictos por el acceso y uso de la naturaleza entre agentes con desiguales dotaciones de capital son también producto de diferencias epistemológicas y de competencias de poder entre distintas lógicas de significación. En este marco, un sector de quienes producen en las islas (“los productores”, fundamentalmente ganaderos) fueron construidos como sujetos culpables a través de diversas articulaciones discursivas, de prácticas y de significados, ante las cuales resistieron contraponiendo un discurso que recentró ciertos elementos del discurso ecologista hegemónico.

A continuación, a partir de nuestro trabajo de campo etnográfico en el delta bonaerense, nos referiremos a las modalidades del fuego en las islas del delta inferior. Luego, analizaremos las maneras en que los isleños de la zona núcleo forestal[4] se desmarcaron de la responsabilidad atribuida al colectivo “isleño” respecto de los incendios de 2008. Finalmente, nos referiremos al recrudecimiento del discurso ecologista en 2020 y a las formas en que productores y técnicos de distintas zonas del delta confrontan el encasillamiento del discurso ecologista que construye a los isleños como sujetos desiguales[5] en el marco de los incendios de ese año. Para ello, analizamos los registros de entrevistas realizadas desde el año 2012 a isleños de la zona núcleo forestal y a técnicos vinculados a la producción agropecuaria que trabajan en dicha zona y en el delta medio, así como documentos elaborados por asociaciones de productores, informes de distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la temática, normas legales y noticias periodísticas.

Fuegos, quemas e incendios en el delta

Aunque los fuegos han sido demonizados en los últimos años, las caracterizaciones ecológicas del delta del Paraná postulan que pueden ser considerados un “disturbio natural” del paisaje insular (Kandus et al., 2009: p. 26)[6]. Dentro del dualismo naturaleza-cultura característico de los estudios ecológicos, serían un elemento propio de la naturaleza. Esas mismas perspectivas plantean también que el fuego es un elemento propio de la cultura/sociedad, dado que el fuego antrópico controlado es reconocido como una práctica históricamente utilizada en la caza de fauna silvestre (Bó y Quintana, 1999) y como una herramienta de manejo en áreas de producción agropecuaria (Salvia et al., 2012).

Lo primero que cabe señalar es que fuegos, quemas e incendios son categorías locales no sinonímicas. De acuerdo con uno de los técnicos entrevistados en mayo de 2022, el incendio es un tipo específico de fuego que “se produce de manera espontánea, accidental o no, bajo cualquier condición y sin control. Causa daños importantes al ambiente, suelo e infraestructura, a menudo con pérdidas económicas, y en casos más severos [con] pérdidas humanas”. Con respecto a los que ocurren en las islas del delta, comentó que “pueden ser subterráneos, cuando se quema materia orgánica del suelo […] de superficie, que son los típicos incendios de pastizales, y de copas, cuando el fuego alcanza la copa de los árboles” (técnico 1). Otro de los técnicos señaló que los incendios

dependen de la vegetación del humedal y las condiciones ambientales […] no es lo mismo pajonales que juncales, que bosques de albardón o plantaciones de salicáceas. También depende de la hidrología del lugar y de la situación hídrica. En humedales con una red de arroyos y lagunas extensas, los fuegos tienden a extinguirse rápidamente y no cruzan los arroyos. Cuando hay bajantes y sequías prolongadas, el fuego se extiende por la turba del suelo y puede permanecer por varios días como brasas, extenderse por raíces y revivir las fogatas con los vientos. En esa situación los incendios no encuentran barreras naturales y perduran hasta acabar con la biomasa o hasta las lluvias (técnico 2, junio de 2022).

Según los isleños y los técnicos de la zona núcleo forestal, existen distintos causantes del fuego en las islas que, a la vez, pueden o no generar incendios. En primer lugar, de origen natural, aquellos que ocurren cuando los pajonales o lugares con mucha materia orgánica se prenden fuego: dado que los ecosistemas de humedales tienen altas tasas de productividad primaria y suelen acumular gran cantidad de materia orgánica en el suelo, se tornan muy ignífugos y, en épocas de sequía, la probabilidad de ocurrencia de fuegos es muy alta. En segundo lugar, los de origen fortuito, poco controlables, que se originan por la caída de un rayo o cuando accidentalmente se cortan cables en zonas con tendido eléctrico (como la núcleo forestal). En tercer lugar, los de origen antrópico vinculados a actividades productivas: abarcan las “quemas” realizadas por isleños para la pesca y la caza de fauna silvestre[7], como herramienta de manejo en áreas de producción agropecuaria para “limpiar el campo” (ganadería y forestación) o las banquinas. Estas quemas son realizadas bajo ciertas condiciones controladas, consideradas localmente como apropiadas. En este grupo también se incluirían las quemas prescritas comprendidas en la normativa nacional y de algunas provincias[8]. Una cuarta modalidad, de origen antrópico, conlleva la ocurrencia de incendios en aquellos casos en que los fuegos son realizados por actores extralocales tales como turistas, pescadores ocasionales o cazadores furtivos, generalmente por descuidos y de manera no intencional (chispas, vidrios, colillas, fuegos mal apagados y otros). Finalmente, una quinta modalidad, también de origen antrópico, refiere a los fuegos intencionadamente realizados por ciertos actores como una estrategia de coerción, como podrían ser aquellos asociados a los emprendimientos inmobiliarios en el marco de conflictos por la tenencia de la tierra.

En este recorrido puede notarse que quemas e incendios son dos categorías locales diferentes. Mientras que las primeras tienen raíces antrópicas y ocurren de forma controlada (quemas para “limpiar el campo” o quemas prescritas), los segundos se caracterizan por su “falta de control”, independientemente de su origen. Resaltando esta diferencia, un técnico entrevistado sostuvo que “las quemas para obtener rebrote tierno no son incendios, pero mal hechas pueden iniciarlos” (técnico 3, mayo de 2022). Esta distinción es central para cuestionar aquellas miradas que simplifican una situación compleja y plantean que el fuego en las islas, por definición, destruye. Para los isleños, el fuego (a través de las “quemas”) es una herramienta de manejo, una práctica productiva y de vida en las islas. De hecho, representantes del Consorcio Delta de Lucha y Prevención de Incendios Forestales[9] han planteado públicamente la necesidad no de eliminar los fuegos, sino de lograr un manejo ecológica y socialmente aceptable de estos, tomando como eje la trilogía fuego-gente-ecosistemas (García Conde, 2013). Lo que destruye no es el fuego, sino el fuego fuera de control, esto es, el incendio.

En el delta del Paraná, diferentes investigaciones coinciden en postular que los grandes incendios (2004, 2008, 2012 y 2020-actualidad) se explican por la interacción entre factores climáticos y productivos (González, 2010; Taller Ecologista, 2010; Kandus et al., 2009). Respecto de los primeros, la combinación de precipitaciones escasas y la bajante del río Paraná en épocas de sequía no solo supone mayor probabilidad de ocurrencia de incendios naturales, sino que también tiene como consecuencia que “un fuego iniciado en un momento inoportuno pueda causar un incendio de grandes dimensiones” (técnico 1, mayo de 2022). Y respecto de los segundos, los estudios sostienen que la expansión de la actividad ganadera en el sector de islas es el factor que aumenta la frecuencia e intensidad de los incendios. Esta argumentación se ancla en la afirmación de que, desde mediados de la década del 90, la ganadería extensiva –de baja carga y con un carácter estacional– cedió paso a un esquema intensivo, de alta carga y asociado a sistemas de control del agua a través de terraplenes u obstrucciones de cursos de agua (Quintana et al., 2014).

Sin embargo, antes de continuar avanzando, cabe señalar dos cosas. Por un lado, esta transformación no ocurrió de manera homogénea en todo el territorio insular: quizás se observaba tanto en el delta superior como en el delta medio, pero no necesariamente en el inferior. De hecho, en la zona núcleo forestal, este esquema no se reproducía: en términos generales, la ganadería se consolidó como una actividad subsidiaria de la producción forestal y es utilizada precisamente como una herramienta de manejo fundamental para la prevención de los incendios. Por esa razón, los incendios que ocurren en una u otra zona de las islas son necesariamente diferentes.

Por otra parte, algunos de los técnicos entrevistados cuestionan la relación lineal que existiría entre la ganadería y los incendios que plantean los especialistas previamente mencionados, que postulan que, a mayor actividad ganadera, mayor frecuencia e intensidad de incendios hay. Aunque esa relación sería válida para explicar los incendios del año 2008, varios de los técnicos entrevistados plantean que el stock de ganado (que había aumentado sustantivamente en la primera década del siglo xxi) disminuyó a partir de 2010, sin que ello representara una merma en la ocurrencia de eventos de fuego en la región. De hecho, la información existente indica que, en el período 2017-2022, hubo un incremento de un 46 % en la cantidad de cabezas de ganado registradas en Victoria, epicentro de los incendios (de 131.992 a 191.662), pero dichos valores son sensiblemente inferiores a los registrados en 2009 en el departamento: 272.000 cabezas (Taller Ecologista, 2010).

Además, según el técnico 4 (mayo de 2022), una “escasa cantidad de hacienda” en las islas (como habría ocurrido en 2020) potencia el riesgo de incendios. Según este técnico, que trabaja en el epicentro de los incendios actuales (2022) en las islas de Victoria, la ganadería es fundamental para prevenirlos ya que

la cantidad de hacienda presente en el territorio insular es directamente proporcional a la cantidad de materia seca que queda disponible para los incendios […], [y hay que] recordar que el delta es un extraordinario productor de pasto = materia seca = combustible[10].

Es decir, la expansión de la ganadería pampeana con lógicas extralocales podría explicar los incendios en islas de 2004 y 2008, pero no los incendios del período 2020 hasta la actualidad. En este caso, y especialmente en Victoria, los responsables no serían los productores ganaderos, sino actores extralocales no asociados a ningún tipo de actividades productivas agropecuarias, a lo que se agregan las condiciones climáticas de extrema sequía y la bajante de las aguas.

Los incendios de 2008 y los isleños en la zona núcleo forestal

Según Kandus et al. (2009), la superficie quemada hasta mayo de 2008 era de 206.955 hectáreas: la mayor parte en territorio entrerriano (donde se había producido el avance ganadero en los términos arriba descritos), y un 16,4 % en territorio bonaerense. Respecto de la zona núcleo forestal, García Conde (2013) indica que en este período se habrían incendiado entre 5.000 y 6.000 hectáreas de plantaciones forestales (concentradas mayormente en los campos de una empresa foresto-industrial).

En relación con este evento, la asignación de responsabilidades en el discurso público fue sumamente difusa. De hecho, no encontramos de forma concluyente una construcción del poblador local como causante de los incendios. Sin embargo, los “isleños” aseguraban haber sido injustamente señalados como responsables de las quemas en la opinión pública. Por ejemplo, un productor sostuvo: “Nos echaron la culpa a nosotros […] pero nada que ver, la gente de acá tiene experiencia” (registro de campo, diciembre de 2012). Como hemos dicho, los pobladores locales utilizan las quemas como una práctica productiva y como una herramienta de control del fuego (cortafuegos), pero precisamente por esa razón “tienen experiencia” y saben cuándo hacerlas sin que se descontrolen y que afecten a sus vecinos. De hecho, a lo largo de nuestro trabajo de campo, nos hemos encontrado en más de una ocasión con isleños que estaban llevando adelante quemas. A veces el objetivo era “limpiar el terreno”, mientras que en otras lo hacían para construir cortafuegos en épocas estivales donde la amenaza de incendios (por sequía o altas temperaturas) estaba latente.

Es por estas razones por las que sostenían que la ocurrencia de incendios de esa magnitud no podía deberse a estas prácticas enraizadas en el conocimiento local. A su vez, varios de los lugareños indicaron que lo extraordinario de los incendios no eran su ocurrencia, sino dónde se habían sentido sus efectos, ya que el tema solo había ganado lugar en la agenda pública porque el humo había ido para los centros urbanos cercanos como la Ciudad de Buenos Aires o Rosario: “Si no, no pasa nada” (encargado de campo de una empresa foresto-industrial, diciembre de 2013).

Así, los isleños de la zona núcleo forestal se desmarcaban del rol de responsables de los incendios en que los ubicaba el discurso ambientalista-ecologista, señalando que los responsables eran actores extralocales:

[Los ambientalistas] les echaban la culpa a los isleños y no eran los isleños [los responsables], [sino] gente que anda con un lote de vacas […] en lugares donde los dueños no están, que el fuego lo prendieron ahí […] y después se fue el fuego al diablo (productor, diciembre de 2013).

Algunos de los entrevistados acusaban a estas personas de ser “improvisadas”, personas que solo tienen animales en la región y que quisieron hacer quemas de pastizales desconociendo la dinámica propia del lugar: los “isleños”, precisamente por el carácter situado de sus prácticas y saberes, no tuvieron “nada que ver” (productor, diciembre de 2013).

En otras palabras, nuestros registros de campo dan cuenta de que los isleños de la zona núcleo forestal se desmarcaban de la posición de culpables señalando dos cuestiones. Por un lado, que sus prácticas productivas (incluyendo el uso del fuego) son diferentes a las de los “improvisados” que no viven en “la isla” y que, por lo tanto, no saben usar el fuego. Así, coincidían con aquellas afirmaciones de que la ocurrencia de los incendios en el 2008 se explicaba mayormente por el arribo de “improvisados” “con un lote de vacas”, pero resaltaban el carácter extralocal de estos actores.

Por otro lado, señalaban que en la zona núcleo forestal no tienen lugar las quemas extensivas asociadas con la actividad ganadera (para favorecer el rebrote), que en todo caso serían realizadas en las islas entrerrianas. Así, los “isleños” de esta zona sostenían que los incendios del año 2008 no tenían ninguna relación con quienes realizan forestación, ganadería o silvicultura allí, y por esta razón se sentían injustamente señalados como responsables (González, 2010).

Los incendios del delta en clave ecológico-ambiental: el territorio ambientalizado

Según el técnico 2 (entrevistado en junio de 2022), los conflictos a raíz de los incendios no comenzaron en 2008, sino que eran de más larga data. En su opinión, “existe un conflicto histórico entre productores isleños, que queman pajonales a fines de invierno produciendo humo y hollín, y las poblaciones linderas del río Paraná, desde Campana a Rosario”. Sin embargo, lo novedoso en esta ocasión fue que

se extendieron a otros actores […] en el 2008 el humo fue muy intenso en Rosario, cuya municipalidad presentó un recurso de amparo […] contra la provincia de Entre Ríos. También el humo llegó a la Ciudad de Buenos Aires […] lo que tuvo notoriedad y difusión. Intervino el defensor del Pueblo con recomendaciones e insistencias al Ministerio de Ambiente para actuar para [prevenir los incendios] [y] crearon el PIECAS-DP, que [no fue eficiente]. Estos fracasos llevaron a las ONG que operan en el delta del Paraná a buscar otras estrategias más mediáticas para lograr una ley de humedales.

En los términos de Merlinsky (2013), lo que este técnico plantea es que el conflicto ambiental en torno a los incendios en el delta del Paraná en el año 2008 tuvo una productividad tanto jurídica como institucional (Straccia et al., 2021). Sin embargo, podríamos plantear que el conflicto ambiental también tuvo un efecto territorial más sutil, pero no por eso menos relevante: la ambientalización del territorio y los sujetos. Es decir, la generación de tecnologías estatales (dispositivos, en términos foucaultianos) orientadas a una nueva forma de arte de gobierno del territorio (de los humedales, no de las islas) y de las personas, orientada a la constitución de sujetos isleños ambientales (en cuanto proceso propio de la gubernamentalidad medioambiental). Importa remarcar que el conflicto en torno a los incendios se constituyó en clave ecológico-ambiental, y que el discurso ambientalista-ecológico legitimó diversas medidas estatales tendientes a prevenir y combatir el fuego.

Esto se puede observar en relación con los incendios masivos que iniciaron en el año 2020 y continúan en la actualidad (Zamboni et al., 2021). En el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del caso Equística Defensa del Medio Ambiente Asociación Civil contra Provincia de Santa Fe y otros, se destacan los impactos que los incendios tienen sobre los ecosistemas y sobre los habitantes urbanos, señalando que “la quema indiscriminada produce afección a la salud, en especial de los habitantes de la ciudad de Rosario”, y que “los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población” (CSJN, 468/2020).

En dicho dictamen también se ordenó la constitución de un Comité de Emergencia Ambiental en el marco del PIECAS-DP, y, en noviembre de 2020, se creó el Programa Red de Faros de Conservación del Delta del Río Paraná (PRFC-DP), bajo la órbita del MayDS, pero con la participación de la Administración de Parques Nacionales y otras instituciones estatales. Si bien en la resolución que estableció su creación[11] se señala que “la práctica de la quema, arraigada a las costumbres lugareñas, constituye una herramienta de manejo, la necesidad de su constitución se ancla en

los efectos indeseables del fuego, [que] constituyen la presencia de humo que altera la visibilidad y genera molestias y afectaciones en las vías respiratorias a las personas que se exponen, [así como los] efectos directos sobre el ambiente tales como la remoción de la cobertura vegetal, la muerte de muchos animales que no pueden huir y la degradación de suelo por la quema, asimismo, se liberan gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

La ambientalización del territorio es evidente también en la definición de los objetivos del programa: la gestión de riesgos (“implementar un sistema permanente de monitoreo para la prevención de riesgos ambientales”) y la “conservación de la biodiversidad”.

Al hacer énfasis en los impactos de los incendios (sobre el humedal en cuanto naturaleza, y sobre sus componentes constitutivos como la biodiversidad), estas perspectivas olvidan mencionar sus consecuencias en las vidas, las instalaciones y los campos de los lugareños. Esta invisibilización es especialmente evidente en el dictamen de la CSJN, donde los impactos se relacionan con la “alteración significativa y permanente” del humedal y la afección sobre “la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario”. Más bien, a través de una economía política del conocimiento, se excluye la consideración de las causas y consecuencias de los incendios en los isleños, creando un conocimiento universalizado del ambiente y del clima. A través de la desautorización del otro, los diferentes modos culturales de abordar el problema son simplemente descartados. Así, el discurso ambientalista-ecológico señala que los fuegos son disturbios naturales en la región del delta, pero que los incendios son “consecuencia de prácticas irresponsables relacionadas a disturbios que afectan en forma sustancial la oferta de bienes y servicios ecosistémicos” (Kandus et al., 2009: p. 26) y ponen en riesgo la recuperación de los ecosistemas.

Sin embargo, esto no implica que los productores isleños sean completamente invisibilizados en el discurso científico ecológico, ni reducidos meramente a agentes causales. Veamos.

Sujetos ambientalizados: responsabilidad de los incendios y esencialismos ambientalistas

La efervescencia política y mediática de los incendios en las islas que vienen acaeciendo desde el año 2020 tiene su epicentro en Rosario. Esto se debe a que, al igual que en 2008, la mayor parte de ellos tienen lugar en el delta medio. Según el informe de PIECAS-DP (Zamboni et al., 2021), entre enero y diciembre de 2020, se quemaron aproximadamente 487.000 hectáreas, lo que representa el 21 % del territorio deltaico. En dos unidades de paisaje que pertenecen al delta medio (islas de Victoria y Lechiguanas), se incendiaron aproximadamente 182.300 hectáreas, mientras que, en la unidad de paisaje que comprende a la zona núcleo forestal, se incendiaron menos de 40.000 hectáreas.

En las publicaciones realizadas por los ecólogos luego de los incendios de 2008, se remarca la necesidad de diferenciar al delta de la región pampeana, a fin de que no se reproduzcan sus prácticas agropecuarias en los humedales deltaicos. Por ejemplo, en Quintana et al. (2014), se señala que el crecimiento de la ganadería “se dio sin ningún criterio de sustentabilidad” y que arribaron “nuevos propietarios […] que cuentan con un escaso conocimiento no sólo sobre la particular dinámica de los humedales del Delta sino también de la propia actividad ganadera” (p. 71). Según se plantea allí, desde el punto de vista ambiental, no resultan “favorables” los grandes productores dado que aplican una “modalidad pampeana”, pero tampoco los pequeños productores, porque tienen un “manejo mínimo o muy básico”; sin embargo, se destaca como positivo que en ciertas zonas predominen “pequeños y medianos, sobre todo si se trata de familias locales” (porque pueden tener “más interés, conocimiento y experiencia para garantizar la conservación de los humedales”), aunque “requieran de un mayor asesoramiento o capacitación” (ibidem).

Aquí aparecen dos formas antagónicas en las que el discurso ambientalista-ecológico caracteriza a los productores locales: por un lado, aquellos que no tienen el conocimiento adecuado (prácticas “sin criterio de sustentabilidad” o “manejo muy básico”, por ejemplo) y, por el otro, aquellos cuyo conocimiento es adecuado (generalmente bajo el rótulo de prácticas ancestrales o tradicionales adaptadas al humedal). La primera caracterización fue reproducida en 2020 por quienes universalizan la caracterización de los productores como sujetos no “favorables” para la “conservación de los humedales”, en cuanto responsables de “incendios [que son] desastres socio-naturales, producto de las condiciones ambientales sumadas a acciones humanas de mal manejo e irresponsabilidad” (Zamboni et al., 2021).

Y la propia Resolución n.º 432/2020 de creación de PRDFC-DP evidencia la tensión entre ambas formas, al sostener que “la práctica de la quema [está] arraigada a las costumbres lugareñas”, pero a la vez al adjudicar la responsabilidad por iniciar el fuego a los ganaderos[12] “mediando la desaprensión, el desconocimiento, el descuido”. Esta tensión está presente en todos los productos asociados a este programa. A la vez que aboga por la “conservación del patrimonio cultural del humedal”, el Proyecto Guardianes del Delta valora el involucramiento de “los pobladores del territorio […] para realizar los relevamientos [de las diferentes especies de plantas y animales] con la participación de técnicos y guardaparques de los parques nacionales que integran los Faros de Conservación” (DNC-APN, 2021). Así, la preeminencia del discurso científico ecológico en estas tecnologías estatales se hace evidente: a la vez que las costumbres y los conocimientos de los isleños anclados en sus experiencias de vida se valoran en un sentido genérico, su validez solo es tenida en cuenta en tanto coincida con las premisas del discurso científico ecológico.

Sin embargo, en nuestros registros sobre la manera en que se tematiza a los causantes de los incendios que tuvieron lugar en 2020, encontramos algunos puntos de vista de técnicos de instituciones científico-tecnológicas que se distancian de esta caracterización esencialista y generalizante de los productores. Por el contrario, se apela al conocimiento local acumulado a lo largo de generaciones de isleños y respetuoso de las dinámicas ambientales.

En un sentido similar a lo planteado por los isleños de la zona núcleo forestal al explicar las diferentes modalidades que originan los fuegos en “la isla”, los técnicos entrevistados argumentan que el fuego se utiliza “ancestralmente […] para reducir el volumen de materia seca en los campos, lo cual favorece la brotación del pastizal natural, fundamentalmente en la actividad ganadera”, así como también “para la limpieza de terrenos que se van a forestar” (técnico 1, mayo de 2022). El mismo técnico agrega que el uso de fuego para la producción no es peligroso cuando se hace de formas y bajo condiciones consideradas localmente adecuadas, dado que “se trata de una técnica de manejo que se realiza en un área dentro de la cual el fuego queda confinado. Debe ser realizado por un personal capacitado, bajo condiciones meteorológicas bien definidas y con adecuadas normas de seguridad”. Esto da cuenta de que las prácticas de gestión del fuego de los productores (las quemas) no solo se vinculan a saberes ancestrales, sino que también están pautadas por una racionalidad técnica que complementa a dichos conocimientos. Este técnico hizo referencia a las buenas prácticas de manejo (ganadero, silvopastoril, forestal) desarrolladas por especialistas del INTA en conjunto con los productores y representantes de otras entidades, que apuntan a un modelo de uso sustentable de los recursos naturales en oposición a aquellos modelos preservacionistas que sostienen que no debería haber actividad antrópica en ciertos ecosistemas.

En la misma dirección, el técnico 4 (mayo de 2022) señala:

Cuando queman los baqueanos, ellos saben cómo hacerlo para que no se les vaya de las manos y quemen sus propias instalaciones e intereses […]. El puestero-baqueano y los productores que hace mucho tiempo viven y trabajan en islas saben cómo hacerlo, es un arte […] no van a escupir para arriba, tienen conocimiento de cinco generaciones de ganaderos (técnico 4, mayo de 2022).

Según otro de los técnicos, los isleños de la zona núcleo forestal que utilizan el fuego como herramienta de manejo son “cuidadosos”, “suelen solicitar autorizaciones, algunos están en consorcios de manejo del fuego, tienen personal capacitado, maquinaria y equipos para eventuales fugas” (técnico 2, junio de 2022)[13].

A su vez, según dicho técnico, algunos isleños evitan su uso “por el riesgo de vida y daños que conlleva”. Si bien podría pensarse que esta observación guarda similitudes con lo planteado por los ecólogos, hay una diferencia fundamental: mientras que la observación del técnico respecto del manejo del fuego refiere a los riesgos en la vida de los lugareños y los daños en sus medios de vida (sus “instalaciones e intereses”), las observaciones de los ecólogos adquieren sentido en relación con el cuidado de los humedales. En otras palabras, difieren en qué se encuentra amenazado por un fuego fuera de control: para unos el fuego debe ser utilizado con mucha precaución para evitar las consecuencias negativas sobre la isla y los isleños, mientras que para otros deben evitarse los impactos sobre el humedal.

“Y tememos que los humedales tapen el humo”[14]

En contraste con el discurso ambientalista-ecológico que construyó a los habitantes urbanos y al ecosistema de humedal como los principales damnificados por los incendios de 2020 y a los productores e isleños como los culpables, los técnicos y los productores entrevistados remarcaron la gravedad de las consecuencias en la vida isleña. El técnico 4 señalaba que “se quemaron muchas instalaciones y animales de los puesteros-habitantes permanentes y productores pequeños: peligraron sus vidas, fueron los principales damnificados”. Y agregó que “hay que esclarecer permanentemente esta cuestión sobre todo con las grandes ciudades. El problema está ahí, donde se machaca mucho en contra de la producción” (mayo de 2022).

Para otro de los técnicos entrevistados,

los incendios en el delta han tenido más repercusión debido a que han sido utilizados por un sector del ambientalismo para presionar a los legisladores y lograr el tratamiento de la ley de humedales. Este grupo de ONG […] le han dicho a la sociedad [a través de distintos medios] que es necesaria la ley de humedales para acabar con los incendios en humedales, no aclarando que ya existen otras leyes, normas e instituciones para el manejo del fuego en Argentina (técnico 2, junio de 2020).

Resulta interesante notar la forma en que ciertos agentes sociales tratan de convencer a otros de que el problema de los incendios es importante, las maneras en que lo visualizan (en este caso, como una afrenta a la salud y a los ecosistemas de humedales) y las estrategias que utilizan para movilizar las soluciones propuestas.

En agosto de 2020, el diario La Nación publicó una noticia titulada “Incendios en el Delta. Alertan que no hay una política de manejo del fuego”, acompañada de un documento elaborado por el Consejo de Productores del Delta (La Nación, 2020). Esta entidad reúne a productores forestales, silvícolas y ganaderos mayoritariamente del delta bonaerense, muchos de los cuales viven o tienen sus campos en la zona núcleo forestal. El documento elaborado por los productores remarca que, en virtud de los incendios acaecidos en 2008, el gobierno nacional respondió con dos medidas “cuyos resultados no están siendo satisfactorios”. Sostiene que las disposiciones contempladas en la Ley 26.815 de Presupuestos Mínimos para el Manejo del Fuego “deberían haber [sido puestas] en funcionamiento cuando se detectó el aumento de riesgos de incendio a principio del año [2020]”, y plantea que una serie de medidas específicas para la prevención, el control y el manejo del fuego no fueron implementadas. Con respecto al PIECAS-DP, advierte que “en 12 años de vigencia nunca convocaron a los principales interesados en el ordenamiento territorial del Delta, como lo son su población y sus organizaciones representativas”.

Haciendo referencia a la discrepancia entre los discursos ambientalistas y productivistas sustentables, el documento plantea que en 2020 los incendios en el delta llevaron a ONG y legisladores a reflotar el impulso de leyes de ordenamiento de humedales, al punto que se presentaron siete en la primera mitad del año. “Desde las organizaciones[15] que nuclean a productores que habitan el Delta vemos con preocupación cómo se enfocan dos temas diferentes como si fueran uno: manejo del fuego y ordenamiento de humedales”. Señala que se confunde el manejo del fuego con el ordenamiento territorial, privilegiando –o reemplazando– al último por sobre el primero, y plantea explícitamente que una ley de humedales no sirve para la prevención, el control y el manejo del fuego en el delta. Retomando la diferenciación planteada previamente, sostiene que “impulsar una Ley de Humedales o señalar como responsable a la ganadería para responder a los incendios está produciendo un grave daño al Delta y a las poblaciones cercanas”. Señala que la discusión de dicha ley “no debe estar teñida de humo” y postula que “urge que se avance en una política de manejo del fuego [porque] de lo contrario los incendios se repetirán periódicamente y aún peor, si los actores de la producción ambientalmente responsables no son tenidos en cuenta”.

Reflexiones finales

A partir del análisis de los incendios de 2008 y 2020 que tuvieron lugar en el delta del río Paraná y de las disputas entre diferentes agentes sobre quiénes fueron los perjudicados y quiénes los culpables, hemos puesto de manifiesto que la mirada analítica tradicional sobre las desigualdades sociales (basadas en clase, género, generación, raza-etnia) resulta insuficiente.

Encontramos que ciertas categorías de pertenencia (isleños) y de prácticas y desempeño laboral (productores y técnicos) operan en contraposición a otras categorías de pertenencia (habitantes urbanos) y de prácticas y desempeño laboral (miembros de ONG, ecólogos, periodistas, funcionarios). Y es que, tal y como lo plantea la ecología política, la manera en que el ambiente es construido, representado y apropiado tiene un carácter conflictivo. Los incendios fueron concebidos como un problema o un riesgo en tanto que existió algo que valía la pena cuidar o preservar y por lo cual movilizarse a favor o en contra. En ambos lados se proyectaron significados culturales diferentes sobre el fuego, las quemas y los incendios, así como sobre las características que adquieren en “las islas” (para unos) y en “los humedales” (para otros). Para los primeros el fuego en las islas es una práctica que no puede suprimirse, mientras que para los segundos es una amenaza que arrasa con todo lo que está a su paso. En tal sentido, quizás no deberíamos hablar del fuego en singular, sino de los fuegos en plural, según las significaciones que adquieren para cada agente, lo que se arraiga en sus trayectorias de vida y sus cosmovisiones particulares.

Este conflicto entre distintas lógicas de significación implica la emergencia de articulaciones discursivas, construcciones de sujetos y resistencias cotidianas. La normalización del discurso ambientalista-ecológico sobre los incendios constituyó nuevas subjetividades desiguales en las cuales los isleños fueron concebidos como gestores ancestrales del fuego en armonía con su territorio o como personajes destructivos del medio ambiente, culpables de los incendios, y cuyas prácticas son condenadas por causar daño a los ecosistemas.

Sin embargo, los lugareños y los técnicos se desmarcaron de este encasillamiento. Hemos dado cuenta de sus conocimientos sobre el fuego, anclados en el lugar, considerando la capacidad de agencia de los enunciadores en el marco de sus resistencias a la normalización del discurso sobre los impactos negativos de “la ganadería” como causante del “fuego sobre el agua” y al renovado impulso de los proyectos de ley de presupuestos mínimos para la conservación, la protección y el uso racional y sostenible de los humedales. Los argumentos que esgrimen dan cuenta de su capacidad no solo para confrontar y disputar, sino también para recentrar elementos de sentido del discurso ambientalista-ecológico hegemónico, lo que se pone en evidencia en el documento del Consejo de Productores del Delta cuando se señala que, a fin de evitar futuros incendios, se debe tener en cuenta a “los actores de la producción ambientalmente responsables”.

Bibliografía

Biersack, A. (2011). Reimaginar la ecología política: cultura/poder/historia/naturaleza. En L. Montenegro Martínez (ed.), Cultura y Naturaleza (pp. 135-194). Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Bó, R. & Quintana, R. (1999). Actividades humanas y biodiversidad en humedales. El caso del Bajo Delta del río Paraná. En S. Matteucci et al. (eds.), Biodiversidad y uso de la tierra. Conceptos y ejemplos en América Latina. Buenos Aires: Eudeba.

Castro, H., Straccia, P. & Arqueros, X. (2019). Entre islas y humedales: los giros normativos en el territorio del Delta. En C. Pizarro (ed.), Nosotros creamos el Delta. Habitar, forestar y conservar un humedal (pp. 51-80). Buenos Aires: Fundación CICCUS.

DNC-APN (Dirección Nacional de Conservación, Administración de Parques Nacionales) (2021). Guardianes del Delta. Guía visual para la identificación de especies del Delta del Paraná. Programa Faros de Conservación. Buenos Aires.

García Conde, J. M. (2013). Plan de Manejo del Fuego. En F. Kalesnik, R. Vicari & L. Iribarren (eds.), Delta del Paraná: historia, presente y futuro (vol. 1, pp. 34-35). Montevideo: Unesco (Programa MaB).

Gastellú, J. (2016). Transformaciones socioeconómicas y prácticas estatales en islas del Delta del río Paraná Bonaerense. Magíster en Antropología Social, UBA, Buenos Aires.

Göbel, B., Góngora-Mera, M. & Ulloa, A. (2014). Las interdependencias entre la valorización global de la naturaleza y las desigualdades sociales: abordajes multidisciplinarios. En B. Göbel et al. (eds.), Desigualdades socioambientales en América Latina (pp. 11-13). Universidad Nacional de Colombia.

González, A. (2010). Producción y conservación en el humedal del Bajo Delta del Paraná. Las buenas prácticas forestales en el marco de la gestión forestal sostenible como propuesta para el buen uso del ambiente. En C. Reboratti (ed.), Agricultura, sociedad y ambiente. Miradas y conflictos (pp. 33-50). Flacso.

Kandus, P., Salvia, M., Ceballos, D., Madanes, N., Cappello, V., García Cortes, M. & Morais, M. (2009). Informe técnico. Incendios de 2008 en el Delta del río Paraná, Argentina. Análisis ecológico sobre el sector de islas frente a las localidades de Zárate, Baradero y San Pedro. UNSAM.

La Nación (15/08/2020). Incendios en el Delta. Alertan que no hay una política de manejo del fuego. Recuperado de https://bit.ly/3CgGhpv

Merlinsky, G. (2013). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires: CICCUS.

Quintana, R., Bó, R., Astrada, E. & Reeves, C. (2014). Lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable en el Delta del Paraná. Buenos Aires: Fundación Humedales / Wetlands International LAC.

Salvia, M., Ceballos, D., Grings, F., Karszenbaum, H. & Kandus, P. (2012). Post-fire effects in wetlands environments: landscape assessment of plant coverage and soil recovery in the Paraná River Delta Marshes, Argentina. Fire Ecology, 8(2), 17-37.

SAyDS (2008). Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). Buenos Aires.

Scholz, I. (2014). ¿Qué sabemos sobre desigualdades socioecológicas? Elementos para una respuesta. En B. Göbel et al. (eds.), Desigualdades socioambientales en América Latina (pp. 85-112). Universidad Nacional de Colombia.

Straccia, P., Monkes, J. & Isla Raffaele, M. L. (2021). Las políticas de escala en las disputas ambientales: el caso de los humedales en Argentina. Huellas, 25(1), 73-91.

Taller Ecologista (2010). Humedales del Paraná: biodiversidad, usos y amenazas en el Delta Medio. Rosario: EGP.

Vizia, C. (2012). “Humo en las Islas”. Antropología ecológica en Rosario, construcción de especialidad profesional, de problemas y de acciones políticas en el territorio. En v Reunión del Grupo de Estudios Rurales y Desarrollo (GERD), Posadas.

Zamboni, P., Parmuchi, G., Ayarragaray, M. & Zacconi, G. (2021). Informe de superficies afectadas por incendios en el Delta e Islas del río Paraná (Territorio PIECAS-DP). Año 2020. Buenos Aires, MAyDS.


  1. Facultad de Agronomía, UBA, Conicet. Correo electrónico: straccia@agro.uba.ar.
  2. Para facilitar la lectura, utilizamos el género masculino sin desconocer la diversidad de adscripciones de género.
  3. Utilizamos comillas para citar textualmente categorías nativas y fragmentos de documentos y de noticias periodísticas.
  4. Área del delta bonaerense especializada en la producción forestal y silvopastoril.
  5. Desiguales en las luchas por poder disponer cómo relacionarse con los lugares en que viven y trabajan, y desiguales en la validación de sus lógicas de significación.
  6. La única excepción la encontramos en Quintana et al. (2014), donde se niega explícitamente esa caracterización (p. 97).
  7. Cazadores que prenden fuegos en una zona para espantar a los animales y cazarlos en su huida, o pescadores que, para llegar con sus redes a las lagunas interiores, prenden fuego para abrir brechas en el pastizal.
  8. La Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema de 2009 prohíbe las quemas en todo el territorio nacional, permitiendo solo las prescritas o autorizadas, que deberán cumplir con los parámetros establecidos en la ley (mediciones de viento, temperatura y humedad relativa apropiadas, tener personal capacitado y equipos de ataque) y los que se agreguen en las normas provinciales.
  9. Formalmente creado en 2003 y conformado por diez empresas forestales de la zona núcleo forestal, luego de los incendios de 2008, se constituyó en una organización central para la gestión del fuego en la región. Posee trece torres de vigilancia con cámaras de monitoreo. Su principal objetivo es la prevención y detección rápida de incendios.
  10. Desde su punto de vista, los incendios ocurren “cuando se dan ciertas condiciones: […] 1) sequía extraordinaria, 2) bajante extraordinaria, 3) escasa cantidad de hacienda […] en islas, 4) invierno muy crudo con muchas heladas y 5) situación económica crítica (muchos cruzan a las islas a cazar y pescar para comer)” (técnico 4, mayo de 2022).
  11. Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible n.º 432/2020. Disponible en bit.ly/3duBNkK.
  12. Aunque no exclusivamente: también responsabiliza a la caza furtiva y la recreación.
  13. Esto sería a diferencia de “los ganaderos trashumantes, […] [que] en general no piden autorizaciones provinciales y carecen de conocimientos y capacidades para contener una fuga”, señalando así la especificidad de los forestadores en la gestión del fuego.
  14. Ver La Nación (2020).
  15. El consejo se erige como vocero de otras entidades de la zona, arrogándose la representación de los productores del delta.


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