Sofía Astelarra y Matías Halpin^[1]

Resumen

En las últimas décadas, se produjo un movimiento migratorio hacia el delta del Paraná, especialmente hacia las islas pertenecientes al Partido de Tigre, cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires. Este movimiento se explica principalmente por un proceso de turistificación, desarrollo inmobiliario y despliegue de comodidades asociadas a la urbanidad. Sin embargo, un sector importante de viejes y nueves pobladores se relaciona con la valoración y defensa del ecosistema de humedales y de un modo de vida ligado a la ruralidad, los ritmos de la naturaleza y el río. Por ello se revaloriza y recupera el trabajo con materias primas locales y sustentables, así como la producción de alimentos agroecológicos. Las condiciones geográficas de la región, como también los modelos económicos dominantes, imponen ciertas dificultades para la producción y comercialización de los productos de estas iniciativas productivas locales. A raíz de estas condiciones, surgieron diversas redes de articulación entre les productores de escala familiar, unipersonal o colectiva, que se agrupan con el objetivo de sortear las dificultades mencionadas, dar a conocer y comercializar a escala local y exigir a las agencias estatales la implementación de políticas públicas de acompañamiento y fortalecimiento al sector. Esta ponencia busca reflexionar sobre cuatro de estas experiencias: la Colectiva Agroecológica, una iniciativa de distribución de alimentos nacida en la pandemia; Dulceras del Río, una cooperativa de mujeres isleñas; Origen Delta, una asociación de artesanes de diferentes rubros; e Isla Esperanza, una cooperativa de junqueres que se enfrentó a un megaproyecto inmobiliario.

Introducción

Esta ponencia surgió de un encuentro organizado por la Cátedra de Soberanía Alimentaria (CALISA) de la Universidad Nacional de Rosario en septiembre de 2021 y protagonizado por diferentes colectivos de pequeñes productores del delta del Paraná. El propósito de esta es reflexionar sobre estas cuatro experiencias: la Colectiva Agroecológica, una iniciativa de distribución de alimentos consolidada en la pandemia; Dulceras del Río, una cooperativa de mujeres isleñas; Origen Delta, una asociación de artesanes de diferentes rubros; e Isla Esperanza, una cooperativa de junqueres que se enfrentó a un megaproyecto inmobiliario. Este trabajo se ha construido sobre la base del trabajo de campo basado en la observación participante junto a las organizaciones en cuestión a lo largo de varios años. Aprovechamos el encuentro organizado por CALISA, la elaboración de esta ponencia, para sistematizar, resaltar aspectos comunes a las experiencias y ponerlas a dialogar con las líneas de análisis desplegadas en nuestras investigaciones.

El delta del río Paraná es reconocido como uno de los humedales de mayor extensión del país y uno de los que mantiene su vitalidad en cuanto a funciones socioecológicas en el mundo. Las islas pertenecientes al Partido de Tigre son su porción inferior del amplio ecosistema. Se ubican en la desembocadura y frente avance del deltaico sobre el Río de la Plata. Asimismo, constituyen la sección más cercana al Área Metropolitana de Buenos Aires, el principal aglomerado urbano del país. Esta particular ubicación ha producido que las islas tigrenses atraviesen un proceso histórico-económico diferencial con respecto al resto. El delta inferior, o bajo delta bonaerense, fue colonizado por la sociedad criolla desde mediados del siglo xix, y la fruticultura en manos de unidades de producción familiares fue la actividad predominante en la región por más de un siglo. Luego de un ciclo de auge, esta actividad entró en crisis por factores internos y externos a la región, lo que generó un proceso de reconfiguración socioeconómica. Desde las décadas de 1960-1970, la mayoría del delta bonaerense se reorientó hacia la forestación de sauce y álamo, con concentración de tierras y menor demanda de mano de obra, lo que generó un fuerte proceso emigratorio (Galafassi, 2001; Nussbaumer y Fernández, 2018; Olemberg, 2015; Pizarro, 2019). En cambio, en la sección tigrense, tras décadas de decaimiento, se produjo en la década de 1990 una apuesta a la reconversión turística encabezada por la gestión municipal (Bertoncello y Iuso, 2016).

Simultáneamente a esta emigración de la población isleña, a finales de 1970, comenzó un flujo migratorio conformado por personas que impulsaron un “repoblamiento y hábitat popular de la isla” (Astelarra, 2014, 2017), similar al ocurrido en décadas anteriores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Pírez, 2012, 2019). Se acentuó en el 2000, a causa de migraciones internas (isleñas de otras secciones deltaicas), regionales (área metropolitana) y externas (de países limítrofes, principalmente Paraguay). Mayoritariamente provienen de sectores medios y de recursos económicos escasos. Desde la década de 1990, avanza otro flujo migratorio asociado a la radicación del extractivismo inmobiliario en las islas, conformado por sectores de ingresos medios y altos que buscan la instalación de emprendimientos urbanos y turísticos nacionales e internacionales como segunda residencia y, en menor proporción, residencia permanente (Astelarra, 2014, 2017).

Por lo tanto, se instaura un nuevo momento de repoblamiento del delta de Tigre que denomino como “etapa de disputa por la reinvención del delta o la isla”, resultante del encuentro y choque de estos diferentes afluentes migratorios que provocan oleadas desreterritorializantes (Astelarra, 2017, 2022) sobre el humedal. Este proceso desreterritorializante ha generado una importante reactivación económica de la mano del desarrollo turístico e inmobiliario que ha revertido el éxodo poblacional, de modo que dio lugar no solo a la instalación de nueves habitantes, sino también a un elevado flujo de visitantes temporales. De esta manera, donde antes existían chacras y quintas, hoy predominan casas de fin de semana, cabañas de alquiler, hoteles, recreos y restaurantes donde les habitantes de la ciudad disfrutan del esparcimiento. Sin embargo, el crecimiento económico no ha estado exento de conflictos, y las condiciones de vida para una gran parte de los residentes permanentes continúan siendo adversas. En “la isla”, forma en que se refieren al delta sus habitantes, se observan enormes contrastes entre modernos y lujosos complejos turísticos que conviven con precarias viviendas, quintas abandonadas y estructuras al borde del derrumbe.

La población isleña que permaneció en el delta durante el período de despoblamiento, en su mayoría, tuvo que reconvertir sus actividades productivas tradicionales a otras vinculadas al sector servicios, tales como servicio doméstico, mantenimiento de parques y jardines de las casas usadas los fines de semana por el turismo o la población semipermanente, mantenimiento y marinería en las guarderías náuticas que se incrementaron como efecto de dicho modelo americanizado de urbanización. O bien se trasladaron al Área Metropolitana de Buenos Aires para trabajar en diferentes rubros (Astelarra, 2022). Finalmente, mimbreres y junqueres se reconvirtieron a la elaboración de artesanías locales, aunque en una posición desventajosa y subordinada (Astelarra y Domínguez, 2015).

Con relación al turismo, diferentes actores y actoras de la región manifiestan vivirlo como una “bendición” y una “maldición” al mismo tiempo (entrevista a periodista isleña, junio de 2018). Pues, si bien es una de las principales fuentes de ingresos para la mayor parte de la población local, la gran afluencia de turistas transforma a su vez el modo de vida tradicional isleño y la tranquilidad asociada a este. Numerosas personas se refieren a la temporada alta como una “invasión”, pues el número de visitantes puede más que triplicar a la población local (Fundación Metropolitana y Municipio de Tigre, 2012). Asimismo, mientras que en dicho período el turismo puede hacer colapsar la infraestructura local, fuera de temporada la actividad se paraliza y las posibilidades laborales disminuyen drásticamente.

En términos generales, los diferentes sectores sociales que integran la oleada de desreterritorialización que impulsa el repoblamiento y hábitat popular comparten algunos rasgos, tales como la búsqueda de estar en “contacto con la naturaleza”, que ocasionó una revalorización social y ambiental en cuanto humedal, la adaptación al modo de vida isleño y a la dinámica ecosistémica del humedal, la autoconstrucción, la autoprovisión de infraestructura (muelles y caminos vecinales, dragado y canalización, entre otros) y de servicios (electricidad o recolección de residuos), y, finalmente, la búsqueda de generar alternativas, educativas, culturales y productivas o laborales en el territorio.

En este contexto, no es extraño encontrar un creciente número de habitantes que, descontentos con las posibilidades laborales que ofrece el turismo, han decidido orientarse a otro tipo de ocupaciones: sosteniendo, pese a condiciones adversas, actividades productivas tradicionales, desplegando nuevos oficios artesanales o incursionando en diversas materias primas abundantes en las islas.

Al respecto, es posible señalar que el despliegue de estas actividades se vincula, por un lado, a particulares relaciones de querencia con el territorio. Como mencionamos, frente a las transformaciones acaecidas en las últimas décadas de la oleada neoliberal desreterritorializante ligada al turismo y la privatización de bienes comunales, se observa un esfuerzo de los sectores vinculados a la oleada desreterritorializante de hábitat popular por “construir otro territorio, más bien, el ecosistema en su conjunto pertenece temporalmente a quiénes lo trabajan, habitan y desean seguir haciéndolo” (Astelarra y Domínguez, 2015, p. 156). Entre les sujetes que integran los colectivos que describiremos, es recurrente la referencia de sus prácticas como parte de una multiplicidad de medidas en defensa del “modo de vida isleño”. Astelarra y Domínguez (2015) señalan que este enunciado constituye “un modo de vida singular” (Shanin, 2008), noción pertinente para abordar estas realidades puesto que invita a “contemplar el acervo cultural, los conocimientos locales, las prácticas socio-económicas configuradas históricamente, y todo ello en relación con un ecosistema determinado” (Escobar, 2005, p. 133). Si bien Astelarra y Domínguez analizaron el uso de dicha expresión en relación con les miembres de la cooperativa de junqueres, esta es común entre les miembres del resto de las experiencias aquí analizadas. Les autores señalan: “Entendemos que estamos frente, más que a un sujeto marginal que realiza una actividad económica subordinada a una cadena semiindustrializada, a un modo de vida articulado al territorio isleño donde el deseo juega un rol importante” (Astelarra y Domínguez, 2015, p. 153, itálicas en el original). Y, si bien la recurrencia del enunciado de defensa del modo de vida isleño expresa el importante rol que la querencia y el deseo ocupan en un escenario de conflicto, el reconocimiento de estos sentimientos por parte de les agentes no puede llevarnos a la romantización de su situación. Por lo tanto, no se pueden eludir del análisis ciertos condicionamientos y factores estructurales que caracterizan el accionar de les sujetes.

En ese sentido, es importante destacar que, en el delta tigrense, la “primera sección” de islas, el desarrollo turístico ha producido una reducción del tamaño de las parcelas de tierra (por los loteos para la construcción de viviendas) y ha encarecido su precio por la gentrificación rural (Halpin, 2021c), de manera que ha dificultado el acceso a ella en cantidades suficientes como para obtener ingresos que permitan sostener un hogar o una familia (Halpin, 2021a). Por otro lado, en las restantes zonas del delta inferior, donde la plantación forestal a gran escala es predominante, el proceso de concentración de la tierra iniciado en las décadas de 1960-1970 ha generado la proliferación de unidades de tipo empresarial y tecnificada, con muy baja contratación de mano de obra fija, y recurrencia a cuadrillas de trabajadores temporales.

En este escenario de reterritorialización, dada por el avance de los grandes capitales a través de la acumulación por desposesión (Harvey, 2004), los colectivos que describimos intentan resistir a través de la producción como forma de garantizar su permanencia en el territorio. Lo hacen, por lo general, bajo las modalidades de lo que, en el ámbito de la disputa política, ha devenido en denominarse “economía popular”. Este concepto remite al conjunto de actividades desarrolladas por los sectores populares a través de su propia fuerza de trabajo y los recursos disponibles con miras a garantizar sus necesidades básicas y la reproducción de la vida (Icaza y Tiribia, 2004, p. 173). Se trata de procesos económicos periféricos (Grabois y Pérsico, 2015), de “producción, circulación e intercambio de bienes, servicios, cuidados y otros frutos del trabajo humano, que nacen en los intersticios y periferias urbanos y rurales como espontánea resistencia económica frente a la exclusión social” (2015, p. 34). La disponibilidad de recursos refiere al hecho de que son medios de producción que son de relativamente fácil acceso por tratarse de “materiales, mercancías, maquinarias y espacios de trabajo que son baratos, residuales, de acceso público, transmitidos por la tradición, recuperados de la ociosidad o adquiridos a través de la lucha social” (2015, p. 34). Incluso, en muchos casos la relación con dichos medios no es siquiera de propiedad, sino de tenencia, posesión o mero usufructo, ya sea en forma individual o comunitaria (2015). Como ha sido examinado en Halpin (2022), la mayoría de estes productores de pequeña escala combina varias modalidades de acceso a los recursos (cosechando en jardines domésticos, en el monte, en plantaciones abandonadas, etc.), con herramientas no muy diferentes de las necesarias en la vida cotidiana en el delta (machetes, sierras, una máquina de coser, embarcaciones pequeñas o medianas, entre otras). Como suele decirse en el ámbito de la economía popular, se trata de personas que se han inventado su trabajo (Grabois y Pérsico, 2015), en el contexto de la imposibilidad de insertarse satisfactoriamente en las actividades predominantes de la región, como la forestación y el turismo.

Asimismo, los cambiantes vínculos con la tierra y las nuevas estrategias de la producción y el trabajo en los entornos rurales han dado lugar al surgimiento de nuevas categorías analíticas, como la de agricultura familiar (Craviotti, 2014). Este concepto permite una mirada más compleja que el de pequeñe o mediane productore, pues no toma en cuenta solo las características de la unidad de explotación económica, sino que integra otros criterios de carácter socioeconómico. Así, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) considera que existe un núcleo de agricultura familiar (NAF) cuando

una persona o grupo de personas, parientes o no, […] habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, […] comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural (RENAF, 2009, p. 14).

A su vez, el registro dispone que dicho núcleo posea residencia en áreas rurales o a una distancia que permita contactos frecuentes con la producción; una proporción de mano de obra familiar en el total de la mano de obra empleada superior al 50 % y la contratación de no más de dos trabajadores asalariades permanentes (RENAF, 2009, p. 17). Por otro lado, el mismo documento dispone que

las familias pueden realizar actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural […] sin importar si el destino de esas actividades es la venta, el autoconsumo o el trueque, o si se trata de la actividad principal o una secundaria del hogar (RENAF, 2009, pp. 15-16).

Es evidente que la intención de este organismo es ampliar el criterio de pertenencia para que pueda abarcar diversas situaciones que hoy en día distan de ser excepciones en el ámbito rural. Veremos en este trabajo que no todes les productores en cuestión trabajan con materias primas originarias del delta. Existen varies emprendedores dentro del rubro textil, artesanías y diseño, entre otros, que trabajan con materiales obtenidos en el continente. Esta particularidad puede entenderse atendiendo a las transformaciones señaladas en diversos estudios de la nueva ruralidad (De Grammont, 2016; Kay, 2013), los cuales resaltan que, dado el descenso de los precios de los alimentos y otras materias primas, los hogares rurales se ven impulsados a desarrollar estrategias múltiples para la generación de ingresos, incluyendo cada vez más actividades no agropecuarias.

Este debate respecto a cómo comprender, definir y acompañar a les productores de la agricultura familiar, pequeñes productores, campesines, entre otras definiciones, ha estado asociado a las disputas que esos sujetos han realizado para visibilizar sus formas de producción, sus especificidades y apuestas políticas. De allí que recuperemos el proceso de las últimas décadas, las organizaciones campesinas articuladas a los movimientos antiglobalización proponen la soberanía alimentaria como programa y reivindicación (Astelarra y Percíncula, 2012). Apareció por primera vez en el ámbito público impulsada por la Vía Campesina durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizada en la ciudad de Roma en 1996 (Rubio, 1997). En esa cumbre, FAO promovió la noción de “seguridad alimentaria”, focalizada en la disponibilidad de alimentos, centrada en mejorar su calidad, origen y modo de producción. Simultáneamente, la Vía Campesina propuso la soberanía alimentaria como propuesta y horizonte político:

La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce (Vía Campesina, 1996).

Esta perspectiva supone el reconocimiento de la agricultura en pequeña escala, de la multifuncionalidad de los modos campesinos de producción y del asiento local de cualquier sistema alimentario sustentable: “La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción, basados en tecnologías ecológicamente sustentables” (Vía Campesina, 1996).

Desde entonces, a partir de esta propuesta de los movimientos campesinos, se ha incorporado en otras organizaciones sociales rurales y urbanas. De allí que, por un lado, hayan proliferado las cátedras libres de Soberanía Alimentaria a lo largo de todo el país. Y por otro, se consolidan las articulaciones de las diferentes organizaciones dedicadas a la producción bajo el horizonte de la soberanía alimentaria. Esto ha generado diferentes experiencias y creación de conocimiento que promueven la producción de alimentos sanos, baratos y de calidad producidos de manera agroecológica, en el marco de un vínculo sustentable entre el ambiente y la sociedad.

Bajo este marco conceptual, analizamos las trayectorias y los objetivos de los diferentes colectivos de productores isleñes.

Experiencias navegantes: apuestas a la producción local en el humedal

Como se mencionó anteriormente, una similitud entre las diferentes asociaciones que analizamos son las situaciones de hostilidad socioeconómico-ecológica y la falta de oportunidades para poder garantizar la reproducción de sus hogares o familias en el territorio isleño. En algunos casos, existen catalizadores específicos que dan lugar a la formación de las agrupaciones, como, por ejemplo, la resolución de problemáticas comunes o la dificultad en el acceso de alimentos de calidad, mientras que en otros casos es simplemente la sedimentación de dificultades o frustraciones que llevan a visualizar la necesidad de organizarse colectivamente para enfrentar el escenario adverso. Por último, en algunos casos, se apuesta a otros modos de vida alternativos al capitalismo, urbano, industrial, patriarcal.

En orden cronológico, el primero de estos colectivos en surgir fue la Cooperativa Isla Esperanza. El proceso se remonta al año 2008, cuando la empresa Colony Park se presentó con papeles de compraventa de dudosa legalidad a intentar desalojar a varias decenas de familias para construir un “barrio náutico” (urbanización cerrada en las islas) de 360 hectáreas. Dichas familias vivían principalmente de la recolección y venta de juncos, junto a la fruticultura, la venta de leña, la caza, la pesca y otras actividades tradicionales isleñas. Varias se dispusieron a resistir el intento de desalojo y recibieron ataques y hostigamientos de diversos tipos, incluida la destrucción de sus viviendas. La formación de la cooperativa fue una de las varias estrategias para resistir el avance empresarial, junto con medidas judiciales, movilizaciones y el acompañamiento de la comunidad isleña y de organizaciones sociales y socioambientales, así como del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). La cooperativización les permitió unir sus esfuerzos productivos, conseguir subsidios para máquinas para el agregado de valor a su producción, y desarrollar varias iniciativas de diversificación económica, como huertas, apiarios y forestación en pequeña escala. Pese a los altibajos externos provocados por el hostigamiento, las amenazas y los ataques directos recibidos, como la quema del galpón de acopio y resguardo de la maquinaria por parte de la empresa o sus emisaries, o bien por los conflictos internos por los efectos en la salud de tal avasallamiento, los vaivenes económicos, la rotación de vecines/integrantes, la cooperativa está a punto de cumplir los 15 años y se ha convertido en un ejemplo de resistencia en el territorio.

La cooperativa Dulceras del Río es una agrupación de vecinas isleñas que se cansaron de los empleos que el mercado turístico le ofrece a la mayoría de las mujeres: la limpieza de casas ajenas, con la consecuente informalidad, subordinación y discontinuidad en los ingresos. La alternativa a esto era la búsqueda de trabajo en la ciudad, con los grandes tiempos y costos de viaje, y las largas permanencias fuera del hogar. La posibilidad de elaborar dulces surgió de esta lectura común de sus problemáticas vitales, del deseo de poder pasar más tiempo en el hogar y en las islas, de la idea de aprovechar las producciones tradicionales de la isla, que en muchas ocasiones se encontraban en los propios jardines, o en la de vecines cercanes. Comenzaron preparando los dulces y las conservas en la cocina hogareña de una de las integrantes, pero el crecimiento del emprendimiento fue llevando a la necesidad de contar con mejor equipamiento y condiciones de salubridad e higiene. A su vez, el incremento en la producción obligó a ampliar los canales de comercialización, pues ya no alcanzaba con las ventas ocasionales a isleñes. Para resolver estas situaciones, la integración con el Movimiento Nacional Campesino-Indígena (MNCI) fue crucial, pues amplió enormemente los canales de distribución y movilizó un fondo solidario para las mejoras en infraestructura. Además de ser un espacio en el cual comparten su experiencia vital y de producción con otres que transitan por las mismas apuestas y experiencias. Por último, desde aproximadamente 2018, comercializan en las islas los bolsones de frutas, verduras y otros productos del movimiento campesino y otres productores organizados allí. Esta es una iniciativa que ya tiene más de una década de consolidación en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el país.

Por su parte, Origen Delta tuvo varias etapas. Comenzó funcionando como un pequeño parador turístico, que buscaba diferenciarse de las ofertas hegemónicas y estandarizadas ofreciendo gastronomía con ingredientes locales y artesanías elaboradas por isleñes. Sin embargo, los circuitos turísticos prearmados por las empresas de transporte fluvial y los grandes recreos y restaurantes no daban lugar al flujo de visitantes hacia el parador artesanal. Tras largas negociaciones con el municipio, el emprendimiento fue trasladado al polo turístico-comercial del Puerto de Frutos en la zona continental –un antiguo centro de comercialización de la producción isleña, reconfigurado en la década de 1990 para asemejarse a un “shopping a cielo abierto”–. Si bien allí recibían un mayor número de visitas, debían competir en precios y atracción con productos industrializados e importados. El colectivo no se hallaba enteramente a su gusto allí y siempre reclamó la necesidad de contar con un espacio en la estación fluvial, punto nodal del tráfico de pasajeres entre las islas y el continente. En 2021, tras años de espera, y con el patrocinio del recientemente surgido Consejo Asesor Permanente Isleño (en aquel momento, organismo consultivo para la elaboración de políticas públicas para la comunidad isleña conformado por organizaciones socioambientales locales históricas), lograron que el municipio les concediera un local en este importante espacio, que permite llegar tanto a les turistas que inician o concluyen sus paseos, como a la propia población isleña que se encuentra camino a sus hogares. Origen Delta, sin embargo, no se concibe como un mero emprendimiento comercial, sino como un núcleo de fomento a la producción familiar, artesanal y sustentable isleña. La articulación con el municipio y otras agencias estatales se plantea como una herramienta necesaria para lograr la diversificación económica regional. Se espera que este primer acuerdo sirva de impulso a otros proyectos, como la creación de una carpintería comunitaria y de laboratorios de cosmética natural y productos fitoterapéuticos, así como de otros centros para el agregado de valor a las materias primas isleñas.

La Colectiva Agroecológica del Delta es una iniciativa que, si bien se consolidó en la pandemia de covid-19, partió de un proyecto iniciado tiempo antes. Esta se gestó para favorecer la autonomía económica de las familias, las personas y las organizaciones del territorio y comercializar con precios justos. Un componente clave tiene que ver con generar una propuesta productiva, económica y autónoma frente a los embates del modelo extractivista. Tanto la compra como la venta de producciones agroecológicas, así como las logísticas para su concreción y distribución en las islas, son realizadas por sus integrantes y recogen las dificultades de las experiencias previas en miras a solucionarlas y crecer en la comercialización de los productos.

El cuestionamiento a los circuitos tradicionales de producción y distribución de alimentos y el deseo de insertarse en las redes alternativas de producción y consumos responsables son necesidades y planteos políticos que hace tiempo venían creciendo entre vecines, movimientos sociales del delta, de fuerte cuño ambientalista. Sin embargo, la logística de estas operaciones siempre ha sido un aspecto complejo, dada la geografía del territorio. Hacia 2015, aproximadamente, surgió en las islas la propuesta de compras comunitarias de frutas y verduras para abaratar los costos económicos. Se organizaron simultáneamente dos nodos, localizados en espacios de activismo y actividades comunitarias como plaza La Paloma y el centro cultural Casa Puente. Luego de varios años de realizar las compras en el mercado central de Beccar, se evaluó la importancia de transicionar a la compra de producciones agroecológicas y fortalecer los procesos productivos de la economía popular regional. Lentamente, comenzó a organizarse dicha transición, así como se empezó a toparse con las dificultades en la logística. En la cuarentena, dadas las condiciones de aislamiento, se impuso con plena fuerza la necesidad de dar un paso adelante y crear una red para dar salida a las producciones realizadas en las islas. Así, los nodos de distribución organizados se reforzaron para hacer el camino inverso y conectar a les productores isleñes con redes de comercialización mucho mayores. Bajo la lógica del trabajo mancomunado, la Colectiva Agroecológica y la red organizada por Dulceras del Río y el MNCI se han asociado y se reparten las zonas de trabajo para cubrir las distintas áreas y ejes de circulación existentes en el delta.

De este conjunto de experiencias, podemos arribar a algunos aspectos en común.

El momento en que se gestaron y consolidaron fue de aproximadamente una década (2008-2020). Consideramos que esto no fue casual, sino que fue producto de una saturación frente al modelo turístico-inmobiliario extractivista imperante en la región metropolitana. El conflicto con Colony Park parece ser un momento clave en este cambio de percepción, no solo entre les directamente afectades, sino entre les diverses activistas isleñes (Astelarra, 2017; Halpin, 2021b). A su vez, el aislamiento social preventivo en la pandemia marcó otro hito importante, pues obligó y posibilitó la consolidación de los diferentes circuitos de comercialización hacia el interior de las islas.

Hay un marcado intento por generar alternativas laborales o productivas locales frente a las propuestas y los ritmos que imponen la turistificación y el avance del extractivismo inmobiliario. Ambos procesos ejercen no solo una presión sobre la tierra, sino también en términos de reconversión productiva y social. En su lugar, hay una apuesta a la autonomía, al manejo de los propios tiempos y al trabajo en la propia unidad doméstica o sus cercanías. Les sujetes en cuestión producen en talleres domésticos, a baja escala y con bajo capital, empleando principalmente su propia mano de obra o la de sus familiares y allegades.

Ante las dificultades logísticas y de comercialización propias de este entorno geográfico particular y aislado, que, obviamente, se acrecientan cuando no se cuenta con una gran infraestructura o capital para afrontar dichas tareas, se apuesta a la asociación para enfrentar las diferentes adversidades y complejidades y la gestión colectiva de las iniciativas.

Por último, otro componente común que se constituye como horizonte político es la defensa y apuesta por el fortalecimiento del modo de vida isleño, lo que significa la generación de prácticas de producción y consumo que convivan con el humedal, a la par que visibilicen su existencia.

Reflexiones navegantes

En este trabajo hemos realizado un primer acercamiento y sistematización de estas experiencias para posibilitar su comparación. Consideramos pertinente comprender estos proyectos como resultantes del proceso de desreterritorialización, que dio lugar a nuevos fenómenos de hábitat y economía popular. Estos se pueden comprender, a su vez, asociados con apuestas por la consolidación de la soberanía alimentaria. Si bien los casos expuestos no son los únicos del delta, los componentes en común señalados los vuelven significativos.

A partir de la sistematización de estas experiencias y de otros trabajos de campo, una de las limitaciones más significativas con las que se encuentran estas apuestas familiares, colectivas y organizativas son las limitaciones impuestas por el contexto socioeconómico y político inestable, que no brinda apoyatura ni protección a estas experiencias.

Si bien en este trabajo no nos hemos centrado en describir y analizar las políticas públicas asociadas a la producción local, cabe mencionar que estas están orientadas a les medianes y grandes productores forestales, por ejemplo, o bien a la producción de autoconsumo. Las diferentes organizaciones reseñadas ponen de relieve la necesidad de políticas que apoyen la agricultura familiar, así como la generación de sistemas de comercialización y distribución acordes a estas, para el abastecimiento tanto local como regional. Por lo tanto, consideramos que la vacancia en las políticas destinadas a estos sectores es un aspecto sobre el que se debe seguir indagando.

Por otra parte, el incremento en los conflictos socioambientales (por ejemplo, avance de proyectos de barrios cerrados o con una modalidad similar, o turismo a gran escala) y la dificultad de acceso a la tierra son problemáticas que afectan directamente a la posibilidad de sostener los diferentes formatos de organización productiva. Como mencionamos, una característica de los nuevos usos de la ruralidad que se ha desarrollado fuertemente en la región es el fenómeno del turismo residencial: las segundas viviendas adquiridas por ciertos sectores urbanos para su recreativo en fines de semana o en el verano. La corta distancia con respecto al área metropolitana y la extensión de comodidades como la luz eléctrica y las redes de telefonía móvil e internet en las décadas recientes han convertido al delta de Tigre en un mercado codiciado para este fenómeno. Como derivado, el aumento del precio de la tierra y las viviendas a la par del proceso de turistificación es un importante factor de exclusión de las poblaciones que habitan el territorio.

De allí que algunas de estas organizaciones promuevan y propongan otro tipo de turismo asociado al turismo rural, comunitario y sustentable que respete la dinámica local.

En estos contextos adversos, nos resulta importante revalorizar estas experiencias por su apuesta al habitar permanentemente el humedal sin modificarlo, logrando producir y vivir en este espacio sin alterar sus dinámicas ecosistémicas. Ello conlleva desplegar las capacidades de reflexividad y adaptabilidad que implican las diferentes apuestas: la búsqueda de alternativas, ensayo/experimentación frente a los problemas emergentes, así como la adaptación a las situaciones de inestabilidad del contexto socioeconómico, político y ecológico actual. Remarcar la persistencia en sostener las actividades productivas y generar otros vínculos sociales que acerquen a les productores con les consumidores.

Comparten una relación de particular querencia con el entorno en donde viven. Por lo tanto, les productores han hecho de la sustentabilidad una marca distintiva tanto de sus emprendimientos como de los diferentes proyectos colectivos. La identidad isleña, la necesidad de generar mayores fuentes de trabajo dignas en las islas, y la sustentabilidad son justamente los ejes a partir de los cuales se exige acompañamiento a las autoridades estatales para un proyecto de desarrollo alternativo para la región.

Estas demandas no se construyen a partir de la nada, sino a partir de la propia experiencia particular del territorio y, también, de la articulación con otros movimientos sociales. Les productores conocen lo que el desarrollo turístico y forestal, en sus modalidades hegemónicas actuales, tienen para ofrecerles a sus territorios y habitantes. Como describimos, estos sujetos no están interesades en dichos modelos de “desarrollo”. Dichos formatos llevan décadas en la región, y ambos trajeron grandes oportunidades de crecimiento para unos pocos actores, mientras que generan vulnerabilidad y falta de autonomía para planificar sus vidas a la mayoría de los habitantes del delta.

Para finalizar, podemos comprender las reivindicaciones de estos colectivos en el marco de las disputas por la soberanía alimentaria, entendiendo a esta como una apuesta por generar un modo de producción de alimentos orientado a la satisfacción de las necesidades sociales, dirigida por el uso socialmente necesario para la reproducción de la vida. En otras palabras: la apuesta por una economía que no divide el espacio de producción de alimentos y el de su consumo. De modo que la soberanía alimentaria implica volver a unir estas dos “etapas” del proceso de producción de alimentos al enfatizar en la posibilidad de decidir sobre el modo de producción y los destinatarios de esta, y al consolidar un modo de organización de la producción y el hábitat vinculado a los ciclos naturales, es decir, agroecológico o sustentable.

En sintonía con los movimientos de la agricultura familiar y la economía popular, exigen reconocimiento y apoyo como actores económicos particulares e importantes. Consideran que su pequeña escala es una virtud en cuanto a consideraciones ambientales y, a partir de allí, refuerzan sus demandas de apoyo, en sintonía con la ambientalización de los conflictos sociales (Lopes, 2006). Esta disputa –que recupera saberes y prácticas tradicionales de la localidad, que pelea por la defensa de modos de vida alternativos a los proyectos hegemónicos de desarrollo impuestos desde fuera de la región, que se articula con nuevos movimientos sociales– puede ser considerada parte de lo que Escobar llama “luchas basadas en lugares” (Escobar, 2010b) y catalogada como una experiencia de posdesarrollo o desarrollo alternativo.

Bibliografía

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