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Ciclo de protesta y ciclo hidrosocial

Veinte años de pesca fluvial en la provincia
de Santa Fe (2001-2022)

Lisandro Arelovich[1], Diego Roldán[2] y Marcos Urcola[3]

Introducción

La pesca artesanal puede enmarcarse como actividad económica tanto bajo el paraguas de la agricultura familiar (Castillo et al., 2019), como de la economía popular, ya que ambas poseen características comunes y otras específicas. Las diferencias radican en los rasgos ecoterritoriales que configuran la pesca artesanal. Por un lado, se trata de un ecosistema de humedal con sus peculiaridades biológicas-ecosistémicas y, por otro, es un bien común, público y estratégico, ya sea tanto los peces como el territorio hidrosocial en el que se desarrolla la actividad.

Para la pesca fluvial del Paraná, que constituye nuestro caso de estudio, el territorio pesquero se encuentra bajo procesos históricos de transformación que son de escala global y local. Entre ellos cabe mencionar la planificación urbana neoliberal (Janoschka e Hidalgo, 2014; Arboleda, 2021), el proceso de inserción en las cadenas de valor globales que se expresa en el gigantismo de los buques transoceánicos y las terminales portuarias (Martner Peyrelongue, 2010), la pérdida de especies migratorias de agua dulce (Minotti, 2010) y el cambio climático. En el plano del proceso histórico local, las variaciones más relevantes han sido la aparición, en la década de 1980 y 1990, de las empresas frigoríficas y la flexibilización de las restricciones a las exportaciones de pescado de río, comercio del que participan los frigoríficos como agentes claves de la intermediación (Boivin, Rosato y Balbi, 2008).

En este contexto, hay dos ejes que han motorizado la organización de los pescadores. El primer momento-eje se configura con la aparición de los frigoríficos como un nuevo actor que organiza el trabajo de la pesca. Los frigoríficos, a través de su infraestructura y capacidad instalada (camiones refrigerados y cámaras de frío), vinculan la pesca con la demanda de los mercados de exportación y de ese modo han elevado la presión sobre los recursos ictícolas. Estas industrias de extracción organizan su producción a través del trabajo de los pescadores, a quienes compran sus capturas a precios fijados de manera unilateral por su capacidad de conservación del pescado.

El segundo momento-eje de la organización de los pescadores se vincula con la generación de normativas específicas, desarrolladas a partir de la ley provincial de pesca, y que apuntan a atenuar la presión ejercida sobre el recurso ictícola a partir de las actividades de exportación de los frigoríficos. Frente al impedimento o a la reducción de los días de salir a pescar al río, los pescadores son censados y empadronados por entes públicos provinciales y comunales con el objetivo de confeccionar un padrón de beneficiarios para un subsidio por la veda. A partir de este proceso de interacción entre el Estado y los pescadores, se inician varias experiencias asociativas. En este segundo momento histórico, los pescadores se organizaron frente a un Estado que muestra una presencia regulatoria más activa y mayores niveles de proximidad.

Buscamos enlazar este análisis de los ciclos de protestas a otras dimensiones analíticas como la perspectiva de los ciclos hidrológicos y el ciclo hidrosocial con el objetivo de pensar las percepciones socioambientales de los pulsos de agua, la apropiación de los bienes comunes y las transformaciones en las relaciones de capital, territorio y poder (Boelens et al., 2017).

En resumen, en este trabajo analizamos de forma combinada los ciclos de protesta de los pescadores artesanales de la provincia de Santa Fe durante el período 2001-2022 y sus vínculos con los ciclos hidrológicos y las dinámicas estatales. Especialmente, nos interesa mostrar las correlaciones entre las interpretaciones acerca del riesgo de agotamiento de los recursos ictícolas y la conflictividad pesquera durante los períodos de variación hidrológica conocidos como “bajantes” y “crecientes”. Los conflictos pesqueros en la provincia de Santa Fe resultan un componente generativo decisivo en la percepción-discusión sobre la sobreexplotación y la escasez del recurso ictícola en el futuro del delta.

Categorías y dimensiones de análisis

Analizaremos el proceso comprendido entre los años 2001 y 2022, ya que en este período acontecen los cambios en las políticas públicas pesqueras provinciales y la acción colectiva de los pescadores artesanales. Las dimensiones de análisis elegidas son la reglamentación pesquera, la conflictividad pesquera y las variables hidrológicas. Las categorías analíticas centrales para estas dimensiones de análisis son los ya mencionados “ciclo de protesta” y “ciclo hidrosocial”. Las fuentes de información consisten en la lectura e interpretación de una serie compuesta por 296 notas periodísticas de los dos periódicos más representativos de la provincia de Santa Fe, La Capital de Rosario y El Litoral de Santa Fe, que abarcan desde 2001 hasta 2022, y la realización de una decena de entrevistas en profundidad con pescadores artesanales de la provincia de Santa Fe, en las ciudades de Rosario, Santa Fe (capital) y Puerto Gaboto.

Categorías analíticas: ciclo de protesta y ciclo hidrosocial

El ciclo de protestas ha sido conceptualizado por Tarrow (2011) como una coyuntura de intensificación de los conflictos y la confrontación social, en la que se difunden la acción y la movilización colectivas, se producen variaciones en las formas de confrontación, se recombinan los marcos de la acción colectiva organizada y no organizada, y la interacción entre disidentes y autoridades se intensifica. El conflicto es constituyente de las relaciones sociales, dado que produce orden y genera sociabilidades. Según Merlinsky (2013), la manifestación de un conflicto es consecuencia de una demanda que instala un nuevo problema en el espacio público. Específicamente, el conflicto pesquero está delimitado por un conjunto de disputas en torno al recurso pesquero. Frente a él, hay una multiplicidad de manifestaciones sociales, como declaraciones públicas en medios de comunicación, pedidos de audiencia a funcionarios públicos, concentración en espacios públicos (plazas, calles, etc.), protestas frente a organismos públicos y dependencias oficiales, cortes de rutas y puentes, entre otros.

El concepto de “ciclo hidrosocial” constituye una complejización de la noción de “ciclo hidrológico”. Se interesa por restituir la complejidad y multiplicidad de las agencias y de las escalas de intervención y las relaciones de poder que intersecan las dimensiones materiales y simbólicas de la apropiación, la distribución y el acceso al agua, a los cuerpos de agua y a los recursos hídricos (Swyngedouw, 2004 y 2009; Linton y Budds, 2014). Como fuente utilizaremos los datos hidrométricos y sus variaciones, pero en este trabajo no analizaremos los elementos que los biólogos pesqueros adjudican a los cambios desde la hidroecología y su afectación sobre el recurso ictícola (cría, desove, capturas, migración, interconectividad aluvial, etc.). El interés aquí se enfoca tanto en las consecuencias biofísicas e hidroecológicas, así como en las interpretaciones que diferentes actores realizan sobre las crecientes y bajantes. Esta conjunción entre materialidad e interpretación se transforma en discursos y acciones que desencadenan en políticas públicas y un repertorio de acciones colectivas.

Dimensiones de análisis: reglamentación pesquera, conflictividad pesquera y variables hidrométricas

“Reglamentación pesquera” se refiere a las leyes que afectan a las actividades de pesca en la provincia de Santa Fe y recorren un arco temporal amplio que se inició en 2003. En nuestro trabajo reparamos en la Ley n.º 12.212 de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros (Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 2003), cuyo objetivo era garantizar la conservación y la sustentabilidad de los recursos pesqueros estableciendo regulaciones sobre las capturas y las actividades de comercialización. Posteriormente (2005), se desarrollaron algunas modificaciones menores a esta ley sobre los volúmenes de extracción. En materia de legislación pesquera, el punto de quiebre lo establece la ley que reglamenta la veda en los meses de noviembre, diciembre y enero a partir del 1.º de enero de 2007 (Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 2007). Esta legislación, habilitada por la normativa anterior (Ley n.º 12.212), generó, antes de su sanción y luego de sancionada, fuertes tensiones entre el sector pesquero, que resultaron en la organización y movilización de los pescadores y la producción de una serie de interacciones diversas de estos grupos con las distintas dependencias públicas para fijar el monto de los subsidios y el padrón de beneficiarios. Posteriormente, en 2012, una nueva normativa dejó sin efecto la continuidad de la veda pesquera y transformó, en el mediano plazo, las lógicas de interacción entre el Estado provincial y los pescadores artesanales, lo que generó una diversificación de las asociaciones, las representaciones y las políticas públicas orientadas al sector (Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 2012). Este ciclo legislativo tiene una incidencia importante en las condiciones en las que se desarrolla el ciclo de protestas, y, a su vez, su producción está inducida por las interpretaciones y presiones de algunos actores alrededor de la explotación industrial exportadora del recurso y los efectos de los ciclos hidrológicos sobre las condiciones de reproducción del sábalo.

Conflictividad pesquera” implica los intereses y las tensiones que movilizan el accionar de distintos actores en torno al recurso pesquero. Las diversas expresiones de la acción colectiva y la protesta social son la manifestación más evidente de estos conflictos. Este tema ya fue abordado en trabajos previos (Roldán y Urcola, 2022). Podemos categorizar los conflictos entre una serie de actores claramente identificables: pescadores artesanales, frigoríficos, Estado provincial, Estados locales (comunas o municipios), ONG ambientalistas, emprendedores turísticos, pescadores deportivos y biólogos pesqueros. El grado de conflictualidad y convivencialidad de estos actores puede variar a lo largo de los años analizados en función de los reordenamientos de intereses. Así, como se verá, los frigoríficos pueden coincidir con algunos pescadores en sus reivindicaciones y oponerse a otros actores que coinciden y se agrupan en su reclamo, como pueden ser los biólogos, los ambientalistas y los pescadores deportivos. En otros momentos, los pescadores artesanales y los ambientalistas pueden alinearse en sus intereses y en su oposición al Estado provincial, los biólogos pesqueros y los frigoríficos. Y, a su vez, puede haber diferentes posturas al interior de los grupos de pescadores, al interior de los biólogos pesqueros, así como de los diferentes niveles del Estado.

Por otro lado, las variables hidrométricas e hidroecológicas dan cuenta de las características ecoterritoriales en su relación con los pulsos de crecidas y bajantes del humedal del río Paraná (Baigún, Minotti y Oldani, 2013). La variación en la altura del río, la estación del año y la permanencia en el tiempo de estas variaciones repercuten en lo inmediato sobre las estrategias de las artes de pesca empleadas por los pescadores.[4] En rasgos generales, se puede afirmar que, cuando el río está bajo, los pescadores del canal principal (que son la mayoría en la provincia de Santa Fe) aumentan las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE), y según la intensidad esto puede motorizar a otros sectores a reclamar al Estado provincial que tome medidas precautorias de preservación del recurso pesquero. El río bajo (dimensión hidrométrica) moviliza a diversos actores: biólogos pesqueros, ONG ambientales, pescadores deportivos y del sector turismo, entre otros (conflictividad pesquera socioambiental) que interpelan al Estado provincial. Este responde ante el reclamo con cambios en las políticas públicas (Dimensión de la reglamentación pesquera) que son la causa principal de la historia reciente que moviliza y organiza a los pescadores artesanales de Santa Fe.

El ciclo de la protesta pesquera en la provincia de Santa Fe (2001-2021)

Entre 2001 y 2021, el ciclo de protestas pesqueras en la provincia de Santa Fe se estructuró y desarrolló al calor de las discusiones sobre la reglamentación e implementación de una ley de veda pesquera. El Estado (en sus diferentes niveles) ha oficiado como “arena política” para la disputa de intereses y como actor a través de sus agencias y funcionarios específicos. El desarrollo incremental de este conflicto permite observar la centralidad que comenzaron a mostrar los pescadores y sus organizaciones como actores colectivos.

Siguiendo el eje de la veda pesquera, puede dividirse la periodización en tres subperíodos: preveda (2001-2005), veda (2006-2012) y posveda (2013-2018). Y un último subperíodo sobre la coyuntura actual de veda parcial (2019-2022). Durante la implementación de la veda, se registra la mayor conflictividad y riqueza para comprender a los “pescadores artesanales” como actores colectivos emergentes y sujetos de la política pública.

El período de la preveda (2001-2005)

Se caracterizó por conflictos y debates en los medios de comunicación para presionar a los organismos estatales para que regularan la explotación ictícola. Dichos enfrentamientos se generaron entre organizaciones ambientales y emprendedores turísticos (vinculados a la pesca deportiva), por un lado, y frigoríficos pesqueros, el Sindicato de Pescadores de Santa Fe (SI.PE.SA., con sede en la localidad de Gaboto) y presidentes comunales del centro y norte provincial (donde están radicados estos frigoríficos y comunidades de pescadores), por otro.

Preocupados por la depredación del recurso ictícola y avalados por las agencias estatales provinciales de medio ambiente, los sectores ambientalistas y conservacionistas propusieron la necesidad de una ley y una veda pesqueras que permitieran la preservación del recurso ictícola. Para estos actores, las comunidades de pescadores eran perjudicadas por los frigoríficos. En cambio, los representantes de los frigoríficos y el SI.PE.SA. sostuvieron que la veda ocasionaría efectos perjudiciales para el sector pesquero y la estabilidad laboral de los pescadores. Los presidentes comunales asumieron la mediación entre pescadores y gobierno provincial y entre pescadores y frigoríficos. Eran partidarios de la instalación de frigoríficos en sus localidades y de mejora en las condiciones de trabajo de los pescadores, a la vez que se enfrentaban a los “lobbies ambientales”, conducidos por las ONG y la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe.

La voz de los pescadores no aparecía claramente representada. Los referentes del SI.PE.SA. aseguraban representar a todos los pescadores del río al defender su derecho al trabajo y a la comercialización de su producción a los frigoríficos. Las organizaciones ambientales sostuvieron que la acción predatoria del recurso que desarrollaban los frigoríficos perjudicaba a las comunidades de pescadores, sumándolos a la causa de los emprendedores turísticos que promovían la pesca deportiva. Asimismo, algunos referentes de las comunidades de pescadores del sur de la provincia (Rosario) se reconocían como pescadores tradicionales y no se identificaban con los reclamos de SI.PE.SA. y los frigoríficos.

Con la sanción de ley de pesca n.º 12.212, en diciembre de 2003, se generaron una serie de disputas y discusiones alrededor de la reglamentación y aplicación de la ley: respecto a los alcances y las medidas vinculadas con la veda pesquera, y acerca de la necesidad de acuerdos con otras provincias que comparten el recurso ictícola (Entre Ríos). Desplegadas en la arena política legislativa, cobraron relevancia las declaraciones de diputados y senadores que representaban a sus partidos, pero también a los pobladores (pescadores) y jefes comunales de los departamentos y las localidades. Asimismo, con el cambio de gobierno provincial, aún dentro del mismo signo político, se concedió otro rol al secretario de Medio Ambiente. Mientras que en la gestión anterior asumió una posición referenciada con los emprendedores turísticos y las organizaciones de pesca deportiva y ambientalistas, el nuevo secretario aparecía como un mediador entre las posiciones ambientales-conservacionistas y la de los frigoríficos y pescadores.

Tras largas y tensas discusiones, la ley fue reglamentada en 2006 en el ámbito legislativo, aunque luego fue vetada por el Ejecutivo. En 2007, el gobernador resolvió el conflicto a través de un acuerdo interprovincial y la participación del gobierno nacional, que estableció el cierre de las exportaciones durante el período de la veda por noventa días.

El período de veda (2006-2012)

Con la sanción de la ley n.º 12.703, se abrió el período de veda y de mayor conflictividad que perduró hasta su derogación en 2012. Con la veda, los grupos conservacionistas abandonaron el debate público. Las pujas se produjeron entre el Estado y los frigoríficos por los cupos de exportación y entre las organizaciones de pescadores y el Estado alrededor de la inclusión/exclusión de pescadores en el padrón y sobre los montos del subsidio que percibirían durante el período de veda. El padrón fue restringido a los pescadores definidos como “artesanales” por la ley provincial n.º 12.212, hecho que promovió la identificación de los pescadores y sus organizaciones bajo esta categoría. En 2007 cambió el signo político del gobierno provincial. La nueva administración promovió el diálogo, y la gestión de la cuestión pesquera se desplazó de la cartera de Medio Ambiente al Ministerio de la Producción y la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero.

El sindicato y otras organizaciones comenzaron a recurrir a los cortes de ruta como estrategia de movilización y presión política. La veda, el padrón y el subsidio generaron un amplio efecto de movilización por parte de los pescadores que fue encabezado y capitalizado por el titular del SI.PE.SA. Juan Carlos Billarreal se convirtió en el referente de la hasta entonces única organización de pescadores con trayectoria y reconocimiento. Sin embargo, la dinámica de la organización lo trascendió e impulsó otros procesos organizacionales y la emergencia de otros referentes. El conflicto habilitó la intervención de los jefes comunales, que fomentaron la organización de los pescadores de sus localidades y evitaron la cooptación del padrón por parte del sindicato, promoviendo la inclusión de “sus pescadores”.

Cuatro organizaciones participaron del diálogo político y las protestas con cortes de rutas y puentes: el SI.PE.SA., la Asociación Civil de Pescadores de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Pescadores Unidos y la Asociación Pescadores del Norte. Oscar Sambucetti se constituyó en el representante y vocero de estas tres organizaciones que actuaban de modo coordinado y contaban con el apoyo de jefes comunales. También se enfrentaban al SI.PE.SA. y a la figura de Billarreal.

En 2009 se incrementó la conflictividad entre organizaciones de pescadores y el gobierno provincial y entre las propias organizaciones de pescadores con enfrentamientos discursivos en los medios de comunicación y episodios de violencia en las puertas del Ministerio de la Producción. Las dos facciones reclamaron el incremento del subsidio y la declaración de la “emergencia pesquera” por la bajante del río Paraná. A pesar de estas coincidencias, realizaron manifestaciones en puntos diferentes de la provincia y se acusaron recíprocamente de no representar los intereses de los pescadores.

La escalada de violencia concitó la intervención de fuerzas de seguridad provincial y nacional (gendarmería) para evitar cortes en los puentes de circulación internacional. Se produjeron episodios de represión, enfrentamientos entre organizaciones de pescadores y amenazas a funcionarios del gobierno provincial. Con el surgimiento de las nuevas organizaciones, el titular del SI.PE.SA. observó el declive de su predicamento sobre las bases, y paralelamente los frigoríficos afirmaron no aprobar sus métodos de protesta. Las nuevas organizaciones de pescadores se autodenominaban “independientes” y realizaban acciones públicas menos confrontativas que el sindicato. Con el objetivo de diferenciarse, entregaban petitorios y volantes sin cortar la ruta, aunque poco después emplearon los mismos métodos del SI.PE.SA.

En 2010, el Estado provincial procuró formalizar la cadena de comercialización pesquera. Se desarrollaron procedimientos de inspección y pedidos de informes a los frigoríficos, el otorgamiento de licencias de pesca y comercialización a pescadores y la adjudicación de cupos de exportación a las organizaciones de pescadores. Esta última medida ocasionó conflictos y dividió a las organizaciones. El SI.PE.SA. no protagonizó acciones contenciosas de relevancia durante 2010, y la Asociación de Pescadores Unidos acusó al Estado provincial de entregarle los cupos de exportación al sindicato. Finalmente, se constituyó una mesa de negociación con referentes de todas las organizaciones y se creó un Padrón de Organizaciones de Trabajadores del Río reconocidas por la provincia. El objetivo de este padrón consistía en que la venta a los frigoríficos se realizara a través de los puertos de fiscalización con presencia de las organizaciones de pescadores en la negociación de precios y con la participación de las autoridades de las comunas y los municipios donde se localizaran los puertos.

El período de posveda (2013-2018)

El decreto n.° 4.001 del Ejecutivo provincial derogó la veda pesquera en diciembre de 2012. En este nuevo escenario, los pescadores reclamaron la reinstauración de la veda y pidieron nuevas ayudas económicas para los pescadores y sus familias. Al derogarse la veda, los conflictos salieron de la esfera del Ministerio de la Producción para trasladarse al de Desarrollo Social. Se desplegaron una serie de acampes frente a dicho ministerio y cortes de la ruta n.° 168 y el Puente Oroño conducidos por la Asociación de Pescadores de Alto Verde y la Asociación Moncho Lucero (ambas radicadas en la ciudad capital). Jesús Pérez y Ana María Lucero aparecieron como voceros de los pescadores ante los medios de comunicación y los funcionarios provinciales. Más allá de estos episodios, durante el período de posveda los conflictos resultaron escasos, tanto en cantidad como en intensidad. Hubo una apertura de los canales de diálogo entre el Estado provincial y los entes comunales a través de apoyos económicos para cooperativas y emprendimientos de pescadores.[5]

Coyuntura actual de veda parcial (2019-2022)

Es importante señalar que este último no puede ser comprendido como un período analítico en el mismo sentido que los anteriores. El período 2019-2022 se incorpora como un período abierto y marcado por la coyuntura, cuyo análisis nos permite comprender y reinterpretar el pasado reciente y reflexionar, a la vez, sobre “lo que acontece”. En nuestra secuencia histórica, este acontecimiento se configura a partir de la combinación de dos factores que derivarán en un nuevo intento de instalación de una veda pesquera y una nueva movilización contenciosa de los pescadores: la bajante extraordinaria del río Paraná y la pandemia por COVID-19.

En efecto, entre 2019 y 2020, reaparecieron los conflictos y la crisis pesquera engendrada por la bajante extraordinaria del río Paraná y el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia por COVID-19. Al culminar 2019, la Asociación de Pescadores de Alto Verde y otras organizaciones del sur santafesino realizaron cortes y protestas para reclamar la declaración de la emergencia pesquera y subsidios. Los pescadores enmarcan la declaración de la emergencia pesquera con un discurso ambiental o conservacionista que advierte sobre la depredación del recurso ictícola y la necesidad de asistencia económica a través de subsidios. El diálogo político retornó al Ministerio de la Producción, y Jesús Pérez se convirtió en uno de sus interlocutores mediáticos durante las protestas, que trascienden su asociación y consiguen articular y movilizar a otras organizaciones en toda la provincia.

En los últimos días del 2020, en plena pandemia, se expidió un fallo judicial de primera instancia de la ciudad de Rosario, que habilitó una medida cautelar presentada por referentes de organizaciones ambientales para declarar nuevamente la veda pesquera y proteger la fauna ictícola frente al contexto de la bajante histórica del río Paraná. Este fallo (que solo incluía la restricción pesquera sin subsidios) generó un inmediato repudio de las organizaciones y comunidades de pescadores, que se manifestaron a través de cortes de ruta que afectaron a toda la provincia y sus localidades (Rosario, Santa Fe, Reconquista, San Javier, Romang, Alejandra, etc.). Estas protestas se trasladaron al primer mes del año 2021 y obligaron a la intervención del Estado provincial, que consiguió revertir el fallo a través de una resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó una veda parcial.

Estos acontecimientos parecen reeditar la disputa primigenia del período de preveda (2001-2005) entre organizaciones ambientales de tipo conservacionista y quienes trabajan en el río (pescadores y frigoríficos) explotando el recurso ictícola. El retorno de las discusiones alrededor de la aplicación de una veda pesquera quizás esté señalando el comienzo de un nuevo ciclo de protestas. No obstante, la rápida y articulada capacidad de movilización que han mostrado los pescadores de la provincia evidencia un ciclo que, de reeditarse, cuenta con un actor colectivo que no existía antes o que tenía un bajo nivel organizacional y escasa capacidad de plantear sus demandas y defender sus intereses específicos.

Cronología del ciclo hidrosocial: variación hidrométrica y protestas

Cuando se analizan las condiciones de posibilidad para la acción colectiva, en el caso de la pesca artesanal, hay un factor, no menor, que son las variaciones hidrométricas (crecidas y bajantes). En el apartado anterior, propusimos una periodización del ciclo de protesta de los pescadores artesanales utilizando como eje articulador a las políticas públicas de veda y todas las consecuencias derivadas de ellas. A continuación, analizaremos dicho ciclo de protesta, pero con la superposición analítica del ciclo hidrométrico y, por lo tanto, del ciclo hidrosocial, que es la herramienta analítica utilizada para evitar los reduccionismos ecosistémicos-biologicistas o la causalidad biofísica.

Las mayores crecidas del Paraná de las cuales se tienen registros, desde inicios del siglo xx, fueron la ocurrida en el año 1983 (pico de 6.17 en el hidrómetro de Rosario) y la del año 1998 (pico de 6.44 en el hidrómetro de Rosario). Las bajantes más importantes fueron las de los años 1944-1945 (pico de -1.39 en el hidrómetro de Rosario) y los años 1968-1971 (pico de -0.82 en el hidrómetro de Rosario). Las crecidas importantes en el río Paraná son coincidentes con el fenómeno climático de El Niño. La pregunta central, en el contexto de este trabajo, refiere a lo ocurrido con los pulsos del río Paraná durante las primeras dos décadas del nuevo milenio, y cuál fue su implicancia en el ciclo de protestas de los pescadores artesanales.

Desde el punto de vista hídrico más técnico, los pulsos de agua no refieren solamente a las variables de altura mensurable verticalmente o el volumen del caudal. La altura se suele denominar “intensidad” y refiere a la magnitud, que también puede ser expresada en metros cúbicos de caudal. Pero, a su vez, son relevantes la frecuencia o recurrencia, la desviación respecto de la media, la máxima y la mínima, la amplitud o duración, así como también la estacionalidad. Es la conjunción de estos elementos, con base en las mediciones promedio, máximas y mínimas registradas en el hidrómetro de Rosario, junto con la cobertura mediática, lo que hemos traducido en tres ciclos bien diferenciados.

Ciclo de aguas bajas, 2004-2009

Se produjo un período con predominio de aguas bajas. Con picos que llegaron a 1 metro en el hidrómetro de Rosario, fue un hecho noticiable en 2008 por los medios de comunicación locales y nacionales. Se trató de los indicadores mínimos registrados desde la bajante de 1968-1971. Este período es coincidente con el aumento de la producción ganadera en las islas y con los episodios de incendios, principalmente en el año 2008, lo cual disparó la movilización de grupos ambientalistas que escaló en conflictos, y su visibilidad dio lugar a la generación de políticas públicas, específicamente la creación de Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).[6] Sin embargo, durante este periodo de aguas bajas, ocurrió un evento breve de crecida extraordinaria a comienzos del año 2007. El hecho generó la muerte por ahogamiento de miles de cabezas de ganado y la evacuación de centenas de personas. Esto lo convirtió en un evento con cobertura mediática de diarios locales y nacionales. En 2010 ocurrió una crecida importante, que adquirió cierta notoriedad y jerarquía como hecho noticiable.

Ciclo de aguas altas, 2014-2018

Se caracteriza por episodios de crecidas, con un pico que llegó a los 5,54 metros para el puerto de Rosario. Durante el mes de junio de 2014 particularmente, la crecida del río Paraná provocó inundaciones en diferentes puntos del litoral argentino. Esta situación se vio agravada debido al fenómeno de El Niño, el cual acrecentó las precipitaciones intensas durante el invierno de 2014, influyendo notablemente en estos sucesos, por lo cual se dio una situación similar a la ocurrida en junio de 2013. Para finales de 2015 e inicios de 2016, la crecida y los daños por inundación fueron hechos noticiables y de gran cobertura mediática para los diferentes diarios locales y nacionales. En 2016 el hidrómetro de Rosario registró una máxima de 5,54 metros. A esto se sumaron precipitaciones extraordinarias que desbordaron el río Salado, un afluente del Paraná, lo cual provocó una inundación de enormes afectaciones en la ciudad de Santa Fe.

Ciclo de aguas muy bajas, 2019 y continúa

Hacia finales del año 2019, se produjo una bajante de gran notoriedad, la cual se extendió a lo largo de todo el 2020 y el 2021, y, durante lo que va del año 2022, comenzó a repuntar. Los picos perforaron el piso de la bajante registrada en el año 1971, y alcanzaron las mínimas del año 1944. El hecho adquirió una enorme notoriedad pública con amplia cobertura mediática. El contexto pandémico en sus inicios y la escala de los incendios ocurridos durante la bajante movilizaron a gran parte de la ciudadanía. Esta multiplicidad de factores son la condición de posibilidad para que ocurriera la movilización ambiental más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. El hito es la movilización del día 1 de agosto del 2020, en la cual 3.000 personas se congregaron en el puente Rosario-Victoria.

Análisis de una protesta social en clave hidrosocial

Como hemos mencionado anteriormente, la superposición entre ciclos de protestas y ciclos hidrológicos no pretende hallar una necesaria causalidad entre el actante (Latour, 2008) río bajo o río alto y los otros actores sociales. El hecho de establecer una correspondencia posibilita elaborar un análisis del conflicto más complejo y profundo sin apelar a reduccionismos ecológicos ni sociológicos, sino procurando construir un verdadero ensamble hidrosocial.

En términos de vinculaciones generales sobre el período analizado, podemos sugerir que las vedas coinciden con ciclos de aguas bajas consolidadas, así como la posveda lo hace con un período de aguas altas. Las aguas bajas motorizan la preocupación de biólogos y ambientalistas, y las aguas altas generan problemas entre los pescadores, tales como la reducción en el volumen de capturas o la afectación en algunos barrios de pescadores. Sin embargo, estos momentos no son motivos de alerta para biólogos pesqueros, ambientalistas o el Estado provincial. En ese marco, las problemáticas de los pescadores, en el mejor de los casos, se desplazan hacia las agencias de desarrollo social.

Estas generalidades no son significativas en lo que respecta a la comprensión del fenómeno; por ello el paso analítico superador es abordar en mayor grado de detalle una protesta social puntual en clave hidrosocial. En este sentido, la protesta acontecida en la localidad de Puerto Gaboto en abril de 2022 es ilustrativa. Para ello, deben mencionarse dos cuestiones.

Por un lado, que el ciclo de aguas muy bajas se inició como hecho noticiable en el mes de agosto de 2020 con la marcha de los ambientalistas por la situación crítica del río Paraná (bajante e incendios en las islas), con la medida cautelar impulsada por ambientalistas que solicitaron al Estado provincial la veda total a fines de diciembre del mismo año, y con la resolución que fijó la veda parcial para los días lunes y viernes (sumados a los ya prohibidos sábados, domingos y feriados) en enero de 2021.

Por otro lado, es necesario recordar un hecho que ya fue mencionado en este trabajo y que refiere a las características de la pesca cuando el río está bajo. Los pescadores en contexto de aguas bajas logran mayor cantidad de capturas que con el río alto. Esto es un hecho que explican los biólogos pesqueros y que los pescadores también reconocen. La pregunta es: ¿se captura más durante qué período de tiempo y en dónde? La respuesta es aproximativa pero simple en lo que refiere a la diferencia entre los pescadores que trabajan en el cauce principal y los que lo hacen en la llanura aluvial. Los pescadores que lo hacen en el cauce principal o riachos subsidiarios que mantienen la conectividad con este lograrán mayores capturas por un lapso superior a los que lo hacen en los ríos, los riachos y las lagunas de la llanura aluvial que perdieron o redujeron el porcentaje de conectividad con el cauce principal.

Teniendo en cuenta estos aspectos, durante el periodo de aguas bajas, se puede advertir que los pescadores de Puerto Gaboto (localidad del centro de la provincia de Santa Fe) mantienen un volumen de capturas con fluctuaciones normales, pero con las ventajas propias de una situación de bajante que se mantiene durante todo el período. Se trata de pescadores que sostienen la conexión hídrica con el cauce principal. En cambio, los pescadores de Victoria (localidad de la provincia de Entre Ríos) conservan el volumen de capturas con las fluctuaciones normales y con las ventajas propias de una situación de bajante, pero, a diferencia de los pescadores de Puerto Gaboto, sobre el final del período de bajante, los volúmenes de capturas comienzan a menguar. Los frigoríficos de la localidad de Victoria saben que, del otro lado del río, en la provincia de Santa Fe, los pescadores obtienen mayores volúmenes de captura. En busca de abastecerse de las capturas de los pescadores de Santa Fe, los frigoríficos de Entre Ríos están dispuestos a competir en precio con los de esa provincia que asumen un comportamiento oligopólico en la fijación de precios. A su vez, los pescadores de Santa Fe tienen el problema de la veda parcial (solo se les permite pescar los días martes, miércoles y jueves). Por lo cual se ven reducidas sus jornadas laborales y, por lo tanto, el ingreso económico más importante de las familias de pescadores, que son las principales unidades económicas activas de este pequeño pueblo de pescadores analizado.

Los frigoríficos de Santa Fe, conociendo y amparándose en una legislación nacional vigente (Resolución SENASA n.° 110/93), coordinan con los organismos policiales de control para incautar y decomisar la venta que los pescadores realizan a los proveedores de los frigoríficos de la provincia de Entre Ríos.

Este proceso desencadena la protesta social de los pescadores de Puerto Gaboto, que tienen el apoyo de la presidenta de la comuna. La protesta se mediatiza bajo la frase que ocupa el titular y el cuerpo de noticia de diversos medios de comunicación: “Tiraron 17 mil kilos de pescado” (Rosario3, 27 de abril de 2022).

La prolongación de la bajante del río no es la causa de la protesta social de los pescadores en la localidad de Puerto Gaboto. La protesta de los pescadores es un efecto de la red de relaciones o el entramado de los actores-actantes que se retroalimentan. De esta manera, la permanencia del río por debajo de un nivel de caudal o altura aceptable para los actores durante cierto periodo es tan solo un catalizador de conflictos preexistentes.

Consideraciones finales

La conflictividad pesquera bajo estudio da cuenta de la complejidad con la que se han entrecruzado en la territorialidad costero-fluvial de la provincia de Santa Fe las identidades y experiencias vitales de las comunidades de pescadores con los intereses y las expectativas de otros actores sociales, ambientales, empresariales y gubernamentales.

El proceso bajo estudio muestra varios aspectos que vale la pena destacar. Por un lado, el papel del Estado nacional con la fijación de cupos de exportación, y del provincial con la declaración de la veda pesquera trimestral, que resultaron claves en la reconfiguración del conflicto en un contexto de limitación de la extracción del recurso pesquero. El estudio realizado permite observar cómo los pescadores santafesinos construyeron una acción colectiva contenciosa y cómo esta fue modulada a través de la intervención estatal y el diseño de políticas públicas basadas en el reconocimiento de derechos, la asignación de subsidios y el fomento de iniciativas productivas. En las recientes movilizaciones, los pescadores aparecen como un actor político más consolidado, con una voz propia, potenciales aliados ambientalistas y una capacidad de movilización coordinada en la escala provincial que antes no existía.

Por otro lado, los ciclos de protesta pesqueros aparecen enlazados con los ciclos hidrosociales que conectan la intensificación de las actividades pesqueras comerciales y las bajantes del Paraná con sus impactos en las tasas de captura y reproducción de la fauna ictícola, así como la interpretación-acción derivadas de esta. Así, cuando las aguas están estables, el ciclo de protesta tiende a la estabilidad. A diferencia de otros sectores de la economía popular y la agricultura familiar, el ciclo de protesta de los pescadores artesanales tiene la influencia del componente hídrico. Existe un importante componente ecoterritorial que merece novedosos abordajes desde la ecología política y particularmente a la luz de conceptos como el de los “ciclos hidrosociales” que deben transformarse, como proponemos en este trabajo, en herramientas analíticas y pasar, de este modo, de conceptos teóricos a conceptos operativos.

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  1. Grupo de Estudios en Política Pública, Ruralidad y Ambiente (GEPPRA), Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciones (FCPOLIT), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: lisandroarelovich@gmail.com.
  2. Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: diegrol@hotmail.com.
  3. Grupo de Estudios en Política Pública, Ruralidad y Ambiente (GEPPRA), Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciones (FCPOLIT), Universidad Nacional de Rosario (UNR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: murcola@hotmail.com.
  4. Los pescadores se mueven en canoas con esloras de entre 5 y 8 m, propulsadas mayoritariamente con motores fuera de borda de entre 40 y 60 HP. Para la pesca, en el canal principal se utilizan trasmallos de fondo de 100 a 200 m de longitud, 1,5 m de altura y 16 cm de malla estirada en el paño central; la captura se realiza en canchas preparadas para tal efecto, usando los trasmallos en la modalidad de deriva. En el valle aluvial, se utilizan estas mismas redes dispuestas en forma estacionaria, formando baterías que permanecen caladas durante la noche. También se utilizan espineles en el río y canales secundarios, que consisten en líneas de alambre con un centenar de anzuelos, cuyo tamaño y carnada varían de acuerdo a la especie objetivo (Espinach Ros y Delfino, 1993).
  5. A fines de 2018, sorprendió la noticia del asesinato del secretario general del SI.PE.SA., Juan Carlos Billarreal, en el marco de una discusión con uno de los trabajadores de su gremio. Este dirigente de gran relevancia en los contextos de preveda y de veda estaba debilitado y su poder fragmentado por la emergencia de nuevas organizaciones e interlocutores.
  6. Este se trata de un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná.


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