Otras publicaciones:

12-158t

12-2382t

Otras publicaciones:

9789877230017_frontcover

DT_Tirole_Navajas_13x20_OK1

Percepciones acerca de lo político y de la gestión de los conflictos por el acceso al río desde la mirada de isleños y pescadores artesanales en el sureste de Entre Ríos

Salomé Vuarant[1]

Introducción

Las reflexiones de este escrito surgen a partir de preguntas que se fueron generando durante el trabajo territorial que es producto de acciones y actividades enmarcadas dentro de un proyecto de extensión universitaria denominado “Tirando redes”[2], radicado en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Gualeguaychú, Argentina) y llevado a cabo durante el año 2022.

“Tirando redes” es una propuesta de extensión universitaria promovido por docentes y extensionistas de la Licenciatura en Nutrición que surgió con la finalidad de estimular el consumo de pescado de río en la alimentación y de concientizar sobre su alto valor nutricional. Asimismo, es un proyecto que trabaja interdisciplinariamente y busca tejer articulaciones entre los distintos sujetos y actores que forman parte de la cadena alimentaria con el propósito de fortalecer las economías locales y la soberanía alimentaria y diversificar la oferta gastronómica.

El interés por estudiar este caso surgió cuando, al realizar las primeras prácticas de manipulación de alimentos de pescado de río con estudiantes en el marco de este proyecto, resultó que no había oferta de pescado de río en la ciudad de Gualeguaychú. Por ende, nuestras reflexiones se localizan en la misma región donde tiene intervención este proyecto de extensión, esto es, en la región sureste de Entre Ríos, y principalmente incorpora las perspectivas de los/as pescadores/as artesanales de la ciudad de Gualeguaychú y parcialmente de los/as de Villa Paranacito (departamento Islas del Ibicuy).

En función de esta localización geográfica, cabe señalar las características que presentan los ríos en el sureste entrerriano. Mientras que en la ciudad de Gualeguaychú desemboca un brazo del río Gualeguay y se encuentra a orillas del río Uruguay en su tramo inferior, la localidad de Villa Paranacito se ubica en las islas del delta en una posición estratégica, en el sentido de que en esta región desembocan el río Paraná y afluentes del río Gualeguay y también se encuentra cercana al río Uruguay y particularmente muy próxima a la zona más ancha de este tramo inferior, la que desemboca en el Río de la Plata. En consecuencia, si bien por carretera la distancia que separa a Gualeguaychú de Villa Paranacito es de menos de 100 km, las particularidades de los ríos y afluentes en este tramo inferior de los ríos Paraná, Gualeguay y Uruguay posibilitan distintas prácticas en torno a la actividad de la pesca continental.

En estas páginas nos proponemos un doble objetivo, uno de carácter narrativo, y el otro, de carácter analítico[3]. En efecto, pretendemos, en primer lugar, poner el foco en un conflicto desencadenado en el mes de abril de 2022 a partir de la vigencia de una ordenanza emitida por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que prohibió la actividad de la pesca artesanal en los horarios nocturnos, lo cual generó una falta de oferta de pescado de río para el consumo local y una merma en los ingresos materiales de las familias que tienen al río como su principal sustento de vida, y afectó, particularmente, a la actividad de la pesca artesanal en la ciudad de Gualeguaychú.

En relación con este conflicto desencadenado por la aplicación de la medida regulativa n.° 410, nos interesa analizar qué perspectivas del sector de la pesca artesanal tienen las autoridades de control estatal y qué miradas tienen de lo político y de las normativas los/as pescadores/as artesanales del sureste de Entre Ríos. Por ende, nos motiva analizar aquellos mecanismos que tienen las comunidades pescadoras e isleñas de vincularse con lo estatal y lo político, y también analizar las estrategias de intervención que tienen los municipios y las autoridades de fiscalización para gestionar públicamente los conflictos territoriales.

En términos disciplinares, el estudio retoma un enfoque centrado fundamentalmente en las interpretaciones de la ciencia política, mientras que, en términos metodológicos, recurre a una estrategia de tipo cualitativa, en la que analizamos anuncios en prensa, entrevistas semiestructuradas, y normativas; y, a la vez, implementamos técnicas etnográficas tales como entrevistas abiertas, observación participante y metodologías de diagnóstico participativas.

Respecto de las metodologías de diagnóstico participativas, organizamos talleres de mapeos en distintas etapas del proyecto que involucraron a los/as diversos/as actores/as y sujetos participantes. El primero se llevó a cabo en la ciudad de Gualeguaychú en una etapa preparatoria a la salida al territorio. En este participaron estudiantes, docentes de la Licenciatura en Nutrición e integrantes del proyecto a modo de familiarizarse con la metodología de trabajo. El segundo taller correspondiente a una etapa situada se llevó a cabo en la Escuela n.° 4 Vicente López y Planes, en Villa Paranacito. En esta escuela trabajamos durante toda una jornada, y en distintos momentos del día incluimos actividades participativas entre las cuales se destacó el reconocimiento del territorio a partir de cartografiar las especies de peces que habitan en los arroyos, afluentes y ríos del sureste entrerriano. En este segundo taller, se sumaron niñas/os entre nivel inicial y sexto grado, docentes de la escuela, padres y madres de los/as niñas/os, pescadores/as artesanales que se acercaron hasta el lugar, representantes del área de bromatología de la Municipalidad de Villa Paranacito, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, miembros de la cooperativa gastronómica Tiempo de Sabores, docentes universitarios/as e integrantes del proyecto. Lo característico de este taller fue la horizontalidad en el trabajo y la circularidad del conocimiento que se construyó participativamente.

En cuanto a las secciones que estructuran este escrito, comenzaremos con una primera parte narrativa que presenta el inicio del conflicto y cuáles son las miradas sobre él. También recuperaremos la manera en que se llega a una resolución transitoria de este. En un segundo momento, pretendemos realizar un abordaje mayormente analítico por el cual arrojamos una primera explicación a este a partir del antagonismo entre la pesca artesanal y la comercial, y a la vez desenredamos en términos discursivos tanto la perspectiva estatal acerca del sector de la pesca artesanal, como las percepciones y los sentires de los/as pescadores/as artesanales en torno a las acciones estatales y de lo político. En esta sección analítica, incorporamos distintas perspectivas teóricas provenientes de la ciencia política, sociología política y antropología política para trazar puentes explicativos entre la teoría y un conflicto territorial por el acceso a los bienes comunes naturales. Finalmente, en la última sección, presentaremos las reflexiones y los debates finales que nos despierta este trabajo.

Sección narrativa

Inicio del conflicto

El 4 de abril de 2022, el periodista Hernán Cappiello escribió para La Nación un artículo que refiere al contrabando nocturno de pescado fluvial en el Río de la Plata. En esta nota involucró a pescadores/as artesanales de Entre Ríos y también a los dichos públicos de las autoridades de fiscalización.

En la referida publicación, el periodista denunció a pescadores/as clandestinos/as que practican la pesca de manera indiscriminada y que contrabandean al país vecino de Uruguay. Sostiene Cappiello: “Con el contrabando del pescado y el fernet a Uruguay sacan hasta 4.800 dólares en un solo día”. Y agrega:

El intercambio de dólares por el pescado y la bebida se produce en medio del río, frente a la boya Oyarbide, cerca de la Isla Martín García, otras veces directamente frente a la costa uruguaya, pero de este lado del canal, ante Nueva Palmira o Riachuelo, a cinco kilómetros de Colonia (Cappiello, 2022).

A raíz de esta denuncia y de un operativo que culminó con cuatro detenidos, la CARU aplicó una ordenanza en donde prohibió la pesca nocturna y también la navegación en altas horas de la noche. Simultáneamente, en los primeros meses del año 2022, se llevaron a cabo una serie de operativos de decomiso de toneladas de sábalos en la zona Paranacito, lo que también presionó políticamente para aplicar una sanción que regule un poco la pesca de tipo comercial[4]. La aplicación de la resolución n.° 410 afectó de manera negativa a los/as pescadores/as artesanales del sureste entrerriano (principalmente a los de Gualeguaychú) y más aún en semanas donde se apuntaba a obtener una diferencia económica por la cercanía con la Semana Santa. A su vez, hizo estallar un conflicto de intereses entre los/as pescadores/as comerciales que pescan para abastecer de sábalos a los/as acopiadores/as y los/as pescadores/as artesanales que pescan para proporcionar pescado de río al mercado local.

Miradas sobre el conflicto

“Queremos trabajar”

En la ciudad de Gualeguaychú, un grupo de pescadores/as autoconvocados/as realizaron a mediados de abril una marcha para protestar contra la medida dispuesta por la CARU. La marcha circuló desde la calle 3 de febrero, pasando por la calle Buenos Aires para llegar a Yrigoyen 75.

Uno de los pescadores artesanales de la ciudad, en comunicación con la radio R2820, expresó: “La Resolución 410 de CARU limita la pesca nocturna y la navegación en el río. Estamos de acuerdo en no navegar, pero necesitamos pescar”. Este pescador explicó: “La pesca artesanal se hace por la noche con redes caladas, no de día. Pedimos que nos dejen trabajar, es decir, calar al atardecer y levantar las redes a la mañana temprano”.

A la vez, denunció: “Somos 40 pescadores que hace una semana estamos sin trabajar. Esta movilización es para que vean que hay pescadores artesanales que en Gualeguaychú hace 50 años vivimos de la pesca”.

“Queremos trabajar” fue la consigna que se mantuvo de manera persistente en esta marcha.

A su vez, en un video sobre la marcha, varios pescadores de la ciudad presentaron su opinión. Por un lado, indicaron que en Semana Santa no hubo pescado de río en la ciudad para ofrecer por la propia normativa que emitieron, lo cual los impactó negativamente en sus niveles de ingresos económicos. Asimismo, cuestionaron el hecho de traer pescado de otros lugares de la provincia para comercializar dado que en la ciudad no hay oferta de pescado local. Al respecto, expresaron:

“Esta Semana Santa en la ciudad no hubo pescado por la misma resolución que nos pusieron”;

“Nos bajó en un 100 % los ingresos, no podemos salir a pescar”;

“En Gualeguaychú no hay pescado ahora, están trayendo pescado de Paraná”;

“Están privando al pueblerío de Gualeguaychú a comer una mercadería barata, que van a ir a comer asado con lo que sale el kilo. Entonces van contra del pueblo…”.

Por otro lado, destacan que, en general, los/as pescadores/as artesanales acatan los reglamentos de pesca, respetan las tallas permitidas, no van en contra del reglamento ni tampoco en contra de la preservación de los recursos ictícolas: “Se hace control estricto, es más, la CARU nos hizo control este año, y estábamos bien en la medida, mejor de lo que dice el reglamento. No queremos tampoco ir en contra del reglamento”.

Por último, en esta expresión del conflicto, también se pone en escena la propia identidad de los/as pescadores/as artesanales en comparación con otros tipos de capturas. Al respecto expresan: “No somos pescadores comerciales, somos pescadores artesanales que pescamos para abastecer la ciudad”.

“Es la actuación de los miembros de la Prefectura frente a los pescadores artesanales”

En cuanto a la reunión que acordó el grupo autoconvocado de pescadores/as artesanales con la viceintendenta del Municipio de Gualeguaychú, cabe destacar que, si bien la viceintendenta conoce a fondo la problemática de los/as pescadores/as artesanales, habiendo participado de proyectos en torno al mercado municipal con este sector desde el año 2016 a nivel local, no dio una respuesta inmediata, y pasó la responsabilidad al resto de las autoridades públicas que ocasionaron este conflicto, estas son: la CARU, por un lado, por la sanción de la medida, y a la Prefectura como autoridad de control y aplicación.

Podemos decir que, si bien fue una reunión donde se escuchó a los/as pescadores/as, se depositó la responsabilidad política en un lugar ajeno al poder municipal.

Provisoria resolución del conflicto

A finales del mes de abril, tras una conflictividad que se mantuvo durante casi un mes, llegó una resolución de la CARU que modificó la resolución anterior y apaciguó parcialmente el conflicto con los/as pescadores/as artesanales.

En efecto, fue en una reunión que mantuvieron las autoridades de la CARU con representantes municipales y legisladores/as provinciales donde se concluyó “que la pesca artesanal será permitida, pero no así la navegación”. De este modo, se le permitió a este sector calar redes de noche para no interrumpir su trabajo.

Sección analítica

Conflicto de intereses

Una explicación que encontramos a este conflicto por los accesos a los bienes naturales del río es la existencia de una contraposición de intereses entre la pesca artesanal y la pesca comercial con fines de exportación. Tal como insinuamos al inicio de este trabajo, los ríos Paraná, Gualeguay y Uruguay en sus tramos inferiores presentan ciertas particularidades que propician una diferenciación en las prácticas de pesca continental. De acuerdo con la información recabada mediante las metodologías de diagnóstico participativas, nos encontramos con que el tipo de pesca que se practica en Villa Paranacito no es igual al que se practica en Gualeguaychú. Mientras que la pesca que se practica en Villa Paranacito es artesanal-comercial, ligada al mercado de exportación, la de Gualeguaychú es artesanal, orientada al mercado interno.

En Villa Paranacito navegan con lanchas largas y altas con capacidad para cinco o seis personas en un bote. La unidad productiva, es decir, la embarcación, se organiza bajo una estructura de mando en la que se destaca la figura de un patrón de barco (pescador empleador) y la figura de peones de pesca (pescadores empleados). Presenta una organización similar a la de la pesca marítima. Bajo este sistema cada peón se lleva un porcentaje de los volúmenes de pesca capturados. La lógica que prevalece es que, mientras más se pesca, más se gana. Las ventas son para los acopiadores que recorren la zona. Uno es de la localidad de Victoria, el frigorífico y centro de acopio Epuyén. El segundo está “del otro lado” (Nueva Palmira, República Oriental del Uruguay).

La práctica de la pesca en Villa Paranacito se realiza con redes con cuadraditos muy pequeños, lo cual favorece una extracción a mayor escala. La técnica que emplean es la de “lanza”, esto significa que van navegando por las aguas profundas y usan ecosondas para identificar los cardúmenes de sábalos. Una vez que lo hacen, lanzan una red en ese lugar puntual del río para apresar el cardumen hallado. Esta técnica puede practicarse tanto de día como de noche. Si al tirar la red recogen otro pescado que no sea sábalo, lo guardan para el consumo doméstico.

La práctica de la pesca en Gualeguaychú es distinta a la de Villa Paranacito. En Gualeguaychú, la unidad productiva de la embarcación se organiza principalmente con mano de obra familiar. Usan botes más pequeños y, por lo general, no usan la tecnología del ecosonda. Los/as pescadores/as de Gualeguaychú son pescadores artesanales que pescan para proveer al mercado local y al consumo familiar. Son caladores/as y no son lanceros/as. Por tal motivo, al aplicar una misma resolución para regular el acceso a los bienes comunes del río en una microrregión que tiene prácticas de pesca y finalidades muy distintas, termina afectando en mayor medida a los/as pescadores/as artesanales de Gualeguaychú y no tanto a los/as de Villa Paranacito. La autora Mouffe ([1985] 2007) nos ayuda a comprender los “antagonismos” desde una dimensión ontológica, y nos dice que puede explicarse debido a una falla del orden social existente:

Estrictamente hablando, los antagonismos no son interiores sino exteriores a la sociedad; o mejor dicho, ellos establecen los límites de la sociedad, la imposibilidad de esta última de constituirse plenamente […] el antagonismo como negación de un cierto orden es, simplemente el límite de dicho orden (Mouffe, [1985] 2004, pp. 169-170).

En efecto, advertimos que una resolución que apunta a poner un límite a un desorden provocado por la pesca comercial a gran escala y a las prácticas de decomiso termina poniendo un límite al orden social de otra comunidad costera, afectándolos negativamente y haciendo estallar un conflicto social.

Advertimos también que en Gualeguaychú los/as pescadores/as artesanales lograron autoconvocarse y responder colectivamente con una movilización ante esta medida regulativa. Situación que da cuenta de un cierto grado de cohesión social y de organización por parte de este sector de población. En cambio, en Villa Paranacito no existe un entramado social que organice a estos grupos.

Algunas reflexiones acerca de la mirada estatal

Para abordar la mirada de lo estatal, no solo lo hacemos desde una concepción institucional que incluye los aspectos legales y burocráticos y los espacios de gestión, sino que nos remitimos a una concepción “cotidiana” del Estado y de sus relaciones con la sociedad. En este sentido, retomamos la definición de Urcola y Nogueira (2022):

Para completar una visión institucional del Estado, nos interesa reflexionar sobre sus aspectos no abstractos, es decir, sobre el Estado en su expresión cotidiana, significante del día a día en el marco de las interacciones entre los sujetos-estatales, que conforman sus burocracias y los sujetos-ciudadanos, destinatarios de sus acciones. Estos encuentros son clave para la construcción cotidiana del Estado como un espacio de producción cultural y simbólica que crea y define ciertos tipos de sujetos e identidades (Urcola y Nogueira, 2022, p. 201).

En una entrevista que mantuvimos en el mes de febrero de 2022 con el director de Fiscalización del Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos, se dejan entrever ciertas miradas que se construyen desde lo estatal en cuanto al sector de la pesca artesanal. En primer lugar, se lo concibe como un sector difícil, complejo y dificultoso a la hora de regularlo o de tomar medidas políticas en torno a él. Parte de esta responsabilidad la sitúan en que es un sector informal en términos económicos y en cuanto a la organización del trabajo, lo cual hace muy ardua la tarea de contabilizarlos y de saber quiénes son pescadores/as artesanales y quiénes no lo son:

Todo lo que sea pesca artesanal, deportiva y comercial la regulamos nosotros a pesar de que es un sector super difícil (conversación personal con el director de Fiscalización, 8 de febrero de 2022).

El sector en sí es un sector muy hábil y volátil que se va renovando, hoy tenés tantos pescadores y mañana no lo tenés. También hay muchas discusiones acerca de quién es pescador y quién no, si solo el hombre o toda la familia que está en la casa (conversación personal con el director de Fiscalización, 8 de febrero de 2022).

A la vez, lo comparan con otros sectores productivos que se organizan con otras lógicas asociativas o corporativas a los que se puede acceder con mayor facilidad.

Es un sector el de la pesca artesanal que es informal, porque el sector ganadero, por ejemplo, está más regulado. Pero acá no sabes quiénes son, a algunos podés llegar y a otros no, a algunos les podés hacer una encuesta y a otros no. Algunos saben leer y escribir y otros no (conversación personal con el director de Fiscalización, 8 de febrero de 2022).

Asimismo, se observa en la mirada estatal la prevalencia de una mecanización de lógicas burocráticas, dando a entender que en ciertos temas hay más información y mayor construcción de datos, mientras que en otros se les escapan ciertos procedimientos de estandarizar información y por ello “no hay datos”.

No tenemos todas esas formalidades [en cuanto a datos del sector]. Yo lo que más quisiera es apretar un botón que abra una pantalla y que me despliegue un montón de información de qué es un pescador, pero lamentablemente no lo tenemos (conversación personal con el director de Fiscalización, 8 de febrero de 2022).

Scott (1998), en su libro Seeing Like a State, enfatiza en los problemas que presentan el Estado moderno y sus gobiernos a partir de una visión exclusivamente desde arriba, señalando que –a menudo– desde los altos niveles estatales se tiene poca información y conocimiento sobre lo que acontece en la comunidad local. Argumenta el autor que, desde la óptica de un Estado moderno y burocrático, se va construyendo una visión de túnel que enfoca en un solo aspecto de la realidad, pues, de lo contrario, sería mucho más difícil y complejo de manejar. De este modo, la realidad se simplifica y se hace selectiva, se construyen conocimientos esquemáticos, estandarizados, controlables, que permiten una legibilidad estatal, y es funcional a las lógicas de homogeneización, uniformidad, cuadrículas, simplificación y rentabilidad que caracterizan a los Estados modernos capitalistas.

En este sentido, el aporte de Lipsky (1980) nos permite analizar cómo los denominados “burócratas del poder callejero”, estos son, los/as servidores/as públicos/as que velan por la aplicación de la ley (trabajadores/as sociales, jueces/zas, abogados/as, trabajadores/as de la salud, empleados/as públicos/as), generan controversias en sus tomas de decisión y al intervenir en determinados campos de acción.

Los burócratas del nivel callejero dominan las controversias políticas por los servicios públicos, y esto por dos razones generales. En primer lugar, los debates sobre el alcance apropiado y el enfoque en los servicios gubernamentales se producen, esencialmente, en torno al alcance y la función de estos empleados públicos. En segundo lugar, estos burócratas ejercen una influencia notable sobre la vida de la gente. Y esta influencia puede ser de varias clases. En su trato con los ciudadanos, les hacen esperar servicios del gobierno y un lugar en la comunidad política. Determinan si los ciudadanos son candidatos adecuados para recibir beneficios y sanciones de gobierno. Supervisan el trato (servicio) que reciben los ciudadanos en estos programas. De este modo, en cierto sentido los burócratas de nivel callejero cumplen implícitamente la función de mediadores en ciertos aspectos de la relación constitucional de los ciudadanos con el Estado. En suma, ellos tienen las claves de la dimensión de la ciudadanía (Lipsky, 1980, p. 782).

A su vez, aunque la entrevista con el director de Fiscalización fue dos meses antes del conflicto generado por la puesta en vigencia de la resolución n.º 410 de la CARU, este funcionario puso en evidencia la falta de conocimiento que hay desde ciertas agencias estatales acerca de conflictos territoriales que existen en torno a los accesos por los bienes pesqueros. A menudo, esta falta de conocimiento de los/as agentes estatales sobre los conflictos en el territorio produce, en términos de Lipsky (1980), “controversias” entre la ciudadanía y el aparato burocrático-estatal.

Algunas reflexiones acerca de la mirada de los/as pescadores/as artesanales

En este eje, cabe enfatizar el disgusto y enojo que expresan los/as pescadores/as artesanales frente a funcionarios/as que toman medidas desde un escritorio y “no saben nada” sobre la pesca artesanal y que “solo cobran sueldos”. Ante la pregunta de por qué creen ellos/as que se puso en vigencia la resolución n.º 410, argumentan:

  • “Se basaron en las normas que rigen en el río Paraná”.
  • “Es una cosa que no se ha visto nunca esta medida, no saben que de día no se pesca”.
  • “No pedimos navegar, pedimos calar las herramientas para nuestro sustento, es de lo que trabajamos”.
  • “Esto pasa porque ponen gente por amiguismo que no sabe nada de pesca”.

También señalan que estas medidas regulativas favorecen principalmente a ciertos grupos y perjudican a otros, lo cual genera distinciones territoriales entre los/as pobladores/as y las comunidades costeras.

  • “Esto beneficia a los de allá, a los de allá abajo. A los lanceros. Esos se benefician”.
  • “A los que nos jode es a los artesanales verdaderos”.
  • “A los uruguayos no les dicen nada, ellos pueden pescar. Si es una misma ley, queremos que la ley se aplique por igual a todos”.

A su vez, un pescador e isleño en Villa Paranacito, con respecto a los procesos asociativos y cooperativos en los territorios, expresó que eso viene todo de arriba y es “todo político”, mostrando mucha desconfianza hacia procesos de organización del territorio y las intervenciones estatales que se realizan por parte de distintas agencias: “Acá no hay cooperativas, eso es todo político. Hace unos años hubo un intento de conformar una, pero después no pasó más nada”.

Por último, resaltan el carácter digno y legítimo del reclamo que tienen en comparación con los que tienen otros sectores populares de la sociedad: “No venimos a pedir ni plan ni bolsón de comida ni nada, venimos a pedir que nos dejen trabajar”.

Estos reclamos expresados por parte de los/as pescadores/as artesanales podemos comprenderlos como sentimientos de “exclusión social”, basados en autopercibirse como por fuera de una concepción de “ciudadanía”. En este sentido, las reflexiones de Piola (1999) nos aportan a pensar en el valor que presenta la “solidaridad” ante contextos de exclusión social en Argentina.

Los sectores sociales menos favorecidos, los más pobres, los que están siendo expulsados del sistema productivo, aquellos a los que la acción del Estado ya sea en forma de caridad, asistencia o promoción, ya no llega, todos estos “parias” son heterogéneos, fragmentados y segmentados; sus realidades son diferentes, sus intereses también. Parece lógico, entonces, que se miren con desconfianza y recelo […].
[…]. Una cuestión crucial es ver qué valor y alcance puede tener la solidaridad en un mundo donde la exclusión pasa de ser un fenómeno social marginal a una situación donde se ha convertido en un rasgo estructural de la sociedad, donde lentamente parece asumirse aquello de que no hay lugar para todos. En este contexto, la solidaridad es una ambulancia que recoge a los caídos, magullados, lastimados por la expulsión del mundo, una especie de samaritano consuelo (Piola, 1999, p. 1).

En este sentido, el valor de la solidaridad es necesario no solo para pensar las relaciones sociales en circuitos económicos no formales, sino también para diseñar políticas públicas de construcción de ciudadanía que fortalezcan el otorgamiento de derechos sociales en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Análisis de metáforas que se ponen en escena

Sostiene Scott (2000) que los grupos dominantes construyen discursos ocultos como instrumentos para el ejercicio del poder, y que lo hacen a través de expresiones del lenguaje, tales como actos y gestos. Para Scott, “las máscaras pueden ser más o menos gruesas, pueden ser burdas o sutiles, según el tipo de público y los intereses en juego, pero no dejan de ser actuaciones, como lo son todos los actos sociales” (p. 53).

En este sentido, retomamos una metáfora planteada por el director de Fiscalización, que asimila las formas extractivas de la megaminería con el “lejano Oeste” norteamericano y trae esta comparación para advertir que, en el sector de la pesca comercial, hay grandes ganadores y perdedores.

He conocido el sector de la mina en otra zona que es bien extractivista y eso te hace acordar al “lejano Oeste”, acá con la pesca comercial hay un solo ganador, que es el frigorífico, y después el que paga todos los platos rotos es el pescador con lo poco que le pagan. O si yo hago un decomiso al otro del decomiso los frigoríficos no les pagan a los pescadores y estos últimos son los más perjudicados de la cadena (conversación personal con el director de Fiscalización, 8 de febrero de 2022).

Esta alusión al lejano Oeste nos pone frente a una concepción estatal que ve al sector de la pesca artesanal como difícil de gobernar y de regular, como también considera complicado negociar con sus actores/as. Es un sector en donde el Estado no llega, o llega con pocas acciones. Lo que O’Donnell (1993) denomina como “zonas marrones” de las políticas. Muchas veces las pocas acciones que recaen sobre estos vienen en formas de ordenanzas confusas, en ocasiones claras y otras veces contradictorias, que deben ser acatadas por parte de los/as pescadores/as artesanales porque hay controles estrictos de Prefectura.

En síntesis, como señala Nogueira (2021), el Estado necesita ser interpelado en todos sus aspectos:

La narrativa de la pandemia habilita a problematizar el Estado, sobre todo sus componentes históricamente cuestionados, tales como: la ineficacia de sus burocracias, el deterioro de las instituciones del bienestar o su avasallamiento sobre las libertades, entre otros aspectos (2021, p. 309).

No podemos perder de vista que ordenanzas como la n.º 410 de CARU producen un impacto real y tangible no solo en los límites de capturas, sino también en el sustento material de miles de familias que tienen al río como su fuente de vida. Una resolución apresurada puede ser una resolución injusta y puede causar hambre en muchos hogares.

Sección de reflexiones y debates finales

A partir del conflicto analizado, podemos destacar que existe una distancia muy grande entre las concepciones de gobierno de las autoridades estatales y las problemáticas reales de los/as pescadores/as artesanales. Esta incomprensión hacia el sector de la pesca artesanal es total. Los/as representantes estatales se autodefienden ante el famoso escudo de que “es un sector difícil” o ante la metáfora del lejano Oeste para justificar la poca información que tienen desde las oficinas del Estado sobre estos grupos de población.

Observamos que el conflicto desatado se generó porque las autoridades de control aplicaron una misma ley para toda una región del río Uruguay, suponiendo que todas las localidades que habitan en este sector tienen las mismas características y practican los mismos tipos de pesca, como tampoco advirtieron las diferenciaciones que existen entre los/as pescadores/as artesanales y los/as pescadores/as comerciales.

Las actuaciones de los/as burócratas de la calle –en términos de Lipsky– generan mucho rechazo y enojo ante los ojos de los/as pescadores/as artesanales movilizados/as.

A los/as funcionarios/as se les dificulta pensar políticas multidimensionales que aborden toda la complejidad del sector, y que sean capaces de trascender los límites políticos propuestos en las agendas de actividades de una oficina de determinada área.

El accionar más usual del gobierno en cuanto a estos grupos es la aplicación de medidas regulativas que limitan los cupos de captura y las posibilidades de acceder a los bienes comunes del río. El Estado en su única máscara aparece bajo una autoridad de control. Se reduce a la simple presencia de la Prefectura en las costas o cuando navegan en las aguas profundas.

Las normativas no captan las identidades culturales fluviales. No captan que los límites transfronterizos son difusos en el río, que en varios casos los/as isleños/as tienen una doble ciudadanía uruguaya-argentina, y que la relación con la República Oriental del Uruguay no solo es comercial, sino que es a la vez cultural e identitaria. Observamos que solamente se prescriben normativas que generan sentimientos de exclusión y que no logran comprender la vulnerabilidad social en la que vive el grueso de estas familias. Creemos que el valor de la solidaridad tiene que ser clave para pensar políticas inclusivas de estos sectores de la sociedad.

Asimismo, como parte del proyecto de extensión universitaria “Tirando redes”, no somos ajenos/as a esta trama territorial pues nuestra presencia marca también un lugar de intervención en estos territorios. En este sentido, cabe preguntarnos cómo, desde las comunidades isleñas, nos perciben a los/as sujetos universitarios. ¿Qué roles ocupamos en esa trama territorial? ¿Cómo nos insertamos en el medio de conflictos ya existentes? ¿Cómo nos ubican en esa relación con lo político y con los conflictos? ¿Traemos soluciones? ¿O acentuamos las conflictividades existentes?

Bibliografía

Capiello, H. (2022). Piratas del río: obtenían fortunas por lo que pescaban a mansalva y, de paso, contrabandeaban fernet a Uruguay. La Nación. En bit.ly/3G3Vqwi. Fecha de consulta: 15 de mayo de 2022.

Laclau, E. y Mouffe, C. ([1985] 2004). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lipsky, M. (1980). La Burocracia en el nivel callejero: la función crítica de los burócratas en el nivel callejero. Estados Unidos: Russell Sage Foundation.

Nogueira, M. E. (2021). Había una vez un Estado… Notas para problematizar el Estado a partir de interpretaciones complementarias. Cuestiones Políticas, vol. 39, n.° 70, pp. 303- 320. En bit.ly/3eQkprJ.

O’Donnell, G. (1993). Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas. Desarrollo Económico, vol. 33, n.º 130, pp. 63-183.

Piola, M. E. (1999). La exclusión social en Argentina: novedades y perspectivas. Scripta Nova, n.º 45, Barcelona. En bit.ly/3CRbNJz.

Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven y Londres: Yale University Press.

Scott, J. C. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia: discursos ocultos. México: Ediciones Era.

Urcola, M. y Nogueira, M. E. (2022). Problematizando el Estado desde la agricultura familiar. Un estudio exploratorio desde una mirada político-antropológica. Estudios Sociales del Estado, vol. 8, n.° 15, pp. 201-225. En bit.ly/3guu1J4.


  1. Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora asistente en el Instituto en Estudios Sociales (INES-UNER-Conicet) y docente de tesina en la Licenciatura en Ciencias Sociales (FHAyCS- UADER). Contacto: salome.vuarant@uner.edu.ar.
  2. Proyecto dirigido por la Mg. María Clara Melchiori. Resolución CS n.° 308/22 (UNER).
  3. Agradecemos los comentarios de Cynthia Pizarro y de los participantes de las Jornadas sobre el Delta del Río Paraná (4 y 5 de agosto de 2022, UBA), que sumaron aportes para profundizar este trabajo.
  4. Uno de estos casos de decomiso ocurrió en el mes de abril en el distrito Ceibas, donde se decomisaron seis mil kilos de pescado, según la Secretaría de Comunicación de la provincia de Entre Ríos.


Deja un comentario