Reflexiones antropológicas acerca del ambientalismo social en torno del fuego en las islas del delta durante el año 2020

Francisco J. Preiti^[1]

Introducción

Nos interesa hacer foco en la experiencia de los movimientos socioambientales que se configuraron en función del fuego en las islas. Entendemos el conflicto puesto en foco como político (Rancière, 2007; 2000) porque se expresa, a través de la articulación de identidades colectivas, como la irrupción de sentidos emergentes que tomaron carácter de interés público, con lo que generaron formas de valoración sobre los usos y sentidos de la relación humano-ambiental en el delta paranaense. La hipótesis de trabajo de la cual partimos es que es posible evidenciar que existe, en los movimientos recientes en torno del fuego en las islas del delta, una búsqueda de consolidación de identidades políticas en contraste con los sujetos políticos tradicionales. E incluso podemos inferir que el antagonismo con formas “partidarias” de participación política ha coadyuvado a la consolidación de tales identidades colectivas emergentes.

Para ello tomaremos como corpus de análisis entrevistas realizadas a actores movilizades por la presencia en el fuego en el delta que participan o participaron como autoconvocades o en ONG ambientalistas de la ciudad de Rosario, tanto de perfil profesional/experto como organizaciones de base en las cuales podemos incluir a los colectivos de autoconvocades, asambleas permanentes y multisectoriales, entre otras grupalidades.

Vale enmarcar la presente ponencia como un abordaje teórico preliminar que es parte de un análisis en proceso que devendrá en una tesis doctoral para el título de doctor en Antropología en la Universidad Nacional de Rosario. En tal trabajo de investigación, buscaremos analizar antropológicamente la construcción de imaginarios sociales vinculados a la presencia del fuego en el delta medio y superior a partir de los eventos contestatarios socioambientales iniciados en el año 2020 en la ciudad de Rosario y alrededores.

Contextualización de los incendios en el delta medio superior paranaense (año 2020-2022).

La delimitación geográfica del delta del río Paraná, en donde se desarrollan los incendios que las sociedades aledañas, en buena medida extralocales, van a significar, cuestionar, objetivar y disputar, la podemos caracterizar esquemáticamente del siguiente modo:

Se considera que la región del Delta puede dividirse en tres grandes sectores o ecosecciones: el Delta Superior, el Delta Medio y el Delta Inferior (Burkart 1957, Malvárez 1995). El Delta Superior abarca la porción que se extiende desde el inicio de la región, en la ciudad de Diamante (Entre Ríos), hasta una línea imaginaria que cruza la planicie aluvial en sentido este-oeste y une, de un modo aproximado, las ciudades de Victoria (Entre Ríos) y Rosario (Santa Fe). El Delta Medio se extiende desde esta línea imaginaria hasta el nacimiento del Río Paraná de las Palmas, ubicado al sur de otra línea imaginaria que une las localidades de Baradero (Buenos Aires) e Ibicuy (Entre Ríos). El Delta Inferior abarca la porción terminal de la región (Taller Ecologista, 2010, p. 7).

Es curioso el lugar explícito de la imaginación en la definición, considerando que la ciencia hace ya muchos años se jacta del desenmascaramiento del objeto (Latour, 2001). Nos podríamos preguntar qué señala el límite fronterizo, ¿el río Paraná de las Palmas o la sociedad? Más bien, ¿podrá ser la construcción de una frontera, el producto de un ensamblaje socionatural y de una red de actantes humanos y no humanos (Latour, 2001)?

En primer lugar, es importante mencionar que los incendios en la zona de islas del delta no son un fenómeno reciente, como tampoco lo es su cuestionamiento. Se reconocen incendios de magnitud, por lo menos, en los años 2004^[2], 2008^[3] y 2020 hasta la actualidad (julio del año 2022). A partir del año 2008, se registran una serie de cuestionamientos por parte de colectivos ambientalistas, y algunos “ecos jurídico-institucionales” de ello fueron la elaboración del PIECAS DP^[4] y los proyectos de ley de humedales presentados desde el año 2013^[5] hasta la actualidad. Una primera versión del PIECAS DP fue presentada en mayo de 2008 por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental y Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad. Luego el documento fue ampliado en 2014 por las mismas entidades y algunas otras (como Global Environment Facility, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras).

A continuación, trataremos de identificar una serie de eventos que marcaron con fuerza el año 2020 en la Ciudad de Rosario y que constituyeron a los conflictos por el fuego en el delta. Antes que nada, adherimos a la conceptualización de conflicto ambiental que realiza Svampa (2013):

Entendemos por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder (Svampa, 2013, p. 4).

Es importante sumar a la definición que la disputa no es solo por el control o la administración del territorio, sino que también las disputas territoriales encierran un cuestionamiento a los procesos de toma de decisiones sobre los usos del territorio. En este sentido, entendemos que tanto “lo público” como “lo privado” están atravesados por un monopolio de la decisión (Hardt y Mezzadra, en Cerbino y Giunta, 2013):

… uno de los problemas fundamentales en América Latina como en otras partes del mundo, es organizar y plantear teóricamente la lucha del común dentro y en contra de lo público; entendiendo por público la figura que representa el punto de intersección, de superposición entre política y Estado (p. 56).

Cuando una parte de la sociedad se moviliza para cuestionar usos y sentidos de un campo de la experiencia dado, también se está cuestionando el monopolio de unas partes que cuentan como tales y que imponen una división de lo sensible (Rancière, 2000) en la estructura de toma de decisiones. En un conflicto político y territorial, se está disputando un orden que siempre es contingente. La idea del común nos resulta operativa porque en este conflicto no solo se están disputando bienes comunes materiales, sino también un común inmaterial, que es la forma de organización social espontánea que emerge en un momento determinado y que no puede ser apropiada ni reclamada por nadie. Es un producto cultural de “la cooperación de los muchos en tanto muchos”, de su experiencia plural.

El común se puede entender como lo que no es la propiedad ni privada, ni pública; es decir, lo que no es el Estado y que no es el mercado. Entonces el común, en ese sentido negativo es una crítica no solamente del neoliberalismo, es un rechazo del capital desde un lado y un rechazo del Estado desde el otro, es una crítica de la propiedad (Hardt y Mezzadra, en Cerbino y Giunta, 2013, p. 45).

Ahora bien. Algunos eventos desarrollados durante el año 2020 en la ciudad de Rosario para evidenciar la álgida movilización social que generó la presencia del fuego en las islas del delta han sido los siguientes:

• 16/06/20. Galería de imágenes de artistas rosarinas por el humedal.
• 17/06/20. Grupos ambientalistas convocan en el parque España por los incendios en las islas.
• 18/07/20. Corte del puente Nuestra Señora del Rosario (casi 300 personas se movilizaron). Se consolida la Multisectorial Humedales.
• 25/07/20. Corte del puente Nuestra Señora del Rosario.
• 1/08/20. Corte del puente Nuestra Señora del Rosario y movilización masiva con más de 4.000 personas.
• 08/08/20. “Cruza el amor por el puente”. Cruce de un tramo del puente Nuestra Señora del Rosario.
• 16/08/20. Convocatoria de ONG para kayakistas y otros, denominado “Unión de las orillas”.
• 21/08/20. Marcha socioambientalista por el centro de la ciudad por una ley de humedales.
• 19/09/20. Corte espontáneo del puente Nuestra Señora del Rosario (no convocado por la Multisectorial Humedales).
• 3/10/20. Doble corte del puente Rosario y Victoria de 12 a 18 h y también la autopista que une la ciudad con la capital provincial del puente Rosario Victoria y de la Ruta.
• 11/10/20. Corte de Multisectorial Humedales del puente y Encuentro Plurinacional Transfeminista.
• 18/10/20. Corte de Multisectorial Humedales del puente Rosario Victoria.
• 24/10/20. Corte de la Multisectorial Humedales del puente.
• 1/11/20. Día del Ecologismo, del Veganismo y/o el Antiespecismo, marcha por el centro de la ciudad con contenido socioambientalista y repudio al fuego en las islas.
• 2/11/2020. Comenzó el acampe en plaza San Martin que duró 34 días y en el cual se desenvolvió el denominado “Rosario Socioambiental”.
• 11/11/20. Escrache en plaza 25 de Mayo a “los dueños del fuego”.
• 14/11/20. “Caravana del Fuego”, marcha ambientalista iniciada en la plaza López. Convocan Multisectorial Humedales, Paraná No Se Toca, Autoconvocadxs Humedales y Moredehu (Movimiento Regional en Defensa de los Humedales)
• 21/11/20. Comenzó el acampe en el puente organizado por la Multisectorial Humedales de Rosario.

Estas son solo algunas de las intervenciones y movilizaciones sociales y faltan muchas más, e incluso durante los años 2021 y 2022 continuaron los cortes del puente y las concentraciones multitudinarias.

Se asocia, en estos movimientos socioambientales, la presencia del fuego en gran medida a la actividad ganadera en islas y en menor medida a la especulación inmobiliaria y la agricultura, entre otras actividades humanas. Con dificultades de precisión de les actores y las causas y una gran maquinaria enunciativa, judicial y mediática de descalificación de actores y de valoración de sus prácticas socioproductivas en la región insular, se ubicaron como adversaries del frente socioambiental a les propietaries de porciones del territorio insular: “los dueños del fuego”. Incluso una de las primeras expresiones de rechazo al fuego en las islas, en el primer tercio del año 2020, fue realizada mediante una convocatoria anónima por la aplicación de mensajería WhatsApp y adoptó la forma de un “escrache” frente al domicilio de dos propietarios de tierras insulares^[6]. Por otro lado, en la generalidad de estos cuestionamientos, se escinde la afectación que las prácticas humanas generan sobre el territorio, ciertas condiciones biofísicas aparentemente “objetivas” como la llamada “bajante extraordinaria” (presente en los hitos mencionados de los años 2004, 2008 y 2020) y las coyunturas de sequía. Cabe preguntarse qué tan ajenas a la actividad humana son tales manifestaciones climáticas e hidrológicas.

Ahora bien, vale mencionar que las disputas sobre los usos del territorio de islas desde el año 2020, en donde el humo, las cenizas y el fuego se presentaron como el índice^[7] de la relación humano-ambiental, se institucionalizan en letra jurídica mediante medidas cautelares, decretos de emergencia ambiental, denuncias penales, etc. Asimismo, se desenvolvieron una serie de respuestas sociotécnicas estatales como el envío de aviones hidrantes, cuerpos de brigadistas, la presentación de “faros de conservación” (de “teledetección temprana y vigilancia”), etc. En este mismo sentido, recientemente se “consensuó” un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales en conjunto entre un sector del nivel ejecutivo nacional y el COFEMA^[8], el cual fue inmediatamente impugnado por un conjunto de organizaciones ambientalistas^[9]. La búsqueda de una ley de humedales fue un horizonte común de una buena parte del ambientalismo social articulado en torno del fuego en el delta, como así también hubo posturas minoritarias que bogaron por la creación de un parque nacional en islas del delta, cuya petitoria analizamos en otra ocasión^[10]. Ahora bien, veamos cómo interpretar tales manifestaciones del conflicto ambiental por el fuego en el delta.

Hacia una caracterización del ambientalismo social en el conflicto por el fuego en el delta medio superior (2020)

Para enmarcar en perspectivas teóricas el ambientalismo social vinculado a la presencia del fuego en el delta, nos preguntamos si las movilizaciones socioambientales acaecidas en la ciudad de Rosario durante los años 2020 hasta la actualidad (2022) pueden interpretarse dentro de lo que Svampa (2013) considera como “giro ecoterritorial”. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué aspectos permiten su inscripción en tal conceptualización?

El giro eco territorial, para la autora, en términos generales se caracteriza por “el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente” (Svampa, 2013, p. 4) en un contexto de ratificación de la dependencia de los territorios latinoamericanos al mercado mundial. Estas nuevas formas de movilización social también se caracterizan por la hibridación de formas indígenas y campesinas, por un lado, y la multiplicación de organizaciones socioambientales, tanto de base como ONG con diversos tipos de estructuras y financiamientos, por el otro.

En sintonía, Gutiérrez y Usuani (2014) consideran que asistimos a la emergencia de un creciente ambientalismo social y encuentro en tales temáticas entre la agenda pública y la agenda gubernamental (2003-2013)^[11]. En tal fase, ciertas incorporaciones de instrumentos gubernamentales en la legislación de Argentina entran en consonancia con un clima de época. Este se ve caracterizado por producciones sociocientíficas como The Tragedy of the Commons de Hardin (1968) o Silent Spring de Carson (1962) y convenciones internacionales que van desde el Informe Brundtland (Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) del año 1987, que delinea el paradigma del desarrollo sostenible, hasta la Convención de Río del 92 o la xv Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que se celebró en Copenhague en el 2009, por mencionar algunos hitos destacados, diseñando lo que en términos foucaultianos denominaríamos una formación discursiva caracterizada por los “discursos de la biodiversidad” (Escobar, 1999) a lo largo del siglo xx y lo que va del xxi. Esto se refleja en el territorio nacional, por ejemplo, a través de la incorporación del Art. 41 en la Reforma Constitucional de 1994 y de los procesos de instrumentalización legislativa del año 2002 en adelante, entre los cuales se destaca la Ley General del Ambiente (2002). De este modo, todo ello ha coadyuvado a la consolidación y expansión de una ambientalización de las luchas sociales (Leff, 2003), en conjunto con un contexto social y económico que mencionaremos más adelante. Dicen Gutiérrez y Usuani (2014) al respecto de las organizaciones socioambientales en esta fase de su desarrollo en el territorio nacional:

En cuanto a su relación con el estado, recurren predominantemente a canales institucionales (incluido el contacto informal con tomadores de decisiones) para expresar sus demandas o para participar en la formulación y ejecución de políticas y programas de gobierno. Recurren también a campañas mediáticas que pueden estar destinadas a instalar temas de agenda (p. 311).

Asimismo, los autores repasan algunos casos puntuales, como la causa Beatriz Mendoza por las pasteras en el río Uruguay, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza, Riachuelo (Acumar), o la formulación de las leyes de bosques nativos y de glaciares, en buena medida estimuladas por la presión social, y llegan a la siguiente conclusión:

Retomando la clásica distinción de Cobb y Elder (1984), podemos afirmar, entonces, que, gracias al nuevo ambientalismo social y a los conflictos ambientales a él asociados, la cuestión ambiental se convirtió en un tema central de la agenda pública, la cual a su vez logró filtrar la agenda gubernamental provocando nuevas transformaciones organizacionales y normativas en la institucionalidad estatal (Gutiérrez y Usuani, 2014, p. 316).

Todo ello se efectúa en el marco de una reprimerizacion de las economías latinoamericanas, en las cuales el rol de “proveedor subalternizado” asignado a los territorios latinoamericanos es reafirmado en la geopolítica mundial denominado por Svampa (2013) como “consenso de los commodities”. En ese marco, los cuestionamientos sociales han acuñado el concepto de “extractivismo”. Este lenguaje de valoración social de los procesos territoriales “debe ser comprendido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como ‘improductivos’” (Svampa, 2013, p. 2).

La respuesta a esta designación de los territorios del capitalismo periférico como zonas sacrificiales para la reproducción ampliada de capital se da a través de la ambientalización de las luchas sociales y el giro ecoterritorial conceptualizado por Svampa. Coincidimos en relación con los eventos puestos en foco que

hay que añadir que el escenario actual aparece marcado también por el surgimiento de nuevos movimientos socio-ambientales, rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasistas, caracterizados por un formato asambleario y una importante demanda de autonomía. Asimismo, en este nuevo entramado juegan un rol no menor ciertas ONGs ambientalistas –sobre todo, pequeñas organizaciones, muchas de las cuales combinan la política de lobby con una lógica de movimiento social–, y diferentes colectivos culturales, en los cuales abundan intelectuales y expertos, que no sólo acompañan la acción de organizaciones y movimientos sociales, sino que en muchas ocasiones forman parte de él. Esto quiere decir que dichos actores deben ser considerados menos como “aliados externos”, y mucho más como actores con peso propio, al interior del nuevo entramado organizacional (Svampa, 2013, p. 7).

Los procesos de ambientalización de las luchas sociales y territoriales en la actualidad comparten, como dice Svampa, un marco de acción colectiva que genera lenguajes de valoración respecto de los conflictos: “ecocidio”, “bienes comunes”, “extractivismo”, “neoextractivismo” son ejemplos de ello.

La producción de acciones directas y acciones institucionales (Svampa, 2013) es otro aspecto que inscribe a los fenómenos de cuestionamiento de la presencia del fuego en las islas del delta dentro de los procesos de ambientalización de las luchas sociales y del macrofenómeno que la autora denomina como “giro ecoterritorial”. En este sentido, los artivismos y las intervenciones directas realizadas por la Multisectorial Humedales, el colectivo Thigra^[12], los cortes del puente, las marchas y las asambleas pueden categorizarse como acciones directas, “bloqueos, manifestaciones, acciones de contenido lúdico” (Svampa, 2013, p. 5), mientras que la multiplicidad de textos judiciales (causas penales, moratorias, medidas cautelares, etc.) y legislativos (proyectos de ley de humedales, decretos de urgencia / declaraciones de emergencia, etc.) podrán inscribirse como acciones institucionales en cuanto que entre ellas la autora considera a “las presentaciones judiciales, audiencias públicas, demanda de consultas, propuestas de leyes” (Svampa, 2013).

La búsqueda de autonomía en los sujetos políticos socioambientales emergentes: la afirmación del común

Por otro lado, la forma organizacional de los movimientos socioambientales recientes en torno del fuego en el delta se expresa, como refleja la cita de Svampa, con una impronta de autonomía respecto no solo del Estado en su multiescalaridad, sino también de las formas de militancia política tradicionales (izquierda, peronismo, radicalismo, socialismo, etc.). La emergencia de Autoconvocadxs por los Humedales, la Multisectorial Humedales, la Asamblea Socioambiental de Rosario y Alrededores, el Colectivo Amaranto, el Movimiento Regional por los Humedales, entre algunos otros, da cuenta de una emergencia de sujetos políticos colectivos que buscan distanciarse de las formas tradicionales de participación política. Estas formas colectivas se caracterizan por una demanda de horizontalidad y de debate asambleario. En las entrevistas realizadas, se reflejan dicotomías en la búsqueda de diferencia respecto de otros sujetos políticos: horizontalidad/verticalidad; arriba/abajo; autonomía/dependencia; violencia/pacifismo; base/dirigencia; patriarcal/feminista.

Así se expresaba un participante de Colectivo Amaranto^[13] en relación con la pregunta por las diferencias entre el colectivo mencionado y las formas en que “hacen política” los partidos de izquierda de la ciudad, cuestión introducida por el entrevistado como anclaje en la demanda de autonomía explicitada por Svampa (2013).

… como sucede en esa forma de hacer política, violentas, verticalistas y patriarcales en algún punto. Entonces, nosotros somos una organización que es feminista, antipatriarcal, anticolonial, anticapitalista. Entonces, bueno, nuestra forma es dar ciertas bases y acuerdos con los cuales vamos a todos lados. Entonces, cuando nos encontramos con los partidos que tienen esa política vertical, que es un partido, justamente, está partido, hay una base, hay una dirigencia que baja línea a las bases para que actúen de cierta manea. Y también muchas veces entendemos que, como que no se renueva la forma de hacer política, no se critica (entrevista realizada a miembro de Colectivo Amaranto y Autoconvocadxs por los Humedales, en “La Toma”, ciudad de Rosario el 17/02/22, p. 8).

El “renovar” de la política viene a señalar una búsqueda de distanciamiento de “esa política vertical”. Como expresábamos más arriba, lo interesante que se trasluce en esta afirmación identitaria no es solo el objetivo de cuestionar un orden disputable, sino también la demanda de una gestión común en la toma de decisiones, lo que, en términos de gobernanza, Hardt y Mezzadra, en Cerbino y Giunta (2013), denominan “gestión del común”:

… algo que es fundamental es el momento de la producción, el momento de la “puesta en común”, el momento de la cooperación, de la forma de organización que se arma alrededor de un común compartido en cuanto producido cada día (p. 63).

Es importante identificar que se disputan no solo los usos y las representaciones del territorio, sino también los procesos de toma de decisiones y de cooperación social, y, por lo tanto, las formas de gestionar el desacuerdo y la democracia. Más adelante expresa el entrevistado en relación con la autonomía:

Entonces, […] para generar un proceso más de conciencia o de formación, entendíamos que la autonomía es fundamental y mucho más del Estado, digamos. Del Estado principalmente, pero también de cualquier empresa, de alguien que te esté sustentando económicamente. Bueno, eso. Después, desde la comisión de acampe, propusimos hacer el acampe, creo que fue fines de agosto, principios de septiembre, si mal no recuerdo (ídem, p 12).

Es explícito cómo, al igual que la proposición teórica de afirmación del común de Hardt y Mezzadra, hay una búsqueda por trascender las lógicas e intromisiones tanto estatales como del mercado en la gestión social del conflicto. Interpretamos también una inquietud por parte del entrevistado en diferenciar entre las organizaciones de base (grassroots organizations) y las organizaciones no gubernamentales ambientales (Bryant y Baley, 1997, en Gutiérrez y Usuani, 2014), por lo general financiadas por organismos externos con miradas expertas e internacionales que no se presentan como sui generis de los procesos territoriales que los actores experimentan localmente. La “verticalidad” en la toma de decisiones y de la forma organizacional de las ONG ambientalistas constituyen una diferencia que caracteriza a estas y no a los formatos asamblearios, buscados en los cortes del puente y acampes sucedidos durante el 2020 y expresados en las entrevistas a algunos miembros del Colectivo Amaranto, de Autoconvocados o de la Multisectorial Humedales de la Ciudad de Rosario. A continuación, presentamos otro fragmento de entrevista que da cuenta de la búsqueda del estado asambleario luego del primer corte del puente en el año 2020 y el surgimiento de la Multisectorial Humedales como colectivo emergente de los acontecimientos en el delta.

Y de ahí se hizo una asamblea espontánea abajo del puente y se decidió volver a cortar, y automáticamente ese día surgió esta idea de la multisectorialidad por la composición que había de personas. Decidimos conformar un grupo heterogéneo de base, prematuro para empezar a convocar. Al segundo corte se fue sumando gente, se sumaron organizaciones, estaba todo en construcción, eran asambleas muy desprolijas, mucho griterío, mucha tensión también porque las quemas están siempre en el horizonte (entrevista a miembro de la Multisectorial Humedales, realizada en “Puerto Norte”, Rosario el 07/10/2021, p. 1).

“Asamblea espontánea”, “multisectorialidad”, “grupo heterogéneo de base”, “prematuro” conceptualizan las búsquedas, formas y demandas de un común que caracterizaron a las organizaciones socioambientales que se fueron consolidando como sujetos políticos emergentes en este conflicto en particular. Para finalizar con la referencia a fragmentos de entrevistas, en la siguiente se puede percibir la afirmación de la dinámica asamblearia como instancia y condición de igualdad y la ponderación de la gestión común mediante el “intercambio de la palabra” en los momentos iniciales de consolidación de la Multisectorial Humedales.

Todo se dirime en asamblea, desde el día uno se priorizó la asamblea como lugar por excelencia de debate, de toma de decisiones; se busca una permanente horizontalidad que se cree posible a la hora de definir cuestiones y que todo tiene que pasar por asamblea. En algún momento, fue una cosa… Fue una cosa muy amplia la asamblea, y después se hizo un grupo de intercomisiones para poder agilizar cuestiones más operativas, se pasaban directamente a intercomisiones. La asamblea funciona como un espacio de intercambio de la palabra, circula, en primera instancia, las asambleas eran largas, muy largas, había una necesidad de expresarse grande de todes (ídem, p. 20).

En este sentido, vemos, en los episodios contestatarios del 2020 en la ciudad de Rosario, un conjunto de actores, acciones performativas, ritualizaciones urbanas, modalidades de protesta y tomas de la palabra pública que, al mismo tiempo que generan lenguajes de valoración epocales, introducen sus propias singularidades y afirmaciones identitarias y políticas comunes. Como dice Julien Rennes (en Montero, 2017) al respecto de los repertorios argumentativos y de performance, por lo general se introducen rupturas y singularidades al interior de marcos colectivos epocales de formas del decir que son más o menos estables.

Para finalizar, una cuestión curiosa de este caso, respecto de otros revisados por Svampa (2013), es que los fuegos en el delta han puesto en vigilia organizaciones socioambientales, ONG y sindicatos (en menor medida, se visibilizó un colectivo denominado “sindicatos unidos por el ambiente”) de la ciudad de Rosario y alrededores que, por la propia geografía del territorio ambientalizado (islas del delta), imponen una visión sobre la ruralidad desde una urbanidad extralocal. De este modo, la frontera como geografía imaginaria (Truillot, 2011; Escobar, 1999) entre campo y ciudad justamente ha sido transgredida por les actores movilizades en torno del conflicto, y puede inferirse que la escenificación o el instrumento de tal transgresión fue, en sucesivas ocasiones, la ocupación del puente Nuestra Señora del Rosario, “puerta del humedal” para algunos”^[14], vía por la que circula la naturaleza transformada en mercancía (Leff, 2003; 2004) para otres actores ambientalistas. Otra transgresión de tal dualidad también la asociamos a la fuerte presencia de movimientos en contra de los agrotóxicos que tuvieron y tienen presencia en el ambientalismo social de la ciudad de Rosario, lo cual señala un traspaso de valoraciones y cuestionamientos del ámbito rural que se expresan en la urbanidad. Esto se deja ver en la presencia en muchos de los eventos en repudio del fuego en las islas, mediante las cuales algunas organizaciones transfieren problemáticas de las zonas rurales a la ciudad.

Dice Svampa, refiriéndose a problemáticas transversales del movimiento socioambiental:

Por otro lado, del costado de las organizaciones y redes socio-ambientales existen grandes problemas. Uno de los más graves es la desconexión existente entre redes y organizaciones que luchan contra el extractivismo, más ligadas al ámbito rural y a las pequeñas localidades, y los sindicatos urbanos, que representan a importantes sectores de la sociedad y en varios países (México, Argentina, Brasil, entre otros) conservan un fuerte protagonismo social. Entre estos movimientos, la falta de puentes es total, y ello reenvía también a la presencia de un fuerte imaginario desarrollista en los trabajadores de las grandes ciudades, generalmente ajenos a las problemáticas ambientales de las pequeñas y medianas localidades (2013, p. 18).

Entendemos que la presencia de organizaciones como la Asamblea de la 18 frente al uso de agrotóxicos, la Multisectorial Pueblos Fumigados y la Marcha Plurinacional de los Barbijos en los cortes del puente por el fuego en el delta durante el 2020 constituyen una excepción a la regla percibida por Svampa, ya que llevan, mediante su cooperación social y la producción de conocimiento e información, problemáticas del campo y la ruralidad a la ciudad. No obstante, no vamos a decir que esto es sistemático ni “exitoso” en términos de consolidación de frentes de lucha conjuntos, ni que los sindicatos urbanos asumen o incorporan espontáneamente problemáticas propias de la ruralidad. No obstante, todo ello no deja de ser una intromisión de preocupaciones comunes de los sectores rurales en la dinámica de las asambleas y ONG de la ciudad.

Conclusiones

En la presente ponencia, nos propusimos contextualizar y analizar el ambientalismo social que se desplegó en torno de la presencia del fuego en el delta desde 2020 hasta la actualidad, en función de ubicarlo dentro de un panorama más amplio que actualmente puede caracterizarse como “giro ecoterritorial” (Svampa, 2013) en América Latina. Asimismo, fue de interés abordar fragmentos de entrevistas en función de identificar valoraciones y demandas de la lucha socioambiental. En ello, nos encontramos con la búsqueda de un distanciamiento de los partidos políticos tradicionales, que nos convoca a mirar les sujetes colectives emergentes en el ambientalismo social considerando sus singularidades y modos de gestión común colectiva y democrática del conflicto ambiental.

Para finalizar, nos parece interesante rescatar las singularidades que evidencian los ambientalismos sociales en nuestra contemporaneidad. Si bien, como dijimos, las modalidades de protesta social y la configuración de este conflicto ambiental se inscriben en un contexto y un repertorio de acción epocal, presentan, no obstante, sus particularidades. Estas, rescatamos, se vinculan a acciones performáticas y contenciosas como los artivismos, los escraches, las asambleas, los cortes de puente, las marchas y las intervenciones urbanas. Coincidimos, con relación al ambientalismo social, en que es importante considerar que

las posiciones de los actores en el conflicto se consolidan de manera progresiva en el propio proceso de despliegue de la acción colectiva, y no previamente a partir de una posición unificada. Es esta dinámica que se da sobre la marcha la que va forjando formas organizacionales y lazos institucionales. Una característica distintiva de las movilizaciones ambientales es que los actores que plantean las demandas y reclamos en el espacio público circulan en ámbitos colectivos muy lábiles (redes, espacios interterritoriales, foros, asambleas, nucleamientos de “autoconvocados”, etc.). Esta flexibilidad hace que la acción colectiva requiera una activación permanente de las relaciones entre los participantes, quienes se comunican y conciertan decisiones a partir del desarrollo de diferentes acontecimientos (Merlinsky, 2022, p. 62).

Es importante atender al propio proceso de despliegue de la acción colectiva justamente porque allí se afirma la gestión común, mediante la cooperación social y el esfuerzo múltiple y heterogéneo de lazos sociales.

Un corolario importante de las cuestiones revisadas en la ponencia es que, en la dinámica de las formas organizacionales de la lucha socioambiental, se generan demandas particulares de gestión democrática y distanciamientos de formas partidarias tradicionales. Esa política vertical de la cual se intenta distanciar el entrevistado con una permanente horizontalidad para afirmar una identidad política propia señala un cuestionamiento de los procesos de tomas de decisiones. Este “concierto de decisiones” que llevan a cabo las organizaciones e institucionalidades socioambientales que menciona Merlinsky es la afirmación por una gestión común, particular, de los desacuerdos al interior de las disputas de usos y sentidos sobre el territorio, y esta es una dimensión del conflicto ambiental que la teoría social deberá atender y valorar para la interpretación de los fenómenos socioambientales contemporáneos.

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Entrevistas

Entrevista realizada a referente de la Multisectorial Humedales, realizada en Puerto Norte, Rosario, el 07/10/2021.

Entrevista realizada a referente de Colectivo Amaranto y Autoconvocadxs por los Humedales, en La Toma, Ciudad de Rosario, el 17/02/22.

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