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Tecnologías de gobierno y conducción de conductas en materia ambiental en el delta bonaerense del río Paraná

Patricio Straccia

Introducción

En los últimos años, diferentes estudios han hecho referencia a la emergencia de una gubernamentalidad ambiental en el delta del Paraná, en cuanto novedoso arte de gobierno de los territorios, de las poblaciones y de los sujetos (Castro et al., 2019; Gastellu, 2016). Sin embargo, no se trata de un punto de llegada, sino de un punto de partida: es pertinente analizar cuáles son las tecnologías de gobierno que hacen posible el ejercicio de un poder productor en materia ambiental, de qué modos territorios, poblaciones y sujetos se constituyen en términos ambientales, y también de qué forma los habitantes locales negocian, disputan y confrontan con las técnicas y los procedimientos constitutivos de estos procesos.

Bajo la grilla analítica de la gubernamentalidad ambiental, en este capítulo me propongo caracterizar las racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno y reflexionar sobre las formas específicas en que se articulan para conducir las conductas en materia ambiental. Estas reflexiones emergen a partir de un trabajo de campo de larga duración que desde hace diez años llevamos adelante en el área del bajo delta bonaerense del Paraná que está especializada en la producción forestal, ganadera y silvopastoril (comúnmente denominada “zona núcleo forestal”). De forma ininterrumpida desde el 2012, en el marco de nuestro equipo de investigación, hemos realizado entrevistas etnográficas a isleños[1], agentes estatales y aquellos localmente definidos como “ambientalistas”[2], complementadas con registros de observación participante y un relevamiento de documentos estatales y de ONG ambientales. El análisis fue de tipo cualitativo y asistido por Atlas.Ti 7.0, en un ejercicio de codificación que permitió identificar las categorías estructurantes de esta producción escrita que representa una primera aproximación a esta cuestión y que, indudablemente, deberá ser profundizada en el futuro.

Reflexiones teóricas disparadoras: de las gouvernementalités a las environnementalités

El concepto gouvernementalité (traducido al español como “gubernamentalidad”) fue acuñado por Michel Foucault para definir las técnicas de gobierno que sirvieron de base a la formación del Estado moderno en Europa. Trabajada por primera vez entre 1977 y 1978 en el curso Seguridad, territorio, población, allí fue utilizada para referir al nuevo régimen de poder constituido en el siglo xviii en Europa (Foucault, 2006). En esas coordenadas singulares, la gubernamentalidad refería a “el ensamblaje constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder” (p. 136).

Un año después, el concepto fue reelaborado en el curso Nacimiento de la biopolítica (1978-1979). Allí el autor le otorgó mayor generalidad y abstracción, con el fin de dar cuenta del conjunto de técnicas y procedimientos destinados a conducir las conductas de los hombres y construir una grilla de análisis de las relaciones de poder que sea válida a toda escala (Foucault, 2007). Bajo esta reelaboración, la gubernamentalidad refiere al ensamblaje que hace posible al poder, que permite su ejercicio y que justifica y determina los instrumentos de gobierno (Arnauld de Sartre et al., 2014), pero también a las estrategias que hacen inestables y reversibles las relaciones de poder que debían sostener (Foucault, 2007).

Como lo indican Rose et al. (2006), la gubernamentalidad refiere tanto al ejercicio de la autoridad sobre los otros y al gobierno de las poblaciones, como a las formas en que los individuos se gobiernan a sí mismos. Por lo tanto, refiere a un proceso simultáneo de constitución de territorios, de poblaciones y de subjetividades. Y, siguiendo a De Marinis (1999), sus elementos constitutivos son las racionalidades políticas (los campos discursivos de configuración cambiante en cuyo marco se produce una conceptualización del ejercicio del poder), las tecnologías de gobierno (las técnicas y los procedimientos por los cuales el saber se inscribe en el ejercicio del poder) y la conducción de las conductas (la estructuración del posible campo de acción de los otros). Es decir, la gubernamentalidad hace énfasis en el carácter positivo del poder (en su dimensión productora), e involucra conexiones entre saber, instituciones y subjetividades que, bajo la forma específica de dispositivos, apuntan a hacer a la realidad gobernable (Arnauld de Sartre et al., 2014).

En las últimas décadas, numerosos autores postularon la existencia de un nuevo tipo de gubernamentalidad, vinculado con la emergencia del ambiente como un nuevo objeto de conocimiento y gobierno: la environnementalité, traducida al español como “gubernamentalidad ambiental” o “ecogubernamentalidad”. En los términos de Agrawal (2005), este tipo de gubernamentalidad refiere “a los saberes, las políticas, las instituciones y las subjetividades vinculados a la emergencia del ambiente como un dominio que necesita de la regulación y de la protección” (p. 226, traducción propia).

Sin embargo, a partir de la reelaboración propuesta por Foucault (2007), se sostiene que la gubernamentalidad genérica (en cuanto estructura rígida e invariable) no existe: antes que una secuencia histórica, es una generalidad singular cuyas variables toman forma en la coyuntura. Por eso, lo que existen son gubernamentalidades, modos específicos de combinación (no siempre coherentes) de las racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno en el proceso de conducción de las conductas (De Marinis, 1999). Según Fletcher (2010, 2017), existen cuatro tipos ideales de gubernamentalidades ambientales:

  1. La gubernamentalidad ambiental soberana, vinculada a los modelos de preservación de la naturaleza en fortalezas a través de la creación de áreas protegidas y la exclusión de las comunidades locales. La conducción de las conductas se produce mayormente a través de mecanismos top-down y la amenaza del castigo, en cuanto formas de ejercicio de la soberanía en un área definida.
  2. La gubernamentalidad ambiental disciplinaria, focalizada en la construcción de sujetos ambientales por medio de la internalización de normas y valores a fin de asegurar una conducta autorregulada.
  3. La gubernamentalidad ambiental neoliberal, asociada a tecnologías de gobierno que regulan las prácticas de los sujetos por vía de la comodificación de la naturaleza y la producción y regulación de herramientas de mercado. Y
  4. la gubernamentalidad ambiental definida en relación con una verdad, donde las prescripciones de qué representa un comportamiento adecuado se vinculan con una lógica de acción que consiste en seguir ciertos preceptos morales o éticos. Aquí se incluirían las premisas de la ecología profunda o los regímenes de uso ligados al traditional ecological knowledge.

Aunque analíticamente distintivos, los diferentes tipos de gubernamentalidad (ambiental) no son mutuamente exclusivos y pueden suponerse en contextos específicos, tanto de modo complementario como conflictivo (Foucault, 2007). Por ejemplo, la constitución de territorios ambientales aptos para el ecoturismo en Tanzania involucra la combinación (no siempre coordinada) de tecnologías propias de la gubernamentalidad ambiental disciplinaria y la neoliberal (Bluwstein, 2017). Es por eso por lo que, parafraseando a Rose et al. (2006), el foco de los environmentality studies es mapear empíricamente cómo operan simultáneamente estas diferentes combinaciones de racionalidades y tecnologías.

De “la isla” a “el humedal”

En sus narrativas, quienes viven en la zona núcleo forestal refieren al paisaje habitado por sus antepasados y que ellos actualmente habitan como “la isla”, con la cual se han relacionado de formas distintas a lo largo del tiempo y cuya pertenencia atraviesa los sentidos locales sobre qué es “ser isleño” (Ortiz, 2021). “La isla” se compone de un conjunto de islas separadas entre sí y está atravesada por fuertes sentimientos de arraigo, por lazos afectivos que son colectivos: como dice Ortiz, “la isla” (en singular) es el lugar en el mundo de “los isleños”. Esta identificación histórica de los pobladores locales con “la isla” está presente también en otras partes del delta paranaense, como lo muestra Díaz Galán (2006).

A fines del siglo xx, sin embargo, emergió una nueva forma de nominar al espacio, de categorizarlo y, por lo tanto, también de hacerlo legible y regulable: el “humedal”, el delta del río Paraná como un “macrosistema de humedales” (Malvárez, 1999)[3]. A fines de la década de 1980, investigadores del campo de la biología-ecología comenzaron a realizar los primeros estudios en la región y, con el devenir de los años, conformaron grupos de investigación en diferentes universidades nacionales con una profusa trayectoria académica. Además, varios de sus integrantes participaron (y continúan haciéndolo) en ONG ambientales y constituyen parte de aquellos localmente definidos como “ambientalistas”.

Según Dayan (com. pers.), los estudios ecológicos iniciales realizados en la región se focalizaron en identificar las fuerzas estructuradoras del sistema, pero, a medida que se desarrollaron las sucesivas investigaciones, la necesidad de caracterizar el espacio dio lugar progresivamente a un nuevo objetivo: regular el espacio, a través de algún tipo de ordenamiento territorial. Esta transformación podría vincularse, entre otras cosas, con el hecho de que estos científicos inscriben sus prácticas tanto en el ámbito académico como en ONG ambientales, de modo que su único objetivo no es únicamente la producción de conocimiento, sino también influir de forma directa en el diseño de políticas públicas (Dayan y Monkes, 2022). Un segundo factor que no puede ser soslayado es la emergencia de la cuestión ambiental del delta del Paraná en la agenda pública luego de los incendios del año 2008. Aunque por razones de espacio no lo desarrollaré aquí, el análisis de las publicaciones realizadas en los años posteriores a dichos incendios muestra la elaboración de numerosos estudios orientados a cuantificar los impactos de las prácticas antrópicas (especialmente de las técnicas de manejo de agua) y proponer herramientas específicas de inventario, ordenamiento y gestión del territorio. En los términos de Weyland y Von Below (2021), esto evidencia una transición en el rol de dichos científicos: sus preguntas de investigación adquieren sentido en el marco del debate público, y sus trabajos buscan promover ciertos cursos de acción y políticas públicas específicas, operando como promotores de la cuestión (en este caso, de la cuestión ambiental en torno a los humedales del delta del Paraná).

De acuerdo con Dayan (com. pers.), los estudios ecológicos en el delta del Paraná se anclan en una serie de premisas. Una de ellas es la dicotomía fundante de la modernidad (y, por tanto, de la mayor parte de las disciplinas científicas, incluyendo la biología): la existencia de una separación entre naturaleza y cultura/sociedad. Y, en cuanto sistema de humedales (y, por tanto, espacio de naturaleza), requiere ser caracterizado en términos biofísicos por vía de categorías propias del conocimiento científico ecológico. Sin embargo, estas perspectivas no niegan la participación de quienes tienen algún tipo de interés en torno a la definición de las formas de uso y apropiación del ambiente en el delta del Paraná, cuanto menos discursivamente. En una intervención pública realizada en 2014, uno de estos científicos sostuvo:

Para hacer un plan, hay que conocer cómo funciona el sistema haciendo un diagnóstico: tener en claro cuáles son los objetivos, discutirlo entre todos los interesados, todos los agentes que están en la actualidad, y en ese caso el tomador de decisiones es un mero intermediario. Un intermediario que tiene una función ejecutiva […] para ejecutar en el presente medidas concretas que en definitiva resulten de la planificación, pensando en el futuro.

En otras palabras, el rol de los científicos es caracterizar el humedal (sus fuerzas estructuradoras, conocer la naturaleza) y presentar evidencia de cuál es el problema que requiere ser resuelto (el humedal se encuentra amenazado por prácticas antrópicas específicas). Luego, eso puede discutirse entre “todos los interesados”, y el tomador de decisiones (“un mero intermediario”) mediará entre esos intereses y generará “medidas concretas” a partir del consenso logrado en la planificación.

En este punto considero necesario retomar un planteo previamente trabajado. En Straccia e Isla Raffaele (2020), sostuvimos que la condición pospolítica supone procesos de despolitización que ubican a aquello que denominamos genéricamente como “naturaleza” más allá de lo político (es decir, por fuera del espacio de la disputa pública, la contestación y el desacuerdo), y que, a su vez, buscan resolver toda situación problemática mediante acuerdos técnicos a través de la producción de consensos. Bajo esa lente conceptual, sostengo que este tipo de propuestas son pospolíticas.

Para iluminar este punto, cabe analizar brevemente un trabajo en el que dos ecólogos plantearon la necesidad de organizar el espacio para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región (Quintana y Astrada, 2013). Allí se propuso una matriz FODA de análisis y se explicitó la necesidad de que la planificación del desarrollo sea participativa, en cuanto debía ser “decidida, desarrollada, ejecutada y controlada por la propia comunidad local” (p. 77). Sin embargo, la matriz FODA (que, afirman, “constituye el punto de partida para discutir las posibles estrategias de intervención sobre el territorio” [las itálicas me pertenecen]) no es participativa. Y en esa matriz la acción humana es interpretada como un factor disruptivo sobre el humedal: la existencia en sí de la naturaleza es su fortaleza (reinterpretada en clave de bienes y servicios ecosistémicos), y las prácticas humanas son amenazas[4]. Sin embargo, esta forma de vinculación sociedad/naturaleza es activamente disputada por los pobladores locales, de modo que asumirla apriorísticamente es en realidad una negación de racionalidades otras. Es decir, al operar como “punto de partida para discutir las posibles estrategias de intervención sobre el territorio”, este tipo de propuestas suponen que la participación de los actores locales debe ser bajo las reglas del discurso científico ecológico[5].

Por esa razón refiero a la condición pospolítica, dado que los términos de la discusión pretenden estar por fuera del debate público, la contestación y el disenso. Una situación de esta índole también la tratamos en Straccia y Pizarro (2017), donde analizamos lo ocurrido en un taller participativo y mostramos cómo la consigna no solo definió que la participación local sea en términos científicos ecológicos, sino que además ciertas respuestas (localmente relevantes) fueron explícitamente excluidas del universo de posibilidades por parte de los científicos que lo coordinaban.

En el delta del Paraná, esta nueva forma de hacer legible el espacio (de “la isla” a “el humedal”) supone también una reproducción de los “isleños” y sus prácticas: para quienes producen el espacio en términos ecológicos, las técnicas de control y manejo del agua ya no son la marca civilizatoria sobre “la isla”, sino la huella de la destrucción del “humedal”. Es en este sentido en que estas categorías son performativas y políticas (Straccia e Isla Raffaele, 2020). Especialmente luego de los incendios del 2008, la categoría “humedal” se insertó en la trama discursiva local de forma muy clara. En un encuentro informal con uno de los técnicos del INTA en julio de 2014, mientras intercambiábamos pareceres sobre cómo el problema de “los humedales” se había construido progresivamente en la agenda local y en ese momento ya era reconocido como tal por los propios “isleños”, nuestro interlocutor señaló:Es increíble, pero hace diez años nadie hablaba de humedales, ninguno, [ni nosotros] ni los productores […] hoy hasta el junquero habla de humedal”. En su opinión, “si algo le debemos a las ONG [ambientales] es que ahora todos hablamos de humedal”. Y aunque hubiera diferencias respecto de los impactos que tendrían las prácticas productivas y de vida locales o de su condición de amenazado/en peligro, ninguno negaba su condición de tal (Straccia, 2019).

¿Cuál es el lugar de “los isleños” en “el humedal”?

Tal como lo planteó mi interlocutor en la cita previa, la categoría “humedal” (y otras categorías asociadas, como “biodiversidad”) encuentra sus raíces en el discurso científico ecológico, pero excede sus límites. El conflicto en torno a los incendios del año 2008 no solo hizo que “el mundo [empezara] a mirar a las islas” (Gastellu, 2016, p. 58), sino también que lo hiciera de una forma específica. En un contexto de auge del paradigma del desarrollo sustentable y del reconocimiento social de la importancia del cuidado del ambiente, el conflicto se constituyó en las categorías del discurso científico ecológico en la agenda pública y en la agenda política. Así, científicos de universidades nacionales y técnicos de instituciones estatales generaron informes para explicar lo sucedido bajo las reglas de formación de este tipo de discurso científico (Kandus et al., 2009). En dicho informe no solo se observa que el espacio deviene soporte y tiene un carácter instrumental (el uso histórico del área queda reducido a qué actividad productiva se realizó históricamente, de modo que cualquier otra dimensión sociocultural no tiene lugar), sino que además el espacio deviene naturaleza: “el humedal” se ve amenazado (sus funciones ecológicas se ven amenazadas, lo que podría afectar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos). Los responsables, por su parte, son quienes llevan adelante “prácticas irresponsables relacionadas con disturbios [que] afectan en forma sustancial la oferta de bienes y servicios ecosistémicos”. Finalmente, los afectados también son definidos bajo la dicotomía moderna naturaleza-cultura: si el hombre impacta sobre la naturaleza, luego es la sociedad la que sufre sus consecuencias. Y, como mostramos en Pizarro y Straccia (en este volumen), se define como afectados a los grupos sociales que están frente al humedal, los habitantes urbanos del cordón Buenos Aires-Rosario.

Este recorrido es central porque, bajo la grilla de la gubernamentalidad, no solo es relevante referir a las formas específicas de gobierno de los territorios, sino también a las formas de pensar y abordar los problemas (Mascheroni, 2022). En este sentido, la problemática ambiental del delta del Paraná se constituyó en clave ecológica, lo que supone construir los problemas, los territorios y los sujetos de formas específicas (ambientales, en cuanto ecológicas) y obturar racionalidades otras –esto lo he señalado más arriba al referirme a la matriz FODA o a las discusiones pretendidamente participativas sobre la provisión de bienes y servicios del ecosistema de humedal, por ejemplo–. Esta forma específica de construir el problema/amenaza, de construir a los afectados y de asignar responsabilidades en relación con la cuestión ambiental en el delta del Paraná va a encontrar su correlato en la producción de las políticas públicas en materia ambiental. Y, como lo planteamos en Pizarro y Straccia (op. cit.), constituyen herramientas de presión externas sobre las formas de vida de las personas que habitan el delta y de demonización de la supuesta irracionalidad de sus prácticas, que causarían la degradación del ecosistema.

Lo relevante en este punto es señalar que, en un territorio ambientalizado de esta forma singular, no hay lugar para “la isla”, devenida “humedal”. Y tampoco hay lugar para la historia o la afectividad: si en “el humedal” no hay lugar para “la isla”, entonces tampoco hay lugar para “los isleños” como colectivo de identificación anclado en el sentimiento de pertenencia al lugar. Sin embargo, eso no implica que en “el humedal” no haya espacio para las personas. Similarmente a lo que sucede en torno a los discursos de desarrollo (Nygren, 1999), en “el humedal” hay lugar para dos tipos de sujetos específicos definidos: pobladores locales que llevan adelante prácticas tradicionales que están adaptadas al ecosistema (lo que los coloca constitutivamente en una posición secundaria respecto de lo que existe por fuera de ellos, esto es, la naturaleza –el salvaje ecológicamente noble, garante de la conservación–) y pobladores locales que llevan adelante prácticas destructivas del humedal (“prácticas irresponsables […] [que] afectan en forma sustancial la oferta de bienes y servicios ecosistémicos”). Así y todo, “los isleños” no son sujetos pasivos que necesariamente aceptan esos roles preasignados. Volveré sobre eso al final.

Racionalidades políticas y tecnologías de gobierno

En torno a la cuestión ambiental en el área del bajo delta bonaerense del Paraná bajo estudio, el recorrido hecho hasta aquí da cuenta de una racionalidad de gobierno singular que delimita ciertos problemas y poblaciones de formas particulares y diseña dispositivos de intervención específicos (Rose y Miller, 1992). En los términos de Mascheroni (2022), comprende el despliegue de tres elementos: la forma moral, el carácter epistemológico y la distinción idiomática. Una racionalidad de gobierno singular supone la aceptación de una forma específica de poder y de distribución de tareas, así como una naturalización de las maneras en que se ejerce el poder, de quién lo ejerce y sobre qué esferas debe ejercerlo. En este caso son los tomadores de decisión (“meros intermediarios […] entre quienes tienen intereses”, según los “ambientalistas”) y las instituciones estatales (“desde el escritorio”, remarcan los “isleños”, mientras cuestionan esa naturalización y sostienen reiteradamente que esto lo tienen “que solucionar desde adentro”), que deben definir qué se puede hacer y qué no en el territorio bajo la guía pastoral del conocimiento científico ecológico –en materia ambiental, como dice Gastellu (2022), “gobernar es ordenar” (p. 135)–.

La referencia religiosa del párrafo precedente no es fortuita. El carácter pastoral (de guía moral) del conocimiento científico es característico de la modernidad en general, tal y como fue evidenciado por Foucault en su obra. Pero, además, en ciertas ocasiones los propios “ambientalistas” se expresan en esos términos. En su investigación algunos kilómetros al norte de nuestra área de estudio, Gastellu (2016) mostró cómo los “ambientalistas” argumentan que los pescadores deben ajustar sus conductas y sus prácticas al conocimiento científico ecológico de la misma manera que los católicos deben regirse por los mandamientos bíblicos, en cuanto verdades absolutas. En las palabras de uno de ellos:

Hay unos mandamientos [en los manuales de buenas prácticas] que son interesantes, es como una visión bíblica, más allá de que uno tenga convicciones o no religiosas, pero la biblia tiene como un significado de una verdad absoluta, y estos principios son de largo alcance, tienen como fuerza perdurable.

Así, la forma moral se asocia de manera indivisible con el carácter epistemológico y la distinción idiomática. Los preceptos del conocimiento científico ecológico como mandamientos están asociados a la configuración de un conocimiento específico sobre los objetos que gobernar (en este caso, objetos de naturaleza, aprehensibles bajo las reglas del conocimiento científico de las ciencias naturales) y el uso de categorías con carácter performativo que visibilizan ciertas cosas e invisibilizan otras, tal y como lo hemos planteado en las secciones previas.

Siguiendo a Rose y Miller (1992), también es necesario identificar las tecnologías de gobierno a través de las cuales la racionalidad política puede desplegarse en los procesos de gubernamentalidad (ambiental). Me refiero a las técnicas y los procedimientos por los cuales el saber se inscribe en el ejercicio del poder (De Marinis, 1999). Entre otras tecnologías, podemos mencionar la participación de los científicos ecólogos en la constitución e implementación de la Reserva de Biósfera MaB-Unesco en el área insular del Municipio de San Fernando (Camarero, 2011), la asesoría en la producción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales a nivel nacional y a nivel provincial en Buenos Aires (Straccia, 2019), su rol como referentes técnicos en el proceso de producción del ordenamiento territorial de los bosques nativos del delta bonaerense (op. cit.), la producción de informes académicos (Kandus et al., 2009), de lineamientos y manuales de buenas prácticas ambientales (Baigún, 2013; Fracassi et al., 2013; Quintana et al., 2014), la firma de convenios entre ciertas ONG y el Estado en sus diferentes niveles –tanto nacional como provincial–, y la producción de inventarios de humedales a distintas escalas (Mulvany et al., 2019). El Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná, constituido luego de los incendios de 2008, también se incluye aquí: la forma de delimitar el problema se ancla en los elementos de sentido del discurso científico ecológico (concomitantemente con el discurso de la sustentabilidad), y en dicha tecnología de gobierno el saber también está inscripto en el ejercicio del poder.

El recorrido realizado muestra que existe una clara ambientalización del territorio y de los sujetos en el delta del río Paraná en los términos aquí planteados, de modo que encuentro mucha potencia analítica en la grilla de la gubernamentalidad ambiental. Y, retomando la propuesta de Fletcher (2010, 2017), esta primera aproximación evidencia el predominio de dispositivos de la gubernamentalidad ambiental disciplinaria: la mayor parte de las tecnologías de gobierno actuales están orientadas a la constitución de poblaciones y sujetos ambientales, de un deber ser en materia ambiental, un accionar ambientalmente sustentable que se construya por medio de la internalización de normas y valores.

La producción de manuales y lineamientos de prácticas ambientalmente sustentables como los arriba referidos son evidentes dispositivos de la gubernamentalidad ambiental disciplinaria, bajo los términos planteados en el párrafo previo. Coincidentemente, Gastellu (2022) sostiene que la obediencia a las “buenas prácticas” (así definidas por los expertos en los manuales y lineamientos correspondientes) opera como guía de clasificación para definir qué/quién sería un “buen isleño” en el delta del Paraná[6]. Algo similar también se podría plantear en relación con la cuestión de la caza (Pizarro et al., 2016) o las estrategias de educación ambiental que se desarrollan en la región. En su conjunto, son tecnologías de gobierno que conducen a los sujetos a pensar y actuar de modos singulares con objetivos ambientales específicos, como el desarrollo sustentable o la conservación de la biodiversidad, tal y como lo plantea Ulloa (2011). Y, aunque más sutiles, las técnicas asociadas a procesos de ordenamiento ambiental del territorio (como el ordenamiento territorial de los bosques nativos y los inventarios de humedales) también son dispositivos de gubernamentalidad ambiental: como lo señalan Casalderrey Zapata y Tozzini (2020), ordenar los usos del bosque (o del humedal) es ordenar el territorio… y a su vez se traduce en ordenar a la población (y las personas) que se vincula con ellos. Así, racionalidades políticas y tecnologías de gobierno se articulan para conducir las conductas –los tres elementos constitutivos de las gubernamentalidades (ambientales)–.

Un ejemplo de cómo se produce esta articulación lo podemos encontrar al analizar las certificaciones ambientales. En la zona núcleo forestal, una empresa privada de capitales extranjeros tiene actualmente un certificado Forest Stewardship Council de provisión de servicios ecosistémicos por su rol en la conservación de la biodiversidad (Pereira et al., 2022). La provisión de este servicio ecosistémico se garantiza a través de procesos de educación ambiental y de vinculación de la empresa con la comunidad y las escuelas, pero también por vía de guardias de seguridad que vigilan el terreno y controlan el acceso a la propiedad, de modo que se inserta dentro del conjunto de técnicas de gobierno prototípicas de una gubernamentalidad ambiental disciplinaria. De hecho, en este tipo de esquemas, coexisten los tres instrumentos constitutivos de este tipo de poder: la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen (la certificación). Pero no se agota allí. En esta tecnología de gobierno, también se anudan relaciones de saber/poder, se reproduce la configuración de un conocimiento específico sobre los objetos que gobernar[7] y se contribuye a insertar la conservación de la biodiversidad bajo una lógica de mercado en el marco de la responsabilidad social empresaria, de modo que es también un dispositivo prototípico de la gubernamentalidad ambiental neoliberal.

En este sentido, y siguiendo a Rose et al. (2006), es necesario mapear empíricamente cómo operan simultáneamente estas diferentes combinaciones de racionalidades y tecnologías. En este caso bajo análisis, la forma moral desplegada evidencia la combinación de tecnologías propias de la gubernamentalidad ambiental disciplinaria con las de la gubernamentalidad ambiental basada en la verdad, tal y como lo mostré al señalar el carácter de mandamiento de los manuales de buenas prácticas o las obligaciones morales de conservación de la biodiversidad/naturaleza que plantean los científicos en las entrevistas realizadas (registro de campo, octubre y noviembre de 2014). En cambio, las técnicas de gobierno prototípicas de la gubernamentalidad ambiental neoliberal son menos frecuentes, aunque no por ello inexistentes, tal y como lo señalé en el párrafo anterior.

Reflexiones finales

Bajo la grilla analítica de las gubernamentalidades ambientales, en este capítulo me propuse reflexionar sobre las formas específicas en que las racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno se articulan para conducir las conductas en materia ambiental en una zona del bajo delta bonaerense del río Paraná.

Inicialmente, mostré que, a fines del siglo xx, emergió una nueva forma de nominar y categorizar al espacio, y que “la isla” (en cuanto categoría local cargada de afectividad) dio paso a “el humedal” (categoría teórica inscripta en el discurso científico ecológico). Sostuve que esta nueva forma de hacerlo legible es parte central del proceso de ambientalización del territorio, al condensar en ella una asociación singular entre la forma moral, el carácter epistemológico y la distinción idiomática. Sostuve también que supone una reproducción de los “isleños” y sus prácticas, y que en “el humedal” no hay lugar para “la isla” ni para “los isleños”, en cuanto colectivo de identificación anclado en el sentimiento de pertenencia al lugar. Posteriormente, di cuenta de la racionalidad de gobierno singular que delimita los problemas y las poblaciones de formas singulares y diseña dispositivos de intervención específicos, e identifiqué las tecnologías de gobierno a través de las cuales se despliega. Finalmente, planteé que las tecnologías propias de la gubernamentalidad ambiental disciplinaria se articulan con las de la gubernamentalidad ambiental basada en la verdad, mientras que las técnicas de gobierno de la gubernamentalidad ambiental neoliberal son menos frecuentes.

En el análisis de la relación específica entre conocimiento científico y arte de gobierno, retomé los postulados de Foucault (2006), quien sostiene que esta relación es prototípica de la nueva gubernamentalidad. Para este autor, en la actualidad

[el] conocimiento científico es absolutamente indispensable para un buen gobierno. Un gobierno que no tenga en cuenta este tipo de análisis y el conocimiento de esos procesos, que no respete los frutos de esta clase de conocimiento, estará destinado al fracaso (pp. 401-402).

Sin embargo, a diferencia de tiempos precedentes, este conocimiento tiene la particularidad de que no se origina dentro de la práctica de quienes gobiernan. Por esa razón, sostiene que

tenemos una ciencia que en cierto modo mantiene un tête-à-tête con el arte de gobernar, una ciencia que es exterior y se puede perfectamente fundar, establecer, desarrollar, probar de cabo a rabo, aun cuando uno no sea gobernante ni participe del arte de gobernar. Pero el gobierno no puede hacer caso omiso de las consecuencias de esa ciencia, de sus resultados (p. 402).

Bajo este prisma, al igual que la economía, la ecología (en lo referido específicamente a su objeto de estudio) tiene la particularidad de reivindicar su pureza teórica (la medición y la cuantificación como principios rectores) y al mismo tiempo reclamar el derecho –o el deber, incluso– de ser tenida en cuenta por un gobierno que deberá amoldar sus decisiones a ella. Por estas razones, sostengo que la práctica ecológica puede operar como un dispositivo que contribuya a la reproducción de desigualdades, lo cual es distinto de afirmar que está destinada a ello.

En trabajos futuros, será necesario profundizar estas reflexiones e incorporar nuevas aristas. La ambientalización del territorio es un proceso que los “isleños” disputan tanto de maneras explícitas como ocultas, y eso debe ser analizado. Sintéticamente, esta confrontación se ancla en dos elementos de manera simultánea: por un lado, en la disputa de las categorías nodales que dan forma al problema así constituido (“Ustedes hablan de humedal, [pero] nosotros vivimos en la isla”); por el otro, en la disputa de la forma específica en que el problema ambiental es constituido y la correspondiente asignación de responsabilidades (“El isleño no destruye la isla, ¿cómo va a destruir la isla?” –la presentación del “isleño” como un sujeto ambientalmente responsable, pero no en términos esencialistas, sino recreando la noción de “sustentabilidad”–). Los modos de nominar el espacio (¿”la isla” o “el humedal”?) refieren a formas de producir sentido e imponer límites, y los habitantes locales contestan, reproducen y resignifican los elementos de sentido del discurso ambiental en estos procesos de ambientalización del territorio (como lo muestran Monkes, Dayan y Pizarro en este volumen). Por esta razón, no alcanza con comprender cómo las tecnologías de gobierno posibilitan la constitución de ciertos territorios, sino que también debemos profundizar en qué otras territorialidades resultan subordinadas.

Asimismo, e independientemente del tipo de combinación que se exprese en cada situación específica, todo estudio bajo la grilla analítica de la gubernamentalidad debe dar cuenta de las formas en que se constituyen territorios, poblaciones y sujetos. Y, como lo evidencian Del Cairo y Montenegro-Perini (2015), son procesos estrechamente ligados también en los procesos de gubernamentalidad ambiental: la producción de territorio y poblaciones implica también la producción de sujetos. Y aunque aquí hice énfasis en la primera parte, será necesario analizar detalladamente cómo estas tecnologías de gobierno suponen también la constitución de sujetos ambientales, pues, en clave foucaultiana, solo así podemos comprender acabadamente los procesos de gubernamentalidad ambiental.

Bibliografía

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  1. Para facilitar la lectura, utilizo el género masculino, sin desconocer la diversidad de adscripciones de género.
  2. Utilizo las comillas para hacer referencia a categorías locales emergentes del trabajo de campo. En esta ocasión, la categoría nativa “ambientalistas” es utilizada para referir a un heterogéneo colectivo de individuos, entidades académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) –fundaciones profesionales, no organizaciones de base– que retoman elementos de sentido del discurso científico ecológico para postular la necesidad de proteger el macrosistema de humedales del delta del Paraná.
  3. En Castro et al. (2019), mostramos cómo esta reconfiguración también se observa en el análisis de la normativa de la región, de las políticas de colonización de inicios del siglo xx a las políticas ambientales de inicios del siglo xxi.
  4. ¿Para el desarrollo sustentable de “la isla”? ¿O para la conservación de “el humedal”?
  5. Cabe aclarar que esto no implica asignar intencionalidad en los científicos en sí mismos, dado que nuestras propias subjetividades son constituidas en este universo de sentido hegemónico en el que se insertan los procesos de despolitización de “lo natural” y “lo técnico”.
  6. Quisiera realizar una aclaración en este punto: aunque no la niega, esta perspectiva teórica no asume apriorísticamente intencionalidad en estas técnicas y procedimientos. Pero, aunque no hayan sido racionalmente constituidas como estrategias, no por eso dejan de estar inscriptas en una trama de relaciones desiguales de poder. Y dado que el poder no puede ejercerse sin aparatos de saber que lo hagan posible, el saber experto también se inserta en estas tramas: aunque puede ser tensionado y resignificado por las comunidades hasta convertirlo en una estrategia de lucha, el discurso científico también puede manifestarse como un dispositivo de poder.
  7. En este caso, la biodiversidad, cuya garantía de conservación es brindada por el conocimiento científico ecológico.


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