Paula Torres y Alejandra Peano

Introducción

Tematizar la cuestión de la seguridad y los modelos de actuación policial exige el abordaje transversal de distintos procesos que definen la organización del espacio-tiempo urbano, entre ellos, la compleja trama de mutaciones que, en materia de planificación y de hábitat, moldea la Ciudad de Córdoba. Este entramado particular, tejido en torno a la circulación como nudo sintomal de la conflictividad de la vida urbana actual (Boito y Espoz, 2014), supone considerar a la ciudad como objeto de intervención estatal y de diseño urbano a partir de la regulación de las formas y posibilidades de desplazamiento/permanencia de los sujetos.

En este sentido, el análisis del urbanismo estratégico (Boito y Espoz, 2014) como política de regulación de la conflictividad social nos permitirá entender cómo la experiencia de los sujetos se va configurando a partir de la separación de entornos definidos según la clase; una separación edificada no solo a partir de políticas de embellecimiento urbano y de habitabilidad, sino también a partir de la incorporación de distintas estrategias para la gestión de la seguridad.

En esta clave, entonces, nos referiremos a algunas de las transformaciones urbanísticas y en materia de hábitat de la última década en Córdoba, para posteriormente abordar la singular configuración que, en consonancia con lo anterior, sustenta el diseño y aplicación de las políticas de seguridad en la ciudad. Finalmente, nos centraremos en el análisis de las estrategias argumentativas que definen el contenido de los últimos 6 números de la Revista Institucional de la Policía de Córdoba 5/5 La fuerza de la palabra^[1].

Si bien no pretendemos realizar en este escrito un abordaje discursivo, entendemos que a partir de la tematización de los contenidos de la publicación podremos acceder a aquel particular espacio de canalización de la conflictividad que definen las políticas de seguridad. Para ello, en primer lugar, daremos cuenta del surgimiento de la revista como estrategia comunicacional institucional. Luego, abordaremos las operaciones discursivas que se tejen en torno al ser policía y las transformaciones que, tanto a nivel institucional como gubernamental, postulan a la cuestión de la seguridad como principal demanda social y a la policía como principal garante de la misma.

En tal sentido, entendemos que el locus de conflicto queda planteado en torno a la accesibilidad/circulación y la participación de los sujetos en la ciudad, pero también en torno a la penalización y represión de quienes son definidos selectivamente como individuos peligrosos.

En consecuencia, y partiendo de considerar que analizar las operaciones discursivas de investidura de sentido supone la diferenciación entre la reconstrucción de gramáticas de producción y gramáticas de reconocimiento (Verón, 1984), la revista policial será abordada como contrato de lectura pero a partir del análisis del contexto y las condiciones de producción de este discurso. Así, esta tematización posibilitará, por un lado, dar cuenta de las características/situaciones que habilitan ese discurso y que van configurando el horizonte de sentido sobre la seguridad. Por otro lado, la revista nos permitirá el abordaje de las políticas de seguridad en Córdoba, como soporte de fuente secundaria. De esta manera, nos proponemos identificar aquellas marcas que remiten a las condiciones de producción de la publicación, el contexto en que aparece por primera vez y la configuración de ciertas operaciones discursivas que funcionan como parte de una estrategia para la gestión/definición de la seguridad en Córdoba.

Por último, cabe destacar que el eje transversal de organización de este escrito se establecerá en torno a la seguridad como sistema de valoración que permite estructurar la separación clasista de los sujetos y, por consiguiente, su interpelación como clientes-consumidores en el espacio urbano.

El devenir de la seguridad en Córdoba: separación planificada y seguridad para el consumo

Las lógicas que definen las formas de circulación, desplazamiento y permanencia de los sujetos en la ciudad pueden desandarse y destejerse a la luz del análisis del urbanismo como ciencia de Estado (Debord, 1995 [1967]). Las agendas políticas de la mayor parte de los países latinoamericanos^[2] se definen hoy siguiendo los mandamientos de un urbanismo estratégico^[3] que, como brazo ideológico del sistema capitalista neocolonial, va cosificando la experiencia de los sujetos a partir de la configuración y la regulación de las sensibilidades: los ritmos con que se suceden los movimientos, las velocidades de circulación de los cuerpos, las posibilidades de permanencia y desplazamiento en el espacio de la ciudad, determinan el predominio del movimiento en detrimento del encuentro.

Bajo esta particular dinámica de dominación capitalista, la planificación estratégica opera concretando la separación de cuerpos y mercancías, moldeando la experiencia social de los sujetos (Espoz, 2012). Sin embargo, la (re)definición de las formas del ser/estar en el espacio urbano supone una apropiación diferencial de ese escenario en función de la pertenencia clasista de los sujetos. Se trata de una pertenencia que aparece siempre en oposición a otras, si tenemos en cuenta que es a partir de la condición habitacional y las posibilidades de acceso/circulación que la interacción social muestra una particular estructura y dinámica de relacionamiento entre las clases. El urbanismo va configurando la separación de los cuerpos al cuantificar las diferencias sociales según el poder de consumir y de hacer consumir, en un escenario que interpela a los sujetos como clientes-consumidores y que moldea entornos definidos de forma clasista^[4] (Boito, 2013).

Es bajo esta particular dinámica que a partir de la década de los 90 en Argentina tiene lugar un proceso de privatizaciones compulsivas, desindustrialización, aumento de las desigualdades y de la polarización social (Svampa, 2004), con una consecuente tendencia a la fragmentación y al apartamiento espacial de las clases medias y altas. Al mismo tiempo, el vínculo que une al Estado con el mercado se va modificando e intensificando, dando lugar a la aplicación de políticas de contención de la marginalidad focalizadas (como es el caso del hábitat y de la seguridad), cuya contracara es un Estado penal (Wacquant, 2004) y la transformación del dispositivo represivo militar (Scribano, 2007).

La continuidad de estas transformaciones se deja ver, en los últimos diez años, a partir de la profunda reestructuración del Estado cordobés con distintas implementaciones en torno al diseño y la aplicación de políticas públicas, particularmente de políticas habitacionales^[5] y de seguridad. Este proceso, organizado en torno a modalidades de segregación y fragmentación espacial, va configurando escenarios de encierro estructural e incrementando la desconfianza en el otro (Scribano y Boito, 2010), lo que posibilita que en nombre de la seguridad pueda excluirse ya no a sujetos delincuentes individualizados, sino a grupos peligrosos o productores de riesgo^[6]. Por un lado, entonces, se multiplican los emplazamientos habitacionales clasistas diseñados para impedir/imposibilitar el encuentro y la interacción entre las clases (los desplazamientos voluntarios a countries y barrios como contracara de la relocalización obligada de otros a la periferia de la ciudad). Por el otro, el ejercicio permanente e intensivo del policiamiento e identificación/control del peligro va moldeando las formas posibles de circulación: quiénes pueden hacerlo, cuándo y en qué lugares (Boito y Espoz, 2014).

En este sentido, los mecanismos de control neutralizan el espacio público con modernos sistemas de iluminación, intensifican las acciones de policiamiento y represión con el apoyo de tecnológicos instrumentos de videovigilancia^[7], al tiempo que configuran espacios de participación ciudadana con la instalación de alarmas comunitarias y grupos de Whatsapp. Así, se imposibilita el encuentro entre las experiencias deseables y aquellas experiencias indeseables, asumidas como incorrectas o indignas de ser vistas para evitar/invisibilizar la conflictividad. De esta manera, la implementación de dispositivos y políticas de seguridad sumada a los nuevos canales y estrategias para la prevención y la participación ciudadana, van configurando entornos particulares según la clase.

Es preciso destacar que en Córdoba, hasta mediados de la década del 90, la seguridad aparece fuertemente ligada a la política social (Hathazy, 2014) para, posteriormente, bajo la noción de seguridad ciudadana, quedar configurada en torno al control policial y judicial del delito pero a partir de la promoción y protección de los derechos ciudadanos^[8]. Es a finales de esa década, durante el primer mandato del gobernador José Manuel de la Sota y con la introducción de distintas modificaciones en torno a la planificación urbana y la aplicación de políticas de seguridad –a las que nos referimos con anterioridad- que comienza a perfilarse la idea de seguridad pública como área de gestión de gobierno liderada por actores policiales con trayectorias militares^[9]. Así, el paradigma securitario en la ciudad de Córdoba comienza a combinar acciones de corte represivo y selectivo con un aumento de los gastos públicos en materia de seguridad y a nivel burocrático.

Entre el año 2000 y el año 2005, en tanto, se aprueban las leyes de Reforma del Estado y de Seguridad Pública y Privada^[10], que permiten la articulación de ejercicios de democratización y horizontalización de las acciones entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado. Los cambios en el orden operativo también determinan transformaciones de orden jerárquico e institucional^[11] y el diseño de un Plan Estratégico de Seguridad estructurado a partir de un Sistema de Seguridad Pública^[12] que contempla un programa de trabajo comunitario^[13] así también como un esquema de modernización en las técnicas de control: al incremento de los recursos humanos se suma la implementación de la video vigilancia en lugares públicos, las alarmas comunitarias y el sistema biométrico para la identificación de personas (AFIS) en el año 2009.

La práctica policial, a su vez, bajo la operatoria de la ocupación territorial, adopta como característica distintiva el uso intensivo de las facultades de detención y juzgamiento de faltas, y el control del delito organizado a partir de la complejización de su estructura y el desarrollo de órganos militarizados especiales (Hathazy, 2014). Por un lado, se suman nuevos móviles y recursos materiales -tanto terrestres como aéreos-, se diseña un plan para la renovación de la infraestructura edilicia policial y, en ese marco, se crean 11 nuevas comisarías y se remodelan 6^[14]. Por el otro, la profesionalización de las fuerzas de seguridad se traduce en la ampliación de las unidades especiales: el Comando de Acción Preventiva C.A.P. (2003), la nueva Policía Caminera (2008), la Policía Turística (2009), capacitaciones destinadas al personal de la Policía Montada, el Departamento de Ocupación Territorial D.O.T. (2013) y la Fuerza Policial Antinarcotráfico F.P.A. (2014)^[15], que se suman a las acciones de la policía comunitaria. Estos grupos se despliegan en el espacio urbano moldeando distintos anillos de seguridad: en el casco histórico y zona céntrica de la ciudad, la Policía Turística, a la que se le suma la Policía Montada que vigila distintos espacios públicos, como parques y plazas. Los grupos especializados del C.A.P. y el D.O.T., en tanto, actúan en las zonas periféricas de la ciudad, principalmente en los sectores más vulnerables y sociosegregados como las ciudades-barrio. La Policía Caminera, por su parte, ocupa los accesos y caminos que conectan a la Ciudad de Córdoba con otras localidades/provincias. Por último, la F.P.A realiza operativos de secuestro de narcóticos y detenciones tanto en la ciudad como en sus accesos.

A mediados de 2013 estalla una profunda crisis institucional policial con el llamado narcoescándalo^[16] y el posterior acuartelamiento policial de diciembre de ese año^[17]. Frente a estas situaciones, y en pos conservar el monopolio legítimo del poder y la fuerza, la peligrosidad de ciertos individuos se constituye en objeto de intervención estatal punitiva delimitando las características de un otro construido y etiquetado como peligroso. En este sentido, en diciembre de 2015, se aprueba el Código de Convivencia^[18] para reemplazar al polémico Código de Faltas cordobés^[19], que incorpora la penalización del trabajo informal de calle –como el caso de los cuidadores de autos (conocidos como naranjitas) y los carreros– y la figura del derecho de admisión, inexistente en el antiguo código^[20].

En este escenario, no solo nuevos actores se incorporan para la gestión de la seguridad sino que el rol mismo de los ciudadanos se transforma cuando comienzan a ser interpelados para involucrarse progresivamente en el combate y la prevención del delito. Estas modificaciones se suman a la operatoria territorial policial que se aboca al desarrollo de nuevas prácticas punitivas en el espacio urbano. Por un lado, entonces, comienzan a extenderse territorialmente las estrategias represivas policiales: el levantamiento de vallas de contención de ciudadanos en la vía pública, los operativos de saturación en los barrios periféricos de la ciudad y los puestos de control de personas y vehículos, por ejemplo. Por otro lado, distintos sectores de la ciudadanía son convocados como partícipes necesarios para el control del delito y la protección de personas y bienes a través del funcionamiento de programas y herramientas de intervención ciudadana^[21]. Bajo esta lógica, unos se convierten en poseedores de objetos (el gas pimienta, las picanas, las alarmas comunitarias y los botones antipánico, entre otros), mientras a otros colectivos y sectores sociales les es negada su condición de ciudadanos a partir del uso arbitrario de las capacidades policiales (Hathazy, 2014).

En este contexto, caracterizado por el diseño e implementación de nuevas políticas de gestión de la seguridad, se edita por primera vez la Revista Institucional de la Policía de Córdoba 5/5 La fuerza de la palabra. La ya mencionada crisis institucional de las fuerzas policiales, por un lado, y la demanda de mayor seguridad y consecuente configuración de entornos protegidos para un sector de la ciudadanía, por el otro, van redefiniendo la estrategia del accionar policial también a nivel discursivo. Así, se implementan distintas herramientas de participación ciudadana que se suman a estrategias de comunicación para hacer frente a la crisis de legitimidad y a la inseguridad como principal problemática social.

La fuerza de la palabra: iniciativa comunicacional y estrategias argumentativas de la Revista de la Policía de Córdoba

Tapas de la Revista 5/5 La fuerza de la palabra – números 9 a 14

 

La Revista Institucional de la Policía de Córdoba 5/5 La fuerza de la palabra^[22] es una publicación gráfica que se distribuye entre el personal policial y que, aunque no tiene una periodicidad regular, se ha editado anualmente desde el año 2006^[23]. A la fecha, la revista cuenta con catorce números publicados y solo los últimos seis están disponibles por vía electrónica^[24]. Tanto la extensión de la publicación como las secciones en las que se organiza, varían entre número y número. Si bien existen apartados que se mantienen en casi la totalidad de los ejemplares consultados –como ser: el “Editorial” (generalmente a cargo del Jefe de Policía o del Ministro de Gobierno) y las secciones “Dependencias”; “Bienestar”, “Grandes Operativos”, “Capacitación” y “Notas Breves”, por mencionar algunos^[25]– otros parecen obedecer más a la realización de un evento particular y la disponibilidad de información, que a una decisión editorial específica^[26].

Ahora bien, nos preguntamos a qué necesidad institucional responde la revista, qué imagen se busca proyectar y en qué contexto aparece por primera vez. En tal sentido, en distintos comentarios editoriales se remarca la importancia de contar con una estrategia comunicacional que permita gestionar los mensajes que circulan interna y externamente para así evitar ambigüedades de significación en torno a la imagen institucional:

Es precisamente una estrategia de comunicación institucional gestionar los mensajes que circulan en los distintos niveles y entre diferentes públicos, para evitar que se filtre la menor cantidad posible de significados contrarios a la imagen que se desea proyectar. (…) decidimos sumar un medio digital como es la página web policial, un espacio al que accedemos no solo los policías, sino todas las personas del mundo que necesiten la información que allí se encuentra. (Revista Institucional de la Policía de Córdoba “5/5 La fuerza de la palabra”, N° 10, 2010: 5).

El objetivo excluyente es (…) mejorar la calidad y la oportunidad de los mensajes, unificando los mismos para evitar la menor incertidumbre posible y generar clima de confianza y serenidad evidenciando nuestra solidez (Revista 5/5 N° 13, 2012: 4).

De esta manera, se procura unificar el discurso para evitar filtraciones al mismo tiempo que se advierte que esta estrategia debe comprender todos los medios posibles para llegar a la sociedad. Además, se resalta la importancia de la elaboración de un discurso que sea propio de la institución, sin la mediación de los medios de comunicación y con un efecto de recepción que sea positivo para las fuerzas.

En este punto, destacamos un texto de Ariel Eidelman (2012) que tematiza cómo la revista Mundo Policial de la Policía Federal Argentina –creada a fines de la década del 60– surge para reforzar las representaciones en relación a la identidad policial en un contexto de fuerte represión política y social por parte de la fuerza policial federal, que desencadena el cuestionamiento, rechazo y repudio de gran parte de la sociedad. Según este texto, las representaciones que circulan en la revista están vinculadas con la imagen de una institución legítima y tradicional, que se ocupa de la defensa de la ley y de velar por el orden social: “la principal fuerza policial del país era constantemente presentada como caracterizada por la vocación de servicio, sacrificio, brindando seguridad contra el delito, la violencia, el vicio y la inmoralidad” (Eidelman, 2012: 5). En tal sentido, podemos establecer una suerte de paralelismo entre la situación de cuestionamiento de las fuerzas de seguridad por parte de la sociedad y que explica el nacimiento de la Revista Mundo Policial en los 60 en nuestro país y la controversia que puede leerse también en 5/5 La fuerza de la palabra en relación a la crisis institucional policial producto del carácter violento y represivo de sus procedimientos^[27].

Por otro lado, y si bien la solidez de la institución no se muestra permeable a los cuestionamientos en relación a las prácticas policiales, se destaca el trabajo y el esfuerzo puestos para recuperar la confianza de la sociedad luego de la crisis policial de 2013, que se traduce en la pérdida de la legitimidad de las fuerzas como garantes de la defensa de la sociedad. En esta clave puede leerse la definición de una política comunicacional explícita y la creación y difusión de nuevos canales comunicacionales como la cuenta de Twitter y la página Web^[28], espacios propicios para la generación de un sentido de pertenencia y el fortalecimiento de los valores institucionales.

En este contexto de fuerte cuestionamiento por parte de la opinión pública, se puntualiza la necesidad de informar a los vecinos y de trabajar en conjunto con la gobernación provincial para que “vuelvan a creer en la policía”, resaltando la importancia de contar con policías comprometidos^[29]. Esto deja entrever no solo el carácter verticalista de la institución sino también las dimensiones de una crisis que suscitó incluso una polémica en torno al deber de obediencia y disciplina al interior mismo del cuerpo policial. A continuación, abordaremos algunas de esas representaciones.

Ser policía: disciplina, compromiso con la democracia y prevención comunitaria como valores institucionales

Todo proceso de educación elemental (…) consiste no solamente en una normalización de los sujetos, sino en una fabricación de su normalidad de modo que contenga los valores, los ideales de la sociedad. (…) Esto debe ser, la deconstrucción de una individualidad existente y la construcción de una nueva (…) es necesario (…) un desmembramiento para que pueda tener lugar un remembramiento o una refundición del espíritu (y es precisamente en tanto que él es desmembrado y remembrado que el espíritu puede también existir como ‘cuerpo’)” (Balibar, 2008: 7).

Distintas marcas discursivas en 5/5 La fuerza de la palabra remiten a las formas en que se piensa la institución policial configurando ciertas disposiciones de la percepción. Nos interesa indagar en torno a esa imagen que se construye no solo hacia el interior de las fuerzas –teniendo en cuenta que la revista se distribuye de forma impresa solo entre el personal policial- sino también hacia afuera, hacia la comunidad local.

En la revista, el agente de policía es imaginado y representado partiendo de su misión distintiva asociada a la defensa y la protección de la sociedad. Así, el funcionario policial se piensa en tanto “sujeto que se encuentra separado por esta ‘misión-vocación’ del resto de los ciudadanos, (…) el conjunto de derechos y deberes que le corresponden por el hecho de ser miembro de una institución policial y constituyen la piedra angular de la ‘identidad policial’ (…). Este ‘nosotros’ se funda en la calidad de ‘héroe-mártir’ que la identidad policial supone” (Sozzo, 2008: 270) y que requiere de su valiente intervención siempre que esté en juego la función policial.

Bajo esta lógica, la labor policial se concibe no tanto como una profesión sino como un “Estado distintivo” a partir de la conquista y adquisición de un nuevo status: el “Estado policial” (Sirimarco, 2012). La definición de los sujetos en tanto miembros de la institución está dada por el desempeño efectivo de las tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza y supone un cambio ontológico como requisito para la actuación de la función. Lo que se deja entrever en la revista es, ciertamente, un relato sobre los sujetos y sus funciones que se construye a partir de una narrativa, es decir, “como una forma genérica que se desenvuelve según coordenadas prefijadas y ciertos topoi específicos” (Sirimarco, 2012: 943) y que aparece ligada a distintas características distintivas del agente policial^[30].

Así, la cuestión en torno a ser policía queda definida, por un lado, en relación a lo que no es: lo que se reprime es toda manifestación de lo civil para hacer aparecer a un sujeto policial que solo emerge como tal a partir de la disrupción con todo lo que era anteriormente (Sirimarco, 2012). Esta distancia se vuelve tangible en la publicación institucional cuando, por ejemplo, se enfatiza el comportamiento distintivo que debe tener el policía para cumplir con la defensa de la comunidad. La conducta policial está dada por los valores que representan la rectitud, el honor, la honestidad, la lealtad, la disciplina y la buena moral, cualidades que se mencionan expresamente en algunas oportunidades y, en otras, se dejan entrever en la relevancia de conmemorar fechas patrias, describir ceremonias protocolares institucionales, celebrar el egreso de nuevos agentes o reconocer y distinguir a aquellos con una larga trayectoria de servicio^[31]. También se moldea la identidad policial a la luz del énfasis puesto en el privilegio de pertenecer a las fuerzas y la importancia del uniforme policial como parte de la misión única y trascendental que supone mantener el orden y la tranquilidad pública. El resguardo de la vida, los bienes y los derechos de la población es la tarea valiosa e irremplazable que separa al agente de policía del conjunto de la sociedad como representante de aquella institución que “defiende siempre a la sociedad cordobesa” (Revista 5/5, N°9, 2009: 70)

Somos privilegiados, tenemos un trabajo remunerado, tenemos una escala jerárquica que nos permite ascender regularmente y nos estimula a superarnos, tenemos un uniforme al que honrar y una sociedad a la que cuidar. Somos una institución sólida con una misión única y trascendental: el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población. La valoremos y nos orgullezcamos de pertenecer a ella (Mensaje para la familia policial). (Revista 5/5, N° 10, 2010: 5).

De igual manera, el compromiso y la responsabilidad policial aparecen también en las notas editoriales como marcas distintivas identitarias, cuando se presenta a la Policía como institución sólida o se recalca la importancia de recuperar el prestigio y la confianza de la sociedad luego de las crisis del año 2013. Los méritos que definen a la fuerza como tal también se muestran en las descripciones detalladas de los operativos policiales, el énfasis puesto en la eficacia y la eficiencia en sus tareas y la exigencia de responsabilidad y buenas costumbres a los agentes, por ejemplo. Además, se enfatiza la trascendencia del liderazgo basado en la superación, del deber y los valores familiares cuando, por ejemplo, se elogia al jefe policial en tanto “hombre de bien, honesto y ejemplo de jefe de familia y funcionario” (Revista 5/5, N°13, 2012: 78).

En este punto, resulta importante detenerse en el ideal de la familia policial que se deja entrever en la revista; ideal vinculado con la honestidad, la buena moral y el tradicional núcleo familiar. Bajo estos supuestos, son continuas las referencias a las particularidades generacionales (destacando persistencias y rupturas en términos cualitativos), al honor de pertenecer a una familia con más de un miembro en la fuerza^[32], así como también se repiten las distinciones y el reconocimiento de los hijos y niños miembros de la familia policial que se destacan en alguna actividad^[33]. De esta manera, se va configurando un sujeto policial con marcas identitarias apartadas de cualquier manifestación civil.

La separación, sin embargo, no solo opera entre ser policía y ser civil, sino también a través del ejercicio permanente de distinción entre un nosotros –conformado por el personal policial y los ciudadanos de bien- y un otro, integrado por aquellos definidos como delincuentes. El problema de la seguridad queda configurado alrededor de la división fundamental entre aquellos ciudadanos decentes que no delinquen (y que los convierte en portadores de derechos) y los ciudadanos otros que producen inseguridad. Es en este sentido, y partiendo del compromiso y la eficiencia para el correcto desempeño de sus funciones, que el personal policial se asimila a sí mismo y es asimilado como autoridad gubernamental que libra una especie de guerra contra un enemigo. Este enemigo, en consonancia con los discursos oficiales de gestión de la seguridad pública, se va configurando como un otro peligroso que no es asimilable a ese nosotros (Sancho, 2015).

De tal manera, las expresiones utilizadas en la publicación institucional reproducen el discurso hegemónico y permiten definir al delincuente como un extraño del que es preciso defenderse y protegerse. La estrategia discursiva recurre a la construcción de diferentes simbolismos tales como vándalos, malvivientes o mot8rros^[34], expresiones que comienzan a operar como definiciones del otro peligroso ocultando las verdaderas dimensiones del conflicto social. En la revista encontramos, por ejemplo, una entrevista en la que policías que están de servicio se refieren a una jornada de trabajo habitual, al tiempo que caracterizan y describen el prototipo de delincuente y de su modus operandi, proporcionando detalles sobre cómo detectar una actitud sospechosa o qué características les permiten identificar a un delincuente partiendo de su apariencia física y la actividad laboral que desempeña.

Los delincuentes se mueven en motos de grandes cilindradas (…) cruzan un puente y salen a Villa Urquiza, Villa Páez, Villa Siburu (…), consiguen uniformes de EPEC, ECOGAS o CLIBA (…).Tenemos la orden de controlar a todo sujeto que despierte sospecha, sea cual fuere su vestimenta (…), de la central te dicen que en tal domicilio te va a atender la señora Pérez y te atiende la señora López, porque sucede que es la mujer del delincuente, hasta puede estar embarazada, llena de tatuajes y por la forma de hablar uno se da cuenta que no es la señora de la casa. (…) Así como uno estudia para ser policía, ellos estudian para delinquir. (Revista 5/5, N° 12, 2012: 21-23).

También en la forma en que el equipo entrevistador pregunta y repregunta (“¿Cómo se controla semejante población de albañiles?”) es posible detectar marcas que dan cuenta de ciertas percepciones propias de la fuerza policial que definen el estilo de redacción y la selección de los contenidos.

Así, el tratamiento de la seguridad –como sistema de valoración que escinde de forma antagónica un adentro de un afuera– va moldeando un nosotros de un otro peligroso a partir de la separación geográfica y el levantamiento de fronteras materiales y simbólicas entre unos y otros, sostenidas fuertemente a partir del relato policial y su accionar territorial.

En este contexto, aparece de forma notoria la idea de una policía de la democracia que se encarga de hacer cumplir la ley cumpliendo la ley (Sozzo, 2008). Esta concepción está asociada con la idea del Estado de Derecho y de la democracia como eje central para la definición de qué es aquello que se entiende como competencia de la fuerza policial (los delitos y contravenciones) y cómo esta debe actuar (los procedimientos y facultades policiales).

Tenemos que tener bien en claro que somos la policía de la democracia y que tenemos que hacer que la gente cumpla las leyes y las normas dentro del estado de derecho y también nosotros tenemos el gran desafío de actuar en ese estado de derecho cumpliendo también las normas (Revista 5/5, N° 12, 2012: 5).

A partir de lo anterior, nos permitimos reflexionar en torno a la palabra democracia como emblema intocable de la sociedad política contemporánea y a un sujeto que se constituye como tal solo con respecto a su disfrute. Se trata de un individuo definido por la subjetivación del principio de sustituibilidad de todas las cosas y de un disfrute sometido a la circulación que construye cuerpos a partir de tres características: de su inmediatez –lo efímero del goce–, de una sucesión de presentes sustituibles donde el tiempo se consume, y de una movilidad condicionada en el espacio (Badiou, 2010)^[35]. En tal sentido, entendemos que la democracia se construye a partir de las posibilidades de consumir seguridad y se organiza según un aparato que protege la propiedad: la policía, la justicia y las cárceles son ejemplos de ello. Así, el acceso a lo seguro está vinculado a la capacidad de poseer y hacer poseer objetos y dispositivos que garanticen la seguridad, dando forma a una experiencia social particular en la ciudad en función de la pertenencia clasista que escinde un nosotros como ciudadanos de bien de otro peligroso.

Simultáneamente, se destaca la idea de una policía comunitaria o de una policía orientada hacia la resolución de problemas, un modelo que con agentes próximos a la comunidad procura revertir la desconfianza social y percepción negativa frente a los abusos y excesos policiales. Como parte de la dinámica de despliegue territorial, entonces, la policía comunitaria y democrática se presenta como institución capaz de reconocer las demandas y necesidades de la comunidad y de operar en respuesta a esas expectativas: la intervención policial se justifica desde una suerte de demanda social generalizada, a partir de información recolectada como parte del trabajo de cercanía con la comunidad. Así el incremento de las detenciones y de los gastos en materia de seguridad, por ejemplo, aparecen como respuestas a las demandas de vecinos que, al mismo tiempo, son designados como auxiliares y colaboradores de la tarea policial.

La policía aparece así como una institución al servicio de la comunidad entendida como un conjunto de clientes/consumidores que puede poseer/accionar/disponer dispositivos de seguridad^[36]. En tal sentido, se convoca a la comunidad para que participe y se movilice, aunque no para definir qué problemáticas precisan de la intervención policial, sino para cooperar/colaborar en acciones previamente delimitadas y que van desde las patrullas ciudadanas hasta la utilización de alarmas comunitarias. Se apela así a la participación social de “aquellos que comparten un espacio o unos valores (…) [a partir de la reconstrucción del] control social del territorio por parte de quien lo habita” (Sozzo, 2000: 122). Sin embargo, no todos son convocados a intervenir sino solamente un conjunto de ciudadanos definidos en función de su lugar de residencia y pertenencia socio-económica^[37].

Aquí resulta interesante considerar la idea de fetichismo de la comunidad (Sozzo, 2008) en relación a los discursos mediáticos, policiales y gubernamentales que construyen una mirada de la comunidad local como un conjunto de residentes que no solo comparte el espacio en que vive sino también un sentido de pertenencia o un sentido de comunidad como fuente de actitudes, intereses e identidades compartidas. Lo que se deja entrever en este relato policial, en consonancia con el discurso gubernamental y mediático, es la existencia de “una sociedad que detenta valores, normas e intereses comunes a todos los ciudadanos, una ley penal igual para todos y un Estado como expresión de esa sociedad con instancias de control social que legitiman su accionar represivo hacia la criminalidad (…) entendida como el mal, como amenaza” (Daroqui, 2003: 3). La participación ciudadana es interpelada, de tal manera, para gestionar en los barrios la cuestión-seguridad para el resguardo de actos delictuales y de las incivilidades de aquellos que representan la mala vida como grupos amenazantes o grupos de riesgo que ponen en peligro a los buenos vecinos (Daroqui, 2003).

El atendimiento de los niveles de satisfacción y confianza de la comunidad, como función indispensable de la policía, y la concepción de la seguridad como tarea de todos (definido abiertamente de forma clasista) ponen en foco, entonces, la necesidad de contar con un rol activo de la comunidad para alcanzar la paz social y la “tranquilidad que la ciudadanía se merece” (Revista 5/5 N°13, 2012: 67). Consecuentemente, la revista vehiculiza y da forma a ese canal en donde las fuerzas de seguridad pueden rendir cuentas a la sociedad y brindar información respecto de las acciones que se han llevado a cabo en relación a aquello que se entiende como problemática: el grado de avance de obras de infraestructura, la localización y los resultados de los operativos de control, la planificación de estrategias de seguridad para eventos de gran envergadura, la distribución y puesta en funcionamiento de nuevos dispositivos de seguridad, entre otros.

Como policías comunitarios desarrollamos tareas específicas en la comunidad, participando activamente en la generación de acciones adecuadas a cada zona o jurisdicción, obteniendo hechos y resultados concretos, destacando que en la capital se realizaron 14.800 entrevistas a vecinos, se instalaron más de 300 alarmas y se realizaron alrededor de 340 reuniones de seguridad. (Revista5/5, N°10, 2010: 35).

En este escenario, se despliega un abanico de nuevas estrategias y políticas de gestión de la seguridad que van desde el mejoramiento del servicio policial mediante la intensificación del patrullaje (terrestre y aéreo) hasta la agilización de los mecanismos de respuesta a los llamados telefónicos; desde la habilitación de nuevos dispositivos electrónicos, como las alarmas comunitarias y los grupos de Whatsapp entre vecinos y el jefe policial zonal, hasta la instalación de nuevas garitas de seguridad en zonas residenciales y comerciales, así como en barrios populares.

En esta lógica, la seguridad aparece circunscrita en la revista por la construcción de un discurso homogeneizante que procura su tratamiento solo en términos de oponerle la cuestión de la inseguridad, asumida como criminalidad^[38]. El par seguridad-inseguridad, entonces, va limitándose al campo de las políticas penales que supone la actuación en términos de represión del delito y, simultáneamente, el avance sobre estas nuevas estrategias de prevención (Baratta, 1997 en Daroqui, 2003).

Política institucional de gestión de la seguridad: operatividad cuantificada y profesionalización

La definición de lo que supone ser policía en un contexto democrático, partiendo del paradigma de la seguridad preventiva y comunitaria, va configurando la política institucional de la Policía de Córdoba. Las modalidades de gestión de la seguridad que se asumen como legítimas, se plasman en el contenido de la revista reproduciendo el discurso oficial respecto de cuál es el rol de la policía en la aplicación de las políticas de seguridad, quiénes son los potenciales ofensores o delincuentes y quiénes aquellos que merecen ser defendidos o protegidos.

En esta línea, el accionar de las fuerzas policiales en Córdoba, en función de un sistema dispuesto alrededor de la eficiencia y la eficacia operativa, se visibiliza en distintos frentes. El despliegue territorial de la Policía de Córdoba se plasma en la revista, por un lado, a partir de la descripción de los operativos de control y la sectorización de zonas urbanas y grupos sociales (principalmente jóvenes). En tal sentido, se brindan detalles precisos respecto de la localización de los puestos de control urbano, del diseño y la aplicación de distintas estrategias territoriales (como los operativos saturación y los corralitos)^[39] y de la intensificación de los arrestos y detenciones, dando cuenta del accionar policial sobre el territorio de la ciudad. Por otro lado, identificamos en la publicación distintas referencias a la instalación y puesta en funcionamiento de nuevos/modernos dispositivos de vigilancia, la incorporación de móviles y nuevos agentes a las fuerzas^[40]. En otras palabras, los tópicos de las notas y entrevistas apuntan a medir la efectividad policial y cuantificar los resultados de su despliegue territorial a partir de la contabilización de sus recursos (materiales y humanos), como parte de una estrategia de ocupación territorial que se vale de la multiplicación de los mismos para la gestión de la seguridad. Actuar en pos del combate del delito es, en este sentido, gestionar tareas preventivas y proactivas para anticiparlo, acciones que luego se presentan en tanto estadísticas favorables a partir de la reducción de los índices delictuales^[41].

Por otro lado, resulta importante destacar el énfasis puesto en la generación y el sostenimiento de vínculos con otros actores institucionales que, en congruencia con la línea de la prevención comunitaria, suponen la intervención de múltiples agentes para el combate y la prevención del delito. Así, el escenario se muestra propicio para la mediación activa de agentes que se incorporan como nuevos interlocutores: instituciones educativas –a partir de la creación de programas, cursos y carreras de seguridad–; religiosas –con la administración de sacramentos y la realización de eventos institucionales en conjunto con la Policía– y el Poder Judicial –con el diseño de operativos de control específicos–, entre otras.

En la revista, entonces, se plasma la concepción de la seguridad en términos de participación ciudadana multiagencial y una gestión política del sector más comprometida en el plano de la intencionalidad discursiva. Esto se puede observar, por ejemplo, en el comentario editorial que en cada número escribe el jefe de la Policía (o el ministro de Gobierno, como en el caso de la revista N°12), texto en el que se hace hincapié en las características distintivas de cada gestión, en la operatividad en términos de eficiencia y eficacia y en el sostenimiento de un vínculo directo con la gobernación provincial para llevar adelante la función policial de mantenimiento del orden y consecución de la tranquilidad pública^[42].

Lo que subsiste visiblemente es la idea del orden como paradigma elemental para la comprensión del fenómeno de la seguridad: toda conflictividad es percibida como un desorden y, como tal, un desequilibrio de la armonía social que debe ser restablecida. Así, la política de seguridad se traduce en una política de restablecimiento del orden, dejando de lado aquellos problemas valorativos que subyacen a estas políticas como tales, la definición de las prioridades de protección y el ejercicio de derechos (Binder, 2009). En contraposición a este modelo, encontramos el de la gestión/regulación de la conflictividad, propuesto por Binder (2009), cuyo interrogante principal es cómo en un marco democrático el Estado debe intervenir en la gestión de la conflictividad sin apelar a la violencia, que está detrás de las políticas criminales. En esta línea, es importante analizar la relación estructural entre la institución policial y los diferentes niveles del Estado^[43]:

Cuando uno advierte en las encuestas que se realizan en cualquier parte del mundo que los sectores sociales reclaman seguridad, con este tipo de proyecto se incluyen respuestas a este tipo de reclamos. (…) a partir de la democracia el paradigma del orden cambió, ahora ese paradigma es el conflicto que surge del debate y se necesita tener nuevas herramientas para pensar, para diseñar, para un diálogo permanente en el concepto de seguridad”. Entrevista al rector de la Universidad Nacional de Villa María, Martín Gil, en relación a la Licenciatura en Seguridad, carrera creada en conjunto con la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario (Revista 5/5, N° 11, 2011: 22).

Entre los ejes de la gestión de la seguridad, uno que se repite en los distintos números de la revista es el que se refiere a la profesionalización de las fuerzas policiales. La capacitación/educación profesional de los agentes policiales se torna eje prioritario de la reforma institucional y, en este sentido, comienza a ampliarse la oferta de instrucción y especialización. En el año 2007, por ejemplo, se crea la Licenciatura en Seguridad en la Universidad Nacional de Villa María, que se articula con la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y la Tecnicatura Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria^[44]. Estas últimas dos carreras están reglamentadas por la Policía posibilitando la promoción jerárquica dentro de la institución^[45] y articuladas entre los Ministerios de Seguridad y de Educación Provincial. A esto se suma la participación del Ministerio de Educación de Nación en la Licenciatura en Seguridad, a la que acceden los cuadros superiores, en coordinación con el Servicio Penitenciario y la Policía de Córdoba. Así, por ejemplo, la coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad dispone, en el año 2015, que tanto el Consejo Federal de Educación como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Nación sean los encargados de regular los contenidos educativos en el área de seguridad^[46], mientras que en el año 2008, el Consejo de Seguridad Interior establece los contenidos mínimos para la formación policial en todo el país.

Sin embargo, y siguiendo a Mariana Carbajo (2016), la pluralización de actores en la formación policial no supone la despolicialización del gobierno de los dispositivos de capacitación sino que, por el contrario, gran parte de la planta docente actual está compuesta por los propios policías, al requerirse titulación de Técnico en Seguridad Pública o Licenciado en Seguridad. A su vez, se profundiza el carácter militarizado de la policía a partir de otras instancias de capacitación, al incorporar como instructores y como referentes del ideal policial al personal del Equipo de Tácticas Especiales Recomendadas^[47], que imparte clases a los cadetes reactualizando la concepción policialista y belicista de la seguridad.

Por otro lado, cabe destacar que la formación policial está orientada a fortalecer el carácter verticalista de la institución a partir de la distinción entre rangos jerárquicos, por ejemplo, entre oficiales y suboficiales en la formación educativa: “la emergencia de una política de educación superior para la policía de Córdoba se da articulada a una policialización del gobierno de la seguridad provincial en el marco del cual el acceso a las titulaciones terciarias y universitarias podrían ser concebidas como estrategias de los jefes policiales para legitimar su acceso a más y mejores posiciones en el gobierno de la seguridad provincial” (Carbajo, 2016: 127). Estas reformas de ascenso a partir de capacitaciones deben ser leídas en el marco de una fuerte reconfiguración de la seguridad como prioridad de intervención del campo estatal y del despliegue de la operatoria territorial policial.

De lo expuesto hasta aquí se desprende la presentación de la revista institucional como medio legítimo para la visibilización del accionar policial en el espacio de la ciudad: el despliegue territorial de recursos humanos y tecnológicos, la respuesta a la demanda ciudadana a partir de la implementación de nuevos dispositivos, la participación ciudadana y el sostenimiento de vínculos interinstitucionales forman parte del contenido publicado, y son relevantes en tanto pretenden justificar el accionar represivo/selectivo policial.

Reflexiones finales

Al iniciar este escrito, expusimos la necesidad de construir perspectivas trasversales que permitieran analizar las condiciones de producción de la revista 5/5 La fuerza de la palabra en relación a distintos fenómenos urbanísticos y de seguridad. Así, destacamos la compleja trama de mutaciones que, en el orden de la planificación, del hábitat y de la seguridad, caracteriza a la Ciudad de Córdoba en la última década. Este recorrido resultó fundamental para comprender cómo las transformaciones en el orden de la piedra (sensu Sennett) van definiendo y regulando las lógicas de circulación/permanencia en la ciudad, modificando la experiencia de los sujetos. Particularmente, nos propusimos tematizar cómo a partir de la lógica de la segregación y del apartamiento espacial entre los sujetos, de la intensificación del aparato penal y de la desigualdad social, se iban configurando entornos definidos de forma clasista.

En esta línea, abordamos cómo la seguridad se postulaba como principal problemática pública desde las políticas estatales, un supuesto que en la revista se reproducía a partir de la gestión/participación de nuevos y múltiples actores: el Poder Judicial, la Universidad, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y, fundamentalmente, la comunidad. La articulación, en este espacio multiagencial, aparecía como una tarea necesaria para la defensa de la comunidad –en el marco de la democracia y el Estado de derecho– frente al fenómeno de la inseguridad.

Analizar el contexto de surgimiento y el contenido de la revista implicó, en este sentido, dar cuenta de ciertos sentidos con los que aparecía asociado el ser policial, los valores institucionales como características distintivas, la adopción de la prevención comunitaria como estrategia y la separación entre los ciudadanos de bien y las configuraciones de peligrosidad. El antagonista, en una lógica de amigo-enemigo, es representado como un otro sospechoso, malviviente o mot8rro, objeto de prácticas y modalidades represivas/selectivas que, posibilitadas por distintas transformaciones urbanísticas, permiten su georreferenciación y la intervención policial territorial. Así, y a partir de la apelación a la participación de una parte de la ciudadanía, postulamos cómo se regulaban diferencialmente las experiencias de los sujetos en la ciudad.

En este sentido, la reforma institucional policial, así como la modernización y el incremento de sus recursos (humanos, logísticos, técnicos, etc.) como parte de una constelación de políticas públicas de seguridad supuso, la profesionalización y especialización de las fuerzas, al tiempo que posibilitó la ampliación de una táctica territorial orientada a la eficacia y la eficiencia operativa. Así, a partir del despliegue de agentes especializados y de móviles terrestres y aéreos, pero también de la innovación y la refuncionalización de los dispositivos de seguridad –al alcance del ciudadano de bien– se fue materializando el progresivo proceso de redistribución de los espacios de la ciudad, bajo una lógica expulsiva que relega a los márgenes a los sectores sociosegregados.

En esta dinámica, entonces, la implementación de una estrategia comunicacional integral como la revista aparece como parte de la configuración de las disposiciones de percepción sobre la imagen del ser policial y el sentido de pertenencia hacia el interior de la institución pero, además, como medio para el fortalecimiento del vínculo entre policía y comunidad.

Así, la publicación policial se va perfilando no solo como canal de comunicación privilegiado sino también como espacio para explicitación de la imagen y del rol policial, para la interpelación de la comunidad y la definición de la separación entre un nosotros y otro peligroso. En otras palabras, la publicación se convierte en un medio para la reproducción y perpetuación de discursos que anuncian la centralidad de la problemática de la inseguridad en oposición al ideal de seguridad, y permiten justificar la estrategia territorial fundamentalmente represiva y selectiva de las fuerzas policiales cordobesas.

El argumento del accionar policial sostiene que unos deban participar a partir de la prevención y la colaboración con las fuerzas de seguridad, mientras otros son escindidos físicamente del espacio urbano. La selectividad policial, de la mano de la planificación estratégica, van definiendo espacios urbanos moldeados, en nombre de la seguridad, como círculos de encierro y de separación clasista.

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