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9 Disputas en torno a la medición de las muertes violentas

Reflexiones sobre el registro de datos
en tres campos temáticos

Martín Di Marco, Marina García Acevedo y Elea Maglia

Introducción

La presentación de estadísticas de muertes violentas como datos criminales duros invisibiliza que su modo de producción está atravesada por procesos burocráticos, lógicas políticas y disputas morales (Bermúdez, 2016; Njaine et al., 1997; Ramírez Hita, 2007; Scheper-Hughes, 1997a; 1997b; Fernández, 2012). Este trabajo abordará, desde una perspectiva cualitativa y a partir de estudios sociológicos y antropológicos de la muerte y la violencia, los procesos administrativos, sociales y morales asociados al registro de la muerte violenta y las disputas sobre su categorización. Para ello, se analizarán tres escenas de un mismo contexto geográfico y social:el registro de la muerte violenta, como hecho social,de varones jóvenes en barrios marginalizados; la muerte violenta de funcionarios de la Policía Federal Argentina (PFA); y, por último, la muerte violenta de detenidos en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires.

Se buscará reflexionar sobre las siguientes preguntas a la espera de poder contribuir a futuros abordajes: ¿cómo se registran las muertes violentas? ¿Qué procesos intervienen en su delimitación y clasificación? ¿Qué lenguajes burocráticos entran en juego? ¿Qué sentidos y relaciones aparecen detrás de sus registros?

La puesta en diálogo de tres investigaciones independientes pone de relieve los procesos y disputas que se erigen a la hora de registrar la cantidad, forma y circunstancias en las que las muertes violentas se producen, e invita a reflexionar qué sucede en otros espacios y contextos. Si bien los problemas abordados son metodológicos, se vinculan con las particularidades del campo de estudio de las representaciones y procesos desencadenados tras las muertes violentas. Se relacionan con las perspectivas que estudian los cuerpos como políticos, significantes, atravesados por el espacio y los cuerpos muertos como construcción de contexto.

El capítulo se organiza en las siguientes secciones. Luego de esta introducción, la segunda sección detalla la perspectiva de análisis, considerando los vínculos entre muerte, muerte violenta y el cuerpo; la tercera sección plantea las bases de la reflexión en torno a los indicadores de violencias, el registro de datos y escollos en la calidad de estos datos; la cuarta sección reflexiona sobre registro de muertes violentas en los tres campos temáticos planteados. Por último, en las conclusiones, se destacan las reflexiones finales sobre la comparación de estos tres campos y se proponen interrogantes más generales.

Perspectivas de análisis

Frente al proceso de pacificación de las sociedades y la medicalización de la vida de las personas, que ocasionó el aumento de la esperanza de vida (Elías, 1989), la actitud típica ante la muerte en el “occidente moderno” sería su negación. En ese marco, la muerte violenta es entendida como excepcional, una interrupción brusca al tránsito normal hacia la vejez (Ariés, 1984; 2011; Baudrillard, 1980; Elías, 1989; Thomas, 1993) y la muerte en soledad, como culminación de un largo proceso[1]. Para Elías (1989), la muerte violenta es vista como una aberración y un crimen. Para Baudrillard (1980) estas partidas bruscas e inesperadas se presentan como inexplicables y un desafío a la naturaleza[2].

En contraposición a esta literatura, las muertes violentas presentadas en este capítulo no son accidentales, sino fruto de regularidades sociales, tales como los homicidios debidos a lógicas donde la violencia constituye una interacción normalizada: enfrentamientos barriales, conflictos en penales, y enfrentamientos armados que tienen como protagonista a personal de la PFA. En estos tres ámbitos, la muerte en general —y la violenta en particular— no es vista como una excepción, sino como una posibilidad concreta en la vida de las personas, las representaciones y acciones asociadas a la muerte forman parte de su cotidianeidad.

Para pensar la especificidad de la muerte violenta vale retomar los trabajos que reflexionan en torno a la problemática de la violencia como gran campo de estudios (De Haan, 2008). Según estos antecedentes, lo violento es definido por los actores en función de sus criterios morales respecto de lo que ese grupo considera como legítimo e ilegítimo, en determinado contexto (Garriga Zucal y Noel, 2010; Riches, 1986). Ante hechos violentos, subyace una controversia sobre la imputación del carácter violento en donde existe un:

Triángulo conformado por una víctima, un victimario y un testigo, que involucra criterios alternativos de moral, aceptabilidad o justicia, y de la cual depende la asignación de uno u otro papel a los actores involucrados (la víctima puede ser el victimario de otro, y viceversa) (Garriga Zucal y Noel, 2010).

Por otra parte, existe cierto consenso en que el cuerpo muerto trasciende el acto de morir, ya que sobre él se desarrollan procesos simbólicos y acciones socialmente significativas (Ariés, 1984). Desde el punto de vista del embodiment (Citro, 2004 en Panizo, 2011), que enfatiza la dimensión de la corporalidad, los cuerpos muertos son cuerpos significantes, porque por su medio se activan valores, sensaciones, acciones y experiencias: el cuerpo se constituye un medio expresivo del marco social en el que se inscribe, habita un contexto, da cuenta del contexto, hace al contexto (Panizo, 2008; 2011; 2012). Así, el cuerpo muerto deviene en una materia habitada no sólo por los deudos y visitantes, sino por un espacio físico y un momento social determinado (Durham en Panizo, 2011).

Desde estas perspectivas, se analizarán qué procesos burocráticos y disputas se erigen en torno a los cuerpos muertos de jóvenes en el barrio del Conurbano Bonaerense, de los presos en las cárceles y de los policías federales. ¿Cómo se trata la muerte violenta en estos espacios?, ¿Qué burocracias y moralidades atraviesan los modos de registrar estas muertes?, ¿Se miden sucesos distintos bajo el mismo nombre o sucesos similares de distinto modo?

Sobre cómo y quiénes registran la muerte

Desde los estudios de ciencias sociales y la gestión pública, la tasa de homicidio es empleada como el indicador más sólido para analizar los niveles de violencia y crimen de una sociedad. Ello se debe tanto a su mayor nivel de denuncia frente a la llamada cifra negra en otros delitos, como robos, hurtos o contra la integridad sexual (Míguez e Isla, 2010), así como a la visibilidad que adquieren los decesos dada la serie de procesos burocráticos que desencadenan.

El subregistro de las muertes violentas ha sido extensamente discutido en escenarios específicos, de conflictos bélicos, guerras civiles o fuerte inestabilidad socio-institucional. Por ejemplo, si bien los niveles de homicidio son altos en casos como el mexicano, colombiano, venezolano y salvadoreño, la tasa de denuncias y registro es baja (Buvinic, Morrison y Shifter 1999; Dammert y Zúñiga, 2007; David, Furszyfer y Gallegos, 2017; México Evalúa, 2011). El análisis de calidad de los datos estadísticos de muertes violentas en situaciones no excepcionales también ha sido objeto de investigación. Diferentes disciplinas destacan escollos de tipo metodológicos y político-institucionales, relacionados con la infraestructura de organismos y actores en torno al registro (Govea Basch, 2010; Mazzeo, 2005; Ball, Reed, 2016).

En la omisión, subregistro e indeterminación de las muertes por causas violentas intervienen procesos sociales que convierten a estos fenómenos en un objeto de estudio de difícil acceso desde las estrategias metodológicas cuantitativas (Scheper-Hughes, 2010). La producción de datos sobre homicidios depende de la convergencia de una serie de procesos sociales administrativos y agencias burocráticas (centros de salud, dependencias policiales y del poder judicial), atravesados por disputas, tensiones y negociaciones, propias de los contextos en los cuales se enmarcan (Fernández, 2012). Las aproximaciones cualitativas han sido fértiles en proponer hipótesis sobre los condicionantes sociales intervinientes en el registro de datos (Alonso y Starr, 1986; Otero, 2006; Ramírez Hita, 2007), de los que se sirve la presente investigación.

Registro de casos y disputas en torno a la clasificación de las muertes violentas en tres contextos contrapuestos

Se analizarán tres experiencias de trabajo de campo cualitativas, como disparadores para pensar el carácter social y contextual (Hacking, 1998; Njaine et al., 1997) de la producción de información y explorar algunas dimensiones del “registro local” de violencias y muertes. Debido a que las tres aproximaciones provienen de investigaciones independientes, se mantienen las particularidades de escritura de cada una (estilo de redacción, el diferente equilibrio que se le da a la relación entre teoría y material empírico, etc).

A modo general, cabe destacar que tres agencias estatales tienen primacía en la gestión burocrática de la muerte: las agencias policiales, judiciales y sanitarias. Cada una tiene sus propias formas de apropiación y clasificación propias del cuerpo muerto. El campo de la salud clasifica las muertes violentas como causas externas de mortalidad según el Clasificador Internacional de Enfermedades (CIE-10), dentro de las cuales se subclasifican los “suicidios”, “homicidios”, “accidentes” y “muertes por violencias ignoradas”. El poder judicial clasifica las muertes violentas en “suicidios”, “homicidios dolosos”, “homicidios culposos”, “averiguación de causales de muerte”. Asimismo, para el caso del personal policial muerto, la institución agrega a estas clasificaciones una propia de la institución, que será desarrollada en su apartado correspondiente. La policía, llamada a intervenir frente a un cuerpo que habría perdido la vida por causas “no naturales”, elabora un acta destinada al Poder Judicial cuyas opciones son “averiguación por homicidio”, “averiguación por muerte dudosa” y“averiguación suicidio”. Estas carátulas pueden cambiar en el proceso de investigación judicial. En caso de haber un médico en la escena que firme la “muerte natural”, no se instruye sumario judicial.

La muerte en un barrio marginal del Conurbano Bonaerense

En 2016, se llevó a cabo una investigación etnográfica en un barrio ubicado en el denominado “Conurbano Bonaerense” sobre marginación social y violencias, en el que se desarrollaron observaciones participantes en diferentes espacios e instituciones (comisaría, plazas, centro de salud, escuela, “esquinas”) y en entrevistas abiertas, semi-estructuradas y grupales a jóvenes, familias, policías y médicos, entre otros.

Este barrio se encuentra a dos horas en transporte público de la Capital Federal, en dirección suroeste. Al ingresar a sus inmediaciones se observan descampados con basura acumulada y pastizales altos. Es un asentamiento urbano, creado aproximadamente hace 15 años, que no tiene servicios de luz y agua, cuyas viviendas son precarias y no tiene trazado urbano. Las manzanas que organizan su mapa son delimitadas por pasillos de cemento: tiene una comisaría, un centro de salud, pero no una escuela propia. Una escuela ubicada a siete cuadras privilegia el ingreso de los vecinos de la zona residencial, por lo que los niños asisten a otra a dos kilómetros de distancia, como parte de un proceso de segregación social-espacial (Bourdieu, 2011; Wacquant, 2001). Esta zona es considerada un área peligrosa o “en llamas”, de acuerdo con las entrevistas realizadas, observaciones y reportes de mediáticos sobre el barrio.

El centro de salud fue el primer contacto y el modo de acercamiento a la realidad del barrio. En las entrevistas, los profesionales de la salud hacían referencia a violencias y formas de gestionar las muertes, que serían distintas en comparación con lo que ellos veían en otros barrios del Conurbano Bonaerense. Un médico, Alberto, dio cuenta de estas lógicas barriales y cómo ellas incidían en las formas de contabilizar estas muertes.

Nosotros sabemos que es importante; que cada caso cuenta en las estadísticas, pero es más complicado. El año pasado encontraron a dos chicos baleados cerca de acá, de la salita: uno más cerca de la autopista, el otro en una especie de baldío. […]. Viste como es que uno va hablando con la gente y se entera de lo que pasa. Los pibes estaban embromados, venían vendiendo paco en la misma villa, afanaban a los vecinos, estaban siempre fisurados. A la mañana siguiente nos contaban las mujeres [pacientes del servicio] que varios de los vecinos se hartaron de los pibes y los bajaron. Los dejaron en diferentes lados y se cubrieron un poco como para que parezcan suicidios… igual la policía lo sabe. Pero bueno… quedaron como suicidios en los informes [estadísticos de defunción] (Alberto, médico residente).

Alberto retrata cómo hay sucesos de los que se entera hablando con vecinos y no por medio de “papeles”, que podrían ser producidos por agencias estatales. Desde el punto de vista del registro, en esta escena se ponen de relieve dos categorías sobre muerte violenta: el suicidio y el homicidio, y cómo los cuerpos pueden ser enmarcados de una u otra manera según el contexto. Si bien los vecinos aseguran que esas muertes fueron homicidios, en los papeles aparecerían como suicidio. ¿Qué lógicas hacen posible que esto suceda?

En este caso particular, Alberto considera que existe un pacto de silencio por el que vecinos y los funcionarios policiales (únicos referentes estatales mencionados, al margen del médico entrevistado) prefirieron silenciar y evitar la investigación del asesinato, debido al carácter problemático que representaban estos jóvenes para la comunidad. Este médico describe conflictos extendidos propios de ese asentamiento: consumo de paco[3], robos, incertidumbre de familias y vecinos sobre cómo abordar estas situaciones, el cansancio de la población frente a los problemas diarios y prácticas habituales de justicia por mano propia. En este contexto los hechos de violencia, son significados como altruistas y solidarios para con otros vecinos víctimas de este malestar. Se justifican actos violentos por orientarse a dar fin con el flagelo del barrio, asociado a jóvenes problemáticos.

Luego de sucesivas aproximaciones a las situaciones del barrio, emergieron nuevas aristas que complejizan nuestra comprensión del episodio. Entre los vecinos de otras zonas del asentamiento y profesionales de instituciones cercanas al barrio circulaba la creencia de que ambos jóvenes habían sido asesinados para “frenar los problemas que estaban trayendo”, tal como afirmó una vecina:

Yo había escuchado que le robaron a la chica del kiosco, cuando estaba embarazada, y que ahí empezó el problema. ¿¡Cómo le van a robar a una vecina embarazada!? Todos los conocían. El hermano de la chica se calentó, armó un grupito de gente que estaba también cansado de los fisura[4] estos. Yo estaba de Brian en ese momento. No me puedo imaginar que le quiso afanar estando embarazada.

El fragmento de entrevista condensa, en gran medida, la creencia de que ambos jóvenes —frente a la rutina de acciones que los vecinos consideraban intolerable e incontrolable— fueron asesinados. Nuevamente, las explicaciones varían según la posición que cada vecino ocupa dentro del complejo entramado de relaciones en el asentamiento. Esta cita pone de relieve que los jóvenes habían quebrantado los códigos morales que operaban en el barrio, como robar a los propios vecinos y, en particular, a una vecina embarazada.

Esto abre paso a pensar un sistema de “justicia por mano propia” por medio del cual serían resueltos ciertos problemas a través de modos ni legales ni burocráticos, pero no por ello no legítimos en esos contextos. La ausencia de mecanismos de resolución de conflictos por medio de la intervención estatal, la falta de intervención policial, la arraigada creencia de que la justicia estatal “no llega” y, asimismo, la ausencia de un estado benefactor que genere infraestructura y accesibilidad a los jóvenes, generan las condiciones de posibilidad para que un hecho de estas características tuviera lugar. Por ello, este acontecimiento da cuenta de lógicas intrínsecamente barriales que incluyen tanto a representantes del Estado, como a la policía que “sabe y no hace nada” y a los profesionales de la salud; de sistemas de justicia y resolución de conflictos, de gestión de la vida y la muerte, propias de barrios segregados como el analizado.

Un primer interrogante en relación al registro de muertes gira en torno a su extensión: ¿en qué medida esta situación está generalizada en el Conurbano y en otras jurisdicciones del país? Por otro lado, también surge de este análisis una pregunta por las particularidades institucionales: ¿A qué obedecen y cómo se sostienen las lógicas de tergiversación de los registros estadísticos en las agencias estatales (Fernández, 2012)?

Los muertos de la Policía Federal

La PFA es una institución civil armada dependiente del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Seguridad de la Nación (Decreto Nº1993, 2010). Hasta el 1 de enero del 2016, entre sus tareas se encontraban el proceder como auxiliar de la justicia, actuar frente a los delitos federales en todo el territorio nacional, combatir los delitos comunes dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de esa fecha se inició la transferencia progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad vinculadas a los delitos no federales ejercidos en dicha jurisdicción (Resolución Nº 298, 2015).[5] El trabajo de campo que da sustento a este apartado se llevó a cabo entre julio del 2015 y junio del 2016, en los meses previos e iniciales a dicho traspaso.

Las ciencias sociales abordan cualitativamente el tema de la muerte violenta en la PFA principalmente desde dos interrogantes: primero, cómo la institución piensa a sus muertos, como héroes o mártires que han dado sus vidas en pos de la protección de la sociedad (Galvani, 2009; 2016; Galvani y Mouzo, 2014) y, segundo, qué efectos genera en sus efectivos policiales este tratamiento de la muerte, que colabora en la configuración de un nosotros policial, el establecimiento de un modo de “ser” policía (Caimari, 2012; Galeano, 2011; Maglia, 2017). Sin embargo, no hay análisis que pongan en relación estos relatos respecto del universo de casos ocurridos, la cantidad de policías federales muertos y la descripción certera de las circunstancias. Si bien el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene estadísticas de enfrentamientos armados, y una dependencia dedicada a los caídos, que contabilizados los policías muertos en la PFA, no es posible acceder a la información. Si bien los instructores de cadetes señalan que la mayor parte del personal policial fallece (como consecuencia de ser víctimas de robo del auto o la moto fuera de servicio[6], cerca de sus domicilios en el Conurbano) no sustenta estas descripciones en números concretos. Ante la ausencia de estadísticas oficiales, los informes de la sociedad civil se basan en medios periodísticos y son poco sistemáticos.

La Asociación de Viudas de Policías Federales Caídos en Cumplimiento del Deber (ACVyF), encargada de acompañar a los familiares de los fallecidos y a los heridos en trámites burocráticos, (como parte de actividades orientadas al bienestar del personal familiar y sus familias), tampoco genera estadísticas, o al menos no las hace públicas. A pesar de ello, en el Acto en Homenaje a los Policías Caídos en Cumplimiento del Deber, que esta organización celebra todos los 2 de julio, entregan placas a los familiares de los fallecidos del último año. Allí se puede hacer algún tipo de contabilidad y registrar a todos los que se homenajean. En estos actos se nombraron entre 5 y 10 policías.

La conmemoración de los caídos pareciera una práctica habitual en ese contexto, en el trabajo de campo se observó que, en cada acto institucional de la PFA, se homenajea a los caídos en cumplimiento del deber, a minutos de comenzar. Ello consistía en pronunciar una fórmula y el nombre del último policía caído. El Departamento Central de la PFA destina su hall a los caídos con placas con el nombre y fecha de fallecimiento de cada uno de ellos. Lo sorprendente es que en los dos años en que se registró esa información se nombró siempre al mismo agente y no se incorporaron nuevas placas, a pesar de que desde la fecha de deceso en el 2014 se habían producido nuevos caídos, tal como reflejaban los actos de la ACVyF, las redes sociales y medios de comunicación.

En función de esta inquietud profundicé mi análisis sobre registro de los caídos. Se revisó normativa policial, entrevistas a instructores y cadetes de la Escuela de Cadetes “Comisario Gral. Juan A. Pirker” (allí estudian 3 años los futuros jefes y directores), a integrantes de la Asociación de Viudas y Familiares de Policías Federales Caídos en Cumplimiento del Deber y la observación de ceremonias institucionales. Hallé que además de la carátula asignada por el sistema médico y judicial, existen procedimientos burocráticos específicos.

El Decreto 1866/83 que regula a la PFA, establece que, cuando el personal policial resulta herido o pierde la vida, la institución debe encuadrarlo en una de cuatro categorías: “en y por acto de servicio, por acto de servicio, en servicio o desvinculado del servicio”. Sólo algunos fallecidos enmarcados como en y por acto de servicio pasarán por una segunda instancia burocrática que los considerará como caídos en cumplimiento del deber. Según Mirta (integrante de la ACVyF), la etiqueta de caído es un cargo honorífico, reconoce que el fallecido entregó su vida a la labor policial, que tuvo un comportamiento altruista, asociado al heroísmo. Sólo estos últimos serán nombrados en las ceremonias institucionales y serán merecedores de una placa en el hall del Departamento Central. Por otro lado, de estos encuadres dependerán los subsidios percibidos por los heridos y las pensiones para los familiares de los fallecidos, los ascensos y las pompas de los funerales.

A continuación, se explicarán cada uno de los encuadres para los fallecidos. La categoría en y por acto de servicio implica todos los casos consecuentes de ser policía bajo el precepto de que un policía, corre más riesgos que un civil, no importa si la persona estaba o no trabajando al momento de resultar herida o fallecer. Suelen ser los casos de muertos en enfrentamientos armados. La categoría por acto de servicio contempla, generalmente, los casos en los cuales la muerte fue fruto de una actividad ordenada por un superior. Ser categorizado como en servicio suele referirse a hechos que sucedieron durante el horario laboral pero que no respondieron a una orden jerárquica o una actividad propia de la labor policial. Por último, aparece la categoría desvinculado del servicio. Ella refiere a consecuencias lesivas fruto de hechos que nada tienen que ver con la labor policial y que se suceden en ámbitos que no son dependencias policiales. Según Sandra (ACVyF) éstos son generalmente accidentes que ocurren cuando el personal no está trabajando.

En consecuencia, ningún actor ofreció una respuesta contundente en relación a qué casos son exclusivos para cada una de estas categorías. Un muerto puede ser encuadrado de uno u otro modo en función de los extractos de la normativa que decidan usarse y variables de cada caso particular. Detrás de estos procesos administrativos se erigían disputas y tensiones. Dos cadetes —Darío y Nahuel—lo evidencia a través del relato de experiencias de familiares.

Dos historias narran la aparente obtención de encuadres más altos que el signado por ley. El padrino de Darío muere en un enfrentamiento armado mientras hacía un servicio adicional[7] en “negro” (sin notificación a la jefatura) como custodia del club River Plate. Para el entrevistado, al ser un adicional no declarado, no correspondía enmarcar su muerte como en y por acto de servicio, sin embargo, lo fue. La segunda historia es la del padre de Nahuel, que como suboficial de la fuerza tuvo un accidente fuera de servicio: cayó arreglando el techo de un edificio y quedó paralítico. Si bien para Nahuel este fue un típico caso desvinculado del servicio exclama que la institución le ofreció “hacerlo pasar como que estaba activo” para garantizar un subsidio. En estos dos casos, la institución obró en favor del policía a pesar de que técnicamente no lo ameritaba. Darío acerca otro dos ejemplos donde al fallecido se le asigna menor categoría a la correspondiente. El primero es el de una mujer, que en el Acto en Conmemoración a los Policías Caídos, reclamaba a los gritos a la Ministra de Seguridad de la Nación, porque su hijo no había sido encuadrado como en y por acto de servicio. En segundo lugar, refiere a su padre, herido luego de un enfrentamiento armado en un comercio, fuera de servicio pero no reconocido administrativamente. Darío concluye “No todo el mundo tiene un herido en y por, ni un herido en servicio. Eso lo tienen muy pocos”. A su entender, existe una tensión entre familiares y policías que “pelean el en y por, porque todo el mundo quiere que su hijo o su esposo sea un héroe” y una institución que “le busca el pelo al huevo para que no sea en y por” para ahorrar dinero.

Lo relatado señala que la obtención de cada categoría depende de consideraciones, negociaciones y ciertas arbitrariedades, sobre las que se interpreta la ley. La legitimidad de estos mecanismos y criterios de clasificación está, en cierta medida, disputada. Organismos como el ACVyF acompañan a los familiares de los fallecidos en este proceso. De aquí surgen algunas preguntas: ¿Estos mecanismos habilitan la manipulación de la cantidad de policías fallecidos en y por acto de servicio?¿Permiten asociar más o menos policías a actividades consideradas heroicas si el contexto lo amerita? ¿Qué disputas económicas, simbólicas y políticas entran en juego? Qué impacto genera en el registro de datos de mortalidad es aún un tema pendiente ¿En qué medida esta lógica de clasificación de caídos “distorsiona” la producción de datos estadísticos sobre policías fallecidos?

Las muertes en contexto de encierro

Este apartado se propone dar cuenta de algunas especificidades del registro de muertes por causales violentas de personas privadas de la libertad en cárceles de la Provincia de Buenos Aires (PBA). En particular, explorará los procesos socio-políticos que intervienen en la delimitación y clasificación de las muertes violentas en contextos de encierro. Para ello se sirve de entrevistas realizadas en el marco del trabajo de la tesis de maestría[8] y de la experiencia de trabajo en el equipo de Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que posibilitó un acceso privilegiado a información. De estas experiencias emerge el interés por aquellos factores extra-metodológicos que condicionan la calidad de los registros, caracterizados por altos niveles de imprecisión y subregistro. Este trabajo ilumina la relevancia de la disputa pública por el sentido de estos datos, así como factores sociales frecuentemente invisibilizados en el conteo y descripción de muertes violentas de personas detenidas.

La producción de datos estadísticos sobre personas fallecidas bajo custodia en las cárceles de la PBA es llevada a cabo por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).Si bien existe cierto consenso sobre la necesidad de producir información rigurosa, de manera recurrente se es cuestionable la validez y sentido de esta información (CELS, 2016; López, Guemuereman y Bouilly, 2012).Por ejemplo, no se conoce con exactitud la cantidad de personas fallecidas en el SPB(CELS, 2016), ni datos sociodemográficos básicos, es poco precisa la información relativa a causales de muerte. De aquí emerge una disputa pública encarnada por diversos actores del ámbito público y privado: los sujetos que tutelan la ejecución de penas privativas de la libertad, las autoridades del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el SPB, organismos de monitoreo, los detenidos, organizaciones de familiares.

La muerte violenta en algunas de sus formas (…) es un elemento central para la construcción o reforzamiento de problemas públicos (…). De lo que se trata es de disputar la tipificación de una muerte como fortuita, caso aislado o producto de un maligno azar, a menudo contra el mismo Estado, para lograr vincularla a un problema público de algún tipo (Kessler y Gayol, 2015: 21).

La producción de datos agregados sobre muertes en contexto de encierro fue discutida ampliamente por el Estado y la sociedad civil en los últimos años (López, Guemuereman y Boully, 2012; CIDH,Medida Cautelar 104-12[9]; CELS, 2016).

Las circunstancias en que se produce la muerte reflejan los modos y condiciones en que se vive en el servicio penitenciario. Las muertes violentas constituyen una de las aristas de la violencia en cárceles, que también abarca el rol de los funcionarios servicio penitenciario en los hechos[10]. En consecuencia, se convierten en pruebas o insumos que reflejan el modo en que el Estado argentino administra la vida y muerte de las personas detenidas. En contrapartida, para las autoridades estatales esta información los enfrenta a responsabilidades penales y también políticas, mientras que, para el SPB, la muerte de los detenidos es parte del control y gobernabilidad sobre la población carcelaria.

Un reflejo de este eje que cruza la responsabilidad estatal con la producción de datos es la discusión en torno a la clasificación de las muertes violentas. Históricamente, el SPB clasificó a las muertes en traumáticas y no traumáticas, siendo la causa más frecuente el paro cardio-respiratorio. Entre 2012 y 2015, organismos de derechos humanos, impugnaron esta categoría, en favor de las etiquetas como “muertes violentas” y “muertes por problemas de salud y falta de atención médica’”. El SPB reconoció parcialmente el planteo incluyendo información más detallada sobre las causales: redujo el uso de la categoría “paro cardio-respiratorio” e incluyó el motivo de las muertes violentas, según homicidio, suicidio y accidente. Este acuerdo inicial fue quebrantado en 2016, cuando el SPB reemplazó la categoría “no-traumática” por “muerte natural” y la subclasificación de las muertes violentas en “suicidios” y “peleas”. Este tipo de categorización invisibilizar el vínculo entre la muerte y el contexto de detención bajo tutela estatal.

Como planteamos en la introducción, la representación y el valor de la muerte en tanto hecho social se encuentran arraigados en la historicidad y en el conflicto social. De acuerdo con Kessler y Gayol (2015), las prácticas mortuorias son dinámicas “capaces de incorporar nuevos contenidos y de cambiar sus formas (…) si bien pueden estar pautadas siempre involucran subjetividades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, emociones y procesos vitales” (12). Como intuye el siguiente suboficial del SPB, el impacto político de la muerte de un detenido y las consecuencias sobre el accionar del agente estatal, no se mantuvo intacto en los últimos años.

SPB: Si se muere un preso, se murió. Un número menos. Si nosotros hacemos una cagada o llevamos presos de un lado para el otro, para que se peleen… termina prendiendo fuego y se morían dos, se morían tres, se mataban a puñaladas… bueno… se empapelan como se decía en ese tiempo. Empapelar preso por una pelea, por esto, por el otro, listo, siga la vida. Chau y no, no había problemas en ese tiempo.

M: ¿Y ahora cuáles serían?

SPB: Y hoy si se te muere un preso, chau. Se arma quilombo.

M: Hoy es un problema que se muera un preso ¿Antes no era un problema?

SPB: Nah, Antes era un número, hoy en día si se te muere un preso te come un traslado y aparte tenés que saber bien qué pasó porque te llaman a declarar. Yo nunca fui a declarar y me canse de ver presos muertos y cagada que hacíamos nosotros y…

Mc: y jamás te llamaron

SPB: jamás, jamás, eh. [Entrevista a suboficial del SPB, año 2015]

El suboficial entrevistado nota que la muerte de un detenido representa para su trabajo algo distinto, con respecto a una etapa anterior. Según el entrevistado, antes la muerte de un detenido representaba solo un “un número menos”: no importaban su nombre ni su historia, porque en tanto número no era persona. La ocurrencia de una muerte, aun cuando fuera correlato de un error de los funcionarios, no alteraba la rutina del suboficial. Hoy en cambio, la muerte de un detenido, según refiere el agente, constituiría un hecho sobre el cual dar explicaciones. La muerte del preso se volvió “un problema”. De acuerdo con el entrevistado se produjo una mutación o un cambio de status de la muerte del preso. Es posible asociar este cambio de status una modificación de la correlación de fuerza entre los actores, en particular una reducción de la autonomía del agente frente a la ocurrencia de muertes. Los dichos del agente dejan entrever el amplio margen de discrecionalidad que posibilitaba el ejercicio de arbitrariedades, como la práctica del “empapelado”: esta categoría de uso corriente, refiere a una práctica de las fuerzas de seguridad por la cual se genera una constancia administrativa imputando un delito, una infracción, una falta a una sanción administrativa, de modo arbitrario. La práctica ilegal del “empapelado” ilumina el poder de estas burocracias en el registro y calificación de las muertes.

Cuando se produce la muerte de un detenido, un agente del SPB completa un parte donde relata el hecho y lo informa a la fiscalía de turno, quien debe constatar la muerte y abrir una investigación judicial[11]. No obstante, la oficina de estadísticas del SPB hace una primera clasificación de acuerdo con los partes. Así divide las muertes por causas violentas en “homicidio”, “suicidio” y “accidente” o bien “muerte traumática dudosa”. Algunos casos reportados como suicidios, muchas veces ocultan la acción u omisión de terceros (penitenciarios u otros detenidos). Por ejemplo:

Cuando los presos prenden fuego en sus celdas y mueren a raíz de las quemaduras, lo que ocurre tiene un trasfondo más amplio (…). En general hay algún tipo de irregularidad penitenciaria. Un detenido hace un reclamo, las autoridades cancelan cualquier vía de diálogo y el detenido se ve en la necesidad de llevar a cabo una medida de fuerza extrema (“Morir en prisión: la condena final de los que cumplen sentencia”, 2015).

Este tipo de sucesos han contribuido a la imagen estereotipada de los detenidos como personas que se auto-infligen daño. Este tipo de representación hace razonable la idea de que muchos detenidos se suicidan sin generar ningún tipo de interrogante adicional. A pesar de ello, los expertos en la temática tienen dudas con respecto a su significado:

Con los relevamientos nos dimos cuenta de que la definición de ´suicidio´ en una cárcel dice mucho y poco a la vez. No se puede catalogar una muerte tajantemente como suicidio cuando el preso no estaba buscando morir, sino que responde a un reclamo suyo (“Morir en prisión: la condena final de los que cumplen sentencia”, 2015).

Como advierte la entrevista al agente estatal, la versión del hecho es el primer indicio sobre los niveles de responsabilidad estatal: los funcionarios tienden a subregistrar sus propias omisiones y comportamientos delictivos. Difícilmente los partes oficiales den cuenta del uso excesivo de la fuerza o negligencias. Como parte de la cultura institucional, los agentes prestan resistencia a generar información sobre su accionar: esta actividad no es concebida como parte de sus tareas y el requerimiento de información por actores ajenos al SPB tiende a ser considerado como una intromisión. Esta situación se agrava ante el hecho de que quienes relevan la información coincide con quienes podría adjudicarse responsabilidad penal por lo sucedido.

Las investigaciones judiciales, como la de Patricio Barros Cisneros de San Martín, permiten vislumbrar este fenómeno. El 28 de enero de 2012, la pareja de Patricio, de 19 años y embarazada de cuatro meses, fue a visitarlo a la unidad. Como hacía calor y estaba cansada tras la espera y la requisa, Patricio solicitó una habitación. Los penitenciarios se negaron y se desató una discusión. Alrededor de 15 minutos después Patricio estaba muerto. El parte de defunción sostenía que Patricio se había suicidado. Se habría autoinfligido golpes en la cabeza contra las rejas, como forma de reclamo. La judicialización del caso permitió probar que Patricio había sido asesinado a golpes. Entre siete y diez penitenciarios lo esposaron, le tiraron gas pimienta en la cara y en la boca, le pegaron patadas y piñas. En 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín, condenó a los involucrados (“Sentencia histórica contra el servicio penitenciario bonaerense”, 2015). 

En pocos casos es posible probar la práctica del “empapelado”, donde la versión real de los hechos es adulterada, encubriendo la responsabilidad estatal. El caso expuesto permite ejemplificar el tipo de conflictos que suscita en el espacio carcelario la categorización de una muerte como suicidio u homicidio. ¿En qué medida es posible mitigar el impacto de estos factores en el registro de datos sobre muertes en contexto de encierro? ¿Es el servicio penitenciario el actor indicado para realizar la tarea de registro? ¿Qué otros actores debieran participar de esta discusión en torno a la calidad de los datos? ¿Qué modos alternativos existen de dar voz a estos cuerpos silenciados por prácticas de encubrimiento? ¿Cómo se imbrica este hecho con el control político de las fuerzas? ¿Qué impacto tendría la posibilidad de conocer el peso de las muertes en encierro respecto de la cifra total de homicidios?

Comentarios finales

Los tres campos temáticos de investigación permitieron explorar una situación general y extendida: los datos sobre violencias y muertes están atravesados por diversas lógicas, moralidades y burocracias (López, Guemureman y Bouilly, 2012; Fernández, 2012). A su vez, las reconstrucciones de estos espacios y sucesos son una puerta para pensar la producción general de datos sobre violencias en Argentina.

Este capítulo se interesó por ilustrar las particularidades a la que los investigadores de las ciencias sociales nos enfrentamos al abordar las muertes violentas. Más que un compendio de precauciones metodológicas, o una pormenorizada evaluación de la calidad de los datos, el da cuenta de la dimensión moral que atraviesa la producción y registro de los datos, por un lado, y, por otro, la interconexión de distintas lógicas (morales, burocráticas, sociales) en la producción de estadísticas sobre violencias y muertes violentas. A partir de estos tres ejercicios de reflexión conjunta, se pueden destacar algunos aspectos en común.

En primer lugar, existen mecanismos que intervienen en la clasificación, legitimación y registro de las muertes violentas que trascienden la norma escrita. Ya sean moralidades, formas de ver el mundo, representaciones de los actores; prácticas de invisibilización de ciertas muertes o deslegitimación de ciertas formas de morir; procesos burocráticos que, atravesados por los dos puntos anteriores, catalogan de ciertos modos las muertes en función de los contextos (Hacking, 1998; Pita, 2010).

La dicotomía de los caídos y la invisibilización de las muertes en cárceles grafican los valores sociales que encarnan estos difuntos y da cuenta de las asimetrías sociales entre los vivos: la contraposición entre el número y el caso. En un caso, el dato de detenidos muertos fue por mucho tiempo irrelevante o sujeto a imprecisiones debido a su insignificancia social anterior y su impacto político actual. Este cambio de significación social en la muerte de los presos advierte un cambio de estatus, cuya explicación queda para futuros trabajos. En el segundo caso, el dato agregado de policías muertos es irrelevante frente a la importancia del homenaje al caído, al nombre y apellido, a su historia casi siempre asociada a la tragedia de su labor altruista. De allí que los estudios se hayan centrado en la representación del muerto como héroe y el impacto de la muerte para el grupo de los que continúan exponen su vida. ¿A qué otro tipo de lecturas nos enfrentaría al conocer el verdadero universo de policías fallecidos? ¿Cómo se vincularía este dato estadístico con la narrativa del ‘soldado héroe’, ‘hombre de bien vuelto en víctima’ fatal?

Es ilustrativo que los casos procesados como suicidios se produjeran sobre los fisuras del barrio o presos que reclaman. Los policías que omitieron investigar el asesinato de dos jóvenes en un barrio marginalizado, que justifican su accionar en la simplificación del proceso burocrático, saben informalmente que en la balanza social, los “buenos vecinos” que se preocupan por su barrio no pueden ser confundidos por homicidas y que, por otra parte, los jóvenes que amedrentaban al barrio no merecen un esclarecimiento sobre su muerte. En este sentido, convalidan lo sucedido. Los casos expuestos ilustran claramente que los procesos sociales, mecanismos de segregación y estigmatización social, intervienen y se reproducen en la producción de datos estadísticos.

En segundo lugar, los casos analizados en contextos diferentes nos muestran, de igual manera, el ejercicio discrecional de las burocracias intermedias en la producción de registros sobre muertes violentas. ¿En virtud de qué lógicas esos policías y agentes penitenciarios incumplen su deber de informar “la verdad”? ¿Qué lógicas internas se producen dentro del ámbito de los penitenciarios y entre estos y otros actores? ¿Por qué usan su discrecionalidad para “empapelar” o simplificar el proceso burocrático? ¿Qué lógicas intervienen en el sobre-reconocer o subreconocer a un policía?

La perspectiva teórica de la que partimos permite reconocer que detrás de estas acciones existe una evaluación moral de quién es el fallecido, qué muerte o en otros términos, que relato sobre la muerte merece que le sea asignado y si alguien debe o no “pagar” por ello. Siguiendo a Perelmiter (2016), este modo informal de proceder no obedece a una discrecionalidad individual, sino que es regulada por las moralidades hegemónicas, con un fuerte corte de clase. Esta mixtura de criterios informales y deberes formales, contradicen la imagen del burócrata impersonal apegado a las reglas, que postula el modelo weberiano. Estos criterios informales se reproducen a la hora de calificar las muertes.

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  1. En el capítulo de esta compilación “La muerte clínica en perspectiva” de Darío Radosta, se profundiza en el proceso de medicalización de la vida y analiza la profesionalización de la muerte como un punto que incluye debates, disputas y procesos burocráticos.
  2. Esta definición de muerte violenta también aparece en el capítulo de Laura Panizo, presente en esta misma publicación. Esta autora analiza la muerte extraordinaria en la Guerra de Malvinas.
  3. Estupefaciente de baja calidad derivado de la cocaína, sumamente adictivo, consumido por personas de bajos recursos.
  4. Fisura es un término del lunfardo argentino que, en este contexto, se refiere a alguien con actitud vista como problemática y con consumo problemático de drogas.
  5. Actualmente, la PFA sólo se encarga de resolver cuestiones relativas a los delitos federales.
  6. Cabe aclarar que los policías, a lo largo del día, pueden estar en tres diferentes “situaciones de servicio”: cuando se encuentran trabajando están en servicio; cuando están de franco, fuera de servicio; cuando viajan desde el hogar al destino o viceversa se encuentran in itinere. A esto hay que sumarle que todo policía, en actividad y en situación de retiro (jubilado) tiene “estado policial”, que se pierde al fallecer o al ser exonerado (desvinculado de la fuerza).
  7. Los servicios adicionales son los trabajos de seguridad particulares que puede desempeñar el personal policial. Ellos son desarrollados en sus horas de franco y deben ser notificados a la jefatura. El Art. 87 del Decreto 1866/83 establece que Los oficiales subalternos y el personal subalterno en actividad, podrán desempeñar servicio de policía adicional, otorgado, regulado y contratado por la jefatura, siempre que ello no afecte al servicio policial y solo cuando revistaren en el servicio efectivo”.
  8. Tesis en proceso de elaboración “Reglas informales de trabajo y percepciones en torno al uso de la violencia de los suboficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense”, Maestría en ‘Administración y políticas públicas’, Universidad de San Andrés. El trabajo de campo fue realizado en los años 2015, 2016 y 2017.
  9. Esta mesa de diálogo entre el Estado provincial y organismos de la sociedad civil fue dispuesta por la CIDH, a partir de una denuncia de los peticionarios (CELS y Comisión por la memoria), ante la gravedad y urgencia de la situación constatada en el SPB. Una de las principales líneas de discusión desarrolladas en esta mesa de trabajo fueron los criterios de producción de información. Ver: CIDH, MC 104/12 – Servicio Penitenciario Bonaerense, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
  10. Es posible profundizar este diagnóstico con los informes anuales del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, los informes del Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires y los del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.
  11. Otros actores institucionales también son informados, aunque los circuitos de esta información muchas veces dependen de los lazos de confianza entre los operadores. También informa al juez tutelar del fallecido para el cierre de expedientes judiciales, a la subsecretaría de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y al Registro único de detenidos de la procuración general de la provincia de Buenos Aires. La subsecretaría informa a su vez a otros organismos estatales y de la sociedad civil, involucrados en la temática carcelaria. La SCBA y el Ministerio público fiscal llevan registros paralelos, pero con menor nivel de actualización y bajo nivel de desagregación.


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