Seguridad, territorio y gobierno en el sur de la CABA

Joaquín Zajac

El conflicto del Parque Indoamericano: un antes y un después para el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA)

El martes 7 de diciembre de 2010 en las tierras pertenecientes al Parque Indoamericano^[1], la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Metropolitana (PM) intentaron por orden judicial, desalojar a al menos 200 familias (“Soldati: separan a cinco policías por el desalojo”, 2010), que habían ido instalándose allí desde el viernes anterior (Rodríguez, 2010). La represión dejó como saldo un número indeterminado de heridos, 50 detenidos y dos personas muertas: Bernardo Salgueiro (22 años, vecino de la villa 20, de origen paraguayo) y Rosemarie Puja (28 años, del barrio Los Piletones, de nacionalidad boliviana), quienes murieron, según reveló la autopsia, a causa de heridas infringidas por perdigones que coinciden con los de las escopetas reglamentarias de la Policía Federal (Rodríguez, 2014). Como consecuencia, ambas fuerzas policiales fueron retiradas del predio, y las familias desalojadas volvieron a ocuparlo (“El Parque Indoamericano quedó otra vez ocupado”, 2010). Dos días más tarde, un grupo de “vecinos” del barrio acompañados, según informaron fuentes periodísticas, por fuerzas de choque informales, se concentraron allí con la pretensión de realizar el desalojo ellos mismos. El enfrentamiento entre ambos grupos que empezó con insultos xenófobos y devino en golpes, piedrazos, y, nuevamente, disparos con armas de fuego, dejó como saldo el tercer muerto del conflicto: Juan Castañares Quispe, ocupante del parque, de 38 años y de origen boliviano (“Otro muerto en Villa Soldati y se agrava la pelea política”, 2010).

Mientras los gobiernos de la Nación y de la Ciudad cruzaban acusaciones y buscaban desligarse de la responsabilidad de desalojar el parque, o al menos, intervenir para evitar nuevos enfrentamientos (Pertot, 2010), el juez en lo contencioso administrativo^[2]de la Ciudad Roberto Gallardo, falló en la madrugada del 10 de diciembre ordenando un “operativo de pacificación”^[3], en la práctica, un cerco policial perimetral que previniera nuevos incidentes entre los propios vecinos (“El juez Gallardo ordenó un “operativo de pacificación” en el Parque Indoamericano”, 2010). El gobierno nacional decidió cumplir dicho fallo, anticipando decisiones y formatos de intervención que llevaría nuevamente a cabo poco tiempo después: retirar a la PFA, y enviar en su lugar a la Gendarmería Nacional Argentina –GNA- y a la Prefectura Naval –PNA- (“Cerco de Gendarmería y Prefectura en el Indoamericano para evitar incidentes”, 2010). Las fuentes periodísticas remarcan la relativa tranquilidad que provocó la llegada de estas fuerzas (“Con la Gendarmería llegó algo de calma”, 2010). Así mismo, la interrupción en el flujo de nuevos ocupantes en el predio, permitió a la “Dirección de Situaciones Críticas” del Ministerio de Desarrollo Social, (a cargo nada menos que de los futuros secretario y ministra de seguridad, Sergio Berni y María Cecilia Rodríguez), realizar un “censo” de quienes se encontraban ocupando el Parque, paso fundamental para poder destrabar el conflicto. Finalmente, el 15 de diciembre se firmó un acuerdo entre los gobiernos de Nación y Ciudad para una supuesta construcción de viviendas y urbanización de villas en la zona, que en los hechos nunca se ejecutó. Ese mismo día, los ocupantes comenzaron a abandonar el predio (Rodríguez, 2010b).

Pocos meses después de la toma del Parque, el Gobierno de la Ciudad impulsó un conjunto de políticas urbanas de embellecimiento y mejora en el espacio público de la zona del Parque Indoamericano y de la zona sur de la Ciudad en general, que estaban claramente orientada a que esta se perciba como “más segura” (Cravino y Palombi, 2014). Y el gobierno nacional lanza el 4 de Julio de 2011 el “Operativo Cinturón Sur”, que implicó el despliegue de 2500 efectivos de Gendarmería y Prefectura en las comunas del sur de la Capital, más del doble de los que había desplegados en la zona hasta ese entonces. No sólo se trataba de una medida impactante desde el punto de vista cuantitativo; lo verdaderamente disruptivo era que las fuerzas que habían conseguido “pacificar” la toma del Parque, reemplazarían por completo en sus funciones a la policía local a cargo (la PFA). A nueve años de esta decisión, me propongo un primer ejercicio exploratorio sobre sus consecuencias, que considero directamente relacionadas con los incidentes del Indoamericano. Mostraré como, por un lado, los gendarmes intervienen en una gama de conflictos más diversa de la que el sentido común, el activismo de derechos humanos, e incluso otros estudios previos, suelen poner atención. Además, trataré de dar cuenta del hecho de que la fuerza no interviene sola. Realiza sus actividades en colaboración y alianza permanente con distintos actores locales. Esto, sin embargo, no tiene por qué implicar ni la adopción genuina y plena de una perspectiva integral de los derechos humanos por parte de la fuerza, ni un corrimiento “a la derecha” de las organizaciones sociales que los lleva a abrazar concepciones punitivistas o “de mano dura”. Precisamente, en esta aparente contradicción podrá verse la complejidad de las relaciones que se van entretejiendo. Me baso para el cumplimiento de mi objetivo en el trabajo de campo etnográfico realizado con la propia Gendarmería en las villas bajo su jurisdicción, entre marzo de 2016 y Julio de 2017, así como también, entrevistas a referentes locales y ex-funcionarios del Ministerio de Seguridad y análisis de documentos oficiales producidos por esa misma dependencia.

Las políticas públicas de seguridad destinadas a la zona sur de la CABA (2011-2017)

En este apartado introduciré brevemente algunas cuestiones históricas sobre la GNA, y las características de la política pública que enmarca su despliegue en la zona sur de la CABA. Dicha descripción permitirá situarse plenamente en el contexto que enmarca la situación analizada en este artículo, así como comprender las correspondencias y las diferencias entre lo que proponía “el papel” de la política pública, y los hechos analizados a partir de mi trabajo de campo. A pesar de que la GNA afirma haber nacido con la misión de “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional” (“Historia”, s/f), no hay en el texto de su ley primigenia nada que refiera a dicha misión. Antes bien, en dicha ley del año 1938 (Ley Nº 12.367, 1938) , se la define como “una policía federal”, que tiene por misión velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública y asegurar el cumplimiento de las leyes “en cualquier parte de la nación” en la que las autoridades federales^[4] la necesiten^[5]. Así, en la década de 1990 por ejemplo, fueron protagonistas privilegiados de la contención represiva a la protesta social (Escolar, 2005), recurso empleado asiduamente por el poder ejecutivo, en un contexto social y económico cada vez más delicado, consecuencia de las reformas neoliberales aplicadas en dicha década. Este papel fuertemente represivo se reedita en la actualidad, con dramáticas consecuencias, incluida la reciente muerte de Santiago Maldonado (“Cinco días desaparecido”, 2017), durante la persecución ilegal por parte de gendarmes a manifestantes de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen en Chubut, así como también las decenas de heridos y detenidos durante la represión a las protestas por la reforma previsional, en diciembre de 2017 (“Reforma previsional: con gases lacrimógenos y balas de goma dispersan a los manifestantes”, 2017).

Su papel como fuerza de seguridad en ámbitos urbanos socialmente vulnerables data del año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner con el “Plan Integral de Protección de Barrios” (“Gendarmería, Prefectura y la policía se instalan en las villas”, 2003). Desde entonces son frecuentemente desplegados para “apoyar” a las policías provinciales en materia de seguridad, cuando estas se ven “sobrepasadas”. En los últimos cuatro años, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Córdoba han recibido “refuerzos” de la Gendarmería. Este uso cada vez más variado y recurrente ha generado consecuencias importantes para la propia fuerza. Entre el año 2003 y el 2016, se registra un crecimiento geométrico de la misma de 17.000 efectivos en la segunda mitad de 1990 (Escolar, 2017) a aproximadamente 37.000 en 2016 (Mugica Díaz, 2016)

En la Ciudad de Buenos el despliegue de efectivos de la GNA implicó mucho más que un simple traslado de efectivos, y merece ser analizado como una yuxtaposición acumulativa de diferentes políticas públicas, cuyos efectos se van superponiendo como capas. Cronológicamente, el ya mencionado Operativo Cinturón Sur (OCS) supuso una característica que lo diferenciaba por completo del resto de los operativos de seguridad previos y posteriores: el corrimiento total y absoluto de la fuerza policial local, en lugar de un trabajo “en concurrencia” con dichas fuerzas locales.

Al momento de hacer el trabajo de campo, pude observar como la GNA organizaba a sus efectivos “de calle” en dos tipos de estructuras. La primera son las “unidades” a secas, que reemplazan directamente a las antiguas comisarías de la PFA: la Unidad 34, la 36 y hasta el 2016 también la Unidad 52, que luego pasó a PNA luego de que esta fuera retirada de parte de su “zona de responsabilidad”. Estas “unidades” efectúan los patrullajes y atienden los llamados al 911, las denuncias realizadas en el comando de gendarmería y los requerimientos del poder judicial dentro de los límites de la jurisdicción de dichas comisarías, exceptuando ciertos territorios específicos: los asentamientos informales. La actividad en estos sitios depende de otros organismos especiales, las llamadas “Unidades de Prevención Barrial” (UPB). Posteriores al OCS, éstas constituyen una segunda “capa” de política pública en seguridad cuyos efectos todavía pueden observarse. Las mismas datan de marzo de 2014, cuando la ministra Rodríguez y el secretario de seguridad Sergio Berni, decidieron que la seguridad en villas a cargo de los gendarmes debía seguir el modelo de los “Cuerpos Policiales de Prevención Barrial” de la PFA, creados en el 2012. Los “Cuerpos de Policía de Prevención Barrial” (CPPB) fueron un intento por parte del Ministerio de Seguridad de fundar una nueva doctrina policial, específica para contextos de alta vulnerabilidad social. Los funcionarios buscaron sacar del centro de la discusión la cuestión cuantitativa (el número de policías), para plantear una discusión cualitativa. El problema de la inseguridad no se resuelve con más, sino con una policía “más adecuada” al contexto específico. El epicentro de esta política no eran ya únicamente los “delitos” y la “inseguridad”. El objeto de intervención incluía cuestiones como la “venta de drogas”, la actividad de “redes delictivas” pero también “formas menores de conflictividad”: conflictos entre vecinos, violencia de género y violencia familiar^[6]. Hechos que podrían ser leídos en otra clave distinta a la policial/de seguridad-inseguridad, y que podrían ser abordados por otros agentes del Estado. Al ser incorporados a la cuestión de la seguridad-inseguridad, se vuelven pasibles de ser “gobernados” a través de la intervención de las fuerzas. De manera subyacente, la creencia era que prevenir estos conflictos menores permitiría evitar que delitos más graves lleguen a cometerse, es decir, atender el delito en sus “fases más tempranas”^[7]. Por otro lado, como se ve en el fragmento citado, la vigilancia proactiva es la otra noción clave de la nueva doctrina. Según Frederic (2014) antes del despliegue de Gendarmería y del CPPB, las comisarías de cada barrio solían tener una cantidad limitada de efectivos, y, además, para toda la jurisdicción. Los policías se apostaban en “paradas” específicas, a esperar algún llamado que los convocara, y esas paradas eran seleccionadas a partir de la “compra” de “servicios adicionales” en las comisarías. En cambio, los CPPB proponen que los efectivos no estén en una comisaría a varios kilómetros del asentamiento, “afuera” del mismo, sino que “estén ahí”, “presentes” en el lugar, para que cualquier vecino de la villa pueda dirigirse a ellos en caso de necesidad.

En términos materiales, las UPB de Gendarmería seguían casi al pie de la letra esta planificación. Varios “puestos fijos” se desplegaban en puntos considerados “conflictivos” de las villas, identificados a partir de tareas “de inteligencia” realizadas por la propia fuerza, y de consultas a distintos referentes barriales. En dichos puestos, se emplazan oficinas y puestos de control y recepción de denuncias en containers blindados, con un número variable de agentes que, en lo posible, no debe ser menor a tres. Además de esta prevención “estática”, también se realiza prevención “móvil”, ya sea en vehículos o a pie, en lo posible, en grupos tres efectivos denominados “trinomios”. Sin embargo, en el momento en que realicé el trabajo de campo, los gendarmes se quejaban asiduamente de la falta de personal y recibían reclamos por parte de referentes territoriales solicitando mayor “presencia”. Los patrullajes a pie y en vehículo, es decir, la mencionada prevención “proactiva” ante esta situación, era considerada como una segunda prioridad frente a la respuesta de los llamados al 911. Así mismo, ante los anuncios oficiales de la nueva gestión que, en verano de 2016, prometían el fin inminente del operativo (“Gendarmería dejará el Conurbano y volverá a las fronteras”, 2015), los gendarmes se mostraban ansiosos, felices de que este estuviera próximo a concretarse. Sin embargo, con la sanción del Decreto Nº 66 (2017), el marco jurídico del OCS fue derogado, pero poco cambió en la actividad cotidiana de la fuerza. De hecho, meses después, la presencia de los gendarmes en la villa 1-11-14 fue reforzada significativamente (“La villa 1-11-14 está tomada por las bandas”, 2017), y los patrullajes a pie y en vehículo regresaron, al menos, en esa villa, ahora bajo el sello del “Programa Barios Seguros”. Este programa, que se plantea como una política pública original e inédita por parte de la nueva gestión, en realidad retoma casi sin alteraciones muchos de los lineamientos de los CPPB creados por la gestión anterior, pero se proponía homogenizar bajo este formato institucional a los despliegues de fuerzas federales en las áreas urbanas socialmente vulnerables de todo el país (“Barrios Seguros”, s/f).

El trabajo de campo y algunas notas acerca de la adopción de un “enfoque etnográfico”

En este trabajo adopto un enfoque etnográfico. Como dicho concepto ha sido objeto de numerosos e intensos debates que exceden las posibilidades de este artículo, me limito aquí a señalar la definición esbozada por Fernando Balbi (2011), para quien la etnografía se basa en la integración dinámica de las perspectivas nativas con las teorías del propio autor. Estas perspectivas nativas, son centrales para la producción de textos etnográficos en dos sentidos.

primero, porque la propia descripción debe ser producida a través de la paulatina modificación de los marcos de referencia del investigador en función de su confrontación con ellas; y segundo, porque el producto final —es decir, el texto etnográfico— debe integrarlas coherentemente como parte de la descripción del mundo social analizado, esto es, debe dar cuenta de sus lógicas, fundamentos y vinculaciones con los procesos sociales examinados (Balbi, 2011: 493).

No se trata de describir meramente el mundo íntegramente desde el punto de vista nativo ni de tomarlo como un dato a ser explicado por la propia teoría o punto de vista científico. De lo que se trata

es de colocar reiteradamente en tensión esos diferentes puntos de vista, asumiendo siempre que el nuestro no será adecuado hasta tanto no llegue a ser capaz de aprehender plenamente a las perspectivas nativas tornándolas, así, en partes integrales del análisis etnográfico, en piezas necesarias de la descripción analítica que, a la vez, resulten inteligibles por virtud de su integración en dicho contexto (Balbi, 2011: 492).

El “trabajo de campo” es la estrategia metodológica clave de este enfoque, es decir, una presencia sostenida, prolongada e intensiva del investigador en el terreno y la elaboración de una serie de registros de cada una de las visitas, que permite acceder y reflexionar sobre la experiencia de los actores sociales involucrados. Mi trabajo de campo se desarrolló una vez por semana entre marzo de 2016 y julio de 2017. En función de mis inquietudes y de las posibilidades que me iban señalando los propios “nativos”, fui participando y observando una gran variedad de diferentes situaciones: charlas informales en las oficinas del “Comando” central del Operativo, visitas a los “puestos fijos” de vigilancia localizados en las villas, recorridas en los patrulleros blindados o camionetas mientras los gendarmes realizan patrullajes preventivos, visitas a locales o espacios abiertos de la villa controlados por referentes que mantienen relaciones con la gendarmería o incluso, intervenciones de la fuerza en situaciones que no implicaran riesgos serios. El contacto con la fuerza se dio a través de una ex funcionaria del Ministerio de Seguridad a quien conocí en el marco de una actividad político-académica a principios del 2016. Desde el comienzo mantuve una relación de confianza y colaboración mutua con un joven alférez de la fuerza en particular, a quien ayudé durante todo el año en el proceso de elaboración de su proyecto de tesina de grado. Este proceso en sí mismo, aportó información muy valiosa sobre el vínculo que los gendarmes establecen con los civiles, con las ciencias sociales y con la perspectiva de los derechos humanos.

En el apartado que se presenta a continuación, describo en detalle lo sucedido y conversado durante una jornada en particular^[8]. Se trata de una entrevista que mantuve en un centro social con un alférez de la GNA y una referente barrial. La visita se organizó por mi solicitud a los 6 meses de iniciada la investigación. Nely, una referente territorial cercana políticamente al Frente para la Victoria (FPV), que había sido mencionada por los gendarmes en varias charlas que mantuve en anteriores visitas. No fue la única referente cercana a los gendarmes que entrevisté durante el trabajo. Pero Nely aparecía recurrentemente como ejemplo de colaboración activa con la fuerza. Me parecía que sería una voz sumamente interesante, dada mi decisión teórica de pensar a la actividad de la gendarmería no por sí misma, sino en articulación con las prácticas de gobierno de otros actores estatales y no estales. La presencia del joven primer alférez Fernando, asignado a una de las UPB, fue inesperada y creo en cierta forma sumamente productiva: la suma de las partes (investigador, gendarme y referente) produjo diálogos que no habrían surgido en una entrevista personal con cada uno de ellos. Más allá de la riqueza etnográfica de esta situación y la gran variedad de temas abordados, todo el trabajo de campo se pone en juego a la hora del recortar y reflexionar en torno a la escena elegida. La situación tal y como la relato solo puede entenderse como resultado y efecto de una relación de confianza y comprensión que se va construyendo en el proceso. Acumulación de saberes y de relaciones que es condición de posibilidad de cada una de las nuevas instancias de campo concretas que van surgiendo y complejizando acumulativamente el material.

El “centro social” de Nely: relato y reflexiones sobre una jornada de campo

La planta baja del centro social consta de un pequeño cuarto, que se utiliza para cocinar, con una mesa de comedor. Aquella mañana, cuando llegué con el alférez Fernando, un gendarme joven (menos de treinta años), blanco, alto, de porte robusto como casi todos los oficiales jóvenes que conocí a lo largo del trabajo de campo. Mientras un chico y una chica de unos veinte años picaban verduras y cocinaban en una olla grande, Nely nos esperaba sentada a la mesa. Era una mujer ancha, de cara arrugada y pelo negro entrecano recogido, nos saludó efusivamente cuando llegamos. Su voz era pausada y tenía un inconfundible acento paraguayo, parecido al de muchos gendarmes del noreste argentino que había conocido en jornadas previas. Se puso de pie y nos guió con dificultad, (está renga en una rodilla), por una estrecha escalera caracol. El cuarto de arriba era mucho más amplio que la planta inferior. Tenía una mesa grande, estanterías con libros, juegos de mesa, y carpetas con papeles. Nos sentamos a la mesa y con un grito, Nely mandó a traer mate. Comenzó a hablar largamente, casi sin pausas. El relato se iniciaba con su historia personal. Llegó a la Argentina a los 6. Vino de Paraguay y se mudó a unos monoblocks cercanos a la villa. Hija de un padre mujeriego que “cuando tomaba se perdía” y que, en una de esas borracheras, llegó a amenazarla con un cuchillo, situaciones que la sensibilizarían contra la problemática de la violencia sufrida por las mujeres. Hace 16 años empezó con su centro social y refugio para las víctimas de violencia machista. Compró el terreno y luego construyó allí la casa que hoy lo alberga. “Nací loca”, dice sobre ella misma. “Yo puedo hacer cualquier cosa con tal de ayudar”. Cuenta que, por la época que se mudó a la villa, escuchó como a una vecina suya, que estaba lavando ropa en el patio delantero su marido empezó a insultarla y pegarle. Ella quiso intervenir y la mujer agredida, en lugar de agradecerle y huir, se la agarró con ella “¿Qué te metés?”. Una chica joven y delgada entró con el mate y la interrumpió.

– Gracias querida – agradeció Nely. La chica nos dirigió una mirada tímida y volvió a la planta baja a seguir con lo suyo. – Hay gente que es complicada – me dice cuando los pasos de la chica terminan de hacer crujir los escalones- Sienten que ayudarlos es controlarlos. Como esta chica. Ella era súper merquera^[9], era de un grupo de gente que antes de que llegara la Gendarmería, se dedicaba a robar y matar. Antes de que llegaran ellos acá había muchas muertes. Yo por ese entonces andaba con los piqueteros. Éramos multitud. Teníamos pitos, alarmas, nos cuidábamos entre todos, y teníamos armas también. Después armé “Mujeres Unidas en Acción” y empezamos a juntarnos con pibes y pibas de una organización kirchnerista de acá del barrio, que nos preguntaron si podían militar acá. Yo les dije que sí, pero si ellos le traían lo que ella necesitara. Una oficina de la ANSES^[10], otra para tramitar DNI… También empezamos a incluir en el “refugio” chicos y chicos de la “diversidad sexual” que llegaban con situaciones muy pesadas.

Nely describe al barrio anterior a la llegada de la GNA. Cuenta historias dramáticas de enfrentamientos armados, de punteros empresarios que mantenían vínculos con el gobierno de la Ciudad. Recuerda familias enteras de criminales que eran capaces de incendiar o incitar a la gente a incendiar sus viviendas para quedarse luego con el dinero de los subsidios otorgado por las autoridades. Estos jefes informales según ella, jamás la toleraron, e intentaron matarla en una ocasión, en la que tuvo que escaparse un tiempo de vuelta a Paraguay. Querían evitar que se presente a las elecciones de la presidencia de la villa. Todo cambió cuando llegó la Gendarmería y cuando ella misma logró ganar la presidencia.

– Desde siempre que yo trabajé mucho con ellos. Trabajamos en conjunto. Ellos siempre me apoyan. Por ejemplo, hay una inundación. La gente cuando hay tormenta te viene y te atacan todo. Porque tenés que darles frazadas, comida, soluciones. Se corta la luz, que esto y aquello. Todos vienen a Nely. Bueno, ¿qué es lo que hicimos con la Gendarmería? Ellos pusieron los vehículos, íbamos de casa en casa, golpeando puertas, preguntando que faltaba a cada uno. No dormimos durante tres días, y ahí ya le dimos colchón, frazada. No dejamos que se acumule. Y al otro día, ya sabíamos a quién le faltaba la chapa, quién se le cortó todo el cablerío. Ya teníamos un grupo mismo con ellos los muchachos mismo trabajaban, repartían colchones, manejaban, otro salía se bajaba, acá le falta la luz. Ellos mismos lo ayudaban a arreglar la luz. Ya ves acá la gente no le ven más como el enemigo, como pasaba antes con la Policía.
– ¿Y por qué pensás que es así?
– Porque a los policías no se les podía pedir nada. Lo único que les importaba era que la brigada les trajera la plata de la droga. Yo les pedía cualquier cosa, un patrullero o una consigna para el centro de salud, para que las profes de apoyo escolar puedan entrar y salir seguras y ni bola. Me acuerdo una vez que fui a hacer una denuncia, por una mujer que había desaparecido hacía unos días. Yo estaba sentada en la entrada y los escuché decir “ahí está la buchona”, “¿Cuál?”, “la paraguaya esta, la buchona”. Nunca más. Mirá, por ejemplo, con el tema de la violencia de género… Yo soy violenta. No es que sea loca ni nada por el estilo, pero no me dan miedo los hombres. No tengo miedo de enfrentar a una familia ¿Y qué es lo que hago? Antes, eso me prohibieron hacer, antes las mujeres venían y nos buscaban, “Nely mi marido me pegó, que esto aquello”, íbamos al grupo de mujeres, éramos 6-7 mujeres, le pegábamos al tipo. “¿Así que a vos te gusta pegar mujeres? Vos esta noche no vas a dormir. Plum, plam, escobazo, fuera.
– ¿Y después cuando llegaron los gendarmes?
– Cuando vino la gendarmería encontramos otra forma. Ahora es así: Entramos, nosotros hablamos, y si el tipo sigue muy violento le llamamos a la gendarmería para que hable con el señor. Primero yo le digo “mirá que nosotros te vamos a hacer la denuncia. ¿Así que sos tan macho? Vamos a ver si sos macho con la ley. Mirá, llamamos al 911. Llamamos al 911, y ahora vamos a llamar a la gendarmería”. Y ellos vienen y le dicen “Mire, si su señora hace la denuncia, y vamos a tener que sacarlo”.
– Y llevarlo detenido – agregó Fernando-
– Detenido, sí. Con la gendarmería, es otra cosa. Yo los quiero como a mis hijos, están en los problemas, defendiendo a las mujeres. Ahí la otra vez, esto fue en enero- acuchillaron a una mujer. Y no es fácil moverse acá en la villa, ellos no saben muchas veces a qué lugar ir
– Claro. Y a veces eso nos dificulta actuar rápido –acotó Fernando
– Sí, por eso trabajan en conjunto con todos nosotros. Por las mujeres que están acá. “Vengan es la manzana tanto, en el edificio tanto, puerta tanto, vengan que nosotros ya le estamos esperando ahí”

Según Fernando, los gendarmes tienen “otra actitud con el barrio”. Siempre hay “ovejas negras”, como en toda institución, pero en general ellos no tendrían problema con coimas. Para Nely, los gendarmes hacen crecer al barrio: no piden fiado ni regalado como hacía la policía, y, por lo tanto, le dan “trabajo a la gente”. Aportan, además, de manera voluntaria, el trabajo de distintos profesionales que son parte de la fuerza (psicólogos, abogados, etc.). Se mostró preocupada por lo que ocurriría cuando se vayan: “Los chorros están todos contentos” dijo. Pero le parecía comprensible que algunos ya se quisieran ir. Según Fernando, es mucho “el desgaste”. Muchos están en Buenos Aires desde hace 5 años, y el gendarme viene de lejos. “Es un bicho de campo”, más puro, ingenuo, no tan contaminado por la Ciudad.

– Sí, es así – confirmó Nely – Ellos vinieron de muy lejos, no tenían muchas veces ni para comer, ni donde dormir. Cuando llegaron dormían en el piso. Yo cuando llegaron les cocinaba guiso, en olla grande, y ponía tres mesas largas acá, pan, jugo, y comíamos todos, ellos con todos los pibes, también con los que robaban, compartiendo la mesa. Al final, todos esos que eran chorros querían ser gendarmes.

Se produjo un silencio incómodo. El relato armónico que Nely y Fernando venían construyendo comenzó a astillarse. Sabía que se aproximaba el momento más delicado de la charla y posiblemente también el más importante y complejo: la relación de la GNA con los jóvenes. Según Nely, cuando los gendarmes entraron recién al barrio cambió todo. La orden al principio del operativo, era según ambos “cachear” a todos los pibes que estuvieran en la calle de noche.

– Es que, si son las 10, las 11, y los pibes siguen ahí con la fogata, tomando, drogándose- me preguntó Nely mirándome fijo- ¿Vos qué es lo que decís que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? – no esperó mi respuesta, y siguió- De lunes a lunes esto eh. Vos que sos joven ¿Qué es lo que vos ves ahí? – volvió a esperar unos momentos en silencio, y siguió hablando en un tono de enojo-Entonces iban los gendarmes y revisaban. Y así les encontraban 9 mm, revólveres, armas de juguete, calibre 22, calibre 38. Se desarmó a casi todos los pibes. Los gendarmes pasaban dos veces. Les decían “¿Ustedes tienen casa? Bueno. El que tiene casa, a su casa. Voy a pasar dos veces más. A la tercera vez que pase con el patrullero si no apagaron el fuego, al que no tiene casa lo vamos a dejar en la comisaría para que duerma ahí”. Y lo subían y se lo llevaban. Había pibes que se estaban revelando, se ve que encontraron ahí su papá.
– ¿Cómo es eso? – pregunté sorprendido por la metáfora.
– Y sí, escúchame una cosa, “Me encantó Nely”, me decían las madres, “Pude dormir anoche”, “¿Y por qué dormiste?”, les preguntaba yo “, “Porque pasaron los gendarmes y le hicieron meter adentro al nene, sino no iba a dormir, lo iba a tener fumando ahí en la esquina toda la noche. Pero no, encontró a su papá Nely, le dijeron los gendarmes que se metan o lo iban a meter preso”
– Es que es así. Nosotros decimos, humildemente no, que estaría bueno que la ley cambie la verdad, bajar la edad. Porque si uno mete preso a un menor después va a ser difícil que ese menor cometa un delito-Nely frunció el ceño en señal de reprobación.
-Hay que ver – lo interrumpió- Lo que yo digo, quizás no haya para darle trabajo a la gente, a todos, pero se podría cambiar el sistema. Se puede. El tema es cuando al otro no le interesa. Si vos no estás estudiando, y tu mamá ya no puede más con vos, ahí tiene que haber un asistente, constantemente, desde la escuela. Y si el pibe dejó la escuela bueno, tiene que haber entonces una escuela, pero no como una escuela común. Tipo un reformatorio, pero con gente que sepa tratar a los pibes, un asistente social, dos asistentes sociales, los que hagan falta para evaluar a esa familia, por qué los hijos les están saliendo así.
– Y el tema de las requisas a los pibes ¿Por qué dicen ustedes que se terminó? – insistí, queriendo saber más sobre el tema más “polémico” de la entrevista
– Lo que pasó es que se enteraron todos los transas de las mesas esas, las de seguridad. Y ¿Qué hacían? Juntaron firmas, con cualquier excusa, diciendo que era contra la inseguridad y que se yo que más, si acá en la villa nadie sabe leer. Y le pidieron al Ministerio un 0800 para poder hacer denuncias de “violencia institucional”. Decían “Listo, ahora ya podemos denunciar a los gendarmes”. ¿Mi hijo salió a robar y lo agarraron los gendarmes? No importa, los denuncio, digo que él no había hecho nada y que le pegaron. Desastre – dijo, Nely- El problema- siguió Nely- es que con lo que jodieron La Poderosa y los demás, ahora todos conocen sus derechos.
– Sí. Y poco de sus obligaciones- concluyó Fernando.

---

En el diálogo que se va tejiendo entre los relatos de Nely y el alférez Francisco, se pone en evidencia un juego complejo y heterogéneo de coincidencias y diferencias entre concepciones, expectativas y objetivos, en torno a la “presencia” de los gendarmes, sus propósitos, sus consecuencias. Lejos de limitarse a cuestiones como los delitos típicamente asociados a la “inseguridad” (Lorenc Valcarce, 2009), y a los pedidos de mayores castigos punitivos, emergen otros tópicos que desbordan estas cuestiones, y refiere a múltiples conflictos de los barrios informales, y a la manera en que agentes locales y del propio Estado buscan “gobernarlos”. En primer lugar, que se observa la incidencia de la “presencia” gendarme, en las disputas políticas locales, Como ya he mencionado, Frederic (2018) afirma en un artículo reciente, el policiamiento basado en el valor rector de la “proximidad”, potencia una faz moral y política de la actividad policial, y la inserta en una densa trama de conflictos, vínculos, y tradiciones de la política barrial. La promoción de la organización de los propios vecinos, y la preferencia de ciertos referentes en desmedro de otros a partir de consideraciones respecto de su genuina representatividad (Frederic, 2018: 44-45), tuvo y tiene efectos muy importantes para la política en los territorios. Los dirigentes estimados por la Gendarmería se apoyan en esta relación como recurso de legitimidad y diferenciación frente a otros grupos de vecinos. En consonancia, la descripción de Nely del barrio antes y después de la llegada de Gendarmería, se solapa casi indistinguiblemente con la descripción del barrio antes y después de su propio ascenso como dirigente. Y sus “contrincantes”, tanto en pasado como en el presente, son señalados como enemigos de la fuerza, por sus vínculos con las economías ilegales, o por intereses políticos espurios o egoístas o externos al barrio (como el caso de “La Poderosa”). Por otra parte, la relación con los gendarmes se presenta como una herramienta útil para la propia labor como dirigente. Al igual que Leonardo, el pastor que protagoniza otro artículo de esta compilación, escrito por Marcos Carbonelli, Nely podría ser caracterizada como una “dirigente anfibia”: a veces representante directa del Estado, “el Estado en acto” que “baja” recursos e informaciones al barrio, otras veces “la voz de barrio” para reclamar o peticionar ante los poderes públicos. En el ejemplo de la inundación por caso, la fuerza aparece “colaborando” en una multiplicidad amplia de tareas: protege y ayuda a Nely a repartir mercadería, presta sus vehículos para recorrer las casas e identificar a los “necesitados”, repara instalaciones eléctricas, etc. Además, como no piden sobornos ni regalos, “hacen crecer al barrio” desde un punto de vista económico. Esta relación con el barrio y con ella misma, es interpretada por Nely en los términos de una representación que la propia fuerza ha procurado instalar sobre sí misma, especialmente desde el retorno de la democracia, que se apoya en dos “mitos”. En primer lugar, el “mito de la frontera”, entendiendo a esta no como límite nacional, sino como un “espacio de resistencia cultural conservadora, donde persistirían valores que ellos creen custodiar y encarnar: la vida tranquila del campo, la honestidad, el respeto a las jerarquías, la colaboración, la “gauchada” (Escolar, 2017: 100). Y, en segundo lugar, el del “gendarme empático”: El trabajo del gendarme en frontera implica una cotidianeidad compartida con la población, la trabazón de múltiples vínculos con ella. En la medida que los gendarmes no provienen de familias de la elite política-económica como los militares (y, por lo tanto, no serían parte de una institución cuya cultura los aísla de los valores democráticos como el Ejército) tendrían una mayor capacidad de “convivencia con la gente”. (Hathazy y Schnyder, 2018: 142). Esta asociación entre proveniencia del “interior”, cierta inocencia e ingenuidad, así como fuentes superioridad inmoral, es sostenida por la fuerza como una característica propia de la “materia prima” de la que está hecha la fuerza, atributos que tendrían los jóvenes desde antes de ingresar a la escuela de formación: (Melotto, 2016: 46).

En este sentido, Gendarmería es ubicada en un lugar de “superioridad moral”, de “buen ejemplo” que habilita un segundo nudo problemático en el que expectativas locales sobre la presencia e intervención de la fuerza desbordan su “deber ser” (prevenir e investigar delitos) y los roles más comúnmente analizados por la literatura: la relación con los jóvenes varones. En este sentido, autores que han estudiado previamente las prácticas de “hostigamiento” de los gendarmes a los jóvenes, remarcan el singular carácter fuertemente “moralizante” de los controles gendarmes: obligar a los jóvenes a cantar el himno, hacer flexiones, sacarse los “aritos” porque “es de puto” o tragarse sus cigarrillos de marihuana, configurarían una suerte de “servicio militar a cielo abierto” que pretende no solo castigar a los jóvenes, sino “educarlos” moralmente (Colectivo Juguetes Perdidos, 2014). Sin embargo, el primer alférez Francisco, como otros gendarmes que conocí durante mi trabajo de campo, era menos optimista en términos de esa posible “reeducación”. Para él la solución sería “meterlos presos”, pero no por las funciones “resocializadoras” del encierro punitivo, sino simplemente por sus funciones de incapacitación (“menor que está preso, no puede volver a robar”). Este posicionamiento guarda relación directa con el rol estructural que ocupan las fuerzas de seguridad como primer eslabón institucional de una “cadena punitiva” (junto con el poder judicial y el custodial), cuyo sentido es la producción y reforzamiento de determinadas “trayectorias penales” en la biografía de los sujetos:

La cadena punitiva articula un proceso relacional de diferentes niveles de sujeción que son instrumentados por las distintas agencias (…) el encadenamiento de lo policial, lo judicial y lo custodial supone un proceso de acumulación de sujeciones punitivas, que produce marcas (…). Se trata de un encadenamiento de sujeciones y entregas, donde el sujeto circula por tramas discursivas y prácticas institucionales diversas, pero que se corresponden a un mismo proceso que lo atraviesa y moldea, constituyéndolo como delincuente. (Daroqui, López y Cipriano García, 2012: 102).

Sin embargo, las representaciones que sostiene gran parte de la propia fuerza no necesariamente coinciden con las expectativas de los vecinos que apoyan los controles. Es cierto que Nely comparte la creencia de que los jóvenes varones son los principales responsables de los delitos y la sensación de inseguridad de los vecinos, y reivindica las mencionadas tácticas de saturación y requisas masivas. También, que crítica con dureza a las organizaciones y a los vecinos (según ella, vinculados a las economías ilegales), que realizaron “denuncias falsas” al 0800 del Ministerio de Seguridad, y “juntaron firmas” para exigir que cesen los controles. Un primer análisis posible de estas afirmaciones, sería ver en ellos señales de un “engorramiento” de los vecinos de los barrios, cuya máxima expresión son los “linchamientos” a jóvenes acusados de robar (Colectivo Juguetes Perdidos, 2014), o la mencionada relación de continuidad entre el “olfato policial” de los gendarmes y el “olfato social” de los vecinos (Rodríguez Alzueta, 2014). No obstante, queda claro analizando la escena que, aunque Nely apoya los controles en el espacio público, no sostiene posicionamientos punitivos. En su reflexión, remarca que, al principio de su despliegue, a los gendarmes les bastaba con su presencia para disuadir a los jóvenes de vender, consumir drogas, o robar, y “no hacía falta meter presos a los jóvenes, sino, requisarlos para “desarmarlos”. En otro pasaje de la charla, rechaza la baja de la edad de imputabilidad que el primer alférez Francisco defendió con entusiasmo, alegando que la cárcel no es una solución apropiada, y proponiendo medidas alternativas, como escuelas con prerrogativas especiales para hacer “volver” a quienes abandonan, o asistentes sociales para que cada familia “con problemas” tenga contención. Esta discordancia ya ha sido identificada como una tendencia más general por otros autores (Otamendi, 2014).

Pero el pasaje de la entrevista que más llamaba mi atención y generaba interrogantes es el momento en el que Nely menciona a una vecina que le había dicho que con los gendarmes, los adolescentes del barrio habían “encontrado a su papá”. La afirmación se repitió posteriormente en charlas con otros referentes locales, y pone de manifiesto como los gendarmes (sin que estos lo busquen activamente), son clasificados por una parte de los habitantes de los barrios a través de categorías de parentesco. En este sentido, para una parte significativa de los vecinos adultos, los controles de Gendarmería son un instrumento justificable no porque permitan juzgar y enviar a prisión a los jóvenes, sino porque sirven para “mandarlos a casa”, “imponerles límites”, ayudar a que las madres puedan “dormir tranquilas”, etc. En este sentido, Victoria Castilla (2017) analiza el significado que el castigo físico ocupa en la crianza de niños, niñas y adolescentes en barrios socialmente vulnerables. La autora, destaca en su trabajo una situación en la cual, una madre encadena a su hijo a la cama para evitar que este acuda a un enfrentamiento violento con otros jóvenes. En este caso, una forma de violencia extrema, se justifica como “necesaria” para prevenir otras formas de violencia aún más graves. De tal forma, para la autora (Castilla, 2017: 46).

Es decir, allí donde algunos verían rápidamente un simple aumento en la punitividad de algunos sectores de la población de las villas, o incluso, una simple demanda de “más seguridad”, el análisis etnográfico revela una trama de expectativas, creencias y representaciones mucho más compleja. Los pedidos de controles más frecuentes y con mayores prerrogativas para los gendarmes por parte de los vecinos, pueden vincularse a demandas securitarias y punitivas, pero también a otras preocupaciones, como la crianza de los hijos, o las estrategias que los habitantes de estos barrios utilizan para “lidiar” cotidianamente con los riesgos y las violencias (Auyero y Álvarez, 2014).

En conclusión, el análisis de esta situación de campo, permite entrever como los objetivos de gobierno de las zonas pobres urbanas que los gendarmes hacen propios (el control de determinados ilegalismos como el robo de vehículos o la compra-venta de drogas, la vigilancia focalizada sobre determinados grupos estigmatizados, particularmente, los jóvenes varones, el intento de capturar y llevar a la cárcel a la mayor cantidad posible de infractores), se enredan con otras expectativas locales, que pueden observarse en el relato de Nely sobre el barrio antes y después de la “llegada” de los gendarmes: consumo problemático de drogas y alcohol, peleas entre vecinos, conflictividad habitacional (por ejemplo, cuándo narra el incendio de casas para reclamar subsidios , que luego eran apropiados), o violencia de género. Según Nely y varios otros referentes y vecinos con los que conversé antes y después, antes de que llegara la Gendarmería, la policía no entraba en la villa ni atendía ninguna de estas denuncias. Se podría decir que antes de la llegada de GNA, se encontraba vigente en este asentamiento lo que Saín (2015) (pero también Garriga, Murzi y Rosa, en un artículo de esta compilación) denomina el “doble pacto”: Un acuerdo tácito entre policías y determinados actores de las economías ilegales en los barrios, (tolerancia al delito a cambio de una parte de la extraordinaria rentabilidad de estos mercados) y la policía y el poder político (autonomía, a cambio de tranquilidad social y una parte de lo recaudado). Las grietas por las que un pacto de estas características puede fracasar, son similares más allá del contexto. Tal y como ocurre en los estadios de fútbol según Garriga, Murzi y Rosa (en el mismo artículo antes mencionado), los hechos del parque Indoamericano evidencian que el comportamiento represivo, corrupto y poco profesional de las policías es un factor de riesgo permanente para un pacto de estas características. Pero, además, ocurre que los punteros y referentes vinculados a los mercados ilegales no son los únicos que pueden ejercer violencia en los territorios, ni tampoco poseen una capacidad absoluta para controlarla. Existe una gran diversidad de otros actores y otros conflictos que no responden al delito organizado y que pueden provocar desbordes y complicar esta “tranquilidad” que las autoridades políticas esperan que la policía les garantice.

Consideraciones finales

En “Vigilar y Castigar”, Michel Foucault (2002), analizando la descripción de un suplicio público en Francia de la Edad Media, se interroga por las posibles causas por las que tales formas de castigo dejaron de emplearse progresivamente en el mundo occidental. Foucault desecha inmediatamente la hipótesis de una supuesta tendencia humana universal de reducción progresiva de la violencia, y demuestra cómo la falta de economía de estas formas de ejercicio del poder y el peligro latente que de que el público de las ejecuciones terminara identificándose con el supliciado y desatando una rebelión (Foucault, 2002: 64-65), son los motivos que posiblemente explican el inicio de las transformaciones en el poder de castigar que desembocan en el derecho penal y el nacimiento de la prisión. De manera similar, sostengo que las escenas del Parque Indoamericano pueden ser pensadas como imágenes que evidencian una crisis del Estado (de los Estados) para ejercer el monopolio legítimo de la violencia en ciertos territorios de la Ciudad, y que tuvo como consecuencia una serie de importantes reacomodamientos políticos. La entrevista con Nely me permitió realizar una primera aproximación a algunos de los efectos de estos cambios, que perviven hasta el presente. Si el entramado de poder que previo el desembarco de Gendarmería, permitía mantener relativamente bajo control el sur de la Ciudad se resquebrajó de manera irreversible con la toma del Parque, la entrevista permite entrever algunos de los hilos que compusieron una nueva trama: agencias estatales diversas abriendo sucursales en las villas, militantes sociales y políticos aliándose con referentes locales, y, claro está, referentes locales colaborando con las fuerzas de seguridad. Más difícil es caracterizar la relación que se da entre cada uno de ellos. Resultaría sencillo por ejemplo criticar a Nely por “colaborar” con la gendarmería, acusarla de haberse “derechizado” o de abrazar concepciones punitivas. Pero la entrevista permite precisamente “hilar más fino”, y percibir diferencias sutiles en las concepciones y expectativas. La entrevista permite suponer además que otra parte quizás, defienda la violencia punitiva de los gendarmes esperando de ella un resultado distinto: que los ayude a “conducir las conductas” de los jóvenes, “ponerles límites” que ellos mismos no pueden ponerles en su rol de padres/madres.

Creo además que la entrevista de este trabajo permite apreciar la estrechez para comprender la heterogeneidad de demandas, conflictos y expectativas de los barrios informales que posee la noción ampliamente difundida de “inseguridad” (Galar, 2016). Queda claro en apenas una breve escena que en los barrios populares hay una diversidad de problemas, demandas y conflictos en los que las fuerzas de seguridad intervienen, y que se ven omitidos por los estudios disponibles actualmente, en gran medida, porque, ¿Cómo intervienen los gendarmes en este otro tipo de conflictos? ¿Lo hacen desde un lugar neutral? ¿Superan en estas intervenciones la mirada punitiva? ¿Qué aportes hacen y qué aportes no logran hacer para contribuir a resolver de manera más estable este tipo de problemáticas? ¿Qué implicancias tiene esta actividad en relación al Estado y la legitimidad de la dominación política? Preguntas pendientes para seguir indagando en próximos avances de esta investigación de la cual este trabajo constituye solamente un primer ejercicio de aproximación reflexiva.

Bibliografía

Balbi, Fernando (2011). “La integración dinámica de las perspectivas nativas. En Intersecciones en Antropología, 13, 485-499.

Binder, Alberto (2009). El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual. En Kessler, G. (comp.) Seguridad y ciudadanía: nuevos paradigmas, reforma policial y políticas innovadoras. Buenos Aires: Edhasa

Castilla, María Victoria (2017). Maternidad, cuidados y castigos en barrios marginales y vulnerables de Buenos Aires. En Runa, 38(2), 37-57.

Centro de Estudios Legales y Sociales. (2016). Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares. Recuperado de http://cels.org.ar/hostigados.pdf.

Cravino, María Cristina (2014). Causas y azares: La ocupación del Parque Indoamericano. En Cravino, M.C. (org.) Derecho a la ciudad y conflictos urbanos La ocupación del Parque Indoamericano (pp.17-60). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Cravino María Cristina, y Palombi, Ariel (2014). Introducción. En Cravino, M.C. (org.) Derecho a la ciudad y conflictos urbanos La ocupación del Parque Indoamericano (pp.9-16). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Daroqui, Alcira, López, Ana Laura. y Cipriano García, Roberto (2012). Sujetos de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil. Rosario: Homo Sapiens.

Escolar, Diego (2005). Represión y Represión: memorias, política militar y estrategias institucionales en la Gendarmería Nacional Argentina. En E. Hershberg y F. Agüero (eds.). Memorias militares sobre la represión en el Cono Sur: visiones en disputa en dictadura y democracia, Madrid y Buenos Aires (pp. 143-173). Madrid: Siglo XXI.

Escolar, Doiego. (2017a). Gendarmería. Los límites de la obediencia. Buenos Aires: Editorial SB.

Fava, Ricardo (2014). La clase media, entre la historia y la cultura. Representaciones sociales sobre los “vecinos” en el conflicto con los “ocupantes” durante la toma del Parque Indoamericano. En Cravino, M.C. (org.) Derecho a la ciudad y conflictos urbanos La ocupación del Parque Indoamericano (pp.85-112). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Fassin, Didier (2016). La fuerza del orden. Una etnografía del accionar policial en las periferias urbanas. Buenos Aires: Siglo XXI:

Frederic, Sabina (2014). Modos de dar seguridad, adaptación y obediencia en el escenario de re-despliegue territorial de la Gendarmería Nacional Argentina. ESTUDIOS. 32. 219-241

Frederic, Sabina, Galvani, Mariana, Garriga Zucal, José, Renoldi, Brigida (2014). De armas llevar. Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad. La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP).

Foucault, Michel (2002). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Foucault, Michel (2010). El Nacimiento de la Biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

Galar, Santiago (2016). La agenda de la seguridad en revisión: casos conmocionantes, temas y problemas públicos en el actual período democrático argentino (1983-2016). En Sociohistórica. 37, ee03. Recuperado de http://bit.ly/34CqIoQ

Guemureman, Silvia, Otamendi, Alejandra, Zajac, Joaquín, Sander, Joana, Bianchi, Eugenia (2018). Violencias y Violencias estatales: hacia un ejercicio de conceptualización. En Ensamble, 4(7), pp. 12-25.

Kessler, Gabriel (2009). El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Lorenc Valcarce, Federico (2009). Orden, derechos y delitos La inseguridad en la agenda pública argentina. El Príncipe Revista de Ciencia Política, pp. 83-107.

Melotto, Mariano (2016). “Ingresando a la fuerza”. Un estudio antropológico sobre las escuelas de formación básica de la gendarmería nacional argentina (tesis de doctorado). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires.

Monjardet, Dominique (2010). Lo que hace la policía. Sociología de la fuerza pública. Buenos Aires: Prometeo.

Otamendi, Alejandra (2014). ¿Demandas de seguridad o demandas de “mano dura”? El “consenso punitivo” en cuestión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2000-2010). Hologramática, 21 (7), 155-174.

Ministerio de Seguridad de la Nación (2011). Políticas de Seguridad Nº1. Buenos Aires: Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina

Ministerio de Seguridad de la Nación (2012). Políticas de Seguridad Nº3. Buenos Aires: Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina

Palombi, Ariel. (2014). La toma del Parque Indoamericano: jerarquías urbanas, conflictividad y migraciones. En Cravino, M.C. (org.) Derecho a la ciudad y conflictos urbanos La ocupación del Parque Indoamericano (pp.61-84). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Perelman, Marcela y Tufró, Manuel (2016). Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central. Recuperado de http://bit.ly/34A0LX8

Renoldi, Brígida (2014). Carne de carátula Experiencias etnográficas de investigación, juzgamiento y narcotráfico. Buenos Aires: Ediciones Al Margen

Saín, Marcelo (2012). Un paso adelante, dos pasos atrás. El kirchnerismo ante la cuestión policial. (2003-2012). En Delito y Sociedad, 21 (34), pp. 67-99.

Fuentes de prensa e institucionales

“Barrios Seguros” (s/f). Argentina.gob.ar. Recuperado de https://goo.gl/YZwBKk

“Cerco de Gendarmería y Prefectura en el Indoamericano para evitar incidentes” (12 de diciembre de 2010). La Nación. Recuperado de https://goo.gl/sJ2AMD

“Cinco días desaparecido” (6 de agosto de 2017). Pagina12. Recuperado de https://goo.gl/L8FJwa

“Con la Gendarmería llegó algo de calma” (12 de diciembre de 2010). La Voz del Interior. Recuperado de https://goo.gl/1zPnyJ

“El juez Gallardo ordenó un “operativo de pacificación” en el Parque Indoamericano” (10 de diciembre de 2010). Todo Noticias. Recuperado de https://goo.gl/CZGS8M

“El Parque Indoamericano quedó otra vez ocupado” (9 de diciembre de 2010). Clarín. Recuperado de https://goo.gl/CSjVVx

“Gendarmería dejará el Conurbano y volverá a las fronteras” (27 de diciembre de 2015. Infobae. Recuperado de https://goo.gl/LSMTxB

“Gendarmería, Prefectura y la policía se instalan en las villas” (15 de noviembre de 2003). La Nación. Recuperado de https://goo.gl/WDrVx9

“Historia” (s/f). Gendarmería Nacional Argentina. Recuperado de https://goo.gl/wouye8

“La villa 1-11-14 está tomada por las bandas” (1 de julio de 2017). La Nación. Recuperado de https://goo.gl/rHqNtb

Mugica Díaz, Joaquín. (24 de septiembre de 2016). “¿Incorruptibles? ¿Efectivos? Por qué los gobiernos prefieren a los gendarmes para combatir la inseguridad”. Infobae. Recuperado de http://bit.ly/2QDOAkV

“Otro muerto en Villa Soldati y se agrava la pelea política” (10 de diciembre de 2010). La Nación. Recuperado de https://goo.gl/xNp9AN

Pertot, Werner (10 de diciembre de 2010). Macri y los peligros de la xenofobia. Pagina12. Recuperado de https://goo.gl/b5FMEm

Rodríguez, Carlos (8 de diciembre de 2010a). Días de fuego y sangre en el sur de la ciudad. Pagina12. Recuperado de https://goo.gl/6dzyGy

Rodríguez, Carlos (15 de diciembre de 2010b). El éxodo en el Indoamericano. Pagina12. Recuperado de https://goo.gl/1ERQ2X

Rodríguez, Carlos (9 de diciembre de 2014). “Cuatro años de impunidad”. Pagina12. Recuperado de https://goo.gl/mv3h5w

“Reforma previsional: con gases lacrimógenos y balas de goma dispersan a los manifestantes” (14 de diciembre de 2017). Clarin. Recuperado de https://goo.gl/sGXkuH

“Soldati: separan a cinco policías por el desalojo” (9 de diciembre de 2010). La Nación. Recuperado dehttps://goo.gl/Nq7Wa2

Leyes y decretos 

Decreto Nº 66. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. 26 de enero de 2017

Ley Nº 12.367. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. 11 de agosto de 1938 

Ley Nº 19.349. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, Argentina. 25 de noviembre de 1971

---