Del gobierno de la seguridad a la regulación de la violencia en el fútbol argentino

José Garriga, Diego Murzi y Sebastián Rosa

Introducción

En este artículo reflexionamos sobre el gobierno de la seguridad en el fútbol argentino. Proponemos entender este fenómeno a partir de un “triple pacto” de regulación de las violencias. Analizamos para eso las relaciones y los intercambios entre las “barras”^[1], la policía y los dirigentes deportivos. Daremos cuenta de vínculos invisibles y lógicas de interdependencias que habilitan una reflexión sobre la violencia, su regulación y la administración del gobierno de la seguridad en el fútbol, basado en ese pacto tácito entre actores. Deseamos completar el análisis mostrando otra arista de estos vínculos: la legitimidad de las acciones violentas, que habilita tanto la constitución de identidades, como la gestión de mercados ilegales.

Sobre la seguridad en el fútbol

En la escena de la “seguridad” del fútbol profesional observamos una multiplicidad de actores: espectadores que no pertenecen a la “barra”, funcionarios de diversas agencias estatales, jugadores y periodistas, entre otros. Pero hay tres actores que son centrales: dirigentes deportivos, policía y “barras”.

Durante una reunión entre policías encargados de la seguridad en eventos deportivos a la que asistimos, escuchamos repetir que estaban cansados de ser “el pato de la boda”. Sostenían que siempre eran responsabilizados de todo lo que salía mal en el mundo del fútbol, y que eso los ubicaba en un lugar inmerecido. Decían ser representados injusta y caprichosamente como “los malos de la película”. Pero entre sus repertorios de quejas surgió un tema sustancial. “Es hora de sincerarnos: nosotros negociamos con las barras” dijo uno de los más experimentados. Los policías contaban cómo hablaban con los “barras”: que tal o cual jefe de una “barra” era un “señor”, comparado con otro que era un “barrilete”; que “los tipos cumplen lo pactado” y que era más fácil -muchos más fácil, según varios- hablar con los “barras”, que con los dirigentes de los clubes.

Los operativos de seguridad en el fútbol están organizados en la Argentina y ejecutados por las policías provinciales. En los últimos años, y sólo en algunos partidos en la Ciudad de Buenos Aires, se incluyeron en los operativos otras fuerzas de seguridad federales. Entonces, predominantemente es la policía –de cada provincia- la encargada de la seguridad en estos eventos deportivos. Los policías que trabajan en un evento futbolístico son denominados “efectivos” y cobran un dinero adicional a su salario por las tareas vinculadas a la seguridad durante los partidos. Este dinero lo abonan directamente las instituciones deportivas. Los encargados del operativo –altos mandos policiales- tienen, además, la potestad de interpretar la peligrosidad del evento y decidir por ello, cuántos “efectivos” son necesarios para la seguridad de dicho espectáculo.

En numerosas oportunidades se han descubierto casos en los que los operativos de seguridad en el fútbol fueron sobredimensionados con el objeto de acrecentar las arcas policiales. Los clubes abonaban una suma de dinero en concepto de una cierta cantidad de “efectivos” fantasmas, ya que estos luego no iban al estadio y ese dinero era igualmente cobrado por los encargados del operativo de seguridad; en muchas ocasiones era repartido también entre “barras” y/o dirigentes.

La violencia en el fútbol es en la Argentina un problema público. Cada episodio gana inusitada visibilidad, atiborrando los noticieros televisivos y las páginas de los diarios. Por eso, las policías desean que el operativo sea “exitoso”. Un operativo “exitoso” es aquel en el que el partido no se suspende ni aparece en los medios de comunicación vinculado a hechos de violencia. Las policías entienden que cualquier disturbio ocasionado por la “barra” puede desmerecer su accionar. Saben también que los “barras” no son los únicos que cometen actos de violencia en el mundo del fútbol, pero entienden que sus prácticas son predecibles. Por eso, pactar con ellos puede ser la clave del éxito del operativo.

Entonces, los jefes policiales desean que en las “barras” haya un jefe visible, un “capo”. El “capo” es un referente que funciona como interlocutor. Alguien con quien negociar y que tenga el poder suficiente para controlar a sus pares. Cuando hay diferentes facciones o disputas por el poder, la negociación se desordena; cuando no existe un jefe legítimo la regulación de la violencia se dificulta. Por ello, ante las disputas por el poder que se desatan al interior de las “barras”, la policía adopta –normalmente- dos posturas. En ocasiones se mantiene al margen de los conflictos y las guerras intestinas, a la espera de que una de las facciones sobresalga, para erigirse en interlocutora con la cual negociar. Otras veces, toma partido por una facción, extremando el control sobre la otra, a fin de debilitarla. En la misma línea, los dirigentes de los clubes tampoco desean la desorganización de la “barra”. Al igual que la policía, prefieren tener un interlocutor único y legítimo que les permita asegurar el “buen gobierno” al interior de su club. En la intervención policial -o en la falta de intervención- respecto a las peleas entre facciones, es en donde se visualiza más cabalmente la existencia de un pacto tácito que permite la gestión de la seguridad. La policía no busca perseguir ni conjurar los delitos de las “barras”, sino que procura negociar con estas y con las dirigencias deportivas para asegurar el gobierno de la seguridad en el fútbol la violencia.

Policías, dirigentes y “barras” funcionan como actores centrales de la regulación de la violencia en los espectáculos futbolísticos en nuestro país. Los trabajos de Pablo Alabarces (2004), María Verónica Moreira (2005), José Garriga Zucal (2007), Nicolás Cabrera (2013), Federico Czesli (2013), Diego Murzi (2013), Sebastián Rosa (2017) y Gastón Gil (2007), nos dan herramientas para analizar lo que interpretamos como un pacto tácito entre esos tres actores.

Sobre legitimidades

Las formas de las violencias del fútbol de la Argentina son imposibles de reducir al accionar de las “barras”. Numerosos son los actores que tienen prácticas violentas: policías, espectadores que no son partes de las “barras”, futbolistas, autoridades de los clubes deportivos, etc. Entre las violencias provocadas por estos actores contamos: cacheos agresivos, represiones, cantos xenófobos u homofóbicos o racistas, golpes entre futbolistas, escupitajos. Podríamos sumar a los baños insalubres, los golpes contra paredones a los costados del campo de juego, las caídas y hacinamiento en las tribunas, entre tantas otras formas de las violencias que pululan el mundo del fútbol. Violencias estas que pocas veces son definidas como tales. Sin embargo, las formas violentas de las “barras” son más visibles y visibilizadas. Existe así una representación de las “barras” que, desde los discursos dominantes en el fútbol, son señalados como únicos culpables de la violencia, ocultando así las violencias no provocadas por ellos.

En la Argentina, la gran mayoría de los clubes de fútbol tiene una “barra”. Las “barras” son grupos de hinchas organizados y reconocidos por sus acciones violentas y como actores protagónicos del escenario festivo del fútbol argentino. Tienen estructuras organizativas complejas y dinámicas, diversas según los clubes. Las lógicas de organización y funcionamiento dependen de una gran variedad de factores. No todas las “barras” son iguales, y sería un grave error reducir esa diversidad al modelo que predomina en los grandes clubes de la Argentina. Las “barras” son organizaciones ávidas de recursos y estos se consiguen en interacciones con otros actores sociales. En relaciones de intercambio con políticos, dirigentes de los clubes, jugadores, o empresarios, los integrantes de la “barra” consiguen dinero, trabajo, porcentajes de la venta de jugadores, entradas a los partidos, viajes, etc.

A pesar de esta diversidad contamos con suficiente evidencia para referirnos a una matriz organizativa común que está vinculada a la lógica del “aguante” violento (Alabarces, 2004; Moreira, 2005; Garriga, 2007; Gil, 2007; Cabrera, 2013; Czesli, 2013). Estos colectivos están organizados en torno a una férrea estructura jerárquica, la búsqueda de recursos materiales y el deseo de reconocimiento simbólico obtenido en la participación en enfrentamientos físicos. La intervención en hechos violentos posee desde su lógica una fuerte positividad que los nutre de respeto y prestigio. Reconocimiento, concedido por pares y ajenos, que hace de la inacción violenta – carencia de “aguante”- una deshonra que se equipara a la falta de hombría y de honor.

Los pactos que regulan la seguridad en el fútbol se sustentan en la legitimidad que tienen ciertas acciones violentas. Desde los inicios del fútbol existieron hechos de violencia, lo novedoso del escenario contemporáneo es la existencia de una lógica de legitimación: la lógica del “aguante” violento, que instaura un escenario de luchas, enfrentamientos y muertos. La legitimidad de la violencia como modo relacional en el fútbol es aceptado por los espectadores que no son parte de las “barras”, por algunos periodistas, por muchos jugadores, etc. Aprobación ambigua y contextual, que avala formas de violencia en un entramado de relaciones sociales y las condena en otros. Un ejemplo de doble estándar moral.

El “aguante” como concepción que valida agresiones varias es un fenómeno relativamente nuevo: germina en la década de 1980 y conquista el escenario futbolístico en los años 1990. Nuestra interpretación del fenómeno violento afirma que la evolución de esta validez estaba vinculada a los cambios recientes en nuestra sociedad, al fin de la sociedad salarial y al debilitamiento del Estado (Castel, 2004). Siempre existieron grupalidades construidas por fuera de los valores convencionales, tomando, alguna de ellas, la violencia como diacrítico. Sin embargo, estas pertenencias eran desacreditadas, deslegitimadas, ocultadas y usadas solo por unos pocos en contextos reducidos. El guapo tanguero, exponente ilustre de estas formas, perdía validez fuera del arrabal. Esta identidad no era solo reducida a espacios sino también a sujetos sociales. El “aguante” no puede ser reducido a la marginalidad económica y social. Por ello, supone una novedad que debe ser interpretada al calor de las identidades e interacciones propias de la sociabilidad post salarial.

Sostenemos que las identidades antaño legítimas, ahora abandonadas, abren paso a la validez de la violencia. Archettti (2003) argumentaba que existe una “zona libre” donde la construcción de la identidad no tiene un formato típico. Espacio donde tanto el Estado como las “máquinas culturales” hegemónicas pierden su influencia como constructores identitarios. Nuestra tesis se sustentaba en este diagnóstico: el debilitamiento del Estado en los últimos cuarenta años ha acrecentado el tamaño de las zonas libres capaces de influir en actores de diferentes sectores sociales. Estas identidades prosperan, aumentando su eficacia, en un escenario sociocultural dominado por la devaluación de las credenciales sociales antes legítimas. La educación y el trabajo ya no ordenan el mundo social como antaño (Svampa, 2000; Kessler, 2004), y su desvalorización crea las condiciones para la legitimidad de las prácticas violentas. El trabajo, la educación, la militancia política, entre otras actividades, generaban redes de pertenencia que integraban a los actores sociales y llenaban los vacíos identitarios. Estas tramas, sin desaparecer, perdieron su densidad y dejaron al descubierto un vacío cubierto por la “barra”, entre otras comunidades.

La atracción que esta red de pertenencia se distribuye de forma diferencial por el entramado social. Las “barras” son atractivas ante la ausencia de competencia y pierden seducción a medida que se encuentra con grupos competidores que puedan saciar los deseos de pertenencia. La validez del “aguante” violento es el lento resultado de la legitimidad de las “barras” y de la legitimidad de la violencia. Ambas legitimidades se construyeron al calor de las modificaciones del escenario social. Desde la década del 70, lentamente, la violencia y las “barras” ganan un protagonismo excepcional en el mundo del fútbol. Aquí acontece algo extraordinario: las “barras” se valorizan al mostrar sus capacidades violentas y, al mismo tiempo, se incluyen en relaciones para regular sus prácticas legítimas.

En una multiplicidad de interacciones, las “barras” se nutren de legitimidad y/o de recursos. Rescatamos para este trabajo los intercambios que mantienen con policías y dirigentes de los clubes. Entendemos que para comprender la gestión de la seguridad en el fútbol debemos comprender los vínculos e interacciones entre estos actores. Debemos dejar de lado las nociones de oposición y confrontación para comprender que los tres actores participan en la construcción de un escenario de negociaciones e intercambios que caracterizamos como de regulación de las violencias. Un triángulo de interacciones. En la medida en que no se registren acontecimientos excepcionales que puedan alterar los acuerdos y protocolos informales establecidos -cambio de mandos policiales, ruptura de las condiciones de intercambio entre los actores, disputas internas en la “barra”- podemos hablar de la existencia de una regulación de las violencias y de un gobierno de la seguridad basado en la negociación y la reciprocidad.

Un triple pacto

Para entender el fenómeno de la inseguridad Binder (2009) y Saín (2013) señalan la necesidad de comprender y analizar la existencia de un doble pacto. Un trato que implica, por un lado, la delegación del gobierno político de la seguridad en manos de la policía y, por otro lado, una relación de regulación del delito de estos últimos con las organizaciones criminales. La primera cadena del pacto se da entre dirigentes políticos y policías. Los primeros se aseguran la regulación del delito, mientras que los segundos, autonomía para efectuar dicha regulación (así como para la búsqueda de recursos materiales). La segunda cadena es entre policías y delincuentes, y es aquella en la que se negocia la regulación del delito en sí misma. Los políticos- de todos los niveles de autoridad y colores partidarios– le entregan a las fuerzas de seguridad la regulación del delito, creyendo que sólo por medio de su intervención es posible solucionar el problema de la inseguridad.

En torno a la seguridad en el fútbol, los pactos que intervienen en la gestión de la violencia tienen otros matices. La gestión de la violencia es el resultado de un pacto cotidiano entre “barras”, policía y dirigentes deportivos. El pacto entre estos tres actores establece intercambios e interdependencias sin vincular a todos de la misma forma. En muchos casos, las partes se desconocen, aunque imaginan las relaciones que ocurren entre los otros dos vértices del “triángulo”.

En este trabajo no nos interesa profundizar sobre el accionar del poder político, que delega la seguridad en el fútbol en la policía. Igualmente podemos dejar en claro dos razones por las cuales esto sucede: incapacidad y estrategia de invisibilización. La incapacidad de la gestión política de la seguridad en el mundo del fútbol radica en suponer –con cuotas grandes de cinismo- que la violencia se soluciona con el cumplimiento de la ley. Una y otra vez las gestiones encargadas de la seguridad en el deporte inician su experiencia proponiendo la redacción de una ley que de una vez por todas “metas presos a los violentos”. Sin dudas las leyes son importantes para penar los delitos, pero el aura de legitimidad que rodea a las acciones violentas en el mundo del fútbol no se resquebraja – ni un centímetro- con leyes (por más sofisticadas o estrictas que estas sean). El cinismo radica en el gesto de desvergüenza, de aducir la centralidad de la búsqueda de una ley perfecta, opacando así las múltiples relaciones espurias que existen entre dirigentes políticos y “barras”.

Volviendo a las interacciones entre estos tres actores podemos decir que hay dos características que priman en sus relaciones: la invisibilidad y el intercambio. La invisibilidad se trata de una condición fundamental para garantizar el éxito de acuerdos y pactos subrepticios, ya que en gran medida éstos involucran condiciones que no se ajustan al orden normativo. Respecto a los intercambios, éstos se ajustan a una reciprocidad basada en la mutua necesidad, que constituye una interdependencia en el marco de un vínculo conflictivo, poco armonioso.

Las interacciones entre la dirigencia y la policía son el resultado de un marco de regulaciones ambiguo. La dirigencia deportiva contrata los servicios de la policía de la misma forma que si se tratara de un actor privado. Así se produce la privatización de la fuerza policial, habilitada por el argumento de que el fútbol es un evento de riesgo que no puede quedar fuera de la órbita del Estado. La paradoja es que se trata de un espectáculo organizado por un actor privado, pero que a su vez es interpretado como un problema público, dando lugar a un esquema de organización donde un privado contrata a la policía, pero ésta mantiene independencia en la toma de decisiones. El beneficio para la policía es que los operativos constituyen una “caja” de importancia, ya que el pago entra en la órbita de “servicios adicionales”. Para los dirigentes la ventaja es que, al entregar el control a la policía, se desligan de la responsabilidad ante el Estado de cualquier problema eventual.

Algunos policías aceptan esta parte del trato ya que les asegura ingresos extras haciendo adicionales y para otros es la forma de insertar sus empresas de seguridad en relaciones comerciales. Una mayoría de los “efectivos” lo aceptan porque están obligados a realizar el trabajo. Así, la relación entre dirigentes y policía es de mutua conveniencia, pero a la vez de mutuo control. La “caja” y el mutuo control torna invisible al pacto entre policías y dirigentes.

La interacción entre la policía y las “barras” se caracteriza por usos y apropiaciones que ambos actores tienen en el estadio y sus adyacencias. Juntos pactan la logística del evento en los días previos al espectáculo, muchas veces dentro del mismo club. Cómo y por donde ingresarán las “barras”, qué pueden llevar y qué no, etc.Para la policía dialogar con las “barras” permite conocer y anticipar conflictividades, y así controlar al actor “más riesgoso”. En el plano de los negocios ilegales la policía se asocia con la “barra” buscando maximizar las cuantiosas ganancias que rodean al mundo del fútbol. Un ejemplo de ello es el control conjunto de la recaudación del estacionamiento en los alrededores de algunos estadios.

Para la “barra” mantener relaciones fluidas con la policía es sustancial para su perpetuación como grupo organizado. En este dialogo, la “barra” regula la gestión de los elementos ligados a la “fiesta” dentro del estadio (bombos, grandes banderas, etc.). Mantener el monopolio del control de estos elementos, prohibidos para el resto de los espectadores, le facilita a la “barra” su legitimidad como actor transcendental de la fiesta y el colorido en las tribunas. Además, repetimos, “barra” se favorece de su relación con la policía por la participación en economías ilegales e informales, muchas de las cuales se despliegan en el espacio del estadio y para las cuales es imprescindible contar con la venia policial.

En varias oportunidades escuchamos que encumbrados dirigentes del mundo del fútbol y autoridades de primera línea de los clubes negaban ante la opinión pública cualquier relación con las “barras”. Mientras, en otros contextos, compartían variadas interacciones con ellos: comían asados, facilitaban entradas o dinero, y, muchas veces, los vinculaban con otras personas para satisfacer diversas necesidades. Los dirigentes deportivos necesitan negociar con las” barras” al menos para asegurar el “buen gobierno” de sus instituciones. Luego el grado de involucramiento entre estos actores varía según los casos y oscila en un abanico, que va desde la simple negociación, a la connivencia en actividades informales e ilegales (reventa de tickets, apriete de jugadores, control de puestos comerciales). Las “barras” toman ese vínculo y aprovechan el camino libre para realizar sus actividades ilegales, y para mantenerse como actores protagónicos que gobiernan las tribunas y la “fiesta”.

Puede fallar

El pacto está lejos, muy lejos, de ser infalible. Con recurrencia ocurren incidentes, desbordes y hechos de violencia. Heridos, detenidos y muertos ocupan las primeras planas de los medios de comunicación y el pacto se resquebraja. Esos sucesos nos permiten ver que el pacto posee grietas y zonas de sombras, cuyos efectos impredecibles dejan al descubierto su fragilidad. Señalaremos tres debilidades de este triángulo de interacciones.

Primero: fragilidad por ausencia de profesionalidad de las partes involucradas. La regulación de la violencia nunca puede ser totalmente efectiva porque las “barras” no son grupos profesionales vinculados al delito, sino organizaciones informales vinculadas a formas de transgresión y a la búsqueda de recursos materiales. En este sentido, los policías que asisten a los partidos cumpliendo tareas de seguridad – los “efectivos” encargados reales de la seguridad en los estadios- no son los que se benefician de recursos y contactos intercambiados en relaciones con “barras” y dirigentes.

Segundo: legitimidad del “aguante”. Dado que la violencia es la forma legítima de estructurar las relaciones sociales al interior de las “barras”, ante cualquier desbarajuste de la estructura interna, el camino para reestablecer un orden es justamente la violencia entre sus miembros. Y si bien estos movimientos pueden ser anticipados por la policía, no siempre esa información alcanza para que la violencia sea neutralizada. Al mismo tiempo, la violencia es parte de la conformación de identidades en las “barras”, y por eso mismo, deben exhibir su capacidad violenta y “aguantadora”. Por lo tanto, la regulación de la violencia “barra” no puede nunca ser total.

Tercero: otras violencias. Decíamos que la “barra” es el actor más propenso a generar hechos de violencia que conspire contra la imagen de un “operativo exitoso”, pero no es el único que puede hacerlo. Enumeremos otras formas de violencia: a)La policía en sus controles ejerce muchas veces acciones violentas contra los hinchas en cacheos e ingresos; b) Las condiciones de los estadios implican muchas veces riesgos de muerte; c) El hacinamiento en las tribunas, muchas veces, con mayor cantidad de público del que está permitido, que puede provocar “avalanchas” y caídas desde las gradas, d) Las faltas de control de las condiciones de seguridad en los terrenos de juego, que omiten la prohibición de habilitación a canchas con paredones de cemento a pocos centímetros del campo, costándole la vida a más de un jugador en los últimos años, e) Grupos de hinchas menos estructurados o directamente espectadores no organizados cuyas prácticas también pueden poner en riesgo el control de la seguridad (violencias legítimas ligadas a la defensa del honor y a la demostración de la masculinidad).

El problema que supone este punto es que la gestión de la seguridad desconoce una gran cantidad de violencias que son parte estructural del fútbol argentino. Al desconocer deliberada y constantemente estas lógicas, los operativos de seguridad pueden funcionar en todos sus elementos, y sin embargo producirse hechos violentos que incluso terminen en la muerte de algún espectador.

Cabe como ejemplo el reciente caso que analizan en su artículo Cabrera y Blázquez. Emanuel Balbo falleció el 17 de abril de 2017, dos días después de ser arrojado de una tribuna del estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, en el clásico que jugaban Belgrano y Talleres. Ese día se jugaba sólo con público simpatizante de Belgrano y todos los controles pertinentes al “gobierno de la seguridad” habían funcionado correctamente. Pero en el entretiempo, Emanuel se encontró al acusado de haber asesinado a su hermano en el año 2012 y lo increpó. El otro respondió con golpes y gritos, acusándolo a Emanuel de ser un “infiltrado”, hincha del clásico rival. Esta acusación fue tomada como una ofensa al honor y la masculinidad por otros espectadores, ya que los espectadores de Talleres tenían prohibido el ingreso. Por ello, una turba de espectadores (que no formaban parte de la “barra”) lo golpeó y lo arrojó desde lo alto de una tribuna, y terminaron celebrando su muerte. El problema que los actores responsables de la regulación de la seguridad en el fútbol pasaron por alto -y que ignoran de manera deliberada y constante- son las razones culturales de las múltiples violencias que tienen lugar en los estadios. Esas violencias estructurales que se manifiestan en las condiciones de los estadios, en el accionar de la policía, y en las prácticas de los denominados “hinchas comunes”. Estos últimos, además, suelen ser revestidos de un falso romanticismo, representados por quienes gobiernan la seguridad como “víctimas inocentes”. Esta negación explica que un operativo de seguridad y que el propio pacto de regulación de las violencias funcione correctamente y, sin embargo, las formas de violencias en los estadios sigan brotando a borbotones.

A modo de conclusión: orden y mercado

Para concluir nos interesa señalar dos cuestiones que el pacto vigoriza: el orden y los negocios Empecemos por el orden. El pacto de regulación de la violencia está fuertemente consolidado y otorga un orden, una predictibilidad para el escenario de la seguridad en el fútbol. Por un lado, la espectularización de los operativos policiales la imagen de un escenario ordenado. Como señala Kessler (2009) la gestión de la seguridad no implica la anulación del delito o la violencia, sino la capacidad de brindar una “sensación de seguridad”, que no es necesariamente ficticia, pero que mantiene cierta autonomía respecto a la frecuencia de hechos delictivos o violentos. Por otro lado, la “barra” también aporta orden al espectáculo futbolístico. La consolidación del pacto impide desmantelar a las “barras” y a la legitimidad que estas –no sola, pero si principalmente- construyen sobre el “aguante” violento. La fortaleza de las “barras”, es, entre otras cosas, el resultado de la fortaleza de ese pacto de regulación. Paradójicamente, la medida más importante tomada por el Estado en la última década con el objeto de bajar los índices de violencia en los estadios colaboró a vigorizar y solidificar la posición de las “barras” dentro de ese pacto. Nos referimos a la prohibición del público visitante. Antaño la presencia real de una “barra” rival en el espacio del estadio instauraba un enfrentamiento en la dimensión del “aguante”. La protección del territorio, de las banderas, el honor masculino, entre otras cosas, eran activos que se resguardaban a través del uso de la violencia. Las “barras” construían su reputación en esas confrontaciones. La ausencia de “barras” rivales del espacio del estadio que supone la prohibición del visitante, deja en disponibilidad esa inversión de energía para ser reorientada a la búsqueda de recursos. En paralelo, atenúa la necesidad de reafirmación permanente de la posesión de “aguante” por parte de la “barra”, erigida permanentemente como grupo poseedor del monopolio incuestionable de la violencia entre los hinchas. Estos dos elementos fortalecen la posición de la “barra” dentro del pacto. Y fortalecen además el orden mismo que precisa el gobierno de la seguridad.

Por otra parte, si quisiéramos reparar en la noción de “mercado”, y su relación con el orden. La policía, según explica Rodríguez Alzueta (2013), regula los mercados ilegales, cobrando cánones que forman parte de las distintas “cajas” que se utilizan en las propias comisarías y que llegan, luego, a los altos funcionarios políticos. Entonces, para concluir, afirmamos que la intervención policial en el fútbol combina el control informal de la criminalidad con la extracción de recursos económicos a partir de la sociedad con la “barra”. En definitiva, aquello que el pacto protege es el control policial de la “barra”, pero también, en paralelo, de los negocios informales e ilegales desplegados por estos. Es un pacto organizado en torno a un mercado. Sabemos que para el funcionamiento de los mercados -sean estos formales, informales o incluso ilegales- la existencia permanente de violencia a su alrededor no es funcional. Para que un mercado funcione debe reinar cierto orden y esto es precisamente lo que el pacto garantiza. Un orden paralelo, alternativo, clandestino, pero orden al fin, en tanto permite una regulación de las violencias y un gobierno de la seguridad del que se benefician los tres vértices del pacto ya mencionados: policías, “barras” y dirigentes.

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