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10 Relaciones institucionales:
una compleja trama

En nuestra labor de facilitadores de proyectos de turismo rural con productores y comunidades de pueblos originarios y criollos, es fundamental comprender la red de actores involucrados del sector público y su incidencia desde el punto de vista legal (autoridades de aplicación) o de fomento (políticas turísticas de planificación), por la simple razón de que las instituciones públicas deben guiar o garantizar el desarrollo sustentable de los habitantes del suelo argentino.

En dicho contexto, en los organismos públicos pueden diferenciarse la planta política y los técnicos de los organismos. Los primeros conducen las políticas y están fuertemente influenciados por el gobierno del cual son parte; los segundos procuran que su trabajo de acompañamiento no se vea influido por los tiempos políticos, aunque estos los afectan fuertemente, por ello la planificación de su tarea se realiza generalmente por fuera de los mandatos de gobierno.

Según Velasco (2016), una capacidad que deben tener los gobiernos es decidir cómo se utilizan los recursos. Frente a infinitos problemas y múltiples soluciones, los recursos siempre son limitados. Por eso, la decisión sobre qué recursos se invertirán en cada prioridad del gobierno es un elemento básico para comprender cuáles son los objetivos que realmente se persiguen. No basta con incorporar principios o defender ideas: es necesario dotar de recursos a cada una de las acciones y programas, lo que también supone minorar los recursos dedicados a otras cuestiones. De esta manera, los gobiernos escogen cuántos recursos dedican, en términos de presupuesto, pero también de recursos humanos o tecnológicos, al turismo. Y, dentro de ese ámbito, cuánto dedican a promoción, cuánto a diversificación de producto, cuánto a mejora de infraestructura turística de los destinos.

Por otro lado, existe aun tímidamente un marco legal que guía el desarrollo del turismo rural y que trasciende los gobiernos. Hay algunos casos donde las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y ordenanzas regulan las actividades turísticas en el espacio rural, fomentan la creación de nuevas actividades o protegen la conservación de los recursos naturales y culturales. Este marco legal es generalmente independiente de los tiempos políticos, pero no suele estar actualizado y las instituciones presentan dificultades operativas para su implementación, control y monitoreo.

A todo lo expuesto, es importante agregar también el rol de los actores que ocupan lugares en el poder legislativo (concejales, diputados, senadores), encargados de la promulgación de la legislación y su correcto cumplimiento, quienes muchas veces no están articulados con los actores del poder ejecutivo. Esta desarticulación de visiones e intereses genera contradicciones entre los lineamientos de desarrollo turístico y las normativas que se requieren para su funcionamiento.

En este mundo de relaciones hay muchos intereses puestos en juego desde la actividad turística, y en muchas ocasiones quienes se “sientan” a acordar acciones son los representantes de las cámaras empresarias a las que no pertenecen los proyectos comunitarios o muchos de los oferentes de pequeña y mediana escala. Y lo que vemos, de acuerdo con nuestra experiencia, es que muchas veces dichos acuerdos responden más a beneficios individuales o sectoriales (ej. agencias de viajes) que a una visión de bien común.

Para Jamal y Getz (1999), no todos los sujetos ni todos los actores tienen la misma capacidad de generar estructuras de interlocución con los gobiernos coordinadas y bien organizadas. La estructuración de intereses conlleva un coste alto, en términos de recursos económicos y personales, por lo que resulta más asumible para aquellos actores que tengan más recursos de partida. En el caso del turismo, es evidente que los intereses concentrados y bien organizados son los de la industria turística, en general, dado que hablamos de un fenómeno situado: los intereses de la industria geográficamente vinculada al territorio concreto, la hotelera. Es el subsector de alojamientos el más fuerte y mejor organizado a la hora de situarse como un actor con voz y criterio en el diseño de acciones públicas para el turismo. También el subsector de la intermediación está bien estructurado a través de asociaciones articuladas y con representación. El resto de los actores tienen intereses más difusos y poca capacidad de organización.

Podemos afirmar que la gestión de las instituciones públicas, salvo contadas excepciones, son el principal escollo para la sostenibilidad de los proyectos y el acompañamiento a los sectores menos favorecidos, ya que no entran en sus prioridades de planificación.

Las oficinas municipales de turismo son el principal canal de promoción de los servicios turísticos locales, y muchas veces pueden determinar el éxito de una temporada de verano de una comunidad rural con el solo hecho de mencionar en la información que le transmiten al turista los servicios que allí se ofrecen. Sin embargo, es poco común que los informantes turísticos lo hagan; en cambio, priorizan las ofertas más tradicionales del destino. Esto visibiliza claramente un hecho que se repite en muchas provincias y que refleja la falta de voluntad política para acompañar iniciativas de turismo rural comunitario, no siendo esto prioridad para la gestión municipal ni provincial.

La realización del Chaku, en Jujuy, involucra distintas instituciones
y asociaciones de la Puna

Por otro lado, las habilitaciones, seguros y registros que se ajustan a normativas vigentes suelen generar conflictos para el crecimiento de los prestadores de turismo rural, ya que no se corresponden con una visión de acompañamiento. Contrariamente, la desmotivación de los empleados públicos (rutina, no acordar con el gobierno de turno, falta de capacitación), redacciones poco claras de las normativas sobre los requerimientos solicitados y los horarios o distancia de las oficinas públicas con respecto a la ubicación del prestador se convierten en trabas para su regularización.

Otro de los puntos a tener en cuenta para comprender la compleja trama de relaciones de las instituciones es el trabajo en territorio de manera desarticulada. Ello determina una realidad donde diversas instituciones públicas llegan a las comunidades con ideas, proyectos o líneas de acción concretas desconociendo el trabajo de otras instituciones. Se genera así enojo y resistencia en las comunidades, que terminan siendo objeto de programas, líneas de trabajo breves que dejan pocos beneficios para los pobladores y que, incluso, pueden ser contradictorias entre sí. Insistimos en atender los resultados a modo de autoevaluación con indicadores que midan el impacto, pero sin descuidar los beneficios para las personas, quienes creen en las buenas intenciones de los técnicos del Estado nacional, provincial o local, y se generan expectativas en consecuencia.

La articulación institucional es muy difícil de llevar adelante, pero es imprescindible para que la ayuda a las comunidades rurales llegue de la manera más eficiente y ordenada posible. Se hace necesario coordinar los objetivos enfrentados en un todo coherente. Incluso siendo capaz, un gobierno dado, de determinar cuáles serán las prioridades que guiarán sus acciones, todos los gobiernos enfrentan la disfunción de que el conjunto de acciones que se impulsan desde las organizaciones públicas puede acabar teniendo resultados disonantes (Peters, 2015). Y es la responsabilidad de los decisores tratar de coordinar acciones para evitar esas contradicciones (Velasco, 2016).

Las Directrices de Gestión Turística de Municipios que promueve el Ministerio de Turismo de Argentina tienen como propósito “aumentar la competitividad del destino”. Estas recomendaciones están relacionadas con la capacitación de los recursos humanos del sector, la identificación y fortalecimiento de las relaciones existentes entre el ámbito público y el privado, y el incremento de la satisfacción de los turistas.

La articulación interinstitucional, el asociativismo y la participación de la comunidad local en iniciativas de interés turístico son ejes que se abordan desde este programa. En estas directrices se destaca la importancia de que “el Organismo Local de Turismo adquiera los conocimientos necesarios vinculados a la gestión de sus relaciones en el ámbito del municipio y con los principales actores del sector, a fin de dar coherencia a las políticas y acciones que inciden en la actividad turística”.

La actividad turística es transversal y compartida entre múltiples actores públicos y privados; para que sus beneficios lleguen a más personas es necesario conseguir una dinámica de cooperación entre los diferentes niveles, las organizaciones y los intereses que se ponen en escena en todas las instancias del proceso de desarrollo.

En Lago Rosario, Chubut, el acceso al lago “cercado por privados”
es un limitante que afecta el desarrollo turístico de la comunidad

 



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