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La representación proporcional contra los comités

Un análisis sobre las fuentes político-intelectuales que inspiraron el debate en torno al régimen electoral de la provincia de Buenos Aires (1870-1876)

Leonardo D. Hirsch[1]

Resumen

El trabajo analiza las principales fuentes político-intelectuales que inspiraron buena parte de los debates y las polémicas en torno al régimen electoral de la provincia de Buenos Aires durante la Convención Constituyente (1870-1873) y luego en la Legislatura con motivo de la correspondiente ley electoral (1874-1876). Se busca con ello dar cuenta de cómo la emergente y creciente figura del partido político como actor fundamental de la vida política puso en evidencia la crisis de los ideales de comunidad política y gobierno representativo surgidos a fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Palabras clave

Siglo XIX – Provincia de Buenos Aires – Historia Político-Intelectual – Partidos Políticos – Sistemas Electorales.


1. Introducción

Producida la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina, la provincia se vio en la obligación de reformar su constitución en pos de armonizarla con la nacional. No obstante, el llamado a una Convención Constituyente se produjo sólo casi diez años más tarde, en 1870, cuando el país comenzaba a vivir un breve período de paz y de relativa calma política, luego de los cinco años de guerra internacional con el Paraguay y de varios años más de enfrentamientos bélicos entre el gobierno nacional y las denominadas resistencias federales[2].

En 1873, después de tres años de deliberaciones, la reformada constitución provincial sentó nuevas bases político-institucionales para Buenos Aires[3]. Entre las numerosas reformas, una de las más importantes y novedosas fue la concerniente al sistema electoral, al introducir la representación proporcional de opiniones[4] en un mundo que se había caracterizado por el predomino de la “simple pluralidad” (tal como por ejemplo lo había establecido la propia constitución nacional de 1853[5]).

El estudio de los sistemas electorales y de sus transformaciones en el tiempo ha sido uno de los problemas más investigados y al mismo tiempo más controvertidos entre los politólogos. Al respecto, el especialista alemán Dieter Nohlen ha señalado que los diversos analistas han tratado de diferenciarse unos de otros mediante la aplicación de distintos enfoques o métodos, lo que resultó en que cada uno ha cultivado su propio “jardín de conceptos y enunciados”[6].

Una muestra de la diversidad de enfoques y métodos ha sido plasmada en un libro recientemente publicado en la Argentina y que compila diferentes artículos sobre las transformaciones de los sistemas políticos europeos hacia un régimen de tipo proporcional entre fines del siglo XIX y principios del XX[7]. El objetivo del libro, señalan los compiladores, es iluminar la reforma electoral ocurrida en la Argentina en 1912, y, en sintonía con los artículos allí publicados, sostienen que la adopción de la representación proporcional debe ser comprendida en un contexto caracterizado por la expansión del sufragio, la aparición de movimientos revolucionarios y el surgimiento de “partidos de masas”. En aquel marco presumiblemente conflictivo, los actores políticos hasta entonces predominantes habrían aceptado repartir el poder antes que concentrarlo.

Más allá de los diferentes enfoques, categorías y metodologías empleadas, aquel libro permite dar cuenta de la existencia de una misma tendencia interpretativa en los diversos estudios que analizan el cambio de regímenes políticos y electorales de fines de siglo XIX y principios del XX en general, y de la adopción de reformas electorales destinadas a instaurar un régimen de representación proporcional o de minorías, en particular. En la mayoría de los casos el análisis político se torna, a la hora de las conclusiones, en un análisis social. Los sistemas electorales y políticos del siglo XIX ya no pueden contener un orden social que irremediablemente se ha desarrollado como producto de la expansión de las relaciones capitalistas, de la sociedad industrial y del advenimiento de la sociedad de masas y de los conflictos sociales. El sistema político-electoral decimonónico sería un reflejo de una sociedad tradicional gobernada por los notables, pero a fines de siglo XIX esas mismas reglas de juego se habrían tornado una amenaza al status quo cuando los que hasta entonces solamente jugaban el rol de gobernados comenzaron a disputar el poder político. Las reformas electorales, el sufragio universal y luego la introducción de reformas destinadas a posibilitar la representación de minorías, fueron entonces una doble valla de contención pensadas por los sectores y partidos tradicionales amenazados, en primer lugar, para canalizar el conflicto social de manera institucional y desalentar las revoluciones sociales y, en segundo lugar, para garantizar su propia cuota de poder ante una eventual derrota electoral.

El estudio de las principales fuentes político-intelectuales que inspiraron buena parte de los debates y las polémicas en torno al régimen electoral de la provincia de Buenos Aires durante la Convención Constituyente (1870-1873), y luego en la Legislatura con motivo de la correspondiente ley electoral (1874-1876) permite, a nuestro entender, poner en cuestión este tipo de interpretaciones[8]. En tal sentido, lejos de ser una excepción, la adopción de un régimen de representación proporcional en Buenos Aires no puede sino ser comprendido en un contexto internacional de experimentación política. Como se verá, empero, dicho proceso de experimentación da cuenta menos de la necesidad de adecuar un régimen político “tradicional” a un nuevo y emergente orden socio-económico altamente conflictivo, que de la existencia de un extenso debate y una vasta reflexión en torno a la problemática de la representación política, los partidos y la reforma electoral[9]. Veremos, pues, que desde mediados del siglo XIX surgieron en Occidente algunas voces que comenzaron a percibir un déficit representativo causado tanto por las deficiencias del sistema electoral vigente, como por el desempeño de los partidos políticos y la política de comité.

2. Hare, Mill y la Representación Personal contra la maquinaria partidaria

Poco tiempo después de sancionada la constitución provincial de 1873, Luis V. Varela[10] decía en La Democracia Práctica, un estudio “sobre todos los sistemas electorales propuestos para dar representación proporcional a las mayorías y minorías”, que en la carta magna de Buenos Aires había quedado consignado “el principio de la representación proporcional, en términos tan latos y tan claros, como ninguna legislación del mundo lo ha hecho todavía”[11]. Treinta años más tarde, el mismo Varela sostenía que la constitución de la provincia había ido “más allá de todo lo conocido y practicado, estatuyendo, como instituciones imperativas, teorías que no habían tenido, hasta entonces, otros antecedentes que las propagandas de los pensadores y los anhelos de los más avanzados”[12].

Y efectivamente así sucedió[13]. Como se ha mencionado al principio, sancionada la constitución provincial en 1854, cuando Buenos Aires se declaró como Estado independiente de la por entonces recientemente creada Confederación Argentina, y luego, al incorporarse en 1860, planteó la necesidad de reformarla para armonizarla con el nuevo estado de cosas. Por diferentes motivos, la reforma se fue postergando hasta que finalmente, en 1870, el gobernador de la provincia, Emilio Castro, se dirigió a la Asamblea Legislativa para propiciarla.

La sanción de la convocatoria para la elección de convencionales tuvo una repercusión inmediata en la sociedad política. Tres días más tarde, el 13 de marzo, el diario La Nación invitó a los demás periódicos a formular y sostener una lista de candidatos que fuese apoyada por todos los partidos, sin “preponderancias políticas”. Ya que la provincia era gobernada desde 1866 por el grupo de dirigentes que reconocían el liderazgo simbólico de Adolfo Alsina, y que en los periodos electorales se reunían en el Club Libertad, la invitación del diario de Mitre se inscribía entonces en un contexto de creciente predominio del autonomismo en la provincia[14]. Pese a ello, la invitación fue, en general, bien recibida por el arco político provincial y, tal como lo expresara por ejemplo El Río de la Plata, se consensuó que la Convención debía expresar una suerte de soberanía de la razón y cobrar, por ende, la forma de una verdadera asamblea deliberativa, en la cual estuviesen concentrados todos los matices de opinión, representados a través de los hombres más conspicuos del pueblo[15]. En consecuencia, Mitre, José Hernández (El Río de la Plata), Manuel Bilbao (La República), José M. Cantilo (La Verdad), José M. Gutiérrez (La Nación), José A. Terry (La Prensa), Luis V. Varela (La Tribuna) y Wenceslao Pacheco (El Nacional) formaron el Comité Electoral y elaboraron la lista de candidatos principales que finalmente integrarían la Convención[16]. Tres meses más tarde, el 21 de mayo, se celebró la primera reunión de la Convención Constituyente, bajo la presidencia de Gutiérrez, quien en el discurso inaugural, volvió a reiterar que dicha Asamblea estaba compuesta por todos los hombres públicos más distinguidos de la Provincia, despojados de su calidad de representantes de partidos políticos[17].

El 15 de junio de 1871 la Comisión[18] encargada de redactar el proyecto final sobre el cual se debía producir la discusión y la votación anunció que había finalizado su tarea. Excluidos los partidos políticos del ethos de la Convención, el proyecto reveló, sin embargo, que, si bien dicha Asamblea había sido convocada con el propósito de compatibilizar el texto provincial con el nacional, estaba presente en el ánimo de los convencionales el deseo de sentar las bases de un proyecto de pacificación social en general, y de las prácticas políticas en particular. Asociados los partidos políticos a sesenta años de un historial de guerra civil, el proyecto presentado por la Comisión Central establecía -en las “Declaraciones generales” de la sección primera de “Declaraciones, derechos y garantías”- que la constitución tenía por objeto primordial, en primer lugar, “Fundar la paz pública en la libertad, en la justicia distributiva y en la tolerancia de todas las opiniones”. En segundo término, debía “Coordinar el gobierno propio” y “proveer al país de los medios permanentes” para que “las minorías gocen de las mismas garantías constitucionales que las mayorías”. Entre las disposiciones destinadas a prescribir las condiciones necesarias para fundar la paz pública, las referentes a la subsección de “Derecho electoral” mostraban que la representación política tenía un rol importante que jugar en la misión pacificadora, al establecer que “Todas las opiniones y voluntades del pueblo” tenían “derecho á ser representadas por medio del sufrajio, debiendo la proporcionalidad ser la regla de las elecciones populares”. En la siguiente sesión del 23 de junio, una vez comenzada la discusión en general, Mitre presentó el proyecto con el mismo espíritu, enmarcando la labor de los convencionales en un contexto inédito, en el cual no acechaba el conocido temor a la división por el odio[19].

Sin embargo, la unanimidad que parecería desprenderse de las firmas que acompañaban el proyecto se quebró a partir de la sesión del 15 de marzo de 1872. En la sesión, era el turno de discutir lo referente a la sección del “Derecho electoral”, pero además se presentó ante la Convención un proyecto de sistema electoral confeccionado por el convencional Carlos Encina[20]. Presentado para evitar que la constitución se limitase a proclamar el principio de la representación proporcional sin extenderse a determinar un sistema que lo tradujese, el proyecto de Encina era una adaptación de su Exposición del principio de la Representación Proporcional (1871), el cual fue escrito al haber percibido una falta de armonía y homogeneidad entre lo dispuesto por el artículo 49 (que establecía la proporcionalidad como regla para las elecciones populares) y el resto del proyecto de la Comisión Central de la Convención. Aunque no lo aclarase explícitamente, es probable que Encina haya pensado especialmente en el artículo 60, que establecía la votación “por boletos en que consten los nombres de los candidatos”, es decir, por medio de un sistema de lista. Sistema que la práctica electoral de los últimos años había convertido en uno de “lista completa”, como consecuencia de la combinación de la disposición legal de votar por todos los escaños en juego[21] y la creciente disciplina electoral de los clubes electorales que conformaban cada constelación política[22]. Si Encina constataba una falta de armonía entre el principio de representación proporcional con el resto del proyecto de la Comisión Central, se debía a que, desde su punto de vista, dicho principio debía ser comprendido en los términos en los que lo había formulado Thomas Hare, a quien rendía sus “sentimientos de admiración como á un bienhechor de los pueblos”[23].

En efecto, su exposición sobre el principio de representación proporcional no era otra cosa que la explicación del sistema electoral ideado por aquel inglés, y en tal sentido arrancaba con una paráfrasis de John Stuart Mill (su principal divulgador) en lo relativo a considerar al Gobierno Representativo como el ideal de gobierno perfecto que, sin embargo, hasta ese entonces adolecía de un defecto capital al conferir el “poder absoluto” a las mayorías e imposibilitar a las minorías de tomar parte en la cosa pública. Ese estado de cosas, empero, podía cortarse de raíz con el principio de la representación proporcional, “iniciando una era nueva en la vida política de las sociedades, y llevando la representación á un grado de perfección que jamás se creyó posible alcanzar”[24].

¿Pero a qué se hacía referencia cuando se hablaba de la necesidad de la representación de las “minorías” y se criticaba la representación “exclusiva” de las “mayorías”? ¿Y en qué consistía la propuesta de Hare? A partir de su tratado The Machinery of Representation (1857) -y luego en varias ediciones de A treatise on the Election of Representatives, Parliamentary and Municipal (1859)-, este inglés[25] junto a John Stuart Mill y otros intelectuales y dirigentes políticos de Inglaterra se pusieron al frente de un movimiento destinado a lograr una reforma electoral que consagrara lo que dieron en llamar la Representación Personal.

La propuesta original de Hare establecía, en primer lugar, la elección de los 658 miembros de la Cámara de los Comunes en un único distrito nacional[26]. En segundo lugar, los electores debían votar por los candidatos –de cualquier parte del país- estableciéndolos por orden de preferencia (cada elector debía confeccionar una papeleta con los distintos nombres e indicar junto a ellos un número que expresase dicha preferencia). En tercer lugar, se calculaba la cuota de votos necesaria para obtener un escaño (la división del número total de electores dividido 658[27]) y, mediante un mecanismo de transferencia de los votos excedentes, se resolvía quiénes eran los candidatos que finalmente resultarían electos. Al final del proceso, cada representante lo sería de su cuota de votantes (véase la Imagen 1)[28]

Imagen 1. Ejemplo de escrutinio por medio del sistema ideado por Hare (1857)

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Tomado de Hare, Thomas, The Machinery of Representation, London, W. Maxwell, 1857, p. 55. La imagen muestra, en primer lugar, los votos dados a cada candidato (A, B, C) según el orden de preferencia de los votantes. Por ejemplo, el candidato “A” fue votado 1760 veces como primera opción, mientras que otras 1527 personas lo ubicaron en el segundo lugar de su papeleta. Si el candidato obtenía la cuota de votos necesaria para obtener un escaño (la división del número total de electores dividido 658) sobre la base de las primeras preferencias, se lo consideraría elegido. Si no se llegaba a cubrir el cupo de escaños en juego en base a las primeras preferencias, se realizaba el sistema de transferencia de votos, que es lo que se muestra en la segunda parte de la imagen. Allí se puede apreciar la operación que debía realizarse para sumar los votos totales recibidos por cada candidato. Por ejemplo, al candidato “A” se le computan primero 1760 votos por haber sido votado esa cantidad de veces como primera opción, mientras que luego se le adicionan otros 763 ½ votos por haber figurado como segundo preferencia en la boleta de 1527 sufragantes. El mecanismo se repite con los demás órdenes de preferencia. Así, la suma total para el candidato “A”, por ejemplo, da 3584 ⅓ votos.

Pero, ¿cómo justificaba Hare la necesidad de establecer semejante transformación del sistema representativo inglés? A primera vista, parecería que su principal objetivo consistía en finalizar la histórica representación territorial que se llevaba a cabo mediante la votación por circunscripciones[29]. Y, efectivamente, Hare se oponía a la tradicional representación de intereses comunitarios. Sin embargo, en The Machinery comenzaba señalando otra cuestión. Le preocupaba especialmente el descenso intelectual y moral en los Comunes; le inquietaba que la elevación del carácter ya no parecía ser un requisito para ser un miembro del Parlamento. Las últimas elecciones celebradas enseñaban que “los caminos a la Cámara de los Comunes están construidos de tal manera, que ninguna cantidad de conocimiento político, experiencia funcionaria o de servicio público, -ninguna elevación de carácter, integridad de propósito, puede asegurar o preservar a su dueño un asiento en el Parlamento”[30].

El problema no era, empero, la incapacidad del pueblo para apreciar la virtud pública. Más bien, el problema residía en que con el sistema electoral vigente por ese entonces el proceso era absorbido por una maquinaria en la cual los electores no tenían verdadera participación. Los representantes, desde su óptica, no emanaban del pueblo; más bien, eran el producto de un tercer elemento, de una organización, de un agente extraño a su ideal de representación: en otras palabras, era el “partido político” y sus comités, y no el pueblo, quien imponía los candidatos y decidía los términos de la competencia electoral[31].

Observador al margen de aquella organización, Hare diseñó entonces un sistema con el objetivo práctico de disputar a los partidos lo que percibía como su monopolio de la designación de las candidaturas. Frente a la “máquina” partidaria, Hare se viste de ingeniero político y crea una nueva tecnología electoral destinada a realizar la libertad electoral de los individuos en su máxima expresión. Porque para Hare no se trataba únicamente de que los votos dejasen de ser una operación mecánica de consentimiento sobre una decisión ya tomada previamente por otros. Era necesario también que las candidaturas emanasen directamente del pueblo y, por ende, que todo aquel individuo que deseara ser candidato lo pudiese hacer libremente, bajo la luz de la opinión pública, sin tener que ganarse ese mérito por medios “obscuros” y “secretos”. A ello apuntaba, por ejemplo, la cláusula 3 de su sistema, por medio de la cual se establecía que cada persona que se proponía como posible representante en el Parlamento podía indicar su nombre por escrito al Secretario del Parlamento. Bajo esa doble condición de libertad electoral, la elección pasaba de ser un sistema de imposición partidario para convertirse en un proceso “consciente” del reino, al conciliar la voluntad y el juicio de los individuos[32], y desarrollar así un sistema de verdadera “responsabilidad” e “independencia individual”[33].

Hare y Mill creían que así se podía contrarrestar el ideal, por entonces predominante, que consideraba a toda la comunidad como una unidad con un solo interés y que había conducido, decían estos intelectuales ingleses, a confundir la mayoría numérica con todo el pueblo y, por ende, a excluir a las minorías de la representación[34]. En una democracia igualitaria, en la cual se respetase el principio de igualdad individual, la representación tenía que ser proporcional, de modo tal que las minorías “hombre por hombre, estarían totalmente representadas como lo está la mayoría”. En una democracia igualitaria ningún voto podía ser desestimado, “no hay igualdad de voto, allí donde cada individuo no cuente tanto como cualquier otro individuo de la comunidad”[35].

Con la exclusión de las minorías, tal como -desde su óptica- sucedía con el sistema vigente, las voces disidentes permanecían necesariamente en silencio y por ende acechaba el peligro de la “tiranía” de la mayoría bajo la forma de un despotismo parlamentario que se imponía sobre todas las opiniones. Influidos por los escritos de Tocqueville y Guizot, entre otros, tanto Hare como Mill estaban especialmente interesados en garantizar lo que podría denominarse como la representación de la minoría intelectual o de los hombres ilustrados -que con el sistema por aquel entonces vigente supuestamente carecían de representación-, como un mecanismo de control y de protección (gracias a su poder de persuasión) frente al inevitable poder de la mayoría[36]. Al igual que Guizot y los liberales doctrinarios de Francia, estos ingleses temían el despotismo del número, pero de ello no se derivaba la promoción de la soberanía de la Razón, tal como los primeros la entendían. Mientras que para aquéllos la representación constituía una empresa de discernimiento que necesitaba, antes que una “máquina aritmética destinada a recoger y a enumerar las voluntades individuales”, recoger toda la razón dispersa en la sociedad[37], Hare y Mill participaban de un ideal deliberativo de la representación, pero entre los hombres representativos de las diversas opiniones, intereses y sentimientos en que se dividía la comunidad nacional. Por esa razón, las propuestas anteriores de reforma electoral[38], si bien cumplían el cometido de lograr cierta representación de minorías, no satisfacían, en cambio, el primer principio de la democracia: la “representación en proporción al número”.

Con el sistema ideado por Hare la antigua representación de comunidades territoriales unánimes era entonces desplazada por múltiples centros voluntarios de opinión o intereses, formados bajo el principio de la natural disposición de los hombres a asociarse. La representación establecería así una verdadera relación de identificación entre elector y representante; la representación sería, por fin, personal[39].

Desde el punto de vista de la Representación Personal, su principal rival era la Representación de Partidos. En este sentido, el concepto burkeano de fines de siglo XVIII sobre los partidos políticos (un grupo de hombres unidos para promover el interés nacional sobre la base algún principio particular en el que todos estarían de acuerdo) se había convertido, ya entrados en el siglo XIX, en el argumento principal para legitimar la presencia de “partidos” parlamentarios[40]. Los partidos fueron así concebidos como un canal para agrupar dentro del Parlamento a sus miembros, quienes debían, como hombres independientes y racionales, trabajar, en pos de realizar, a través de una calma deliberación ajena a las presiones extra-parlamentarias, el continuo equilibrio y ajuste de los diversos intereses[41]. Según Hare, sin embargo, ese ideal de partido político y de miembro parlamentario, así como todo el sistema electoral, estaban basados sobre un modelo de sociedad completamente diferente al de entonces. Hare sostenía que dos o tres partidos políticos ya no podían dar cuenta de la diversidad de opiniones e intereses de una sociedad en plena transformación:

No es necesario aquí discutir los méritos del gobierno de partido, es suficiente decir, que en el vasto campo de la legislación moderna, en la adaptación de nuestras antiguas instituciones a un nuevo estado de la sociedad, (….) una multitud de problemas políticos y sociales llegan a ser resueltos sin que los partidos tengan nada que hacer, y en los que la introducción de elementos y consideraciones de partido no sólo es inútil, sino absolutamente peligroso[42].

Con el sistema electoral y la maquinaria partidaria vigentes, los partidos presentaban una realidad que contrastaba con el ideal que pintaba a los representantes como hombres independientes y racionales que se agrupaban en torno a un principio. Por el contrario, aquel sistema que se había dado en llamar “Party Government” (“Gobierno de Partido”) se había desarrollado de manera tal que su característica principal era el predominio de partidos compactos y disciplinados, que, sin diferenciarse uno de los otros, estaban organizados para obtener el poder y derrotar al adversario antes que para representar ciertas opiniones o intereses. La necesidad de asegurar la mayoría electoral requería de la renuncia de la opinión individual y de una perfecta armonía extra-parlamentaria. En tanto los representantes habían devenido en simples delegados y propagandistas de un dogma, los principios y la moderación (estigmatizada como la virtud de los “cobardes” y los “traidores” a la causa) perdían toda su influencia. El gobierno, en lugar de estar bajo el control de la comunidad, quedaba bajo la vigilancia de los líderes de partido y, en consecuencia, el gobierno no solamente quedaba bajo el dominio de la mayoría, sino que en realidad se había convertido en el gobierno de una minoría, de la minoría al mando del partido de turno en el poder. El resultado, por ende, no era un cuerpo representativo de la diversidad de opiniones, intereses o sentimientos entre los cuales la sociedad natural y permanentemente se dividía, sino la peligrosa y artificial división de la comunidad y de su asamblea representativa en órganos partidarios que no estaban realmente interesados en comprender aquella diversidad de opiniones, intereses o sentimientos[43].

En Buenos Aires, la presentación del proyecto de Encina, inspirado en el sistema electoral de Hare, suscitó un extenso debate sobre cuál era el sistema que mejor traducía la representación de las minorías. Por cuestiones de espacio no podemos dar cuenta aquí de aquella discusión, pero cabe mencionar que aún cuando finalmente se optara por que fuese la Legislatura quien se encargara de definir el sistema electoral, entre los convencionales predominó la idea, en línea con lo que postularan Hare y Mill, de que los partidos políticos debían quedar marginados del proceso representativo. Asociados a una historia de guerra civil y a prácticas inmorales como el fraude, los partidos políticos, cuando no obviados, fueron por lo general presentados en los discursos de los convencionales como agentes extraños que tomaron por asalto el gobierno representativo, aprovechando así las “deficiencias” del sistema vigente de simple pluralidad. Según el espíritu constitucional predominante, en consecuencia, la labor de la representación debía ser llevada a cabo simplemente por hombres representativos.

3. Borély, el Doble Voto Simultáneo y la Representación Proporcional de Partidos

Concebida la representación política ajena a los partidos políticos, la constitución provincial de 1873 consagró un proyecto que en cierta medida chocaba con su contexto. Los constituyentes, en su mayoría hombres vinculados a las diversas constelaciones partidarias, habían acordado despojarse del espíritu partidario con miras a trazar los principios generales que debían regir la vida institucional de la provincia. A nivel constitucional, la cuestión todavía podía plantearse en términos filosóficos o doctrinarios. Sin embargo, la “principal provincia de la República” no podía mantenerse al margen de la dinámica política nacional. Pocos meses después de sancionada la constitución, las elecciones nacionales de 1874 y la revolución llevada a cabo por los nacionalistas dejarían en evidencia dos cuestiones que la constitución provincial había pretendido evitar: por un lado, el conflicto y el antagonismo en política eran inevitables[44]; por otro lado, los partidos se mostraron como factores ineludibles de la vida política. Y así se hizo explícito durante el debate en torno a la reglamentación de la ley electoral en los años 1875 y 1876[45].

Vuelta la calma política a la provincia, la Comisión de Negocios Constitucionales[46] de la Legislatura presentó, en la sesión del 7 de junio de 1875, un proyecto de ley electoral. En lo que a este trabajo interesa, importa decir que los artículos 52 y 53 establecían un sistema de escrutinio por sección electoral y por “listas de candidatos”. Para establecer la cuota destinada a determinar la representación que correspondía a cada uno de los “partidos electorales” (tal como figuraba en el texto del proyecto), debía dividirse el total de votos emitidos por el total de diputados o senadores que debía elegir la sección; esa operación daría el cociente electoral. A continuación, se dividiría el total de los votos a favor de cada lista por el cociente de la operación anterior. El resultado de esta segunda operación daría el número proporcional de candidatos que debía tomarse de cada lista. Inmediatamente se proclamaría electos diputados o senadores a los candidatos de cada lista que hubieran obtenido un número igual o mayor a la cuota obtenida por las operaciones anteriores. En definitiva, el proyecto buscó establecer el espíritu del sistema ideado por Jules Borély, y en tal sentido el informe de la Comisión justificó su implementación en razón de que se adaptaba a los “hábitos” políticos del país, al conservar tanto los partidos políticos (en su carácter de representantes de “opiniones políticas”) como el escrutinio por lista:

Borely conserva el escrutinio de lista, conserva los clubs, se pone en todas las condiciones prácticas de los partidos políticos, y entiende que aún en esas condiciones, es dable realizar la representación de todas las opiniones. Basta esto para demostrar que el sistema es propio de nuestro hábito, inherente á nuestra vida política, y perfectamente realizable entre nosotros.[47]

Tal como en parte lo dejara entrever el informe antedicho, el principio de Representación Proporcional -formulado inicialmente para combatir el monopolio de la representación que habían logrado desarrollar los partidos políticos en los hechos- fue pronto, y paradójicamente, cifrado afuera de Gran Bretaña como Representación Proporcional de los Partidos. Así queda en evidencia con sólo ver la portada de Nouveau Système Electoral: Representation Proportionelle de la majorité et des minorités (1870) del francés Jules Borély, en la cual figuraba una cita de Stuart Mill traducida en los siguientes términos[48]:

En una democracia verdaderamente igualitaria, cada partido (…) debería estar representado en una proporción no mayor sino idéntica a lo que es. Una mayoría de electores debería tener siempre una mayoría de representantes; pero una minoría de electores debería tener siempre una minoría de representantes.[49]

¿En qué consistía entonces el “nuevo sistema electoral” de Borély? Al igual que Hare y Mill, éste fundaba el principio de la Representación Proporcional de los Partidos en la comprobación de un déficit representativo como resultado del sistema electoral vigente: al comienzo de cualquier elección todos los electores son iguales en derecho, pero después del escrutinio algunas boletas expresan la soberanía popular, mientras otras se convierten en trozos de papel sin valor alguno[50]. Dicha constatación, señalaba Borély, no era nueva. La cuestión de la representación de las minorías había sido ya planteada en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, en la colonia Victoria (Australia), en la Convención Constituyente del Estado de Nueva York; en Ginebra, por su parte, se había formado una Asociación Reformista con el único propósito de examinar la cuestión; en suma, varios hombres de estado y los principales publicistas adherían a su principio.

No obstante, según Borély, el problema había sido mal formulado hasta ese entonces. Tanto con el sistema electoral vigente como con la propuesta de Hare se votaba únicamente por candidatos, mientras que la realidad mostraba que la gente votaba al mismo tiempo por un candidato y por un partido. De allí el nombre con el cual es conocido su sistema: Doble Voto Simultáneo[51]. La idea era simple: el elector tenía (en términos simbólicos) dos votos: el primero era “obligado” a su partido, pues así aseguraba el triunfo de su “opinión” (la que debía representar el partido); el segundo, en cambio, era “libre” y estaba destinado a establecer la preferencia personal del votante sobre los candidatos que, según su estimación, mejor representarían la opinión del partido[52]. En concreto, la votación se llevaría a cabo por el sistema de lista, y una vez verificadas, contadas y clasificadas las boletas, el primer paso sería conseguir el número de escaños asignados a cada una de las listas de candidatos. Para ello serían necesario solamente dos operaciones. La primera, el total de los votos emitidos divididos por la de representantes a elegir, daría la cifra de votos requeridos para cada lista para el nombramiento de un representante. En la segunda operación, los votos totales de cada lista se dividirían por el cociente obtenido en la primera operación, lo que daría el número de representantes que se asignaría a cada una de ellas. En caso de no cubrir todos los escaños en juego con esas dos operaciones, el escaño restante sería dado a la lista que hubiese obtenido un resto de votos más cercano al cociente electoral obtenido en la primera operación[53] (véase Imagen 2).

Borély buscó así consagrar en la ley una situación que, en su parecer, ya se daba en los hechos. Al mismo tiempo, empero, puso en evidencia la transformación que por aquellos tiempos se estaba operando en la forma de imaginar la comunidad política y concebir el sistema representativo. Presentado como “Nuevo Sistema Electoral”, su propuesta efectivamente era novedosa desde el punto de vista de las leyes electorales y de la figura del partido político. En este sentido, Borély reconocía que generalmente los partidos políticos no gozaban de buena fama y, particularmente en Francia, eran considerados irreconciliables con el orden público[54]. Aún así, él consideraba que no se podía pensar un país sin ellos, pues los hechos demostraban que toda comunidad estaba dividida en partidos. Éstos habían existido “siempre”, eran legítimos, y por lo tanto era necesario que se ajustasen a la ley.

Imagen 2. Ejemplo de escrutinio por listas de acuerdo al sistema Borély (1870)

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Tomado de Borély, Jules, Nouveau Système Electoral: Representation Proportionelle de la majorité et des minorités, Paris, Libraire-Éditeur Germer Bailliére, 1870, p. 87. La primera parte de la imagen muestra la primera operación del sistema, por medio del cual se divide el número de votantes (200.000) por la cantidad de escaños en juego (8) y con el cual se obtiene el cociente electoral (25.000), que es el número de votos requeridos para cada lista para obtener un escaño. Luego, más abajo, la imagen muestra la segunda operación, destinada a determinar el número de representantes conseguidos por cada lista. Para ello, los votos obtenidos (“Voix obtenues”) por cada lista (“Centre”, “Droite”, “Gauche”) son divididos por el cociente electoral (“Quotient”) surgido de la primera operación. Así, por ejemplo, la lista “Centre” habría alcanzado 4 bancas, la “Droite” 1 y la “Gauche” 2. Pero ese no es el resultado final, puesto que, en este ejemplo, la suma de escaños obtenidos por las tres listas (7) es menor al número total en juego (8). En consecuencia, hay que tener en cuenta lo que los bonaerenses denominaron más tarde los “votos residuo” (“Voix non employées”). En ese sentido, los escaños restantes eran otorgados a las listas con mayor “residuo”. En el caso del ejemplo, el escaño sobrante sería para la “Gauche”, con sus 20.500 “Voix non employées”. Pero si hubiesen faltado asignar dos escaños, la “Centre” también hubiese obtenido una banca extra por contar con el segundo “residuo” más grande (3.300 contra los 1.200 de la “Droite”). Es decir, finalmente, según el ejemplo de la imagen, la lista “Centre” habría ganado 4 escaños, la “Gauche” 3 y la “Droite” 1. Por último, una vez determinada la cantidad de escaños obtenidos por cada lista, había que establecer quiénes serían los candidatos que ocuparían dichas bancas. Como se trataba de un sistema de listas abiertas, cada votante podía integrarlas con los nombres de los candidatos según su preferencia personal. Por ende, los candidatos finalmente proclamados serían aquellos que hubiesen obtenido mayor cantidad de votos en cada lista.

Pero, ¿qué era exactamente lo que debían representar los partidos políticos? Borély diferenciaba entre intereses permanentes e intereses accidentales. En su opinión, los partidos políticos estaban ligados a los primeros, entre los cuales incluía a los católicos o a los socialistas. Los intereses circunstanciales, por su parte, estaban asociados a los intereses locales o materiales (por ejemplo, intereses comerciales privados), y como tales no implicaban ningún valor moral, ningún principio. No eran esos intereses los que debían ser representados. Dicho de otro modo, los partidos políticos representaban los grandes intereses de la sociedad, lo que por otros autores era identificado más bien con el término de “opinión” en lugar de “interés”. Por esa misma razón, si bien no concebía legítimo la idea de un representante como delegado de un interés material accidental, consideraba natural, en cambio, la idea del representante con una suerte de mandato imperativo, en el sentido de estar obligado a cumplir con el programa del partido (que venía a sintetizar su opinión) por el cual había sido votado.

La representación de las minorías, la representación proporcional de las mayorías y de las minorías organizadas en partidos políticos no era suficiente, sin embargo, para lograr la verdadera representación del país. Para Borély la representación proporcional de los partidos debía conciliar la representación personal, la representación de la opinión por medio de personas. Debía, pues, garantizarse la libertad electoral de los individuos. En este sentido, mientras Hare y Mill diseñaron un sistema para prescindir de los partidos políticos en la elección de los representantes, el francés, por su parte, se limitó a modificar el rol que tenían en lo concerniente a la designación de las candidaturas. Reconocida la presencia de los partidos políticos, la elección no debía, sin embargo, degenerar en la imposición de los candidatos por parte de los partidos ni en una operación mecánica del elector, tal como sucedía como resultado del sistema electoral vigente. En otras palabras, su objetivo consistía en: primero, imposibilitar la coalición o acuerdos electorales de los partidos; segundo, anular la “dictadura” de los comités electorales; tercero, transformar la disciplina electoral de los votantes en libertad electoral[55].

Con respecto a la cuestión de los acuerdos electorales o listas mixtas entre partidos, Borély consideraba que eran inmorales porque obligaban a un ciudadano a votar por el candidato de una opinión diferente a la suya. La única forma de evitar eso, por ende, era garantizando la justa representación de cada uno de los partidos, lo que se lograba eficazmente con su sistema de representación proporcional[56].

En cuanto a la disciplina electoral, Borély decía que, en tanto condición sine qua non para el triunfo en las urnas, había sido la justificación para otorgar a los comités de partido una autoridad exorbitante y llevar a los electores a una situación de “servidumbre”. En tal sentido, los electores se encontraban en cada comicio con una lista elaborada en el comité, sin ninguna participación por parte de los primeros. Al igual que Hare y Mill, Borély consideraba que los representantes debían ser la emanación directa del pueblo; no aceptaba ninguna intermediación. Con el sistema propuesto por él, en cambio, la representación estaría garantizada para cada partido u opinión. Por ende, la disciplina electoral no era necesaria para asegurar el triunfo. El ciudadano votaría por la boleta de determinado partido-opinión, pero tenía a su vez la libertad electoral de votar por los candidatos que, a su juicio, mejor encarnarían dicha opinión. De esa manera, decía Borély, los roles se invertirían: el comité, devenido en una oficina consultiva, aceptaría la elección de los electores, y no viceversa, tal como sucedía con el sistema vigente[57].

En sintonía con estas reflexiones de Borély, los miembros de la Comisión de Negocios Constitucionales de la Legislatura de Buenos Aires entendían que el principio establecido por la constitución provincial (la representación proporcional de las opiniones) había consagrado la opinión de los partidos políticos como base del sistema representativo y, por ende, el sistema electoral debía tender a consolidarlos. Pero no todos los legisladores estaban de acuerdo con esa interpretación del texto constitucional y mucho menos con la idea de que los representantes no lo fueran pura y exclusivamente del pueblo. Mientras que para los autores del proyecto en discusión los partidos políticos encarnaban miradas diferentes sobre los medios y las formas prácticas para organizar el orden republicano que necesitaban ser representadas, los legisladores en disidencia consideraban que los partidos no eran más que agrupaciones electorales circunstanciales, destinadas a promover las candidaturas de hombres capaces de interpretar el interés general del pueblo, y en consecuencia presentaron un proyecto alternativo con el voto acumulativo como sistema electoral. A raíz de ello se produjo una extensa polémica que duró varias sesiones y de la cual no podemos dar cuenta aquí, pero basta con decir que, finalmente, con miras a armonizar ambas posturas, se sancionó un proyecto que concilió, por medio de la figura del candidato común a diferentes listas, la representación por medio tanto de personas como de partidos[58].

4. La democracia práctica según Luis V. Varela (1876)

Escrito a fines de 1875 (después de discutido el proyecto de ley electoral presentado por la Comisión de Negocios Constitucionales y antes de que fuese formulado el proyecto que se convertiría en ley electoral en 1876), La democracia práctica de Varela constituye un estudio sistemático de diversos sistemas electorales, destinado a aumentar el número de partidarios de la representación proporcional, en general, y del sistema de Borély (con algunas modificaciones), en particular.

Inscripto dentro de un proyecto más amplio de pacificación de las prácticas políticas (con mayor razón después de la revolución de 1874), en la introducción de la obra, Varela se hacía eco de los “sábios de la Europa”[59] para señalar que el sistema electoral por entonces predominante (la simple pluralidad) mantenía viva la guerra civil en sus respectivos países. La elección de representantes en Europa se había convertido en una batalla, con bandos electorales que parecían cuerpos militares, sin más deseos que destruir al adversario. La política era la causante de una sociedad que se había vuelto guerrera, y como en toda guerra se necesitaba la disciplina, la obediencia pasiva a los jefes mataba la independencia individual. Varela describía el escenario europeo en esos términos, pero sabía bien que podría haber sido la de Buenos Aires, donde los partidos también se habían convertido en verdaderas “máquinas”. Y, en efecto, Varela reconocía que era un problema que no era propio ni exclusivo de ningún país: representación deficitaria de los partidos y supresión de la libertad electoral de los individuos (como condición del triunfo electoral) eran las consecuencias de la representación exclusiva de las mayorías.

Varela coincidía con buena parte de los convencionales de 1870-1873 en cuanto a que a la mayoría le correspondía el derecho de decisión, pero no la totalidad de la representación, y en tal sentido sostenía un ideal de gobierno representativo de tipo deliberativo en el cual se debían representar la diversidad y heterogeneidad de opiniones de un pueblo para poder de ese modo dar cuenta de cuál era su verdadera voluntad general:

Gobierno anónimo, que toma su origen en una colectividad, homogénea como pueblo, heterogénea como opinión, él debe revestir todos los caracteres de ese pueblo y de esa opinión. Para poder ejercer sus funciones sobre todos, todos deben estar en él representados, (…) y es conveniente que tengan su puesto y tomen parte en las deliberaciones del gobierno libre[60].

No obstante, y al igual que Borély, Varela creía que el objetivo del gobierno representativo no consistía en dar cuenta de intereses diferentes que debían ser articulados. Desde el punto de vista del autor de La Democracia, intereses diversos era lo mismo que hablar de intereses antagónicos, lo que suponía un conflicto latente: “El pueblo, como entidad política, no está formado de miembros distintos, separados los unos de los otros; en sus conveniencias no hay intereses antagónicos; ni puede admitirse que sus ciudadanos, elementos todos de ese pueblo mismo, se miren y se traten como enemigos ó extraños”[61]. Teoría de representación armoniosa, el ideal representativo de Varela se fundaba en la necesidad de recrear la unanimidad originaria para la felicidad de todos.

Bajo aquellas premisas, los partidos representaban, según Varela, las fracciones en que se dividía la opinión pública. Su existencia, por lo tanto, era necesaria para la libertad. Cada uno de esos partidos tenía sus propósitos y aspiraciones, reflejados en su programa. Y esos programas, esas ideas políticas, se personificaban a su vez en nombres propios: los candidatos.

No obstante aquella valoración positiva, los partidos debían constituirse como una organización exclusivamente electoral, con la misión de agrupar a hombres que tuviesen una misma opinión política acerca de cómo realizar el interés general del pueblo. Adversario de la disciplina de partido en cualquiera de sus formas, los representantes y los gobernantes no podían llevar mandato alguno más que en el sentido de haber sido electos por sostener una opinión. Partidos de opinión y no partidos representantes de intereses, la idea de un “Gobierno de partido” era opuesta a su concepción de un gobierno de “todos y para todos”, por la cual el gobierno no debía reducirse a representar “intereses limitados”. Una vez electos, pues, los representantes tenían que considerarse hombres independientes y racionales que representaban al pueblo, y como tales deliberar calmadamente sin dejarse influir por presiones extra-parlamentarias[62]. En definitiva, Varela compartía la concepción burkeana de los partidos políticos, en la cual éstos tenían la función de organizar electoralmente a las personas que deberían encargarse del trabajo de la representación, pero no tenían ni debían tener entidad propia en el trabajo propiamente dicho de la representación[63].

Por consiguiente, Varela interpretó todos los sistemas electorales a partir de aquel ideal de gobierno representativo. Al igual que Hare y Borély, criticó aquellos sistemas que obligaban y conducían a la disciplina de partido, y por ende limitaban la libertad del elector, subordinando a los individuos a la voluntad de los jefes de partido. Al igual que Borély, pero a diferencia de Hare, criticó los sistemas que negaban la existencia de los partidos. Al igual que Hare y también Borély, criticó los sistemas que concebían la representación de minorías pero que no garantizaban la representación de todas ellas.

En este sentido, con respecto al Voto Limitado (o “Lista Incompleta”), Varela se oponía porque suponía la existencia de dos partidos y violaba la libertad del elector, lo cual fomentaba la abstención de los ciudadanos[64]. Al mismo tiempo, dicho sistema promovía la disciplina electoral como condición de éxito electoral, ya que los electores se veían empujados a obedecer dócilmente a los jefes de partido y votar, sin discusión alguna, por la lista de candidatos que el comité les entregaba. En otras palabras, el Voto Limitado imponía la tiranía de los comités[65]. Por último, Varela criticaba este sistema porque implicaba determinar de antemano las adhesiones a cada opinión, lo que significaba un límite arbitrario[66].

En cuanto al Voto Acumulativo, decía, en primer lugar, que no respetaba la proporcionalidad en todos los casos. En segundo lugar, también conducía al despotismo de los comités. Tercero, constituía un absurdo filosófico al habilitar a un individuo a multiplicar su opinión cuando ésta era una sola[67].

El sistema de Hare, por su parte, presentaba el problema de no tener en cuenta a los partidos, y, sin embargo, “cuando se trata de la representacion de opiniones y no de individuos, ellos [los partidos políticos] son la base de todo sistema representativo”[68]. En este sentido, según Varela, el sistema de Hare garantizaba la libertad y la independencia del elector, pero no garantizaba la representación de las opiniones. Por esa misma razón, el mejor sistema era el ideado por Borély, pues conciliaba los dos derechos: el derecho individual del elector y el derecho colectivo de su partido, ocupándose primero de los partidos políticos y luego del elector[69].

Con todo, Varela consideraba que el sistema de Borély tenía serios defectos: primero, el modo de distinguir las listas (por denominación), se prestaría al fraude; segundo, obligaba a todo elector a pertenecer a un partido, y por ende era violatorio de la libertad individual; tercero, no decía nada respecto de los candidatos comunes a varias listas[70]. Mientras la primera de las “deficiencias” era más bien de orden técnico, las otras dos cuestiones eran de orden político-moral. En el sistema de Borély la libertad individual del elector era relativa, puesto que se le negaba el derecho de votar por quien quisiera. Así, desde el momento que no se computaban conjuntamente los votos dados a un mismo candidato en diferentes listas, los electores estaban obligados a elegir a sus candidatos única y exclusivamente en la lista del partido que habrían adoptado si no querían perder su voto. La razón dada por Borély a ello consistía en que no se podía dejar a los electores votar por un candidato con una opinión contraria a su partido. Varela refutó como falsa esa aseveración para luego sostener que la libertad electoral exigía a los partidos la independencia individual de sus correligionarios. Por otro lado, decía el autor, Borély no habría querido reconocer la existencia de ciudadanos independientes, que no estarían afiliados a ningún partido pero que de todos modos desearían ejercer sus derechos electorales. Esos ciudadanos independientes, como jueces imparciales, estimarían a cada candidato sin pasión, pero sus votos serían considerados perdidos por el sistema de Borély. En otras palabras, con el sistema de Borély resultaría que todas las opiniones obtendrían representación, excepto por aquellas no organizadas en partidos políticos.

Varela, por consiguiente, propuso un sistema propio, inspirado en el de Borély pero con las “correcciones” correspondientes[71]. Con ellas, creía, el sistema efectivamente lograría la representación de todas las opiniones. Para ello, era necesario recorrer el camino inverso al de Borély; es decir, en lugar de ocuparse primero del partido y luego por los electores, el sistema de Varela comenzaba “por averiguar la opinión individual de cada elector, con el objeto de que su voto pese, a favor del partido á que él pertenezca”. Buscaba, pues, descubrir la opinión del elector, por la opinión de los representantes por quienes aquél votaría. Por ende, en lugar de distinguir las listas por su denominación, bastaría con declarar como pertenecientes a un mismo partido a todas las listas que apareciesen con dos terceras partes de nombres iguales a alguna de las listas que, previamente al comicio, hubiesen sido depositadas por los partidos en poder de una autoridad designada por la ley. Ello permitiría dar mayor libertad al votante, dejándole que forme su lista con dos terceras partes de candidatos de su partido, y una tercera parte de candidatos propios. Además, legitimaba y legalizaba las “borratinas” grupales, que serían consideradas como listas “independientes”. Por último, con el sistema de Varela debían sumarse todos los votos dados a los candidatos comunes a varias listas, debiendo ser considerados electos aquellos que hubiesen obtenido el cuociente. Estos candidatos comunes también debían de ser computados como independientes, aunque todos los partidos que hubiesen contribuido a esa elección tendrían que ver disminuido sus votos en la proporción a los dados como partido.

Varela propuso así un sistema muy parecido al de la ley electoral de 1876. Al igual que esta última, su proyecto en La Democracia en cierta medida también conciliaba la representación por medio de personas y la representación por medio de partidos, aunque para él los partidos simplemente constituían estructuras electorales necesarias para organizar las opiniones del pueblo, pues una vez electos, los representantes dejaban de ser miembros de un partido para pasar ser representantes única y exclusivamente del pueblo en su conjunto.

5. Reflexiones finales

Mientras que la transformación de los sistemas político-electorales hacia fines de siglo XIX y principios del XX es usualmente interpretada como resultado de la necesidad de adecuar los regímenes políticos a una evolución socioeconómica previa que habría decantado en situaciones altamente conflictivas, a nuestro entender, las intervenciones político-intelectuales aquí exploradas permiten plantear la cuestión, en otros términos. Si bien es cierto que a fines del siglo XIX comienza a emerger y a expandirse, en especial en algunos países europeos, una concepción de la sociedad en la cual ésta se encontraría irremediablemente dividida en clases sociales o en diversos intereses (sobre todo de tipo económico-sociales) que, para algunos, estarían además en permanente conflicto entre sí, y por lo tanto la orientación del voto y de los partidos estaría determinada o condicionada principalmente por la posición social y económica de los individuos, nosotros creemos que, al menos en un principio, la necesidad de dar una nueva forma a la “democracia” a través de la representación proporcional de las minorías expresa, antes que nada, por un lado, la crisis de los ideales de comunidad política y gobierno representativo surgidos a fines del siglo XVIII y principios del XIX; y, por el otro, las tensiones devenidas de la necesidad de conciliar aquellos ideales con la emergente y creciente figura del partido político como actor fundamental de la vida política.

En efecto, la consagración del principio de soberanía popular, en América como en Europa, comportó la invención de una nueva comunidad política y una mutación del cuerpo político. En tal sentido, en las monarquías de finales del Antiguo Régimen, el poder estaba incorporado en la persona del príncipe, que era mediador entre los hombres y Dios o entre los hombres y las instancias trascendentales de la Justicia y de la Razón. El reino, en dicho contexto, aparecía como un cuerpo a la vez político y místico, como una unidad sustancial e indivisible que se constituía simbólicamente en la persona del rey, garante de dicha unidad, guardián de la Religión y del bien común. Los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y principios del XIX elevaron al “pueblo” como sujeto titular de la soberanía, pero ello no impidió que las nuevas unidades políticas se constituyeran como un cuerpo político que habría heredado de la monarquía su concepción indivisible del poder, su vocación unanimista (y su aversión a la discordia y la división), así como también los lenguajes republicanos del bien común[72].

Sobre este ideal de comunidad política se desarrolló a su vez un ideal de gobierno representativo, cuyas premisas y principios prevalecieron, con sus diferencias y matices locales, tanto en los nuevos estados de América Latina y del Norte como en algunos países de Europa[73]. En primer lugar, el pueblo o la nación no podía gobernar sino por medio de sus representantes, que, privados de toda garantía trascendente, debían ser designados y legitimados por una elección, lo cual a su vez presuponía un acto de voluntad de los gobernados como expresión de la inmanencia del poder. En segundo lugar, los gobernantes y representantes, una vez electos, eran independientes del electorado que los votó y, por ende, se rechazaba o prohibía la figura del mandato imperativo y la revocabilidad de los elegidos. Con ello se pensaba que los representantes lo eran única y exclusivamente del pueblo, y no mandatarios o apoderados de los pueblos, circunscripciones, estamentos o corporaciones, tal como sucedía en los parlamentos o cortes del antiguo régimen. En tercer lugar, y en estrecha relación con el punto anterior, se suponía que la decisión tomada por los poderes representativos debía expresar de manera unánime la voluntad o interés general (o el bien común), lo cual solamente podía surgir de una previa deliberación colectiva a través de la cual los representantes conformaban su voluntad única y exclusivamente mediante un debate racional y el intercambio ad-hoc de argumentos.

En el marco de aquellos ideales de comunidad política y gobierno representativo, la idea de un partido político, tal como surgiría en especial hacia el último tercio del siglo XIX, no era concebible. En primer lugar, bajo la inédita “visión abstracta de la formación de los lazos sociales”[74] que comenzó a imperar desde la Revolución Francesa, y considerado el pueblo como un cuerpo unido y homogéneo que no debía descomponerse en otros cuerpos intermedios, no se podía admitir que la ley reconociera la presencia de otras instancias susceptibles de competir con la expresión legal de la voluntad general[75]. En tal sentido, por ejemplo, en tiempos electorales el resultado de los comicios importaba menos por la cantidad de votos que por si traducía o no la unidad del cuerpo político. Por lo tanto, en aquellos momentos no correspondía hablar del triunfo o de la derrota de un determinado partido o de una determinada “mayoría” en particular, puesto que se suponía que la elección debía ser siempre realizada por el pueblo como un todo indivisible que a su vez buscaba elevar al gobierno representantes de la comunidad su conjunto. En segundo lugar, la idea de un debate público racional presuponía la existencia de un Interés general objetivo o de una Verdad relativamente oscura a los cuales solamente se podía arribar por medio de una deliberación colectiva que requería de sus partícipes, como condición necesaria, absoluta libertad de conciencia y la posibilidad de cambiar de opinión como resultado del devenir de los argumentos esgrimidos en el transcurso de la discusión[76]. Por consiguiente, la idea de una disciplina partidaria era contraria a la libre conciencia individual del representante y a la dinámica que debía tener una discusión parlamentaria. Ello no impedía que fuese legítimo que espontánea y circunstancialmente se formaran “partidos” (en el sentido de “tomar partido”) en torno a ciertos debates específicos y cuestiones en particular, siempre y cuando ello no deviniera en alguna clase de asociación más permanente en el tiempo. Por estas razones, la idea de alguna clase de agrupación que buscara representar un interés particular podía ser acusada de “facciosa” y por lo tanto rechazada por considerarse que sembraría un conflicto que haría peligrar la unidad del cuerpo político.

Con todo, el proceso electoral fue rápidamente cubierto por prácticas informales que, en cierto modo, organizaron y dirigieron la voluntad general del pueblo, y que con el tiempo desembocaron en los denominados “partidos políticos”. En un primer momento, estos partidos se conformaron como agrupaciones laxas y no institucionalizadas que buscaban elevar al gobierno hombres representativos del pueblo en su conjunto, sin mandato imperativo alguno. No obstante, a medida que se fueron produciendo diferencias en torno a ciertas cuestiones en particular, vinculadas sobre todo a la organización y el funcionamiento institucional de los nuevos estados, comenzó a desarrollarse una nueva concepción de los partidos, ya no como representantes de la sociedad en su conjunto, sino como representantes de una “opinión política”, de las tantas en que se dividía la “opinión pública” del pueblo[77]. Bajo esta nueva concepción, los partidos políticos representaban, pues, miradas diferentes sobre los medios y las formas prácticas para la realización de los fines sobre los cuales el pueblo había consensuado al momento de constituir el orden político. Entre quienes pregonaban esta manera de concebir los partidos políticos, por ende, las divisiones partidarias eran legítimas y necesarias, aunque, por supuesto, siempre y cuando no se cuestionaran los fundamentos del orden político.

Como consecuencia de ello, o simultáneamente, comenzó a postularse también un nuevo ideal de gobierno representativo, a partir del cual el bien común seguía siendo el horizonte de la representación política, pero la unanimidad parlamentaria, más que dar cuenta de un Interés general objetivo al que se arribaba luego de un debate racional desarrollado pura y exclusivamente en el seno mismo del Parlamento, debía ser, en cambio, el resultado de un debate también racional pero orientado a defender y articular las diversas visiones políticas formadas previamente y que necesitaban justamente ser representadas en los órganos de gobierno.

No obstante, los sistemas electorales hasta entonces predominantes (que seguían generalmente el principio de la simple pluralidad) condujeron a que las elecciones, cada vez más bajo un “sistema de partidos”, diesen la totalidad de los cargos en juego a las agrupaciones que hubieran obtenido una mayoría de votos. Se produjo por consiguiente un doble fenómeno: por un lado, comenzó a percibirse un “déficit” representativo, en tanto algunos sectores (los perdedores en los comicios) se veían “excluidos” del gobierno; por otro, los denominados partidos se vieron obligados a ganar en disciplina para poder triunfar en los comicios, con lo cual los candidatos y por ende también los representantes, empezó a denunciarse, emergían de (y respondían a) las deliberaciones realizadas exclusivamente en el seno de los comités antes que del pueblo mismo. Fue entonces en respuesta a estas tensiones que, primero, surgió la necesidad de dar representación proporcional a mayorías y minorías, y, luego, se idearon los primeros sistemas electorales destinados a traducir de manera “práctica” el nuevo principio que debía regir el gobierno representativo.

Como se ha podido ver en este trabajo, Buenos Aires, cuya vida política hacia la década de 1870 estaba cada vez más protagonizada por dos “máquinas electorales” que -como expresara Halperín Donghi[78]– a ratos se parecían más a “máquinas de guerra”, no fue ajeno a ese proceso transnacional de transformación de las concepciones y de las prácticas vinculadas a la representación y la participación políticas.


  1. UBA/PEHESA/CONICET.
  2. Es importante recordar que las rebeliones federales no terminaron en 1870. Ese mismo año, la provincia de Entre Ríos fue el epicentro de la primera de las rebeliones encabezadas por López Jordán.
  3. Para un análisis general de la Convención Constitucional y de las reformas introducidas, véase sobre todo Pérez Guilhou, Dardo, Liberales, radicales y conservadores. Convención Constituyente de Buenos Aires 1870-1873, Buenos Aires, Plus Ultra, 1997.
  4. Artículo 49: “La proporcionalidad de la representación, será la regla en todas las elecciones populares, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la ley”.
  5. Así lo establecía el artículo 37 para la elección de diputados nacionales: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las Provincias, y de la Capital, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios.”
  6. Nohlen, Dieter, “Controversias sobre sistemas electorales y sus efectos”, en Revista Española de Ciencia Política, 31, marzo 2013, p. 2.
  7. Abal Medina, Juan M.; Calvo, Ernesto; Escolar, Marcelo y Tulio, Alejandro (comps.), Un sistema electoral para la democracia. Los orígenes de la representación proporcional, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015.
  8. Por cuestiones de espacio, nuestro análisis no se extenderá a los debates desarrollados en la Convención y en la Legislatura. No obstante, el análisis realizado aquí resulta fundamental para comprender aquéllos.
  9. Entre otros: Pani, Erika, “En busca de la ‘democracia real’: el debate sobre la representación política durante el último tercio del siglo XIX”, en Prismas, Revista de historia intelectual, 4, 2000, pp. 21-46; Bromund, Ted R., “Uniting the whole people: proporcional representation in Great Britain, 1884-5, reconsidered”, en Historical Research, 74 (183), February 2001, pp. 77-94; Ware, Alan, The American Direct Primary. Party institutionalization and transformation in the North, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; Saunders, Robert, “The Politics of Reform and the Making of the Second Reform Act, 1848-1867, en The Historical Journal, 50 (3), September 2007, pp. 571-591; Parsons, F.D., Thomas Hare and Political Representation in Victorian Britain, London, Palgrave Macmillan, 2009; Engstrom, Erik J. y Kernell, Samuel, Party Ballots, Reform, and the Transformation of America’s Electoral System, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
  10. Nació el 27 de mayo de 1845, en Montevideo, durante el exilio de su padre Florencio Varela. En 1853, luego de Caseros, volvió a Buenos Aires junto a su familia. Se inició como periodista en La Tribuna, dirigida por sus hermanos Héctor y Mariano. Estudio en la Universidad de Córdoba, donde se recibió de doctor en jurisprudencia en 1868, con una tesis titulada Estudios sobre la Constitución de Buenos Aires. Fue miembro de las dos convenciones constituyentes de la provincia (1870/1873 y 1882/1889) y, como hombre del partido autonomista, fue elegido diputado a la Legislatura de Buenos Aires en 1874 y reelegido en 1877. Desde 1887 hasta 1889 fue presidente de la Suprema Corte de la provincia para pasar como vocal de la Suprema de la Nación en ese último año. Escribió numerosos trabajos sobre derecho, historia y otras materias.
  11. Varela, Luis V., La democracia práctica. Estudio sobre todos los sistemas electorales, Méjico, Librería Bouret&Hijo, 1876, p. 147.
  12. Varela, Luis V., Plan de Reformas a la Constitución de Buenos Aires, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales, 1907, vol 1, pp 13-14.
  13. En 1899 Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la representación proporcional (bajo la fórmula d’Hondt) en el orden nacional. Pero si exceptuamos la ley electoral de 1855 que (bajo la fórmula del matemático Andrae) establecía un sistema proporcional para la elección de una parte de los miembros del Rigsraad de la monarquía constitucional de Dinamarca, se puede afirmar que el primer ensayo de representación proporcional en el mundo fue el de la provincia de Buenos Aires (prescripto a nivel constitucional primero para la elección de ambas cámaras del Poder Legislativo en 1873 y luego también para la elección de electores del Poder Ejecutivo en 1889). En 1891, el Gobierno Federal de Suiza intervino el cantón de Ticino y estableció la representación proporcional, también bajo la fórmula d’Hondt, como herramienta de pacificación en un contexto de guerra civil. Véase, Colomer, Josep M., “Western Europe: General Overview”, en Colomer, Josep M. (ed.), Handbook of Electoral System Choice, London, Palgrave-Macmillan, 2004, pp. 179-208.
  14. Desde 1866 en adelante, con la elección de Alsina como gobernador provincial y luego en 1868 como vicepresidente (en fórmula con Sarmiento como presidente), el ejecutivo provincial quedó en manos de hombres vinculados a la constelación autonomista, mientras que la Legislatura también pasó a estar conformada mayoritariamente por personajes identificados con aquel color político.
  15. “la idea (…) de buscar en la concentración de todos los matices de opinión, la representación genuina de la provincia de Buenos Aires, nos parece práctica, patriótica y oportuna. Ello evita discusiones personales; ella facilita la acertada elección de todos los hombres conspicuos por su inteligencia, y no por la figura que hayan podido hacer en los partidos y realizará por un acto de fraternidad generosa lo que hasta ahora desgraciadamente ha sido sólo un bello ideal de nuestras Asambleas políticas. Una reunión de ciudadanos, dignos por sus talentos, y por su civismo, de deliberar sobre los destinos de su patria y capaces de ilustrarla.”, tomado de Barba, Fernando E., Los autonomistas del 70. Auge y frustración de un movimiento provinciano con vocación nacional, Buenos Aires, Pleamar, 1976, pp. 10-11.
  16. En la lista figuraban, además de los miembros del Comité Electoral, personajes de diversas generaciones, tradiciones y orígenes políticos, desde funcionarios durante la época de Rosas hasta exiliados políticos del rosismo, así como también algunos fundadores del Partido Liberal, ex federales urquisistas y jóvenes de los partidos nacionalista y autonomista.
  17. “Los partidos políticos acaban de ofrecer el noble espectáculo de tenderse generosamente la mano, para que tuvieran entrada en la Convención todos los hombres distinguidos, que, despojándose de pretensiones bastardas, quisieran consagrarse á trabajar ingenuamente por el triunfo de los grandes propósitos que deben formar el credo político de todo pueblo libre.”, Varela, Luis V., Debates de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de La Tribuna, 1877, Tomo 1, p. 13.
  18. Integrada por Vicente F. López, Bartolomé Mitre, Octavio Garrigós, Manuel H. Languenheim, Sixto Villegas, Dardo Rocha y Luis Sáenz Peña.
  19. “todos venimos con el ánimo sereno y el corazon abierto á las mas altas aspiraciones, en el deseo de hacer lo mejor posible para la felicidad del pueblo, según lo que nos enseña la esperiencia del mundo, sin que la fuerza bruta nos oprima, ni el ódio esterilizado nos divida. Estamos, pues, (…) en condiciones que nos permiten ocuparnos tranquilamente del desempeño de nuestra tarea, en condiciones en que ni las ideas teóricas son un obstáculo, puesto que todas las opiniones están representadas aquí, y que habiendo prevalecido por las fuerza de las cosas en la opinión de todos los principios más adelantados que rigen las sociedades humanas, hoy solo aspiramos á encontrar los medios de constituir la sociedad política en el mejor órden posible, sin inmolar el derecho de nadie.”, Ibíd., p. 233.
  20. Carlos Encina nació en 1838 y cursó sus estudios en el Colegio Nacional. Siendo muy joven se graduó como agrimensor en la Escuela de Topografía en 1860. Se inició en el periodismo como director de La Nueva Generación que Dardo Rocha fundó en 1860. En 1868, fue elegido diputado a la Legislatura de Buenos Aires, y luego a la Convención constitucional. Desempeñó diversos cargos públicos tanto en la administración provincial como en el nacional. El proyecto presentado a la Convención se encuentra en Varela, Luis V., Debates de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de La Tribuna, 1877, Tomo 2, p. 1361.
  21. En el caso de Buenos Aires, artículo 38 de la ley electoral 416 de 1864.
  22. Con respecto a las prácticas electorales y los clubes en Buenos Aires entre las décadas de 1850 y 1870, véase especialmente Sabato, Hilda, La política en las calles: entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2004. (1998); González Bernaldo de Quirós, Pilar, “Los clubes electorales durante la secesión del Estado de Buenos Aires (1852-1861): La articulación de dos lógicas de representación política en el seno de la esfera pública porteña”, en Sabato, Hilda (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 142-161.
  23. Encina, Carlos, Exposición del principio de la representación proporcional presentada a la Honorable Convención Constituyente, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1871, p. 6.
  24. Ibíd., p. 5.
  25. Nacido en el condado de Dorset en 1806 e hijo de un yeoman, Thomas Hare dejó su pueblo natal de joven, para ir a Londres, donde durante los primeros años estudió Derecho, profesión que luego ejerció por varios años. En 1853 tomó el cargo de Inspector de Caridad para la Charity Commission (creada ese mismo año), ocupación que ejerció durante veinte años. En 1857 Hare asistió al congreso inaugural de la British National Association for the Promotion of Social Science, de la cual eran socios varios Miembros del Parlamento. Preocupado por asuntos en materia de caridad que requerían de una legislación específica, y que no eran, de acuerdo a su parecer, debidamente tratadas en el Parlamento, Hare comenzó a preocuparse por las elecciones y en particular por la cuestión de la representación política. Así es que escribió primero, en 1857, The Machinery of Representation y luego en 1859 A Treatise on the Election of Representatives, Parliamentary and Municipal (reeditado en 1861, 1865 y 1873), a partir del cual comenzó una campaña a favor de la representación proporcional. A través de su Considerations on Representative Government (1861) y de su actuación parlamentaria, Mill, impresionado con los trabajos de Hare, se convirtió en el principal divulgador y propagandista de la “Personal Representation”, tarea que luego continuaría, a partir de 1884, la Proportional Representation Society. Para mayor información sobre Thomas Hare y la cuestión de la reforma electoral en Gran Bretaña, véase Parsons, F.D., Op. Cit.; Saunders, Robert, Op. Cit.; Bromund, Ted R., Op. Cit.
  26. Debido a las numerosas críticas que recibió con motivo de la dificultad práctica de elegir semejante cantidad de personas, Hare fue progresivamente reduciendo dicha cifra.
  27. Acorde con lo señalado anteriormente, el divisor también cambiaría según la cifra que Hare empleara para sustituir los 658 del primer tratado.
  28. Hoy en día el sistema Hare es conocido como el sistema de voto único transferible (STV). Al respecto, véase Nohlen, Dieter, Elecciones y sistemas electorales, Caracas, Nueva sociedad, 1995, p. 76.
  29. Tal como ha señalado Edmund Morgan, la “representación” comenzó antes de que se pensara en el gobierno representativo o en la soberanía popular, cuando en el siglo XIII el monarca convocó a representantes de condados y municipios para acudir a su Parlamento, con el propósito de comprometer a sus representados a aceptar los impuestos y las leyes que se aprobaran. El sistema y las formas de votación se regían por la costumbre y variaban de un lugar a otro, aunque en 1430 fue estatuido explícitamente el principio de mayoría para las elecciones (pluralidad de votos). Con ello se suponía que el parlamentario tenía que representar al pueblo de un lugar determinado. La representación fue de ese modo inicialmente comprendida en términos territoriales o geográficos y, por lo tanto, el mandatario perdía su condición de tal si perdía su identificación local. Al respecto, véase Morgan, Edmund S., La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006 y Colomer, Josep M., Op. Cit., pp. 179-208.
  30. Hare, Thomas, The Machinery of Representation, London, W. Maxwell, 1857, p. 4. Traducción nuestra.
  31. Ibíd., p. 5. En efecto, la historiografía inglesa ha dado cuenta del proceso por el cual las redes partidarias adquirieron, entre 1830 y 1880, una creciente organización y disciplina tanto en la esfera parlamentaria como en el terreno electoral. Hasta la reforma electoral de 1832 prácticamente se desconocía cualquier tipo de organización fuera del Parlamento. Pero en aquella década surgieron las asociaciones locales dedicadas sobre todo a inscribir adherentes en el registro electoral, así como también se fundaron dos grandes clubes políticos – en 1831, el Carlton por los conservadores, y en 1834, el Reform por los liberales- que funcionaban como una suerte de Comité Central que permitía coordinar las tareas de las redes partidarias y unir a los jefes parlamentarios con los líderes locales. No obstante, hasta la década de 1860 las vinculaciones con las asociaciones y los líderes locales solían ser débiles y en buena medida informales. Fue sobre todo a partir de la reforma de 1867 cuando los partidos comenzaron a desarrollar estructuras cada vez más duraderas en el tiempo y sujetas a una reglamentación común. Al respecto, véase Beer, Samuel H., “La Gran Bretaña: Desde un gobierno de minorías hasta la organización de partidos de masas”, en Neumann, Sigmund (ed.), Partidos políticos modernos, Madrid, Tecno, 1965, pp. 29-103; Cox, Gary W.,The efficient secret. The Cabinet and the development of political parties in Victorian England, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; Hawkins, Angus, “’Parliamentary Government and Victorian Political Parties, c. 1830-c. 1880”, en The English Historical Review, 104 (412), June 1989, pp. 638-669; Mitchell, Jeremy C., The Organization of Opinion. Open Voting in England 1832-68, London, Palgrave Macmillan, 2008.
  32. “El juicio de todo el cuerpo electoral del reino debe estar compuesto por el agregado de juicios de cada individuo, y la conciencia de todo el colegio electoral debe ser la contribución de las conciencias independientes de cada individuo”, en Hare, Thomas, A treatise on the election of representatives, parliamentary and municipal, London, Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1859, p. 112. Traducción nuestra.
  33. “El sistema de independencia individual convoca a la conciencia de cada elector a la acción, al hacerle sentir que tiene un interés y poder personal, del cual no puede abusar ni descuidar, sin saber que ha fallado en su deber.”, en Ibíd., p. 169. Traducción nuestra.
  34. “Dos ideas muy diferentes suelen ser confundidas con el nombre de democracia. La idea pura de democracia, de acuerdo con su definición, es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo, representado por igual. La democracia como comúnmente es concebida y practicada hasta ahora, es el gobierno de todo el pueblo por una simple mayoría del pueblo, exclusivamente representada. La primera idea es sinónimo de la igualdad de todos los ciudadanos; la última, extrañamente confundida con aquélla, es un gobierno de privilegio, a favor de la mayoría numérica, que prácticamente domina ella sola todas las voces en el Estado. Esta es la consecuencia inevitable de la manera en que actualmente se computan los votos, en completa privación de los derechos de las minorías.”, Stuart Mill, John, Considerations on representative government, London, Parker, Son, and Bourn, West Strand, 1861, p. 132. Traducción nuestra.
  35. Ibíd., p. 133. Traducción nuestra.
  36. “En la falsa democracia que, en lugar de dar representación a todos, la da a las mayorías locales, la voz de la minoría instruida podría no tener representación alguna en el cuerpo representativo. (…) Contra este mal, el sistema de representación personal, propuesto por el Sr. Hare, es casi específico. La minoría de mentes instruidas dispersa entre las circunscripciones locales, se uniría para lograr un representante, en proporción a su propio número (…) Cuando surgiese alguna diferencia, ellos [los representantes de la mayoría] tendrían que hacer frente a los argumentos de los pocos instruidos…”, Ibíd., pp. 146-147. Traducción nuestra.
  37. Véase Rosanvallon, Pierre, El momento Guizot. El liberalismo doctrinaria entre la Restauración y la Revolución de 1848, Buenos Aires, Biblos, 2015.
  38. James Marshall (en 1853) y John Russell (en 1854) introdujeron una reform bill, abogando el primero por el “Voto Acumulativo” y el segundo por el “Voto Limitado” (conocido posteriormente como sistema de “Lista Incompleta”).
  39. “Cada miembro de la Cámara sería el representante de una circunscripción unánime. Él representaría mil electores, o dos mil, o cinco mil, o diez mil, según sea la cuota (…). En virtud de esta relación el vínculo entre el elector y el representante sería de una fuerza y ​​un valor, del cual en la actualidad no tenemos ninguna experiencia. Cada uno de los electores estaría identificado personalmente con su representante, y el representante con sus electores. Cada elector que votó por él, lo habría hecho o bien porque él es la persona, de la totalidad de la lista de candidatos para el Parlamento, que mejor expresa las sus propias opiniones, o porque él es uno de aquellos cuyas habilidades y carácter el votante más respeta, y al que de muy buena gana confía para pensar por él. El Miembro del Parlamento representaría personas, no meros ladrillos y morteros de la ciudad.”, Stuart Mill, John, Op. Cit., pp. 142-143. Traducción nuestra.
  40. Con la lucha entre los colonos norteamericanos e Inglaterra -con motivo del intento por parte del Parlamento de recaudar impuestos con la Ley de Azúcar de 1764 y la Ley de Estampillado de 1765- la representación territorial o local comenzó a ser discutida. Mientras los colonos norteamericanos se negaron a realizar el pago de los impuestos bajo el argumento, siguiendo aquel principio, de que los únicos representantes legítimos que podían votar dichos impuestos eran aquellos elegidos directamente por el pueblo, Thomas Whately (secretario de la Oficina del Tesoro británica) acudió a un neologismo, la “representación virtual”, para sostener que el Parlamento podía gravar a los colonos porque ellos ya estaban “virtualmente” representados allí. De ese modo, Whately asignaba a los Miembros del Parlamento inglés (de la Cámara de los Comunes) funciones de apoderados para hablar y actuar en nombre de todos los súbditos del rey, tanto en las colonias como en el resto de Gran Bretaña, puesto que “cada Miembro del Parlamento se sienta en la Cámara no como representante de sus propios electores, sino como uno de todos los comunes de Gran Bretaña”. Frente a la idea de que los Miembros del Parlamento eran los representantes de los intereses de las comunidades locales, la nueva teoría de la “representación virtual” se difundió rápidamente como doctrina de la representación del Interés de la Nación como principal función de los representantes. Véase en más detalle en Beer, Samuel H., “The Representation of Interests in British Government: Historical Background”, en The American Political Science Review, 51 (3), Sep. 1957, pp. 615-618; Pitkin, Hanna F., “Representation”, en Ball, Terrence; Farr, James y Hanson, Russell (eds.), Political innovation and conceptual change, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 132- 154.
  41. Véase Beer, Samuel H., The Representation… Op. Cit., p. 632; Hawkins, Angus, Op. Cit.
  42. Hare, Thomas, A treatise… Op. Cit., p.12. Traducción nuestra. Mill, por su parte, también criticaba terminantemente cualquier intento de legitimar el ejercicio de la representación exclusivamente por medio de los partidos. Véase, por ejemplo, Stuart Mill, John, Personal representation. Speech of John Stuart Mill, Esq., M.P., delivered in the House of Commons, May 29, 1867, London, Henderson, Rait, and Fenton, 1867, p. 16.
  43. Hare, Thomas, A treatise… Op.Cit., pp. 255-298.
  44. Palti, Elías, El momento romántico: nación, historia y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires, Eudeba, 2009.
  45. Salvo nuestra tesis doctoral en curso, no existen trabajos que analicen en profundidad este debate.
  46. Integrada por los diputados José M. Estrada, José M. Corvalán, Eduardo Wilde, Miguel L. Noguera y Lucio V. López.
  47. Tomado de Varela en Varela, Luis V., La democracia práctica… Op. Cit., pp. 160-161.
  48. Sobre la recepción de Stuart Mill en Francia véase Guillin, Vincent y Souafa, Djamel, “The Reception of John Stuart Mill in France concerning Mill’s On Representative Government”, disponible en http://www.booksandideas.net/The-Reception-of-John-Stuart-Mill.html.
  49. Énfasis y traducción nuestras.
  50. Borély, Jules, Nouveau Système Electoral: Representation Proportionelle de la majorité et des minorités, Paris, Libraire-Éditeur Germer Bailliére, 1870, p. VI.
  51. El “Doble Voto Simultáneo” es conocido por ser la base del procedimiento electoral empleado en algunos países como Uruguay y Argentina, y que en ocasiones cobró el nombre de Ley de Lemas. En Argentina el sistema se hizo conocido cuando, a fines de siglo XX, se incorporó para la elección de gobernadores y legisladores en once de las veinticuatro provincias de la República. Sin embargo, después de una explosión de reformas electorales que tendían a incorporar el DVS, fue eliminado parcial o totalmente de las leyes electorales que lo estatuían. Es más conocido en Uruguay, donde recibió consagración legislativa en la Ley de 11 de julio de 1910 y luego en 1918, cuando se incluye por vez primera en la constitución nacional, y después de varios años de ser promocionado por el dirigente nacionalista Justino Jiménez de Aréchaga, influido por La Democracia Práctica de Luis V. Varela. Poco se ha escrito, sin embargo, respecto de su historia en general, y de Borély, en particular. Lo poco que se sabe está vinculado a la experiencia uruguaya. Véase entre otros Urruty, Carlos A., “El sistema electoral uruguayo”, en Justicia Electoral, 10, 1998, pp. 5-14; Buquet, Daniel, “El doble voto simultáneo”, en Revista SAAP, 1 (2), Octubre 2003, pp. 317-339; Reynoso, Diego, “Las desventajas del ‘Doble Voto Simultáneo’. Argentina en perspectiva comparada”, en Perfiles Latinoamericanos, 24, Junio 2004, pp. 67-83.
  52. Borély, Jules, Op. Cit., pp. 82-83, 95-96.
  53. Ibíd., pp. 86-87.
  54. Al respecto, Rosanvallon ha dicho que, desde los comienzos de la Revolución Francesa, y durante buena parte del siglo XIX, las instancias susceptibles de competir con la expresión legal de la voluntad general fueron impugnadas. La constitución de “cuerpos intermedios” políticos era percibido como una amenaza. En este sentido, mientras que la democracia directa remite a la utopía de un pueblo continuamente activo y rechaza toda delegación, con la Revolución triunfa un ideal de democracia inmediata, que significa que el pueblo puede expresarse en un cuerpo unido que no se puede descomponer y, por ende, al mismo tiempo que rechaza toda interfaz, rechaza toda reflexividad de lo social. Véase Rosanvallon, Pierre, El modelo político francés: la sociedad civil contra el jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 51-69. Sobre el sistema de comités electorales en Francia en general y la cuestión de la representación política, véase entre otros Huard, Raymond, “Las prácticas del sufragio universal en Francia entre 1848 y 1914. Avances pioneros, novedades provisionales, proyectos inacabados”, en Forner, Salvador (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa, siglos XIX y XX, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997, pp. 47-71 y Rosanvallon, Pierre, La democracia inconclusa. Historia de la soberanía del pueblo en Francia, Buenos Aires, Taurus, 2006. (2000).
  55. “He constatado anteriormente cómo, bajo la influencia de las actuales leyes o sistemas ya propuestos, las coaliciones son peligrosas y sin embargo inevitables, cómo el rol de los comités es excesivo y sin embargo legítimo, cómo la servidumbre del elector es humillante y sin embargo obligatoria”, Borély, Jules, Op. Cit., pp. XVI-XVII. Traducción nuestra.
  56. Ibíd., pp. 40-45.
  57. Ibíd., pp. 46-54.
  58. El proyecto finalmente sancionado estableció un sistema de escrutinio por listas de candidatos y con las mismas operaciones de división que había ideado el proyecto originario de la Comisión de Negocios Constitucional, destinadas a establecer la cuota de proporción correspondiente a cada una de las listas. Pero tenía una modificación fundamental, en cuanto primero declaraba electo a aquellos candidatos que, habiendo alcanzado el cuociente electoral, figuraran en más de una lista. Sólo una vez realizado ello se pasaba a determinar la cantidad de escaños correspondientes a cada una de las listas y a realizar las proclamaciones restantes.
  59. Entre sus fuentes, Varela cita, entre otros, a The Election of representatives de Thomas Hare (1873); Thoughts on Parlamentary reform (1859), Recent writers on reform, Speech in the House of Commons (1868), todos de John Stuart Mill; On methods of electing representatives (1868) y Proportional representation applied to the election of local governing bodies (1871) de Richmond Droop, Proportional representation in large constituencies (1872) de Walter Baily, Travaux de l’Association reformiste de Genève (1871) de Ernest Navile.
  60. Ibíd., p. 11. Énfasis original.
  61. Ibíd., pp. 12-13.
  62. “el día en que el gobernante ocupa el mando, ya no representa intereses limitados, ya no representa al partido que le ha elejido. Su misión es gobernar para todos, puesto que la soberanía la ejerce en nombre de todos”. Ibíd., p. 174. Énfasis original.
  63. Concepción que, por otro lado, ya había sido denunciada en su momento por Hare y Mill por no corresponderse con la realidad.
  64. Ibíd., p. 293.
  65. Ibíd., pp. 322-323.
  66. Ibíd., p. 334.
  67. Ibíd., p. 341.
  68. Ibíd., p. 435.
  69. Ibíd., pp. 409-410.
  70. Ibíd., p. 417.
  71. Ibíd., pp. 448-453.
  72. Al respecto, véase entre otros: Halperín Donghi, Tulio, Tradición política española e ideología de mayo, Buenos Aires, Prometeo, 2009 (1961); Lefort, Claude, ¿Permanece lo teológico-político?, Buenos Aires, Hachette, 1988. (1981) y La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, Barcelona, Anthropos, 2004; Gabriel Entin, La République en Amérique Hispanique. Langages politiques et construction de la communauté au Rio de la Plata, entre monarchie catholique et révolution d’indépendance, Tesis doctoral inédita, École des hautes études en sciences sociales, 2011.
  73. Entre otros: Schmitt, Carl, The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge, The MIT Press, 2000. (1923); Manin, Bernard, The principles of representative government, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; Rosanvallon, Pierre, La democracia inconclusa… Op. Cit. y El modelo político francés… Op. Cit; Palti, Elías, El tiempo de la política… Op. Cit.
  74. Rosanvallon, Pierre, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia, México, Instituto Mora, 1999, p. 15.
  75. Rosanvallon, Pierre, El modelo político… Op. Cit.
  76. Palti, Elías, “¿De la República posible a la República verdadera? Oscuridad y transparencia de los modelos políticos”, en Revista Historia Política, 2007, disponible en http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/palti.pdf.
  77. Para el caso argentino, véase especialmente Cucchi, Laura, Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2015.
  78. Halperín Donghi, Tulio, Una nación para el desierto argentino, Buenos Aires, CEAL, 1982.


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