1. Una nueva actividad laboral

Condiciones pol铆ticas y empresarias para su surgimiento hacia el final del siglo XX

驴C贸mo constituir una actividad laboral cuando a煤n no existe?

Hipotetizando sobre sus posibilidades de surgimiento, podr铆amos se帽alar que, quiz谩s, si se canalizaran ciertas fuerzas, en formaci贸n o ya existentes, en direcci贸n a determinados objetivos, esa actividad aparezca. Pues bien: las empresas de CCs, tal como las conocemos en la actualidad, surgen en los a帽os de la d茅cada de los noventa en Argentina. Con ello, se configurar谩 una novedosa actividad laboral.

En este primer cap铆tulo nos enfocamos en las condiciones que posibilitan su surgimiento. No es una mera contextualizaci贸n que cubre el per铆odo 1994-2001. Se trata, mejor, de ligar dicho surgimiento a fuerzas pol铆ticas y empresarias. En un proceso particular atravesado por transformaciones pol铆ticas, econ贸micas y laborales, los objetivos estrat茅gicos de los distintos gobiernos nacionales podr谩n vincularse a las formas de competencia empresarial, a su organizaci贸n y funcionamiento.

No queremos se帽alar con ello que se logre una identidad plena de intereses en torno al impulso de una nueva actividad laboral. Lo que buscamos resaltar es que, en su heterogeneidad de objetivos, las acciones pol铆ticas y las acciones empresariales logran volverse complementarias para producir como efecto la aparici贸n de las empresas de CCs.

a) Objetivos estrat茅gicos del gobierno nacional

Uno de los organismos internacionales a los que el gobierno nacional intentaba sumarse como miembro pleno a mediados de la d茅cada de los noventa, la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos聽(OCDE)[1], ofrec铆a en aquellos a帽os la siguiente definici贸n sobre lo que significaba la regulaci贸n:

“鈥la]聽regulaci贸n refiere a un conjunto diverso de instrumentos por los cuales los gobiernos establecen normas a empresas y ciudadanos. Las regulaciones incluyen leyes, 贸rdenes formales e informales y reglas subsidiarias emitidas por todos los niveles de gobierno […]聽La desregulaci贸n es un subconjunto de la reforma regulatoria y refiere a la eliminaci贸n total o parcial de la regulaci贸n en un sector para mejorar el rendimiento econ贸mico”[2].

La definici贸n dada por la OCDE resalta la regulaci贸n como mecanismo para establecer normas para empresas y ciudadanos, mediante distintos niveles de gobierno. La misma definici贸n tambi茅n nos indica que la desregulaci贸n no designa una no-regulaci贸n, sino un tipo diferente de regulaci贸n, en funci贸n del rendimiento econ贸mico.

Establecer nuevas normas de eficiencia econ贸mica ha sido, quiz谩s, el efecto m谩s decisivo de la reorientaci贸n de las fuerzas pol铆ticas, econ贸micas y laborales en los a帽os noventa en Argentina.

Este聽libro comienza temporalmente su cronolog铆a hist贸rica en el final del primer per铆odo presidencial de Carlos Menem (1989-1995) y se extender谩 plenamente por el segundo per铆odo presidencial del mismo presidente, pues resulta reelecto (1995-1999). Menem proviene de uno de los partidos pol铆ticos que m谩s ha gobernado a nuestro pa铆s, el Partido Justicialista (PJ). El PJ, hist贸ricamente asociado en sus gobiernos a la expansi贸n de formas de intervenci贸n directa sobre la econom铆a 鈥揺specialmente fomentando ciertas pol铆ticas de industrializaci贸n orientadas al mercado interno-, se reconvierte durante la presidencia de Menem. Quiz谩s s铆mbolo de ello sean dos de las primeras leyes sancionadas en su gobierno: la Ley de Emergencia Econ贸mica y la Ley de Reforma del Estado. La primera, entre sus aspectos centrales, suspende los reg铆menes de promoci贸n industrial, regional y distintos tipos de subsidios otorgados por el gobierno nacional, as铆 como suspende beneficios para las manufacturas nacionales en las compras estatales, y fomenta la llegada de inversiones extranjeras. La segunda ley, fijar谩 el marco normativo para la privatizaci贸n de numerosas empresas p煤blicas[3].

En esta direcci贸n, ambos per铆odos presidenciales presentar谩n ciertas continuidades. Los atraviesan reformas en l铆nea con el denominado Consenso de Washington (CW), iniciadas a comienzos de los a帽os noventa, y profundizadas por las pol铆ticas de su segunda presidencia. El CW se vuelve un nuevo paradigma econ贸mico-social que se instala como n煤cleo de ideas predominantes en aquellos a帽os en Argentina y Latinoam茅rica[4]. El diagn贸stico del gobierno nacional durante varios a帽os de gesti贸n ininterrumpida -y pese a tener ya por los a帽os 1994-1995 un deterioro evidente de los indicadores laborales y sociales- insist铆a en la misma l铆nea de estas ideas.

Dicho diagn贸stico se帽alaba que la econom铆a estaba trabada por una relaci贸n inadecuada entre la burocracia estatal y las empresas privadas: aquella se hab铆a involucrado con escasa eficacia en actividades productivas (propias del sector privado) y estas 煤ltimas se hab铆an acomodado a esta coyuntura desarrollando una serie de comportamientos poco competitivos.

Las principales recetas de pol铆tica econ贸mica procuraban, por un lado, lograr una 鈥渆stabilizaci贸n鈥 macroecon贸mica: mantener el d茅ficit p煤blico bajo, recortar el gasto p煤blico, controlar la inflaci贸n con un tipo de cambio estable, equilibrar la balanza externa de pagos. Por otro lado, se prescrib铆a profundizar las denominadas reformas estructurales: continuar y extender los planes de privatizaciones para vender las empresas p煤blicas, y as铆 mejorar el funcionamiento de los servicios a trav茅s de la gesti贸n privada y aliviar la carga de recursos p煤blicos para sostener a dichos servicios deficitarios; profundizar la llamada 鈥渄esregulaci贸n鈥 de la econom铆a, al eliminar organismos y reglamentaciones en determinadas actividades, lo cual introducir铆a competencia en el sector privado y fomentar铆a un incremento de la productividad; mantener una apertura econ贸mica plena, al eliminar aranceles al ingreso de mercader铆as importadas, obligando a las empresas nacionales a bajar costos, y aumentando al mismo tiempo la disponibilidad de bienes para consumo local; mantener sin mayores controles al mercado de capitales, lo que permitir铆a captar dinero financiero global; y, por 煤ltimo, profundizar la flexibilizaci贸n laboral, la cual, entre otras cosas, contribuir铆a a aumentar la demanda de trabajadores, ya que las empresas no tendr铆an la obligaci贸n de agregarlos en forma permanente a su n贸mina de empleados en relaci贸n de dependencia, mejorando el costo del trabajo.

A estos objetivos de los gobiernos nacionales, que priorizan la transferencia al sector privado de componentes esenciales en el funcionamiento de la econom铆a (y con ello le otorgan una mayor influencia para orientar las pol铆ticas econ贸micas y gestionar el mercado laboral), se le debe sumar la pretensi贸n de imponer determinados dise帽os institucionales en l铆nea, nuevamente, con las recetas de los organismos financieros internacionales. La denominada 鈥渄escentralizaci贸n estatal鈥 implic贸 que ciertas 谩reas que previamente manejaba el gobierno nacional se transfieran a instancias de gobiernos provinciales y municipales (especialmente en materia sanitaria, educativa y de seguridad 鈥揷abe a帽adir, sin el presupuesto adecuado-), y que se pondere, al mismo tiempo, un nuevo tipo de conducci贸n de tipo empresarial del aparato estatal que, por ejemplo, tienda a captar descentralizadamente inversiones internacionales[5]. Esto 煤ltimo tendr谩 ciertos efectos sobre la actividad de CCs, que se visibilizar谩n especialmente al generalizarse la actividad, cuesti贸n que veremos en la segunda parte de este聽libro, pero que ha echado sus ra铆ces en estos a帽os.

Si retomamos la f贸rmula de la OCDE citada al comienzo de este apartado, estos objetivos de gobierno, llevadas a cabo en continuado durante toda la d茅cada final del siglo XX,establecieron reglas que condicionaron la conducta para los ciudadanos, las empresas, los colectivos laborales y las instancias pol铆ticas de gobierno, y redefinieron los esquemas de poder preexistentes. Especialmente decisivo en este aspecto result贸 el llamado Plan de Convertibilidad, que entra en vigencia en abril del a帽o 1991, y que se mantuvo hasta el a帽o 2001, el cual establec铆a la paridad cambiaria fija de un d贸lar igual a un peso, refrendado por una ley que no permit铆a emitir dinero ni devaluar la moneda (toda la circulaci贸n monetaria en pesos deb铆a tener su respaldo en d贸lares en reservas del Banco Central). As铆, si crec铆a la econom铆a (y con ello aumentaba la base monetaria circulante en pesos) el gobierno nacional deb铆a procurar aumentar las divisas; por el contrario, en per铆odos recesivos, las pol铆ticas monetarias y cambiarias no permit铆an retomar f谩cilmente la senda del crecimiento[6]. Este funcionamiento result贸 una estrategia clave del gobierno nacional, en tanto implicaba conformar una serie compleja de alianzas pol铆ticas, econ贸micas y sociales, subordinadas a obtener financiamiento externo de los organismos internacionales de cr茅dito a trav茅s del endeudamiento, o bien, obtener divisas v铆a las privatizaciones de los servicios p煤blicos. Establecidas as铆 las reglas de juego se vuelve m谩s comprensible el alineamiento con los organismos internacionales, que act煤an como actores pol铆ticos prescriptores de objetivos de gobierno en pol铆tica econ贸mica.

Las sucesivas crisis econ贸micas internacionales de estos a帽os -con centro en M茅xico en el a帽o 1994, en Rusia en el a帽o 1998 y en Brasil en el a帽o 1999-, donde se retra铆a el cr茅dito externo, se mostraban como s铆ntomas de las fisuras que ten铆a este esquema de poder por su impacto en distintos indicadores socioecon贸micos de nuestro pa铆s.

Resulta ineludible hacer referencia a un sistema de funcionamiento econ贸mico previo, con indudables filiaciones en pol铆tica econ贸mica respecto al que describimos aqu铆: nos referimos a la denominada Dictadura Militar (1976-1983), siendo una de las principales medidas de pol铆tica econ贸mica de aquel per铆odo (simb贸lica, en tanto expresa las continuidades marcadas) la reforma del sistema financiero del a帽o 1977, tomada por el Ministro de Econom铆a, Alfredo Mart铆nez de Hoz. En un primer momento, la medida consisti贸 en la liberaci贸n de tasas bancarias; luego, de manera gradual, se levantan las restricciones al movimiento de capitales con el exterior 鈥搇o que posibilita un endeudamiento del sector privado en el mercado internacional de capitales- (Canitrot, 1983, pp. 31-32). Paralelamente se elimina la nacionalizaci贸n de los dep贸sitos bancarios y se reduce la capacidad del gobierno nacional para controlar la tasa de inter茅s -el Banco Central pierde capacidad para ejercer pol铆tica monetaria- (Arceo, Monsalvo, Schorr, Wainer, 2008, p. 21). En conjunto, estas medidas permitir谩n hacer m谩s negocios a trav茅s de mecanismos que no hacen eje en la producci贸n: en cambio si posibilitan mayores negocios y mayor rentabilidad al sector financiero, y en efectos se expanden empresas ligadas a negocios financieros (entidades privadas bancarias y no bancarias, nacionales e internacionales).

Recordemos, finalmente, que el funcionamiento econ贸mico establecido en esos a帽os por la que fue la m谩s sangrienta de las dictaduras militares argentinas se propuso lograr un disciplinamiento social, especialmente dirigido a los trabajadores: se intervino la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) y se persigui贸 y desapareci贸 a miles de activistas sindicales y delegados de f谩brica, se congel贸 fuertemente el salario real, se dejaron de realizar convenios colectivos de trabajo para dar lugar a que cada empresa resuelva su situaci贸n salarial, entre otras cosas (Canitrot, 1983, pp. 22-23).

Volvamos al per铆odo de nuestro聽libro.

En el a帽o 1999 cambia el elenco de gobierno nacional, e incluso el signo pol铆tico triunfante. Es el per铆odo presidencial de Fernando De la R煤a (1999-2001), de extracci贸n del otro partido pol铆tico que hist贸ricamente m谩s ha gobernado a nuestro pa铆s, la Uni贸n C铆vica Radical (UCR). Cabe aclarar que De la R煤a llega al gobierno a trav茅s de una coalici贸n con otro partido pol铆tico, el Frente Pa铆s Solidario (Frepaso). De las filas de este partido, de formaci贸n reciente 鈥揺n esta misma d茅cada de los a帽os noventa- surge el vicepresidente electo, Carlos 脕lvarez, quien renunciar谩 a su cargo en el a帽o 2000, principalmente en desacuerdo con el proceso de sanci贸n de la denominada Ley 25.250 (sobre la que denunciar谩 sobornos para su aprobaci贸n) que intenta profundizar las reformas laborales iniciadas por el gobierno anterior, ley sobre la que profundizaremos en el pr贸ximo apartado.

No obstante dicho cambio de elenco gobernante, en sus lineamientos generales, se contin煤a la orientaci贸n pol铆tico-econ贸mica del anterior gobierno de Menem. La ley de reforma laboral reci茅n mencionada es quiz谩s un s铆mbolo de estas continuidades.

Quiz谩s el punto de continuidad m谩s marcado en el ejercicio del gobierno nacional haya sido la prioridad de mantener la moneda estable: el objetivo en materia de pol铆tica monetaria era no emitir dinero ni devaluar la moneda. Sin realizar modificaciones sobre ello ni implementar instrumentos diferentes de pol铆tica econ贸mica, la estrategia del gobierno se vuelca a profundizan algunas de las reformas ya emprendidas, siendo las m谩s significativas las nuevas privatizaciones de servicios p煤blicos, una aceleraci贸n de la privatizaci贸n del sistema previsional (el anterior sistema p煤blico de gesti贸n de los fondos previsionales se hab铆a reglamentado en el a帽o 1994, durante el anterior gobierno) e intentos de profundizaci贸n de la flexibilizaci贸n laboral. Todos estos objetivos de pol铆tica econ贸mica ten铆an en com煤n la misi贸n de achicar el gasto p煤blico.

Pero el necesario financiamiento externo para conservar la estabilidad monetaria se cierra durante el gobierno de De la R煤a. La traba que genera para el funcionamiento econ贸mico este hecho viene a visibilizar un fen贸meno m谩s amplio, que culmina en una crisis en el a帽o 2001 con amplias derivaciones: se desarma el entramado de pol铆ticas econ贸mico-financieras en las que se sustenta la econom铆a, y ya no se podr谩 revitalizarlas. Como muestra: el principal instrumento de pol铆tica econ贸mica, el Plan de Convertibilidad, se derrumbar谩. Con ello se modificar谩 todo el sistema de alianzas pol铆ticas, econ贸micas y socio-laborales y las estrategias de los gobiernos nacionales (en sus procedimientos y objetivos). En suma, el esquema de relaciones de fuerzas pasar谩 a ser otro (lo veremos acabadamente en la pr贸xima parte de este聽libro).

Expuesto el marco general de los objetivos de los sucesivos gobiernos nacionales en estos a帽os, ahora volvamos un paso atr谩s.

Es dentro de esta orientaci贸n estrat茅gica general del gobierno nacional que comenzar谩 la construcci贸n de la actividad de los CCs. Todo lo detallado tendr谩 sus efectos sobre esta actividad, con mayor o menor inmediatez. S贸lo rese帽amos ahora dos acciones puntuales, que han incidido de manera m谩s directa en ello en estos a帽os (a煤n cuando no est谩n focalizadas exclusivamente hacia esta actividad).

Una de las primeras vinculaciones entre las acciones del gobierno nacional y la actividad de CCs es el largo proceso de lo que se denomin贸 la 鈥渄esregulaci贸n de las telecomunicaciones鈥: cabe se帽alar que este proceso se inscribe en un per铆odo de transformaciones en aspectos de pol铆tica econ贸mica y gesti贸n de las actividades econ贸micas donde gana protagonismo el sector privado sobre el p煤blico, los servicios y las finanzas por sobre la industria, as铆 como tambi茅n en cambios tecnol贸gicos aplicados a la producci贸n de bienes y servicios (la nueva centralidad de la microelectr贸nica, las telecomunicaciones, los procesamientos inform谩ticos en los procesos de producci贸n[7]) que cambian la ecuaciones de rentabilidad en las empresas, proceso que se acelera desde la d茅cada del setenta en Argentina, Latinoam茅rica y el mundo, y del que diversos autores han dado cuenta[8].

En lo esencial para nuestro聽libro, digamos que el rumbo seguido logr贸 ampliar el poder de las empresas de servicios, especialmente de aquellas que utilizan el tel茅fono como medio de trabajo.

La privatizaci贸n de un servicio p煤blico como era la empresa nacional de telecomunicaciones (Entel) en el a帽o 1990 dio lugar a la entrada al negocio de dos empresas privadas (Telef贸nica, de capitales espa帽oles y Telecom, de capitales franceses e italianos). La suba de las tarifas que se les concede, junto a otorgarles el duopolio del mercado por siete a帽os (con una pr贸rroga de tres a帽os m谩s), medidas tomadas por el gobierno de Menem al privatizarlas, les posibilita a las empresas realizar inversiones en nuevas l铆neas telef贸nicas[9]. Tambi茅n les permite, al operar con una alta rentabilidad, modernizar sus servicios tecnol贸gicos, disminuir sus dotaciones de personal y tener pol铆ticas m谩s agresivas para captar clientes[10]. Nuevas modalidades de trabajo, nuevas formas de organizarlo y obtener productividad, nuevos servicios y mercados de clientes se desprender谩n de ello.

En el a帽o 1998 la ley n煤mero 25.000 sanciona un horizonte de mayor competencia, en el marco de la aplicaci贸n de un acuerdo internacional sobre el comercio de servicios en materia de telecomunicaciones, adoptado en Ginebra (Suiza) en el a帽o 1997 y alineado a protocolos establecidos por la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC). La ley abre, a nuevas empresas interesadas, la posibilidad de brindar servicios telef贸nicos locales, de larga distancia nacional y de telefon铆a internacional, desde finales de los a帽os 2000[11]. El gobierno de De la R煤a efectivizar谩 鈥搉o sin quejas de las empresas que perder谩n su duopolio- la nueva desregulaci贸n de telecomunicaciones v铆a el decreto 764/00. Esto 煤ltimo producir谩 un nuevo impulso a la demanda de servicios de CCs[12].

Podr铆amos resumir otras estrategias de los gobiernos nacionales que guardan v铆nculos en relaci贸n con la consolidaci贸n de las empresas de CCs, como las acciones orientadas a la construcci贸n de una suerte de 鈥渃iudadano-cliente鈥, al sancionar leyes que establecen derechos y reglas de conducta a obedecer por parte de aquel. En efecto, esta figura se vuelve, cada vez m谩s, un asunto legal que homologa reglamentaciones y normas de calidad que rigen a escala global: si los gobiernos pol铆ticos deb铆an adoptar formas de gesti贸n empresariales, no parec铆a incoherente que los ciudadanos se vuelvan clientes, nuevamente en sinton铆a cercana a las concepciones de los organismos internacionales de cr茅dito[13].

Esta perspectiva comienza a cristalizarse en 1993 con la Ley de Defensa del Consumidor (Ley n煤mero 24.240) que, entre otras cosas, otorga impulso a la demanda de servicios de CCs entre las grandes empresas, que deben garantizar los derechos al consumidor al comprar un bien o servicio, y muchas instalan el n煤mero 0-800 para proveer un canal gratuito de comunicaci贸n entre los consumidores y las empresas.

Contin煤a en el a帽o 1999, con la sanci贸n de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley n煤mero 25.156) que, si bien prescribe comportamientos en funci贸n de la libre competencia empresaria, postula como horizonte del beneficio de la regulaci贸n a los consumidores, a quienes los asocia, como autoridad de aplicaci贸n, a dicha defensa de la competencia y a la 鈥渢ransparencia鈥 de los mercados.

Finalmente se consolida, en el a帽o 2000, con la Ley de Protecci贸n de Datos Personales (Ley n煤mero 25.326), que sanciona la necesidad de una regulaci贸n sobre un c煤mulo mayor de datos del cliente que circulan en la sociedad, especialmente entre las empresas privadas. Permite, al mismo tiempo, que los CCs, como centros de almacenamiento de informaci贸n de clientes, puedan legitimarse como actividad laboral especializada y ajustada a la ley.

La dimensi贸n legal poco nos dice sobre el cumplimiento efectivo de las m煤ltiples reglamentaciones, pero nos advierte sobre un nuevo tipo de construcci贸n y gesti贸n de esta figura del ciudadano-cliente.

En suma, los objetivos estrat茅gicos de los gobiernos nacionales aqu铆 detallados ser谩n pilares en las formas que adquiera la construcci贸n de la actividad de los CCs. Esto no nos debe confundir. No se est谩 煤nicamente privilegiando un sector, una actividad, un tipo de empresa, sino algo m谩s profundo: se han reencauzando ciertas fuerzas pol铆ticas, econ贸micas y sociales. En este marco, la esfera laboral se ver谩 profundamente transformada. Dada su importancia como centro constitutivo del trabajo, le dedicamos por entero el pr贸ximo apartado.

b) La 鈥渞igidez鈥 de la esfera laboral

“Si desapareciera la confianza en el plan [de Convertibilidad], profundizar铆amos las reformas estructurales. La respuesta a una situaci贸n cr铆tica en el frente cambiario pasar谩 por ese lado. Impulsaremos con m谩s fuerza la reforma laboral, por ejemplo, antes de modificar el tipo de cambio”[14].

Ya en el a帽o 1994, quien era en ese entonces presidente del Banco Central, Roque Fern谩ndez, se mostraba como un activo defensor de la estabilidad monetaria del Plan de Convertibilidad, eje central estructurante del resto de las pol铆ticas econ贸micas. Si algo fallase, dicho plan no ser铆a cambiado, se profundizar铆an las reformas estructurales, de las que la reforma laboral era uno de sus 铆conos.

En el a帽o 1996, Fern谩ndez ser谩 designado nuevo ministro de econom铆a del gobierno nacional, reemplazando a quien hab铆a dise帽ado el Plan de Convertibilidad, Domingo Cavallo. Unos meses despu茅s, ya en el a帽o 1997, Erman Gonz谩lez se convertir谩 en el nuevo ministro de trabajo nacional, reemplazando a Armando Caro Figueroa, etiquetado en algunos medios como 鈥渓a cara de la flexibilizaci贸n laboral鈥[15], y quien hab铆a renunciado a su cargo disconforme por una coyuntural alianza entre el gobierno nacional y los sindicatos, que distorsionaba dicha flexibilizaci贸n en sus lineamientos originales.

Ambos nuevos ministros priorizaban el mantenimiento de los objetivos estrat茅gicos del gobierno de Menem, aunque ahora con la novedad de una desocupaci贸n y subocupaci贸n que hab铆a pasado de tasas cercanas al 10% en el a帽o 1994, a una desocupaci贸n en el a帽o 1996 del 17,1% y una subocupaci贸n ese mismo a帽o del 12,6% (v茅ase Anexo b, Figura 2A), lo que tensionaba ambas gestiones de forma dram谩tica, pues se mostraban dispuestos a mantener con ortodoxia los lineamientos pol铆ticos previos, pero al mismo tiempo declaraban querer disminuir el desempleo. Si ambas cuestiones aparec铆an vinculadas, es decir, si la implementaci贸n de medidas de pol铆tica econ贸mica se percib铆a como aquello que hab铆a tra铆do mayor desocupaci贸n y subocupaci贸n, la estrategia del gobierno nacional ver铆a afectada su legitimidad.

El ministro Fern谩ndez se帽alaba, a comienzos del a帽o 1997, que una de las claves para un aumento del empleo era la pol铆tica de flexibilizaci贸n laboral y las expectativas que sobre ello ten铆a el empresariado[16]. Los discursos econ贸mico-laborales ligados a esta perspectiva sosten铆an que la falta de flexibilidad del mercado laboral local era la causa determinante del bajo nivel de empleo, por tanto se deb铆a desregular este mercado. Hecho este diagn贸stico, se prescrib铆a luego como 煤nica salida posible una reforma laboral 鈥渇lexibilizadora鈥.

Esta estrategia general atraves贸 el 谩mbito laboral durante todo este per铆odo: las pol铆ticas sobre el mercado laboral se orientaban en funci贸n de este concepto. La flexibilizaci贸n fue quiz谩s una de las palabras m谩s ampliamente pronunciadas p煤blicamente en Argentina durante los a帽os abordados en esta primera parte. 驴A qu茅 alude?

Se puede definir como una suerte de cualidad personal de mayor movimiento, o bien como una cierta facilidad聽para聽adaptarse聽a聽distintas聽circunstancias: podr铆amos entenderlo como lo opuesto a cierta rigidez, del cuerpo, de las actitudes personales, del entorno[17]. Lo que atraviesa a todas estas acepciones es cierta disposici贸n al cambio.

Este concepto de flexibilizaci贸n ha sido cargado de una multiplicidad de significados desde los estudios del trabajo. En ellos, la flexibilizaci贸n define una multiplicidad de aspectos ligados al trabajo: desde una organizaci贸n del trabajo flexible que permite ajustarse a las demandas de consumo de forma 谩gil; pasando por flexibilidades a nivel salarial (por ejemplo, a partir de la posibilidad de definir una cierta heterogeneidad de las remuneraciones para id茅nticas tareas); tambi茅n la posibilidad de contar con trabajadores flexibles o polivalentes, con mayor cargas de trabajo, capaces de realizar distintas tareas secuencial o simult谩neamente; finalmente, entre los principales significados, alude a una flexibilidad tecnol贸gica, con m谩quinas capaces de ser programadas para la producci贸n de diversos bienes y servicios (dos textos que muestran la diversidad de aspectos desde donde se puede estudiar la flexibilidad en relaci贸n al trabajo son: Panaia, 1996 y Palomino, 2004). La implementaci贸n de todos estos aspectos, si bien ineludiblemente ligados a las distintas coyunturas socioecon贸micas de un pa铆s, se definen en mayor medida dentro de los l铆mites de cada empresa (y los iremos abordando en buena medida en los siguientes dos cap铆tulos de este聽libro).

Pero donde m谩s directamente pudieron incidir los objetivos estrat茅gicos de los gobiernos nacionales, que abordamos en este apartado, fue sobre las coyunturas laborales y sobre las modalidades legales del empleo. Este eje econ贸mico-legal fue el basamento para profundizar y extender los lineamientos de la flexibilizaci贸n laboral.

Los autores que han analizado este proceso resaltan, en el marco de una desocupaci贸n y subocupaci贸n en aumento, el retroceso del empleo asalariado registrado, la desvinculaci贸n creciente del salario a la cobertura social, la multiplicaci贸n de los contratos a tiempo determinado, la exacerbaci贸n de los reg铆menes de pasant铆as (que se vuelven m谩s largos y permisivos para el despido), la menor estabilidad del empleo, la fuerte extensi贸n de la jornada parcial de trabajo, la limitaci贸n de los aumentos salariales al incremento de productividad (v茅ase Arceo, Monsalvo, Schorr, Wainer, 2008, Pok y Lorenzetti, 2004, Palomino, 2004).

Pero estos resultados no sucedieron instant谩neamente.

El proceso de debates con actores pol铆ticos, laborales y empresariales se extender谩 durante toda la d茅cada de los noventa. Instalado fuertemente el paradigma de la flexibilizaci贸n laboral 鈥揳l menos entre los actores con peso en la toma de decisiones-, las diferencias se suscitaban en torno a cu谩l deb铆a ser su alcance (posible y deseable), en un juego de poder en el que tambi茅n interven铆a el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual ejerc铆a permanentes 鈥渞ecomendaciones鈥 sobre la forma que deber铆a adoptar la reforma laboral (recordemos su fuerte incidencia como organismo internacional con capacidad de otorgar cr茅dito: por ello se volv铆a un interlocutor v谩lido para el gobierno nacional).

En el a帽o 1995, a煤n durante la gesti贸n de los ya mencionados ministros Cavallo y Caro Figueroa, se sanciona ley n煤mero 24.465, que, en su art铆culo segundo sobre trabajo a tiempo parcial, b谩sicamente elimina dos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo favorables hacia el trabajador: por un lado, elimina la disposici贸n que impone que si la jornada pactada supera a la habitual, el empleador deber谩 abonar la remuneraci贸n correspondiente a un trabajador de jornada completa; por otro lado, reduce contribuciones patronales hacia la seguridad social para este tipo de trabajadores. Adem谩s elimina la disposici贸n que se帽alaba que los convenios colectivos de trabajo podr铆an determinar el porcentaje m谩ximo de trabajadores a tiempo parcial que en cada empresa pudiese haber, eliminando as铆 los l铆mites para esta modalidad contractual. Detallamos esta ley, en tanto el trabajo a tiempo parcial es la modalidad m谩s habitual de contrataci贸n en los CCs, y el modo de gesti贸n del trabajo m谩s 煤til de los agentes telef贸nicos, dado lo desgastante de la atenci贸n telef贸nica al p煤blico -sobre lo cual iremos profundizando a lo largo del libro-. Entonces, se beneficia a este tipo empresas ante un posible uso m谩s 鈥渇lexible鈥 que puedan tener del tiempo de los trabajadores, pero tambi茅n se los beneficia en cuanto a los menores costos laborales que se deducen de sus aportes.

Sigamos. A partir del a帽o 1997 se producen nuevas acciones legislativas en esta direcci贸n.

En las idas y vueltas sobre la reforma laboral se acusaba al ministro de trabajo Gonz谩lez de no haber avanzado lo suficiente, lo que era criticado tanto por Michel Camdessus y Stanley Fischer (n煤meros uno y dos del FMI, respectivamente), como por el propio ministro de econom铆a Fern谩ndez:

“Si se hubiese podido avanzar mucho m谩s [en la reforma laboral], mayor ser铆a la reducci贸n del desempleo. Creo que todo tipo de rigidez que se mantenga o que impida un mercado laboral m谩s fluido atenta contra la creaci贸n de puestos de trabajo”[18].

En el marco ya mencionado de deterioro de los indicadores laborales, se volv铆a prioritario 鈥揳l menos discursivamente- impulsar la creaci贸n de empleo. Lo est谩tico del mercado laboral deb铆a convertirse en fluido. La 鈥渞igidez鈥 deb铆a pasar a ser flexibilidad. Desde la 贸ptica de estos discursos, lo que traer铆a m谩s empleo obedec铆a a cambios respecto a los costos laborales. Veamos c贸mo se avanza sobre ello.

La ley n煤mero 25.013 se sanciona finalmente en el a帽o 1998. Principalmente limita la responsabilidad de las empresas, en obligaciones laborales y de seguridad social, cuando contraten servicios (referidos a su actividad principal o accesoria) a otras empresas (subcontratistas) y reduce indemnizaciones por despidos.

Esta ley marca un hito importante en el proceso de flexibilizaci贸n del mercado laboral, en tanto es un eslab贸n de los principales cambios en las leyes de contrato de trabajo en Argentina en referencia a la tercerizaci贸n de actividades laborales: se inscribe en el largo proceso (que comienza en los a帽os setenta y se mantiene durante todo el per铆odo abordado en esta parte I) de facilidades pol铆tico-legales obtenidas por las empresas para tercerizar servicios, donde una serie de leyes permiten pasar de la responsabilidad legal de las empresas contratantes al simple control de las condiciones laborales de sus propios trabajadores, pero que utiliza a trav茅s de servicios tercerizados[19]. Y es importante mencionarlo en el marco de nuestro estudio, en tanto los CCs tercerizadores, sobre los que aqu铆 nos enfocamos, se inscriben en este tipo de empresas subcontratadas.

Pero la historia de la reforma laboral prosigue.

Uno de sus art铆culos, y por los cuales se hab铆a logrado una trabajosa alianza 鈥揷lave para su sanci贸n legislativa- con la CGT, 贸rgano central de los trabajadores, es vetado por el presidente Menem: se elimina as铆 el art铆culo que le otorgaba a la CGT el car谩cter de 煤nico interlocutor v谩lido para negociar las convenciones colectivas de trabajo, tal como lo reclamaban el FMI y los grupos empresarios, siendo entonces las condiciones laborales m谩s factibles de ser negociadas por empresa, sin intervenci贸n de la CGT[20].

Sin embargo, los indicadores de empleo no mejoraron sustancialmente luego de sancionada la ley. Por un lado, luego del brusco salto regresivo en los niveles de desocupaci贸n y subocupaci贸n del bienio 1995-1996, no se pudo retornar a los niveles del a帽o 1994 (v茅ase Anexo b, Figura 2A). Por otro lado, respecto a la creaci贸n de empleo registrado, la tendencia general fue de un relativo estancamiento entre los a帽os 1996 y 1999 en todos los sectores de la econom铆a (v茅ase Anexo b, Figura 1A).

La administraci贸n posterior de De la R煤a continu贸 y profundiz贸 las pol铆ticas laborales en l铆nea con este proceso de reformas, orientando sus acciones a las que eran consideradas trabas al empleo, y que el gobierno de Menem no hab铆a podido superar.

En el a帽o 2000 fue sancionada la ley n煤mero 25.250[21], que, principalmente, extiende el plazo del per铆odo de prueba en el empleo hasta los doce meses (antes no superaba los seis meses), impone la negociaci贸n laboral por empresa (obstruyendo la negociaci贸n por actividad); restringe el ejercicio de la huelga (por ejemplo, al considerar la educaci贸n como 鈥渟ervicio esencial鈥 se eliminaba este derecho, de manera similar a lo sucedido con los servicios p煤blicos privatizados, que al volverse 鈥渟ervicios esenciales鈥 ve铆an limitadas sus facultades de protesta); la ley nuevamente deroga la aplicaci贸n de la norma m谩s favorable al establecer que en caso de competencia entre convenios de diferente 谩mbito ser铆a aplicable el de 谩mbito menor, aunque fuera peor; tambi茅n la ley deroga la regla de ultraactividad de los convenios colectivos tanto para los vigentes como para los futuros[22], entre otras cosas. Estas acciones iban en direcci贸n a disminuir los costos laborales empresariales y a evitar conflictos frente a un mercado laboral con mayores niveles de desocupaci贸n y subocupaci贸n.

Sin embargo, en paralelo a esta estrategia de profundizaci贸n de la reforma laboral, los niveles de desocupaci贸n y subocupaci贸n se aceleraron.

Resumamos su tendencia: en el a帽o 1994 exist铆a una tasa de desocupaci贸n del 10,7% y una tasa de subocupaci贸n del 10,2%; luego se disparan ambas tasas hacia valores muy altos, aunque relativamente m谩s estables desde el a帽o 1997 al a帽o 1999 鈥揺ntre 13 y 16% la desocupaci贸n, entre 13 y 14% la subocupaci贸n-; ya en el per铆odo presidencial de De la R煤a la desocupaci贸n, en el a帽o 2000, asciende al 15,4%, y la subocupaci贸n es del 14,5%. Luego, en el a帽o 2001, tenemos una desocupaci贸n de 16,4% y una subocupaci贸n de 14,9%. Y, finalmente, la inercia de esta pol铆tica econ贸mica muestra sus mayores efectos en el a帽o 2002: la desocupaci贸n llega hasta el 21,5% y la subocupaci贸n se dispara al 18,6% (v茅ase nuevamente Anexo b, Figura 2A). Por su parte, la generaci贸n de empleo registrado, luego de permanecer relativamente estancada entre los a帽os 1996 y 2001, cae abruptamente en el a帽o 2002, a partir de una pronunciada destrucci贸n de empleo en todos los sectores econ贸micos (V茅ase Anexo b, Figura 1A). As铆, la reforma laboral produce mayores tasas de desocupaci贸n y subocupaci贸n, y no genera mayor protecci贸n del empleo.

Y aqu铆 la aparente paradoja.

En este marco de transformaciones en la esfera laboral, nos encontraremos con los primeros cinco mil empleos que surgen desde las empresas de CCs[23]. En efecto, frente al deterioro generalizado del mercado laboral comienza a crecer el empleo en los CCs, y este crecimiento se inscribe en una l贸gica que trasciende a esta actividad, pero que es asequible a las pol铆ticas del gobierno nacional en esta etapa: en los hechos, se prioriza un tipo de empleo por sobre otros.

Entonces, en torno a volver inteligible esta aparente paradoja, en el apartado siguiente veremos c贸mo se acopla dicho ejercicio pol铆tico a la din谩mica en torno a las formas de competencia empresarial. Entre ambos, vis-脿-vis, se construir谩 el empleo priorizado.

c) Sobre las (nuevas) formas de competencia. Pol铆tica y empresa

Quiz谩s uno de los datos m谩s significativos en el 谩mbito econ贸mico-laboral de las 煤ltimas 鈥揳l menos- dos d茅cadas sea el ascenso de los llamados 鈥渟ervicios empresariales鈥[24]. Desde comienzos de la d茅cada de los noventa se produce un mayor peso de las inversiones extranjeras directas que circulan a nivel global en este sector (v茅ase Anexo b, Tabla 1A).

Se impone aqu铆 un breve repaso del proceso de ascenso de este sector que, como se intuir谩, estar谩 en estrecha relaci贸n con el surgimiento de las empresas de CCs.

Primer interrogante: 驴qu茅 derivaciones traer谩 este ascenso en torno a las modalidades organizativas de las empresas?

Distintos autores han estudiado los cambios en las formas de competencia empresariales en el marco de mercados (y clientes) menos estables y productos m谩s diferenciados (entre ellos, Coriat, 1994; Boscherini y Poma, 2000). Uno de los planteamientos que subyace a sus an谩lisis es que el mundo de la empresa ha cambiado, en consonancia, claro, con las transformaciones estructurales en el funcionamiento de la econom铆a y la esfera laboral que hemos venido mencionando. A la empresa ha entrado una mayor cuota de incertidumbre, y esto de varias maneras: no se sabe cu谩nto se vender谩, qu茅 productos se vender谩n, qu茅 tecnolog铆as se implementar谩n para obtener mayor productividad.

En sinton铆a con estos cambios y la mayor incertidumbre ocurrida, las formas de organizaci贸n empresariales tampoco podr谩n ser las mismas: algunas de las pr谩cticas habituales que se adoptan en las empresas son las de mayor disposici贸n para desarrollar nuevos productos y/o servicios, planificar ciclos de vida m谩s cortos de los mismos (en funci贸n de las mayores discontinuidades de la demanda), captar cuotas de clientes con estrategias de menor masividad y mayor personalizaci贸n.

Tambi茅n se producir谩 una competencia m谩s intensa en los servicios asociados a los productos, como por ejemplo los servicios de post-venta, de asistencia t茅cnica, de atenci贸n al cliente. Ello inducir谩 a las empresas a invertir en actividades perif茅ricas a su propio negocio principal, que incluir谩n actividades diversas: servicios contables, legales, administrativos, t茅cnicos y procesos de negocios con diferentes niveles de complejidad. La competencia en este aspecto se trasladar谩 en buena medida a empresas tercerizadas 鈥揺n l铆nea con las facilidades dadas a este tipo de servicios que detallamos en el apartado anterior-. Las empresas contratantes ser谩n capaces de disociar el proceso productivo y delegar las actividades que menor rentabilidad le generen.

Por otra parte, los servicios sobre los que se establece la mayor competencia tienen algo en com煤n, consisten en tareas que comercializan informaci贸n, y ello se puede realizar a distancia: no se trata de servicios que necesiten instalarse en el lugar mismo del mercado al cual se orientan para cubrir el consumo de potenciales clientes, la cercan铆a f铆sica con 茅stos no es necesaria. Esto permite que las empresas tercerizadas tengan la posibilidad de desarrollar la relaci贸n con las empresas contratantes desde un lugar geogr谩fico diferente al del lugar de origen de estas 煤ltimas. Esto, entonces, suma a la posibilidad de tercerizaci贸n reci茅n se帽alada la deslocalizaci贸n de inversiones u offshoring[25] como otro c谩lculo clave en la competencia entre empresas al lograr disminuir sus costos; por ejemplo, el costo en salarios, diferente seg煤n el pa铆s o la ciudad desde donde funcione la empresa, encontrando tambi茅n la ventaja que en el lugar donde 茅sta se instale s贸lo debe tener la tecnolog铆a adecuada al proceso que se ha fragmentado[26].

Por 煤ltimo, entre las principales formas de competencia empresarial debemos referirnos a las estrategias frente al empleo. 脡stas se proponen lograr varios objetivos a la vez.

Mencionemos solamente tres de sus objetivos generales (en tanto las condiciones laborales en los CCs estar谩n directamente relacionadas a ellos): a) generar puestos laborales s贸lo para las actividades principales que realizan, las que le significan mayor rentabilidad (esto se asocia con la tercerizaci贸n reci茅n mencionada); b) flexibilizar la jornada laboral, al naturalizar el trabajo en domingos, feriados, promover el trabajo por turnos y redise帽ar los periodos de vacaciones a lo largo del a帽o en funci贸n de las necesidades empresarias (permite hacer frente durante un corto lapso a los picos de producci贸n); c) establecer salarios seg煤n el rendimiento, lo que posibilita un aumento de la productividad y diferenciar (volver heterog茅neo) el componente salarial de trabajadores que realizan actividades laborales similares.

Pues bien, las empresas de CCs tercerizadas formar谩n parte de este proceso: se trata de 鈥渟ervicios empresariales鈥 cuya actividad principal es ser el nexo de relacionamiento directo con los clientes de un variado racimo de empresas que los contratan (est茅n o no en el lugar de origen de las empresas contratantes a quienes brinden servicios, o est茅n o no en el lugar de residencia de los clientes a quienes se dirige su servicio). Sumado, entonces, a esta posibilidad de ser empresas que brindan servicios tercerizados y de deslocalizaci贸n, tambi茅n los CCs implementar谩n las formas de competencia empresarial frente al empleo que detallamos m谩s arriba. En base a estas correspondencias con estas nuevas condiciones empresariales, los CCs podr谩n comenzar a funcionar y obtener rentabilidad.

Estas nuevas formas de competencia empresarial no se restringen a un marco nacional, como se advertir谩 por los datos y caracter铆sticas que hemos ido identificando en este apartado. Y, en efecto, tambi茅n la actividad de los CCs estar谩 atravesada por una suerte de estructura global en nuestro pa铆s, tanto en su construcci贸n como en su generalizaci贸n, en funci贸n de los capitales de origen de las principales empresas que se van instalando aqu铆, como ya veremos en el siguiente cap铆tulo y en la segunda parte de este聽libro. Si bien existe actualmente una porci贸n no despreciable de empresas de CCs de capitales nacionales, 茅stas tambi茅n est谩n atravesadas por reglas de competencia de escala global[27].

Dicha estructura global no fue pura din谩mica de mercado: las empresas no estuvieron solas. Los gobiernos nacionales impulsaron este tipo de estructura en sinton铆a con su decidida orientaci贸n en pol铆tica exterior. Primero, el ya mencionado gobierno de Menem, y luego el gobierno de De la R煤a, promueven nuevas regulaciones para posibilitar la entrada de empresas internacionales (por ejemplo, como vimos en el primer apartado de este cap铆tulo, en torno a las privatizaciones de servicios p煤blicos, a la desregulaci贸n de las telecomunicaciones, a la sanci贸n de leyes en torno de la figura del ciudadano-cliente que homologan criterios internacionales) e intentan ubicarse frente al mundo como un pa铆s alineado con las estrategias de los organismos, pa铆ses, potencias, de alcance global, lo que se visibiliza a trav茅s de la alineaci贸n frente al CW, la apertura comercial externa, la relaci贸n con el FMI, el intento de ingreso a la OCDE, la alineaci贸n con la OMC, y a煤n hay m谩s ejemplos[28]. Entonces, los distintos gobiernos nacionales en este per铆odo, intentar谩n captar inversiones que las empresas realizan fuera de sus pa铆ses de origen. No queremos se帽alar con ello que hayan apuntado espec铆ficamente a captar empresas de CCs y hayan desarrollado estrategias coherentes y homog茅neas hacia el cumplimiento de este objetivo. M谩s all谩 de si fueran las inversiones principalmente deseadas o no, m谩s all谩 de si producen o no medidas espec铆ficamente dirigidas a los CCs, lo cierto es que los efectos de esta b煤squeda posibilitaron, desde la d茅cada de los noventa, un creciente peso de los flujos de inversiones internacionales en el sector de servicios que ha beneficiado a unos sectores de actividad econ贸mica por sobre otros: el sector de los 鈥渟ervicios empresariales鈥 gana lugar en la estructura econ贸mica y laboral argentina. Y la actividad de los CCs se inscribir谩 en este sector y en esta din谩mica.

Ya completo este marco de nuevas condiciones de posibilidad, nos vamos aproximando a visibilizar la emergencia de la actividad de los CCs, en los t茅rminos en que la conocemos actualmente.

d) Reflexiones sobre el Cap铆tulo 1

Que surja un nuevo tipo de actividad laboral con capacidad de generar empleo (donde previamente no exist铆an ni empresas ni empleos de este tipo) en el contexto del deterioro cada vez mayor del mercado laboral que se produce en estos a帽os, nos permite intuir que all铆 operan fuerzas que posibilitan una emergencia. Fuerzas conformadas por elementos heterog茅neos: pol铆ticas econ贸micas que profundizan tendencias estructurales de retraso de las actividades productivas y de expulsi贸n de los trabajadores del mercado de trabajo, cambios organizacionales y tecnol贸gicos en las empresas a nivel mundial, modificaci贸n de la legislaci贸n para afectar antiguos derechos laborales. Estos elementos lograr谩n articularse para conformar las condiciones pol铆ticas y empresarias necesarias para la construcci贸n de la actividad de los CCs.

Los objetivos estrat茅gicos de los gobiernos nacionales generaron menor empleo y menor protecci贸n del empleo, 驴qu茅 es, entonces, lo que potencian? Produjeron otras reglas de juego: no se trata de tal o cual medida econ贸mica aislada, sino de un nuevo conjunto de regulaciones. Sus estrategias establecer谩n otras reglas de actuaci贸n sobre la vida econ贸mica: pasando a actuar en mayor medida como articulador de nuevas inversiones, componiendo una renovada figura legal del 鈥渃iudadano-cliente鈥, introduciendo activamente l贸gicas flexibles en esferas de la sociedad, como la laboral, que operaban hasta entonces con regulaciones m谩s protectivistas.

驴C贸mo se relaciona ello con la posibilidad de establecer los cimientos para la construcci贸n de (nuevas) actividades laborales?

Las condiciones pol铆ticas estimulan al sector privado para que expanda sus propias l贸gicas de funcionamiento en la sociedad, es decir, lo estimula para que鈥βobierne m谩s! Y con ello queda abierta la posibilidad de desarrollar nuevas formas de competencia empresariales (en torno a los productos y servicios, a las localizaciones de las empresas, al tipo de empleo que generan).

Comenzamos a dar contenido a una de nuestras primeras hip贸tesis, a煤n con muchas carencias de informaci贸n, pero que iremos elaborando a lo largo de esta primera parte: la posibilidad para el surgimiento de empresas como la de los CCs se funda en una l贸gica empresarial, pero amparada en las acciones de los distintos gobiernos nacionales, que en esta etapa le allanan el camino.

Pero no nos adelantemos. Estas condiciones propicias poco nos dicen sobre las caracter铆sticas que asume la configuraci贸n de la actividad de los CCs. Debemos preguntarnos ahora: 驴c贸mo fue posible, deseable e instrumentalizable un esquema productivo donde se vuelven centrales los contactos directos entre las empresas y los clientes?


  1. Sobre esta intenci贸n de sumarse a la OCDE v茅ase diario La Naci贸n, edici贸n 15-10-1997.
    Disponible: http://www.lanacion.com.ar/78785-condicionan-el-ingreso-argentino-en-la-ocde [脷ltima visita: 7-8-2015].
  2. OCDE (1997) The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis, Par铆s, p. 6. (La traducci贸n es nuestra).
    Disponible:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/the-oecd-report-on-regulatory-reform_9789264189751-en#page1 [脷ltima visita: 18-3-2016].
  3. El marco de la sanci贸n de ambas leyes, en agosto y septiembre del a帽o 1989, estaba atravesada en buena medida por la denominada hiperinflaci贸n heredada del gobierno anterior (aumentos de precios que llegan a picos del 200% mensual a mediados de aquel a帽o).
    V茅ase ley 23.697: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/15/texact.htm. Y ley 23.696: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm [脷ltima visita a ambas: 18-5-2016].
  4. Para un detalle de las pol铆ticas econ贸micas prescriptas en el CW y una historia sobre sus or铆genes (desde la perspectiva de uno de sus impulsores) v茅ase John Williamson: The Washington Consensus as Policy Prescription for Development. Discurso en el Banco Mundial 13-1-2004.
    Disponible: http://www.petersoninstitute.org/publications/papers/williamson0204.pdf. [脷ltima visita: 7-2-2016].
  5. Carlos Vilas (2002) realiza un interesante an谩lisis de la denominada reforma estatal en funci贸n de una redefinici贸n de las relaciones de fuerza pol铆ticas que modifican los objetivos y procedimientos habituales del gobierno nacional, y que finalmente redundaron en un beneficio para el sector privado de la econom铆a.
  6. Para este 煤ltimo punto v茅ase el Art铆culo 4to de la Ley N潞 23.928 (o 鈥淟ey de Convertibilidad del Austral鈥). Disponible: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/328/norma.htm [脷ltima visita: 30-3-2016].
  7. Para un an谩lisis de largo plazo que combina transformaciones globales a nivel productivo, cambios organizativos basados en tecnolog铆a, trabajos novedosos y nuevos perfiles de trabajadores demandados (el caso de las empresas de telecomunicaciones parece ajustarse a ello) v茅ase Zukerfeld (2013, pp. 86-108).
  8. Para un mayor detalle sobre las caracter铆sticas de este tipo de proceso, as铆 como para observar sus efectos en t茅rminos de nuevas distribuciones de poder geopol铆ticas puede verse: Sassen (2010) y Castells (1995).
  9. A fines del a帽o 1993 exist铆an algo m谩s de cuatro millones de l铆neas en servicios de telefon铆a b谩sica (l铆neas fijas), valor que crece a casi siete millones a finales del a帽o 1997, y luego pasa a m谩s de ocho millones a finales del a帽o 2001. Paralelamente, a finales del a帽o 1993 exist铆an cerca de ciento cincuenta mil l铆neas en servicios de telefon铆a celular m贸vil, valor que crece a m谩s de dos millones a finales del a帽o 1997, y luego pasa a cerca de siete millones a finales del a帽o 2001. Fuente: Comisi贸n Nacional de Comunicaciones (CNC).
    Disponible: http://www.indec.gob.ar/nuevaweb/cuadros/14/sh_comunicac2.xls [脷ltima visita: 30-3-2016].
  10. Para un seguimiento de este proceso puede consultarse el documento gubernamental que reproduce extractos de las Memorias y Balances de Telef贸nica de Argentina S.A. en el per铆odo 1991-2003; y las Memorias y Balances de Telecom Argentina S.A. en el per铆odo 1993-2003.
    Para el primer documento v茅ase: http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/VariablesSignificativas-Telefonica.htm
    Para el segundo documento v茅ase: http://mepriv.mecon.gov.ar/entel/Mejorasenelservicio-Telecom.htm [脷ltimas visitas a ambos: 21-4-2016].
  11. Ley n煤mero 25.000.
    Disponible: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/51998/norma.htm [脷ltima visita: 30-3-2016].
  12. V茅ase Ynoub (2009). El autor detalla la proliferaci贸n de los CCs por el ingreso de nuevas empresas al mercado de telecomunicaciones, y tambi茅n alerta sobre el comienzo de la expansi贸n de convenios diferenciados dentro del sector de telecomunicaciones, por empresa, por sindicatos y por regi贸n (pp. 36-37).
  13. V茅ase Vilas (2002, especialmente pp. 61-64).
  14. Entrevista a Roque Fern谩ndez en diario P谩gina 12, edici贸n 3-4-1994. Extra铆do de Hern谩n Fair (2011) Dislocaci贸n, crisis y reformulaci贸n de la hegemon铆a menemista. De la crisis del Tequila, a las demandas sociales de un orden conservador. En Revista Trabajo y Sociedad N潞 17, vol. XV, Santiago del Estero (p. 191).
  15. V茅ase diario La Naci贸n, edici贸n 7-6-1998.
    Disponible: http://www.lanacion.com.ar/99204-caro-figueroa-de-la-politica-al-oro-la-empresa-y-los-libros [脷ltima visita: 30-3-2016].
  16. Entrevista a Fern谩ndez en diario La Naci贸n, edici贸n 6-1-1997.
    Disponible: http://www.lanacion.com.ar/61604-las-presiones-politicas-no-conmueven-a-fernandez [脷ltima visita: 29-12-2015].
  17. La Real Academia Espa帽ola, tiene seis acepciones para el concepto de 鈥渇lexible鈥. Cuatro de ellas se vinculan a lo que se帽alamos: 1. adjetivo (adj.). Que tiene disposici贸n para doblarse f谩cilmente; 2. adj. Que se adapta con facilidad a la opini贸n, a la voluntad o a la actitud de otro u otros. Car谩cter, persona flexible; 3. adj. Que no se sujeta a normas estrictas, a dogmas o a trabas. Ideolog铆a, legislaci贸n flexible; 4. adj. Susceptible de cambios o variaciones seg煤n las circunstancias o necesidades. Horario, programa flexible.
    Disponible: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=flexible [脷ltima visita: 29-12-2015].
  18. Entrevista a Fern谩ndez en diario P谩gina 12, edici贸n 4-3-1998.
    Disponible: http://www.pagina12.com.ar/1998/98-04/98-04-17/pag11.htm [脷ltima visita: 29-12-2015].
  19. V茅ase Basualdo, Morales, Esponda y Gianibelli (2015, p. 89).
  20. V茅ase diario P谩gina 12, edici贸n 23-9-1998.
    Disponible: http://www.pagina12.com.ar/1998/98-09/98-09-23/pag10.htm [脷ltima visita: 29-12-2015].
  21. Las caracter铆sticas de la ley 25.250, fueron rese帽adas a partir de la nota del especialista en derecho laboral H茅ctor Recalde. V茅ase: http://www.vocesenelfenix.com/content/reformas-laborales-durante-la-convertibilidad-y-la-posconvertibilidad. [脷ltima visita: 4-1-2016].
  22. La ultraactividad refiere al periodo de pr贸rroga que se establece desde que finaliza un convenio colectivo hasta que concluyen聽las negociaciones colectivas聽para acordar el siguiente (y mantiene vigentes las condiciones previas). De no existir (o limitarse su extensi贸n) podr铆an perderse derechos adquiridos del colectivo de trabajadores. Obliga, en definitiva, a negociar nuevas condiciones laborales.
  23. V茅ase el documento de la empresa Tecnovoz, proveedor de tecnolog铆a para CCs (junio de 2006). Disponible: http://www.tecnovoz.com.ar/wp-content/uploads/mercado/mercado5.html [脷ltima visita 17-3-2016].
  24. Mariano Zukerfeld realiza una serie de rigurosas indicaciones sobre las controversias con el agregado del sector servicios para comprender las sociedades actuales, y la necesidad de construir nuevas fuentes estad铆sticas con dos categor铆as centrales: sector informaci贸n y trabajo informacional. Todo esto toma sentido para nosotros al caracterizar las nuevas formas de competencia empresarial e inscribir a los CCs dentro de las mismas. (Cf. Zukerfeld, 2013, pp. 331-334). Por eso mantendremos el entrecomillado cuando nos refiramos a ello.
  25. Sobre este concepto y su relaci贸n con los CCs, v茅ase Del Bono y Henry (2009).
  26. Para todas estas caracter铆sticas de competencia entre las empresas, en estrecha vinculaci贸n con din谩micas econ贸micas globales, v茅ase especialmente L贸pez y Kosacoff (2008) y Kosacoff (2009).
  27. Cabe se帽alar tambi茅n la existencia de CCs que compiten a partir de modalidades de empleo 鈥渆n negro鈥 y/o alejados de toda reglamentaci贸n laboral. Aunque no cumplen los criterios de representatividad y relevancia que hemos definido para nuestro estudio, no desconocemos su existencia.
  28. Una reconocida estudiosa de los procesos econ贸micos globales como Saskia Sassen, nos advierte que la instalaci贸n de actividades econ贸micas globales en territorios locales requiere que se ponga en marcha 鈥溾na combinaci贸n particular de leyes, reglamentos, alianzas pol铆ticas y acuerdos extraoficiales鈥 (Sassen, 2010, pp. 13-14). Sus palabras se inscriben en un debate m谩s amplio acerca de lo que algunos se帽alaron como una retirada del Estado nacional frente a la entrada del sector privado global en la regulaci贸n de la econom铆a. Aqu铆 no profundizaremos puntualmente este debate, pero 鈥搒ostenidos por nuestro estudio de los CCs en Argentina- no suscribimos una lectura de dichos Estados como v铆ctimas de unas fuerzas globales incontrolables, sino como gobiernos pol铆ticos que activamente articulan este proceso.


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