La política, la economía y el trabajo en la Argentina de los años 2000

Cuatro presidentes en una semana (ninguno electo por vía democrática), desocupación y subocupación en niveles extremos de deterioro, caída del empleo registrado, niveles de consumo en vertiginosa caída. Los aspectos políticos, económicos, laborales y sociales presentan estos indicadores, síntomas de la crisis argentina del año 2001.

El año 2002 será el comienzo de una serie de reordenamientos políticos de enorme importancia que, en sus trazos generales, se mantendrán hasta el año 2010 (aunque se atravesarán distintas coyunturas económico-laborales).

Este nuevo escenario afectará las esferas de la política, la economía y el trabajo. En este capítulo haremos eje en estas transformaciones, intentaremos describirlas y caracterizarlas. Las nuevas formas de ejercicio gubernamental implicarán otras modalidades de conducción política, otras conductas empresariales, una política económica de nuevo tipo. Entre las estrategias desplegadas por estos años podremos resaltar las políticas orientadas al mayor consumo de la población, las políticas para introducir mejoras en un mercado laboral deteriorado, y una dinámica global de competencia empresarial potenciada.

Este cuadro pondrá en marcha un nuevo esquema de relaciones de fuerza que será compatible con la actividad de los CCs y, aún más, la consolidará. Nuevamente, no se trata de describir solamente un contexto donde esto sucede, se trata de volver inteligibles un conjunto de transformaciones en estrecha vinculación con la generalización de la actividad de los CCs.

Sin embargo, este sendero no estará exento de coyunturas políticas conflictivas, problemas económicos, disputas laborales: especialmente desde el año 2008 se visibilizarán algunos límites en este esquema de ejercicio gubernamental, que afectará particularmente a los CCs. No obstante, las estrategias de competitividad desplegadas en este período demostrarán ser efectivas para mantener la rentabilidad de la actividad.

a) Nueva conducción política, nueva política económica

Año 2002 en Argentina.

Una conducción política con fortaleza de ejercicio parece inviable. Luego de la salida adelantada del ex presidente De la Rúa a finales del año 2001, en medio de una crisis que afecta todos los ámbitos de la existencia de los individuos, una consigna repetida en la sociedad era “que se vayan todos”, en referencia a los elencos de gobierno político.

Pero, con más fuerza desde mediados del año 2003, una conducción política con fortaleza de ejercicio (e incluso revalidación electoral de sus políticas) fue viable. Y produjo una serie de modificaciones nodales en política económica. La política económica cambia de clave: del motor de la inversión empresarial al motor del mercado interno.

Si señalamos en el período previo abordado en este libro (véase especialmente el Capítulo 1 – Apartado a) un funcionamiento de la economía, con eje en el Plan de Convertibilidad, que privilegiaba al sector financiero (y la inversión en activos financieros dada la alta rentabilidad en intereses) en desmedro de los sectores productivos, esta estructura se modifica en estos años. La recuperación y fomento desde el gobierno nacional del sector industrial, así como la búsqueda de un crecimiento más autónomo y endógeno, basado en una demanda interna y en reducidas tasas de interés que otorgan mayor rentabilidad a los emprendimientos productivos, es evaluado por ciertos autores como una reversión del patrón o tipo de crecimiento seguido por nuestra economía desde mediados de los años setenta (Arceo, Monsalvo, Schorr, Wainer, 2008, pp. 67-74) y, también, como una adecuación a políticas que se inscriben en los procesos de sustitución de importaciones (Neffa y colaboradores, 2010).

Cualquiera fuera el nombre propuesto para el modelo económico implementado, lo cierto es que variarán los objetivos en política económica y con ello toda una serie de instrumentos para lograrlos, respecto a lo que describimos en el transcurso de los años noventa: si pudiésemos resumirlo en lo fundamental, deberíamos señalar que el objetivo general es fomentar el consumo de la población, y su instrumento principal el empleo. Y, en efecto, con esta política económica se logrará activar un ciclo de mayor empleo y de mejora del poder adquisitivo.

En este marco, las empresas de CCs –como veremos especialmente en el próximo capítulo- podrán consolidarse y crecer en sus niveles de empleo: los CCs se asociarán al mayor consumo de la población en la compra de productos y en el uso de servicios.

Pero volvamos a los comienzos de este período.

Una de las primeras intervenciones del gobierno nacional en el ejercicio de la presidencia de Eduardo Duhalde (2002-2003), surgido del PJ –y electo por el Parlamento Nacional luego del paso fugaz de otros tres presidentes-, es decretar el derrumbe del Plan de Convertibilidad, diferencia inicial en política económica respecto del período anterior: se abandona el tipo de cambio de “un peso-un dólar”, y se adopta uno nuevo administrado (inicialmente se pasa a un esquema de un dólar a tres pesos, quebrando la regla de paridad del anterior tipo de cambio fijo y único). La devaluación de la moneda produce un significativo aumento inicial de los precios, por tanto, una caída en el poder adquisitivo de los salarios. Casi simultáneamente, se crea y ejecuta el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), instrumentado en el marco de declaración de una emergencia no sólo ocupacional, sino también alimentaria y sanitaria^[1]. La necesidad de una política de ingresos para afrontar este conjunto de emergencias en la población se volvía evidente: a través del PJJHD los hogares recibirían dinero en efectivo, y rápidamente, más de dos millones de personas accedieron al mismo.

Cuando asume el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) la conducción política se afianzará. Respecto al esquema de política económica, se consolidará el consumo y, a la potenciación de las políticas de ingresos (ya presentes desde la anterior gestión de gobierno) se le sumarán políticas con eje en el empleo. En torno a ello se pondrán en marcha cada vez en mayor medida otros procedimientos de gestión, distintos al período de los años noventa.

Veamos algunos aspectos que nos revelan estos aspectos.

Durante todo este período se produjo la intervención de los distintos gobiernos nacionales para garantizar un mayor consumo de la población. Fomentar una mayor capacidad de los hogares para comprar bienes y utilizar servicios se volverá central, no sólo para superar la crisis, sino a lo largo de todos estos años, pues se inscribe en una transformación en el esquema de ejercicio gubernamental: podríamos señalar como el nuevo centro de la política económica el fomento al consumo, pues redefine, al mismo tiempo, las conductas de las empresas y de la población. Y, en efecto, la evolución de la variable del consumo de la población será significativa (véase Anexo b, Tabla 3A). Si en los años abordados en la parte previa este indicador alternaba año a año entre números negativos y positivos, hasta derrumbarse entre los años 2001 y 2002, en este nuevo período su variación porcentual frente al año previo siempre será positiva, con valores que oscilarán entre el 7,8% y el 9,5%, registrándose una tendencia de menor crecimiento entre los años 2008 y 2009 (especialmente en este último año), para luego regresar a los niveles de crecimiento previo.

Ligado a ello, podríamos señalar que la estabilización de precios de los bienes y servicios no es ya el fin último de la política económica, como lo era en los años noventa. La política de ingresos, el empleo, el salario, el posterior consumo, definirán el nivel de precios. En este sentido, realizar políticas orientadas a fomentarlos también llevará a un aumento progresivo del denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Los valores del IPC se vuelven centrales, por ejemplo, para negociar los porcentajes de aumentos en las paritarias laborales (detallaremos este concepto en el próximo apartado) y debido a ciertas intervenciones del gobierno nacional sobre el organismo de estadísticas públicas será producto de debate la credibilidad de los números oficiales^[2].

Por otro lado, se producen paralelamente modificaciones en las formas de intercambio con los organismos internacionales de crédito. Mencionamos este aspecto en tanto marca un significativo desplazamiento en las relaciones de fuerza entre los actores con capacidad de conducción de la política económica.

En este sentido uno de los acontecimientos principales se produce en el año 2005 con el pago total (9.810 millones de dólares de capital) que se le adeuda al FMI. Acción fuertemente simbólica, en tanto representa una nueva relación con uno de los organismos que prescribía habitualmente medidas de política económica que los gobiernos nacionales de los años noventa intentaban respetar (necesitados de crédito externo para financiar el Plan de Convertibilidad). El pago se asume como la posibilidad de una mayor autonomía para diseñar políticas económicas no condicionadas por el FMI, al tiempo que se reclama una reestructuración de dicho organismo, el cual –desde la perspectiva del gobierno nacional- otorga créditos para sistemas condenados al fracaso, como el de los años noventa en Argentina^[3].

Respecto a las empresas privadas de servicios públicos no habrá una política homogénea hacia todas: se les rescindirá contratos a algunas de ellas, y los servicios pasarán nuevamente a la órbita del gobierno nacional; mientras que otras permanecerán en la órbita del sector privado.

Mencionemos dos ejemplos, entre otros, en estos años: se rescinde, a comienzos del año 2006, el contrato de la empresa privada Correo Argentino y una empresa pública pasa a administrarlo; se le quita la concesión a Aguas Argentinas y se crea en su lugar Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima (AySA). Este tipo de intervenciones le permitirán al gobierno nacional tener mayores herramientas para realizar políticas de contención de tarifas sobre estos servicios, así como políticas sociales orientadas a la población (por ejemplo, el impulso a una mayor cobertura de cloacas en el caso de AySA en la provincia de Buenos Aires). Por el contrario, dos ejemplos en donde no se afectó la propiedad de las mismas fueron en las empresas privadas de servicios eléctricos para la CABA y la provincia de Buenos Aires, así como en los servicios públicos de telecomunicaciones, que mantienen en ejercicio a las empresas privadas Telefónica y Telecom.

Dejamos para el final el caso de los fondos previsionales, de especial importancia, en tanto servirán para financiar un conjunto heterogéneo de políticas orientadas al consumo. Inicialmente, en el año 2007, se establece la libre opción entre los trabajadores para depositar sus aportes jubilatorios en el nuevo régimen previsional público, u optar por continuar en el previamente privado; pero en el año 2008, la ley número 26.425 dispone un único régimen previsional público, por lo que todos los fondos volverán a ser administrados por parte del gobierno nacional, luego de más de una década de ser manejados por el sector privado^[4].

A finales del año 2007 se producen cambios en el elenco de gobierno, aunque no en sus objetivos principales: la estrategia principal del gobierno nacional continua siendo la de sostener el empleo como motor del consumo, ahora teniendo como presidenta a Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), sucesora de su esposo Néstor Kirchner en la presidencia.

En sus primeros meses de gestión se visibilizarán fuertemente nuevas relaciones de fuerzas. Se hereda de la anterior gestión un tipo de cambio que se administra cada vez en mayor medida en función de las diferentes rentabilidades sectoriales colocando, por ejemplo, una mayor carga de impuestos para la exportación de productos agropecuarios, lo que en los hechos significa una intervención en los precios internos de los bienes básicos de consumo de los trabajadores, orientando a los exportadores a cubrir la demanda de la población argentina más que a abastecer a mercados externos. Será en el año 2008, luego de un intento de alterar las tasas de dichos impuestos, cuando se produzcan fuertes disputas entre el gobierno nacional y los sectores agropecuarios.

También a poco de comenzar la nueva gestión, y luego de un período de crecimiento sin pausas, se observan, simultáneamente, un deterioro en los niveles de consumo y en los indicadores del mercado laboral (y por el cual la actividad de los CCs se verá afectada).

La denominada crisis financiera internacional define un nuevo escenario. Su visibilidad se produce con el cierre del banco de inversión Lehman Brothers en el año 2008 en Estados Unidos. Pero los principales efectos de la crisis rápidamente se trasladarán al resto del mundo, y se producirá en buena cantidad de países caídas en la producción y el empleo. Habrá en esta coyuntura cambios en las estrategias de las empresas (las veremos en mayor detalle en el tercer apartado de este capítulo), pero también de los gobiernos políticos, en tanto al reducirse el empleo y la producción el consumo de la población menguará.

Las acciones para fortalecer tanto la producción como el empleo se vuelven más heterogéneas en esos años, aunque el objetivo estratégico de priorizar el consumo se mantiene. El gobierno nacional intenta algunos tipos nuevos de intervenciones.

Los economistas denominan estrategia contracíclica al intento de combatir con acciones contrarias al sentido en el que se suceden las acciones del mercado si no existiesen intervenciones exteriores a éste. En este sentido, es factible pensar que hubo una estrategia contracíclica del gobierno nacional. Las acciones implementadas, entre los años 2008-2010, giraron en cuatro ejes^[5]: impulso a la obra pública, fomento directo del consumo, ampliación de los planes sociales y mantenimiento de los niveles de empleo (esto último lo desarrollaremos con más detalle en el próximo apartado). Las medidas concretas fueron heterogéneas, destacándose: leyes de repatriación de capitales, créditos y facilidades para el consumo (en indumentaria, electrodomésticos, automóviles, para vacacionar), impulso a la construcción de viviendas, créditos para prefinanciación de exportaciones y para pequeñas empresas, el plan social denominado Asignación Universal por Hijo (básicamente, la garantía de un ingreso para los padres desocupados o con empleo no registrado, con hijos menores a dieciocho años).

Para tener una medida de su magnitud en conjunto, un informe de la OIT indica, en este sentido, que Argentina destinó en el año 2009 un 3,9% de su Producto Bruto Interno (PBI) en “medidas de estímulo”, frente a no más de 1,5% de Brasil^[6]. El consumo de la población, objetivo estratégico del gobierno nacional en Argentina, luego de descender a su menor valor en este período en el año 2009 (0,5%), volverá a crecer al 9% en el año 2010.

b) Potenciar los efectos del empleo

<Gobernar es crear trabajo>. Con esta frase el ex presidente y fundador del PJ Juan Perón, hacía especialmente referencia a una coyuntura que exigía la necesidad de generar trabajo para más de ochocientos mil desocupados que existían en Argentina, empleándolos a través de obras públicas^[7].

Más de medio siglo después de aquellos primeros gobiernos peronistas, el marco parece remitir nuevamente a aquella coyuntura, por la altísima cantidad de desocupados luego de la crisis argentina del año 2001. Tanto entonces como ahora, el telón de fondo es de gran cantidad de población que no trabaja. Si la frase <Gobernar es crear trabajo> recorrerá continuamente la historia política argentina, pareciera que luego de la crisis argentina del año 2001 –al mismo tiempo crisis política, económica, laboral- se vuelve propicia para hacer de esta fórmula una clave del ejercicio gubernamental.

Corre el año 2003 y el recientemente electo presidente Kirchner se dirige ante la Asamblea Legislativa el día de su asunción:

“Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas”^[8].

Si ya hemos visto que el consumo sería el principal objetivo estratégico de su gobierno, en sus palabras se trasluce el instrumento privilegiado para fomentarlo: el empleo. Mayor cantidad de población trabajando, durante más horas y con mejores salarios. De esta forma, a las políticas enfocadas en proveer de algún tipo de ingresos a los hogares, ya iniciadas –como vimos- durante el gobierno nacional de Duhalde, se suman, con más fuerza desde el gobierno de Kirchner, las políticas cuyo objetivo es crear empleo y aumentar salarios, las cuales definirán la masa de recursos (junto a los ingresos por planes sociales) que irán al consumo en el mercado interno. En este sentido el gobierno nacional privilegiará el empleo. Veamos.

Si el cuadro inicial en este período nos mostraba niveles récord de desocupación y subocupación, en los años siguientes éstos disminuirán (tendencia que se inicia ya a finales de ese mismo año 2002), en un marco de crecimiento generalizado del empleo en todos los sectores económicos. Las diferencias respecto a las tendencias en el funcionamiento del mercado laboral en los años noventa se volverán significativas.

En el año 2002, en el pico máximo de los efectos de la crisis argentina, la desocupación era del 21,5%, porcentaje que desciende hasta ubicarse en 7,9% en el año 2010; por su parte, la subocupación, que se ubicaba en el 18,6% en el año 2002, cae al 9,9% en el año 2010 (véase Anexo b, Figura 2A).

Al mismo tiempo, en este período se torna visible la diferente dinámica en referencia a la generación de empleo registrado: en términos generales, las curvas estadísticas muestran un crecimiento sostenido entre los años 2003-2010 en todos los sectores de la economía, frente al amesetamiento del período previo (véase Anexo b, Figura 1A).

Se producen un conjunto de transformaciones sobre el mercado laboral, y no nos referimos solamente a la caída de la desocupación y la subocupación y el aumento en la generación de empleo registrado. Junto a ello, un conjunto de medidas de legislación laboral se sancionan. Entre las principales podríamos mencionar^[9]: en el año 2004 la ley número 25.877 de ordenamiento del régimen laboral por la cual se reinstala como regla la ultra-actividad de los convenios colectivos. Se restablece la regla de la aplicación de la institución más favorable de cada convenio colectivo en caso de competencia conflictiva entre más de uno y se dispone que la articulación de convenciones colectivas debe estar regulada por el convenio de ámbito mayor, limitando los posibles “descuelgues convencionales” (esto es, limitar los convenios más acotados -por ejemplo, definidos por la empresa y no por la actividad- con peores condiciones laborales). Esto fue parte del impulso de las negociaciones colectivas, también denominadas “paritarias”, que se inicia a partir de una disposición del gobierno nacional que obliga a que los aumentos salariales no remunerativos otorgados a los empleados del sector privado desde el año 2002 fueran incorporados a los salarios básicos de convenio, debiéndose para ello conformar paritarias entre empresas y sindicatos. En adelante, éstas se volverán un instrumento privilegiado para dirimir aspectos del empleo formal^[10].

Luego, en el año 2006 se sanciona la ley número 26.088 que restablece (por medio de reformas a la Ley de Contrato de Trabajo) el mantenimiento de las condiciones laborales frente a un potencial ejercicio abusivo en este aspecto por parte de las empresas.

En el año 2008 se sanciona la ley número 26.428 por la cual se amplía el alcance de la regla in dubio pro operario, la cual dispone que, en un juicio laboral y en caso de duda, el juez deba resolver a favor del trabajador.

En el año 2009 entra en vigencia la ley número 26.474 sobre trabajo a tiempo parcial, que viene a modificar el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo (en realidad viene a restituir su redacción original, modificada en el año 1995). Particular repercusión tendrá esta última ley sobre la actividad de los CCs: si durante la presidencia de Menem se reducían los costos laborales y los aportes patronales sobre el trabajo a tiempo parcial (los CCs eran paradigmáticas del tipo de empresas beneficiadas, en tanto su uso de contratos de trabajo a tiempo parcial es mayoritario), ahora se dispone que en caso de excederse el límite de la jornada parcial el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa, así como se vuelven a imponer aportes y contribuciones para la obra social idénticas a las que correspondan a un trabajador de tiempo completo^[11].

Ahora bien, luego de enfatizar las diferencias que existen entre los gobiernos nacionales en este período frente a sus predecesores respecto a las formas de intervención sobre el mercado laboral (que aquí enfatizamos en torno a distintos indicadores laborales y medidas de legislación laboral), debemos afinar el análisis al interior de este mismo proceso.

Entre los años 2003-2008 todos los indicadores laborales muestran mejoras: año tras año caen los niveles de desocupación y subocupación y crece la generación de empleo registrado en todos los sectores de la economía. En términos tendenciales, mejoran todos los indicadores de desocupación y subocupación más pronunciadamente entre los años 2003-2005, e igualmente mejoran, aunque en menor medida, entre los años 2006-2008. Respecto al indicador de empleo registrado, su crecimiento es pronunciado en todos los sectores de la economía desde el año 2003 hasta el año 2007, y sigue creciendo, aunque en menor medida, en el año 2008.

Pero en el año 2009 se visibilizará un estancamiento en los niveles de desocupación y subocupación, y una caída en la generación de empleo registrado, en cada uno de los sectores de la economía (con la excepción de un leve crecimiento en el sector de comercio). Especialmente lo resaltamos porque la actividad de CCs mostrará una suerte de freno en esos años, por primera vez en todo este período.

Hacia el año 2010 los niveles de desocupación y subocupación volverán a descender, así como la generación de empleo registrado volverá a crecer en todos los sectores de la actividad económica. Es decir, en ambos casos, volverán a la tendencia general de todo este período.

Ya hemos señalado a la crisis internacional como el principal factor que incide sobre esta dinámica del mercado laboral. Sin embargo, ni la caída productiva ni la caída en el empleo fue tan pronunciada como en otros países de la región y otros países del mundo^[12]: el mercado laboral y la producción, más protegidos en Argentina, mantienen una dinámica que no parece darse en la mayoría de los países del exterior.

Las acciones del gobierno nacional en política laboral en esta etapa, y en relación directa a la crisis internacional, tienen por centro al Programa de Recuperación Productiva (REPRO), principal instrumento utilizado para mantener estables los indicadores laborales.

Si bien el REPRO es un programa creado en el año 2002, su utilización masiva como herramienta de política de empleo comienza luego del año 2008. El gobierno nacional subsidiará parte del sueldo de los trabajadores en empresas que demuestren estar atravesadas por situaciones de crisis en su rentabilidad, y tengan a su personal con todos los aportes de un empleo formal. El subsidio consiste en una suma fija mensual de hasta seiscientos pesos, y el empleador pagará la diferencia hasta completar el sueldo del trabajador. La empresa, al beneficiarse de este plan, queda obligada a no realizar despidos (masivos) por un plazo de seis meses. En el año 2009, el Ministerio de Trabajo otorgó esa asistencia a casi ciento cuarenta y tres mil asalariados, número que comienza a descender en el año 2010^[13]. Este programa también pudo ser financiado fuertemente por toda la nueva masa de fondos previsionales que, ya hemos mencionado, pasan a ser administrados nuevamente por el gobierno nacional.

Aún contando con dicha estrategia contracíclica del gobierno nacional, la esfera laboral sufrirá transformaciones. En línea con ello, la actividad de los CCs también se modificará y las empresas de CCs impulsarán nuevas estrategias para obtener rentabilidad. En el próximo apartado nos aproximaremos a ello.

c) Política y empresa: la competitividad y una (im)posible unidad estratégica

Competitividad. Quizás este apartado pudiese resumirse en esta única palabra, que definiremos como determinadas capacidades que muestran las empresas para obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores, siendo una de sus novedades que se utiliza tanto para guiar empresas como países (en línea con esta definición podrían verse los estudios de Boscherini y Yoguel, 2000, Coriat, 1994, López y Kosacoff 2008). Agreguemos otra particularidad: es una de las palabras más directamente nombradas entre los altos mandos de los CCs en el período de generalización de la actividad de los CCs. Pero también desde los altos mandos del gobierno nacional se la menciona. Hacia comienzos del año 2005, en un foro de negocios europeo-latinoamericano, el presidente Kirchner señala:

“En materia de industria y servicio, la globalización exige de localizar o complementar producciones para mantener competitividad. Los costos argentinos son ahora altamente competitivos […] Contamos con recursos humanos ubicados ampliamente por encima del promedio del mundo en desarrollo, lo que sumado a lo anterior hace evidente la posibilidad de complementación con empresas europeas que enfrentan problemas de costos”^[14]. 

Vemos mezclarse también en este discurso algunas otras palabras sobre las que ya algo hemos escrito en este libro, pero que durante etapa tomarán nuevo impulso, tales como recursos humanos, costos, complementación productiva, globalización: la competitividad no remite únicamente a estrategias empresarias, sino también a políticas económicas de los países.

Claro que existen distintos tipos de competitividad, actores que las impulsan y formas en que se constituyen. Podríamos afirmar en función de estas cuestiones que muchas empresas (los CCs, entre ellas) a partir de un tipo de cambio favorable en función del costo de los salarios que caen medidos en dólares obtienen competitividad en estos primeros años de salida de la crisis argentina del año 2001^[15].

Pero este proceso es de escala global: en el sector servicios no se observa solamente en nuestro país, sino que es común a la mayoría de los países de Latinoamérica, espacio geográfico de enorme participación en distintos negocios de este tipo durante la última década. (El carácter regional del fenómeno no debe ser soslayado, en tanto forma parte de las estrategias de competitividad por captar estas inversiones: en este proceso los países también competirán con otros países de la región para atraer dichas inversiones).

Las facilidades que poseen las empresas de CCs frente a otro tipo de servicios es que logran instalarse invirtiendo sumas relativamente poco significativas en función del volumen de empleo generado^[16]. Esto se traducirá, por ejemplo, en que en las empresas de Estados Unidos y Europa que deslocalizan actividades de servicios hacia América Latina tenga un peso porcentual destacado los servicios de CCs^[17]. En esta posibilidad potenciada de rentabilidad se destacan como factores relevantes para la instalación de los CCs, además de los costos laborales menores, la disponibilidad de mano de obra calificada y el manejo de idiomas extranjeros en la población. Algunos de los grandes CCs en Argentina, que ya hemos detallado en la parte previa, en esta coyuntura de los primeros años de salida de la crisis argentina del año 2001 profundizan sus servicios de exportación^[18].

Pero este tipo de estrategia empresarial no funciona de manera aislada. Como ya señalamos, se vincula, bajo el mandato de la competitividad, a los objetivos políticos en los países.

En los primeros años que abordamos en esta segunda parte se producen diversos intentos por asociar las fuerzas de los sectores empresariales de CCs y el gobierno nacional en torno al desarrollo de la actividad de los CCs. Luego habrá un continuo y progresivo alejamiento entre ambas.

En el año 2004, desde el Ministerio de Economía se impulsa un plan estratégico donde se incluyen los servicios de CCs^[19]. En el año 2006, a través de cámaras empresariales que nuclean a los grandes CCs tercerizadores que operan en el país, se presenta al gobierno nacional el denominado Plan Federal de Inversiones, cuyo eje demanda principalmente un conjunto de beneficios fiscales y laborales para la actividad de los CCs^[20]. Pero el plan nunca se terminará llevando a cabo: por su fallida implementación se acusará al gobierno nacional, y se tomará como medida de la escasa competitividad genuina de la actividad de CCs.

Pero el alejamiento más pronunciado se producirá a partir de la crisis externa, que impondrá mayores obstáculos desde el año 2008 en adelante.

En la coyuntura de la denominada crisis financiera internacional, de la cual ya hemos mencionado algunos de sus efectos, parte de este tipo de inversiones que operan desde Argentina dejarán de funcionar (especialmente los servicios de exportación)^[21], y las empresas ensayan una estrategia más orientada al mercado interno argentino, que, como vimos, es el blanco de las acciones impulsadas por el gobierno nacional para conservar los niveles de consumo de la población.

La demanda por mejorar la rentabilidad de los CCs muestra un punto álgido alrededor del trienio 2008-2010. Las empresas se quejan ante el gobierno nacional: reclaman de manera insistente e in crescendo por la progresiva pérdida de competitividad. Veamos.

Año 2008:

“Todos los países de la región que son competencia de la Argentina, como Colombia, Chile, Perú, México, etc. están devaluando. […] Esos países eligieron no perder competitividad. Nosotros tenemos un tabú con que la devaluación genera inflación…”^[22].

Año 2009:

“Los desafíos del sector para el 2010 son: mantener la competitividad de las exportaciones argentinas; superar las cuestiones laborales rígidas que impiden gestionar sobre RRHH que no muestran interés en el trabajo; lograr un mayor reconocimiento del Gobierno Nacional sobre los beneficios sociales y económicos que brinda esta industria…”^[23].

Año 2010:

“Lamentablemente Argentina ya dejó definitivamente de ser competitiva para el mercado externo, con lo cual va a haber que hacer foco en la eficiencia y seguir ganando share en el mercado interno […] realmente me dolió terminar con la exportación de servicios que dábamos de Argentina para el exterior y pasar a hacerla integralmente desde Perú”^[24].

Estas palabras de tres referentes de los CCs (comentarios habituales entre los sectores empresariales por aquellos años) quizás resuman secuencialmente la estrategia de reclamos de las empresas al gobierno nacional: devaluación, mayor flexibilidad de las leyes laborales, caída de salarios, regulación beneficiosa hacia el sector. También buscan reflejar los efectos de las erróneas acciones (o inacciones) efectuadas hasta aquí por los gobiernos nacionales: si siguen sin atender estas demandas se perderán puestos de trabajo. No es casual que todos ellos dirijan CCs grandes como Teleperformance, Apex A. Sykes Company y Allus Global, con capacidad de exportar servicios y la posibilidad de realizar cálculos globales acerca de dónde localizar sus plataformas. (También cabe señalar que, a partir de esta coyuntura, comienza un movimiento de localización más acelerado hacia las provincias del norte de nuestro país, las cuales son capaces de asegurar mejores costos a los CCs a partir de una agresiva política de subsidios, como veremos más adelante, en el Capítulo 5 – Apartado d.2 en este mismo libro).

La competitividad se concentra en los “costos” que, se advierte, son caros en el contexto latinoamericano, frente a países como Colombia, Chile, Perú o México. O se devalúa el tipo de cambio, o se permiten salarios a la baja, o se permiten despidos menos onerosos, o se ofrece una política de subsidios: todas ellas son las soluciones prescriptas por las empresas al gobierno nacional, al que aluden críticamente los discursos, cada vez en mayor medida. Pero las empresas no se quedan en la mera denuncia discursiva, sino que se extienden a los criterios de localización: la comparación de costos impulsa a radicarse en otros países latinoamericanos.

El discurso de la movilidad (de la posibilidad de desplazar rápidamente la empresa hacia otro lugar) se actualiza ante el cierre de algún CC o su emigración hacia otros países: especialmente frente a los servicios de exportación se vuelve verosímil, pues la fracción de CCs que brindan este servicio como negocio principal ha cerrado mayoritariamente sus operaciones entre los años 2008-2010, conducta empresarial que se facilita en tanto los grandes CCs tercerizadores tienen habitualmente plataformas de su empresa en distintos países. Existe, entonces, un uso discursivo con efectos prácticos: forma de presión para mejorar la competitividad en los lugares donde funciona(rá) actual o potencialmente el CC, que podría ser casi cualquier lugar de Latinoamérica.

En una relación de escala global, los costos argentinos durante todo este período son menores a los de los países “centrales” (estadounidenses, españoles, europeos, países cuyas empresas demandan servicios de CCs desde Argentina) pero tienden a converger por encima de los costos de los países latinoamericanos (hacia donde efectivamente comienzan a emigrar).

Este proceso escenifica, entonces, una abundante batería de demandas, especialmente nucleadas bajo las distintas cámaras empresariales de CCs: la fracción del negocio de servicios de exportación que finaliza algunos de sus negocios en nuestro país se presenta como síntoma de la baja de rentabilidad y la caída del empleo de toda la actividad, y se reclaman medidas urgentes, en sus alocuciones más alarmistas, para que la actividad no desaparezca. Los sectores empresariales, con sus críticas, ponen en su mira la conducción de la política económica. Desde el gobierno nacional no se intervendrá para “salvar” estos negocios de los CCs. Y no se producirá tal desaparición profetizada.

d) Reflexiones sobre el Capítulo 4

Las esferas social, laboral y económica sufrirán transformaciones en la Argentina de los años 2000. Este esquema se inscribe dentro de una nueva distribución de relaciones de fuerza políticas.

Una nueva conducción política, una nueva política económica. Otros objetivos, otros instrumentos. Con mayor fortaleza de ejercicio, y más decididamente a partir del año 2003, cuando un mismo proyecto político se mantenga en la presidencia (y se revalide electoralmente) en casi todos los años que recorremos en esta segunda parte.

Los distintos gobiernos nacionales fomentarán en este período el consumo de la población y, en efecto, los niveles de consumo crecerán año tras año. Son muchas las intervenciones en este sentido, entre otras, las políticas sociales de ingresos, la mayor regulación de los salarios por las paritarias, las leyes restitutivas de derechos laborales, el impulso del empleo en todos los sectores de la economía, el sostén del empleo durante la coyuntura de crisis internacional. Para tales políticas se requiere financiamiento. Quizás como símbolo de los desplazamientos en política económica frente al período previo, este financiamiento no se logra vía el crédito internacional sino a partir de la administración de los fondos previsionales que, anteriormente delegados a las empresas privadas, se vuelven a colocar bajo la órbita del gobierno nacional.

Si el objetivo estratégico es el fomento del consumo, el instrumento prioritario es el trabajo. Herramienta clave, habrá dos formas en que se la impulse desde los gobiernos políticos: por un lado, creación directa de trabajo por parte de los gobiernos (en cualquiera de sus instancias, nacionales, provinciales, municipales); por el otro, creación indirecta de trabajo a través de posibilitar condiciones para que el sector privado pueda generar empleo.

La generalización de la actividad de los CCs se inscribirá como parte de este último proceso. Sin embargo, las estrategias del gobierno nacional no parecen obedecer a una alianza incondicional con los sectores empresariales de CCs, en tanto no le garantizan negocios a largo plazo en base al costo del trabajo. En los primeros años de este período éstos parecen haber sido adecuados para la rentabilidad de las empresas. Desde el año 2008, cada vez en menor medida.

Ello implicará un realineamiento de fuerzas entre las instancias de gobierno político, en tanto los gobiernos provinciales asumirán un renovado protagonismo: las estrategias de competitividad tendrán por instrumento nuevos tipos de alianzas. Una nueva ecuación es la que posibilitará mantener la expansión de la actividad de los CCs. Hacia allí nos encaminamos.

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