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1 Escenarios geopolíticos del cambio social y políticas de reconocimiento en América Latina y el Caribe[1]

Jaime Antonio Preciado Coronado[2]

Introducción

La crisis del neoliberalismo ofrece la oportunidad de repensar y cuestionar a la democracia como portadora de un imaginario transformador y de caracterizar su vinculación discursiva y factual con el cambio social (De Sousa, 2004). Ante el surgimiento de nuevos espacios de convivencia que van más allá de los espacios electorales, en los cuales se enfatizaron las variables del cambio social en su vertiente pública estatal, cabe analizar la esfera pública social. Dicho análisis se desarrolla en un contexto donde actualmente se revalorizan las bases materiales de la acumulación capitalista, en interacción con la transformación social de los territorios, de la naturaleza. Se propone un enfoque geopolítico de las relaciones de poder de cara a los nuevos desafíos para el conocimiento y así para el pensamiento crítico.

Desde el protagonismo de la esfera pública social, están cambiando las políticas de reconocimiento (Honneth, 1997), pues estas superan al Estado como interlocutor privilegiado de lo social y abren nuevos espacios de participación y deliberación ciudadana, así como variadas formas de organización social autónoma. En los nuevos escenarios geopolíticos se destacan las políticas de reconocimiento de la interculturalidad y el carácter social del propio Estado, de sus espacios multiétnicos o pluriétnicos. Se destaca, especialmente, la reivindicación del Estado de los comunes, su comunalidad. Todo, desde la creación de un imaginario social donde la (inter)subjetividad le da sentido a las prácticas sociales.

La clásica separación tripartita entre familia, Estado y sociedad civil permite comprender cómo es que se transforman mutuamente prácticas e inter-subjetividades. Para Honeth, la esfera del amor o de la autoconfianza va más allá de la familia apuntando hacia un sentido amplio de cuidado y atención de las personas desde lo social; por otra parte, la esfera del derecho o del autorespeto relaciona Estado y sociedad y la esfera del reconocimiento social o de la autoestima trata de la solidaridad, el respaldo, la legitimidad. Habría que añadir una cuarta esfera: la de los comunes, donde la interculturalidad ofrece nuevos campos de acción social y de pertenencia que construyen actores colectivos a través de sus demandas, discursivas y prácticas, de reconocimiento.

Esas cuatro esferas están cambiando en y a las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Pero el trasfondo del cambio no es evidente. Para interpretar esos cambios hace falta una visión de la geopolítica crítica, que reconozca una base material y simbólica unida a esas cuatro esferas en que se enmarcan las políticas de reconocimiento. Se trata de superar el protagonismo del Estado nacional, o de la escala internacional, como ámbitos privilegiados del análisis social, así como de trascender la centralidad otorgada a los actores estatales o públicos políticos. Este trabajo se interesa en la jerarquía y el juego de escalas del poder y sus expresiones no estatales, pero públicas sociales, todo lo cual está enmarcado dentro de un territorio, o de un espacio social cambiante.

Para entender estas dinámicas geopolíticas, este trabajo se propone abordar cómo están cambiando las cuatro esferas que configuran las políticas de reconocimiento: la esfera de la autoconfianza; la del auto respeto, la de la autoestima y la creación del espacio social de los comunes o del Estado de los comunes, en las prácticas y subjetividades de los actores sociales. Para ello, se presentan los siguientes ejes problemáticos:

Aportes de la democracia participativa a la ciudadanía y al Estado social del Buen vivir

Eje en torno del cual América Latina registra importantes experiencias de innovación socio-organizativa (la autoconfianza) en la creación de nuevas relaciones entre sociedad y gobierno (el auto respeto), las cuales se expresan en la presencia, en algunos casos el predominio, de una agenda de izquierda (Preciado, 2010)—por la equidad, justicia redistributiva, participación ciudadana— en varios gobiernos nacionales y en buena parte de gobiernos locales de América Latina, señalando también la crisis de estos gobiernos y el avance de gobiernos de corte neoliberal y conservador a partir de la experiencia de Donald Trump en Estados Unidos. Estas experiencias enfrentan la crisis mediante procesos sociales que fundan nuevas instituciones de legalidad constitucional, en un marco de disputas por ganar la legitimidad del nuevo Estado, que hacen crecer la autoestima social y los bienes públicos comunes.

La construcción del pensamiento social crítico y alternativo

Se refiere a otra fortaleza de nuestra región, desde la que se plantean horizontes con sentido de futuro liberador, incluyente, participativo para nuestras sociedades (el cuidado y la atención desde una intersubjetividad compartida). Un pensamiento surgido desde la crítica de la (neo)colonialidad del poder que aporta o acompaña la creación de alternativas incipientes al capitalismo en sus más diferentes ámbitos, como el respeto e impulso de la interculturalidad y la diversidad de pueblos originarios (la autonomía en tanto expresión del respeto y del reconocimiento de la comunalidad) y, en diferentes escalas socioespaciales que van de la sociología del cuerpo y las relaciones de género, a propuestas locales, nacionales, supranacionales y globales, que reúnen otras narrativas, en torno de las diversas políticas de reconocimiento.

Depredación y deterioro ambiental

Eje en el que se destaca la convergencia interdisciplinaria de las ciencias sociales para comprender el contexto de la ecología política latinoamericana, donde la acción colectiva va construyendo formatos de resistencia y apropiación social sustentables, asociados con la transformación y preservación de la rica biodiversidad de nuestra región. Es desde los movimientos sociales donde surgen políticas de reconocimiento que incluyen la interacción entre esas tres esferas de la familia, el Estado, la sociedad, pero en un ámbito que se necesita añadir en el análisis: el de una geografía del poder desde el común buen vivir.

Nuevos escenarios productivos

Creados por la crisis capitalista, donde el inminente fracaso del neoliberalismo, en sus distintas vertientes del Consenso de Washington, enfrenta escenarios que tienden a la reproducción del capitalismo por otros medios, o bien escenarios anticapitalistas o al menos antineoliberales, que tratan de combatir la flexibilización laboral, la desregulación del trabajo y que imprimen nuevos derroteros, con ingredientes comunitarios, a los procesos de integración supranacional regional. Se trata de la disputa por una política del reconocimiento sobre el modelo socioeconómico fallido y por la necesidad de otra organización público social del mundo.

Tensiones democráticas en Latinoamérica, repensar la democracia participativa

Luego de una década perdida y de reformas estructurales, la región latinoamericana vivió en los años noventa una década caracterizada por su optimismo democrático. Aquel contraste observado por Alain Touraine (1989), en el que a pesar de la crisis económica se había logrado una democratización de la mayoría de los países latinoamericanos en los ochenta, se amplificó en la década siguiente. El mismo discurso neoliberal que enaltecía las ventajas del libre mercado, la desregulación, las privatizaciones y el Estado mínimo, asociaba el crecimiento económico necesario para el desarrollo de la región, con el avance de la democracia liberal.

Por su parte, los saldos económicos y sociales reflejados en una creciente concentración asimétrica del ingreso; la flexibilización laboral, que incrementó la precariedad del trabajo y aumentó la desprotección del asalariado; el desmantelamiento de las políticas sociales heredadas del Estado de bienestar; así como la desregulación financiera que aumentó la vulnerabilidad externa de los Estados llevando al estallido de crisis especulativas en cadena, comprobaron que si bien las amenazas a la democracia no podían ignorar el plano económico del discurso neoliberal dominante, el proceso electoral desde una agenda social podría jugar un rol democratizador y transformador.

No obstante que la izquierda electoral tuvo momentos triunfantes en un tercio de los países latinoamericanos hasta 2014 (Wallerstein, 2008), actualmente atraviesa una crisis con gobiernos neoliberales en Brasil y Argentina. El caso de Brasil es muy particular, ya que a través de un Golpe de Estado Institucional –o parlamentario- se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. Además, en julio de 2017 se anunció el arresto del ex presidente Lula Da Silva por posibles casos de corrupción, tema que se ha convertido en instrumento de bloqueo político para frenar la tendencia progresista. Los conflictos que se presentan con el gobierno neoliberal de Michel Temer dejan clara la imposición de valores ambivalentes de la democracia liberal, opuestos a cualquier política de reconocimiento desde los sectores críticos del statu quo.

Las élites económico-empresariales que se han visto desfavorecidas por reformas en varios casos de índole constitucional, han impulsado novedosas estrategias de desestabilización y una particular vinculación entre los grupos de oposición, que se valen de su gran poder económico y mediático. Estas coaliciones políticas se han convertido en nuevos catalizadores de inestabilidad intra-nacional y regional, así como en factores de riesgo para la democracia latinoamericana en los últimos años; aunque también expresan una lucha, negativa, por su reconocimiento en la esfera pública social. Mientras tanto, se debilita el soporte político actual que reciben los proyectos políticos de la izquierda electoral, por parte de los movimientos sociales cuyas políticas de reconocimiento rebasan los marcos de lo público estatal.

Una herramienta utilizada actualmente para la consolidación democrática de las izquierdas en la región, la representa la implementación de instrumentos políticos legales tradicionalmente en desuso en América Latina tales como el referéndum o el plebiscito, implementados para consolidar la legitimidad de proyectos políticos y conducir la gestión y manejo de las amenazas y riesgos que enfrentan sus regímenes democráticos. Los resultados de estos procedimientos democráticos han sido permanentemente desacreditados por la derecha en Latinoamérica mediante intensivas campañas mediáticas de desprestigio sobre su legitimidad, lo cual no ha impedido que estos formatos de la “democracia semidirecta se hayan convertido en una plataforma de diversas conspiraciones y prácticas antidemocráticas, como lo mostró la actitud de saboteo en el Referéndum por la Paz en Colombia (2016).

Desde esta perspectiva, los actores sociales serían capaces de redefinir a la democracia mediante nuevas prácticas políticas: la democracia deliberativa. En este tenor, los trabajos de Habermas (1984) replantearon la discusión sobre el procedimentalismo, sugiriendo su análisis como práctica social y no como un simple método de constitución de gobiernos, tradicionalmente enclaustrado en la revisión de sistemas electorales y garantías de acceso al voto. Prácticas sociales que para Honneth (1992) se expresan en las tres esferas de las políticas de reconocimiento, además de la esfera del Estado de los comunes, que venimos retomando en este trabajo.

Una de las muestras más dramáticas de impedimento o de no reconocimiento frente a las presiones por un cambio democrático, es el caso de México, donde aquellos movimientos en contra de la violencia y la impunidad a la que se enfrenta la sociedad mexicana, no han logrado una esfera de auto respeto de cara al Estado policial punitivo. El día 26 de septiembre del 2014, después de que alrededor de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa protestaran por reformas educativas, fueron reprimidos por policías municipales de Iguala, Guerrero. Los policías asesinaron a 6 personas durante el ataque y secuestraron a 43 estudiantes, los cuales después fueron supuestamente entregados por policías municipales a miembros del cártel «Guerreros Unidos».

Dado que el Estado mexicano no asumió su responsabilidad en esas acciones violentas, criminales, las familias elevaron sus reclamos hacia una política de reconocimiento del rol del Estado, lo cual generó actos de solidaridad alrededor de todo el país y de todo el mundo. Creció la esfera de la autoconfianza y la de la autoestima social, en el campo de los movimientos sociales, no así en la esfera del derecho, del auto respeto, pues el Estado de derecho perdió credibilidad. El 10 de octubre de 2014, la ONU hace una fuerte declaración en la que señala que los hechos sucedidos en Guerrero son inaceptables y ponen de relieve la impunidad que prevalece en México[3].

Las consignas Vivos se los llevaron vivos los queremos y Todos somos Ayotzinapa recorren el país y el mundo con múltiples manifestaciones de solidaridad a través de las redes sociales y de toda una gama de eventos artísticos y simbólicos en las capitales de todos los países latinoamericanos.

Se teje así una nueva narrativa de la política que está al margen y en contra de la política desacreditada de los partidos, aunque hay divergencias sobre el uso de ella para construir un espacio de lo público, para conformar o para convivir con un gobierno que se considera alejado pero al que se necesita pedirle cuentas. Nuevos formatos de participación social exigen a su vez una crítica contundente al Estado, como conjunto de instituciones dedicadas a normar, legitimar y reproducir un orden social determinado por el poder. Los campos de disputa en las relaciones Estado-Sociedad que Ayotzinapa hace emerger son:

  • la impunidad política creada por la connivencia entre cárteles del crimen organizado y distintos órdenes y poderes de la república, así como del sistema político y de partidos;
  • la crisis de gobernabilidad proveniente de la incapacidad del Estado para brindar seguridad a toda la población;
  • la corrupción del sistema judicial que hace inoperante la procuración e impartición de justicia, la inoperancia de la Ley de Víctimas, que abandona a familiares y población afectada sin la debida restitución de daños;
  • la vulnerabilidad y debilidad en la aplicación de las leyes electorales, para evitar la penetración de los poderes fácticos del dinero, incluyendo al crimen organizado;
  • el creciente debilitamiento de los Organismos Públicos Autónomos, particularmente de las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos, que son colonizados por el reparto de cuotas de poder entre los poderes políticos y partidistas;
  • la ineficacia de las políticas de seguridad pública, por estar centradas en la represión, sin esfuerzos proporcionales en la investigación policial, en políticas de prevención, ni en la comprensión y actuación frente a las raíces estructurales de la violencia. Ejército y Marina realizan así tareas que competen a las policías;
  • criminalización de la protesta pública, sin asumir las demandas emergidas desde la vida cotidiana de quienes se sienten afectados por diversas políticas gubernamentales y sin capacidad de escucha.

Esto nos permite hablar de una cultura latinoamericana de la resistencia que globaliza las discusiones al mismo tiempo que fortalece los movimientos a escala local y aumenta los costos políticos de las acciones violentas por parte de los gobiernos. Las políticas de reconocimiento emprendidas por diversas acciones colectivas desde el ámbito de lo público social en sus cuatro esferas, cuestionan a la democracia como portadora de un imaginario portador del cambio social. En contraste, las políticas de impedimento quisieran sustentar al autoritarismo, el cual enfrenta esas políticas de reconocimiento otras que se resisten frente a la esfera pública estatal, pues esta niega o se opone a las transformaciones sociales emprendidas.

Construcción del pensamiento social latinoamericano

El pensamiento social latinoamericano se enfrenta al desafío de responder al mismo tiempo a su especificidad y mejores tradiciones, tanto como a su inserción en los debates universales de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Herederas de propuestas disciplinarias originales, como la teoría de la dependencia o del pensamiento socioeconómico de la CEPAL, las ciencias sociales latinoamericanas toman distancia de enfoques marcadamente anglo-euro-céntricos para avanzar en una línea crítica del pensamiento y de las prácticas neocolonialistas.

En este proceso, el pensamiento social latinoamericano está logrando recuperar su originalidad y vigor, gracias a un rico diálogo Sur-Sur que, sin embargo, no pierde de vista el carácter global de sus reflexiones y de sus referentes universales. El camino no podía ser otro que la crítica de la razón instrumental de la modernidad y actualmente del nihilismo posmoderno, aunque comparta con este último la búsqueda profunda de otras causalidades de la razón e incluso de la no razón (lo que se expresa en la revalorización del sujeto, su temporalidad no lineal, sus intersubjetividades y diversidades identitarias y culturales).

Así, las condicionantes y potencialidades sociales impuestas por el progreso, concepto camuflado en el desarrollo y las aspiraciones por alcanzarlo, sitúan el tema del cambio social y de la utopía en un plano paradojalmente complementario. Si la modernidad occidental subordinó la revolución técnico-científica, sus saberes, a los imperativos de la utopía capitalista, la crisis actual de ese paradigma repercute en la búsqueda de las causalidades —de la racionalidad— del cambio social y de los roles a seguir del conocimiento técnico-científico en la utopía alternativa que sustituya a la nunca alcanzada utopía capitalista.

Edgar Morin[4] plantea un triple desafío para la construcción del pensamiento complejo requerido en este cambio de época para la humanidad:

  • el desafío epistemológico entrañado en un pensamiento transdisciplinario que no se reduce al ámbito de las ciencias sociales, sino que pone en diálogo a toda la ciencia y las humanidades, para preguntarse sobre el sentido de civilización;
  • el desafío socio-antropológico, que representa la construcción social del conocimiento, en donde el trabajo intelectual no es una obra exclusivamente individual, sino el resultado de comunidades del saber orientadas por una política pública de ciencia y tecnología;
  • el desafío ético-cívico, que consiste en una visión amplia de utilidad y pertinencia del conocimiento, respecto del propio devenir teórico de la ciencia y del conocimiento aplicado, de manera que la relación entre intelectuales y usuarios (gobierno, instituciones públicas, privadas, organismos sociales) crea ciudadanía.

Estos desafíos han sido asumidos por el pensamiento latinoamericano en una triple dirección:

  • en la revalorización de la filosofía de la praxis, que se propone una visión abarcadora, que parte de la reflexión crítica de y desde las prácticas sociales, donde se produce sentido: la teoría del desarrollo y cambio social, así como los paradigmas y referencias universales: la autosustentabilidad, como relación sociedad-naturaleza historizada, o la (re)creación de derechos económicos, políticos y culturales;
  • en la dirección de la teoría de la acción social colectiva, que está centrada en el actor, en su multidimensionalidad espacial-temporal-existencial (intersubjetiva) lo cual ha implicado un diálogo entre saberes más allá de ciencia-tecnología-humanidades, al incluir saberes populares y de pueblos originarios y
  • en la dirección de la construcción de alternativas, que permite pasar —en un ir y venir— del pensamiento a la acción (auto-reflexividad) en diversas intervenciones sociales razonadas, deliberadas.

El ámbito desde donde se procesa el pensamiento está mediado por un contexto de instituciones educativas productoras de campos del conocimiento, que están sustentadas en comunidades epistemológicas con un alto grado de heterogeneidad; ámbito que también está mediado por la cultura en su más amplia acepción. Las instituciones académicas encargadas de crear y preservar los saberes mediante la docencia, la investigación, la difusión y extensión del saber de manera integrada son las universidades, aunque también hay instituciones públicas y privadas de educación superior especializadas en alguno de estos campos. Tomada como región, América Latina presenta un campo privilegiado para la sociología y las ciencias sociales por su vigorosa actividad intelectual, como lo muestran instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) o la propia Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), que busca fortalecerse como un movimiento intelectual del pensamiento social crítico.

El desafío mayor para el pensamiento crítico es la construcción de alternativas frente a la crisis del neoliberalismo y consecuentemente frente a la crisis del capitalismo. Desde el pensamiento latinoamericano, desde las discusiones generadas a partir de la acción colectiva de resistencia antineoliberal y desde la construcción de alternativas, tenemos un amplio campo de demandas por el reconocimiento de valores alternativos al capitalismo. Así como la actividad académica se viene refrescando, paradójicamente, frente a la crisis, las instituciones de educación superior, centros e institutos de investigación tienen el triple desafío del pensamiento complejo, crítico y alternativo.

La realización y búsqueda de alternativas en América Latina se va robusteciendo pero presenta grandes retos a nivel geopolítico:

La llegada del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump que promueve el proteccionismo, evidente en su salida del Tratado de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés) y la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), es una oportunidad para el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, que recientemente ha sumado la figura de países asociados lo cual debilita al MERCOSUR y la UNASUR con la participación de Brasil y Argentina en carácter de invitados.

La CELAC (La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) creada el 23 de febrero del 2010 en playa del Carmen, México, fue reafirmada en la reunión de Venezuela en el 2011. Se constituyó como un foro que incluía a los países latinoamericanos y que excluía a Estados Unidos y Canadá; sin embargo con la llegada de gobiernos neoliberales en Argentina y Brasil aunado a las tensiones del nuevo gobierno de Estados Unidos, la CELAC entra en un proceso crítico de su papel autónomo en la integración latinoamericana.

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), originada en el gobierno de Hugo Chávez, es también propicia para el logro de la autonomía social y política latinoamericana, a través de los proyectos que apuntalan un modelo energético alternativo, con PETROAMÉRICA, PETROSUR, PETROANDINA y PETROCARIBE; o que apuntalan el proyecto de integración cultural que presenta TELESUR; o que propicia, junto con los gobiernos de Bolivia, Cuba y Ecuador, una integración más horizontal y solidaria, a través de los Tratados de Comercio entre los Pueblos. Sin embargo esta alternativa de integración contra-hegemónica se ha visto debilitada fundamentalmente por la profunda crisis política y económica por la que atraviesa Venezuela actualmente.

Los espacios de convergencia político-diplomática en la región han visto limitada su incidencia en la integración autónoma de América Latina, con una crisis diplomática en la CELAC, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que ha tomado un rol más económico, y el debilitamiento del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) ante el poder de los organismos financieros internacionales.

Y, la mayor fortaleza de nuestra región, que representa el movimiento social en complejas redes de redes, como el Foro Social Mundial, en el que Latinoamérica tuvo un rol protagónico, las coordinadoras de pueblos, etnias, luchas por la equidad entre géneros, diversos movimiento[5]s de resistencia anti-neoliberal y procesos desde abajo para la construcción de alternativas. Desde la relación global local, se fortalece la dimensión pública social mediante una amplia gama de luchas por el reconocimiento.

Políticas de reconocimiento frente al deterioro ambiental de la biodiversidad y ante la depredación capitalista

La depredación ambiental que trae consigo el capitalismo se ha convertido en uno de los factores más dinámicos de la fragmentación social, debido al deterioro de las condiciones de vida. La creciente oposición entre crecimiento y desarrollo que está implicada en el capitalismo no tiene visos de solución inmediata. Sus efectos globales amenazan la vida misma en el planeta y deterioran, aunque de manera diferenciada, la calidad de vida social e individual.

La reciente salida de los Acuerdos de París en materia de cambio climático de los Estados Unidos encabezados por su presidente Donald Trump da muestra del desinterés por los problemas ambientales, aunado a que desde la esfera doméstica promueve el fracking y la construcción de gaseoductos en áreas que antes era protegidas.

La geopolítica y los conflictos ambientales

Si bien la geopolítica, en su sentido clásico, se refiere al papel de los recursos naturales como objetivo de acción militar cuando estos juegan un factor definitorio del poder de una nación (Ávila, 2004), hay elaboraciones teóricas novedosas desde el pensamiento crítico, que restituyen otros valores y campos interpretativos a la geopolítica crítica. En ese sentido, el pensamiento social contemporáneo encuentra convergencias plausibles entre geopolítica e hidropolítica, para la mejor comprensión de los conflictos por el agua. Coincido con Ávila (2004), en cuanto a que en los temas de seguridad internacional, el centro de atención ha sido el valor de los recursos no renovables como el petróleo, pero que el agua también puede serlo en la medida en que es una fuente de poder económico o político.

El carácter estratégico del agua toca las tensiones entre escasez y disponibilidad; la rivalidad entre países, regiones, grupos sociales y empresas por su control y el acceso a las fuentes alternativas de abastecimiento del vital líquido. Aunque Ávila aclara que no debe confundirse la hidropolítica con la política del agua, ya que esta última se refiere al quehacer del Estado en materia de agua (desde legislaciones hasta proyectos de desarrollo).

De acuerdo con Alba (2007) el término hidropolítica permite definir coyunturas vinculantes entre cambio político y conflictos por el agua, dado el carácter geoestratégico de esos conflictos que incluyen factores de rivalidad no desdeñables, en función de la escasez del líquido, del poder ejercido por actores locales y sobre todo extra locales.

Es destacable la transnacionalización del manejo y control del agua, pues ello implica estrategias de apropiación del recurso disponible y la apertura de fuentes alternativas de abastecimiento alrededor de lo cual se constituyen complejos circuitos de producción del agua, desde las trasnacionales que la embotellan hasta las empresas beneficiadas por la privatización del servicio urbano de agua potable, pasando por constructoras y subcontratistas asociados con la creación de infraestructura para explotar los recursos hídricos.

La geopolítica y la ecología política latinoamericana muestran fehacientemente la depredación ambiental y el deterioro de la calidad de vida que trae consigo el capitalismo. López y Ochoa (2010) plantean los conflictos sociales por el agua más visibles en América Latina, en donde están surgiendo políticas de reconocimiento socioambientales contra la privatización de servicios públicos del agua; alza de tarifas; contaminación de ríos, lagos y acuíferos; problemas de escasez en algunas regiones; alteración de flujos hidrológicos que repercuten de manera negativa sobre usuarios del agua o comunidades que además sufren inundaciones recurrentes; competencia y demanda por el recurso ante nuevos usos agrícolas, urbanos, industriales, o turísticos; especulación y acaparamiento empresarial mediante concesiones; construcción impuesta de infraestructuras poco sustentables, principalmente de represas; situaciones de despojo a comunidades y afectaciones a la salud humana, provocada por una deficiente calidad del agua.

América Latina es objeto de la atención de las trasnacionales del agua. López Ramírez (2008), resalta el gigantesco potencial hídrico en Suramérica, con el caso de la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná, la Triple Frontera, donde se encuentra el dique de agua con potencial hidroeléctrico más grande del mundo. Sin embargo, la fragmentación política de nuestros países hace que de las treinta y ocho cuencas internacionales que se encuentran en Sudamérica, sólo cuatro tengan tratados internacionales firmados por las naciones ribereñas: La Plata, Titicaca, Amazonas y el complejo lacustre boliviano-brasileño —el más grande del mundo— que converge en la laguna Mirim. A lo que se añade el gigantesco acuífero de Guaraní, la segunda reserva subterránea de agua dulce en el mundo, que junto con la cuenca amazónica sobrepasa el 65% del agua dulce aprovechable en el continente americano. Nuestra región vive dramáticamente el impacto de la desigualdad causado sobre la mayoría de la población por la depredación ambiental capitalista. No se reconoce un Estado de derecho, de auto respeto.

Otra manifestación perversa de la depredación ambiental capitalista, lo representa la explotación irresponsable de la biodiversidad latinoamericana, tanto por la vía de la transnacionalización «legal» que encierran los acuerdos comerciales negociados por los poderes dominantes en nuestros países, como mediante la llamada biopiratería, que se aprovecha de la rica biodiversidad de Nuestra América, evadiendo el derecho ambiental internacional y las legislaciones nacionales.

Aunque América Latina, afortunadamente, es uno de los escenarios de acción colectiva en el que se debate tanto el derecho a un ambiente libre de organismos genéticamente modificados (OGM’s), como el control estatal y social de la biopiratería[6], existen casos paradigmáticos como el de la soya en Argentina que ponen al descubierto las catastróficas consecuencias del uso intensivo de los OGM.

Para el año 2009 en Argentina se utilizaron más de 18 millones de hectáreas para la soya, esto equivale a más de la mitad del territorio arable del país (Grain, 2009). En Argentina se ha plantado por más de 20 años la soya Roundup Ready (RR) fabricada por Monsanto, una planta que fue alterada para resistir el pesticida Roundup que el mismo Monsanto fabrica.

En la medida que los pequeños productores son desplazados por las grandes empresas, y se fortalece el cultivo de la soya para un mercado de exportación a costa de la fertilidad de las tierras argentinas, se vulnera la soberanía alimentaria del país y se crean relaciones de dependencia con mercados externos, al mismo tiempo que se deja de satisfacer la demanda de un mercado interno de una variedad más amplia de alimentos.

Nuestra región posee 4 de los 11 países mega diversos del mundo y esa fortaleza está siendo cuidada por un vigoroso movimiento social, particularmente de base étnica y de inspiración en el reconocimiento de los bienes comunes. Pero la diversidad biológica enfrenta un proceso de rápida destrucción, debido, entre otras cosas, a megaproyectos financiados internacionalmente como la construcción de represas, diques y autopistas, la explotación de minas o la creación artificial de bancos de piscicultura en gran escala.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL) esta región «se está convirtiendo en uno de los principales productores de oro del mundo, particularmente Perú, así como Chile, Brasil y México […] Argentina emerge como productor importante y hay gran potencial de reservas en Colombia y Venezuela»[7]. El oro, que sigue siendo la única moneda global, es un campo de inversión con riesgos controlados para las multinacionales, lo que genera costosos e impactantes megaproyectos sobre el ambiente, para explorar y explotar yacimientos auríferos. Según la CEPAL, el 24% de las inversiones mundiales en exploración de metales en 2007 se concentraron en América Latina, aproximadamente unos 2,500 millones de dólares. Perú es el principal productor de oro de la región y ocupa el quinto puesto en el ránking mundial, con 170 toneladas métricas en 2007, lo que supuso el 6,8% de la producción en el planeta.

Los conflictos entre las empresas mineras multinacionales, los obreros y las poblaciones donde se localizan los yacimientos, implican páginas ensangrentadas de la historia latinoamericana contemporánea. El impacto ambiental negativo de la actividad minera acentúa la irracionalidad a la que somete el capitalismo; depredación ambiental y deterioro letal de la vida. Una vez más, la resistencia contra esa explotación irracional por el reconocimiento de un desarrollo sustentable proviene de pueblos y trabajadores afectados.

La matriz energética basada en el uso de combustibles orgánicos y fósiles (gasolina y diesel, entre otros), cambia aceleradamente; cada vez son más los países que optan por la energía eléctrica, con el propósito de reducir costos y contaminación ambiental. El litio es el material del cambio energético del siglo XXI (Schildt, 2014). Actualmente, el país que produce la mayor cantidad de carbono de litio es Chile, cuyas reservas en Atacama llegan a 3,000 millones de toneladas métricas y son las segundas más grandes del planeta, después de Bolivia, país con las mayores reservas de litio. El producto es utilizado para la fabricación de baterías de celulares y de vehículos, cámaras y computadores portátiles.

La existencia de estos recursos en América Latina está poniendo a prueba la posible conciliación entre crecimiento económico, desarrollo sustentable y beneficio social de la actividad minera. Trátese del capitalismo moderado por la potencia pública o de un ensayo de país asumido como socialista del siglo XXI, las prácticas depredatorias crecientes aumentan riesgos ambientales e impactos negativos, sobre las poblaciones poseedoras de los nuevos recursos a explotar.

Persistente urbanización y emergencia de políticas de reconocimiento

El predominio de la urbanización en América Latina, refleja añejas oposiciones entre ciudad y campo. Las consecuencias depredadoras del capitalismo se muestran netamente en esa oposición. De la ciudad fordista propia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones a las metrópolis posfordistas, el proceso ha entrañado un grave deterioro ambiental que se vive de manera diferenciada socialmente. Nuestra región cuenta con 4 de las 25 ciudades más pobladas del planeta; Ciudad de México (3), Sao Paulo (7), Buenos Aires (17), Río de Janeiro (21), que son escenarios de los más altos contrastes entre opulencia y miseria, lugares contaminados y emisores de contaminación en su amplio entorno. Metrópolis que son grandes demandantes y dilapidadoras de energía.

No obstante, la agudización y concentración de esos problemas urbanos, América Latina muestra la emergencia de actores sociales que resisten a la depredación capitalista del tejido social y ambiental (Ávila García, 2004), al dar cuenta de cómo los conflictos urbanos están asociados con el cambio en la relación entre Estado ambiente y sociedad de manera diferenciada, pues las nuevas tendencias de urbanización y los cambios en las políticas urbanas y ambientales, protagonizados por la privatización de servicios urbanos, y nuevas regulaciones territoriales, acentúan la crisis del clientelismo político como método de control gubernamental. En contraste, el ascenso de los movimientos urbanos [y ambientalistas] inciden en los procesos de democratización, al incorporar demandas ciudadanas incluyentes desde la perspectiva de reconocimiento del desarrollo sustentable.

Calentamiento global

El CO2 en la atmósfera no superó las 300 partículas por millón (ppm) por más de 650 mil años; sin embargo, a partir de la revolución industrial esto cambió radicalmente pues, tan solo en los últimos 64 años, ha habido un incremento de casi 100 ppm en la atmósfera llevándonos hasta los 399.30 ppm[8] registrados para Octubre del 2014.

Ni las instituciones internacionales, ni la inmensa mayoría de Estados nacionales han sido capaces de ofrecer soluciones puntuales a los conflictos ambientales y la solución global se posterga peligrosamente amenazando al futuro mismo de la humanidad. La esperanza reside, no obstante, en la creación de acciones colectivas que estructuren políticas de reconocimiento, basadas sobre la autoconfianza, el auto respeto, la autoestima social, con nuevas demandas de convivencia y de coexistencia con la naturaleza, desde el marco de un desarrollo sustentable.

En este sentido la COP (Conference of Parties) creada en 1994 en el marco de la convención sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, suma a los debates reuniendo cada año a representantes de los 196 países que forman parte de la COP. El 2014 resulta especialmente interesante con la inclusión por primera vez de la «Agenda indígena»[9] en la que líderes de pueblos originarios han planteado los problemas a los que se enfrentan no solo ante el cambio climático, sino ante la implementación de políticas que no alcanzan a reconocer sus cosmovisiones con respecto de sus entornos.

Autores como Alba (2007) y Ávila (2004) reconocen que ha cambiado la relación entre ambiente y sociedad con el papel de los nuevos movimientos sociales, pues diversos conflictos ambientales emergen como movimientos identitarios y de búsqueda de reconocimiento simbólico, ya que estos se constituyen en el lugar de las luchas sociales con reivindicaciones cada vez más políticas, antes concentradas en demandas económicas vinculadas con el sindicalismo o con el colectivismo, en cuya transformación ahora luchan por bienes colectivos (asociaciones de barrios, grupos de base territorial) o por nuevas modalidades de acción colectiva, debido a la insuficiencia y el deterioro de la calidad de los servicios públicos.

El ex Presidente de Uruguay José Mujica en la reunión Río+20[10], señaló que la gran crisis ambiental, no es una crisis ecológica sino una crisis política, en la que la cultura del consumo, coloca a las sociedades y a los Estados en una carrera de producción voraz a costa de los recursos del mundo. Mujica nos invita a preguntarnos si el mundo tiene las capacidades materiales para soportar que más de 7 mil millones de personas puedan tener el mismo nivel de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades. Para Mujica, es necesario cuestionar el modelo de consumo, preguntarse si es sustentable buscar nuevos métodos para la explotación de combustibles y la generación de energía, aumentar la capacidad de explotación de los recursos o si en el fondo lo que debemos cuestionar es el modelo de consumo que nunca ha sido sustentable.

El modelo energético latinoamericano está atravesado por conflictos geopolíticos internos y externos, pues igualmente la generación de electricidad, sea mediante plantas nucleares o de grandes presas hidroeléctricas, genera impactos socioambientales de gran envergadura que detonan acciones colectivas para impedir la extensión de ese modelo. López y Ochoa analizan esos dilemas entre ambiente, crecimiento, desarrollo y acción colectiva en el tema de la construcción de presas:

“Solo en el Cono Sur existen unas 1,000 presas y más del 60% de ellas se ubican en Brasil. El 25% de las presas de Suramérica son utilizadas para propósitos múltiples y el 26% para la generación de hidroenergía; el resto se divide entre control de inundaciones (17%), riego (15%), suministro de agua (13%) y otros usos individuales (4%). En Latinoamérica, la construcción de presas ha generado diversos conflictos sociales relacionados con el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de biodiversidad, lo cual se ha traducido en un importante movimiento social de resistencia a su construcción. El Movimiento Mesoamericano contra las Represas considera que sólo en México y Centroamérica, hay más de 300 casos de pueblos afectados y ríos amenazados por la actividad de las presas. Otros países latinoamericanos [donde hay] movimientos contra las presas son Colombia, Bolivia y Brasil” (López & Ochoa, 2010: 228).

Por otra parte, los procesos de integración desarrollados por los propios países latinoamericanos también tienen impactos socioambientales que no siempre son controlados por la población afectada por la construcción de la compleja infraestructura de comunicaciones y transportes, o de industrias explotadoras de distintas fuentes energéticas. Los proyectos asociados con el Plan Puebla Panamá, luego extendido a Colombia, y que actualmente conforma la llamada Iniciativa Mesoamericana, han generado acciones colectivas de resistencia frente a esos proyectos, que encabezan movimientos sociales de alcance mesoamericano, al igual que la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), asumida como brazo ejecutivo de obras por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Se trata en todos los casos, de planes geoestratégicos atravesados por el conflicto social y ambiental.

En la búsqueda de fuentes alternativas para la sustitución de energéticos de origen fósil, también destaca América Latina, aunque no hay unanimidad respecto del papel que estas alternativas, basadas en los biocombustibles, representan. Para Estados Unidos, el etanol y el biodiesel son parte de su estrategia de diversificación; Brasil[11], que es el segundo productor mundial de esos energéticos, es un aliado de la potencia del Norte. Venezuela, ha mostrado serias reservas sobre las implicaciones socioambientales derivadas de la producción de etanol: la sustitución de cultivos antes destinados a la alimentación humana, la concentración de la tierra aunada con el desmonte de bosques tropicales, el uso de organismos genéticamente modificados para elevar la producción, principalmente de caña de azúcar y maíz, principales proveedores de biodiesel.

Si tenemos grandes recursos hídricos, un amplio potencial de recursos petroleros (Saxe-Fernández, 2009), de gas, de litio (Schildt, 2014), de cobre y dado que nuestros pueblos siguen siendo golpeados por la crisis alimentaria, no parece conveniente la apuesta por el etanol y los biocombustibles como energías alternativas.

Políticas de reconocimiento ante nuevos escenarios productivos

El Consenso de Washington está cada vez más cuestionado (Preciado y Loza, 2012). En su propuesta original fracasó, pues no generó el crecimiento esperado en los países de la región. El quinquenio perdido (1997-2002) presentó indicadores aún más críticos que los de la década perdida, frente a la cual el Consenso se quiso erigir como alternativa. French-Davis (2010) señala: «aunque la gran mayoría acepta los aciertos en el terreno de estabilidad macroeconómica y en el incremento de las exportaciones, hay un cuestionamiento cada vez más crítico en el crecimiento económico, el empleo y las condiciones sociales».

El modelo industrial orientado a la exportación que emerge en América Latina desde mediados de los años 70, quiso ser impulsado en la década siguiente por las «políticas de ajuste estructural» y luego, ante su fracaso, mediante las 10 medidas propuestas en el Consenso de Washington (Williamson, 1990). El decenio de los 90 vio crecer la aceptación de este decálogo por parte de la casi totalidad de gobiernos y élites nacionales, lo cual causó malestar por la triple limitación señalada antes. La región no creció, no generó empleo estable y suficiente y la pobreza creció en términos absolutos, aunque hubo algunos casos excepcionales en los que esta disminuyó espectacularmente, pero en la mayoría de los países aumentó la polarización en la concentración del ingreso. Es decir, la desigualdad se incrementó.

Durante la última década del siglo XX, emergieron dos posiciones que plantean la continuación de las medidas propuestas en el llamado decálogo de Williamson: la de Joseph Stiglitz, (1998) quien reconoce algunos aciertos pero propone cambios sensibles a la propuesta original y la del propio John Williamson, quien junto con la mayor parte de economistas que estuvieron presentes en la reunión fundadora del Consenso, en 1989, produce un documento (Kuczinski & Williamson, 2003) que reflexiona sobre las experiencias registradas en los países donde se siguieron sus preceptos propuestos diez años después. Su evaluación es positiva y concluye que las limitaciones encontradas en la aplicación del modelo se debieron a la tibieza con que se implantaron las medidas entrañadas en la versión original. Aunque las propuestas ortodoxas del libre comercio suponían un achicamiento del Estado y castrar sus capacidades reguladoras, el Consenso de Washington se propone ciertas actividades reguladoras del Estado focalizadas en programas de combate a la pobreza y prioritariamente en la gestión de la privatización y la desregulación del mercado. Ello supuso que la llamada reforma del Estado orientara la potencia pública a sostener el andamiaje estatal en beneficio de los poderes fácticos.

Durante la primera década del siglo XXI se impulsaron modificaciones de las propuestas originales del Consenso de Washington; además del posconsenso, hubo al menos tres matices que se fueron introduciendo en la reforma del decálogo de Williamson, desde perspectivas sociopolíticas diferenciadas:

En América Latina destaca el caso chileno y en menor medida el brasileño. Se reconoce al Estado como el garante de la estabilidad macroeconómica y el principal promotor del comercio mundial así como el responsable de una política social focalizada en compensaciones para los pobres.

El Consenso de Monterrey, observó también algunas de las contradicciones surgidas a raíz de la adopción del Consenso de Washington en los países en vías de desarrollo (Colom, 2008)[12]. Es notable que los acuerdos que propuso este Consenso, adoptaron un enfoque estadocéntrico, al subrayar el papel del gobierno y el sector público en la movilización de recursos financieros internos para el desarrollo; inversión extranjera directa y otras corrientes privadas; comercio internacional; aumento de la cooperación financiera internacional, mediante la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD); renegociación de la deuda externa (SELA, 2003).

Desde que el Banco Mundial elaboró el reporte sobre el Milagro de Asia del Este, (World Bank, 1993) se empezaron a pensar alternativas frente al modelo imperante. Sus conclusiones reforzaron la idea de ir más allá del Consenso de Washington, pues un grupo de países de esa región no siguió rígidamente esas recomendaciones y, sin embargo, alcanzaron los indicadores de desarrollo más altos de su historia reciente.

Con la crisis global en la que se combina lo financiero, lo ecológico-alimentario y la crisis del modelo energético, se ha acentuado el regreso de los enfoques estadocéntricos para intervenir en la regulación de esta triple crisis. Marco Gandásegui (2009) constata en palabras de Stephen King, jefe del equipo de economistas del Banco HSBC, tres problemas que enfrenta actualmente el capitalismo global como sistema. El primer problema se refiere a la incapacidad del mercado para determinar cómo y cuándo distribuir el capital. Según King, los gestores políticos están convencidos que si no se regula el mercado todo el sistema colapsará». Un segundo problema se refiere a: «las tendencias contrarias a la ideología del libre comercio que aparecen en todos los países desarrollados», lo que hace renunciar aun a los países centrales al núcleo duro del libre mercado, al aceptar prácticas neo-proteccionistas como naturales o al apegarse a la gestión estatal como seguro contra la crisis. El tercer problema consiste en que «no se podrá seguir promoviendo la creencia que el capitalismo es un sistema basado en la competencia y en la toma de ‘riesgos’. Los gobiernos tendrán que «asegurar» las pensiones y los préstamos a todos los niveles».

En América Latina hay tendencias encontradas sobre la coexistencia de las diferentes versiones de los Consensos, en el marco de la crisis neoliberal. El Consenso de Washington, en su vertiente más ortodoxa, al estilo Williamson, se siguió casi al pie de la letra en el caso mexicano, colombiano y peruano, así como en varios países caribeños. En el caso argentino, durante el kirchnerismo, predominaron las medidas inspiradas en el Posconsenso de Washington (Stiglitz), el cual mostró un manejo flexible de los aciertos de política económica del Consenso de Washington, donde el Estado puede regular con mejores instrumentos los conflictos socioeconómicos derivados de la naturaleza misma del modelo neoliberal. Sin embargo, igualmente la crisis hace estragos en las salidas de mediano y largo plazo. Mientras que en Brasil, Chile, Uruguay, Panamá (hasta 2010), Costa Rica y Guatemala (hasta 2009), se ensayan combinaciones entre las medidas sugeridas en el Posconsenso de Washington por Stiglitz y una «alternativa» socialdemócrata[13], que abre espacios a la regulación estatal de la crisis, particularmente de la agenda social. Sin embargo, las variables siguen pesando principalmente del lado de la estabilidad macroeconómica y de la hegemonía del modelo industrial orientado a la exportación.

Finalmente, hay un grupo de países caracterizados por tener gobiernos de izquierda, algunos tienen base en movimientos sociales: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay (hasta 2012) y Venezuela[14], que impulsan nuevos modelos de gestión estatal de las políticas públicas, que se acerca más a lo que se denomina el Consenso de Beijing (Cooper, 2004; Giuffré, 2004). En esos casos, encontramos una inserción al mercado mundial que está mediada por negociaciones que implican definir la gradualidad y los términos de reciprocidad de los intercambios comerciales, anteponiendo los intereses nacionales. En la mayoría de estos países encontramos que hay procesos políticos que desembocaron en la discusión y aprobación de nuevas Constituciones (el derecho como reconocimiento de auto-respeto) que plantean nuevos derechos sociales de ciudadanía y un fortalecimiento del Estado social nacional. Lo cual implica, a su vez, acrecentar y enriquecer el debate sobre el «Socialismo del siglo XXI».

Sin embargo, al mismo tiempo que se crean nuevas constituciones y se avanza hacia el Buen vivir y la pluriculturalidad, se fortalece lo que algunos autores como Maristella Svampa llama el Consenso de las Commodities en América Latina.

En su análisis, Svampa plantea que en la última década América Latina ha pasado al Consenso de las Commodities, basado en las exportaciones de materia prima a gran escala (Svampa, 2013). Alimentos como el maíz, la soya y el trigo han alcanzado su máximo histórico en abril del 2011. Al mismo tiempo que esto ha generado un fuerte proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas en condiciones cada vez más desventajosas por ejemplo con China, el cual pasó de representar 0,6% del comercio exterior de la región en 1990, a 9,7% en el 2009[15]. También ha sido un periodo de bonanza para la región. Según datos de la CEPAL, el índice de Gini latinoamericano pasó de 0,59 a mediados de los 90 a 0,51 para el 2014 (Natanson, 2014) lo cual significa menor polarización en la concentración del ingreso.

Este Consenso de las Commodities alienta las dinámicas de desposesión que vienen con el modelo de desarrollo extractivista y de la agricultura industrial de la que hemos venido discutiendo: el despojo de las tierras y recursos además de la mercantilización de lugares que podrían tener otras significaciones para los pueblos originarios. Como en el caso Argentino con la soya, estos modelos tienden al favorecimiento del monocultivo y la re-primarización (Rodríguez-Silveira, 2014).

Conclusiones

En América Latina se experimentan políticas de impedimento de raigambre autoritario frente a políticas de reconocimiento en sus cuatro esferas, que son impulsadas por prácticas sociales e intersubjetividades que promueven el cambio social: la esfera del amor y la autoconfianza, del cuidado personal y del otro, de la otra; la esfera del auto respeto en la búsqueda de relaciones democráticas entre Estado y sociedad; la esfera social, de la autoestima y la solidaridad. Políticas de reconocimiento que se fundan en la acción colectiva, en el acercamiento entre prácticas e intersubjetividades cuyos portadores son los movimientos sociales, su sentido de lo común y de los bienes comunes.

Las experiencias de innovación socio organizativa en la creación de nuevas relaciones entre sociedad y gobierno, repercuten en políticas de reconocimiento que en algún momento convergieron en y con los gobiernos progresistas, pero cuyo carácter intersubjetivo liberador presenta desencuentros crecientes entre la izquierda social y la izquierda electoral. No obstante esa brecha, que no es exclusiva de los países con gobiernos progresistas, el tema del Estado, como espacio de lo público gubernamental y el espacio público social de las esferas del reconocimiento, son indisociables respecto del sentido que tome el cambio social.

El ámbito democrático del cambio social tiende a considerar el predominio de una agenda de izquierda frente a la crisis global y sistémica derivada del avance de los gobiernos neoliberales, que apuestan por una democracia orientada a intereses hegemónicos y que deja de lado los postulados de equidad, justicia redistributiva y participación ciudadana. El modelo homogeneizador, promovido por la democracia liberal, contribuye a la desigualdad social, la injusticia y la impunidad de los responsables de las políticas de impedimento y condiciona a la democracia al plano económico neoliberal.

Los recientes avances de la derecha opositora (Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay) que se relaciona con los Estados Unidos y los avances del neoconservadurismo estadounidense impulsado por el actual presidente Donald Trump, refuerzan políticas de impedimento que repercutirán en mayores limitaciones frente a la creciente demanda de reconocimiento social, cultural, económico y político, de cara a problemas socioambientales en el campo y en la ciudad. Sin embargo, las cuatro esferas de políticas de reconocimiento, también son objeto del debate entre cambio y conservadurismo social. Sólo que el cambio supone la inclusión social y el conservadurismo implica políticas de impedimento.

El referéndum y el plebiscito instrumentos políticos que potencialmente abonan a la consolidación democrática, presentan un gran avance y son la oportunidad de identificar el pulso social. El referéndum del año 2016 en Colombia, para decidir sobre el proceso de paz que diera fin al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muestra un avance en los procesos democráticos pero también una llamada de alerta sobre los problemas sociales y políticos definitorios de una democracia participativa.

Los debates de las propuestas hegemónica y no hegemónica de la democracia, donde la primera responde al procedimiento y forma, la burocracia y la representación; mientras que la segunda se dirige por una participación con mayor incidencia, identidad y consenso. Son identificables en los diferentes procesos de integración autónoma en sus avances y retrocesos, donde se presentan también diferencias entre la integración autonómica y la integración hegemónica internacional liderada por los Estados Unidos.

El papel de los movimientos sociales es crucial en esta reconfiguración de una democracia participativa que fortalece a las sociedades ampliando las redes de resistencia e incidiendo en los espacios públicos dominados por grupos que no consideran los intereses comunes y privilegian un poder dominante. Los movimientos sociales por una educación pública en Chile (Rosales, 2014) o la respuesta del movimiento de Ayotzinapa en México, que evidenció los abusos cometidos por los poderes públicos, dejan una lección de los cambios que requieren los sistemas democráticos de los países en América Latina.

Tenemos ante nosotros un campo fértil para el pensamiento social crítico. Contamos con ese nosotros amplio, enriquecido con los actores sociales, la oportunidad de interrogar si América Latina va en la dirección de la inclusión social, permeada por las cuatro esferas, y la obligación ética de preguntarnos sobre el rol a desempeñar por académicos/as dispuestos a jugar un papel crítico desde el poder intelectual compartido.

La potencialidad de la región de Latinoamérica y el Caribe es indiscutible, una historia compartida de procesos y movimientos sociales, países con grandes reservas de agua y recursos naturales, aspectos culturales diversos que crean un sentido de identificación latinoamericano.

Lamentablemente hay otros aspectos que también son compartidos en la región, la intervención de otros países a partir del neoliberalismo ahora está en crisis, que entre sus efectos ha dejado en la región un grave deterioro ambiental. Desde los conflictos por el uso del agua y su explotación indiscriminada, un crecimiento desordenado y no planeado de las ciudades, las actividades agrícolas extensivas y los alimentos transgénicos, permite repensar el uso de la tierra y como se ha desplazado a los pequeños productores por las grandes transnacionales. El neoextractivismo con la persistencia de exportaciones petroleras sin procesar (PDVSA, 2004) y la minería han deteriorado de sobremanera los ecosistemas de la región.

El fracaso del Consenso de Washington puso el Estado al servicio de los poderes fácticos y abrió un nuevo rol del Estado en el desarrollo económico generando así un eminente fracaso; pero simultáneamente, la crisis del Consenso fue enfrentada desde los movimientos sociales, abriendo grandes oportunidades que impulsaron proyectos más sociales e igualitarios y detonaron procesos constitucionales de reconocimiento étnico y de respeto a la naturaleza.

Pereira (2010), ofrece las ideas que este trabajo explora, pero que tanto nos falta por investigar: “Honneth establece tres modos básicos de reconocimiento intersubjetivo: el amor, el derecho y la solidaridad, guiados por tres principios: la atención afectiva que rige las relaciones íntimas, la igualdad jurídica que rige las relaciones entre miembros de la comunidad política y el ‘principio del logro’ que pauta la valoración social de las capacidades y cualidades individuales específicas en el marco de un trasfondo de valores y objetivos compartidos por la comunidad.”

Bibliografía

Alba, Felipe 2007 Geopolítica del agua en México: La oposición entre la hidropolítica y el conflicto sociopolítico. Los nuevos rostros de las “luchas” sociales, INTERAÇÕES en Revista Internacional de Desenvolvimento Local, Vol. 8 N° 1: 95-112.

Ávila, Patricia 2004 Cambio global y recursos hídricos en México: hidropolítica y conflictos contemporáneos por el agua (México: Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de Ecosistemas, Instituto Nacional de Ecología).

Colom Jaén, Artur 2008 La nueva agenda del sistema de cooperación: ¿el fin del Consenso de Washington? en Revista de Economía Mundial N° 18: 79-92.

Cooper Ramo, Joshua 2004 The Beijing Consensus, The Foreign Policy Centre, The Mezzanine, Elizabeth House (London: String Information Services).

Ffrench-Davis, Ricardo 2000 Reforming the reforms in Latin America (New York: St. Martin Press).

De Sousa Santos, Boaventura 2005 “El Estado como novísimo movimiento social” en Reinventar la democracia. Reinventar el estado. Recuperado de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sousa/Reinventar%20la%20Democracia.pdf

Gandásegui, Marcos A. 2009 La mano visible del gobierno al rescate Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), América Latina en Movimiento, 2009-03-12, en: http://alainet.org/active/29389

García Linera, Álvaro 2005 Autonomías indígenas y Estado multicultural. Una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales (La Paz: ILDIS).

Giuffré, Mercedes 2004 “El Consenso de Beijing versus el Consenso de Washington”, Primeras Jornadas de Estudios Orientales, Transoxiana, Journal Libre de Estudios Orientales, 20 y 21 de Diciembre, Escuela de Estudios Orientales, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

Grain 2009 “Twelve years of GM soya in Argentina – a disaster for people and the environment”, en: http://www.grain.org/article/entries/706-twelve-years-of-gm-soya-in-argentina-a-disaster-for-people-and-the-environment

Habermas, Jürgen 1984 Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos (México: Cátedra).

Honneth, Axel 1997 La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales (Barcelona: Crítica).

Kuczynski, Pedro – Pablo y Williamson, John 2003 After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America (Washington: Institute of International Economics).

López, Alexander 2008 Conflictos socioambientales en América Latina: hidropolítica de los cursos de agua internacionales (Viena: Instituto de Estudios Latinoamericanos de Austria), 14 de Abril.

López, Mario y Ochoa, Heliodoro 2010 “Conflictos sociales por el agua en América Latina: el caso de Juanacatlán y El Salto en Jalisco, México” en Preciado, Jaime (coord.) Anuario de la Integración Latinoamericana y Caribeña (2006-2007) (REDIALC, ED. Universidad de Guadalajara).

Morin, Edgar 2000 La mente bien ordenada. Repensar la forma; reformar el pensamiento. (Barcelona: Seix-Barral).

Natanson, José 2014 “Piketty en América Latina” en Le monde Diplomatique (Edición Cono Sur), 186.

Pereira, Gustavo 2010 “Reconocimiento y criterios normativos. Entrevista a Axel Honneth” en Revista Andamios (México), Vol.7 N°13, may./ago.

Pleyers, Geoffrey y Johnson, Alan 2008 “Globalización, democracia y mercados: una alternativa socialdemócrata. Entrevistas con David Held” en Sociológica (México: Universidad Autónoma Metropolitana), Vol. 23 N°66: 187-224.

Preciado, Jaime & Loza, Martha 2012 “El papel del Estado en la sociedad globalizada y la posición predominante respecto a la soberanía nacional” en Preciado, J., y Gallardo R. (Eds.). 2012 Dilemas Latinoamericanos. Otro desarrollo desde el Sur global, Tomo II Cátedra Alain Touraine., Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad de Tijuana en Baja California Sur, Instituto Universitario Internacional de Toluca. (México: FronterAbierta).

Preciado, Jaime 2011 “Izquierda social e izquierda electoral: ¿Una gramática democrática postneoliberal de la integración latinoamericana?” en R. Viales Hurtado, D. Díaz Arias, & J. Franzé (Comp.) América Latina, conceptos y conflictos (Costa Rica: Nuevas Perspectivas), 179-197.

Precio Oro 2008 América Latina se proyecta como uno de los principales productores de oro. Disponible en: http://www.preciooro.com/america-latina-se-proyecta-como-uno-de-los-principales-productores-de-oro.html

Prensa PDVSA 2004 Comunicación para la construcción del socialismo (Aporrea). Disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/n18134.html

Rodrigues-Silveira, Rodrigo 2014 Estado y Regímenes Extractivos en América Latina en Desigualdades.net (Berlin).

Rosales, J. A., 2014 “El movimiento estudiantil de 2011 y la crisis del modelo educativo chileno” en Anuario de la integración latinoamericana y caribeña 2011, Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe (Redialc), 329-343.

Saxe-Fernández, John 2009 “América Latina: ¿Reserva estratégica de Estados Unidos?” en OSAL, Vol. 10 N° 25.

Schildt, J. 2014 Which lessons can we learn from past resource conflicts for today’s policy recommendations? The Case of Lithium in Bolivia, presented at WISC 2014, Frankfurt Germany.

Sistema Económico Latinoamericano, SELA 2003 Consenso de Monterrey. Prioridades y perspectivas de América Latina y el Caribe, SP/RR-ALC-PCANCSS-MRE/Di Nº 2, Reunión Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria para la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, Caracas, Venezuela, 16 – 17 de Junio, consultado en: http://www.sela.org/public_html/AA2K3/ESP/docs/Coop/sur.sur/Di2.htm

Sousa Santos, Boaventura (coord.) 2004 Democratizar la democracia: los caminos de la democracia participativa (México: FCE).

Stiglitz, Joseph 1998 More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post–Washington Consensus, The 1998 WIDER Annual Lecture (Helsinki, Finlandia) Enero 7.

Svampa Maristella 2013 Consenso de los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento crítico en América Latina, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf

Touraine, Alain 1989 América Latina: Política y sociedad (Madrid: Espasa Calpe).

Wallerstein Immanuel 2008 ¿Qué tan a la izquierda se ha movido América Latina? Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=opinion&article=032a1mun

Williamson John 1990 Latin American Adjustment. How much has happened? (Washington: Institute for International Economics).

World Bank 1993 The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (New York: Oxford University Press) (Preparado por John Page, Nancy Birdsall, Ed Campos, W. Max Corden, Chang-Shik Kim, Howard Pack, Richard Sabot, Joseph Stiglitz, y Marilou Uy).

Zibechi, Raúl 2006 Dispersar el poder (México: La casa del mago/Cuadernos de resistencia).


  1. El presente artículo es una versión actualizada y aumentada de dos trabajos en proceso de publicación: “Crisis Global y sistémica del neoliberalismo en América Latina, depredación y deterioro ambiental, ante nuevos escenarios productivos” y: “Democracia participativa, Estado social del buen vivir y pensamiento social crítico y alternativo”. Se agradece la colaboración del Lic. Tomás A. García González.
  2. Ex Presidente ALAS, XXVI Congreso, Guadalajara, México 2007. Miembro del Consejo Consultivo de ALAS.
  3. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15155&LangID=E
  4. A este autor le preocupa que «entre el pensamiento científico, que separa los conocimientos y no reflexiona sobre el destino humano, y el pensamiento humanista, el cual ignora las aportaciones de las ciencias susceptibles de nutrir nuevos interrogantes sobre el mundo y la vida, el divorcio es total. Y peligroso» Morin (2000).
  5. De Sousa (2005) plantea que los movimientos sociales se constituyen en el “novísimo Estado” del Siglo XXI
  6. Además de las instituciones ambientales de Naciones Unidas, ver las declaraciones de la sociedad civil:
    – La Declaración «Valley of 1000 Hills», elaborada en Kwa Zulu Natal, Sud Africa en marzo de 2002, por 40 participantes de la comunidad y de ONGs de África. El «Compromiso de Rio Branco», elaborado en Rio Branco, Brasil en mayo de 2002, por 100 participantes de la comunidad y de ONGs de todo el mundo. La «Second South-South Biopiracy Summit», desarrollada en Johannesburgo en agosto de 2002.
  7. Consultado en: http://www.preciooro.com/america-latina-se-proyecta-como-uno-de-los-principales-productores-de-oro.html
  8. Medida mensual (ajustada al promedio del ciclo por temporada). National Oceanic and Atmospheric administration, disponible en: http://climate.nasa.gov/
  9. Disponible en: http://www.cop20.pe/en/agenda-cop20/agenda-indigenas/ Ver también García Linera (2005), en el tema de las autonomías indígenas.
  10. Disponible en: http://www.uncsd2012.org/resources.html
  11. «Tenemos 80 millones de hectáreas en la Amazonia que van a transformarse en la Arabia Saudí del biodiesel», afirmó el ingeniero químico brasileño Expedito Parente al diario O Globo, nota resaltada por Raúl Zibechi, en «Estados Unidos y Brasil: La nueva alianza etanol», 6 de marzo de 2007, consultada en: WRM Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales http://www.wrm.org.uy/temas/Biocombustibles/Alianza_Etanol.html
  12. Con el objetivo de revertir esta situación, Naciones Unidas organizó en marzo de 2002 en Monterrey (México), la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo, en la que se buscó sobre todo conseguir compromisos cuantitativos de los grandes donantes. El resultado de la conferencia fue una declaración institucional conocida como el «Consenso de Monterrey» en la que los participantes acuerdan: a) aumentar la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), de manera que los países ricos dediquen el 0,7% de su PNB a la AOD; b) orientar la AOD a la consecución de los Objetivos Del Milenio (Naciones Unidas), y en consecuencia destinar más ayuda a los países más necesitados, desligando la ayuda de los intereses geopolíticos; c) impulsar “partenariados” con más participación por parte de los países receptores; y d) hacer del comercio internacional un instrumento de desarrollo, garantizando el acceso a los mercados de los países ricos de los productos de los países pobres.
  13. En la entrevista que hacen Pleyers Geoffrey y Alan Johnson (2008) a David Held, se dice que «en sentido crítico, no podemos declarar como éxitos del Consenso de Washington a las economías en desarrollo más sobresalientes. En las naciones donde el Consenso ha penetrado de manera más eficiente, ha debilitado sus economías en la competencia internacional. Se ha prosperado en los países que fueron capaces de diseñar sus propias políticas de compromiso secuenciado con la economía global y no sólo en la India y China, sino también en Vietnam y Uganda. Sin embargo, nada de esto fue previsto por las doctrinas económicas liberales
  14. Venezuela atraviesa por una crisis político social; mientras que los gobiernos de corte neoliberal vuelven a la escena política en Brasil y Argentina los cuales tenían un antecedente progresista.
  15. Para el año 2009 las exportaciones de cobre, hierro y soya representaban el 55,7% de las exportaciones totales de la región al coloso asiático (Svampa, 2013)


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