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4 Las utopías de la revolución cubana

Una mirada en las proximidades de su 60 aniversario

Luis Suárez Salazar[1]

Introducción

El 1 de enero de 2019, la Revolución Cubana cumplirá su 60 Aniversario. A pesar de todo lo que se ha escrito y se sigue escribiendo sobre esa revolución –nacional por su forma, pero continental y universal por sus contenidos de liberación nacional y social— no existen anales (ni siquiera en Cuba) en los que, desde el pensamiento crítico y descolonizado, se aborde un análisis lógico-histórico de sus realizaciones y falencias económicas, sociales, políticas, socio-ambientales e ideológico-culturales. Tampoco en los que reflejen la que he denominado su “proyección externa” hacia los otrora denominados “primero”, “segundo” y “tercer” mundo, así como, dentro de este último, en el espacio geográfico, humano y cultural que en 1891 José Martí denomino Nuestra América (Martí, 1974)[2].

A contribuir a superar algunas de esas carencias van dirigidas las páginas que siguen. Estas se dividirán en cuatro acápites. En el primero realizaré un rápido y seguramente incompleto recorrido a ciertas facetas poco divulgadas de la historia de la Revolución Cubana. En el segundo referiré algunas de las causas de la oficialmente denominadas “actualización del modelo económico y social cubano” iniciada en el 2008. En el tercero presentaré una apretada síntesis de ciertos componentes de la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista finalmente aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) a comienzos de junio de 2017. Y, a modo de conclusión, en el cuarto explayaré algunas reflexiones sobre los diversos problemas internos y externos que el futuro previsible tendrá que enfrentar la que denomino “transición socialista cubana”.

Cual se indica en el título de este ensayo, todos esos enfoques se realizarán desde las que en diversos espacios docentes y en otras publicaciones he venido denominando “utopías de la Revolución Cubana” (Suárez, 2009, 2013, 2014 y 2014a); entendiendo “la utopía”, al igual que Franz Hinkelammert (1993), como una crítica sistemática del pasado-presente a partir de la perenne esperanza de que, en el porvenir, siempre será necesario edificar una sociedad y un mundo mejor que el que hasta ese momento se haya conocido.

Como se ha demostrado desde 1959 hasta la actualidad, en el caso de Cuba, lo antes dicho ha implicado, implica e implicará criticar constantemente sus “condiciones presentes” desde la convicción teórico-práctica de que es necesario y, en ciertas condiciones endógenas y exógenas, posible edificar un socialismo más eficaz, eficiente, culto, económicamente auto sostenido, ecológicamente sustentable y democrático-participativo que el que hasta ahora han conocido todas las “generaciones políticas” que, en los más recientes veintiséis años[3], han defendido (y continúan defendiendo) las que, en octubre de 1991, el ahora físicamente desaparecido líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, denominó “principales conquistas de la Revolución y del Socialismo” (Castro, 1991).

Las utopías de la Revolución Cubana

Como siempre se insiste en la historiografía oficial cubana, esas conquistas, al igual que su multidimensional proyección externa estuvieron inspiradas en los legados de José Martí, así como de otros próceres y mártires de las multiformes luchas del pueblo cubano por su verdadera y definitiva independencia, tanto frente a España en el siglo XIX, como frente a Estados Unidos en las primeras seis décadas del siglo XX.

En correspondencia con esa narrativa puede afirmarse que la Revolución cubana triunfó como fruto de una crítica-utópica a las profundas falencias económicas, sociales, políticas, éticas e ideológico-culturales que, salvo episódicas excepciones (como las del llamado “gobierno de los cien días” instalado entre septiembre de 1933 y enero de 1934), habían demostrado los corruptos y represivos gobiernos democrático-representativos y dictatoriales que habían administrado el archipiélago cubano desde el 20 de mayo de 1902 hasta el 31 de diciembre de 1958[4]. Todos ellos subordinaron sus políticas internas y externas a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de Estados Unidos y, por tanto, contaron con el sistemático apoyo del gobierno permanente y de los sucesivos gobiernos temporales demócratas y republicanos de esa potencia imperialista[5].

De ahí que, en la misma medida que el liderazgo político-estatal cubano[6], encabezado por Fidel Castro, así como sus sucesivas “vanguardias políticas” –el Movimiento 26 de Julio (1959-1961), las Organizaciones Revolucionarias Integradas (1961-1963), el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (1963-1965) y, a partir del 3 octubre de ese año, el Partido Comunista de Cuba (PCC)—, en medio de diversas pruebas de ensayo-error y de sistemáticos procesos críticos y autocríticos, fueron demostrando sus capacidades para derrotar las multiformes agresiones imperialistas, así como para cumplir, al menos parcialmente, sus “sueños”, al igual que concitando y ofreciendo el apoyo y la solidaridad internacional (estatal y no estatal) que éstos requerían, en el imaginario y en la praxis de la absoluta mayoría de sujeto popular cubano fueron consolidándose las que en otro escrito denominé sus “utopías fundacionales” (Suárez, 2010). Sin ánimo de ser exhaustivo, sin orden de prelación, interrelacionadas entre sí y empleando el lenguaje actual (que no es el mismo que el utilizado en los diferentes momentos en que fueron enunciadas) éstas pudieran sintetizarse como sigue:

1.- El emprendimiento de un proyecto de desarrollo económico, social, político y cultural que –además de garantizar la independencia y la soberanía económica y política del país— coloque a los seres humanos, sin discriminaciones de ningún tipo y en su relación armónica con la naturaleza y la biosfera, como sus protagonistas y principales beneficiarios;

2.- La construcción de una democracia popular, integral, participativa y socialmente representativa radicalmente diferente a las democracias liberales burguesas ahora instaladas en la mayor parte de los países del mundo;

3.- La edificación de un socialismo autóctono y, por ende, distinto a las ahora frustradas transiciones socialistas europeas, al igual que a los diferentes socialismos asiáticos que aún perduran;

4.- La institucionalización de un Sistema Internacional de Estados democrático, justo y multipolar y, por tanto, de un nuevo orden económico, político, informativo y multicultural internacional; y

5.- La integración económica y política de la República de Cuba con los demás Estados-nacionales o plurinacionales de América Latina y el Caribe; en particular –como se indicó en 1976 en los fundamentos constitucionales de la política exterior cubana— con aquellos “liberados de dominaciones externas y opresiones internas” (DOR, 1976).

Luego de casi tres lustros de la “construcción del socialismo” (oficialmente proclamado por Fidel Castro el 16 de abril de 1961) e inmediatamente después que, a fines de 1975 y en consulta con diversos sectores populares, el Primer Congreso del PCC realizara un profundo análisis crítico y auto-crítico de sus realizaciones internas y externas, así como de los diversos “errores de idealismo” que se habían cometido en los años precedentes (Castro, 1975), esas utopías fueron consagradas en la Constitución socialista de la República de 1976. Antecedida por una discusión de su ante-proyecto con amplios sectores de la población, esta entró en vigor el 24 de febrero de ese año, luego de haber sido aprobada nueve días antes mediante un referéndum en el que participaron el 98% de las ciudadanas y los ciudadanos residentes permanentes en el país, incluyendo los que temporalmente se encontraban en el exterior. De ellos, el 97,6% expresó su aprobación mediante su voto voluntario, universal, libre, directo y secreto (Cantón y Duarte, 2006).

Sin dudas, no obstante los diversos desatinos en su espíritu y en su letra que posteriormente fueron identificados y, en cierta medida, subsanados en la reforma constitucional emprendida por la ANPP en 1992 (Azcuy, 1993), la “Constitución de 1976” significó una salto cualitativo en la democracia popular, socialmente representativa y participativa que de jure y de facto se había venido edificando desde 1959 y, por tanto, creó el entorno jurídico-político que guío la activa, multidimensional y por lo general fructífera proyección externa de la transición socialista cubana hasta el “período especial en tiempo de paz”, iniciado a comienzos de la última década del siglo XX.

Además de las reconocidas realizaciones económicas, sociales, políticas e ideológico-culturales internas que, en esos años y gracias a los esfuerzos del pueblo cubano y a sus “relaciones especiales” entonces existentes con la Unión Soviética, esa proyección externa tuvo sus cúspides en su multifacética solidaridad con las luchas del pueblo vietnamita y en la decisiva participación de más de 300 mil militares cubanos y cubanas en las multiformes contiendas que entonces se estaban desplegando para lograr la total descolonización de África y para derrotar al régimen del apartheid instalado en Sudáfrica, con el apoyo de las principales potencias imperialistas. Igualmente, en la multifacética solidaridad del liderazgo político-estatal cubano con todas aquellas organizaciones político-militares y con los partidos de diferentes proyecciones ideológicas enfrentados a las democracias-represivas y a las dictaduras militares de seguridad nacional entonces instauradas en buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe. Entre ellas, las victoriosamente desplegadas por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional contra la dinastía de Anastasio Somoza y por el Movimiento de la Nueva Joya contra el régimen fascista instaurado en Granada.

Lo antes dicho contribuye a explicar el por qué, a pesar de las inconclusas críticas teórico-prácticas a los “errores y tendencias negativas” que en el orden interno ya venían expresándose desde mediados de la década de 1980 (Castro, 1989), del “derrumbe de los falsos socialismo europeos” (Rodríguez, 1992), de la “implosión” de la Unión Soviética y de la profunda crisis económica, social y geopolítica que ya estaban afectando al archipiélago cubano, las utopías señaladas en los párrafos anteriores se mantuvieron presentes en las ya mencionadas reformas a la Constitución aprobadas por la ANPP el 12 de julio de 1992.

El respaldo de la mayoría del pueblo cubano a esas reformas se evidenció, entre otros comportamientos políticos que no tengo espacio para mencionar, en los comicios para elegir, por primera vez en la historia de la Revolución, mediante el voto universal, voluntario, libre, directo y secreto de la ciudadanía a las y los Delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular (APPP), así como a las y los Diputados a la ANPP realizados a comienzos de 1993[7]. Como se podrá ver en la Tabla N°1, en estas últimas casi el 93% de todas las ciudadanas y ciudadanos de 16 años o más respaldaron la legitimidad democrática del unipartidista sistema político del país[8].

T1

* Como todos los porcentajes están calculados sobre la base del potencial electoral, se introducen algunas modificaciones en los datos relativos, difundidos por las autoridades de la isla. Estos se calculan sobre la base de los votos emitidos o de los votos válidos. Mientras que estos cálculos se realizan a partir del potencial electoral.
** En el lenguaje electoral cubano se califica como “voto unido” al de aquellos ciudadanos y ciudadanas que sufragan a favor de todos los integrantes de la lista de diputados a la ANPP propuestos por la Comisión de Candidatura. Por consiguiente, los “votos selectivos” son aquellos que se emiten por algunos o algunas de los integrantes de la lista antes mencionada.
Fuente: Confeccionado por Luis Suárez Salazar a partir de la información oficial aparecida en Granma. Los datos de las elecciones del 3 de febrero del 2013 fueron tomados de “Resultados finales de las elecciones”, Granma, La Habana, 8 de febrero del 2013 consultados el 18 de marzo del mismo año en www.juventudrebelde.cu.

A su vez las y los diputados electos en esos comicios respaldaron la reelección por cuarta vez consecutiva del líder histórico de la Revolución Cubana y Primer Secretario del CC del PCC, Fidel Castro, como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (CCEMM). Bajo su dirección, luego de analizarlas en la ANPP y en los llamados “parlamentos obreros, campesinos y estudiantiles”, se emprendieron diversas políticas públicas –entre ellas, la que denominé “reforma súper heterodoxa de la economía cubana” (Suárez, 2000)—, así como una activa y multidimensional política internacional dirigidas a enfrentar las nefastas consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas que habían tenido para el país y para su inserción en “la economía mundo” la desaparición de los socialismos este-europeos, así como el endurecimiento del carácter extra territorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde 1962 por Estados Unidos contra Cuba.

Entre los componentes de esa política internacional siempre habrá que resaltar los exitosos esfuerzos realizados por el liderazgo político-estatal cubano para evitar la desarticulación del Movimiento de Países No Alineado. Asimismo para impulsar la concertación política, la cooperación y la integración económica en diferentes foros oficiales latinoamericanos y caribeños, tales como las Cumbres Iberoamericanas que comenzaron a celebrarse desde 1991 y de la Asociación de Estados del Caribe fundada en 1993. De manera simultánea y en estrecha coordinación con el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, la máxima dirección del PCC propició la fundación en 1990 y la celebración de las sistemáticas reuniones del Foro de Sâo Paulo dirigidas a lograr la concertación de posiciones entre los diferentes movimientos y partidos de las entonces denominadas “vieja” y “nueva” izquierda latinoamericana y caribeña frente a las pretensiones de los grupos dominantes en los Estados Unidos y de sus sucesivos gobiernos temporales –encabezados por George H. Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001)— de institucionalizar, bajo su control “unipolar”, el que he denominado “un nuevo orden” mundial y panamericano (Suárez, 2007).

El respaldo popular a esas y otras políticas internas e internacionales fue reconocido por el V Congreso del PCC, efectuado en octubre de 1997. Este realizó un esperanzador balance de los resultados de las acciones para capear las crisis económica, social, económica, geopolítica y, en algunos aspectos, ideológico-cultural que habían emprendido desde 1992 el Estado y el Gobierno, así como el PCC, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y las organizaciones sociales y de masas, juveniles y estudiantiles que actuaban (y continúan actuando) en la sociedad civil y política cubana. Entre ellas, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (la FEEM), la Unión de Pioneros de Cuba (UPC) y la entonces recién fundada Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Luego de recoger las opiniones vertidas en centenares de asambleas efectuadas en diversos centros de trabajo y de estudios, tanto urbanos como rurales, las y los delegados al Congreso antes mencionado aprobaron un trascendental documento titulado “El Partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos”. En éste se realizó un análisis sintético de toda la historia de las luchas por la liberación nacional y social del pueblo cubano; se constataron los grandes logros sociales y políticos de la Revolución y se resaltó la importancia estratégica de la unidad del Partido [Comunista de Cuba] y del pueblo cubano. También se evaluaron críticamente todas las acciones que se habían emprendido entre 1992 y 1997 para “perfeccionar la democracia socialista cubana”; se refirieron los grandes problemas que seguían afectando al desenvolvimiento de la economía y la vida cotidiana de la población. Asimismo, se criticaron los efectos perversos que ya estaban teniendo en todo el mundo y en particular en América Latina y el Caribe el denominado “Consenso de Washington” y “la globalización neoliberal” (PCC, 1997).

Como se pudo ver en la Tabla N°1, el apoyo a esa y otras resoluciones de ese Congreso (cuál fue el caso su importante Resolución Económica) se manifestó en las elecciones de los Diputados/as a la ANPP de 1998 y, cuatro años después, en la aprobación por parte de estos de la llamada “reforma constitucional del 2002”. Demandada por 8 198 237 ciudadanas y ciudadanos que de manera voluntaria y, casi seguramente repetida, estamparon sus firmas durante los días 15, 16 y 17 de junio de ese año en el documento al respecto elaborado por las direcciones de diversas organizaciones sociales y de masas, juveniles y estudiantiles antes mencionadas,[9] esa reforma dejó consignado en la Carta Magna de la República de Cuba

“el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social revolucionario, así como que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con otros Estados no pueden ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera” (PRELA, 2010).

Merece recordar que esas precisiones respondieron a las diversas injerencias en los asuntos internos y externos cubanos, así como a las ofensas contra su pueblo difundidas el 20 de mayo de ese año por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009), propugnador de la bien llamada “guerra terrorista contra el terrorismo”, del “cambio de régimen” instalado en Cuba y del frustrado golpe de Estado fascista que se había producido en la República Bolivariana de Venezuela entre el 11 y el 13 de abril de 2002. Uno de los propósitos expresos de los artífices internos y externos de esa intentona fue interrumpir las estrechas relaciones ínter solidarias que, a partir de 1999, se habían venido desplegando entre los pueblos y los gobiernos de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), entonces encabezados por Fidel Castro y Hugo Chávez, respectivamente (Sánchez, 2012).

En mi criterio, a pesar de las enormes dificultades que seguían gravitando en el desenvolvimiento económico y social del país (incluida la “re-estratificación” de su población, el indeseado incremento de “la pobreza” y de la concentración de los ingresos) provocada por la crisis y las reformas económicas de la década de 1990 (Espina, 2008), así como de las erosiones políticas, axiológicas e ideológico-culturales que se habían producido entre 1992 y el 2002, el apoyo popular a la reforma constitucional antes mencionada demostró cuan vigentes estaban en el imaginario y en la praxis de la absoluta mayoría del sujeto popular cubano las ya mencionadas utopías elaboradas y periódicamente criticadas por la Revolución Cubana.

Como se puede ver en la Tabla N°1, a esa conclusión también puede arribarse cuando se observan los resultados de las elecciones de Diputados/as a la ANPP realizadas a comienzos de 2003. En estas se registró un descenso relativo de las abstenciones, así como de los votos nulos y en blanco que se habían contabilizado en los comicios de 1998. Sin embargo, se exteriorizó un incremento del “voto selectivo”; lo que me indujo a pensar en un aumento de las posiciones críticas de la ciudadanía ante las candidaturas bloqueadas, pero no cerradas que le presentaron (y aún les presentan) las Comisiones de Candidatura, avaladas por las Asambleas Municipales del Poder Popular (los delegados a las mismas se eligen cada dos años y medio)[10], al igual que hacia algunas de las políticas públicas que habían comenzado a aplicarse con vistas a tratar de contrarrestar los indeseados efectos negativos de las reformas económicas de la década precedente.

La actualización del socialismo cubano

Cualesquiera que sean los criterios que merezcan esas afirmaciones, lo cierto fue que, en medio del despliegue de la denominada “batalla de ideas” iniciada a fines del siglo XX, la crítica teórico-práctica a algunos de esos efectos fue incrementándose en los años posteriores. Un momento cúspide de esas críticas fue el discurso pronunciado el 17 de noviembre de 2005 por Fidel Castro en ocasión del 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana. En este, luego de analizar las manifestaciones de indisciplina social, latrocinio y corrupción que se estaban evidenciando en diversas estructuras gubernamentales, empresariales y en algunos colectivos de trabajadores estatales, resaltó:

“Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos [los imperialistas]; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra” (Castro, 2005).

En mi consideración, esas afirmaciones, la persistencia de esas tendencias negativas y las constantes críticas utópicas de los múltiples y complejos problemas que estaban afectando a la sociedad, a la economía y al funcionamiento del sistema político estuvieron en la base del inició de la que prefiero llamar “actualización del socialismo cubano”. Entre otras evidencias que no tengo espacios para recrear, así quedó demostrado en la amplia participación popular en “el debate crítico dentro del socialismo” convocado en el segundo semestre del 2007 por el liderazgo político-estatal del país y en particular por el entonces segundo secretario del CC del PCC y presidente interino de los CCEMM, general de Ejército Raúl Castro (2007).

Como respuesta a esa convocatoria, se efectuaron en todo el país 215, 687 reuniones organizadas por el PCC y la UJC, así como por las organizaciones sociales y de masas, juveniles y estudiantiles antes mencionadas. Según los datos difundidos, en estas participaron cerca de 5 millones de personas. Estas realizaron 3 255 344 intervenciones con 1 301 203 planteamientos, de los cuales el 48,8% remarcaron los diversos problemas internos que estaban y, en algunos casos, aún están afectando la transición socialista cubana (González, 2007). Entre ellos el irregular funcionamiento del Comité Central del PCC que no había convocado los congresos quinquenales que, según sus Estatutos, debían haberse celebrado en el 2002 y el 2007.

Contando con ese diagnóstico y con el reiterado respaldo popular a la activa y multidimensional política internacional desplegada en los años previos, así como luego de efectuadas las elecciones de Delegados/as a las APPP y de Diputados/as a la ANPP a comienzos del 2008 (ver Tabla N°1), el 24 de febrero de ese año estos eligieron a Raúl Castro como Presidente de los CCEMM. En su discurso de toma de posición, reiteró su compromiso de emprender los cambios estructurales y funcionales necesarios teniendo como prioridad la satisfacción de “las necesidades básicas de la población, tanto materiales como espirituales, partiendo del fortalecimiento sostenido de la economía nacional y de su base productiva”, sin lo cual, agregó, “sería imposible el desarrollo” del país (Castro., 2008).

Con esos y otros propósitos, un año después se anunció que –antecedido por la realización de la Primera Conferencia Nacional del PCC— en octubre del 2009 se efectuaría el VI Congreso del PCC. A decir de Raúl Castro (2009), ambos estaban llamados a “definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y [a] asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país, única garantía para su verdadera independencia”.

Después de diversas redefiniciones de la secuencia y las fechas en que se realizarían esos eventos, en noviembre del 2010 se convocó a toda la población a analizar el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social que –luego de incorporar las opiniones de la ciudadanía— se discutió y aprobó, con otro título, en el VI Congreso del PCC, realizado de manera coincidente con las celebraciones del 50 Aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y de la derrota de la invasión mercenaria de Playa Girón (16 y 19 de abril de 1961, respectivamente), organizada por la administración de Dwight Eisenhower (1953-1961) y emprendida por la entonces recién inaugurada administración del posteriormente asesinado presidente demócrata John F. Kennedy (1961-1963).

Según indicó Raúl Castro en el Informe Central que les presentó y fue aprobado por los mil delegados que en representación de los cerca de 800 mil militantes del PCC participaron en ese congreso, entre el 1º de diciembre del 2010 y el 28 de febrero del 2011, se habían realizado en todo el país más de 163 mil reuniones convocadas por las diferentes organizaciones de raigambre popular que actúan en la sociedad política y en la sociedad civil cubanas. Sin definirse con exactitud las que asistieron a más de una de esas reuniones, en ellas

“participaron 8 millones 913 mil 838 personas”, las que realizaron “una cifra superior a tres millones de intervenciones” (Castro, 2011).

Para demostrar la calidad de ese “verdadero y amplio ejercicio democrático” –calificado como “una suerte de referéndum popular respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los cambios” que, en los próximos años, se introducirán en el país— y la importancia que le había concedido su dirección político-estatal, Raúl Castro agregó que el 68% de los 291 lineamientos que contenía el Proyecto habían sido reformulados y que a éste se le habían añadido 36. De esas enmiendas surgieron los denominados Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución hasta el 2016 (en adelante, Lineamientos) aprobados por el Congreso del PCC antes mencionado (PCC, 2011).

Cabe destacar que en solo dos párrafos de ese extenso documento aparecieron referencias directas a la política exterior que se planteaba desarrollar el país en el próximo quinquenio y que, acorde con una de las utopías de la Revolución Cubana antes mencionadas, ambos estuvieron dirigidos a reafirmar el carácter estratégico que tenía para Cuba continuar participando activamente “en la integración con América Latina y el Caribe” y “trabajar con celeridad e intensamente en la coordinación, cooperación y complementación económica a corto, mediano y largo plazos para el logro y la profundización de los objetivos económicos, sociales y políticos que promueve” la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (PCC, 2011), ahora conformada por otros once gobiernos suramericanos, centroamericanos y del denominado Caribe Oriental.

Por otra parte, el V Congreso del PCC también aprobó una Resolución sobre “el perfeccionamiento” de los órganos del Poder Popular, el Sistema Electoral y la División Político Administrativa (PCC, 2011a). En esta se le encargó al Comité Central (CC) del PCC que resultó electo en ese Congreso que –luego de evaluar “los experimentos” que se han venido desplegando en las entonces recién fundadas provincias de Mayabaque y Artemisa (ambas surgidas de la división de la provincia otrora llamada Habana)- trasladara a la ANPP “las recomendaciones” dirigidas a adecuar “la organización y funcionamiento del Poder Popular” a la implementación de los Lineamientos.

En especial aquellos aspectos dirigidos a “jerarquizar la autoridad de las Asambleas Locales del Poder Popular”, así como a superar “las dificultades funcionales y organizativas, tanto de los órganos representativos como los de carácter administrativo en los niveles provinciales y municipales”. Y agregó: “La integralidad de un proceso de esta naturaleza, demanda variar procedimientos, términos legales y realizar otras adecuaciones en nuestro Sistema Electoral, sobre la base de los principios esenciales que lo sustentan y demuestran su carácter democrático y participativo” (PCC, 2011a).

Cualesquiera que sean las críticas de contenido y forma que merezcan esos acuerdos del VI Congreso del PCC, así como la evidente demora que se ha registrado en su implementación (según las informaciones más recientes, solo se habían podido cumplir el 22% de los Lineamientos y aún no se han emprendido las principales modificaciones anunciadas en el sistema político-electoral), la amplia consulta popular que antecedió a ese evento fue, en sí misma, una demostración de la voluntad de actual liderazgo político-estatal cubano y de la mayoría de la población políticamente activa de perseverar en la construcción de un “modelo socialista”, distinto a los que, en otras condiciones geopolíticas, geoeconómicas e ideológico-culturales, en la actualidad se están implementando en la República Popular China, en la República Popular y Democrática de Corea y en la República Socialista de Vietnam.

El respaldo popular a esa utopía también se comprobó en los comicios para elegir a los Diputados a la ANPP realizados el 3 de febrero del 2013. Como se indicó en la Tabla N°1, en estos participaron el 90,9% de las y los ciudadanos cubanos. De ellos, el 85 % ratificaron su aceptación a la legitimidad democrática del unipartidista sistema político que, como vimos, ha venido funcionando de facto o de jure en Cuba desde los primeros años del triunfo de la Revolución y, en particular, desde la fundación en 1963 del Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana.

Sin embargo, un 16% de esos ciudadanos prefirieron hacer uso de su derecho al “voto selectivo”, lo que duplicó la magnitud relativa de esa opción que se había expresado en los comicios de igual carácter efectuados en el 2008. Algo parecido ocurrió con el notable incremento de las abstenciones, los votos nulos y en blanco. La suma de todos estos duplicó los registrados en las elecciones precedentes y la media de todas las elecciones de igual carácter efectuadas desde 1993; lo que me indujo a pensar que ese comportamiento electoral fue una de las de las expresiones políticas de los múltiples y muchas veces justificados descontentos que existen en la población, incluidos los provocados por los desiguales, contradictorios e insuficientes resultados económicos y sociales de la todavía incompleta actualización del socialismo cubano.

La Conceptualización: una mirada desde las utopías

El análisis crítico del desenvolvimiento de ese complejo proceso fue abordado en el VII Congreso del PCC efectuado a mediados de abril 2016. Uno de los objetivos de ese evento fue analizar las que ahora pudiéramos llamar primeras versiones de la “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” (en lo adelante, la Conceptualización) y del “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos” (en lo adelante, la Visión) que se había venido elaborando por las comisiones designadas por las máximas instancias del PCC y del gobierno. Ambos documentos solo se conocían y habían sido discutidos por los 971 delegados y los 3 617 invitados al antes referido Congreso.

Las críticas a ese opaco procedimiento que desde hacía varias semanas se habían venido expresando en diferentes núcleos del PCC y en algunos medios digitales influyeron en que –a propuesta de Raúl Castro (2017)- el VII Congreso acordara publicar y someter la Conceptualización y la Visión al análisis de la militancia del PCC y de la UJC, de los representantes de las ya mencionadas organizaciones sociales y de masas, así como de “amplios sectores de la sociedad” cubana. También en que los delegados a ese evento mandataran al CC del PCC que resultó electo en ese Congreso para que, tomando en “cuenta los resultados de esa consulta”, ajustaran los Lineamientos que se habían aprobado en su congreso anterior “en lo que fuera necesario”.

Con esos propósitos –inter vinculados entre sí– se publicaron los proyectos de los dos primeros documentos antes mencionados y, en los meses posteriores, se realizaron 47 470 reuniones para analizarlos en las que participaron “más de 1 millón 600 personas”. Estos

“generaron 208 161 propuestas y por consiguiente la modificación de una parte significativa de [su] contenido o [de su] redacción original” (Castro, 2017a).

Tomando en cuenta esas propuestas, el 18 de mayo de 2017 el III Pleno del CC del PCC aprobó las que ahora pudiéramos denominar versiones semifinales de los tres “documentos rectores de la actualización del modelo económico y social cubano” y acordó someterlos a la consideración de la ANPP (Granma, 2017). Con tal fin, entre el 31 de mayo y el 2 de junio se realizó una Sesión Extraordinaria de ese máximo órgano del Estado y del Gobierno. Esta, luego de extensas discusiones, culminó “con el respaldo de los diputados” a la última versión de la Conceptualización y de los Lineamientos para el período 2016-2021. Asimismo conoció “los resultados del proceso de discusión de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030” (la Visión), cuya versión final fue publicada en septiembre del presente año.

Según Raúl Castro, la discusión efectuada por la ANPP, “además de permitir el perfeccionamiento de los mencionados documentos, constituyó una importante vía para el ejercicio de la participación popular en el debate y las decisiones adoptadas”. También sirvió de “efectiva herramienta de comunicación y socialización de las transformaciones fundamentales que [se] propone la actualización del Modelo”; lo que, en su criterio, reiteró el apoyo de la mayoría de la población a los que calificó como

“los documentos más estudiados, discutidos y rediscutidos en la historia de la Revolución, y tal vez, de la historia de la República de Cuba” (Castro, 2017a).

Aunque en mi opinión no se puede establecer una relación lineal entra ambos acontecimientos, el respaldo y el respeto de amplios sectores populares al legado de la Revolución previamente se había expresado en los que, parafraseando el Che Guevara, califiqué como “días luminosos y tristes” de las multitudinarias exequias de Fidel Castro realizadas en Cuba entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2016 (Suárez, 2017).

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan esas afirmaciones, al igual que la calidad y la claridad de los diversos contenidos teórico-prácticos de la Conceptualización, así como la viabilidad de los 22 objetivos generales y 106 objetivo específicos que, sin adecuados “criterios de medida”[11], se incluyeron en los seis Ejes Estratégicos de la primera versión de la Visión (PCC, 2016), lo cierto es que la redacción final del primero de esos documentos (que “no se concibe como una pauta acabada y estática, sino como un patrón activo y perfectible, a partir de los avances en la teoría de la construcción socialista y su interacción con la práctica”) ratificó las que he denominado utopías de la Revolución Cubana; en tanto está expresamente dirigida a lograr

“una Visión de la Nación: independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible” (ANPP, 2017).

No tengo espacio para presentar la definición de cada uno de esos conceptos y de otros vinculados a estos que aparecen en el glosario que acompaña a ese documento (ANPP, 2017a); pero en correspondencia con los propósitos de este ensayo me parece necesario recalcar que las definiciones sobre “la democracia”, “la prosperidad” y “la sustentabilidad” del socialismo cubano se alejan totalmente de las definiciones teórico-prácticas que usualmente se emplean en la narrativa “liberal” e incluso en los discursos (y prácticas) de ciertos sectores de la izquierda social, política e intelectual de diferentes países del mundo; en tanto la definición de “la democracia” está directamente asociada a la ampliación y profundización de todos sus componentes orientados a favorecer la participación directa e indirecta de la población –y en especial de los trabajadores— en la elaboración, implementación y el control social de las políticas públicas que en futuro previsible desarrollen los gobiernos cubanos que elijan los diputados a la ANPP que previamente resulten electos en los comicios generales pautados para el 2018, el 2023 y el 2028.

En esa lógica, “la prosperidad” se vincula “a un desarrollo económico y social que logre satisfacer integralmente las necesidades espirituales y materiales [individuales y colectivas] del ser humano, fomentando sus capacidades, iniciativa y creatividad”, conjugado con “la necesaria formación de los valores éticos y políticos, en contraposición al egoísmo, el individualismo y el consumismo enajenante y depredador” característico del capitalismo. A su vez, el “desarrollo sostenible” se define como aquel que satisfaga

“las necesidades de las generaciones presentes de manera que pued[a] mantenerse o reproducirse por sí mismo, en especial en lo económico, social y medioambiental, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las generaciones futuras, con equidad y justicia sociales” (ANPP, 2017a: 4).

En esa comprensión, tanto la Visión, como los Lineamientos hasta el 2021 (año en que deberá realizarse el VIII Congreso del PCC), así como los que se elaboren para los quinquenios posteriores estarán orientados a “garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro socialismo afianzando los principios que lo sustentan, el desarrollo económico y la elevación del nivel y calidad de vida con equidad” (PCC, 2016). De ahí que, a diferencia de lo que se indicó en Los Lineamientos hasta 2016 y en los redefinidos hasta el 2021 (ANPP, 2017b), en la Conceptualización se abordan algunos aspectos vinculados a las utopías que, como he venido indicando en las páginas anteriores, han guiado la multifacética proyección externa de la Revolución Cubana.

En efecto, luego de reconocer los desafíos y oportunidades que le plantean a ese revolución el “proceso de transformación del sistema internacional, caracterizado por las crecientes contradicciones del imperialismo y las oligarquías con los pueblos, y las existentes entre múltiples actores en un entorno cambiante, cada vez más interdependiente, de amenazas a la paz y la seguridad internacionales, crisis sistémica e insostenibilidad”, se denuncian las políticas que están y continuarán desarrollando “los Estados Unidos de América y sus aliados” para

“conservar sus posiciones de dominación imperialista, en los ámbitos ideológico, cultural, económico, político, militar, tecnológico y comunicacional, frente al desarrollo de nuevos polos de poder mundial y regional”, así como “contra las fuerzas que luchan por un mundo más justo, equitativo y sostenible, que se oponen al dominio de las transnacionales, a la acelerada concentración de la riqueza y al agravamiento de la pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo” (ANPP, 2017: 53)

En correspondencia con ese diagnóstico en el propio documento se indica que el actual gobierno cubano y los que serán electos por la ANPP en el futuro previsible “continuará[n] participando activamente en el impulso al proceso de concertación política e integración de Nuestra América, en especial desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”. También continuarán aplicando las definiciones de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz aprobada por la Segunda Cumbre de esa última organización internacional efectuada en La Habana en enero del 2014. En particular,

“sus principios relativos a la obligación de no intervenir en los asuntos internos de cualquier otro Estado, a resolver las diferencias de forma pacífica y al derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural” (ANPP, 2017: 53).

A lo antes dicho se agrega que las autoridades político-estatales cubanas continuarán enfrentándose a “la ofensiva del imperialismo y las fuerzas de derecha”; desarrollando “amplias y multifacéticas relaciones con los países que edifican el socialismo y otras naciones hermanas, asentadas en la solidaridad, la cooperación y el beneficio mutuo; y con los países industrializados sobre la base de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y las ventajas recíprocas”. También mantendrán su “contribución en los procesos multilaterales y las organizaciones internacionales de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, principalmente en defensa de los intereses de las naciones del Sur”. Asimismo, precisa que en “pleno ejercicio de la independencia y la autodeterminación, en defensa de la soberanía y los intereses nacionales”, se actuará frente a

“los desafíos y las oportunidades que significan los cambios en las relaciones con los Estados Unidos de América”, tomando en cuenta cómo evolucione la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de ese país contra Cuba (ANPP, 2017: 54).

A modo de conclusión: una breve mirada al futuro

Esto último me coloca en una de las principales amenazas externas que en el futuro previsible tendrá que enfrentar el pueblo y los gobiernos, así como las diversas organizaciones de raigambre popular que, bajo la conducción del PCC, actúan en la sociedad civil y política cubanas. Mucho más porque, como he indicado en otro artículo aún inédito (Suárez, 2017a), la actual administración estadounidense, presidida por el magnate inmobiliario Donald Trump y sustentada por diversos sectores chovinistas, misóginos, xenófobos, racistas y militaristas de las clases y los grupos transnacionales dominantes en ese país (Robinson, 2017), introdujo regresivas modificaciones en las “estrategias inteligentes” que, desde fines del 2014, había venido desarrollando la administración de Barack Obama tanto con relación a Cuba, como hacia otros gobiernos latinoamericanos y caribeños que mantienen estrechas relaciones con ese país. Especialmente, contra los actuales gobiernos constitucionales de los Estados integrantes del ALBA-TCP y, en primer lugar, contra el de la República Bolivariana de Venezuela.

En razón de los estrechos vínculos inter solidarios que existen entre los pueblos y gobiernos de Cuba y Venezuela, la continuidad de las agresiones de Estados Unidos y sus principales aliados hemisféricos y extra hemisféricos contra la Revolución Bolivariana probablemente tendrán imprevisibles consecuencias negativas para el desenvolvimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba, tanto con el presidido por Raúl Castro, como con el nuevo gobierno cubano que en la última semana de febrero del 2018 elegirán los diputados a la ANPP que previamente resulten electos en los comicios generales que comenzarán a fines de octubre de este año. En estos seguramente se producirán importantes cambios en la composición político-generacional de las AMPP, de las APPP, al igual que en la ANPP y, por consiguiente, en los CCEMM que conducirán el país hasta el 2023.

Una de las expresiones de las convicciones existentes en su liderazgo político-estatal y en diversos sectores de la sociedad cubana acerca de la necesidad de producir esos cambios político-generacionales fueron las decisiones con relación a los límites etarios para integrar sus principales órganos de dirección (el CC y el Buró Político) que fueron aprobadas en el ya mencionado VII Congreso del PCC. Asimismo, los reiterados anuncios de su actual Primer Secretario, Raúl Castro, acerca de que no aceptará su postulación para un nuevo mandato como Presidente de los CCEMM. Se espera que esa decisión también sea asumida por otros representantes de “la generación histórica” que aún ocupan importantes cargos en los principales órganos del Estado y del gobierno, aun cuando algunos de ellos se mantengan en los principales órganos de dirección del PCC hasta su próximo Congreso que se efectuará en los primeros meses de 2021.

En cualquier caso, con vistas a tratar de garantizar el difícil cumplimiento de los ambiciosos objetivos generales y específicos incluidos en la Visión y de los 274 Lineamientos hasta el 2021 que, como se indicó, ya fueron aprobados, una de las tareas principales que tendrán que asumir los integrantes de la ANPP y del CCEMM que resulten electos en los comicios mencionados en el párrafo anterior será impulsar los importantes cambios que demanda el funcionamiento del sistema político del país, incluidos de todos los órganos del Poder Popular; ya que de estos dependerán la profundización de su funcionamiento democrático-participativo; lo que, en mi opinión, será condición necesaria aunque no suficiente para preparar a la sociedad cubana –y en especial, a sus nuevas generaciones políticas— para que constantemente se enfrenten de manera crítico-utópica a todos los problemas internos y externos que la afectarán en los lustros venideros.

Entre ellos, los derivados de las multifacéticas y superpuestas crisis que están afectando la “economía capitalista mundo”, de la conflictiva instauración de un sistema internacional de Estados multipolar, de “la globalización cultural” (de factura occidental) impulsada por los representantes ideológico-culturales de las clases dominantes en casi todos los países del mundo y de los duros efectos que los cambios climáticos tendrán en el medio ambiente, la ecología, la biodiversidad, los recursos naturales y públicos (como el agua potable), así como en las infraestructuras costeras del archipiélago cubano. A estas amenazas hay que agregar las debilidades internas derivadas de la disminución y el envejecimiento de su población y de las contradictorias consecuencias políticas, sociales, axiológicas e ideológico-culturales que resultarán de “la actualización del modelo económico y social cubano”.

En el espacio de este ensayo no puedo referirme a todas esas consecuencias. Sin embargo, me parece necesario resaltar que, aún si tuvieran resultados óptimos todas las acciones vinculas al cumplimiento de los Lineamientos hasta el 2021, así como a los objetivos generales y específicos de la Visión , seguramente continuarán produciéndose diversas modificaciones en la actual estructura socio-clasista de la cada vez más heterogénea sociedad cubana como resultado de la aun insuficientemente analizada economía política de las transformaciones definidas en la Conceptualización.

En particular de aquellas que propenden el incremento de diversas “formas de propiedad y gestión no estatales” (pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas rurales y urbanas, empresas mixtas o totalmente extranjeras) en diversos sectores de la economía del país. Específicamente, en aquellos que no se consideren “medios fundamentales de producción”. Estos deberán mantenerse como “propiedad socialista de todo el pueblo” y, en su representación, serán gestionadas por las diferentes instancias o empresas del Estado (ANPP, 2017: 19).

Todos esos procesos y otros excluidos en beneficio de la síntesis han re-colocado en la agenda político-jurídica la necesidad de emprender en los menores plazos posibles una imprescindible reforma de la actual Constitución de República de Cuba. En mi opinión, en razón de los importantes cambios generacionales, económicos, socio-clasistas e ideológico-culturales que en los lustros más recientes se han venido producido en la sociedad cubana, esa reforma para que sea eficaz deberá desarrollarse en estrecha consulta con todos los sectores actualmente integrantes del sujeto popular cubano –en particular con sus trabajadores manuales e intelectuales, tanto urbanos como rurales y con independencia las formas de propiedad y gestión en las que estén empleados—, en tanto de su participación activa en ese proceso re-constituyente mucho dependerá que en la nueva Carta Magna de la República de Cuba sigan presentes todas la utopías de la Revolución Cubana mencionadas o no el primer acápite de este artículo; ya que –como dejó dicho Fidel Castro (1992):

No tenemos otra alternativa que soñar, seguir soñando, y soñar, además, con la esperanza de que ese mundo mejor tiene que ser realidad, y será realidad si luchamos por él. El hombre no puede renunciar nunca a los sueños, el hombre no puede renunciar nunca a las utopías. Es que luchar por una utopía es, en parte, construirla.

Martí decía

[…] que los sueños de hoy son realidades de mañana, y nosotros, en nuestro país, hemos visto convertidas en realidades muchos sueños de ayer, una gran parte de nuestras utopías las hemos visto convertidas en realidad. Y si hemos visto utopías que se han hecho realidades, tenemos derecho a seguir pensando en sueños que algún día serán realidades, tanto a nivel nacional como a nivel mundial”.

La Habana, 8 de noviembre de 2017

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  1. Ex Presidente ALAS, XVIII Congreso, La Habana, Cuba 1991. Miembro del Consejo Consultivo de ALAS.
  2. Como en otros de mis textos (Suárez, 2000) empleo el concepto proyección externa para connotar elementos y definiciones de la política interna, económica e ideológico-cultural que, sin dudas, han influido, influyen e influirán en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las interacciones de la Revolución Cubana con los diferentes sujetos sociales y políticos, estatales y no estatales, que actúan en el sistema y la economía mundo. Igualmente, para incluir en mi análisis la actividad de las diversas organizaciones políticas, sociales, profesionales y de masas que participan en el diseño y la aplicación de la política internacional cubana. Por tanto, también diferencio este término del de política exterior o externa que considero que es una responsabilidad exclusiva del Estado y del Gobierno.
  3. Habitualmente las “generaciones” se dividen en períodos de 30 años. En ese enfoque, en la actualidad en Cuba solo se podría hablar de tres generaciones: “la histórica” (que fue la que participó en las multiformes luchas contra la tiranía de Batista) y las dos que nacieron en diferentes momentos después del triunfo de la Revolución. Sin embargo, al igual que otros autores, considero que por su diferente sociabilidad, es válido referirnos a “seis generaciones políticas”: la ya mencionada “generación histórica”; la que habitualmente se autodefine con “guevarista” (entró en la vida política en la década de 1960); la “generación de la Revolución institucionalizada” (entró en la vida política después de la aprobación de la Constitución de 1976); la “generación del período especial” (entró en la vida política inmediatamente después del derrumbe de los “falsos socialismos europeos” y en medio de las múltiples crisis que afectaron a la sociedad cubana en la década de 1990); “la generación de la batalla de ideas” (entró en la vida política a comienzos del siglo XXI) y “la generación de la actualización del socialismo cubano”. Esta última entró en la vida política inmediatamente antes o después de la celebración en el 2011 del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.
  4. Descontando el lustro de intervención militar directa por parte de los Estados Unidos en las primeras dos décadas del siglo XX, entre 1902 y 1958 la república neo-colonial cubana estuvo gobernada durante cerca de 20 años por diversas dictaduras “civiles” (como la del general Gerardo Machado) o militares, como las del sargento y luego general Fulgencio Batista. Sin embargo, ambos dictadores utilizaron la democracia-representativa burguesa para tratar de legitimar su permanencia en el poder.
  5. En la literatura marxista, siempre se ha diferenciado los términos Estado y Gobierno. Desde el reconocimiento del carácter socio-clasista de cualquier Estado, el primero alude a lo que se denomina “la maquinaria burocrática-militar” y los diferentes aparatos ideológico-culturales que de manera permanente garantizan la reproducción del sistema de dominación. Mientras que el Gobierno alude a los representantes políticos de las clases dominantes o de sectores de ellas que se alternan en la conducción de la política interna y externa de ese Estado. Curiosamente la diferenciación entre los “gobiernos permanentes y temporales” fue retomada por los redactores del famoso documento Santa Fe I. Con los primeros se referían a lo que en ese texto llamaban “grupos de poder y poderes fácticos”, mientras que los segundos aludían a los gobiernos surgidos de los diversos ciclos electorales u otros cambios no democráticos que se producen en diferentes países del mundo. De ahí la validez de emplear el término “gobierno temporal” para referirnos a las diferentes administraciones demócratas o republicanas que se han alternado en la Casa Blanca.
  6. Utilizo el término “liderazgo político-estatal” porque en la historia de la Revolución Cubana, muchas veces los máximos dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) han simultaneado sus tareas políticas con funciones estatales y gubernamentales. Esa práctica se mantiene en la actualidad.
  7. Según la Constitución vigente en la República de Cuba: las Asambleas Municipales y Provinciales del Poder Popular (formadas por los Delegados a esas asambleas electos mediante el voto voluntario, universal, libre, directo y secreto de la ciudadanía) son los máximos órganos de gobierno de esas instancias político-administrativas. A su vez: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”. A su vez: “El Consejo de Estado es el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye”.
  8. Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1989, pp. 416-423), “la legitimidad democrática requiere la adhesión a las reglas del juego tanto de la mayoría de los ciudadanos que votan como de los que ocupan puestos de autoridad”.
  9. Indico “a veces repetida” porque –según las cifras oficiales— las ciudadanas y los ciudadanos inscriptos para participar en las elecciones para diputados de 2003 ascendían a 8 313 770. Es dudoso que casi todos hayan firmado el indicado documento; salvo que, convocados por las organizaciones juveniles y estudiantiles, también lo hubieran hecho jóvenes que en ese momento aún no habían cumplido los 16 años. Aunque estos aún no han adquirido los derechos de ciudadanía, son parte de la que denomino “población políticamente activa”.
  10. El ya referido Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1989, p. 470) define como lista o candidatura cerrada, pero no bloqueada aquella en que el lector tiene alguna posibilidad de mostrar sus preferencias personales. Puede cambiar el orden que se le ofrece entre los candidatos, votar en contra de algunos de ellos o, por supuesto, votarla de manera afirmativa o rechazarla integralmente. En Cuba el rechazo integral de las candidaturas se refleja en los votos nulos o en blanco.
  11. En los conceptos de las denominadas Dirección por Objetivos o Planeación Estratégica por Objetivos, los “criterios de medida” son los definen las magnitudes de los resultados cuantitativos o cualitativos que se quieren obtener en el período de tiempo previamente establecidos. En la primera versión de la Visión no se establecen las magnitudes que se tomaran en consideración para realizar una evaluación empíricamente fundamentada del cumplimiento de los números objetivos generales y específicos que tendrán que cumplir el actual y los futuros gobiernos cubanos, a más tardar, en el 2030.


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