Otras publicaciones

musicadeamerica

9789871867974-frontcover

Otras publicaciones

Book cover

9789877230260-frontcover

6 El Uruguay Frenteamplista en el horizonte progresista sudamericano reciente[1]

Gerónimo de Sierra Neves[2]

Asistimos a la configuración de crisis políticas importantes en varios de los países con gobiernos progresistas de América del Sur en estos lustros pasados. Venezuela y ahora Brasil, pero antes Paraguay y Argentina han pasado por corrimientos hacia el centro derecha y derecha en sus gobiernos o en sus equilibrios políticos internos. A veces por mecanismos electorales relativamente transparentes y otras por golpes más o menos disimulados.

En ese contexto se destaca la continuidad política de Uruguay con su gobierno frenteamplista, cabiendo preguntarse por los motivos de esa estabilidad relativa. Tanto más cuando en estos años muchos análisis comparativos –en la academia y entre los políticos- no lo incluía en la lista de gobiernos progresistas, o se lo hacía a regañadientes.

Teniendo en cuenta ese marco de procesos influidos por partidos progresistas en la construcción democrática en la región y los formatos diversos que eso ha tomado en América Latina, nuestra exposición hará énfasis en las particularidades del caso uruguayo. Esto no por provincialismo, sino para tratar de señalar las especificidades y originalidades del largo proceso de conformación de las fuerzas progresistas y su forma de inserción en la construcción democratizarte de la sociedad uruguaya. A pesar de que Uruguay es un país pequeño, en el análisis de los procesos sociopolíticos el tamaño en sí mismo no descalifica la significación conceptual, teórica e incluso práctica, de los procesos en los llamados “pequeños países”. Esto vale no sólo para Uruguay sino como sabemos ha sido el caso de otros países pequeños como Costa Rica, Cuba, en su momento Nicaragua, y actualmente los casos de Ecuador y Bolivia (De Sierra, 1994).

Lo cierto es que si bien el Uruguay fue pionero en la región -desde el primer período “Batllista” del primer tercio del Siglo XX- en cuanto a la paulatina construcción de ciudadanía universal, reconocimiento de derechos sociales y de construcción estable y legitimada de un sistema político y de partidos, incluyendo los de izquierda, eso no significa que las fuerzas populares o progresistas y de izquierda, no hayan buscado su identidad durante décadas tratando de mostrar el carácter limitado y burgués de dicha sociedad. Ese choque entre los proyectos de izquierda por un lado y el carácter comparativamente más inclusivo y más democrático de la sociedad y la política uruguaya, explica por qué para muchos universitarios de los años sesenta y setenta -con bríos revolucionarios y reformistas- se les hacía difícil aceptar el juicio muchos extranjeros que les decían: “ustedes están locos, por qué quieren cambiar Uruguay si son el mejor país de América Latina”.

Y era cierto que los jóvenes progresistas de esa época querían cambiar profundamente el país, una masa de inequidades sociales y de prácticas corruptas acumuladas, de estancamiento económico, encubiertos por una construcción ideológica dominante y utópica de un Uruguay que nos parecía estaba ya agotado y que debía de ser transformado radicalmente. Debe recordarse que ya se había producido la revolución cubana, y cualquier tema se veía atravesado por ese hecho de impacto; todo se impregnaba de esa problemática planteada en el mundo por la irrupción en el proceso latinoamericano de la revolución, primero democrática y antiimperialista, y luego socialista dentro de un modelo predominante soviético.

Desde esos años hasta el presente sigue planteado en la comparación latinoamericana el contraste entre quienes elogian al Uruguay, y aquellos -entre nuestros políticos, militantes e intelectuales progresistas- que hacían fuertes críticas a la situación social y política del país y querían transformarlo profundamente. Pero munidos de una importante masa de datos objetivos, muchos analistas de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, siguen apuntando a elogiar muchos aspectos de la estructura social, política y cultural del país en su historia moderna. Insisto en que esa tensión ya se daba desde los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

En fin, yo veo ahí una contradicción que me parece vale la pena resaltar para ayudar a entender los problemas de todos los procesos de América Latina; las especificidades del caso uruguayo, alimentan la contradicción de visiones sobre su enfoque de análisis y su práctica, y eso ilumina el problema teórico del análisis de los otros procesos latinoamericanos.

Hace años que trabajo en sociología política de América Latina, enseño sobre América Latina, y he vivido en muchos países de América Latina; a veces obligado por la circunstancia, otras veces por gusto y por invitación para trabajar. Y siempre he combatido intelectualmente la idea de que pueda hablarse de América Latina como un todo homogéneo. Casi nadie defiende eso teóricamente, pero muchos análisis de derecha y de izquierda razonan de hecho como si realmente lo fuera. Como digo en un libro publicado hace unos años, que se llama América Latina, una y diversa, se trata justamente de eso, de percibir que es una y diversa al mismo tiempo; ello obliga a un proceso de construcción intelectual que dé cuenta de por qué hay elementos que permiten estudiarla como América Latina y por qué es una superficialidad comparar sin mediaciones analíticas por ejemplo el proceso político y social de Bolivia –o del Brasil- con el del Uruguay en tal o cual momento histórico, ya sea en los años cincuenta, setenta, o noventa. Son todos latinoamericanos, pero son sociedades diferentes, sistemas políticos históricos diferentes, construcción histórica de ciudadanía diferente, y lo mismo sus estructuras concretas de clases y fracciones, y su papel en el Estado nacional. Por lo tanto, quien no incorpore eso ese punto de partida, no dará cuenta adecuadamente de lo común de los procesos de construcción democrática en su profunda heterogeneidad y diversidad, lo que es parte del propio proceso de construcción democrática en la región.

Partiendo de esas premisas, mi análisis de éstos últimos diez o quince años en América Latina, o por lo menos en América del Sur, es que se ha producido una especie de irrupción, que yo llamo plebeya -que se entiende lo que quiero decir aunque quizás no sea técnicamente el término adecuado- pero plebeya porque hay actores subordinados o marginados que entran en escena, a veces solos, socialmente hablando; movimientos sociales que hacen política con las muchas formas que, cómo se sabe, se hace la política; otras veces articulados en procesos políticos más explícitos, donde movimientos populares o sociales se articulan directamente con la política. Son procesos originales que surgen luego del fracaso de múltiples procesos revolucionarios de los años sesenta y setenta en América Latina, que no podemos analizar aquí.

Los procesos concretos de construcción democrática progresista hoy día obligan a precisar el horizonte conceptual en el cual trabajamos. No debemos olvidar que después de Bolívar, en su momento la CEPAL pensó América Latina como un todo en términos de integración, producción, generación de industria, mercado, etc. Aunque sabemos que fue un desarrollismo que no prospero a largo plazo.

Y el siguiente momento alto de la propuesta de democratización e integración Latinoamericana, fue un proyecto orientado principalmente a la democratización social y al socialismo, y que simplificando podemos decir que era el proyecto del Che y de los movimientos socialistas y comunistas que quería la revolución socialista en América Latina. Muchos de ellos inspirados en un sentido amplio o general en el proceso de Cuba, pero impulsados por situaciones endógenas nacionales y subregionales. Sabemos que en Perú hubo tres intentos reales de organización guerrillera, en Argentina tres o cuatro en distintos momentos y en distas regiones y ciudades, con distintas denominaciones. En Uruguay dos, en San Salvador, en Santo Domingo, en Venezuela, en Colombia, en Brasil; ello sucedió en distintos momentos, pero es indudable que existió en esos movimientos políticos una relación compleja y ambivalente entre democracia, socialismo y economía. En esa etapa histórica o momento se plantea que no hay posibilidades de construir ni desarrollo material ni democracia en América latina si no es cambiando el modo de producción, las relaciones sociales de producción, construyendo el socialismo, y esa propuesta tuvo en ese periodo un gran impulso en muchos países; era la propuesta de un proceso de integración revolucionario construyendo socialismo como condición necesaria para la solución a los problemas de cada país.

Para ejemplificar la idea de los momentos y su contexto puede usarse justamente el caso del Presidente Mujica, que fue guerrillero y revolucionario en los años sesenta y setenta. Y en ese momento histórico muchos de los progresistas lo hubieran criticado muy duramente como “reformista” si hubiera dicho lo que hoy dice al afirmar que “lo primero que debe hacer un gobierno progresista es que la gente coma todos los días”. Se hubiera dicho que ahí había un renunciamiento o postergación de la propuesta revolucionaria, y eso en aquel momento era intolerable para las juventudes progresistas más lúcidas de América Latina; más lúcidas, instruidas y militantes sea por la vía sindical, sea de los partidos que formaban militantes, sea por la Universidad. Eso era así porque había un horizonte de construcción de democracia que pasaba por la transformación del modo de producción de bienes materiales y de las relaciones de producción sociales respectivas; y como se entendía que era muy difícil –o casi imposible- producir eso mediante elecciones, se organizaba o no se descartaba la lucha armada como camino para derrotar el gobierno. Era un modelo de práctica política de decenas, de centenas de miles de jóvenes y de viejos, profesores, alumnos, militantes, campesinos, obreros. Hoy día a los alumnos de la universidad le parecería chocante que tuvieran que salir de clase para asistir a una reunión en la que van a conspirar, y más aún si de repente los llevan preso, o mucho más si de repente los matan. Ese activismo revolucionario fue posible por un contexto histórico que ya no es el de los últimos lustros.

Al cerrarse ese ciclo se produce algo realmente nuevo en América Latina, y es que las masas populares, incluso las analfabetas, incluso las más discriminadas, los indios, los mestizos, los negros, los mulatos, y muchos otros segregados del mundo, lograron ser interpelados por dirigentes políticos progresistas, algunas veces siendo ellos mismos dirigentes políticos; e hicieron algo que no había sucedido nunca antes en la región en esa escala, es decir, tomaron la palabra, hicieron la filosofía práctica y votaron una y otra vez contra los medios de comunicación, a pesar del dominio de las más media, de los lugares comunes, del poder del capital concentrado, de la influencia de las multinacionales.

Es en ese contexto de nuevo tipo que se produjo la traducción política -a nivel de la gestión del Estado y el gobierno- de las voluntades y deseos populares que eligen y eligieron con mayoría importantes a dirigentes de nuevo tipo, algo impensables en períodos anteriores. En cada país en contexto y procesos diferentes, pero con el mismo resultado. Y ejerciendo el voto para buscar horizontes de cambios. La radicalidad, o lo nuevo, de ese hecho está afincada más allá de las políticas concretas que esos dirigentes electos hayan luego llevado a la práctica, o por cuánto tiempo lo hayan hecho. Como sabemos esto sucedió en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y en Paraguay. Pero al mismo tiempo debemos constatar la fuerte diferenciación de los procesos concretos en cada país.

En Bolivia Evo Morales es un indio y se forma como dirigente sindical, lo que en ese país es mucho decir como indicador de subordinación simbólica y práctica en la sociedad, y fue electo aupado sobre todo en fuertes movimientos sociales populares. También Lula emerge como dirigente sindical, y estaba muy lejos en su inicio de ser presidenciable y tenía una cantidad de “defectos” para ser presidente del Brasil. El hecho que haya sido primero casi elegido, luego elegido y reelegido, es un elemento de enorme potencia en la construcción democrática político y social de ese país. Es cierto que en Brasil el PT ha sido de hecho el articulador entre el gran capital, movimientos sociales, corporaciones sindicales y ciudadanas, y que no tiene un proyecto socialista; pero con él hay una trasformación, un golpe fundamental a la forma de moverse el proceso de construcción democrática en Brasil. Ni que hablar en Bolivia, donde si uno va a análisis muy técnicos puede decir que por ejemplo esa Constitución no podría funcionar, que ese sistema político va a quebrar; quebrará o no, eso no importa para este nivel de análisis, pero es indudable que hay un proceso de incorporación a la política -en el sentido de toma de palabra de actores que no la tenían- y de articulación con la gestión pública que es muy revolucionario. Si bien, sobre todo en Bolivia y en Ecuador, en etapas previas hubo un gran papel de los movimientos sociales haciendo política, emitiendo documentos programáticos, cortando carreteras con árboles, llevando a las familias, a las mujeres, los niños, ocupando las plazas; sin embargo, lo nuevo es que eso se organiza en forma política y hasta electoral, y en una forma nueva de gestión estatal.

Incluso en Paraguay, dónde ni siquiera había movimientos sociales tan fuertes como en Ecuador o Bolivia, sin un movimiento político propios de real envergadura, el obispo Lugo es llevado al gobierno como expresión de soberanía plebeya, de rebeldía popular en alianza con clases medias, y es electo presidente con neta mayoría de votos. La implementación de su programa inicial fue muy parcial y luego fue depuesto sin gran resistencia popular. Pero lo significativo en este análisis es el camino peculiar paraguayo que llevó a esa circunstancia en un momento histórico regional favorable.

A su vez en Venezuela se dio un proceso totalmente distinto, reforzando la hipótesis de que no en todos los países se potencian las mismas dimensiones del proceso de construcción democrática; no hubo allí movimientos sociales y políticos partidarios que llevaran directamente a Chaves al poder, como sí los hubo en Bolivia, como lo hubo en Ecuador y lo hubo en Uruguay, y en Brasil. Fue otro tipo de proceso, centrado en la crisis del viejo sistema político y de partidos. Pero evidentemente Chaves, no sólo por su gran carisma sino por sus políticas sociales, logra incluir en el circuito de construcción ciudadana a grandes sectores populares; cierto que, con mucho dinero, pero el dinero no basta si no existe real voluntad política de democratización social.

Ahora bien, en ese horizonte de cambios significativos en la región, en muchos discursos y análisis tanto académicos como políticos, Uruguay queda un poco al margen y no se habla tanto de Uruguay como parte de ese proceso, básicamente creo yo por dos razones. Primero, porque usando un lenguaje y conceptualización actualmente poco frecuentada, podemos decir que Uruguay había realizado una parte importante de las “tareas democráticas de la revolución burguesa” ya en las primeras décadas del siglo XX. En Uruguay la gestión del Estado capitalista a principios del siglo XX fue hecha por una elite burguesa, pero con un núcleo rector con una visión muy avanzada para la época (De Sierra, 1992). Sus dirigentes –aunque aguijoneados por los sindicatos y sectores progresistas- abrieron espacios sindicales, sociales y culturales; crearon el divorcio por sola voluntad de la mujer, retiraron a la Iglesia católica del control de los registros públicos y los hospitales, y propiciaron todo un conjunto de medidas como la ampliación de la educación pública laica y gratuita. Todo eso evidentemente genera efectos de acumulación y de sedimentación, pero, además, a diferencia de otros países, la esclavitud había sido abolida muy tempranamente en el siglo XIX, y había sido básicamente doméstica, y no de producción material. Uruguay es el único país de América Latina que desplaza tan temprano a la oligarquía tradicional y agraria del núcleo central del poder propiamente político, y a diferencia de México que lo hizo por la vía de la revolución agraria, el Uruguay lo hace por vía parlamentaria y política, una vez que se terminan los conflictos de la guerra civil entre “Blancos y Colorados”.

Es un momento de máximo auge económico por la exportación agropecuaria, pero se construye un sistema político con anclaje en la burguesía comercial, en la burguesía emergente industrial, patrocinada por el estado, -antes del desarrollismo de la época “cepalina” y la sustitución de importaciones-, y con un gran asiento en la pequeña burguesía profesional, comercial, y de funcionarios, profesores, etc. Hay un predominio propiamente ideológico de la ideología pequeño burguesa, en un régimen de gran auge de desarrollo capitalista con importante regulación estatal, pero controlando políticamente a la oligarquía tradicional, cosa que no se pudo en esas décadas hacer en Argentina, no se pudo hacer en Brasil, no se pudo hacer en Colombia, o en Perú. Como ya dijimos sí se hizo en México, pero pasando por una dramática guerra civil que duró 10 años y dejó varios millones de muertos.

Tenemos entonces, que Uruguay es el único país latinoamericano donde una democracia representativa, burguesa, capitalista, admite durante todo el siglo XX, la presencia legal del partido socialista, del partido comunista, de los sindicatos anarquistas y socialistas y luego comunistas. Es casi el único país sudamericano en que durante la crisis de los años 30 no se persigue o aniquila a los dirigentes sindicales, y los políticos de izquierda; no se los mata, no se los asesina salvo una excepción. Es por ello que existió una fuerte continuidad de acumulación cultural y política progresista, desde los anarquistas, los socialistas, los comunistas, que van construyendo una cierta transición generacional desde 1890 hasta hoy día; la última dictadura hace un corte fuerte sin duda, pero se puede decir que en el Uruguay ese corte no fue tan radical como en otros países de la región.

Ahora bien, yo pienso que no podemos eludir en el análisis comparativo de los procesos de construcción democrática qué pasó en la práctica –y en gran parte en los discursos- con el viejo tema del socialismo, y la socialdemocracia y su construcción; es necesario precisar cómo se lo coloca en el análisis. Buena parte de mi generación se formó en la idea que la construcción democrática, política y político institucional, solo es sostenible si se construye también democracia social, si tiene como horizonte doctrinal y práctico la justicia social, por parte del Estado y las instituciones del Estado.

Entonces podemos volver a la pregunta sobre ¿qué hay en el Uruguay que nos separa de las otras experiencias progresistas actuales? ¿Entra o no entra Uruguay en la lista de procesos de avance popular democratizante de estos años? Creo que esta pregunta es importante responderla y no soslayarla para el análisis comparado. Yo pienso que la respuesta debe ser netamente afirmativa, cosa que no siempre se hace entre los analistas, aunque también no se siempre se haya teorizado sobre el porqué de esa exclusión.

Ni los analistas ni los actores del sistema político, tienen la menor duda de que al menos “topográficamente” -como diría Gramsci- cuando se construye en el año 1971 la alianza política de centro izquierda llamada Frente Amplio (FA), su motor más dinámico son las fuerzas de izquierda: el partido comunista, el partido socialista, otros varios grupos más pequeños, incluso sectores de los tupamaros bajo la denominación del 26 de Marzo. Pero además el FA tiene el sustento organizado de las masas sindicalizadas, ya que como dijimos antes hubo esa continuidad histórica a pesar del golpe de estado de los años treinta. La central de trabajadores, después de cincuenta años había logrado la convergencia de los anarquistas, los comunistas, los socialistas, y construyó un espacio único de acción sindical. Pero a diferencia de Chile, de Brasil y de Argentina, en Uruguay la CNT es una Convención Nacional de Trabajadores, donde cada sindicato tiene autonomía para decidir sus huelgas; no hay alguien que decrete, un comité central obrero que dice huelga general; se hacen asambleas en cada sindicato. Hay una construcción de ciudadanía por lo social, que viene de larga data y que está presente con los partidos de izquierda que van a este Frente, que incluye también a grandes figuras políticas de los partidos tradicionales Blanco y Colorado; ex ministros, ex senadores. Zelmar Michelini, Rodríguez Camusso, Enrique Erro, Alba Roballo, eran figuras muy significativas de los partidos tradicionales -que se estaban descomponiendo y perdiendo peso- que se alían con la izquierda y la Democracia Cristiana para fundar el Frente Amplio. Y vale la pena señalar la particularidad de la construcción de un proyecto progresista en ese contexto histórico, cuando eligen como presidente de la coalición progresista a un General del Ejército, que hasta poco antes era comandante en jefe, aunque además era un general hijo de anarquistas, culto y progresista obviamente.

No hay nada más uruguayo que el Frente Amplio en el año 71, más propio de ese proceso donde las luchas obreras eran muy fuertes, dónde la represión ya era muy dura desde el año 68, dónde había muertos, torturados, y donde la guerrilla, en particular el MLN, actuaban casi diariamente. Pero sí había condiciones de cultura y acción política que generaron una especie de frente nacional popular avanzado, por decirlo con palabras que en su momento daban lugar a muchos debates; pero está claro que no era un frente socialista ni sólo por las libertades democráticas que estaban siendo violadas en abundancia, sino un frente orientado a transformaciones populares, nacionales, progresistas.

Entonces, hay que resaltar que cuando se produce el proceso de salida de los militares del gobierno esto está alimentado, en importante medida, también por estas fuerzas que están presentes, aunque todas ellas ilegalizadas; emerge un nuevo sindicalismo, porque el otro estaba prohibido, un nuevo activismo político, las direcciones principales están en el exterior o prohibidas de actuar, incluso los partidos tradicionales estaban prohibidos de actuar. Entonces hay como una cultura progresista de izquierda que sobrevive al terrorismo de estado. Uno cuando vive en ese contexto cotidiano casi no se da cuenta, y sólo después percibe la importancia de que al emerger de la dictadura las negociaciones incluyan al Frente Amplio, como un actor reconocido en la transición formal al repliegue de los militares, y que participe de las primeras elecciones, aunque aún tenga prohibido a su candidato General Líber Seregni, que continuaba preso. A partir de ese momento el FA recorre en condiciones sin duda adversas, un camino ascendente en lo electoral y en la disputa de legitimidad hegemonizante en la conciencia ciudadana, proceso en el cual gana primero la capital del país y luego otros departamentos, y sucesivamente el gobierno nacional en tres oportunidades, contando con mayoría propia de votos en ambas cámaras del Parlamento.

Hace unos años en el libro titulado Uruguay Post Dictadura (De Sierra, 1987), analicé con detalle este proceso de salida de la dictadura y de transición democrática; allí pueden rastrearse los fundamentos del proceso actual. Se constata como el ciclo histórico de acumulación progresista permitió que en elecciones ampliamente competitivas el Frente Amplio gane las elecciones incluso con balotaje; porque se había modificado la Constitución, para que el FA no ganara nunca. Importa jerarquizar el hecho casi único en la región de que el Frente Amplio gana tres veces sucesivas las elecciones con mayoría absoluta propia en las Cámaras, con un respaldo estructurado social muy fuerte, una cultura de izquierda que está presente en el país en los sectores obreros organizados, las capas medias ilustradas, en muchos de los profesionales –la universidad tiene un predominio cultural de izquierda desde los años sesenta, fuerte, real-. Está claro que no se trataba de una propuesta de construcción de socialismo en esa etapa histórica, sino una construcción de democracia política de tipo nacional-popular pero socialmente inclusiva, y que mantiene en su seno una capacidad de generar liderazgo cultural que es de izquierda, cosa que los otros sectores políticos tradicionales ya no la tienen. Incluso dentro del propio Frente Amplio son los partidos de izquierda los que tienen realmente capacidad en ese momento de producir hegemonía cultural progresista.

Es importante ver que dicho proceso fue posible en el caso uruguayo en un marco de fortalecimiento de las libertades políticas, incluyendo esas garantías también para la oposición de derecha y centro derecha. Esta consolidación del proceso democrático no es fruto únicamente de una decisión política, sino que también está muy influido por determinantes estructurales acumuladas de la cultura y el sistema político nacional.

Otro elemento que abona para esos resultados tan sólidos del frente Amplio es el tema de la unidad política entre sectores y grupos que ha mantenido durante décadas. Bien se sabe que la invocación de la unidad puede ser una palabra hueca, una retórica, y que no pocas veces dentro de la izquierda se ha utilizado como forma de bloquear discusiones, de eliminar rivales o impedir la emergencia de pluralismo. Pero es algo distinto cuando es concebida como una medida estratégica que busca permitir la pluralidad en el interior, y así ello ha permitido –más allá de sus fuertes diferencias- la sobrevivencia unida de los grupos que integran el Frente Amplio, sometidos por su propia decisión a autoridades comunes y a un programa común que se discute durante muchos meses en diversas comisiones. Ello genera un efecto acumulador que permitió Frente Amplio ganar nuevamente la mayoría absoluta en las últimas elecciones, y ello a pesar de que en las mismas había -después de diez años de gobierno- mucho descontento dentro de sectores frenteamplistas.

Entonces un análisis comparativo serio debe preguntarse bien concretamente qué cosas hizo el Frente Amplio en estos diez años para poder mantener ese apoyo en un contexto político realmente competitivo. Y con los medios de comunicación básicamente opositores. Es obvio que la gente vota sabiendo que su voto al Frente Amplio no es para terminar con el capitalismo, que ese no es el voto en estas circunstancias. Sin embargo, en diez años, en un pequeño país, y con las complejidades de las relaciones internacionales, el balance de resultados de integración social, disminución de la pobreza y reconocimiento de derechos sociales avanzados ha sido muy significativo.

¿Cuándo toma el gobierno el Frente Amplio? Después de la devaluación brusca en Brasil en 1999, y de la crisis Argentina del 2001 y 2002 con sus graves efectos sobre el Uruguay, donde si bien no llegó al corralito sí se fundieron algunos bancos, mucha gente perdió sus casas, fue una crisis muy grande. A fines del 2004 el Frente Amplio gana por primera vez el gobierno nacional, y en ese contexto de reconstrucción, luego de una fuerte bajada de salarios, retoma el ritmo de crecimiento económico más alto de los últimos cien años, se genera el aumento del salario mínimo mayor de la historia del Uruguay, se reduce muchísimo el desempleo, todo lo cual tiene un impacto muy fuerte en la estructura social, y disminuye mucho la pobreza y algo la desigualdad durante diez años. Hubo pleno empleo durante diez años y un desempleo de cuatro o cinco por ciento, que es casi el desempleo friccional de cualquier sistema económico. Hubo también aumento de la tasa de inversión pública y privada, aumento del PBI, de las exportaciones, y una reforma muy fuerte y democratizante del sistema nacional de salud. Se realizó además una reforma general del sistema impositivo, que introdujo el descuento progresivo según nivel de salarios. Una muestra más de lo particular del proceso político uruguayo, es que las capas medias instruidas y profesionales si bien han protestado fuertemente, igual siguen votando en buena proporción al Frente Amplio. Al menos hasta ahora esos sectores no desarrollaron procesos de ruptura política tan radical como en Venezuela, Argentina, Brasil y en forma incipiente en Ecuador y Bolivia.

En otros órdenes se produjo un cambio profundo de la matriz energética hacia fuentes renovables, y se afirmó un rol activo del estado en las Políticas públicas sociales orientadas a la inclusión socio económica y cultural. Pero, además, fue la propia sociedad movilizada por el Frente Amplio y los sindicatos la que a través de varios referéndums y plebiscitos impidió la privatización de las empresas de energía, de comunicaciones, de aguas corrientes y de procesamiento de los productos del petróleo que es monopolio estatal. Eso tuvo un impacto fuerte en las políticas de universalización digital, de acceso de electrificación a sectores populares y rurales pobres, y subvención de facto de las tarifas a las familias de muy bajos ingresos.

A su vez diversos movimientos sociales lograron impulsar proyectos de leyes que luego votaría la mayoría del Frente Amplio en el Parlamento, como son la ley del matrimonio igualitario, la ley despenalización del consumo y producción de mariguana, la ley del aborto legal público y gratuito incluso en las mutualistas, y así otras leyes relacionadas a los afros descendientes y una serie de leyes de igualitarismo en el trato de la diversidad. En esto no se trata de un proceso político tradicional de izquierda o de centro izquierda, sino que de hecho esta ha absorbido los emergentes de las luchas sociales y culturales por los nuevos derechos.

Paralelamente el Frente Amplio –aunque con importantes matices en su seno- tuvo una política que mantuvo el apoyo al Mercosur y a la integración sudamericana, lo que sirvió para acotar el margen de decisión de las fuerzas más liberales y aperturistas en el sistema político. Esto se mantuvo en contextos tan distintos como lo fueron la presidencia de Tabaré Vázquez, y José Mujica. Sin dudas uno puede decir que hay un desgaste, hay una burocratización de la gestión pública, hay intereses mezquinos de grupos y subgrupos, pero, a pesar de eso, el Frente Amplio logra mayoría relativa de votos en muchos departamentos del país, y logra captar incluso el interés y la adhesión mayoritaria entre los jóvenes. Hay una implantación de tipo “partido predominante”, pero sin la presencia de un liderazgo tan carismáticos como el de Chaves o Evo Morales. Hay una implantación política y cultural más popular y generalizada y que recorre los mecanismos más convencionales de la vida política republicana, en el sentido de elecciones libres, pluralidad de partidos, militancia de base.

Se desarrolló acumulativamente una construcción de tejido capilar democratizante, aunque está claro que ese fenómeno político cultural está bien distante de un proyecto socialista explícito, tal como se lo definía en décadas anteriores. No estoy con esto haciendo un juicio valorativo, sino que estoy constatando que se produjo un proceso de redefinición de los programas, un cambio del horizonte discursivo de casi todos los partidos integrantes del Frente Amplio. Es cierto que el partido comunista, el socialista y otros grupos menores siguen refiriéndose a un horizonte socialista, pero es un horizonte lejano. Lo que existe realmente es una disputa por más incidencia del Estado, la búsqueda más igualdad, más equidad, más presupuesto para la educación y la salud, más atención a los discapacitados; es decir más atención reparadora de las desigualdades. Eso evidentemente significa un significativo proceso de igualación social y de oportunidades, una mayor democratización social –en un marco de real democracia política- pero al mismo tiempo es innegable que va limando el horizonte de transformación radical de la sociedad tal como se lo definía anteriormente.

Aunque no sea el objetivo central de esta exposición, se podría mostrar empíricamente que más allá de los discursos, las intenciones y los formatos institucionales, en las reformas que llevaron adelante los otros gobiernos progresistas de la región, y sus efectos sociopolíticos y estructurales, no han sido muy diferentes de las logradas por los gobiernos del frente Amplio en Uruguay. Por eso pensamos que es analíticamente adecuado incluir en la lista de los llamados gobiernos progresistas al proceso político y a las políticas llevadas adelante por los últimos gobiernos que tuvo Uruguay.

Bibliografía

De Sierra, Gerónimo (org.) 1994 Los pequeños países de América Latina en la hora neoliberal: crisis, ajuste y cambio sociopolítico (Caracas: Edit. Nueva Sociedad).

De Sierra, Gerónimo 1987 Uruguay Post dictadura. Estado, Política y Actores (Montevideo: Fac. de Ciencias Sociales)

De Sierra, Gerónimo 1992 Dictadura y restauración democrática en el Uruguay en Revista de Ciencias Sociales (Montevideo: Dep. de Sociología), N° 6.


  1. Desgrabación –corregida por el autor- de la Conferencia en el Seminario Internacional DESAFIOS DAS DEMOCRACIAS NA AMÉRICA LATINA. CLACSO- USP, Brasil, 2015.
  2. Ex Presidente ALAS, XVII Congreso, Montevideo, Uruguay, 1987. Miembro del Consejo Consultivo de ALAS.


Deja un comentario