La comunidad chilena de Comodoro Rivadavia bajo sospecha durante el conflicto
por el canal de Beagle

Gabriel Carrizo

La historia reciente en Comodoro Rivadavia todavía manifiesta un importante vacío historiográfico, sobre todo el período de la última dictadura cívico-militar. Son escasas e incipientes las producciones que nos puedan permitir una comprensión en escala local de una etapa de la historia contemporánea sumamente compleja, en donde la pregunta acerca de “cómo aquello fue posible” reviste todavía vigencia y legitimidad (Carnovale, 2018). Asimismo, el abordaje de la “cuestión Malvinas” todavía pareciera ser un recorte conveniente para hablar de aquel régimen, pero sin profundizar en los aspectos más perturbadores para una comunidad mediana como la comodorense. Es decir, nos posibilita hablar del régimen militar sin incomodar(nos), como si fuera un hecho suspendido que poco tiene que ver con el horror dictatorial, y deja a la etapa del conflicto con Chile por el canal de Beagle como uno de los tantos “ciclos de silencio” (Rolph Trouillot, 2017).

En los últimos años distintos estudios que conforman el campo de la historia reciente en la Argentina vienen revelando que el régimen dictatorial instaurado en 1976 no se sostuvo exclusivamente apelando a mecanismos represivos, sino que buscó y obtuvo importantes niveles de consentimiento por parte de no pocos sectores de la población. Inscribiéndonos en esta serie de trabajos que plantearon la importancia de atender no solamente a la dimensión represiva de la última dictadura militar sino también conocer las estrategias que se implementaron para la búsqueda de legitimidad, en este capítulo buscamos avanzar en el conocimiento de la construcción social del consenso (Calvo Vicente, 1995) para ir a la guerra con Chile en 1978.

Si bien este suceso y sus derivaciones en una región como la Patagonia, que contaba con una importante inmigración trasandina, ha recibido importantes estudios (Torres, 2004; 2008/2009; Baeza, 2007; Gatica, 2013), el aporte de esta investigación situada en Comodoro Rivadavia está dado por el análisis de documentos a los cuales no se había tenido acceso hasta el momento. A partir de fuentes ubicadas en el Archivo de la Memoria de la ciudad de Trelew, podemos conocer algunos aspectos del funcionamiento del servicio de inteligencia de la policía del Chubut en esta coyuntura, y principalmente las medidas destinadas hacia la población chilena en Comodoro Rivadavia. Por otro lado nos interesa abordar un actor poco analizado para esta coyuntura como la jerarquía eclesiástica en la Patagonia, a partir de la consulta de fuentes del obispado, con el objetivo de analizar sus posicionamientos.

En la primera parte de este capítulo presentaremos una breve historia de la llegada de los chilenos a la ciudad, hasta la construcción de su peligrosidad desde los inicios de los años 70 del siglo xx, en el marco del despliegue de la doctrina de seguridad nacional que legitimó la intervención de las fuerzas armadas en los conflictos internos. También abordaremos los efectos del conflicto por el Beagle en la sociedad comodorense, y el trato que recibió la comunidad chilena en aquella compleja coyuntura. En la segunda parte, nos dedicaremos a analizar de qué manera la dictadura buscó el consenso necesario para legitimar el enfrentamiento con Chile, a través de la prensa y las instituciones educativas. En el final de este trabajo presentaremos nuestras conclusiones.

La chilenidad bajo sospecha en Comodoro Rivadavia

Desde 1907 la localidad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la costa del golfo San Jorge, en la provincia del Chubut, se transformó en el principal centro de explotación petrolífera del país. Atraídos por la necesidad de mano de obra que requería la puesta en producción de los pozos petrolíferos, arribaron desde diversas latitudes y de manera constante importantes contingentes de trabajadores. Si bien los ciudadanos chilenos llegaron desde los años 20 del siglo xx, será a partir de los años 40 que se dio la llegada en gran número como mano de obra no calificada, para incorporarse a la construcción de la obra pública desarrollada en la ciudad en el período de la denominada Gobernación Militar (1944-1955). Este flujo posteriormente se incrementaría en las siguientes dos décadas a partir tanto del denominado “boom petrolero” durante el gobierno de Arturo Frondizi como del terremoto acontecido en los años 60 en Chile.

Desde los inicios de la explotación petrolífera, todo conflicto laboral en Comodoro Rivadavia fue visto con recelo por parte de las autoridades. Dada la necesidad de evitar cualquier conflicto obrero y para mantener así el orden en los yacimientos, los beneficios sociales implementados a partir de 1922 con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), al mando del general Enrique Mosconi, se combinaron con la persecución y represión de aquellos trabajadores que demostraban tener “ideologías disolventes”. A partir de la intensificación de la militancia de izquierda en los años 30 y el creciente valor geopolítico adjudicado al petróleo, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esta región de la Patagonia central pasó a ser controlada por el ejército a partir de 1944. En este contexto, los chilenos, al igual que los extranjeros que participaban en agrupaciones políticas de izquierda, fueron objeto de control y represión, y algunos de ellos fueron deportados mediante el decreto 536/45, que consideraba delito a toda acción que hiciere cesar la producción en empresas del Estado (Carrizo, 2018).

Durante la segunda mitad del siglo xx continuó el despliegue militar sobre la Patagonia, a partir de la implementación del plan CONINTES en 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi, que otorgó facultades a las Fuerzas Armadas para la represión interna (Ruffini, 2019). Paralelamente se renovó la preocupación en torno a la porosidad de las fronteras, y la Patagonia fue uno de los espacios considerados permeables a las influencias disolventes de los países vecinos, urgencia que indicaba la necesidad de remediar el déficit en cuanto a la conciencia territorial de su población.

Por esos años la ciudad recibió un alto porcentaje de población chilena, lo que dio lugar a una explosión demográfica que suele acompañar a los ciclos de expansión de la industria petrolera (Vázquez, 2019), cuestión que derivó en la necesidad de una mayor demanda de viviendas. Ante la lentitud de los trámites para adquirir un terreno, y debido a los altos precios que ofrecía el mercado, los chilenos que llegaban a la ciudad no tuvieron otra solución que apelar a la toma de tierras, lo que dio lugar a innumerables asentamientos informales. Este incremento de la llegada de extranjeros en busca de trabajo entre 1958 y 1963 (a partir de la firma de 13 contratos petroleros con compañías privadas, una nueva ley de hidrocarburos y un nuevo estatuto orgánico de YPF) sumó una nueva complejidad a un municipio carente de políticas sociales, y dio inicio a una serie de denuncias y prejuicios que se plasmaron en publicaciones de amplia circulación local^[2].

Esta construcción del “peligro chileno”, que buscaba alertar a la comunidad comodorense, adquirió otra relevancia en 1978, con motivo del conflicto por el canal de Beagle. Esta beligerancia se inició cuando, luego de varios intentos por solucionar por la vía diplomática los temas pendientes en materia fronteriza, Chile acudió en 1967 al sistema de arbitraje conforme a las facultades que le otorgaban los denominados Pactos de Mayo de 1902. Ese acuerdo establecido a principios del siglo xx había establecido un sistema de solución de cuestiones fronterizas pendientes bajo el cual ambos países se comprometieron a aceptar los fallos, los cuales debían ser considerados inapelables y obligatorios para las partes. Luego de diferencias y desacuerdos en materia de política exterior en el transcurso del gobierno de Juan Carlos Onganía, el 22 de julio de 1971 –durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse– se firmó el tratado por el cual la cuestión del Beagle se sometió a arbitraje internacional. Una vez conocida la resolución tomada por una Corte Arbitral conformado por especialistas, esta fue emitida para las partes el 2 de mayo de 1977 por la Corona Británica mediante un laudo que dictaminó que las islas en disputa (Picton, Nueva y Lenox) pertenecían a Chile. El 25 de enero de 1978, y tras varios meses de silencio, que contribuyeron al crecimiento de un clima hostil hacia Chile a partir de diversas manifestaciones difundidas en los medios de prensa, el Poder Ejecutivo Nacional declaró nulo el laudo arbitral.

A partir de allí, la defensa de la soberanía (considerada ahora lesionada) se transformó en un imperativo, a tal punto que el conflicto suspendió la estrecha colaboración que habían mantenido hasta ese momento tanto la dictadura argentina como la chilena en el marco de la denominada Operación Cóndor (Casola, 2017). La sola condición de portar nacionalidad chilena pasó a ser considerada sospechosa, y dio lugar a la publicación de varios ensayos escritos por militares con funciones intelectuales (Echeverría, 2020), que buscaron fortalecer los argumentos del gobierno argentino. Ejemplo de ello fue Osiris Villegas, militar reconocido por su pedagogía anticomunista, autor de varios escritos destinados a legitimar la necesidad de represión del enemigo interno, en el marco de la consolidación de las doctrinas de seguridad nacionales. En su libro El conflicto con Chile en la región austral, publicado en 1978, dedicado a ilustrar e informar a la población, afirmó: “Los argentinos no podemos continuar siendo displicentes por los problemas de frontera; pareciera que ha llegado la hora de la reacción” (1978, p. 12). Esta indiferencia argentina en torno a la defensa de su soberanía denunciada por Villegas habría permitido la expansión de Chile hacia el este, lo que posibilitó además la consolidación de su posición en el ámbito del Derecho Internacional. Tanto la inacción como el tratamiento amistoso para con Chile eran para el militar demostraciones de una peligrosa actitud que era necesario revertir, para pasar definitivamente a la acción en pos de evitar una nueva “mutilación geográfica” (1978, p. 11). En noviembre de 1978, invitado por la Unión Industrial Patagónica, Villegas arribó a Comodoro Rivadavia en calidad de presidente de la Comisión Negociadora en el conflicto con Chile. En el marco de una visita a establecimientos textiles de la ciudad, al referirse a la coyuntura afirmó: “Las fronteras se defienden mejor con chimeneas que con bayonetas”^[3].

Pero lo cierto es que a esa altura se advertía un desgaste de las negociaciones diplomáticas, razón por la cual las tropas del ejército argentino ya se habían movilizado hacia el sur desde el mes de octubre, ocupando estratégicamente diversos puntos fronterizos. Era prioritario este avance sobre todo hacia la provincia del Chubut, dado que los yacimientos petroleros de Comodoro Rivadavia podían resultar accesibles al avance de las tropas trasandinas, que en esa coyuntura se había convertido en un espacio de suma importancia para el abastecimiento de las distintas unidades que se habían desplegado en la Patagonia (Di Renzo, 2021). A tal punto la guerra se había transformado en un hecho inevitable para los dos países que el historiador Gonzalo Aravena Hermosilla (2009) rescató las memorias de los soldados que fueron movilizados por las fuerzas armadas chilenas al sur del país, las cuales nos indican que recibieron tanto una instrucción militar como un discurso nacionalista, dada la posibilidad cierta de entrar en combate. El tono bélico de las publicaciones se mantuvo aun superado el momento de mayor tensión, como quedó de manifiesto en las advertencias que se vertían desde el ámbito militar, haciendo un llamado a la población a no aminorar el clima de hostilidad con el vecino país (Guglialmelli, 1980).

Estos acontecimientos eran vividos por los habitantes de Comodoro Rivadavia con suma preocupación, dada la importante inmigración chilena que se asentó como hemos visto a lo largo de su historia, al ser punto de encuentro entre familias que habían sido separadas por motivos económicos, o bien como consecuencia de la persecución política luego de 1973 (Baeza, 2007; Torres, 2008/2009). Sobre todo porque hubo un cambio a partir del conflicto por el Beagle: el interés en obtener información no recaía ya en los refugiados o exiliados chilenos que habían arribado al país luego del golpe de Augusto Pinochet en 1973, sino que ahora la vigilancia debía alcanzar a todas las personas de esa nacionalidad (Casola, 2017).

En forma paralela proliferaban declaraciones en público tendientes a preparar a la población ante un eventual enfrentamiento con Chile, como las que manifestó el Comandante de la IX Brigada de Infantería General Héctor Humberto Gamén, quien señaló que “la soberanía no será negociada”, para agregar que “los argentinos velamos, en la vigilia de las armas, por la sagrada e irrenunciable integridad de la Patria”^[4].

Estas palabras fueron acompañadas de algunas acciones concretas, como por ejemplo el atentado perpetrado al Consulado de Chile a mediados de diciembre de 1978, que resultó una muestra cabal del clima hostil en ascenso en la ciudad. Según la descripción de la prensa, un artefacto provocó serios daños en la estructura del Consulado, y habría sido arrojado por un grupo de desconocidos que se conducían a bordo de un Falcon gris. Ante este hecho el cónsul Jorge Torrealba Pacheco informó rápidamente de lo sucedido a la embajada en Buenos Aires, y declaró que se trataba de “un hecho meramente policial porque me consta que los argentinos no son así”. Por su parte, el comando de subzona 53, dependiente de la IX Brigada de Infantería, emitió un comunicado al respecto:

El hecho ocurrido constituye un procedimiento censurable a la vez que colisiona con la actitud oficial en las gestiones argentinas tendientes a lograr mediante fórmulas pacíficas un definitivo acuerdo con el diferendo que es motivo de tratativas entre ambos países. En tal sentido, el comando de la subzona 53 exhorta a la población a mantener una actitud serena y prudente ante el hecho ocurrido, que sólo beneficia a aquellos que pretenden exacerbar los ánimos y crear en su beneficio un clima disociador que no condice con la voluntad y vocación pacifista del gobierno argentino^[5].

Estos acontecimientos ya habían alertado al obispado de Comodoro Rivadavia, que mediante notas a sacerdotes y religiosos promovió acciones de pacificación en las parroquias, tendientes a resaltar la condición de “hermanos, hijos del mismo Padre, a Él unidos por idénticos vínculos religiosos”^[6]. El atentado motivó una carta dirigida al cónsul por parte del obispo Argimiro Daniel Moure para expresar su “oposición a la violencia irracional”. Rechazaba el penoso hecho, que no expresaba “el común sentir del pueblo argentino que, aún en la defensa de sus derechos quiere ser respetuoso de los demás […]. Con Chile se añaden además innegables vínculos históricos que no se pueden impunemente ignorar”^[7].

Este posicionamiento se alineaba al que había adoptado la Iglesia en la Patagonia en esta coyuntura, que en el caso del obispado neuquino es posible observar su oposición pública con aquellos que promovían posturas abiertamente belicistas. Precisamente este hecho distinguió al discurso de la Iglesia norpatagónica, además de su preocupación por el migrante chileno, señalado como víctima del conflicto entre Estados (Azcoitia y Barelli, 2020). Por su parte, el obispo de Río Gallegos, Monseñor Alemán, también expresó su inquietud, y demandó a la Junta Militar la suspensión de las medidas que determinaron la expulsión de empleados de origen chileno de las empresas estatales en nombre de la seguridad nacional. Lo hacía en pos de evitar males mayores como por ejemplo ser “motivo de recelo, de amargura, que sirva de caldo de cultivo a venganzas que hoy no tendrían ninguna razón de existir, de ideologías que, gracias a Dios no han proliferado en esta parte del país”. Destacaba que esta medida injusta ocasionaba innumerables tensiones en una región que se encontraba poblada por numerosos chilenos que contaban con largos años de residencia^[8].

Sin embargo, a pesar de estos intentos de bajar el tono al clima de hostilidad, el comando del V Cuerpo del Ejército emitió un comunicado donde se establecía que los extranjeros amparados en la ley debían realizar el trámite de radicación definitiva o temporaria ante la autoridad migratoria más próxima. De lo contrario, se informaba que serían detenidos y expulsados, salvo los casos atentatorios de la integridad familiar, cuya consideración quedaba a cargo del personal de Migraciones^[9]. Estas disposiciones fueron cumplidas en los días siguientes, y según algunos testimonios orales recogidos y publicados en otras investigaciones, se puede conocer el clima de xenofobia imperante en el marco del conflicto, que evidenciaron momentos de extrema tensión para la comunidad chilena en Comodoro Rivadavia. Uno de ellos señaló:

Aquí en el barrio Pietrobelli hicieron operativos casa por casa, entraban, revisaban todo, buscaban armas y chilenos indocumentados… Los que no tenían, derechito a la policía, después se los llevaba directamente a la frontera… Allá en Coyhaique el gobierno los ubicó en un barrio de “los despatriados”, hubo gente que denunció a los que no tenían documentos, otros ayudaban^[10].

Fue en aquella coyuntura donde surgieron pintadas en algunas localidades de la Patagonia, que hacían un puntual llamamiento: “Haga patria, mate un chileno”. De entrevistas recogidas en la zona del valle de la provincia, hemos podido conocer que desde la ciudad de Trelew fueron enviados hacia Comodoro Rivadavia un grupo importante de chilenos para ser expulsados del país. Uno de ellos señaló: “Yo veía cómo echaban a la gente, la echaban arriba como perros en camiones militares” (Gatica, 2013, p. 185). Estas deportaciones implementadas por la dictadura argentina fueron una tarea que estuvo a cargo de una comisión especial de la Policía Federal que había llegado a la ciudad desde Buenos Aires.

Por otro lado, a partir de fuentes ubicadas en el archivo de la memoria, podemos conocer algunas medidas concretas con respecto a residentes chilenos en Comodoro Rivadavia, como por ejemplo la determinación de echar a trabajadores de esa nacionalidad de YPF. En abril de 1978, el director de la Dirección de Operación y Enlace (DOE) de Rawson le solicitó al jefe del Destacamento de Inteligencia 183 un informe sobre las repercusiones en el SUPE y en el consulado chileno con respecto a la cesantía de alrededor de 185 agentes chilenos. A tal requerimiento se respondió que habían sido separados de YPF 34 agentes entre “prescindibles y cesanteados por deficiencias en sus funciones después de un exhaustivo respectivos legajos personales”^[11]. En segundo lugar, integrantes de familias chilenas que concurrían a instituciones educativas fueron espiados, tanto aquellos que asistían a la universidad como a establecimientos secundarios. Particularmente se demandaba información sobre su identificación completa; estudios que cursaban y antigüedad en el establecimiento; datos de su grupo familiar, domicilio particular y concepto vecinal; registro de ingresos y egresos de los estudiantes; situación económica y “hechos importantes de carácter ilegal que se hubiesen detectado”^[12]. En tercer lugar, se solicitó información de consulados chilenos existentes en la provincia, personal diplomático y administrativo, incluyendo el argentino, con datos de identidad, grupo familiar, domicilio y teléfono, del puesto que desempeñaba y fecha de ingreso al país; actividades en el medio donde vivía, vinculaciones y contactos. En cuarto lugar, se determinó un relevamiento de chilenos que trabajaban en servicios considerados esenciales para la provincia, puntualizando sobre todo en aquellos que se desempeñaban en puestos importantes^[13]. Por último, a partir de la consulta de estas fuentes podemos conocer que fueron expulsados por lo menos 230 chilenos de Comodoro Rivadavia. En enero de 1979 desde la DOE se solicitaba al jefe de destacamento 183 instrucciones que obedecían “a la necesidad de satisfacer consultas y adoptar medidas punitorias con personal de la administración pública provincial y municipal extranjero que aún no posee la carta de ciudadanía argentina o no ha iniciado los trámites correspondientes”^[14]. Para septiembre del mismo año se le informaba al jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia que en la Oficina de Policía Migratoria Auxiliar existían “constancias de haberse expulsado hasta la fecha 230 extranjeros que se encontraban residiendo ilegalmente”. Como vemos, además del tratamiento policial de la cuestión migratoria, todo esto ameritó la creación de la “sección extranjeros” dentro de la burocracia estatal para precisar la cantidad de chilenos expulsados.

Estas acciones, que fueron acompañadas por toda una serie de declaraciones que alentaban un enfrentamiento con Chile, fueron complementadas por otros medios para la obtención de consenso, tales como la prensa y las instituciones educativas.

La construcción de consenso: del Beagle a Malvinas

Hemos sostenido en la introducción de este capítulo que el régimen dictatorial instaurado en 1976 no se sostuvo exclusivamente apelando a mecanismos represivos, sino que buscó y obtuvo importantes niveles de consentimiento por parte de no pocos sectores de la población. En Comodoro Rivadavia, ese consenso fue perseguido a través de dos vías que se volvieron estratégicas en la coyuntura determinada por el conflicto con Chile. Una de ellas la prensa. Ejemplo de ello fue la revista Cono Sur, que emergió en el campo periodístico local en los años de mayor profundización de la propaganda dictatorial^[15], contribuyendo a la construcción de una imagen venerable de las Fuerzas Armadas. Se trató de una publicación concebida para consolidar la defensa de los derechos argentinos sobre los territorios en disputa con Chile, reactivando el ideario propio de un nacionalismo territorial, que buscaba no solamente cohesionar a la población, sino también obtener su apoyo^[16].

Se ocupó de mostrar la estrecha colaboración entre civiles y militares, reflejada siempre a través de la cobertura periodística trabajando en las distintas comunidades, sin divisiones en la concreción de obras “históricamente atrasadas” a causa de la mezquindad de la política partidaria. Promovió la adhesión al régimen desde la región patagónica, dándole una creciente importancia a la voz militar en sus páginas para hacerla llegar a cada rincón de la región, tratando de captar la aprobación de la opinión pública a través de una conveniente difusión de los actos de gobierno. La revista se instituyó en un lugar de enunciación desde el cual se desplegaron una serie de “núcleos de sentido” (Risler, 2019, p. 183), con la pretensión de moldear las actitudes, comportamientos y valoraciones que pudieran contribuir a la conformación de una imagen positiva (Seitz, 2015), necesarias en aquella difícil coyuntura. Sin dudas sus narraciones periodísticas eran vertidas en un campo fértil conformado por lectores patagónicos que habían experimentado los beneficios tangibles (sobre todo en diversas obras públicas) de administraciones militares de antaño.

Una de las preocupaciones que expresaba el medio de comunicación era verificar el grado de fervor patriótico en la Patagonia, el que siempre era necesario alentar para reafirmar unanimidad. De allí que la noticia acerca de un ciudadano argentino, hijo de una familia chilena, que el 9 de julio de 1981 vociferó “vivas al país vecino”, ameritó una extensa nota que llevó por título “Justicia para el traidor”. Este hecho no hacía más que confirmar las constantes denuncias de la alarmante penetración trasandina en la Patagonia argentina, que ahora se agigantaba a través de la acción de los hijos de chilenos nacidos en suelo argentino:

Así permitimos que Chile fuera adentrándose en nuestro territorio no solamente en la faz material (caso estrecho de Magallanes y el canal de Beagle por ejemplo) sino con esa peligrosa, invisible pero detectable actitud de aprovechar al máximo a los compatriotas radicados en nuestra tierra para tener un perfecto sincronizado y eficaz sistema de información permanente y gratuito^[17].

Para Cono Sur tal actitud resultaba inaceptable, dado que el acusado no solamente era empleado de YPF, sino que además había jurado lealtad a la bandera durante su paso por la conscripción. Por tales razones demandó no solamente hacer justicia frente al “traidor” a la patria, sino que además el hecho no quedara impune y libre de intervenciones diplomáticas. Este cuestionamiento a la diplomacia argentina se debía al posicionamiento que adoptó la Junta Militar ante la aceptación de la propuesta papal de 1980, que no colmaba la expectativa de la revista^[18].

Del análisis de las páginas de Cono Sur se observa toda una serie de argumentos que tienden a justificar un posible enfrentamiento con Chile. En el número correspondiente a diciembre de 1980/enero de 1981 decía: “DENUNCIAMOS. Exorbitante pago de YPF a Chile por traslado de petróleo argentino”. A continuación agregaba:

… cuando el mundo entero se debate por el preciado oro negro; cuando países como los islámicos amparados en él han hecho vacilar las decisiones de grandes potencias, ARGENTINA DEBE PAGARLE A CHILE para que por un oleoducto de este país pueda circular nuestra producción de crudo hasta un puerto también chileno, y allí recién lo embarquen buques argentinos, cuando tenemos una más rentable y fácil solución!

En otra nota se volvía una vez más a denunciar lo inadmisible de transitar 210 kilómetros por territorio chileno y cruzar el estrecho de Magallanes con balsas de ese país y pagando este servicio para llegar a Tierra del Fuego. Esto era “como pedir permiso a un vecino para pasar por su patio, y recién así alcanzar nuestras habitaciones”. Se resaltaba en cambio que el gobierno de Pinochet, con la construcción de la Carretera Austral, ya había tomado los recaudos necesarios para evitar usar suelo argentino, y mantener de esta manera una libre transitabilidad por su mismo territorio.

En esa heterogeneidad de comportamientos y actitudes sociales de la sociedad argentina frente a la dictadura (Lvovich, 2018), Cono Sur fue un medio de comunicación que expresó un consenso activo, y desde ese lugar de adhesión se posicionó de una manera tal que podía establecer inclusive sus demandas al régimen. Fue funcional a la visibilidad que necesitaba la acción cívica desplegada por los militares, mostrando por lo menos cuatro aspectos: la articulación entre distintos actores en defensa de la soberanía; la ejecución de tareas concretas; los rasgos de militares que pudieran generar empatía, y mostrar las distintas intervenciones en los ámbitos educativos.

Por otro lado, las instituciones educativas también se constituyeron en una vía privilegiada para incidir en la construcción de sentidos, ya sea para exaltar las virtudes del pasado y reivindicarlas en la coyuntura determinada por el conflicto con Chile o para generar conciencia sobre el resguardo de la soberanía. Sobre todo porque esa histórica desaprensión por el resguardo de la frontera, señalada como hemos visto en la sección anterior por Osiris Villegas entre otros, también era posible detectarla en el ámbito educativo, en donde según la Junta Militar había una preocupante ausencia temática en los planes de enseñanza (García, 2022).

De allí que el enfoque geopolítico de la realidad fue asumido con sumo interés por la recientemente creada Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a partir de 1980. En esta casa de altos estudios se inauguró la cátedra de geopolítica con carácter permanente, la cual se inscribía en el desarrollo de cursos dictados por miembros de la Escuela de Defensa Nacional. Esta agencia estatal específica tuvo a su cargo durante la última dictadura, a través de cursos y conferencias, la articulación del consenso entre civiles y militares en torno a la política de defensa del régimen y la formación de una élite dirigente comprometida con este (Rodríguez y Soprano, 2015). En concordancia con estos objetivos, la Universidad creó la cátedra bajo el nombre de “Perito Francisco P. Moreno”, “en memoria y homenaje de quien en la práctica de su accionar esclarecedor y patriótico, tanto luchó por la preservación del patrimonio territorial de la Nación”. El nuevo espacio de formación buscaba contribuir a “una adecuada toma de conciencia en los estratos dirigentes de la comunidad, los que por su gravitación están en condiciones de influir sensiblemente en muchos casos, en la adopción de las medidas que requiere la seguridad y el progreso general”^[19].

En este clima de hostilidad en ascenso, sin dudas la mediación papal fue oportuna para evitar una previsible catástrofe social. Sin embargo, en la Patagonia se vivió una suerte de preludio de la guerra, que en sus efectos alcanzó a víctimas concretas: los chilenos que habían emigrado a la Argentina (Timmermann, 2008). Por un lado, el gobierno argentino descargó ante ellos su ira y sus pretensiones; por otro lado, el gobierno chileno no pudo o no quiso evitarlo ante la situación de repliegue frente a la Argentina, aun cuando fueron conocidos las detenciones arbitrarias, las expulsiones y los vejámenes que sufrían los residentes trasandinos.

Pronto se desataría otro conflicto que dejaría en suspenso el conflicto con Chile. En mayo de 1981 Cono Sur expresaba su desencanto ante la tercera devaluación en lo que iba del año, que aumentaba “un generalizado recelo entre quienes depositaran su confianza en el Proceso de Reorganización Nacional”. Tanto en el terreno económico como en el ámbito diplomático, la Junta Militar comenzaba a evidenciar serios problemas que contribuían a acrecentar todo tipo de dudas. Para inicios de 1982 la inflación descontrolada y la reorganización del frente político y sindical que reclamaba normalización institucional y mejora de la situación socioeconómica, agotado ya el discurso de la amenaza “subversiva” y con un plan económico que solo satisfacía a un reducido grupo de empresarios, fueron los principales factores que llevaron a la Junta Militar a pensar en la posibilidad de reconquistar las Islas Malvinas. En este sentido Paula Canelo ha sostenido que “el régimen requería la construcción de un enemigo lo suficientemente poderoso como para justificar una nueva cruzada nacional que le permitiera encubrir sus cada vez más evidentes debilidades” (2006, p. 71). Al respecto, ya desde 1980 la revista hacía referencia al tema Malvinas en su editorial, dando cuenta de las diversas presentaciones en los foros internacionales que reclamaban de manera enérgica la recuperación de las islas. Allí se sostenía que

… hace ya tiempo también que el afán de librar esta otra batalla que falta de la guerra de independencia, convoca en voz alta o baja a los argentinos de los estratos sociales más diversos, que no quieren quedarse en las meras palabras o en la pasividad^[20].

Esa “otra batalla de la guerra de independencia que había que librar” era un horizonte demarcado que anclaba en aquella historia argentina que señalaba su mito de origen en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, para construir a partir de allí un relato de sucesivas pérdidas y desmembramientos (Lois, 2012). La nota concluía afirmando que el viejo Imperio británico ya no era el mismo, y que inclusive estaba en pleno repliegue, dejando un vacío geopolítico que podía ser aprovechado por otras potencias. En 1981 se publicaba una extensa nota titulada “Debemos ‘invadir’ las islas Malvinas”^[21], donde se alertaba acerca del profundo desconocimiento de aquel territorio, instando a medidas que fomentaran una mayor concientización. Ese momento tan preanunciado llegó finalmente el 2 de abril de 1982:

… debemos felicitarnos que desde hace tiempo haya existido a nivel nacional una campaña de esclarecimiento en torno al problema, por la cual los argentinos fueron concientizados y preparados para el momento actualmente vivido. Gracias a ella es que el pueblo se solidarizó a partir del pasado 2 de abril, salvando diferencias que hasta pocos días antes parecían insalvables, y ese clamor está pesando en el orden internacional para revertir algunas posiciones tomadas por estimación apresurada^[22].

En esa supuesta toma de conciencia y preparación, sin dudas Cono Sur había colaborado bastante con cada una de las crónicas periodísticas, invitando a través de diversos modos de interpelación a que la población participara activamente en el logro de los objetivos planteados por el régimen militar.

Llegados a esta instancia del análisis, hay un testimonio que nos interesa incorporar, porque de alguna manera posibilita al menos pensar que tanto Malvinas como el conflicto por el Beagle forman parte del mismo horror dictatorial hacia la comunidad chilena. De los relatos que brindaron aquellos jóvenes conscriptos que participaron del enfrentamiento bélico en el Atlántico Sur, nos detendremos en aquel que pertenece a un hijo de chilenos, que justamente por esta condición debió cumplir con un llamativo cambio de sección mientras efectuaba el servicio militar obligatorio. El argumento que recibió ante este nuevo destino fue que “no querían tener en un batallón de primera línea de combate a hijos de chilenos” (Armesto, Córdoba y Figueroa, 2001, p. 479). Supuestamente los enviarían a un sector donde no iban a empuñar armas hasta la baja, pero extrañamente fueron remitidos a la Compañía Alfa, la cual era la primera en prestar servicio en caso de guerra. Estos movimientos de organización interna, sumados al exceso de instrucción militar que comenzaron a recibir, llamaron la atención de estos jóvenes conscriptos. Posteriormente les comunicaron que partían hacia Río Grande en la corbeta Guerrico, y que el arribo a la ciudad lo harían mediante un helicóptero Puma. Hasta ese momento nadie dudaba del destino, pero “cinco minutos antes de subir al helicóptero viene el teniente de navío Giusti y nos comunica que estábamos en las islas Georgias, que al frente estaban los ingleses y que teníamos que recuperar las islas” (Armesto, Córdoba y Figueroa, 2001, p. 479). Al saltar a tierra reciben los primeros disparos, y fue herido de muerte un soldado oriundo de Comodoro Rivadavia. Los 22 ingleses que ofrecían resistencia finalmente se rindieron, y fue este el preciso momento en que los soldados comandados por Astiz “bajaron, plantaron la bandera argentina y fueron los héroes oficiales, nosotros no teníamos nada que ver, solo fuimos carne de cañón” (Armesto, Córdoba y Figueroa, 2001, p. 480). La ironía del destino determinaría que aquel joven abatido era hijo de una familia chilena que concurría en 1978 a una escuela secundaria del centro de la ciudad, y que en 1982 se convirtió Mario Almonacid en el primer soldado comodorense muerto en la guerra, y que aquel trabajador echado de la empresa Agua y Energía fuera don Humberto Almonacid, su padre. Como bien se ha señalado, para los argentinos en general la guerra de Malvinas constituye una memoria muy fuerte, que condensa toda una serie de sentidos significativos (Gatica, 2013), pero hay razones para comprender por qué para una parte importante de los habitantes de Comodoro Rivadavia el conflicto con Chile por el canal de Beagle fue mucho más traumático.

Conclusiones

En este trabajo hemos visto que cuando la Junta Militar decidió no aceptar el laudo arbitral y movilizar las tropas hacia el sur en defensa de la soberanía por el canal de Beagle, pasando a posiciones directamente xenófobas que alertaban acerca del peligro que significaba la no integración a la comunidad nacional de los inmigrantes chilenos, no hicieron más que capitalizar una estigmatización largamente construida en la Patagonia. Luego del período de mayor tensión entre ambas dictaduras, se inició la persecución de habitantes de nacionalidad chilena en la ciudad, tanto en sus ámbitos laborales como en las instituciones educativas. Jóvenes chilenos o hijos de chilenos que concurrían a la escuela secundaria o a la universidad fueron espiados, y aquellos que trabajaban en empresas estatales fueron despedidos. Familias que habían llegado a la ciudad en décadas anteriores, y que se habían integrado a la comunidad, de pronto vieron irrumpir en sus barrios el terror dictatorial. Ante estos avasallamientos de imprevistas consecuencias explicitó su postura crítica la Iglesia católica, representada en el posicionamiento de los obispos patagónicos.

También hemos visto que la revista Cono Sur no solamente sentó su adhesión al régimen desde una mirada patagónica sino que además le dio peso a la voz militar, construyendo una serie de sentidos que contribuyeron a legitimar la hostilidad hacia la comunidad chilena. Las persecuciones y deportaciones que pudimos conocer a partir de archivos que resguardan documentos de la policía chubutense no tuvieron lugar en las páginas de la prensa. También el consenso necesario para obtener el apoyo de la población ante un inminente conflicto armado fue promovido desde instituciones educativas, en donde la defensa de la soberanía se convirtió en una causa nacional.

Bibliografía

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