Chile y la Argentina, entre la integración y el conflicto

Juan Vilaboa y Alicia Servetto

Quien recorra la Plaza San Martín de Río Gallegos encontrará una placa, en la que se expresa:

El Centro Cultural “Salvador Allende” agradece al pueblo de Río Gallegos por la solidaridad con los refugiados políticos que encontramos amparo en este lugar para resguardar su vida del golpe de estado del 11 de setiembre de 1973 en Chile. Agradecemos a la Intendencia de Río Gallegos y a la Secretaría de Derechos Humanos. 8 de septiembre del 2007.

Estas palabras pueden ser tomadas como una formalidad, o bien, desde una perspectiva de análisis histórico, como el indicio del proceso de politización, poco explorado, que nos habla de las lealtades entre sectores políticos y sociales del sur de la Argentina y Chile.

Al leer la placa, las preguntas que se imponen son: ¿por qué pensar la relación entre el sur argentino y el sur de Chile en aquellos años? ¿Cómo se activan esos años en la memoria colectiva marcados por la utopía revolucionaria y la barbarie dictatorial de ambos lados de la cordillera?

Desandar cada una de estas preguntas nos obliga a pensar críticamente el pasado, sin caer en la tentación solo de rememorar o, en su defecto, de hacer un mito de las luchas revolucionarias. Por el contrario, se trata de actualizar y analizar ese pasado que vuelve y nos interpela con preguntas, con paradojas y con contradicciones. Se trata de un pasado que es revisado, reinterpretado, resignificado; es un tiempo abierto, porque lo que está en juego son los sentidos que ese pasado tiene en el presente y también los sentidos que ese pasado tuvo y tiene para los actores que en ese momento histórico estuvieron involucrados.

Explicar lo que sucedió en esos años se transformó en un compromiso político y ético, no solo para evitar el olvido, la naturalización de lo sucedido o la invisibilización de determinados procesos, sino también porque resulta una tarea imperiosa construir un relato histórico distinto al oficial que dispute y que explique, desde otros lugares, desde otra construcción discursiva, lo sucedido. Y con esto no estoy refiriéndome solamente al relato histórico que ensalzaron las FF. AA. tanto de la Argentina como de Chile para autojustificarse, sino también a la misma historia oficial que hegemonizó el discurso político y académico basado en la teoría de los dos demonios y en la consigna de la reconciliación. Esta tarea exigió –y exige–, por parte de los historiadores, rastrear las huellas de una trama capaz de poner en tensión varias afirmaciones generalizadas que eviten la banalización del uso de las palabras y su interpretación del pasado.

El presente trabajo pretende ahondar en esa trama subyacente que nos habla de las lealtades entre sectores políticos y sociales de la Argentina y Chile, que si bien estuvieron involucrados en procesos políticos macro de ambos Estado-nación procesaron un conjunto de proyectos y tensiones con precarios recursos materiales, generando solidaridades en un proceso cargado de urgencias.

Bitácoras del sur del sur

La relación sur-sur de Argentina-Chile puede desandarse en una serie de recorridos que permiten pensarla en términos dinámicos, con flujos de integración, pero también de conflicto y tensión. Al respecto, damos cuenta de algunas de estas situaciones:

Las tradiciones políticas no circularon químicamente puras en el sur. La frontera, los conflictos limítrofes y la militarización generaron un conjunto de ideas e instituciones que dejaron una huella en el proceso de la segunda mitad del siglo xx, que abarcó desde la radicación de fuerzas militares hasta el conflicto bélico. Desde los años cuarenta del siglo xx la tensión entre militarizar, afianzar la soberanía y la migración chilena fueron procesos que se dieron en forma simultánea, no sin disputas, no sin contradicciones.

Existe un consenso historiográfico que en el primer peronismo sirvió como atenuador de las crisis sociales chilenas y facilitó la radicación de población de ese país en el sur argentino. Los ejemplos son diversos: desde el tradicional trabajador migrante de faenas rurales y frigoríficas que se fue afincando y organizando la cadena migratoria, o bien los circuitos laborales donde los trabajadores chilenos rotaban entre residir en Puerto Natales y trabajar en las minas de carbón de Río Turbio. A esto debemos agregar todas las actividades que se generaron en la zona norte de Santa Cruz y Chubut con el aumento de la presencia del Estado y la actividad relacionada con los hidrocarburos.

Si realizamos una recorrida desde los años cuarenta y cincuenta, aun en el grado de proyecto se pensaba que una integración del sur de Chile con el argentino en un corredor comercial podría servir de estímulo; los modos para superar las crisis fueron más endógenos y no estuvo en la agenda de las discusiones la integración económica. Las ideas de integración de Perón e Ibáñez pretendieron ser traídas al extremo austral para armar un corredor económico que facilitara el ingreso de mercancías a Chile. En el debate sobre la explotación del carbón de Río Turbio se pensó en usar el puerto de Natales como lugar de salida del producido de las minas de carbón. Quizás, a modo de inferencia, para esos años hubo una mayor plasticidad para no hacer del límite una valla al menos en los actores locales.

A pesar de la vecindad los rumbos diferentes de los procesos políticos muestran en los años setenta diferencias notables. En Chile la memoria de las huelgas de fines del siglo xix y de principios del siglo xx (incendio de la FOM, Comuna de Natales y huelgas de Santa Cruz) se habían mantenido presentes en los actos obreros, en tanto que, en el sur argentino, en los setenta, se redescubre el pasado trágico que había quedado en el terreno de una memoria con pocas referencias en la historiografía. Los artículos periodísticos de Bayer y la edición de sus textos abrieron el debate en la Argentina sobre la complejidad de las huelgas del sur patagónico.

La organización gremial que para los años setenta mostraba en Magallanes una pluralidad de gremios que incluían, entre otros, a los trabajadores de campo, trabajadores de la salud, correos, petróleo, transportes de naves, vinculados a la CUT. Además, esa dirigencia formaba parte activa de la dirigencia de partidos de izquierda. Por su parte, en la Argentina la política partidaria estaba bastante bloqueada por los sucesivos golpes de Estado. En el caso de Santa Cruz los indicios muestran ciertos movimientos de dirigentes de diversos lineamientos tendientes a organizar algún cuestionamiento al gobierno militar de la provincia, que recién se plasmaron en los primeros meses de 1971, pero la organicidad de las expresiones políticas era bastante precaria.
Un repaso por la actividad gremial de los años setenta en Magallanes muestra algunas singularidades como la presencia del dirigente Francisco Márquez en Federación Campesina 27 de julio. En la trayectoria vital de este trabajador encontramos un reflejo de muchas historias de vida. Natural de Chiloé, trabajó por diez años en estancias de la Patagonia argentina y regresó a Chile, donde se integró al gremialismo de los obreros rurales y adhirió al ideario de los partidos de izquierda. Se lo recuerda como “el Che Márquez”, “chilote y socialista”.

El rol de los trabajadores migrantes como agentes de circulación de las ideas. Seguramente en forma paralela a su vida de trabajadores rurales fueron conservando lealtades y afinidades políticas a ambos lados de la frontera, más allá de las “normas de seguridad” que se pretendían imponer. Todo enmarcado en un movimiento gremial que muestra estrechos vínculos internos entre los gremios de la región. El cálculo estimado sobre la composición de las organizaciones gremiales del sur de Chile señala que la Federación Campesina 27 de Julio agrupaba por esos años a 4200 trabajadores y que existían 500 emprendimientos industriales y artesanales que empleaban a 3800 trabajadores. A esto se debe sumar las actividades del Estado y del petróleo, lo que permite inferir una heterogeneidad de la actividad económica.

El triunfo de Salvador Allende en Chile se dio por estrecho margen sobre su principal opositor, Jorge Alesandri, y con mayor diferencia sobre Radomiro Tomic^[1]. Si miramos el resultado de las elecciones en Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego destacamos que el electorado del sur chileno volcó su voto por la Unidad Popular. Este resultado quizá fue el reflejo de la vieja tradición de izquierda, el regionalismo magallánico y de los lazos que Salvador Allende había tejido con la región por la que fue candidato a senador en dos ocasiones. En las visitas, el líder socialista había generado vínculos sociales y políticos con los diferentes pueblos del sur chileno.
Los planes de gobierno de la Unidad popular recogían demandas que eran de vieja data en la región: la de profundizar la reforma agraria, los problemas de conectividad interna con el resto del país y la concentración económica. Si se analiza este contexto la política del sur chileno tenía una amplia base de organizaciones sindicales, una tradición partidaria que se enlazaba a ellas con un programa de reivindicaciones y un liderazgo regional que trascendía al país^[2].

La denominación de “barrio chileno” en Río Gallegos y otras ciudades del sur hacía referencia a las periferias de las ciudades, no muy grandes, pero en las que se asentaban trabajadores chilenos y en todo caso donde se replicaba la forma de arquitectura de madera y chapa. Las exaltaciones nacionalistas registran algunos episodios de ataque al centro chileno de Río Gallegos con motivo del enfrentamiento entre carabineros y gendarmes en Lago del Desierto. Un acto aparentemente de poca trascendencia muestra la profundidad del conflicto con el país vecino^[3].

El equipo de fútbol de Chile participante de la Liga de Fútbol de Río Gallegos debió cambiar su nombre por el de Independiente. La coincidencia temporal entre los conflictos de límites y estas determinaciones para quitar el nombre de un país vecino a un equipo deportivo con arraigo en la comunidad chilena no nos parece ni poco significativa ni irrelevante: en todo caso revela las ideas circulantes en ciertos niveles de las dirigencias sociales. Quizá los que impulsaron esta medida no sabían que “independiente” había sido la denominación de un club de trabajadores en la década del veinte donde se enfrentaba al British Club. Esta imagen de esos “barrios alejados” y carentes de servicios, donde habitaban trabajadores chilenos, aparece también en emprendimientos educativos que se encaran por esos años en Río Gallegos y en los cuales se llevaron a cabo experiencias educativas.

Este punteo de situaciones refleja, de alguna manera, que la relación con el vecino país osciló históricamente entre la integración y el conflicto. Lo primero parece surgir más naturalmente, pero lo segundo no dejó de estar presente bajo variadas excusas.

Los años 70 a ambos lados de la cordillera sur

En los años setenta, Chile representaba una pluralidad de significados: desde la amenaza fronteriza hasta la admiración –o temor– a la política de la Unidad Popular. Si en 1970 la izquierda chilena lograba imponerse en las elecciones tras casi un siglo de disputas por la construcción de una hegemonía socialista, no es menos cierto que el comunismo y el socialismo se habían convertido en los enemigos principales para las Fuerzas Armadas de la región, imbuidas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Recordemos que esta teoría moldeó las prácticas de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica. Fue difundida durante los años de la Guerra Fría, y sostenía que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos debían dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir ideologías, organizaciones o movimientos que pidieran favorecer o propiciar el desarrollo de ideas revolucionarias, marxistas, terroristas o subversivas. Esa doctrina se asentó en dos postulados básicos: la bipolaridad y la guerra generalizada, entendiendo la división del mundo en dos grandes fuerzas opuestas, la del bien y la del mal, lo que era traducido como la guerra entre el occidente cristiano y el oriente comunista.

En la Argentina, el reemplazo del presidente Levingston por Alejandro Lanusse, en marzo de 1971, abrió el último tramo del régimen militar inaugurado en 1966. Desbordados por la protesta social, la movilización popular y el surgimiento de las organizaciones revolucionarias armadas, el gobierno militar optó por una salida política que le permitiera canalizar el estado insurreccional que vivía la sociedad argentina post-Cordobazo (1969).

Santa Cruz no fue ajena al proceso de movilización social que caracterizó a la Argentina a fines de los años sesenta. De hecho, su inestabilidad política seguía los vaivenes de la política nacional. Entre 1958 y 1966, los dos mandatarios radicales no completaron sus períodos constitucionales, sea por juicio político o por golpe de Estado^[4]. La dictadura de 1966 vivió en la provincia también los resultados de un clima de levantamiento e impugnación que terminó con la renuncia al cargo de gobernador interventor del comodoro Raynelli. En 1971, Salvador Mansilla, secretario general de la Asociación Personal de la Administración Pública (APAP), lideraba la tendencia más combativa y confrontacionista con el régimen militar en la provincia de Santa Cruz. Este gremio estuvo al frente de la pueblada del 15 de abril de 1971, a la que calificaron como el “Gallegazo”: una movilización compuesta mayoritariamente por empleados públicos, varios de ellos provenientes desde la localidad de Puerto San Julián. A partir de entonces, se formó un gobierno de transición integrado por dirigentes peronistas y radicales.

Se puso en marcha, así, la vida política de los partidos en un proceso que registró una redefinición de las identidades políticas-partidarias. Por primera vez, en la provincia, se elegiría autoridades sin la proscripción del peronismo.

Ciertamente, el levantamiento de la proscripción del peronismo aceleró el debate interno dentro del propio partido. En el marco de las elecciones, fue representativa la discusión, dentro del peronismo, de los porcentajes de candidaturas por ramas (política sindical y femenina), a la que se agregaba ahora la Juventud Peronista. Este último sector tenía una tradición de actuaciones en el movimiento de Taco Ralo, impulsado por la FAP, pero de modo acelerado, en el curso de la campaña se integró a las estructuras de la Juventud Peronista de las regionales. Pero así como este sector del peronismo se alineaba con el orden nacional, los sectores más ortodoxos realizaban lo propio, en una disputa que trasladaba al seno del peronismo rasgos de la doctrina de seguridad nacional. Así tenemos un contexto donde el límite y la ideología, dos cuestiones tan caras a los nacionalismos argentinos, agregaban el comunismo como adversario cercano tras la frontera. Pero como contracara del debate político de los años setenta, los sectores de izquierda del peronismo que plantearon la consigna de la “patria socialista” enfrentaban la versión más ortodoxa de la “patria peronista”. El recambio del lenguaje y las expectativas mostraban a este segundo peronismo con una pluralidad de interpretaciones y expectativas.

En Santa Cruz, el Partido Justicialista realizó en junio de 1972 las elecciones internas para elegir las autoridades del partido y los candidatos a los cargos electivos. Se presentaron dos listas, la Lista Celeste, encabezada por Jorge Cepernic, y la Lista Única Lealtad, encabezada por Juan Carlos Beni. La fracción que resultó minoría en las elecciones internas logró retener las candidaturas principales excepto la de gobernador, que quedó para Jorge Cepernic, un antiguo dirigente del peronismo que se había afiliado en 1946, pero que inició su militancia en 1955 con la caída del peronismo. Contaba con el apoyo de las 62 organizaciones de Santa Cruz, la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y de la Juventud Peronista de la provincia. La fórmula se completó con Eulalio Encalada, secretario general del Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE), con gran influencia en Caleta Olivia, segunda ciudad de la provincia de Santa Cruz y en la zona del municipio 28 de noviembre. El SUPE lideraba el control de la CGT local.

Así, al ritmo de los sucesos nacionales, mientras que en las elecciones del 11 de marzo de 1973 triunfaba la fórmula presidencial del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una suerte de alianza del peronismo con otros partidos menores –los candidatos Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima–, en la patagónica provincia de Santa Cruz logró imponerse Jorge Cepernic como gobernador con el 47,9% de los votos. Un dato significativo: por primera vez participaba de elecciones en la provincia una agrupación cuyo nombre referenciaba a la izquierda: este fue el FIP.

El debate político de esos años se presentó bajo otros lenguajes, intereses, valores y expectativas. La disyuntiva pasó a ser “liberación o dependencia”, es decir, entre los que genéricamente proponían el “cambio”, la “liberación”, la “emancipación” frente a los que representaban la “sumisión”, el “colonialismo” y el “imperialismo”. De esta forma, los viejos partidos políticos debieron adecuarse discursivamente a las nuevas demandas, a los nuevos valores societales, y competir con otras formas de participación política.

En este sentido, Chile aparecía como una experiencia política atractiva, una democracia que podía exhibir por esos años una larga continuidad, respecto a la sobresaltada vida constitucional argentina. Cierta solidez de los partidos políticos que, por ejemplo, habían encarado la reforma agraria desde tiempos de Frei y un político de dilatada trayectoria en el Partido Socialista se transformó en presidente. También la experiencia chilena mostraba la complejidad de permanecer dentro de las instituciones establecidas y a la vez buscaba llegar al socialismo por la vía electoral.

Sin embargo, en menos de un par de años, Chile viró desde la imagen de Fidel Castro recorriendo el país a las agrupaciones de extrema derecha jaqueando al gobierno de Salvador Allende. En coincidencia con Inés Nercesián, el triunfo de la Unidad Popular en Chile, ocurrido el 4 de septiembre de 1970, “planteó un nuevo escenario político en varios sentidos. Para las izquierdas, la UP inclinaba la balanza a favor del camino pacífico y electoral en la transición al socialismo. Para las derechas, significó la existencia de un nuevo “peligro rojo” en la región”^[5].

Resultan significativos, por otro lado, los sentires que circulaban a ambos lados de la cordillera. Buena parte de los sectores populares del sur tenían lazos con Chile –de parentesco o laborales– y vivían, ya sea por la proximidad de los vínculos personales o por el impacto de las noticias que desde principios de 1973 transmitían la polarización de la política chilena –que en poco tiempo pasó de un régimen democrático a barajar cada vez con mayor persistencia la idea de un golpe de Estado– el impacto de la crisis política chilena que condujo al golpe.

En la Argentina, y en Santa Cruz específicamente, la tarea dentro del peronismo era compleja. Debía resolver la interna de una dirigencia con poca experiencia en el manejo de la cosa pública, pero a la vez con una tendencia al alineamiento en los polos más opuestos del peronismo. La gestión de Cepernic se orientó en un comienzo a resolver temas que estaban en el abanico del ideario político de la fuerza partidaria, tales como la producción de energía hidroeléctrica, potenciar Río Turbio, dotar de infraestructura y regularizar la situación de grandes extensiones de campo. Como en Chile, surgieron los debates sobre cómo lograr activar la producción ganadera tomando medidas para que no se realizara a través de lo que se conoce como “ganado en pie” y, a su vez, dar nuevo impulso a la industria frigorífica, que, en el caso argentino, estaba agravado por el cierre de las plantas de Swift. En esta dirección se estudiaba, por cierto, el relanzamiento de proyectos del cruce del estrecho por territorio argentino. La propuesta de expropiación de grandes extensiones de campo en Santa Cruz cuya tenencia era irregular, que envió el gobernador Cepernic a la Legislatura, puede ser tomada como un ejemplo de medida que polarizó la interna partidaria del peronismo, e implicó para el gobernador recibir una serie de acusaciones desde los sectores de la ortodoxia peronista.

Así, la situación de polarización del peronismo nacional se trasladó también al sur, imputando al gobierno de Cepernic como un supuesto representante de las tendencias de la izquierda montonera peronista.

En ese sentido, el sur parecía discurrir hacia un gobierno de izquierda: el socialismo en Chile y un peronismo que derivaba en un ensayo de izquierda. Mezclado con críticas al Poder Ejecutivo provincial por el manejo de la cosa pública, y con movilizaciones que demandaban aumentos salariales, se fueron desatando niveles de tensión política que atravesaban la misma provincia y se articulaban con los sucesos al otro lado de la cordillera.

El llamado “tanquetazo” contra el gobierno chileno dio la muestra real que el golpe contra Salvador Allende estaba en curso^[6]. Las señales de crisis, como el desabastecimiento y las parálisis de los transportes, más los ataques que los medios de difusión realizaban a la gestión de la Unidad Popular mostraron la contracara de la política: la violencia.

No fue menor el papel de los medios radiales en la Patagonia austral. Estos se transformaron en un espacio de crítica muy intensa al gobierno de Allende y sus argumentaciones circularon en el sur argentino. Para las familias chilenas escuchar las emisoras de Punta Arenas era una costumbre. Y, en esos momentos de incertidumbre, las emisoras a veces eran muy críticas, y la audiencia combinaba esa fuente de información con la que obtenía de intercambios epistolares o de relatos viajeros.

En efecto, con estas redes de información, entre los pobladores chilenos que vivían en Santa Cruz, la noticia del alzamiento de los militares no sorprendió. Lo que si agregó más dramatismo fue la muerte de Salvador Allende en la Moneda. Esos tristes sucesos se sintieron de modo particular en el sur, y se canalizaron en expresiones públicas como en la misa popular que se celebró en Río Gallegos. Allí se congregaron sectores sociales muy heterogéneos y se ponía en el escenario de la política lugareña la idea de solidaridad con Chile, los chilenos y con el presidente fallecido. También se produjo la quema de banderas de los Estados Unidos de América en una conjunción espontánea, como suelen tener las expresiones políticas que combinan el dolor por una muerte con las luchas por aspiraciones políticas.

Coincidente con el comienzo de la dictadura en Chile fueron los inicios de la nueva campaña electoral para la presidencia, luego de la renuncia de Cámpora (julio de 1973). En septiembre de ese año, Perón triunfó con el 62% de los votos y su gobierno estuvo marcado por referencias a la cadena de golpes en América Latina, y dentro de ellos, se destacaba la crueldad del gobierno de Pinochet. Significativamente, el gobierno de Perón fue uno de los primeros en recibir al dictador chileno, y en todo caso ese gesto fue una expresión a favor de quien había laudado a Perón tras los sucesos del 20 de junio de 1973 en Ezeiza^[7].

De exilios, solidaridades y represaliados

Poco después del golpe en Chile, empezaron a arribar a Río Gallegos ciudadanos chilenos que escapaban de su país por su militancia de izquierda. Algunos de ellos aparecían en la prensa magallánica como buscados al mejor estilo del oeste americano y acusados de tenencia de armas y organizar atentados. Si el método de pedir la captura era burdo, más lo eran los cargos que se les imputaban y contrastaban con la realidad precaria que ofrecían. Algunos salieron de modo legal de su país aprovechando el desorden del comienzo del régimen; otros emprendieron el viaje caminando, sorteando la frontera. Unos encontraban alojamiento en casas de parientes, otros dependieron de espontáneas solidaridades, ya sea por lazos parentales, amistades, o bien a través de la red de militantes políticos que operaron como solidarios, sin mucha estructura real de contención.

En las trayectorias de estos migrantes forzados por razones políticas se pueden observar las contradicciones de los exilados: desde cuestiones elementales como la documentación hasta el desarraigo de la tierra que se debió abandonar casi de urgencia; las dificultades que implicaba afincarse en el nuevo lugar de residencia; la obligación de sobrevivir y buscar trabajo, y a la vez de iniciar/pensar en estrategias de retorno. Todas estas emociones convivían en el grupo de exiliados chilenos que cruzaban la frontera sur.

No fueron pocos los que buscaron estrategias de vinculación con agrupaciones que se armaban en el orden nacional. Así trabajaron juntas vecinales de barrios con residentes chilenos, como la Martín Güemes y la Del Carmen, junto a militantes peronistas (que a veces estaban en organizaciones barriales y participaban de la militancia en el peronismo) y algunos sacerdotes, que fueron armando una precaria red de contención. Se trataba de una compleja realidad para el exiliado político chileno en el sur. En muchos casos, entraban de forma ilegal; se trataba de perseguidos políticos en su país, y no dejaban de pensar en la opción del retorno, que en cierta medida era más un deseo político que una posibilidad concreta. Sin duda, se dieron en esos años esos lazos de solidaridad. De hecho, algunos se afincaron en el sur argentino, y otros optaron por el regreso a Chile, y encontraron allí la muerte a manos de la dictadura.

El historiador magallánico Carlos Vega Delgado, en su texto Libro de oro de impactos, narra el caso de los tres fusilados en Puerto Porvenir y los tres mil presos que hubo en la región magallánica, con el temible campo de concentración en la isla Dawson. La detención y la tortura fueron prácticas sistemáticas, parte de un proceso destinado a que el detenido declarase cuestiones extraordinarias o delatase a sus compatriotas.

En los trabajos de los historiadores magallánicos, otro caso analizado fue la desaparición de Francisco Bettancourt Bahamonde, dirigente del Movimiento de Acción Proletaria (MAPU). Era buscado por las autoridades militares de la zona. Desapareció el día que decidió partir desde Punta Arenas para dirigirse a Río Gallegos (septiembre de 1973). Este caso nos demuestra la presencia de agentes de la DINA chilena en territorio argentino que realizaban inteligencia sobre los perseguidos chilenos, en conjunto con los servicios de inteligencia nacional dependientes de las fuerzas militares.

A medida que los meses fueron trascurriendo se fue tomando dimensión de lo que ocurría en Chile, de los procedimientos represivos y cómo afectaba a una diversidad de familias. Ser perseguido por una fuerza paramilitar explica el miedo de esos tiempos, la probabilidad del accionar de espías, informantes o entregadores. Y a la vez, como contracara, en la medida que los exilados se instalaban, iban ampliando la red de relaciones sociales, aprovechando al máximo nuevos vínculos.

Paralelamente, el proceso político en Santa Cruz desencadenó en una crisis en agosto de 1974, con la intervención decretada por Isabel Martínez al Poder Ejecutivo Provincial. Se desplazaba así a Jorge Cepernic de la gobernación y a Eulalio Encalada de la vicegobernación. El cargo de interventor federal recayó en Augusto Safores, y desde entonces comenzó la represión y la persecución por razones políticas. La realización de operativos por parte de las fuerzas de seguridad con allanamientos y detenciones organizados por fuerzas federales reavivó la idea de la persecución política, del uso de los aparatos del Estado para la represión. Se comenzó a vivir un grado de dispersión en los diferentes grupos que dieron apoyo a Cepernic, sea por seguir el pase a la clandestinidad que ordenó Montoneros por esos meses, sea por mantener un grado de cautela momentánea, pero la idea de un golpe de Estado en curso en la Argentina comenzaba a ser parte del debate político. El indicio de presos políticos ya lo preanunciaba y a la vez se encuadraba en un marco de crisis política nacional.

Lo evidente era la crisis de la capacidad organizativa tanto en lo político como en lo social. No obstante, los detenidos políticos que se encontraban en diversos establecimientos policiales y militares de Río Gallegos eran visitados por muchos vecinos. También se organizaron petitorios que fueron publicados en el diario de circulación local firmados por la ciudadanía para reclamar en forma individual por la libertad de cada uno de los detenidos.

Fracasados o con precaria operatividad, la idea de una resistencia internacional al régimen de Pinochet era tan inconsistente como imposible. Los intentos comenzaron a ser más individuales. Se establecían en la Argentina por un tiempo, o bien regresaban a Chile para intentar la acción política, aun cuando otros estaban partiendo al exilio. De todos modos, las ejecuciones sumarias continuaron en Chile por largo tiempo.

En un testimonio del obispo de Magallanes Tomás González, que asumió el obispado en 1974, declaró que fue anoticiado por el padre Alejandro Goic de lo que sucedía en Dawson (Cocharme). Detalla sus discusiones con autoridades militares sobre efectivizar sentencias a muerte pedidas por fiscales militares, que al parecer no habían sido firmadas por el general Benavídez. Brinda a su vez detalles acerca de sus visitas a los lugares de detención de presos políticos y la presencia de la Cruz Roja Internacional en varias oportunidades para reclamar por mejores condiciones de vida de los presos.

Si intentamos establecer una comparación entre la situación en Magallanes y Santa Cruz vemos que desde mediados del año 1974 se vivía una crisis política. Los presos políticos y la maquinaria del aparato represivo estaban en plena ejecución en Chile y en la provincia de Santa Cruz, aunque de manera moderada –porque todavía no había sucedido el golpe en el orden nacional–, aunque las detenciones y la confusión de violencia y política eran considerables.

En 1975 el Comité Pro Paz, impulsado por el obispado de Magallanes, mantuvo una polémica con el diario El Magallanes, que, entre sus artículos, había publicado uno que ponía sospechas sobre el origen de los fondos que manejaba esa organización a favor de la paz. Sobre fines de 1975 se presentó en Río Gallegos el conjunto musical chileno Los Jaivas, que generó una importante adhesión política de los sectores populares chilenos y sectores politizados de la Argentina. Esta anécdota resulta ilustrativa de lo que en el sur se vivía como prácticas de resistencia al régimen de Pinochet.

El golpe de 1976 en la Argentina

De aquellos golpes de Estado de carácter preventivo de los años sesenta, los años 70 se inauguraron con el derrocamiento del general Torres por parte del general Hugo Banzer en Bolivia, iniciando la ola de dictaduras militares en la región. Pero fue el golpe de Estado en Chile, en septiembre de 1973, el que marcó un hito en el escenario político latinoamericano, ya que modificó sustancialmente los objetivos y los procedimientos de las Fuerzas Armadas en la toma y ejercicio del poder. En el mismo año, el presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, se respaldó en las Fuerzas Armadas, alentando una política de cohabitación con el poder militar, hasta que este terminó desplazándolo completamente del gobierno. En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez reemplazó a Velasco Alvarado en una especie de “golpe sordo” en el interior del Ejército peruano, lo que llevó al desmantelamiento del proceso de reformas iniciado en los años previos. En la Argentina, el interregno democrático que implicó el retorno del peronismo al poder entre 1973 y 1976 se dio entre dos dictaduras militares, la de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y la del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), ambas con claros objetivos de reformulación del pacto de dominación.

En la Argentina, la ruptura del orden constitucional abierto con las elecciones de 1973 fue trágicamente cerrado con el golpe de Estado de 1976. En ese lapso, se sucedieron tres presidentes peronistas. Héctor Cámpora, que había conquistado la presidencia con el 49,5% de los votos, fue obligado a renunciar luego del retorno al país del líder Juan Domingo Perón, después de 18 años de exilio y proscripción. Nuevas elecciones en septiembre del mismo año le otorgaron el triunfo al viejo líder peronista con más de 60% de los votos. Su muerte en julio de 1974 dejó la presidencia en manos de su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada en marzo de 1976. Durante estos tres años de gobierno, el rasgo común de la política argentina fue la intensificación de la crisis social y económica acompañada de un acelerado deterioro de las instituciones, que se mostraron incapaces e ineficaces para procesar la conflictividad social. En este marco, la mayor responsabilidad le correspondió al propio partido gobernante. En nombre del peronismo fueron surgiendo diferentes grupos que proponían objetivos disímiles y mutuamente excluyentes. Estos grupos abarcaban desde las organizaciones armadas revolucionarias, como Montoneros, hasta las distintas variantes de la derecha peronista apoyados por segmentos del sindicalismo. Fue la lucha interna por imponer cada uno su proyecto hegemónico lo que condensó el conflicto político después del 73 y, más precisamente, a partir de la muerte de Perón, en julio de 1974. Durante los pocos meses del gobierno del presidente Perón (octubre de 1973-marzo de 1974) se buscó instrumentar un esquema de poder para desplazar a aquellos sectores considerados disruptivos del orden social.

Luego de la muerte de Perón, el sucesor (su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón) asumió la conducción del Estado. Si hasta entonces el complejo andamiaje institucional concebido por Perón fue apoyado por la principal oposición partidaria, el radicalismo y por algunos sectores minoritarios del peronismo político y sindical, durante la gestión de María Estela Martínez de Perón, conocida como “Isabelita”, se asistió a la completa desarticulación de cada una de alianzas construidas por el expresidente. Las pujas sectoriales entre sindicalistas y empresarios, la feroz lucha interna hacia el interior del peronismo por conquistar espacios de poder, el predomino de los sectores más fascistoides que rodeaban a la presidenta, su progresivo aislamiento e incapacidad para gobernar y la escalada de violencia que habían desatado los organismos paramilitares fueron el marco en el cual las Fuerzas Armadas decidieron recuperar la iniciativa política.

Predominó, sobre todo, la consolidación de estructuras de poder ilegítimas y la tendencia a resolver los conflictos políticos por medio de la violencia organizada. Las intervenciones federales en cinco provincias argentinas fueron, en rigor, la antesala de la dictadura militar de 1976. Fue, también, un recurso del gobierno central para disciplinar políticamente al partido de gobierno y desmovilizar a los actores sociales radicalizados, eliminando, con ello, el ciclo de protesta y movilización de la sociedad argentina iniciado en 1969. De hecho, la represión recayó, no solamente sobre las organizaciones armadas peronistas, sino también sobre un amplio espectro de la oposición política y social, disidente, combativa y disruptiva. La represión incluía asesinatos a sindicalistas, dirigentes políticos y sociales y abogados ligados a la defensa de presos políticos, como así también persecuciones, cesantías de empleados públicos, allanamientos, intervención de sindicatos combativos, órdenes selectivas de captura y detenciones masivas. Las intervenciones federales actuaron como marco legitimador para el ejercicio de la violencia estatal, fuese esta utilizada con procedimientos legales o con mecanismos ilegales y clandestinos. Se trató de gobiernos dispuestos a llevar adelante la “limpieza ideológica”, que consistió en eliminar a los “enemigos infiltrados” tanto del gobierno como del propio partido.

El golpe del 76 estaba anunciado. Pero no fue “un golpe más” que daría rápidamente lugar a elecciones. Tampoco preveía una salida por vía de la militarización de la política. Todas estas hipótesis erraron el diagnóstico. El golpe fue cruel; la resistencia, diezmada, y las acciones emprendidas por los sectores más revolucionarios del peronismo no pudieron imponerse frente a un aparato represivo que prácticamente los aniquiló. Con el golpe de Estado no solo se perdió la institucionalidad. La desaparición de personas, el asesinato, la persecución, el clima de miedo y terror dejaron de ser aspectos que podían estar en la memoria de la épica de la guerra civil española o un acto lejano con que los oprimidos hacían sentir su voz. La desaparición y la muerte de militantes comenzaron a tener nombres y apellidos. El exgobernador Cepernic fue encarcelado y puesto en una condición de “enemigo del Estado”. Detenidos en tiempos del peronismo que prolongaban su condición como tal y nuevos presos que, sin justificación, pasaron por la condición de desaparecidos, torturas mediante, a la de detenidos de máxima seguridad a disposición del PEN. Buena parte de los que armaron la solidaridad con los expulsados de Chile fueron reprimidos y represaliados. Los familiares de los detenidos que habían prodigado su solidaridad ahora necesitaban y buscaban apoyos. Todo esto en momentos en que los lazos de solidaridad se evaporaban y el miedo llevaba a un repliegue en lo individual.

El “enemigo chileno”

Si bien hay un consenso en torno del plan represivo con que actuaron los militares a partir de 1976, el sur de la Argentina sumó a esos rasgos generales los que derivaron de la militarización por el conflicto del Beagle y por la recuperación de las Islas Malvinas. Presentar a la integridad territorial de la nación como cuestionada o avasallada fue un viejo recurso de los nacionalismos para ganar adeptos o legitimarse, aunque fuera de modo momentáneo. Y eso fue logrado en las dos ocasiones por los militares en el sur, sea por vía de una colaboración de la civilidad para con ejercicios de oscurecimiento, sea por la convocatoria a civiles para integrar cuerpos de “reservistas” para defender la integridad territorial.

En 1978, el chileno se convirtió en el “enemigo”, y aquí nos vemos nuevamente con los expulsados de Chile, que con mucho esfuerzo habían encontrado un lugar en el sur para mantener su libertad. Esa calma fue alterada por detenciones. Paradójicamente los expulsados de su país fueron considerados informantes del ejército chileno, predispuestos a realizar sabotajes. Y esto no solo en Santa Cruz sino también en Tierra del Fuego.

Resultan elocuentes las cartas a Videla y a Viola que envió el monseñor Alemán, en las que se queja por la persecución y cesantía de chilenos. Por ejemplo, en la carta del 21 de junio de 1978, afirmaba:

A nadie escapa que el país debe adoptar medidas de seguridad, ante lo que nadie desea, pero queda la seria duda de que estas medidas constituyan seguridad, y no en cambio, un motivo de recelo, de amargura, que sirva de caldo de cultivo a venganzas que hoy no tendrían ninguna razón de existir, de ideologías que, gracias a Dios no han proliferado en esta parte del país.

Quienes conocemos honradamente, por contacto personal, a estos pobladores de origen chileno, sabemos de su lealtad para con su nueva patria. Esta Patagonia Austral no es la Patagonia del norte. Aquí la mayor parte de los pobladores chilenos, jamás han vuelto a sus tierras de origen, que es generalmente la Isla de Chiloé y cercanías, territorios totalmente marginados de Chile. Es aquí donde encontraron trabajo, hogar, formaron familia, tuvieron sus hijos y han de dejar sus restos. Por eso les digo a su Excelencia, que son profundamente leales. La historia por otra parte nos trae la dura lección que la lealtad no se rinde solo en el lugar de origen.

Muchos de ellos tienen parientes y familiares argentinos, empleados públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Qué podrán sentir estos cuando vean a sus seres queridos en semejante forma?

Por ello me permito dirigirme a su Excelencia, para solicitarle quiera tener a bien considerar con sus colaboradores la posibilidad de suspender y rever estas medidas que atentan contra la normal y buena convivencia de la población de nuestras ciudades australes, hasta tanto no sean absolutamente necesarias.

Por otra parte, los servicios de inteligencia de las distintas armas y del estado podrán determinar quiénes han llegado hace poco tiempo, o quienes por sus antecedentes constituyen una molestia o un peligro real para nuestra Patria, adecuando, de esa manera la seguridad a la justicia.

Con la íntima y plena seguridad de que es beneficioso para la Argentina, y conociendo por mi largo trajinar de todos los pueblos de esta Patagonia Austral, es que me atrevo a recurrir a Su Excelencia para solicitarle la posible suspensión de estas medidas.

Los cambios en la configuración urbana de Río Gallegos llevaron a que a mediados de los setenta se iniciara un traslado del denominado barrio chileno, hoy Del Carmen, al otro extremo del pueblo, y que tomó la denominación de Barrio Belgrano. Este último fue objeto de reiterados allanamientos ordenados desde la justicia federal, que acarrearon también expulsiones del país.

En Chile también sucedieron encarcelamientos “extraños”, como el del periodista deportivo Oyarzo, acusado de “espionaje” a favor de la Argentina. El proceso de militarización que se vivió en el sur con el conflicto del Beagle alimentó la idea del “chileno enemigo” y en el contexto de un país que en cierta medida había asumido la idea del enemigo interno se podían naturalizar expresiones en las que se daba como viable el apartamiento de la población residente en la Argentina pero que tenía lazos con el vecino país.

Más allá de que no se concretaron estos “campos de concentración”, el hecho mismo de imaginar como viable la posibilidad de la guerra, cualquier acción conexa, que promovió sentires autoritarios entre vecinos, brinda indicios de la violencia subyacente.

La estrategia de la Iglesia católica chilena, portavoz de la resistencia a la dictadura, operó en el sur militarizado a través de la radio Presidente Ibáñez, en especial por los vínculos del periodista Roque Tomás Scarpa, militante de la Democracia Cristiana. Este periodista se ocupaba al mediodía de editorializar ya sea contra la idea de un conflicto armado en 1978 o bien denunciando casos de corrupción en la administración pública. Es interesante que un periodista con trayectoria en la política, y bajo el paraguas de la Iglesia, fuera la voz de la resistencia a Pinochet. Esto indica que había entramados e intersticios opositores a la dictadura. Otro indicador lo brinda la presencia de la Iglesia en los barrios populares de Punta Arenas y Natales.

Ciertamente, ningún régimen autoritario y totalitario es absoluto. Siempre se presentan grietas y resquicios de resistencias, únicas opciones que permiten pensar que hay salidas. En la Argentina, fue la actividad de los organismos de derechos humanos quienes alzaron la voz de la resistencia y la impugnación.

A partir de 1985 se comenzó a gestar por medio de la municipalidad de Río Gallegos, a cargo de Marcelo Cepernic (hijo del exgobernador), el Encuentro de Exilados Magallánicos en Río Gallegos, organizado por la Agrupación de Presos Políticos de Magallanes. Los chilenos usaban la democracia argentina para pedir por el esclarecimiento de los vejámenes de los que fueron víctimas. Estos emotivos encuentros en la frontera de familias que estuvieron desperdigadas por el mundo y seguían siendo víctimas de la dictadura reponían el tema de la solidaridad. Resulta interesante recorrer la documentación contemporánea de este encuentro de la época en Chile porque hasta los años noventa siguieron existiendo causas por la que civiles estaban a disposición de las autoridades militares. Este acto fue a la vez el antecedente para que años después, cuando la convocatoria del plebiscito por Pinochet y luego con las elecciones que llevaron a la presidencia a Patricio Aylwin, se organizara una serie de actos conjuntos entre la dirigencia política argentina y la chilena. En ellas se conjugaban la idea de expansión de la democracia que se pregonaba acertadamente desde el gobierno de Alfonsín con quienes habían sido víctimas de la dictadura.

A modo de cierre

Seis años de dictadura en la Argentina, diecisiete años de dictadura en Chile. Los legados fueron muchos. La democracia tiene aún grandes deudas con la revisión de lo sucedido en los años setenta. A ambos lados de la cordillera las heridas siguen abiertas y persiste el reclamo de verdad, justicia y memoria.

El sur del sur, chileno y argentino, tiene una historia común, desde siempre, de cruces, de fronteras abiertas, de integración, de solidaridad, de familias emparentadas a ambos lados de las montañas. También de conflictos, tensiones y disputas. Hemos pretendido con este trabajo dar cuenta de algunas partes de este itinerario en esta larga historia que habla más de la sinergia existente que de las disyunciones, de los parecidos y de las diferencias, de lo compartido y de lo singular.

Si la experiencia socialista de Allende en Chile alentó el ideal de la conquista del poder por la vía democrática, el retorno del peronismo al poder –después de 18 años de proscripción– abrió una serie de expectativas revolucionarias que fueron desechadas inmediatamente por el mismo Perón. En ambos casos, la reacción no se hizo esperar.

De aquellos golpes de Estado “preventivos” definidos con el objetivo de “salvaguardar” las instituciones, las nuevas dictaduras se pretendieron soberanas y fundacionales de un nuevo orden, por encima de las leyes y de la constitución.

Paralelamente instrumentaron el Plan Cóndor, que comenzó a funcionar a fines de 1973, pero su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Esta organización les permitió coordinar a las dictaduras de la región la eliminación de los “adversarios políticos” con independencia de las fronteras nacionales. Varias desapariciones forzadas de exiliados, en las cuales operaron fuerzas extranjeras, tuvieron lugar en 1973 en Chile y la Argentina. Es importante destacar que las víctimas del Plan Cóndor no fueron solo los insurgentes armados sino que también lo fueron expresidentes, legisladores, oficiales del ejército, dirigentes de partidos políticos y militantes de organizaciones populares y políticas que se opusieron a las dictaduras militares^[8].

En este contexto de brutal represión, los exilios, los insilios y los movimientos de resistencia fueron sostenidos por una red de contención que trascendía los límites geográficos. Parafraseando a Waldo Ansaldi, en mayor o menor medida, la resistencia tuvo una actitud persistente y permanente durante las dictaduras y constituyeron lo que Antonio Garretón denomina una forma de “transición invisible”^[9].

Fueron estos pequeños pero imprescindibles espacios de solidaridad y de unión los que permitieron que muchos, cientos, de perseguidos pudieran sobrevivir frente a un Estado que les negaba cualquier derecho de existencia. Por eso, más que nunca, es necesario recuperar estos intersticios de reconstitución social entre fronteras, como lo fueron los refugiados chilenos en el sur del sur. Verdad, memoria y justicia.

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