Juan Vilaboa

Introducción

Este trabajo se nutre en gran parte de otras indagaciones sobre los modos de hacer política en la Patagonia, pero tiene como objeto comparar las formas en que la política nacional y la local se relacionaron en el tiempo comparando el sur de la Argentina y el de Chile. Es por eso que en su desarrollo no se profundizó en temas sobre los que hay una vasta historiografía. Es una búsqueda, si se quiere, selectiva de momentos en que la política local entra en diálogo con la nacional y existen tensiones que se vuelcan para uno y otro lado. Ambas regiones tienen una base material común, pero en el devenir histórico fueron coincidentes y divergentes al momento de consolidar en términos políticos el regionalismo. Y no es solo eso lo que nos ocupa, sino que tras ese debate subyace otra cuestión de más amplia complejidad como es el tema de la integración cooperativa en las áreas de frontera, enfrentada a la noción del vecino como enemigo. Pero en medio de esto está también una herencia política de cómo asumir las identidades nacionales. En este relato importan tanto las expresiones macro de la política como las circulaciones menos documentadas o evidentes. Y es el esbozo de intentar una mirada de la región austral como espacio político más que como región de conflictos limítrofes.

Poblamiento

Debemos reiterar que la unidad chilena fue afirmada por el pacto de los representantes del valle central y de la región norte, en tanto que el sur representó un modo de negociación y entrega de grandes extensiones de tierras que dieron lugar a grupos económicos que se fueron diversificando en sus actividades en el tiempo^[1]. Por su parte la ocupación productiva de extremo austral argentino tuvo un expediente que fue el reparto de grandes extensiones a empresarios de Magallanes y Malvinas y a personajes que ataron lazos con las familias tenedoras del capital. En diversos estudios se trabajó el modo en que estos empresarios armaron una red de relaciones que les permitió negociar con los gobernantes y ejercer influencias. La contracara de la prosperidad de estos grupos económicos era un heterogéneo mundo, donde vemos padecer a indígenas fueguinos y llegar a inmigrantes europeos que buscaban lazos de solidaridad sin muchos de ellos manejar el idioma, algunos politizados por las ideas en boga en Europa. Y la proximidad de las cárceles ya era un tema por el potencial peligro que representaban esos exdetenidos en algunas de las aldeas. Es interesante repasar las visiones que se tiene en los relatos de viajeros de las sociedades australes como duales; por un lado, hay un tráfico de barcos, exportación, fábricas y adelanto urbano, pero, por el otro, una parte de esa sociedad estaba conformada en estas descripciones por “marginales”^[2].

En la primera década del siglo xx el censo levantado en Magallanes mostraba un notable crecimiento de la población y de la ocupación de mano de obra inmigrante y nacional. También en 1912 se inició el proceso de participación de los habitantes residentes de Río Gallegos en la elección de las autoridades municipales; los trabajos nos demuestran que los porcentajes de extranjeros que votan son elevados, y exponen la precariedad de medios de los municipios^[3]. Pero a la vez este consejo municipal se transforma en un foro deliberativo que es alternativo a las autoridades unipersonales acostumbradas a la discrecionalidad de los procederes burocráticos, y en los temas más cotidianos se reflejan tendencias más liberales y más dadas al control. La correspondencia municipal revela que la apertura de este canal participativo tuvo impacto, aun cuando llevó más de una década consolidar identidades partidarias más sólidas^[4].

La primera guerra y los reacomodamientos políticos y económicos que se produjeron en ambos países se reflejaron en el sur. El primero que se instaló en el debate público fue la quita de las franquicias aduaneras. Aparejado a esto en la prensa de Río Gallegos surge el debate de encarar una diversificación y tecnificación de la economía. La región sur de Chile fue refugio de intelectuales. En 1916 el líder comunista chileno Luis Emilio Recabarren dicta una serie de conferencias^[5] y traba una relación con Diego León Meneses, quien sería un periodista crítico del funcionamiento del poder judicial en el territorio de Santa Cruz. Esto se refleja en sus artículos en el diario El Antártico y luego en un texto denominado “El Robo de los bienes de la Sucesión Donald Munro perpetrado por The San Julián Sheep Farming Company Limited”. Contemporáneas de estas relaciones fueron los envíos desde la Federación Obrera de Magallanes a la Argentina.

Todos estos indicios nos permiten mostrar que había un panorama en el sur que precisamente mostraba cuestiones que preocupaban a los grupos que por esos años trataban de encontrar una “homogeneidad nacional”. Esto en el caso de Ricardo Rojas lo llevó a orientar su búsqueda en las raíces diaguitas^[6]. La actuación de los jueces Waldo Seguel, que inicio proceso por la venta de indígenas fueguinos en Punta Arenas, e Ismael Viñas en casos de irregulares operaciones de exportación y legados testamentarios causó gran escándalo para con los jueces^[7]. Esto pone en evidencia cuán complejo fue aplicar las leyes en estas regiones.

Un elemento común a Santa Cruz y Magallanes es la presencia de la masonería como articuladora de reivindicaciones culturales y de bienestar comunitario. Es bien sabido que existieron sutiles diferencias entre la Iglesia católica y la masonería, y a su vez, entre estas dos y los procesos de politización, que en el caso argentino se veían representados en las aldeas para la década del veinte en las tendencias de “yrigoyenistas” y “alvearistas”. La primera estaba liderada por José M. Borrero, el juez Viñas y el gobernador Iza, en tanto que el grupo más alvearista nucleaba a ganaderos.

Chile atravesó problemas de límites con sus vecinos del norte, esto dio origen a la difusión del nacionalismo territorial y en ese proceso dentro de las derechas emergen las Ligas, como cuerpos de civiles que primero veían en los peruanos y bolivianos a los enemigos. Esta “cultura de las ligas” apelaba a civiles armados que se organizaban contra un supuesto enemigo de la nacionalidad y se desarrollaron con matices en la Argentina, el Brasil y Chile, como expresiones políticas de derecha^[8].

En la Argentina la conformación de la Liga Patriótica tuvo por finalidad principal ser una fuerza de choque contra el movimiento anarquista, y en el caso del sur encontraron en la preservación de los intereses ganaderos y el combate a los anarquistas un doble objetivo. Los inicios del conflicto en el sur argentino permitieron que la liga operara aliada con los ganaderos de Chile y la Argentina. Podemos pensar que la cultura nacionalista de conformar ligas que atacaran al enemigo de la nacionalidad se expandieron muy rápidamente al extremo austral de ambos países y entraron en un diálogo, en el que coincidieron. Si esto es así lo ocurrido en el sur no es una excepcionalidad, sino un traslado de una cultura política de derecha de resolución de conflictos.

La incipiente alianza que pudo haber entre periodistas, abogados, políticos y dirigentes obreros resultó muy precaria cuando las decisiones políticas se enderezaron al uso de la fuerza militar para reprimir el conflicto. Obreros dispersos por vastas extensiones, con precarios vínculos con organizaciones nacionales y sin una base social que los sustente, terminaron derrotados y muertos. La incapacidad para mediar una solución y la facilidad con que el Estado-nación podía considerar un conflicto laboral como una puesta en riesgo de la soberanía dan una idea de la difusa imagen que se tenía desde el centro.

Si repasamos las actas iniciales de la sociedad rural de Río Gallegos^[9], resaltan dos conceptos: combatir el enemigo ácrata y terminar que estas tierras fueran zonas de confinamiento. Una sociedad que demora en constituirse, no porque careciera de capacidad negociadora previa, sea por sí o por intermediarios, muestra que se une ante un enemigo que ella misma define de modo ambiguo. En todo caso la estrategia de presentar a la región soportando supuestas hordas de bandidos rurales en la prensa y la campaña en contra del presidio de Ushuaia nos demuestra que había una tendencia a representar extrañas conspiraciones como constitutivas de su pensamiento. Y en esa ambigüedad cabía apelar al soviet, a un estado revolucionario o a un expreso. En los primeros informes de Varela se asombra desde una mirada de militar nacionalista de la singularidad del predominio de lenguas y monedas extranjeras en la región.

Pero el saldo en la cultura política de la región fue alto, la calidad de los artículos de la prensa alimentaron una discusión pública que estaba matizada por ideas de Europa, de los debates nacionales y de las reivindicaciones locales. La prensa de Río Gallegos dio cuenta con detalles de la quema de la FOM y de la Comuna de Natales. También la prensa local enviaba cables a diarios nacionales tergiversando lo que ocurría en estas tierras. En tanto que el discurso del vocero de la Liga Patriótica Manuel Carles, en el Congreso del Buen Sentido y en una posterior publicación, habla de la situación de conflicto como una oportunidad para la “reconquista del desierto”, en las postrimerías de este encuentro nacionalista con sus brigadistas locales asumió el logro de la reivindicación de una probable representación parlamentaria de los territorios nacionales. Luego de haber logrado que el Estado reprimiera a los obreros, ¿esa dirigencia empresarial rural tuvo un aprendizaje para diseñar estrategias más ambiciosas, aunque sean en provecho propio? La respuesta parece ser que no pudieron prefigurarse un adversario, pero les llevaría mucho tiempo pensar en algo más ambicioso.

La política de Alessandri y sus sucesores muestra cómo el movimiento obrero se rearma más prontamente en Magallanes y allí se reivindicaron a los trabajadores caídos en la Argentina, en tanto que en el lado argentino queda un saldo de silencio sobre las huelgas.

Otro saldo al fin de las huelgas en la Argentina fue la consolidación de una serie de organizaciones sociales, deportivas, comerciales y de bien público en las que se va armando un entramado de sociabilidades en las aldeas más complejo. Estos accionares públicos consolidan a los notables que participan de la sociabilidad.

En estos años Punta Arenas prestaba muchos servicios de los que se carecía en la costa Atlántica. El saldo de circulación de ideas de las primeras décadas del siglo y de ejemplos y contrastes en el sur argentino y el chileno debe ser considerado en una visión de larga duración. Los lazos de vínculo con el centro del país, sea por relaciones privadas o públicas, fueron variadas y dejaron como saldo vínculos que alimentaron posicionamientos en los años siguientes. Así por ejemplo como reivindicación de los ganaderos que demandaron la presencia de fuerzas del ejército en la región como reafirmación de la soberanía y de la seguridad quedaron por varios años postergadas, y en todo caso cuando se concretaron no trajeron lo que ellos demandaban.

Los años treinta en la región austral

Si bien los años treinta coinciden en los dos países con crisis institucionales, existe cierto consenso de los historiadores en que las fuerzas de extrema derecha chilenas fueron las más débiles de la región. Es en este sentido que asonadas militares mediante, el régimen político se recompuso, en tanto en la Argentina el golpe de Uriburu inició un periodo de década y media de crisis política donde fueron constantes los realineamientos de las figuras políticas y la emergencia de nuevos actores.

El pase a la categoría de región que el presidente Ibáñez del Campo le dio a Magallanes en 1928 es coincidente con la crisis del capitalismo, que profundizó los cuestionamientos del modelo exportador tradicional. Las medidas generalizantes tomadas desde el gobierno central dieron lugar a que se conforme en Magallanes un movimiento regionalista que se propuso demostrar que aquello que se pensaba como salida de la crisis en el valle central no operaría el mismo beneficio en la zona austral^[10]. Ya en 1927 el general Cañas Montalva forma parte de una comisión que propone medidas en favor del desarrollo de Magallanes, y con posterioridad actuó como asesor del partido radical en ese tema. Si se tiene en cuenta que este militar en su carácter de autoridad chilena visitó al gobernador Gregores y mantuvo conversaciones con los elencos municipales de Río Gallegos formados en los años treinta es posible pensar en un intercambio de pareceres sobre lo que por ese momento consideraban medidas por demandar de los gobiernos nacionales para la región austral. En los debates del regionalismo magallánico también estaba en cuestión esclarecer las heterogeneidades de Chiloé y Magallanes como regiones que se pretendía agrupar. En los escritos de este movimiento también se detalla la heterogeneidad de Magallanes (zona de Punta Arena, Última Esperanza con Puerto Natales y la región de Tierra del Fuego) y dentro, pero sus demandas fueron más allá: demandaban el federalismo y la redistribución de tierras. La convergencia entre la Legión Cívica y la Unión de Asalariados dio lugar a la formación de un nuevo partido, el Partido Regionalista, que se conformó el 25 de julio de 1932. Consideraba que Magallanes no tendría desarrollo económico hasta tanto no obtuviera los mismos derechos políticos que el resto de las provincias y autonomía municipal.

Su programa se orientaba hacia los siguientes aspectos:

a- Que el Estado vaya a la formación de grandes provincias por cuanto el país está compuesto de diferentes regiones perfectamente demarcadas sus condiciones naturales, que hacen indispensable una descentralización gradual y paulatina orientada hacia el federalismo^[11].
b- Que se establezca en Magallanes el sistema federal. El grado de este federalismo será definido de acuerdo con la naturaleza de nuestra región, es decir, adaptado a nuestro ambiente, a nuestra producción, a nuestro aislamiento, a nuestro clima, a nuestra ubicación y a nuestras características. Expresa su más alto nacionalismo declarando que la provincia de Magallanes seguirá siendo siempre parte integrante e inseparable de la república^[12].

Propone distintas medidas para mejorar la situación social de los habitantes: seguro de cesantía, asistencia social en las escuelas, jornales y sueldos mínimos, municipalización de empresas de utilidad pública y municipalización de servicios de abastecimiento de los artículos de primera necesidad para la alimentación del pueblo. También proponen legislación para el trabajo de la mujer y los menores, preferente atención a los servicios de maternidad obrera y preferencia en las labores regionales al obrero radicado en la provincia.

Entre las medidas económicas propone la subdivisión de la tierra para formar el mayor número de pequeños propietarios, ya sea individualmente o por cooperativas, debiendo intervenir el Estado o la provincia en su auxilio. El diario había participado de una campaña de denuncia contra la concesión, a través de una ley especial, de 20.000 ha en Magallanes, convocando “al pueblo de Magallanes a impedir que se consume un nuevo atentado a sus intereses”, asumiendo la defensa de los radicados frente a los llegados de otras regiones y oponiéndose al otorgamiento discrecional de una vasta extensión, “mientras la comisión de obreros gestiona en la Capital la realización de sus aspiraciones sobre subdivisión”.

¿Para qué se dictó la Ley de colonización que protege a los elementos radicados en Magallanes […]? Creemos que la actual ley, con los defectos que se le reconocen, previó las necesidades de la población obrera radicada, siempre desde una perspectiva de apertura económica, asimismo como precavió la burla de enajenar los títulos apenas concedidos^[13].

Finalmente se compromete a trabajar para afianzar el estudio sobre el petróleo en Magallanes y reclama que la provincia se asocie al Estado nacional dueño del subsuelo y se empeñará en que el proceso de refinación se instale en Magallanes.

Muchas de estos planteos eran apoyadas por distintas entidades: el Partido Socialista, que se constituye en ese período, y se fundan agrupaciones socialistas en Puerto Natales y en Porvenir. Estas medidas son apoyadas también por la Sociedad de Empleados. Si se indaga detenidamente en este movimiento se ve que recogía argumentos de los debates nacionales e internacionales, y básicamente interpelaba al modo de anexión de la región austral chilena con base en latifundios.

El Partido Regionalista participó en las elecciones en 1933, donde votaron para elegir al primer representante de la provincia de Magallanes en el Congreso Nacional, y obtuvo el 58% de los votos, triunfo que se reitera en 1937 con el 51%. Es indudable que la figura de Chaparro como intelectual de este movimiento proveyó al debate político posterior magallánico de una serie de principios y postulados que llegaron a las identidades políticas nacionales. Ese mismo año el gobierno de Arturo Alessandri decretó la Ley de Tierras de Magallanes, que exigió a las sociedades ganaderas devolver una porción de sus terrenos y entregarlos a la subdivisión, con lo cual el tema de la redistribución de la tierra sería política de los gobiernos en Chile hasta que en 1950 Ibáñez encare el tema de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.

Es interesante considerar que el regionalismo como fuerza política mantuvo su presencia en Magallanes por varias décadas, con lo que el debate político siempre se nutrió de temas propios de la agenda nacional, a los que se agregan los propios de la zona sur del país pero actualizados.

El regionalismo en Santa Cruz

Los años treinta fueron significativos en la cultura política de Santa Cruz por diferentes motivos, uno de ellos porque Puerto San Julián fue el lugar de confinamiento de numerosos dirigentes radicales que habían sido presos en Ushuaia. La presencia de estos políticos en las aldeas fortaleció los vínculos que había de vieja data. Por otro lado, se extendió a Puerto San Julián y a Puerto Deseado el derecho a elegir a sus autoridades municipales. En el caso de Río Gallegos ya se conforma un elenco político municipal que, bajo la denominación de Concertación Municipal, construye una élite política, que tiene de modo esporádico la representación de la minoría socialista. El socialismo fue gobierno municipal en Puerto Deseado.

Del análisis del diario La Unión no se desprende una situación social similar a la de Magallanes. Sí aparecen referencias a la carestía de la vida y el precio de los alimentos^[14]. Además de las diferencias en la orientación editorial de La Unión y El Magallanes, que se evidencian en el espacio que le otorgan a la problemática social, también puede haber influido el hecho de que la economía chilena se vio afectada en mayor medida, incluso estuvo fuertemente comprometido su sector externo.

La Unión mantiene la misma línea editorial sostenida durante los años 20 del siglo xx, lo que hace pensar que la crisis no modificó sustancialmente la situación. Estaba centrada en la problemática territorial, y dejaba en un plano muy secundario a los debates nacionales, de los que no participa. La Unión manifiesta permanentemente el malestar existente en el territorio por falta de medidas del gobierno nacional y desarrolla recurrentemente propuestas sobre cuestiones económicas y políticas. En su libro de memorias Lenzi declara haber desarrollado campañas desde este diario sobre un nuevo régimen institucional de los territorios nacionales, por la liberación aduanera, por la propiedad de la tierra detentada por el Estado, por los puertos y los caminos, por la educación pública y las bibliotecas^[15]. Muchos artículos sobre estos temas eran publicados en una sección denominada “Notas de Actualidad”, que ocupaba un espacio importante en la publicación. También se transcribían artículos publicados en diarios de los que era corresponsal (La Razón, La Prensa y La Nueva Provincia), referidos a problemáticas de los territorios, mayoritariamente de su autoría.

Entre las propuestas desarrolladas cobra importancia la distribución de la tierra, donde se propone el acceso a la propiedad por parte de los arrendatarios y ocupantes de tierras fiscales. Este reclamo venía desde 1925, cuando se aplicaron los decretos de caducidad de los gobiernos radicales, que buscaban limitar los acaparamientos de tierras^[16]. Dado que la legislación permitió el acceso a la tierra en la Patagonia a través de distintas formas de tenencia, que podían ser acumulativas, entre los arrendatarios y ocupantes se encontraban tanto pequeños productores como grandes latifundistas que los sumaban a las grandes extensiones en propiedad. La consigna unificaba a todos los sectores. Además, se observa una diferencia clara en el posicionamiento desde el que se hacen las propuestas: mientras que en El Magallanes se hablaba de subdivisión de tierras en manos de particulares para que fueran colonizadas por cesantes, La Unión reclamaba la propiedad de la tierra para los ocupantes, fueran o no poseedores de grandes extensiones. Ante la noticia de la rebaja del canon de arrendamiento el diario apoya la iniciativa, destacando la rectificación de políticas, en coincidencia con la acción de la prensa y las propuestas de la comisión de Fomento de los Territorios Nacionales:

La rectificación, al hacerse efectiva, vendrá a confirmar apreciaciones formuladas por la prensa patagónica en los tiempos en que se inició el avance más inaudito de que se tiene recuerdo, y la famosa “conquista de las estancias”, quitándose la tierra a quien la hacía producir para sí y para los demás para entregarla a quienes sólo venían a explotar una situación del momento. Muchos de los “conquistadores de estancias” no demostraron la aptitud necesaria para explotar el campo de la forma racional, legítima, honesta, que se imponía. En cambio evidenciaron aptitudes para el más inmoral de los comercios con los antiguos pobladores a quienes subarrendaron los campos, convirtiéndose en los detestables “palos blancos” de que aún está infestada la Patagonia^[17].

En la fundamentación del diario se realizaba la defensa de los pobladores radicados frente a los de afuera, como lo hacía El Magallanes. Sin embargo, en el caso de La Unión, esta posición le permitía defender a todos los afectados por la inestabilidad del régimen agrario, fueran grandes o pequeños, señalando como enemigo al palo blanco; en ese marco el diario prescindió de pronunciarse sobre la existencia de acaparadores ligados a grandes empresas. A esta visión, que era coincidente con la que desarrollaba la Sociedad Rural, se incorporaban propuestas complementarias en aspectos como liberación aduanera, rebajas en los fletes, mejoras en comunicaciones y caminos y construcción de obra pública, con una posición similar a la que se debatía en Magallanes. Estos temas eran sugeridos también para la agenda de la Comisión Especial de Estudio y Fomento a los Territorios Nacionales, que funcionaba en Buenos Aires, con la que mantenía vínculos bastante permanentes^[18]. Las políticas propuestas se fundamentaban discursivamente en la idea de patriotismo, identificando las propuestas con el bienestar de la región y el de la Argentina y destacando su participación en la formación de opinión sobre esas temáticas: “Reconozcamos sí los yerros gravísimos de ayer, denunciados sin éxito por la prensa que defendió con ardor el más legítimo interés de la Patagonia, que lo es también el de la República […]”^[19].

En ese marco se detalla todo lo que requiere legislación del congreso nacional: aduanas, tierras, fletes, leyes impositivas y de protección al ganadero. Estas demandas en cuanto a legislación económica sintetizan las razones por las cuales se insistía en reclamar representación parlamentaria.

La opinión pública, necesita ser agitada en ese sentido. Todos los órganos de publicidad deben ocuparse del interesante problema, (la representación parlamentaria), porque sólo así entraremos de verdad en los dominios de la Constitución, para que luego, que es lo esencial, podamos tener intervención en la tarea de dictar leyes que requieren los Territorios Nacionales. No se trata de hacer política, en el sentido que a la palabra suelen dar algunos, se trata de obtener el reconocimiento de un derecho […]^[20].

El planteo de la inclusión en el congreso de un delegado territorial y no de un diputado nacional^[21], si bien permite avanzar en la posibilidad de dictar la legislación necesaria para favorecer los intereses regionales, es también revelador del desinterés por ampliar su representación en la política nacional e incorporarse al debate sobre el país, optando por quedar restringidos al nivel territorial.

Estas y otras cuestiones referidas a la ampliación de los derechos políticos de los territorios se debatieron en los dos Congresos de Municipalidades de Territorios Nacionales, celebrados en Capital Federal en 1933 y 1935. Estos congresos, que tuvieron amplia cobertura en el diario, se realizaron por propuesta de la comuna de Río Gallegos, que buscaba debatir problemáticas comunes, y contaron con la presencia de Lenzi, en su carácter de secretario de la municipalidad de Río Gallegos. Allí se pusieron de manifiesto dos posiciones con respecto al tema de la provincialización: los representantes que planteaban la equiparación de los derechos políticos y los de tendencia gradualista^[22]. En esta última se inscriben los representantes de Santa Cruz, J. H. Lenzi y B. Zumalacárregui, de acuerdo con las editoriales de La Unión.

Los territorios federales no deben ser convertidos en provincias acudiéndose a un propósito electoral. Lo que es imperioso tener en cuenta es la capacidad fiscal del Territorio, sus condiciones económicas, su población, su producción, sus posibilidades de industrias […]. Afirmamos esto luego de haber examinado con especial detenimiento la situación de los territorios nacionales en su aspecto económico y de haber llegado a la conclusión de que no todos los que aspiran a ser transformados en provincias, en verdad lo merecen^[23].

Es evidente que el regionalismo magallánico de los años treinta presentaba una fuerte elaboración política de la singularidad de la región austral en las circunstancias históricas. También parece haber más lazos con la política partidaria chilena. Y deja pistas de las tensiones internas existentes entre las regiones de Chile.

Si bien los diputados socialistas argentinos habían tomado durante la década del treinta la bandera de la reivindicación de los derechos territorianos, la postura de los delegados de Santa Cruz se caracteriza por la mesura o “sobre determinación territoriana”, como denomina el historiador Sebastián Barros. En todo caso valga considerar el empuje de plantear que era necesario redefinir relaciones entre el Estado nación y las regiones australes y al planteo se lo debe encuadrar como estrategia de una élite política restringida que estaba preocupada por salidas viables más que por postulados trascendentes. El recurrente argumento de volver a la franquicia aduanera persistió en el tiempo y su portavoz fue Ibón Noya, que siguió en la arena política con esas mismas ideas hasta la etapa de convención constituyente nacional y provincial, en tanto J. H. Lenzi enfatizará con posterioridad más en lo referido a la falta de estadísticas económicas ciertas de la economía territoriana y cuestionará el magro presupuesto asignado a esta jurisdicción.

Por otra parte, si consideramos el mundo de las ideas y escritos sobre la Patagonia argentina de los años treinta, ya predomina una tendencia a pensar en la diversificación económica. En los años treinta una de las principales preocupaciones sociales del gobierno territorial y de las autoridades municipales en relación con la mano de obra migrante chilena que desde octubre a mayo se ocupaba en las tareas rurales y frigoríficas era que retornase a su país no bien finalizaban sus tareas. Se procuraba que no queden en el país carentes de provisiones^[24].

En estos años también el diario La Unión recoge la serie de conferencias pronunciadas por Perón en las que se enfatiza en el especial papel de la fuerza de Gendarmería como custodia de los límites. En cierta medida esto era una satisfacción parcial a la antigua demanda de seguridad de los ganaderos. Las visitas protocolares entre del gobernador magallánico Cañas Montalva al gobernador Juan Manuel Gregores fue otro rasgo de los intercambios entre autoridades territorianas de los dos países. Ambos tenían proyectos para diversificar la economía regional. El gobernador Gregores puso énfasis en dotar a los destacamentos policiales del territorio de una red de comunicaciones. Desde lo político las relaciones entre los tres municipios electivos del territorio y el gobernador parecen transcurrir en paralelo. No obstante, debe considerarse que por estos años algunos de los hijos de inmigrantes llegados en la primera década se integraron al mundo laboral de los organismos del Estado nacional y territorial, con lo que se estableció otro circuito de circulación de ideas. Este se complementa con la que promovía la llegada de barcos mercantes, que tal como definió T. Di Tella fueron “islas flotantes de obreros” difusoras de ideas. Y esto explica los intentos de reorganización sindical de esa época, pero en este trabajo enfatizamos en el mundo de las ideas políticas. Otro ingrediente que debe haber influido en la conformación de la identidad política socialista en los espacios municipales es la guerra civil española. Al respecto, podemos señalar los cruces entre los partidarios de la república y Gregores por la celebración de actos, dado que el gobernador intentó suspenderlos.

En 1945, cuando se produjo la renuncia de Gregores, asumió la gobernación el marino Bertero, en cuya gestión se mantuvieron los rasgos impuestos a la burocracia estatal territoriana, a lo que se suma un énfasis en las presentaciones de agrupaciones sindicales. Estas con seguridad son hijas de la oleada nacional, pero no todo sería de fácil traslado a este territorio. El incipiente movimiento regionalista promovido desde el municipio quedó trunco como fuerza política. En todo caso hay que rastrear reflejos de sus postulados en diferentes expresiones políticas.

Los años cuarenta: nacionalización y peronismo

Si bien existe una vasta producción historiográfica sobre los orígenes del peronismo, también el avance de los estudios nos permitió establecer que podemos al menos señalar tres formas diferentes en las que irrumpió el peronismo en la Patagonia^[25]. Una de ella es en Neuquén, donde logra una adhesión de las élites políticas municipales, preexistentes. La otra sería la más militar en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y un proceso de cambio de elencos políticos con redefiniciones de la extensión territorial en Santa Cruz.

Desde principios de siglo la masonería fue en Santa Cruz un actor que contribuyó a articular las acciones de bien público y a la cual pertenecían muchos actores de la vida política.

El golpe de 1943 fue significativo para Santa Cruz; en primer lugar, la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia tomó bajo su jurisdicción toda la zona al norte del Río Deseado, esto significó un rotundo cambio en el proceso de politización, si pensamos que de un gobierno municipal electo socialista se pasa a comisiones de vecinos que se reúnen con delegados de los generales para tratar temas que hacen a la vida cotidiana. Pero además de esto debe considerarse que estos yacimientos productores de recursos estratégicos (hidrocarburos y carbón) estaban reglados por mucha documentación que surgía de los Ministerios de Defensa, destinados a preservar la seguridad. Y si tenemos en cuenta que para esta década también se puso en marcha el yacimiento carbonífero de Río Turbio, debemos considerar que la práctica de la ciudadanía en las sociedades campamentos estuvo influenciada por estas reglamentaciones, que partían en su redacción de la sospecha de la probable presencia de personajes destinados a atentar contra el Estado.

Pero estos no fueron los únicos cambios; el nacionalismo católico reinante logra que la justicia allane su sede y se la clausure. Igual suerte correría el municipio de Río Gallegos. De estos años es también la polémica radial y gráfica entre el cura jesuita Benítez y el periodista masón J. H. Lenzi. El cura veía con asombro la expansión de la masonería en el sur como dadora de rasgos particulares a esta región, diferentes de las regiones en las que el pasado indígena, o bien donde se profesaban otros cultos. J. H. Lenzi se ocupó de rebatir las argumentaciones. Este hecho deja su impronta en el mundo social cultural, dado que la organización de la masonería en Santa Cruz, que databa de comienzos de siglo, quedó diluida de toda referencia pública por años^[26].

Si repasamos los alineamientos de dirigentes, el radical J. A. Aidar, que en 1945 dirigía el diario La Verdad de Puerto San Julián, en una edición de su semanario sostiene la probable fórmula de Perón-Honorio Pueyrredón. En la transición que se presenta luego de la renuncia del gobernador Gregores se baraja en la prensa local la postulación de J. H. Lenzi como candidato. Si nos guiamos por la correspondencia, algún vínculo epistolar existía entre el periodista y el dirigente nacional. En los primeros meses de 1945 fracasa en todos los frigoríficos de la costa el intento de producir una huelga “heroica”, promovida por los carniceros que anualmente viajaban desde los frigoríficos de la zona de La Plata hasta la faena de ovinos en el sur.

Al parecer ni las empresas ni las fuerzas de seguridad estaban dispuestas a tolerar que se trasladen los debates sindicales del centro del país al sur. Y en los años sucesivos se apeló a la mano de obra regional, entre ella a los migrantes chilenos, que inician un proceso de afincamiento, para reemplazar a los trabajadores sindicalizados.

Es notable la cantidad de comisiones sindicales que se crean en el territorio durante 1945, comparadas con la inactividad que las precedió. Pero debe considerarse que algún elemento articulador debió haber actuado para consolidar la emergencia de estos nuevos actores, y las relaciones del ejército, la creación de comisiones de reservistas, tiro federal, etc., dan pista de que la llegada de los cuarteles a la zona parece haber jugado ese papel. La versión más “plebeya” de la emergencia del peronismo la tenemos en la transcripción de una asamblea celebrada en agosto de 1946 en Río Gallegos, en la que se combinaron las críticas de trabajadores a las patronales y las reivindicaciones de los ocupantes de tierras y de los pequeños comerciantes para decretar un paro por tiempo indeterminado y la demanda de un gobernador de la zona. Pero este acto de por sí sería insuficiente, sin considerar los lazos entre militares y actores locales que debieron tener un armado más sutil y prolongado.

Frente a este cuadro político, el laudo de Perón fue imponer a un militar, el coronel Lascalea, como gobernador, mientras que los cuadros locales que adhirieron al emergente peronismo quedaron en lugares municipales y sectores de los trabajadores aparecen en comisiones temporales de control de precios.

A mediados de la década del cuarenta la puesta en marcha del yacimiento de Río Turbio significó por un lado el ensayo de instalar inmigrantes europeos en el sur, pero también la apertura de un circuito laboral que integra a trabajadores del sur de Chile; eso pone una tensión entre el proclamado afianzamiento de la soberanía, que presume un enemigo que la cuestiona, y la práctica de integración^[27]. Es más, se sabe que en los debates iniciales se pensó en utilizar el puerto de Natales como vía de salida del carbón de Río Turbio. Luego se planificó una salida del carbón por tren por Puerto Santa Cruz, hasta que finalmente en vista de los recursos disponibles se optó por el tendido del ramal a Río Gallegos.

Las condiciones de vida en el sur chileno no estaban en el mejor momento durante la emergencia del peronismo, y esto explica un aceleramiento de los procesos migratorios desde Chile a la costa atlántica de la Patagonia. Entre las acciones iniciales del gobernador Lascalea estuvo la de vincularse con la comunidad británica y también con las organizaciones de chilenos, a los que se invita formalmente a los actos partidarios.

La Sociedad Rural de Río Gallegos en los albores del peronismo mostraba su reticencia a aceptar pactar con los trabajadores los convenios colectivos de trabajo. Otra medida del gobierno peronista fue organizar campañas para regularizar la tenencia de tierras de los ganaderos ocupantes. Esta actitud cambia en la década del cincuenta con la llegada de José Gelbard, que promueve la unificación de las cámaras empresariales locales, y esto parece reflejar las conversaciones que sostuvieron Perón e Ibáñez del Campo respecto de regiones de libre circulación de mercaderías y bienes. Si en los comienzos del peronismo hubo un intento de atraer a la comunidad chilena a las filas partidarias del peronismo, podemos decir que en los actos conmemorativos de San Martín ya se apelaba a poner junto a este a la figura de O’Higgins, como símbolo de la fraternidad entre las naciones. También entre las medidas de promoción para el sur se estableció un cupo para la importación de materiales industriales libres de impuestos. En los años cincuenta el Ministerio de Agricultura envió personal calificado a los fines de estudiar las causas reales de la tendencia a la baja del rendimiento de los campos. Las explicaciones académicas de este fenómeno ponían el acento en la necesidad de racionalizar y tecnificar la explotación ganadera.

Si se analiza la valorización que se realiza desde mediados de la década del cuarenta en Magallanes de la explotación petrolera en el sur, se ve que esta actividad pasó a formar parte del discurso regionalista, y es muy significativo a lo largo del tiempo, cosa que no se ve con tanta claridad en el caso de Santa Cruz.

Existe un cierto consenso en los historiadores respecto a que en la región austral el peronismo actuó en buena parte como compensador de la crisis social en el vecino país, pero esta afirmación debe ser matizada. Por momentos se prohibió la salida de animales ovinos para la faena en Chile. Y en el caso de la mano de obra chilena ocupada en Río Turbio estaba teñida de un propósito de afianzar la soberanía y de diversificar la economía.

Cambios en el ejercicio de la política

Entre las experiencias vitales de los partícipes de la política territoriana del peronismo, hay momentos de corte. Uno parece ser de una adhesión al cambio nacional, que no tenía más expectativas de cargos que los municipales. Pero el otorgamiento del derecho a voto a los territorianos, con la inclusión de las mujeres, parece haber revitalizado la vida política interna. Y también debemos considerar que estos cambios sucedieron en el arco opositor, que se alinea en los cambios nacionales, y Balbín visita estas regiones. Pero como ya dijimos, esta bandera de la representación parlamentaria de los territorianos fue enunciada por Manuel Carlés en el Congreso del Buen Sentido celebrado en las postrimerías de las huelgas de los años veinte^[28]. El dirigente de la Liga mantuvo en su larga vida política vínculo con los centros de formación militar y entre ellos con Perón, y quizá gravitó en la decisión adoptada para 1951. De modo que en el repertorio de ideas del presidente bien pudo estar presente esta idea de una ciudadanía que seguía siendo recortada. Es más, en 1954 un proyecto presentado por Perón sobre ampliación de derechos de los territorianos tendía más a tener como gobernador uno controlado por la cámara que un ejecutivo fuerte.

Perón sostuvo en una conferencia en la Escuela de Guerra en 1953 que

La República Argentina sola no tiene unidad económica, Brasil solo, tampoco tiene unidad económica. Chile solo, tampoco tiene unidad económica, pero esos tres países unidos con forman quizá-en el momento actual- la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro, ¡porque esa inmensa disponibilidad constituye su reserva^[29].

Beatriz Silveira (2018) planteó que Federico Pinedo había esgrimido argumentos similares en 1940. En un sentido similar, Gerchunoff (2018) plantea que la rivalidad militar impidió una solución cooperativa.

Para explicarnos la provincialización territorial debemos pensar en el cuadro político de fines del primer peronismo, en el cual conviven crisis internas e intentos de redireccionamientos de la política de parte de Perón. Pero además de esto, un malestar político que se expresó en sus enfrentamientos con las fuerzas armadas y con la Iglesia en 1955.

El texto de la ley 14408 desmantela la gobernación militar de Comodoro y la de la isla de Tierra del Fuego, hasta entonces de la Marina, que pasó a depender de la Provincia Patagonia (denominación que reemplazó a Santa Cruz), aunque esto parece haber sido más una enunciación que un cambio en la burocracia estatal de la isla de Tierra del Fuego. También debe tenerse en cuenta que Perón estaba empeñado en aumentar la cantidad de petróleo extraído y celebra el contrato con la California.

La provincialización no fue una demanda del peronismo local. En todo caso la nacionalización efectiva de la vida política, en medio de un proceso de polarización, no había dejado espacio a estas discusiones y también persistían las diferencias al respecto.

En los años posteriores a la caída del gobierno peronista el sur vuelve a ser lugar de confinamiento, y de la cárcel de Río Gallegos en marzo de 1957 se fugan los principales dirigentes peronistas, con la ayuda de un guardiacárcel de nacionalidad chilena. Si el peronismo había puesto en la discusión la cuestión petrolera en el sur con el contrato, este horizonte de expectativas se vio alterado con el restablecimiento de las franquicias impositivas al sur del paralelo 42 que impuso el gobierno de la Revolución Libertadora.

Este tema fue tomado en las publicaciones de Raúl Scalabrini Ortiz. En los editoriales de la revista Qué, el escritor afirmaba que esta medida de exención impositiva vigente al sur del paralelo 42 alentaba una potencial segregación del territorio nacional, y la oponía a una estrategia de desarrollo de tipo industrial para la Patagonia.

La provincialización

Los posicionamientos de las fuerzas políticas que se consolidaron en Santa Cruz entre 1955 y 1957 los podemos sintetizar en una UCRI, proprovincialista, crítica de los latifundios e industrialista; la UCRP, que en vistas de las crisis nacionales quita apoyo a sus convencionales constituyentes, que terminan abandonando la asamblea; el Partido Conservador Popular y la Democracia Cristiana, dos fuerzas nuevas que junto a la mayoría de la UCRI lograron el quórum y la redacción de la carta constitucional. Una identidad partidaria que no logró representación en la Constituyente fue el Partido Regionalista, que como principal propuesta tenía volver al régimen de franquicias impositivas. A partir de allí se inició la dificultosa tarea de integrar a la provincia. Si bien la década del sesenta fue testigo de un aumento de población, también se enfrentaba el gobierno provincial a las ciudades campamento, donde la autoridad real estaba en los delegados de las empresas nacionales. Y por otro lado había una creciente demanda de obras de infraestructura y un clima de lograr un salto a la industrialización. Si se piensa que la dirigencia política estaba en vías de consolidación –y, por qué no decirlo, aprendiendo a manejar el Estado provincial–, en las tensiones cada proyecto generó entre los actores agravados por intereses más subalternos, quizá se comprenda el clima de inestabilidad, que en todo caso era moneda corriente en el país.

Santa Cruz era en ese momento una demarcación que delimitaba regiones heterogéneas. Los pueblos de la costa (portuarios, boca de salida de la lana y lugar de faena de la carne) ya tenían certezas del mal estado de la tierra al norte del río Santa Cruz: la merma de la cantidad de cabezas de ganado ovino era un dato evidente. Los pueblos emergentes de la actividad petrolera –Caleta Olivia, Cañadón Seco, Pico Truncado, Las Heras y la zona de la cuenca carbonífera– conservaban rasgos de ciudades-campamentos. El peso de las determinaciones de YCF e YPF^[30] fue hasta los noventa más gravitante que las decisiones provinciales. El ejercicio de la ciudadanía en los enclaves también fue en la práctica un condicionante. Pero creemos que estas diferencias fueron gravitantes al momento de pensar como parte de un colectivo provincial. La política no encontró el modo de pensar en un regionalismo colectivo.

Es interesante ver el intercambio de correspondencia que existió en los años sesenta entre Alcides Pérez Gallart y J. H. Lenzi; para el primero la provincialización fue un gran paso, pero resta consolidar el desarrollo. Para el criterio del periodista la tarea de los organismos del Estado provincial no fue relevante, las diferencias persisten sobre el concepto de latifundio. Tampoco se logra compatibilizar los pareceres sobre la necesidad de una industrialización en la zona.

Esto nos lleva a plantear que la fragilidad del regionalismo, el no haberse pensado como provincia de antemano, muestra una diferencia con el sur chileno, y lo costoso que le fue conjugar identidades políticas nacionales con la realidad provincial. Si bien en el resto de las provincias patagónicas emergieron identidades políticas provinciales, en Santa Cruz solo se dieron dos ofertas electorales: el Partido Regionalista en 1957 y la Fuerza Federalista Santacruceña en 1973, que no llegaron al parlamento provincial. En compensación debe decirse que fueron muy limitadas las acciones de las provincias patagónicas por integrarse o establecer como región un tratado con el Estado nación.

La pueblada de Puerto San Julián, que aceleró la caída del gobierno del comodoro Raynelli, era más un grito desesperado de la crisis interminable que vivía la ganadería de la zona centro, y a la que no se pone una salida tecnológica ni política.

Si se repasa el gobierno de Jorge Cepernic, este tuvo dos medidas, la demanda de la extensión del gas por redes en las localidades de la costa (ya estaba funcionando el gasoducto), y la demanda de la regularización en la tenencia de grandes extensiones de campos. Si bien el latifundio fue cuestionado en la constituyente de 1957, pasados cerca de veinte años seguían existiendo estos vacíos.

En cambio, Magallanes, para la década del setenta, gana dominio sobre la región antártica. El debate que atravesó a Chile desde los sesenta y setenta sobre la reforma agraria visto en retrospectiva llevó al debate político la cuestión de la heterogeneidad de regiones, la distribución de agua y demás. El regionalismo magallánico parece haber sido una bandera en constante revisión y en permanente debate que, o bien impregna a las identidades políticas nacionales, o bien se presenta como opción electoral independiente, pero producto de debates que parten de la sociedad y organizaciones.

Si bien el tema de los límites estuvo presente de modo conflictivo, fue mucho más racional el entendimiento entre los presidentes Frei e Ilia que las situaciones desatinadas que se vivieron cuando los dos países estuvieron bajo gobiernos de facto.

Al respecto, es de resaltar que la ley 19640, de promoción y franquicias para la isla de Tierra del Fuego, tuvo entre sus motivaciones “el elevado porcentaje de población chilena” afincada por entonces en la isla.

También resulta significativo que esta tendencia al retorno de sistemas de franquicias impositivas volviera al debate en los noventa, como reivindicación provincial, y así hoy se tenga un predio, tras estas decisiones parece subyacer una intención competitiva con las políticas que adoptó Chile para su región austral.

En los comienzos de la democracia Santa Cruz se sentía como postergada entre los regímenes de promoción de Chubut y el de la Tierra del Fuego, también se enunció la escasa población que tenía la segunda provincia en extensión del país. Quizá el cambio más significativo sea el de la instalación de las pesqueras en Puerto Deseado y su inserción en el mercado mundial.

Las reformas del Estado, que en Chile se dieron bajo la dictadura, en la Argentina se dieron en democracia. El Estado nacional argentino saldó las cuentas con la provincia por la mala liquidación de regalías petroleras, de modo que la provincia tuvo un significativo ingreso extrapresupuestario para encarar un proceso que revirtiera el perfil de productor de materias primas. Sea por la confusión de esos años, sea por desidia en valorizar la dimensión histórica de las circunstancias que se vivieron, los manejos del ese dinero nunca fueron transparentes, son pocos los proyectos serios que se pueden considerar.

Poco se avanzó en la integración económica ente las regiones australes del sur chileno y argentino, a pesar de que la reforma de la constitución de 1994 habilitó esta figura, y los tratados del Mercosur delinearon rutas bioceánicas. Pareciera subyacer una tensión entre integración y competencia con Chile, aun en la soledad de la estepa o con una isla demarcada por un límite artificial. A la par el mercado hace del sur un espacio de turismo, o bien también surgieron iniciativas de preservación de faunas de los dos países.

La explotación minera de metales preciosos tiene en Santa Cruz gran cantidad de yacimientos, y poco debate sobre el pasivo ambiental que estas explotaciones dejan o un plan de usar estos ingresos para financiar proyectos más estratégicos. Se asiste a casi una municipalización del trato con las mineras. De modo contemporáneo en Chile se trabaja en fomentar el hidrógeno verde.

Conclusiones provisorias

A lo largo del trabajo pudimos ver cómo de una base común –que podemos encuadrar en el latifundio, las migraciones y el libre comercio, que a partir de las primeras décadas del siglo entraron en diversos cuestionamientos y que se trasladaron a la región alimentando represiones de trabajadores– luego derivan diferentes modos de regionalismo. Uno magallánico, más elaborado desde sus comienzos al alzar banderas federales frente al Estado nación, y que fue objeto de sucesivas revisiones a lo largo del tiempo. Frente a un estilo de hacer política en la Argentina, donde la tensión entre las identidades políticas nacionales y la región son más evidentes, el Estado nación impuso el carbón, el petróleo y las excavaciones para fomentar lo que se consideraba factores de desarrollo, pero estos “enclaves” tienden a cristalizarse como zonas ajenas. Si bien la ganadería tuvo su centro de expansión en Magallanes, esta parece más propensa a pensar y plantear desde la política nuevos rumbos a la nación, en tanto que al sur de la Argentina en sus expresiones políticas le cuesta más asumir la heterogeneidad de proyectos, sus devenires y la intención de integración subyace hasta los cincuenta y se va diluyendo y da más lugar a un ideal de autosuficiencia. Chile parece haber discutido más su heterogeneidad regional. La Argentina la asume en lo formal, pero restan los actores que concilien lo heterogéneo con lo integrado. En todo caso esto no es casual; hay una larga duración de la política que explica a lo regional y lo nacional. También resulta que cuanto más indagamos, más matices aparecen. Al momento de cerrar este trabajo Chile se encuentra en un debate constituyente que tiene en su centro el rol político de las regiones dentro de su ordenamiento jurídico, en tanto a la Argentina le cuesta definir las regiones en términos de política. Pero el debate tiene antecedentes, tiempos de pausa y otros en los que se retoma y se da pie a nuevos análisis. La tensión de larga duración parece haber sido siempre alimentada por un discurso que alimentaba la noción de soberanía de los Estados nacionales, amenazados por el vecino.

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Fuentes

Diario El Magallanes de Punta Arenas.

Diario La Unión de Río Gallegos.

Libro de Actas de la Sociedad Rural Río Gallegos. https://bit.ly/3fQa4MJ

Semanarios La Verdad y El Sonido de Puerto San Julián.

Semanario El Orden de Puerto Deseado.

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