Nelson Illescas

Producción y política agrícola de Estados Unidos

Producción agrícola

Estados Unidos es el mayor productor del mundo en una amplia gama de productos agrícolas, como soja, maíz o carne bovina y aviar, y ocupa el tercer lugar en carne porcina y algodón. De esta forma, la evolución de su producción tiene una considerable influencia en los precios mundiales de muchos productos básicos. A pesar de tener un importante mercado interno, gran parte de la actividad agrícola está muy orientada a la exportación, en particular de productos como soja, maíz, trigo, algodón y pollos, en los que resulta el principal exportador mundial de la mayoría de ellos^[1].

Cuadro 1: Producción y comercio de determinados productos básicos en los EE. UU. y a nivel mundial, 2010-2019. Miles de toneladas, salvo indicación en contrario

Fuente: Examen de las Políticas Comerciales. Informe de la Secretaría. Estados Unidos. Revisión. 27 de marzo de 2019. WT/TPR/S/382/Rev.1.

Esta relevancia en el comercio mundial explica que, cada vez que el país toma decisiones de política que afectan la producción o el comercio de estos bienes, sus impactos trasciendan sus fronteras.

Farm Bill

Con motivo de la crisis económica que sobrevino a partir de la caída de la bolsa de valores de Nueva York en octubre de 1929, Estados Unidos comenzó a implementar una serie de programas de subsidios para sus productores agrícolas. Vale mencionar que, entre 1929 y 1932, los precios de los productos agrícolas disminuyeron en más de un 50 %, lo que causó, en conjunto con costos crecientes, una significativa caída en la rentabilidad del sector^[2].

Como parte del New Deal de Franklin Roosevelt, surgió en 1933 la ley llamada Agricultural Adjustment Act. Esta norma creó diversos mecanismos de apoyo a los productores agrícolas, como programas de sostenimiento de los precios y pagos directos, y se establecieron controles de oferta para aliviar la problemática derivada de la sobreproducción. Sus objetivos eran abastecer de los productos necesarios al país, al tiempo que se garantizaba un determinado nivel de precios a los productores, cuyos ingresos habían disminuido en comparación con los de las actividades urbanas.

Desde ese entonces, la actividad agrícola ha estado fuertemente vinculada a una activa política gubernamental, encarnada principalmente en la Farm Bill. Y aproximadamente cada cinco años el Congreso aprueba una nueva ley con el objeto de renovar los programas de ayudas, aunque incorporando nuevos objetivos a lo largo de los años, en función de nuevos desafíos que enfrenta el sector.

Cuadro 2: Evolución de la Farm Bill

Década	Objetivo central
1930	Apoyo a la producción cerealera.
1940	Inclusión de medidas contracíclicas.
1950	Apoyo a la producción láctea.
1960	Generalización de los programas de ayudas.
1970	Inclusión de los cupones de alimentos.
1980	Agrega el concepto de “seguridad alimentaria”.
1990	Globalización de la legislación.
2000-2010	Inclusión de un capítulo sobre bioenergía.

Fuente: Fundación INAI, 2014.

Con dichas actualizaciones, se fueron incorporando nuevos objetivos y programas. Quizás una de las más trascendentales fue la del año 1973, con la denominada Agriculture and Consumer Protection Act, por la cual se incorporaron los cupones para alimentos (food stamps). En la actualidad, dicho programa –denominado Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)– hoy representa casi el 80 % del presupuesto de la mencionada ley.

Este programa sirve para entender en gran medida cómo es que la Farm Bill ha logrado contar con amplio respaldo en el Congreso norteamericano cada vez que se discute su renovación. De esta manera, al apoyo otorgado por los legisladores de zonas rurales y la influencia del “lobby agrícola”, preocupados por los programas de subsidios a los cultivos, se les suma el componente urbano, es decir, aquellos legisladores interesados en la continuidad de los programas de ayuda alimentaria interna. Así es que la naturaleza “ómnibus”^[3] de la legislación crea una amplia coalición de apoyo entre intereses, a veces conflictivos, en torno a ciertas políticas que individualmente podrían no sobrevivir al proceso legislativo.

La versión más reciente, denominada Agriculture Improvement Act, de 2018^[4], fue refrendada en diciembre de 2018 y cuenta con un presupuesto que se prevé alcance los USD 428 mil millones en cinco años, combinando programas de agricultura y nutrición, y los USD 867 mil millones en diez años. En materia de desembolsos a los productores, se encuentran programas de conservación agrícola, crédito, desarrollo rural, comercio y ayuda alimentaria internacional, agricultura orgánica, silvicultura y apoyo a agricultores y ganaderos principiantes y veteranos, entre otros. Esto se puede agrupar en tres grandes grupos, que condensan gran parte de los desembolsos: programas de seguros agrícolas (USD 38 mil millones en 5 años), programas específicos para commodities (USD 31 mil millones) y programas de conservación (USD 29 mil millones).

La vigente ley refuerza el concepto de red de seguridad agrícola para los productores. Esto implica toda una serie de medidas que protegen al productor de variaciones en precios y en producción e incluso riesgo climático. El efecto generado es llevarlos a producir muchas veces por encima de sus intenciones originales. Esto tiene consecuencias perjudiciales sobre aquellos países competidores que no cuentan con esquemas de protección y promoción similares.

Déficit y guerra comercial

Como se mencionó, gran parte de la producción agrícola se destina al mercado externo. Y tomando en consideración solamente los productos de origen agrícola, Estados Unidos tiene comercio superavitario con el mundo. Sus exportaciones en 2017 totalizaron los USD 121 862 millones, mientras que se realizaron importaciones por el orden de los USD 100 550 millones, arrojando un superávit comercial de USD 21 312 millones. De todas formas, como se puede apreciar en el gráfico que sigue, este superávit se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años (línea gris)^[5].

Gráfico 1: Comercio agrícola EE. UU. Decreción superavit

Fuente: elaboración propia con base en datos de resourcetrade.earth.

Sin embargo, al analizar la balanza comercial de todo el universo de bienes, se vislumbra parte de la explicación del conflicto con China y otros socios comerciales. Como bien se señala en el trabajo de la Fundación INAI^[6] (2018), el déficit comercial total de Estados Unidos ascendió a USD 862,7 mil millones en 2017, de los cuales un 46 % correspondió a un saldo negativo con China (USD 396 mil millones aproximadamente).

Tomando como referencia el promedio 2015-2017, Estados Unidos exportó a China bienes por un valor de alrededor de USD 121 mil millones anuales, mientras que importó desde ese origen por un monto cercano a los USD 506 mil millones. Por otra parte, el país norteamericano representó un 18,5 % de las exportaciones chinas, mientras que el país asiático totalizó un 8 % del total de las ventas de Estados Unidos.

Pero no solo hay que hacer foco en China, puesto que Estados Unidos también mantiene saldos negativos con otros de sus principales socios comerciales, a saber: Canadá, México –los países del NAFTA (o USMCA)– y la Unión Europea (UE), entre otros. Como alternativa para combatir dicho déficit, Estados Unidos ha optado por aplicar medidas a China y el resto de sus socios comerciales –con posterior negociación–, frenar las tratativas para alcanzar el Acuerdo Transatlántico con la UE –para luego proponer una negociación entre ambas regiones– e incluso renegociar el NAFTA, lo que dio lugar al USMCA.

Guerra comercial

No es el objetivo específico de este capítulo analizar las razones profundas que llevaron al enfrentamiento entre Estados Unidos y China^[7]. Pero yendo a lo esencial del conflicto comercial, el primer factor de choque entre Estados Unidos y la mayoría de sus contrapartes fueron las medidas aplicadas al comercio del acero y aluminio en marzo de 2018. Sobre dichos productos, el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó que su importación representaría una amenaza a la seguridad nacional. El resultado fue la imposición de aranceles de 25 % y 10 % (respectivamente) a las importaciones de estos productos. Si bien inicialmente se afectaron las exportaciones chinas, luego se fueron extendiendo a otros socios como Canadá, México, la UE e India.

Incluso previo a esto, en agosto del 2017, se puede rastrear la raíz del conflicto con China. En ese entonces la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) inició una investigación sobre las políticas y prácticas chinas de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. Como resultado del análisis, el organismo acusó a China de llevar a cabo una serie de actos discriminatorios que dañarían a la economía estadounidense en un monto estimado de USD 50 mil millones anuales.

Todas estas medidas generaron una serie de represalias que afectaron en gran medida a productos estadounidenses de origen agroindustrial. Así, en el caso de Canadá, esta anunció aranceles en whiskey, jugo de naranja, acero y aluminio, entre otros productos de origen estadounidense. Por su parte, México impuso medidas arancelarias en productos agrícolas e industriales, principalmente en cerdo, manzana, uvas, queso, acero y otros. Y la UE fue por productos de consumo final como jeans o whiskey, como así también en otros productos agrícolas e industriales. Otros países como India, Turquía y Rusia también tomaron medidas, aunque con menor impacto global.

Pero el mayor afectado fue China, por lo que la cuantía de las medidas, los productos involucrados y la duración del conflicto fueron mucho mayores. A los aranceles iniciales, se les fueron agregando cada vez más cantidad de productos y aumentando la cuantía del derecho arancelario adicional. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 2: Cómo escaló la guerra comercial entre EE. UU. y China

Fuente: traducción propia con base en https://bit.ly/3fQnof4.

Y, pese a que hubo momentos en que se pensó se iba a lograr alguna especie de acuerdo, como se puede observar, el arancel chino promedio fue bajando para el resto del mundo, al tiempo que las medidas aplicadas contra las exportaciones estadounidenses fueron creciendo.

Gráfico 3: Medidas comerciales del Gobierno chino contra importaciones de los EE. UU.

Fuente: Peterson Institute for International Economics.

Hacia finales de 2019, todo el comercio recíproco se encontraba afectado por aranceles. Y aunque ambas partes han acordado discutir la reducción gradual de los aranceles de los productos de cada uno por fases, no hay certeza de que esto ocurra.

Las ayudas extras para el agro estadounidense

Para aliviar el impacto sobre el ingreso de los agricultores generado por las represalias de China, en julio de 2018 el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete adicional de ayuda de USD 12 mil millones. Dicho paquete no reemplaza, sino que se agrega a los programas que ya se encuentran en vigor por la Farm Bill, como seguros subsidiados y préstamos, entre otros. Estas medidas se canalizaron por medio de la Commodity Credit Corporation (CCC), dividiéndose en tres programas:

1. Un pago directo a agricultores de soja, sorgo, maíz, trigo, algodón, lácteos y cerdo,
2. Compras de frutas, nueces, legumbres, carnes, cerdo y leche para la distribución en bancos de alimentos y programas de nutrición, y
3. Un programa de promoción comercial para desarrollar nuevos mercados.

Ante la continuidad –y agravamiento– del conflicto, en mayo de 2019 se renovó el programa de ayudas, pero por un monto esta vez de USD 16 mil millones^[8]. Sobre dicho monto, el pago directo a productores se estableció en 14,5 mil millones de dólares. Además, se destinaron fondos de alrededor de USD 1 400 millones para compras a granel de productos frescos y otros productos alimenticios afectados por los aranceles. Dichos productos serán destinados a ayudar a bancos de alimentos y programas de comidas escolares. Y unos USD 100 millones para el programa de promoción comercial, mediante el cual se busca desarrollar nuevos mercados.

De esta manera, el paquete de medidas convive con la mencionada ley agrícola. Pese a que en un primer momento se anunció un paquete único de ayudas por USD 12 mil millones, en 2019 se amplió a USD 16 mil millones. De continuar el conflicto en los años por venir, es de esperar que los montos se sostengan o incluso se incrementen, como se ha podido comprobar.

Debe tenerse presente que las compensaciones monetarias suministradas a sus productores agrícolas con motivo del conflicto con China pueden generar que se incumplan los compromisos en materia de ayuda interna en la OMC. Se ha señalado que, si bien los niveles de ayuda de 2018 estarían dentro de los niveles comprometidos, es probable que las ayudas otorgadas en 2019 puedan exceder los montos consolidados en el mencionado organismo^[9]. Esto podría incluso generar cuestionamientos ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC y potencialmente ser pasible de represalias comerciales^[10].

Efectos sobre Argentina

Estas medidas tuvieron impactos sobre el comercio de productos agroindustriales, afectados no solo por los aranceles cruzados, sino también por los subsidios otorgados.

De acuerdo al trabajo de la Fundación INAI (2018), se observaron impactos principalmente en el poroto de soja, ya que el arancel aplicado por China redujo notablemente las importaciones desde Estados Unidos. Seguido a eso, se generó una reducción en el precio internacional con aumentos en las primas para las exportaciones provenientes de Argentina y Brasil. De todas formas, meses después, el precio internacional y el recibido por dichos países volvieron a converger, como se puede observar en el gráfico que se presenta a continuación.

Otros de los efectos analizados a futuro fue el caso de los subproductos de soja (aceite y harina), los cuales en Argentina también reciben impactos negativos por el arancel y por los subsidios estadounidenses.

Fuente: elaborado por Bolsa de Cereales en colaboración con Fundación INAI.

Del trabajo de la Fundación INAI, surge que la medida china reduciría al precio del poroto en Estados Unidos en USD 13 por tonelada, mientras que se incrementaría en USD 4 el precio FOB para Argentina, creciendo la prima para el poroto argentino en USD 17,5. Un ajuste similar se observó para Brasil. Dado que en dicho análisis se tomaba en cuenta que la medida china se impone solamente sobre el poroto de soja, y no abarcaba aceite y harina, el menor precio en el mercado estadounidense resultaba en una mejora en los márgenes de industrialización en ese país, observándose a futuro un incremento en las exportaciones de subproductos de soja. Como contraparte, el incremento del poroto de soja argentino podría afectar el procesamiento local, con una leve retracción en las exportaciones de subproductos, y un aumento en las exportaciones de poroto.

En rasgos generales, se puede observar que, si bien los impactos en el corto plazo pueden llegar a ser favorables –mejora de precios en poroto–, en el mediano y largo plazo los efectos tienden a ser negativos, en especial para la molienda de soja –aceite y harina–.

Negociaciones y renegociaciones

Estados Unidos posee una amplia gama de acuerdos comerciales que lo vinculan con unos veinte países^[11], y que representan aproximadamente el 35 % del PBI global. Ahora bien, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el ámbito de las negociaciones internacionales cambió en cierta medida su enfoque^[12]. Así, su estrategia de vinculación comercial se ha enfocado hacia el bilateralismo, llevando a desistir o mermar su participación en procesos regionales o incluso multilaterales.

En tal línea, una de sus primeras medidas fue la no ratificación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica^[13] (TPP, por sus siglas en inglés). Este acuerdo tuvo su origen en 2005, por el inicio de tratativas entre Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur. Para 2010 se habían sumado actores de relevancia como Japón, México, Canadá y el propio Estados Unidos, entre otros. Para este último, el TPP representaba una vía de contención para el creciente predominio de China en la región. En febrero de 2016, el TPP fue firmado, pero, poco menos de un año después, Estados Unidos anunció su retirada definitiva del tratado, por lo cual lo dejó imposibilitado para entrar en vigor^[14]. Frente a esto, el resto de los países tuvieron que renegociar el acuerdo, el cual vio la luz en Chile en marzo de 2018 y se lo conoce como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés)^[15].

Casi al mismo tiempo, se impulsó la renegociación del NAFTA, con el objetivo de reducir el déficit comercial, abordar ciertos problemas de acceso a mercado de productos lácteos en Canadá y discutir la brecha salarial existente entre México y los restantes socios^[16]. Si bien inicialmente el proceso comenzó como una negociación trilateral, poco a poco fue mutando hacia una negociación a dos bandas: así, a finales de agosto de 2018 Estados Unidos y México alcanzaron un principio de acuerdo, lo que derivó a que un mes más tarde hicieran lo propio Estados Unidos y Canadá. Esto dio a lugar al United States–Mexico–Canadá Agreement (USMCA), cuya ratificación aún debe tratarse en los congresos de Estados Unidos y Canadá, ya que hasta la fecha solo México ha cumplido con ella.

Con un acuerdo en vigor desde 2012, el vínculo entre Estados Unidos y Corea ha sido muy fluido. De acuerdo a datos de 2017, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Corea fue de USD 23,1 mil millones, aunque en el mismo período tuvo un superávit comercial de servicios de aproximadamente USD 13 mil millones. Este desbalance motivó que durante el gobierno de Trump se iniciara el proceso de renegociación del tratado. Cumpliendo otra de sus promesas de campaña, el 1 de junio de 2017 Trump anunció la decisión de abandonar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. En tal sentido, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró el pasado 5 de noviembre de 2019 que Estados Unidos iniciaba el proceso de retiro de los acuerdos de París. Indicó que, conforme a los términos del acuerdo, Estados Unidos envió una notificación formal de su retiro a las Naciones Unidas. De esta manera, el segundo emisor en materia de gases de efecto invernadero (GEI), con 14,4 % del total (el primero es China, que llega a 27,2 % de las emisiones de GEI^[17]), decidió no cumplir con los compromisos alcanzados en la capital francesa.

Ahora bien, aunque Estados Unidos puede dejar de implementar sus contribuciones nacionales determinadas en cualquier momento, la simple decisión de hacerlo no implica que pueda dejar el acuerdo inmediatamente. En el texto del tratado, figura una disposición respecto de la denuncia de este, donde se estipula que una parte puede retirarse con un aviso de un año, que podrá ser proporcionado tres años después de la fecha en que entró en vigor para esa parte. De esta forma, la salida efectiva, de acuerdo a lo notificación reciente, solo podrá concretarse en noviembre de 2020, momento en el que se estarán definiendo las elecciones presidenciales estadounidenses.

En cierta medida, la decisión de Trump no ha generado un efecto dominó sobre otros países, sino que incluso ha llevado a que actores no federales en Estados Unidos se comprometieran con el medioambiente, desde el Partido Demócrata hasta grandes ciudades y empresas privadas. Incluso muchas entidades se comprometieron voluntariamente a lograr un balance de carbono neutro antes de 2050 o pasar a un sistema que esté 100 % basado en las energías renovables^[18].

Mención aparte merece su vinculación con la Organización Mundial de Comercio. Allí se ha negado sistemáticamente a designar nuevos miembros del Órgano de Apelación (OA), lo que deja al borde de la parálisis a todo el sistema de solución de controversias del organismo multilateral. Con base en desacuerdos en cuanto a los procedimientos sustanciados y algunas de las resoluciones del OA, ha entorpecido la cobertura de las vacantes. Desde junio de 2017, cuando se produjeron las primeras tres vacantes en el OA, Estados Unidos ha bloqueado de facto los nombramientos, fundado en distintos cuestionamientos al sistema de solución de diferencias. Esta situación de vacantes ha afectado el correcto funcionamiento del OA, llevándolo a la potencial paralización del sistema a finales de 2019, cuando solo quede un miembro con mandato vigente.

También ha generado revuelo su propuesta en pos de revisar estatus de países en desarrollo^[19]. Estados Unidos ha impulsado un cambio en el criterio utilizado hasta ahora a fin de determinar el nivel de desarrollo de un país miembro, el cual en la actualidad se rige por el principio de autodeterminación. La solicitud propone exceptuar de esos beneficios a un conjunto de países, como por ejemplo a los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o aquellos cuyo PBI per cápita supera cierto nivel.

Posibles nuevos acuerdos

En cuanto a los posibles nuevos acuerdos, la estrategia del USTR^[20] se ha concentrado en tres socios de relevancia: la Unión Europea, Japón y el Reino Unido.

En cuanto a la primera, durante el gobierno de Barack Obama se iniciaron conversaciones para una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (o TTIP, por sus siglas en inglés). Las negociaciones del TTIP se iniciaron en 2013, y se previó que contendría 24 capítulos, agrupados en 4 partes: “Acceso a mercados”, “Cooperación reglamentaria”, “Normas” e “Institucional”. Tras 15 rondas de negociaciones, el proceso se paralizó sin conclusión a fines de 2016. Finalmente, una decisión^[21] del Consejo de la Unión Europea del 15 de abril de 2019 estableció que las directrices de negociación para el TTIP eran obsoletas y que, por lo tanto, ya no eran relevantes.

En cambio, se propuso avanzar en un nuevo acuerdo, pero este, aun antes de comenzar, ha encontrado sus primeras dificultades. Por el lado de la UE, la reticencia a incluir el sector agrícola dentro de las esferas a negociarse, lo que haría casi imposible el acuerdo no solo por la negativa de Estados Unidos, sino por el impedimento legal que obsta según el Art. XXIV del GATT.

Además de las medidas aplicadas por ambas regiones con motivo de la guerra comercial, durante este año, la OMC ha autorizado a ambas partes a aplicar represalias, sobre la base de los casos Boeing y Airbus. Por el primero, la UE publicó una lista de productos estadounidenses, que van desde kétchup hasta piezas de vehículos, a los que prevén imponer nuevos aranceles hasta un total de USD 12 000 millones, en respuesta a las subvenciones de Estados Unidos a Boeing. Y recientemente el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC autorizó a Estados Unidos aplicar represalias de hasta USD 7 500 millones contra la UE por los subsidios que dicho bloque ha otorgado a la empresa Airbus^[22]. Si bien se trata de una controversia con 15 años de historia, el timing no podía ser menos adecuado.

Con Japón el vínculo parece más aceitado. Se anunció la concreción de un tratado sobre comercio digital y un acuerdo inicial para reducir aranceles agrícolas e industriales. Se señaló la intención de avanzar hacia un acuerdo global que incluya aspectos tales como barreras no arancelarias y restricciones al comercio de servicios e inversiones. Se indicó que en materia agrícola Japón efectuará concesiones en torno a los USD 7 000 millones. En tal sentido, se prevé la eliminación inmediata de los aranceles para almendras, nueces, arándanos, maíz dulce, sorgo, ciruelas pasas, brócoli y suplementos dietarios, y la eliminación escalonada de los aranceles para quesos, carne de cerdo procesada, aves de corral, despojos de carne, etanol, vino, papas congeladas, naranjas, cerezas frescas, productos de huevo y pasta de tomate. También se comprometió a reducir los derechos a la importación de carne vacuna y porcina (fresca y congelada) y a proporcionar una cuota preferencial específica para las importaciones estadounidenses de trigo y sus subproductos, y de malta, glucosa, fructosa, almidón de papa, maicena e inulina^[23].

Por último, el vínculo entre Estados Unidos y el Reino Unido podría verse potenciado por un acuerdo comercial ambicioso al eliminar las barreras comerciales que afectan a bienes y servicios. Si bien el Reino Unido no está autorizado a negociar acuerdos comerciales hasta que abandone la UE, se ha venido trabajando en un Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión bilateral creado en julio de 2017. Además de proporcionar continuidad comercial a las empresas, trabajadores y consumidores de ambos países, se busca explorar formas de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión. Finalmente, este grupo es el encargado de sentar las bases para un posible acuerdo de libre comercio, a fin de estar preparados para comenzar las negociaciones una vez que el Reino Unido haya salido formalmente de la UE. Y si bien se preveía como fecha límite el 31 de octubre de 2019, ante la imposibilidad de lograr la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico, la UE autorizó una extensión del plazo de negociación del acuerdo de salida hasta el 31 de enero de 2020.

Consideraciones finales

En líneas generales, la política estadounidense en materia agrícola y comercial está contribuyendo a la creciente incertidumbre que afecta a los mercados de commodities.

Estados Unidos tiene una producción agrícola muy importante, la cual está fuertemente vinculada –y suplementada– por una política agrícola que destina fondos a proteger, promover y potenciar a sus productores. Gran parte de la producción encuentra destino en mercados externos, pero el superávit en este sector da muestras de irse achicando.

Y así, con un creciente déficit comercial, Estados Unidos ha buscado rebalancear su comercio exterior mediante negociaciones que se alejan de la diplomacia como la conocemos. Se han detenido procesos de negociación avanzados (como el TTIP con la UE), se han abandonado acuerdos o renunciado a ratificarlos (caso del Acuerdo de París y del TPP) o se ha buscado renegociar acuerdos ya vigentes (así como pasó con el NAFTA y con Corea).

Por el lado de China, quizás el más importante, el conflicto comercial que no cesa y va más allá de la pelea por el déficit comercial, sino por quien va a ostentar el sitial de primera potencial global en los años por venir. Mientras tanto, se está ante un líder con urgencias políticas, frente a otro que parece tener todo el tiempo del mundo.

Con la Unión Europea, la relación no necesariamente pasa por su mejor momento. A pesar de los esfuerzos por avanzar en la firma del acuerdo de libre comercio entre ambas regiones, la negativa a incluir el sector agrícola por parte de la UE parece ponerle freno. Y además de las tarifas y represalias al acero y al aluminio, existe la amenaza de intensificar las represalias entre ambos por los subsidios a las aeronaves que ambos han utilizado^[24].

En relación con las ayudas a sus productores agrícolas, de continuar el conflicto y por ende los desembolsos extras, se seguirá contribuyendo al debilitamiento del sistema multilateral de comercio, cuyo Órgano de Solución de Diferencias se encuentra virtualmente paralizado. La vuelta a los subsidios distorsivos es un claro retroceso respecto de los logros de la OMC en materia agrícola, y la recomposición de esta situación podría llevar décadas^[25].

Difícilmente Estados Unidos modifique en el corto plazo su política agrícola. Su influencia en los precios y el comercio internacional seguirá siendo importante. En el aspecto de relacionamiento comercial, con la llegada de Trump se lesionaron vínculos históricos, por lo que su continuidad no necesariamente implicará una mejora en ellos. Y un eventual cambio de gobierno deberá lidiar con las consecuencias.

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