Laura Cristina Yufra

Antes de presentar la breve caracterización de lo sucedido en la provincia de Jujuy en relación con las movilidades y las migraciones en el periodo comprendido entre la declaración de la emergencia sanitaria (marzo de 2020) y la apertura del tránsito vecinal fronterizo con Bolivia (octubre de 2021), me interesa compartir dos consideraciones atendiendo a la propuesta de la red IAMIC de explicitar cómo trabajamos durante la pandemia y cómo fuimos interpeladas en nuestros múltiples roles.

Merece la pena recordar las solicitudes que recibimos en nuestro carácter de investigadoras por parte de los organismos públicos de producción científica para proveer información sobre las consecuencias de la pandemia. Nos referimos al Relevamiento Federal coordinado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) y a la convocatoria del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) COVID-19, promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ambas solicitudes tuvieron un componente de amplia colaboración entre múltiples actores sociales y entre redes de investigadoras e investigadores que se abocaron a la producción de información, así como también a la formulación de proyectos sobre la incidencia de la pandemia. En ambos casos se convocó a las y los investigadores a brindar conocimiento situado y ofrecer diagnósticos informados y de modo contemporáneo al desarrollo de los acontecimientos que estudiar. Particularmente interesante resultó el carácter federal e intensamente colaborativo de ambas experiencias, cuyo señalamiento apunta a poder replicar dichas características en otras instancias más allá de la emergencia sanitaria.

Por otra parte, y como consideración de índole metodológica, la llegada y el desarrollo del COVID-19 no solo supusieron la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo investigador presencial como estaba acostumbrada a hacerlo, sino también la alteración de las propias condiciones vitales y las de las personas con las que habitualmente interactuamos para construir conocimiento. Por ello, la tarea que me encontraba en condiciones de realizar era registrar y documentar ciertas situaciones vinculadas a los procesos migratorios y de movilidad humana. Ese trabajo de registro lo llevé a cabo a partir del relevamiento de las noticias periodísticas, de los informes televisados del Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial –centrado en la figura del gobernador–, de la información que circulaba en los grupos de los que formo parte de modo digital sobre la temática, de entrevistas breves a través del teléfono celular y de algunas entrevistas presenciales a actores claves cuando fue posible realizarlas.

Con el transcurso de los meses, el registro de lo actuado y acontecido pudo ser interpretado a la luz de procesos sociales de más largo alcance que venían desarrollándose en la provincia de Jujuy. Y así, pues, más allá del reconocimiento de la singularidad del evento pandémico, fue posible encontrar continuidades y profundizaciones de procesos sociales precedentes gestados en el contexto provincial. El diálogo con colegas del resto del país permitió conocer aspectos comunes, así como también ciertos efectos específicos de las medidas nacionales y globales adoptadas para afrontar la pandemia.

En esta ocasión me interesa detenerme en las implicaciones que tuvo el cierre de las fronteras internacionales en la provincia. Claramente, es preciso reconocer que dicha medida fue un acontecimiento inédito ya que se produjo casi de modo simultáneo a nivel mundial para evitar la propagación del virus (Delmas y Gouery, 2020). El mencionado cierre, en el contexto local, y la clausura de los límites interprovinciales produjeron tres efectos que me interesa apuntar.

El primero de ellos se refiere a la visibilización del “nuevo/viejo” fenómeno de la migración por motivos laborales desde la provincia de Jujuy hacia otras regiones. A pesar de que la provincia forma parte de circuitos de movilidad y formas persistentes de trashumancia (Hevilla, 2020) y migraciones estacionales (Karasik, 2005), las movilidades mencionadas aparecen como “novedad” en los discursos sociales. Esa novedad irrumpe en los medios de comunicación y en las denuncias de las organizaciones sociales de las y los trabajadores estacionales y sus familias varadas por el control sanitario (Yufra, 2020; Karasik y Yufra, 2021). Así pues, durante los meses de mayo, junio y julio del 2020, se reprodujeron pedidos de colaboración desde la terminal de Mendoza de trabajadores agrícolas para llegar a la provincia ya que no recibían la autorización para su ingreso. Y también trabajadoras y trabajadores provenientes de Neuquén y Río Negro. Asimismo, en el contexto de emergencia sanitaria, las dificultades y demoras para el reingreso representaron enormes pérdidas económicas para cubrir medios de transporte, así como también el pago de los test para identificar si estaban contagiadas o contagiados, asumidas con la ganancia del trabajo estacional (Yufra y Karasik, 2020). A pesar de que el Ministerio de Transporte de la Nación autorizó a todas las personas a regresar a su provincia de residencia, Jujuy estableció además un permiso provincial (Comité Operativo de Emergencia, 2020a). Las organizaciones sociales señalaron las dificultades para la obtención del permiso provincial para dicho reingreso. Lo acontecido, aunque sea de manera transitoria y contextual, puso de manifiesto la relevancia de las movilidades en la provincia como una fuente laboral, así como también las condiciones de inserción laboral de las y los trabajadores estacionales, tanto en origen como en destino, que es precaria y poco formalizada. Lo recién señalado es analizado por Ataide (2021) para la vecina provincia de Salta, donde trabajadores y trabajadoras también se vieron impedidos de retornar por las medidas gubernamentales para la contención de la difusión del virus e incluso fueron responsabilizados de poner en peligro la salud colectiva.

En este marco se manifiesta el rostro de la migración (internacional e interprovincial) laboral, estacional y circular como una estrategia de reproducción social. Así también lo señalan Trpin, Ataide y Moreno (2020), la pandemia sacó de la opacidad histórica que caracteriza a las y los trabajadores estacionales invisibilizados, al menos de modo coyuntural.

Tal situación hace saltar a la vista la comparativamente menor preparación para atender las necesidades de estas personas en movimiento por cuestiones laborales, de las medidas instrumentadas en función de la movilidad por cuestiones turísticas, fundamentalmente al inicio de la pandemia.

Ante la iluminación del fenómeno de la migración estacional, resulta de sumo interés recuperar esas trayectorias de movilidad, ponerlas en el debate sobre las formas de producción y reproducción social e identificar las demandas pasadas y actuales para el sector que abarcan mejoramiento en las condiciones de trabajo en origen y destino, formas de protección social y sanitaria, servicios educativos para las y los trabajadores estacionales y sus familias, entre otros aspectos.

En segundo lugar, el cierre de las fronteras, entendida como una medida de cuidado sanitario también tuvo efectos paradójicos, ya que, para algunos sectores sociales, significó un mayor nivel de vulnerabilidad. Ha sido muy documentado que las personas migrantes, a nivel global, han padecido de modo diferencial la pandemia. La precariedad laboral, así como también la falta de redes a la hora de encontrar empleo, repercutieron en sus condiciones vitales. Ambos aspectos incidieron en relación con el acceso a las viviendas, el hacinamiento en ellas, un menor acceso a la conexión de internet y la concentración del colectivo en los trabajos en los que no fue posible la virtualidad o el distanciamiento sugerido (OECD, 2020; Zapata y Prieto, 2020). Por otra parte, también se señaló la dificultad añadida de las personas en situación administrativa irregular, así como la limitación de la cobertura de los sistemas de seguridad social, incluida la salud, para las y los trabajadores temporarios.

En el caso de la provincia, el Decreto Nacional n.° 274/20 y el Decreto Acuerdo 944/20 (del Ejecutivo Provincial) prohibieron el ingreso a personas extranjeras no residentes, colocaron en condición de mayor vulnerabilidad a los grupos de personas que quedaron imposibilitados de la movilidad a uno u otro lado de la frontera. Esta situación se debió principalmente a la ausencia de canales que atendieran las situaciones específicas de las ciudades fronterizas. Nos referimos, por ejemplo, a personas venezolanas que deseaban atravesar la provincia para establecerse en otras. En este caso puntual, contaron con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil con financiamiento de organismos internacionales para facilitar el tránsito –según lo relatado en una entrevista con una organización de la sociedad civil–, aunque también de manera selectiva (Biondini, 2022). Pero las movilidades transfronterizas producto del intenso intercambio entre Bolivia y Argentina también fueron expuestas a una mayor vulnerabilidad. Tales intercambios abarcan desde los comerciales y económicos, la escolaridad y la atención médica, hasta los vínculos amistosos y familiares (Karasik, 2021; González, 2021). Quienes continuaron realizando cruces fronterizos se vieron obligados a recorrer trayectos más largos y riesgosos debido a la intensidad del patrullamiento y el hostigamiento a las personas que cruzaron la frontera.

Como es sabido, la movilidad transfronteriza se lleva a cabo para obtener algunas ventajas comparativas a uno u otro lado de las fronteras. Benedetti y Salizzi sostienen:

El límite, la frontera y la movilidad devienen recursos, para definir estrategias de reproducción a partir del aprovechamiento de las disparidades entre territorios. En la medida que la propia frontera es un recurso, ciertos colectivos locales o regionales definen sus estrategias para controlar áreas transfronterizas (Benedetti y Salizzi, 2011: 5).

Este carácter no cambió con la pandemia y las medidas sanitarias se instituyeron, en cambio, como un nuevo componente en la configuración de la disputa por la apropiación de las ventajas comparativas a uno y otro lado de la frontera. Muestra de ello es el aumento del precio de la hoja de coca en Jujuy con motivo del cierre de las fronteras y la modificación de los circuitos para el comercio de la ropa nueva y usada proveniente de Bolivia.

Así pues, a pesar del sentido común de que “la frontera es una ficción” –tal como lo resumía en una entrevista una técnica de una organización civil–, como he destacado en otra oportunidad, los efectos de los límites estatales no se borran, y el cruce fronterizo no es inocuo (Yufra y Patagua, 2021). En contexto pandémico la movilidad transfronteriza no solo supone la atribución de “ilegalidad” atribuida a la densidad de intercambios recién mencionada, sino también ser una potencial amenaza trasmisora del virus. A la estigmatización existente de estos cruces, se le sumó la asociada a la peligrosidad sanitaria. En relación con este segundo efecto, primó la producción de mayor vulnerabilidad de la movilidad transfronteriza, en detrimento de abordajes que articulen acciones binacionales para el cuidado sanitario.

El tercer efecto que quiero destacar fue la exacerbación de los procesos de fronterización por parte del gobierno provincial con retóricas hostiles muy específicas.

La concepción de virus como enemigo, asociada a la utilización de metáforas bélicas, se asemeja al tratamiento de la inmigración boliviana en Jujuy y la frontera compartida con Bolivia. Las narrativas gubernamentales preexistentes sobre la necesidad de evitar (y, ante su imposibilidad, estigmatizar) la presencia boliviana en la provincia fueron articuladas con la idea del virus como un enemigo que combatir.

En ese sentido, el repertorio argumentativo utilizado durante la promulgación de la ley provincial para el cobro de un seguro de salud a extranjeros (2018-2019), analizado en otro lugar (Karasik y Yufra, 2019), y las constantes referencias a la ilegitimidad de la presencia extranjera, especialmente boliviana, se vieron redoblados durante la pandemia.

Los informes televisivos del COE, que brindaban un escenario privilegiado para la repercusión de las narrativas gubernamentales, insistieron obstinadamente en la idea del virus como enemigo y en la responsabilización individual frente a los casos que se fueron presentando. Este mecanismo fue empleado en diversas situaciones de contagio y lo he trabajado en otro lugar (Yufra, 2021), tal como fue el caso de la culpabilización por parte del gobernador Gerardo Morales hacia una supuesta vendedora de coca boliviana por la difusión de la enfermedad entre los miembros de la policía provincial (Comité Operativo de Emergencia, 2020b). Además de la referencia de la condición extranjera de la supuesta vendedora, el discurso pretende identificar una responsable de la expansión de la enfermedad en un contexto de pandemia.

Pero el proceso de fronterización en curso se realiza con base en la denegación de determinados recursos sociales como “planes”. En las declaraciones hechas a la prensa, el gobernador sostenía: “Detuvimos a extranjeros que ingresaron a Jujuy por lugares no habilitados para cobrar planes sociales, cometieron delitos y están detenidos. Necesitamos los planes para nuestra gente” (18 de abril de 2020, Cadena 3). En tales dichos, es posible reconocer el establecimiento de la ilegitimidad de la percepción de ayudas estatales para los sectores más vulnerables, a partir de lo que Geddes (2003) denomina “fronteras internas”. Ahora bien, en el contexto de emergencia sanitaria, la configuración de la ilegitimidad se concentra en el acceso a los recursos sanitarios. El gobernador insistía:

No estamos en condiciones de atender extranjeros…. Tenemos una inversión importante que apenas nos va a alcanzar para cubrir situaciones complicadas que pueden ocurrir en la provincia de Jujuy. Nos venimos preparando hace meses, para atender solo al pueblo de Jujuy.

Lo expresado en las declaraciones, más allá de su literalidad, contiene dos elementos que destacar. Me refiero al proceso de privatización de la responsabilidad colectiva que, como sostiene Bourdieu (1999), es una conquista del pensamiento social y sociológico. Pero también el avance mercantilizador sobre bienes que hasta el momento no eran concebidos desde su costo monetario.

Tales declaraciones reafirman la frontera en términos nacional-estatales en perjuicio de un abordaje integrador, que dé cabal cuenta de las realidades transfronterizas densas y abigarradas. Asimismo, se trata de un ejemplo meridiano del proceso activo de demarcación fronteriza entre Jujuy y Bolivia con una historicidad específica (Grimson, 2012; Karasik, 2021).

Para finalizar, considero que la profunda alteración social que supuso la pandemia en el contexto local reveló fenómenos sociales invisibilizados para la opinión pública, como es la enorme movilidad que se produce como vía de sustento económico para jujeñas y jujeños. Asimismo, se hizo evidente la necesidad de proponer políticas específicas para las realidades transfronterizas: ambos aspectos no reconocidos difícilmente podían evitar aquello que se produjo, esto es, situaciones vulnerabilizadoras para las personas en movimiento. Pero fue el tercer aspecto señalado, la profundización de los procesos de fronterización desde las narrativas gubernamentales, el que contiene un componente de violencia adicional, inexplicable a la luz de los ya ingentes sufrimientos sociales provocados por la pandemia. No obstante, se encuentra una continuidad con situaciones previas de gran hostilidad hacia bolivianas y bolivianos en la provincia. Quizás los actuales sufrimientos echen luz sobre los enormes desafíos que desbordan las narrativas hostiles para afrontar, aunque sea de modo incipiente, algunas de las causas de la crisis que puso de manifiesto la pandemia.

Bibliografía citada

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