Acentuación de las desigualdades

Cynthia Pizarro

Introducción

La aparición de la enfermedad por COVID-19 trajo aparejados el cierre de las fronteras nacionales, la eliminación de los viajes aéreos de pasajeros y una variedad de políticas de bloqueo y cuarentena en diferentes países. En América Latina, tales medidas fueron variando junto con el desarrollo de la pandemia. Entre otros sectores vulnerabilizados, los migrantes latinoamericanos intrarregionales fueron aún más marginalizados y las desigualdades preexistentes se acentuaron. La pérdida masiva de medios de subsistencia hizo que sus vidas fueran todavía más precarias.

Aquellas personas que tenían el privilegio de tener un hogar seguro y protegido estuvieron confinadas en sus hogares. Pero para muchos otros las consecuencias económicas y los riesgos para la salud que tuvieron que enfrentar fueron mucho más graves. La pandemia puso en evidencia que las sociedades modernas se construyen sobre “diferentes regímenes de movilidad que se entrecruzan”, en los que los movimientos de algunas personas están “normalizados” mientras que los de otras están “criminalizados” (Adey et al., 2021).

La población migrante latinoamericana intrarregional, que en los años anteriores había estado sometida a procesos violentos de precarización social y laboral, enfrentó un escenario aún más desolador. Algunos de los factores que pusieron en riesgo a este colectivo fueron los peligrosos circuitos migratorios, la falta de medios de subsistencia, el acceso inadecuado a la vivienda, la exposición a la discriminación y la xenofobia, el aumento de situaciones de violencia y la trata de personas.

A partir del análisis de bibliografía especializada, documentos primarios elaborados por entidades internacionales vinculadas con las migraciones y noticias periodísticas, realizaré una síntesis sobre la vulnerabilización de la población migrante, concentrándome en quienes se desplazan enfrentando los mayores riesgos, ya sea por las desigualdades de clase, de género, de raza-etnia, de nacionalidad o de estatus migratorio. Reconozco que, si bien este ensayo aborda los efectos de la pandemia de COVID-19 en la población migrante intrarregional en América Latina, no pretende realizar generalizaciones, sino plantear ciertas problemáticas comunes, al tiempo que señalar algunas singularidades. Abordaré los principales riesgos que los migrantes y sus familias enfrentaron durante el ciclo migratorio: origen, tránsito y destino. Si bien las movilidades transnacionales están lejos de ser lineales y presentan esperas, cambios de trayectorias, movimientos pendulares, entre otros, apelo a esta sistematización para dar un orden a la información. Antes de abordar estos puntos, realizaré una breve caracterización de la población migrante en el continente. Cabe aclarar que me referiré a las personas con el género masculino debido a las dificultades en la lengua española para abordar las diferentes adscripciones genéricas.

Principales características de la migración intrarregional latinoamericana

Desde la década de 2000, la migración internacional en América Latina y el Caribe manifestó una disminución de la migración extrarregional y un sostenido crecimiento de la intrarregional, la que pasó de representar un 24 % total de los inmigrantes en 1970 a un 63 % en 2010 en toda la región (Cepal, 2020). En 2019, la cantidad de migrantes intrarregionales alcanzó casi 8.000.000, que significa el 80 % del total de inmigrantes (IOM, 2020). Además, se produjo un dinamismo creciente en las migraciones a la región con la llegada de nuevos grupos extrarregionales provenientes de África y Asia (nigerianos, nepalíes, marroquíes, chinos, japoneses y coreanos) (IOM, 2020).

En el siglo xxi, surgieron nuevos corredores migratorios junto con el incremento de los antiguos. Estas movilidades, caracterizadas por la involuntariedad y movilidad forzada, no se detuvieron durante la pandemia, por lo que aumentaron la precariedad de las condiciones de vida de los migrantes y los peligros que debieron enfrentar. Sobre la base de la información provista en algunos documentos (Cepal, 2020; Cerruti, 2022; IOM, 2020; OIT, 2016), sistematicé a los corredores de la siguiente manera:

1. Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador a México y EE. UU. (países de tránsito: Panamá, Costa Rica y Colombia).
2. Haití a Brasil, Argentina y Chile.
3. Venezuela a Colombia, países andinos, Brasil y Argentina.
4. Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador a México y EE. UU. (países de tránsito: Panamá, Costa Rica y Colombia).

Estos desplazamientos se deben a las profundas crisis socioeconómicas multidimensionales, la violencia social, la inseguridad, el colapso de los servicios públicos, los desastres naturales y la sensación de impotencia y desesperanza en el futuro inmediato (Herrera, 2021; Feline Freier y Castillo Jara, 2021). Una mención especial merece la situación de Venezuela. En 2019 había 5.000.000 de venezolanos viviendo en el exterior (17,5 % de la población total del país), de los cuales más de 4.000.000 residían en países de América Latina y el Caribe, mientras que, quince años antes, se registraban apenas 91.420 migrantes de esta nacionalidad en la región (Cepal, 2020).

Ciclo migratorio y los principales riesgos asociados a la pandemia de COVID-19

Origen

El COVID-19 intensificó la pobreza y la vulnerabilidad en muchos países de origen, de forma que aumentó las razones para emigrar. El cierre de las fronteras internacionales impactó en la circulación de aquellas personas que iban a emprender la emigración en el año 2020, así como en las posibilidades de reunificación familiar. Muchos migrantes no pudieron regresar a sus hogares para cumplir con sus tareas en sus unidades domésticas o en sus comunidades de origen.

En términos generales, hubo una reducción considerable en los ingresos por remesas, en especial aquellas dirigidas a Venezuela, lo que aumentó la vulnerabilidad de las familias de origen ante la escasez de alimentos (Riggirozzi et al., 2020). Feline Freier y Castillo Jara (2021) plantean que solo un 12 % de los migrantes venezolanos residentes en los países andinos seguían enviando remesas en la misma cantidad que antes de la pandemia, mientras que la gran mayoría enviaba sumas mucho menores o habían dejado de hacerlo. Por otra parte, Herrera (2021) señala que las remesas enviadas por inmigrantes residentes en EE. UU. Crecieron en prácticamente todos los países latinoamericanos. De este modo, se convirtieron en un soporte importante para sus familias ante la ausencia de programas de protección social.

Tránsito

La inmovilidad forzada causada por la pandemia agravó la vulnerabilidad de los migrantes que quedaron varados en el extranjero y generó situaciones de riesgo en las zonas fronterizas. Pese a que existieron operaciones de repatriación, estas no satisficieron la alta demanda (Feline Freier y Castillo Jara, 2021). Hubo serias limitaciones a la movilidad tanto para aquellos que deseaban dirigirse a otro país, como para quienes buscaban retornar al propio.

Las medidas de cierre de fronteras en algunos países estuvieron acompañadas de la securitización extrema de estas, al punto que se movilizó a las fuerzas armadas para controlarlas, como en el caso de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (Bogado Bordazar, 2021). Muchos gobiernos cerraron sus fronteras a los peligros que eran percibidos como procedentes del exterior, aun cuando el coronavirus ya estaba circulando ampliamente en su interior (Adey et al., 2021).

Según Herrera (2021), los cierres de frontera llevaron a grandes cantidades de migrantes irregularizados a quedar en la indefensión y en la necesidad de protección internacional. Por otro lado, se provocaron situaciones de crisis humanitaria en los espacios fronterizos donde grandes cantidades de migrantes quedaron varadas, poniendo en riesgo su salud y favoreciendo la proliferación de pasos irregulares y redes de tráfico de personas.

Por ejemplo, la pandemia agravó la situación de la migración de grupos indígenas colombianos impulsados por la guerrilla que se dirigían hacia Ecuador y Venezuela, por lo que se creó una crisis humanitaria en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la región de Cúcuta. En Colombia, cuando el tránsito fronterizo se interrumpió, alrededor de 1.500 migrantes se acumularon en poblados pequeños en la frontera, lo que generó mucha xenofobia con respecto a ellos. En Panamá se denunciaron situaciones de violencia contra los migrantes. Este país es de origen, destino y tránsito y en algún sentido actúa como “tapón” para los migrantes cuyo destino es Estados Unidos. La pandemia frenó la circulación y alentó a muchos a tratar de retornar (Bogado Bordazar, 2021).

Del mismo modo que Panamá, México es un país de emigración hacia EE. UU. Y también de tránsito. Por allí circulan caravanas de migrantes, conformadas por personas provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice y Honduras, a las que recientemente se han sumado cubanos, haitianos, congoleños, angoleños y venezolanos, entre otros (Chan-Pech, 2019). Antes de la pandemia, se había militarizado la frontera sur en virtud de un acuerdo con el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, denominado “Protocolo de Protección a Migrantes”. Esta medida generó gran cantidad de deportaciones y estableció que los solicitantes de asilo debían esperar en México durante todo el proceso, el que en circunstancias normales puede llevar meses, incluso años, ocasionando que los solicitantes se encuentren en la inmovilidad de tener que esperar en las ciudades mexicanas (Bogado Bordazar, 2021; el Colegio de la Frontera Norte, 2020). Además, Trump amenazó con establecer aranceles a los productos mexicanos si no se detenían los flujos de tránsito. Esto provocó un giro drástico en la política migratoria mexicana, que pasó a la securitización mediante el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur del país (Mena Iturralde y Cruz Piñeiro, 2021). La situación se agravó durante la pandemia ya que la administración de Trump suspendió temporalmente todos los mecanismos de acceso al asilo, y mantuvo en pie las deportaciones, incluyendo la expulsión de menores de edad no acompañados (Feline Freier y Castillo Jara, 2021).

Debido al endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo de EE. UU. y de México, muchos migrantes permanecieron en este país de forma indocumentada o buscando regularizarse. Los albergues estaban superpoblados, con malas condiciones de salubridad y escaso acceso a testeos, aislamiento y tratamiento, por lo que algunos migrantes hicieron campamentos informales en varias localidades de la frontera norte (Bogado Bordazar, 2021; el Colegio de la Frontera Norte, 2020).

Otros migrantes decidieron retornar a sus países, pero se encontraron con el cierre de fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador. Por ello, permanecieron en la frontera sur de México, sin documentos migratorios, sin recursos, sin poder trabajar legalmente y sin vivienda. Pero, además, México también deportó hacia esos países a muchos migrantes que se encontraban en los centros oficiales de acogida, a pesar del rechazo y el miedo al contagio que ello generó entre la población nacional (Bogado Bordazar, 2021; Feline Freier y Castillo Jara, 2021; Riggirozzi et al., 2020).

En Chile, el cierre de fronteras coincidió con la finalización de la cosecha agrícola de verano, lo que llevó a que muchos migrantes bolivianos aceleraran el retorno a Bolivia. Durante los primeros días, muchos quedaron varados, pero algunos lograron pasar por cruces clandestinos cerca del paso fronterizo. Posteriormente, la frontera fue controlada militarmente. Los migrantes rezagados debieron realizar la cuarentena en Iquique, Chile, lo que dio lugar a discursos xenófobos y al escaso acceso a una insuficiente infraestructura sanitaria (Mardones, 2020). En el mismo país, un grupo de migrantes venezolanos acamparon en frente de su embajada en la capital chilena reclamando la apertura de las fronteras para poder retornar a su país y solicitando la repatriación (Zenteno Torres y Salazar, 2021).

En Brasil, cientos de paraguayos que intentaron retornar a su país estuvieron varios días hacinados en el puente que conecta ambos países. Por otra parte, algunos venezolanos estuvieron atrapados en el puente que conecta Colombia con Venezuela. El Gobierno venezolano puso trabas a la movilidad a través de reducidas cuotas diarias de retornantes y criminalizó como culpables de la transmisión del coronavirus a quienes querían retornar, utilizando el término “bioterroristas” (Feline Freier y Castillo Jara, 2021)

Algunas ciudades se convirtieron en un obstáculo. Por ejemplo, grandes contingentes de migrantes de distintas nacionalidades quedaron varados en Necoclí, Colombia, que está cerca de la frontera con Panamá y que es uno de los últimos puntos antes de cruzar la extremadamente peligrosa selva El Dairen, en camino hacia el norte. Migrantes venezolanos indocumentados acamparon en Huara, Chile, una pequeña ciudad en el medio del desierto de Atacama, con la finalidad de realizar la cuarentena para luego continuar su ruta hacia el sur (Zenteno Torres y Salazar, 2021). Otra ciudad conflictiva fue Iquique, a unos kilómetros de la anterior, a donde llegaron muchos venezolanos provenientes de la región de Colchane y acamparon cerca de la plaza principal. Su presencia dio lugar a discursos de odio y vandalismo por parte de los nativos. En Tapachulas, en el sur de México, centroamericanos, haitianos y cubanos fueron detenidos en su camino a Estados Unidos (MDZ, 2021).

Ante el cierre y la militarización de las fronteras, la movilidad se realizó prácticamente solo de manera irregular. Muchos migrantes corrieron el peligro de tomar rutas clandestinas y atravesar puntos de cruce no autorizados, por lo que estuvieron altamente expuestos a robos, atracos, violencia de género, tráfico de migrantes y trata de personas. Estos problemas, sumados a las condiciones precarias de vida, la falta de insumos hospitalarios y la falta de higiene hicieron que el fenómeno fuera sumamente dramático.

Destino

Trabajo

La pandemia de COVID-19 generó procesos radicales de empobrecimiento de poblaciones migrantes anteriormente afectadas por el trabajo precario. Como resultado de las medidas de aislamiento social, distanciamiento físico y cuarentenas, los principales sectores que se vieron afectados fueron el comercio en tiendas, el transporte, la gastronomía, la hotelería, los servicios empresariales y sociales, junto con otras actividades informalizadas como la construcción, la agricultura, el servicio doméstico y los servicios de cuidados, el comercio informal, la venta callejera, la costura a destajo, la industria supermercadista, el trabajo en la cocina y los servicios de reparto a domicilio.

Se trata de segmentos de la actividad económica caracterizados por la baja productividad, la alta informalidad, las remuneraciones por debajo de la ley, las precarias condiciones de trabajo y la limitada asistencia pública. Los migrantes se concentran en estas actividades, que se basan en contactos interpersonales, por lo que no tuvieron la posibilidad de realizar teletrabajo ni de cumplir con la distancia social.

Muchos sufrieron la pérdida de sus trabajos, el deterioro de las condiciones laborales o la reducción de sus ingresos, lo que tuvo un efecto directo sobre la posibilidad de supervivencia. En Argentina, el 72 % de los trabajadores migrantes habían sufrido la pérdida de trabajo, 58 % totalmente y 14 % parcialmente. Esto tuvo un impacto mayor en las mujeres y en los migrantes llegados recientemente (Debandi y Penchaszadeh, 2020).

Algunos migrantes fueron reconocidos como trabajadores esenciales, pero “desechables” (Herrera, 2021) por su desempeño (mal pago) en sectores críticos –como los servicios de entrega a domicilio– que mantuvieron las condiciones necesarias para que otros sectores sociales pudieran cumplir el aislamiento social. Sin embargo, esto no se tradujo en mejores condiciones laborales, al tiempo que estuvieron más expuestos a la enfermedad debido a las prácticamente inexistentes medidas de bioseguridad adecuadas (Herrera, 2021). Aun así, en Argentina, muchos migrantes temían más perder sus trabajos y no poder alimentarse que contagiarse del COVID-19 (Debandi y Penchaszadeh, 2020).

En el caso de la población migrante venezolana residente en los países andinos, solo el 36 % de la población económicamente activa contaba con un contrato de trabajo, un 43 % se había quedado sin empleo y solo un 24 % tenía ingresos. En Perú, la desesperación llevó a una alta proporción de venezolanos a realizar labores altamente peligrosas, como por ejemplo el trabajo funerario, recolectando los cuerpos de víctimas de COVID-19 en hospitales, domicilios particulares e incluso en la vía pública (Feline Freier y Castillo Jara, 2021).

Condición migratoria

La pandemia afectó los procesos de regularización migratoria, generando graves problemas en la situación administrativa de los migrantes. Por ejemplo, se cerraron oficinas gubernamentales y consulares. Se paralizaron, demoraron o suspendieron los trámites de regularización en curso y la tramitación de solicitudes de asilo, permisos de residencia, visas, entre otros. A la vez, algunos países como Chile, Ecuador y Perú comenzaron a pedir visas.

La pérdida del empleo y los retrasos administrativos para la tramitación y renovación de permisos de residencia dejaron a parte de la población migrante en situación irregular. La falta de asesoramiento legal expuso a algunos migrantes a prácticas abusivas para la realización de dichos trámites (Pérez Segura, 2020).

Se exacerbaron los riesgos de la migración irregular en diversos aspectos. Se limitó el acceso de la población migrante a la asistencia social y sanitaria, incluyendo los subsidios específicos que fueron otorgados durante la pandemia. Se incrementó la exposición a la violencia institucional. Se fomentó la explotación laboral y la discriminación. Se restringió la libertad de movimiento. Se generó un riesgo permanente de ser arrestado o expulsado.

En Argentina, el no contar con los papeles adecuados restringió las posibilidades de los migrantes de acceder a un trabajo formal, a un contrato habitacional reglado, a la seguridad social y, en la práctica (aunque no según la ley), a la salud y a la educación. Esta condición administrativa de irregularidad resultó una variable de exclusión determinante durante la pandemia (Gavazzo y Penchaszadeh, 2020).

Vivienda

Una parte significativa de la población migrante tuvo dificultades para acceder a una vivienda decente o para mantenerla. Es común que los sectores precarizados, entre los que se encuentran los migrantes, residan en campamentos, casas precarias, viviendas colectivas o dormitorios extraordinariamente superpoblados, con deficientes instalaciones sanitarias y con servicios básicos que funcionan solo esporádicamente.

Estas condiciones de insalubridad expusieron a los migrantes a un mayor riesgo de contagio. El tamaño de la vivienda, el número de inquilinos, o la cantidad de luz natural también fueron elementos transcendentales durante el periodo de confinamiento. En condiciones de hacinamiento, resultaba más difícil sostener el aislamiento. Las medidas de higiene recomendadas para prevenir la transmisión del virus frecuentemente fueron imposibles de cumplimentar puesto que los migrantes no contaban con agua potable y otros servicios básicos.

Aquellos migrantes que alquilaban (en Argentina el 81 % según Debandi y Penchaszadeh, 2020) tuvieron serias dificultades para mantenerse al día debido a la pérdida de ingresos, lo que llevó a desalojos. Aun cuando algunos países como Argentina y Colombia suspendieron estos procedimientos, los migrantes que alquilaban de manera informal estuvieron expuestos a ser desalojados sin ninguna protección legal.

Feline Freier y Castillo Jara (2021) estiman que un 73 % de la población migrante venezolana en los países andinos tenía algún nivel de riesgo de desalojo por impago del alquiler, mientras que el 45 % convivía con más de tres personas en una habitación, lo cual dificultaba el cumplimiento de la distancia social.

Herrera (2021) señala que el hacinamiento en las viviendas colectivas y los campamentos (por ejemplo, en la zona de Roraima en Brasil) los convirtió en espacios especialmente proclives al contagio para la población migrante, y a esto se sumaron las denuncias en varias ciudades de desalojos y evicciones de familias migrantes.

Atención de la salud

Los gobiernos latinoamericanos debieron dar respuestas al COVID-19 en contextos de austeridad, con economías frágiles, y sistemas de salud pública sobresaturados y con escaso presupuesto. Este fue uno de los factores más importantes que llevó a la exclusión de los migrantes de la atención de la salud.

Pero también operaron los antiguos estigmas que fueron resignificados construyéndolos como portadores de la enfermedad en el marco de un racismo institucional (Herrera, 2021). Muchas políticas de acceso a la salud estuvieron sujetas a consideraciones arbitrarias y discriminatorias contra las poblaciones migrantes, por lo que no pudieron acceder a los testeos y otros servicios de salud debido a su condición de irregularidad migratoria o, incluso, al solo hecho de ser migrantes (el Colegio de la Frontera Norte, 2020; Riggirozzi et al., 2020).

Así, los migrantes enfrentaron diversos obstáculos para acceder a los servicios de salud, tales como la inexistencia de políticas de salud inclusivas, las barreras culturales e idiomáticas, los comportamientos discriminatorios por parte del personal de salud y el miedo a ser arrestados o deportados por las autoridades. En general, las personas en situación irregular no utilizaron los servicios de urgencias, y las alternativas de telemedicina que se plantearon no siempre resultaron viables.

Colombia ofreció acceso ilimitado a los servicios de salud solo a los migrantes regulares, excluyendo a los irregulares, que representan el 57 % de la población migrante en el país. En Brasil hubo restricciones que prohibieron a los venezolanos acceder a hospitales y otros centros de salud. En América Central y México, los migrantes enfrentaron importantes barreras para acceder al testeo y al tratamiento de COVID-19 (Riggirozzi et al., 2020).

En Argentina, los migrantes que carecían de documento de identidad argentino no pudieron acceder a la vacunación contra el COVID-19. Además, en caso de dirigirse a los hospitales públicos, enfrentaban reacciones xenófobas (Debandi y Penchaszadeh, 2020).

En Perú, hubo migrantes infectados que no fueron admitidos en los hospitales públicos por su nacionalidad o falta de documentación. El 78 % de los migrantes venezolanos dijeron que sentirían miedo o estrés si tuvieran que acercarse a las autoridades en caso de necesitar asistencia médica debido al COVID-19 (Feline Freier y Castillo Jara, 2021).

Educación

Todas las instituciones educativas se cerraron durante mucho tiempo en el transcurso de la pandemia. A pesar de los esfuerzos de asistencia implementados por los gobiernos, muchos niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo.

Debido en parte a las dificultades para acceder a las herramientas digitales (escasez y poca disponibilidad de equipos, conocimientos técnicos y conectividad), muchas familias migrantes no pudieron mantenerse al día a medida que la escuela, la atención médica y los servicios sociales se trasladaron a las plataformas digitales (Gavazzo y Penchaszadeh, 2020).

El confinamiento provocó una sobrecarga de funciones en las mujeres, quienes no solo tuvieron que llevar a cabo las tareas domésticas de cuidado que les son típicamente asignadas, sino que también debieron asumir la enseñanza de sus hijos.

Protección social

Muchos migrantes, especialmente aquellos en condición de migración irregular, estuvieron excluidos de los fondos de ayuda económica que fueron proporcionados por los Estados a la población nativa. En Argentina, el gobierno creó el ingreso familiar de emergencia. Fue el único recurso económico con el que contaron muchas familias que habían perdido sus trabajos. Sin embargo, los migrantes en situación irregular y los llegados recientemente estaban excluidos de acceder al beneficio, ya que se requería que acreditaran una residencia legal en el país no menor de dos años y que tuvieran un documento de identidad argentino. Solo el 6 % de migrantes había podido acceder al beneficio, mientras que casi el 80 % no lo logró ya sea porque no se habían podido registrar (48,59 %) o porque les fue denegado (31,41 %) (Debandi y Penchaszadeh, 2020).

Del mismo modo, otros Estados brindaron ayudas económicas para paliar los efectos de la pérdida de ingresos, pero estas transferencias monetarias a menudo no incluyeron a la población extranjera, ya que –como en el caso de Ecuador y Perú– era requisito tener un documento nacional de identidad, al igual que en Argentina (Feline Freier y Castillo Jara, 2021).

Conclusiones

Antes de la llegada del coronavirus, América Latina y el Caribe ya estaban atravesando una crisis migratoria potenciada por el éxodo venezolano y por la situación de los migrantes centroamericanos en tránsito. La pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento exacerbaron las desigualdades preexistentes de poblaciones migrantes que ya habían estado sometidas a procesos de precarización en años anteriores (Herrera, 2021).

Esta enfermedad afectó de manera desproporcionada a los migrantes debido a las condiciones de precariedad laboral, al hacinamiento, a las dificultades para acceder a la regularización, a la inaccesibilidad a los servicios de salud, a la desprotección social y a la discriminación y xenofobia. En síntesis, su condición de profunda vulnerabilidad aumentó el riesgo de infección.

Aunque a veces se destacó su papel como “trabajadores esenciales”, con frecuencia fueron discriminados en función de las diversas estigmatizaciones que (re)surgieron en el contexto de la pandemia. Por otra parte, se produjo el fenómeno de la movilidad sustituta (Herrera, 2021). Esto es, ciertos trabajadores migrantes se movieron para que otras personas pudieran permanecer inmóviles –alimentadas y a salvo– en sus casas, en el marco de una desigualdad basada en la oposición entre la exposición al riesgo y la seguridad individual.

Por otro lado, las respuestas gubernamentales a la pandemia también profundizaron las desigualdades y aumentaron la exposición al riesgo de los migrantes en tránsito, tanto de los que se dirigían hacia aquellos lugares imaginados como los ideales para desarrollar sus vidas, como de los que debieron retornar a sus lugares de origen. Estas movilidades continuaron a pesar de la militarización de las fronteras y de la peligrosidad de las rutas clandestinas. La pandemia de COVID-19 constituyó el nuevo muro que enfrentaron los migrantes, cuya movilidad es un medio de supervivencia (Mena Iturralde y Cruz Piñeiro, 2021). Pero también se puso en evidencia que la migración continuó a pesar de los obstáculos, incluso cuando la vulnerabilidad fue mayor.

Como planteé al comienzo, este trabajo pone en evidencia ciertos lugares comunes por los que transitaron los migrantes en sus movilidades e inmovilidades en el marco de la pandemia por COVID-19 en América Latina, basado en una información que inexorablemente resulta parcial y fragmentaria. Considero que se desprenden ciertas singularidades de las que sería interesante dar cuenta en futuras investigaciones: ¿cómo atravesaron las desigualdades de género, etnia-raza, clase, generación y nacionalidad a estos procesos de (in)movilidad en los distintos países y localidades?; ¿qué características marcaron a las diferentes fronteras y pasos fronterizos?; ¿cuál fue la incidencia de las políticas migratorias y de las políticas públicas en cada país?; ¿cómo influyó la orientación político-partidaria de los gobiernos?; ¿cómo condicionaron los acuerdos internacionales (formales e informales) a la movilidad e inmovilidad?; ¿aprovecharon algunos países la oportunidad para institucionalizar políticas tales como la militarización, el cierre de las fronteras y la inmovilidad forzada que se impuso en la región como una forma de contener al virus?; ¿de qué manera las prácticas excedieron a las lógicas que quieren estabilizar las fronteras?

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