Indagando sobre las migraciones a pie y la figura de los caminantes en el territorio colombiano
Janneth Clavijo, Adriana González Gil
y Marcela Ceballos Medina
Este breve escrito tiene como objetivo reconstruir parte de nuestra experiencia de investigación a partir del trabajo desarrollado en el Nodo Colombia en el marco del proyecto “(In)movilidad en las Américas y COVID-19”. El nodo como espacio colectivo ha estado orientado a la construcción de una reflexión permanente en torno a la relación entre (in)movilidad y control, que contempla no solo el territorio colombiano, sino también las intersecciones a escala regional y global. Inicialmente, desde el proyecto “(In)movilidad” se propuso la conformación y articulación de nodos por países para recabar, sistematizar y elaborar un archivo digital, en especial de información de prensa a partir del mapeo de tres ejes: adopción de medidas estatales, situaciones de alerta para las poblaciones en movimiento y respuestas sociales en cada uno de los países de la región comprendidos en la investigación (“[In]movilidad en las Américas y COVID-19”, 2020).
En principio, la información de prensa y divulgación nos permitió realizar un seguimiento a diferentes aspectos en torno a los cierres de fronteras, los actores involucrados y las cifras que se difundieron. A medida que fuimos sistematizando los datos, las fuentes de consulta se fueron ampliando, y fue necesario incluir otros documentos de orden normativo y diversos materiales institucionales, en especial aquellos relacionados con las medidas gubernamentales que se desplegaron asociadas al aumento y la centralidad que fue adquiriendo la migración de origen venezolano en el contexto colombiano y regional. Del mismo modo, fuimos generando vínculos con diferentes organizaciones sociales cuyas labores han estado orientadas a los procesos migratorios, incluyendo, en algunos casos, el desplazamiento forzado. En esa línea, fue relevante el contacto con personas que se encontraban en los albergues de la Red Humanitaria, ya que esto permitió establecer comunicación con migrantes que transitan la ruta a pie, conocer sus experiencias y difundir algunas de sus demandas.
En ese sentido, presentamos en este texto diferentes momentos del trabajo colectivo conjugados con algunos de los hallazgos y las inquietudes que emergieron desde el inicio de las tareas de investigación en abril del 2020. Así, las siguientes páginas estarán abocadas, en primer lugar, a introducir la dimensión metodológica y sus desafíos en nuestro transitar como equipo desde la virtualidad. En segundo lugar, abordaremos aspectos centrales de las transformaciones en las dinámicas migratorias en el contexto de pandemia, subrayando cuatro puntos neurales que se ponen de relieve en el acercamiento y la comprensión de las migraciones a pie, como formas de movilidad imperantes en el escenario reciente. En tercer lugar, retomaremos los principales hallazgos que surgieron a partir de nuestra investigación. Para concluir, compartiremos algunas de las inquietudes y posibles líneas de indagación para futuras investigaciones.
La dimensión metodológica: desafíos metodológicos y éticos
Construir un espacio colectivo para la investigación en el contexto inicial de la pandemia, marcado por los confinamientos, fue el primer desafío que afrontamos. No obstante, esta circunstancia ha sido también una oportunidad para fortalecer lazos de cooperación e intercambios productivos que han dado lugar a discusiones potentes en materia metodológica –el cómo hacer lo que sabemos hacer en contextos de presencialidad y “normalidad”, y cómo renovar las estrategias de investigación utilizadas–, de reflexión teórica –el carácter limitado de nuestros marcos interpretativos para abordar las transformaciones de la migración en contextos de (in)movilidad–, y de reflexión ética –en cuanto las implicaciones de la participación de comunidades en movimiento, precarizadas aún más por el impacto de la pandemia–.
Así, cabe señalar algunas de las dificultades que se presentaron al intentar sostener el relevamiento de información, dadas las limitaciones para realizar trabajo de campo en terreno. Privilegiar el uso de la prensa como fuente de investigación, sabemos, tiene implicaciones. Diferentes análisis se han hecho respecto a la confiabilidad de la investigación cuando recurre a la prensa como fuente –particularmente– en estudios históricos, al cuestionar su “objetividad” (Van Dyck, 1990; Acevedo Tarazona y Villabona Ardila, 2019). Sin embargo, dentro del proyecto, se definió un mecanismo de seguimiento diario a los hechos noticiosos, que aportó material suficiente para examinar las tres dimensiones acordadas: la situación migrante, las medidas estatales y las respuestas sociales. Dicha información ha sido cotejada con otras fuentes escritas y, en la medida de las posibilidades que nos abrió el intercambio virtual con organizaciones y migrantes, con sus voces. A medida que pasaron los meses, se incrementaron las limitaciones de tiempos y espacios para conjugar múltiples tareas junto con la actualización permanente de información. Por otra parte, el aumento de foros, conferencias y espacios virtuales derivó también en un cansancio a la par, de un deseo latente por evitar perder de vista los diferentes sucesos y acontecimientos. Asimismo, se hizo necesario abrir un espacio para decantar la sistematización elaborada y establecer conexiones entre diferentes actores que hoy inciden en el tratamiento de las migraciones en el escenario regional.
La incorporación de una estrategia virtual en la investigación nos ha dejado elementos positivos y dificultades evidentes, que ha sido preciso ponderar, en cuanto a su impacto sobre la confiabilidad y validez de los resultados. En primer lugar, la relevancia que ha adquirido la dinámica migratoria colombo-venezolana para investigadores, organizaciones sociales y entidades gubernamentales; la creciente presencia de migrantes extracontinentales en la región y las consecuentes transformaciones de las dinámicas transfronterizas han llevado a un incremento significativo de la producción académica y de material de divulgación en distintos formatos –escritos, audiovisuales, pódcast, webinars, documentales–. Acceder a este volumen creciente de información implicó como desafío su tratamiento en términos de confiabilidad y uso para la descripción de los fenómenos examinados que demandan también lineamientos interpretativos.
En segundo lugar, igual desafío ha constituido recabar y procesar información cuantitativa. El seguimiento estadístico a la movilidad transfronteriza se ha realizado a través de fuentes de acceso abierto como Migración Colombia, ACNUR, OIM, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes Venezolanos, Cruz Roja Internacional, Plataforma Interagencial R4V, así como ejercicios investigativos de universidades y centros de investigación que han aportado información cuantitativa relevante. En todos los casos, es preciso advertir la limitación de estas estrategias para la construcción confiable de datos estadísticos, dadas la naturaleza del fenómeno examinado –la población en movimiento–, la intermitencia de los datos oficiales y las dificultades para realizar un seguimiento permanente y sistemático a los movimientos poblacionales. No obstante, han sido insumos importantes para lograr un acercamiento a la dimensión cuantitativa del problema. Precisamente, la preocupación por la construcción de los datos ha estado presente en el desarrollo del proyecto, generando productivas discusiones recurrentes y, particularmente, abordadas en el seminario en el que se trataron preguntas referidas a los enfoques, las metodologías, los instrumentos para recabar la información y en relación con los marcos conceptuales e interpretativos con los cuales clasificamos y ordenamos los datos y definimos su uso, así como asuntos relacionados con el carácter político de estos y su utilización (Clavijo, Ceballos y González, 2020). Además, de una cuestión central resultó la incorporación de la voz de los y las migrantes como información válida que nos permita transitar de lo testimonial a lo interpretativo, para lo cual se adoptaron diferentes estrategias, como el mapeo polifónico (“[In]Movilidad en las Américas y COVID-19”, 2021a) y las asambleas migrantes (“[In]Movilidad en las Américas y COVID-19”, 2021b).
Como puede observarse, si bien los desafíos teóricos y metodológicos de la estrategia virtual de la investigación están estrechamente conectados, no son menos importantes los desafíos enfrentados en cuanto a su dimensión ética. Dilemas relacionados con la adopción del trabajo virtual y su impacto sobre poblaciones en contextos conflictivos –preguntas por la debida incorporación de las subjetividades migrantes, sus voces, sus testimonios, sus narrativas, sin caer en su uso instrumental, y, al contrario, visibilizando y reconociendo la contribución de sus planteamientos– han sido, entre otros, retos de la investigación.
No obstante, y sin perder de vista las dificultades que supone el trabajo de investigación en contextos conflictivos, agravados por las circunstancias de precarización a las que han estado expuestos las y los migrantes durante la pandemia, el trabajo en entornos virtuales devino en una oportunidad para favorecer la protección de las personas consultadas y generar un espacio de confianza para abordar temas sensibles a través de un diálogo horizontal, permitiendo que los protocolos seguidos en función de la postura ética de la investigación garantizaran la protección de la identidad, la integridad y el reconocimiento de las y los migrantes como partícipes de la investigación y sujetos de derechos.
De las dinámicas migratorias en el contexto de la pandemia: la visibilización de la migración venezolana
El territorio colombiano se configura como lugar socioespacial clave en las transformaciones recientes de las movilidades transfronterizas y los procesos de la migración sur-sur. Colombia como lugar de tránsito está determinado por su localización geográfica, se constituye como puerto de acceso al océano Pacífico por el oriente, al océano Atlántico por el occidente, limita con el mar Caribe como frontera marítima con Centroamérica en una ruta abierta hacia Estados Unidos y Canadá, y, a la par, comparte fronteras terrestres con Ecuador, Panamá, Perú, Brasil y Venezuela (Clavijo, Ceballos y González, 2022b: 183).
Sin duda, la dinámica fronteriza es una de las cuestiones centrales en la reconstrucción y comprensión de la movilidad poblacional entre Colombia y Venezuela. Es preciso señalar que las decisiones políticas que se adoptaron en el decenio pasado en materia migratoria estaban estrechamente relacionadas con el incremento progresivo del desplazamiento forzado interno de colombianos y la igualmente creciente migración transfronteriza, debido a las dinámicas del conflicto armado colombiano y a la compleja situación que se vive en Venezuela. El incremento de la migración desde el vecino país en el último quinquenio se convierte en el factor determinante de las disposiciones gubernamentales más recientes en materia migratoria. Como plantean algunos estudios (Naranjo, 2015; Ramírez, 2009; Gandini, Lozano y Prieto, 2019), durante décadas, la relación binacional giró entre el conflicto y la cooperación, particularmente con respecto a los impactos del conflicto armado colombiano sobre las dinámicas transfronterizas y la extensión de una situación denominada como “crisis humanitaria” a lo largo de la frontera entre ambos países, la cual fue atendida a través de medidas diplomáticas que desconocían, frecuentemente, la cotidianidad de las personas que habitan la frontera, los lazos históricos de vecindad y sus transformaciones en el contexto más próximo.
En el pasado reciente, la movilidad transfronteriza y la crisis de derechos humanos en la que se enmarca no generaron una atención adecuada ni un lugar central en la agenda binacional, que privilegió el tratamiento de temas de comercio ilegal o contrabando (Naranjo, 2015). En la coyuntura actual de crecimiento sostenido de la movilidad poblacional desde y hacia Venezuela, etiquetada como “crisis migratoria”, se ha evidenciado que las medidas adoptadas por el gobierno colombiano se orientan más a deslegitimar el gobierno de Venezuela y a captar recursos de cooperación internacional que a proteger los derechos de los y las migrantes (Ramírez, 2018). La respuesta del gobierno colombiano ha sido, en el plano discursivo, de generosidad (Gutiérrez-Palma, 2021) y, en el plano normativo, la contracción o el estancamiento de la política de asilo y refugio, privilegiando, en su lugar, una gestión migratoria en el marco del régimen de extranjería (Ceballos, 2021). En el plano de la política, las nociones de “temporalidad”, “excedencia”, “transitoriedad” y “excepcionalidad” enmarcan la perspectiva y el abordaje desde el gobierno de estas migraciones originadas en Venezuela, masificadas y precarizadas con mayor fuerza a partir del 2015.
Respecto a la temporalidad, en los últimos dos años, el Estado colombiano ha respondido con medidas que adquieren la fachada de regularización, pero que no resuelven de forma definitiva la permanencia ni garantizan la estabilización de estas poblaciones. Medidas como el permiso especial de permanencia (PEP) y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV, 2021) son altamente selectivas (los requisitos implican tener pasaporte o cédula, visa o permiso de permanencia, con registro de ingreso), se otorgan con un alto grado de discrecionalidad, están orientadas a un reconocimiento transitorio (Clavijo, Ceballos y González, 2022a; Ceballos, Cano, González y Pérez, 2021) y son ambiguas en términos del lugar “liminal” en el que, en el plano jurídico, colocan a las poblaciones migrantes que llegan cada día desde Venezuela (Del Real, 2022).
La mayor visibilidad de la migración venezolana reciente ha situado en el centro del discurso oficial y mediático la irrupción de las poblaciones que transitan “a pie”: los llamados “caminantes”. Si bien la masificación de la migración desde Venezuela se registra desde el 2015, es a partir del 2018 desde cuando esta población empezó a ser mirada con atención en la escena pública. Se trata de un movimiento que podemos interpretar como parte de un proceso de precarización de las condiciones en que se da la movilidad, de extensión a los distintos estratos de población y a lo largo del país y del continente americano. Las continuidades en el tiempo y en el espacio de estos procesos de movilidad imponen tensiones y presionan al reconocimiento de las y los migrantes a pie como sujetos de derechos, que irrumpen en el espacio social, simbólico y político, con mayor relevancia en el contexto de pandemia. Desde esta irrupción se pone en cuestión la noción de “excepcionalidad”, en el sentido de un evento “poco común” y circunscrito a la coyuntura.
En contraposición a esa noción, sostenemos que las movilidades a pie pueden ser comprendidas como un ejercicio que tiende a colectivizar el caminar y el transitar configurándose como estrategias de preservación (Clavijo, Ceballos y González, 2022b) en el marco de formas de sobrevivencia que abarcan múltiples espacios nacionales, y que se sostienen a lo largo del tiempo. En otras palabras, las movilidades a pie pueden ser entendidas como un proceso de subjetivación, mediante el cual las poblaciones migrantes buscan abrirse un lugar en el espacio social, político y territorial. Desde esta perspectiva, la transitoriedad que se adjudica a estas poblaciones (definidas por agentes humanitarios y gubernamentales como “de paso”, “en tránsito”, “sin vocación de permanencia”) se contrapone a la idea del sujeto político que se disputa un lugar para su existencia, que se instala en el ámbito de la sociedad y que exige un reconocimiento por parte del Estado nación.
Para los y las caminantes, las condiciones se tornaron aún más precarias en el contexto de pandemia por varias razones, entre ellas, el cierre de fronteras y el consecuente paso de modo cada vez más frecuente por trochas (pasos no habilitados) bajo el control territorial que ejercen diversos actores estatales y no estatales por medio de múltiples violencias. Los albergues y espacios de asistencia se vieron limitados e incluso clausurados, utilizando los protocolos sanitarios como argumentos para extender el control migratorio al campo de la acción humanitaria, en nuevas formas de articulación entre la gestión sanitaria y el control migratorio. En consecuencia, presenciamos una profundización de la xenofobia derivada de la asociación entre la condición migrante y los supuestos riesgos a la salud pública. Esta gestión sanitaria articulada con la gestión migratoria se sustenta en la noción de “excedencia” instalada en lo discursivo, se concreta en lo normativo y se reproduce en los distintos ámbitos de la política migratoria. La idea de que las y los migrantes exceden o desbordan la capacidad institucional aparece acompañada de la imagen de estas poblaciones como una amenaza a la seguridad y a la salud pública. La percepción de estas migraciones a pie como un fenómeno desordenado y fuera de control se ha instalado en la narrativa mediática a través de fotografías de personas que “siguen llegando” cada día, filas interminables de caminantes en medio de una crisis que “no para”.
Ahora bien, ¿cómo surge esta forma de movilidad? Responder a esta pregunta nos permitirá situar mejor esas condiciones de precarización de la vida bajo el contexto de la pandemia. El informe de ACAPS (2021) plantea algunos elementos para comprender el contexto en el que las migraciones a pie surgen como única opción de movilidad. La visibilidad que ha cobrado la figura de los caminantes se ha centrado en el cruce de las fronteras y en el paso por diferentes rutas en el territorio colombiano, atravesando ciudades fronterizas como Cúcuta y Pamplona, para después transitar hacia ciudades capitales como Bucaramanga (departamento de Santander) y Bogotá, la capital del país. Sin embargo, estos movimientos también se han (re)configurado en el territorio venezolano, lo que nos permite considerar otros factores en origen, como el impacto del racionamiento energético, la escasez de combustible, la poca disponibilidad de transporte público y privado, aunado al aumento del precio en los pasajes interurbanos y las restricciones de circulación impuestas por distintos actores estatales y no estatales, que se acentuaron en el contexto de la pandemia por COVID-19 (ACAPS, 2021).
Algunos hallazgos y aspectos nodales que se divisan
Entre las cuestiones nodales que pudimos identificar con el relevamiento y el seguimiento de algunas medidas, encontramos, en primer lugar, la figura de las y los caminantes, en una migración a pie, de manera permanente, donde el cuerpo se convierte en principal vehículo para hacer posibles la movilidad y la itinerancia en una búsqueda de preservación de la vida. En segundo lugar, las medidas estatales evidenciaron un carácter provisorio de atención a las poblaciones migrantes. Particularmente, la implementación de un Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) (Ceballos, Clavijo y González, 2022a). Un tercer aspecto tiene que ver con la colectivización, que comprende al menos dos cuestiones: las estrategias colectivas para sostener la movilidad y la multiplicidad de actores y formas de intervención que se han desplegado a lo largo de la ruta y de los espacios donde tiene lugar el movimiento.
Planteamos que la migración a pie entre Colombia y Venezuela se inserta en estrategias colectivas de resistencia en las que el ejercicio de la autonomía migrante para cruzar y atravesar territorios se expresa en desafíos a los mecanismos de control propios del régimen de fronteras (Domenech, 2019; Domenech y Dias, 2020) y de la gestión sanitaria de la pandemia. También se concreta en la irrupción de los cuerpos de individuos en el espacio geográfico y simbólico, mediante un proceso convertido en acto colectivo que visibiliza a los sujetos migrantes en cuestión, y simultáneamente enuncia sus necesidades, vulneraciones y exposiciones a múltiples riesgos.
En esta irrupción está implícita y, en ocasiones, se hace explícita la exigibilidad de derechos, es decir, la construcción de una subjetividad migrante en la que estos individuos en movimiento se posicionan y autorreconocen como sujetos de derechos, interpelando políticamente a las distintas instituciones y a la sociedad. Así, consideramos que, en esta movilidad, se expresa no solo una estrategia en la que está presente la evasión de los controles migratorios (militares, estatales y paraestatales, legales e ilegales), sino también la configuración de nuevas rutas y la disputa en el espacio a través de los cuerpos como vehículos, en el sentido de generar y demarcar caminos mediante los “zigzagueos”, como plantean De Genova, Garelli y Tazzioli (2018), que les permitan llegar a los destinos deseados.
Ahora bien, frente a la colectivización de la migración a pie, es relevante considerar la relación entre las transformaciones de los movimientos y la de las formas de gestión y seguimiento de la población migrante, en particular, a partir de la presencia de organismos vinculados con la cooperación internacional que, por medio de diferentes organizaciones y entes implementadores, han desplegado acciones de diverso tipo, algunas de asistencia inmediata (como el reparto de kits, asesoría en las condiciones de la ruta, traslados, transferencias monetarias para alimentación, entre otras) y otras que se conjugan con medidas gubernamentales, es decir, con nuevas formas que va tomando el régimen de migraciones y de fronteras (Domenech y Dias, 2020), por ejemplo, la adopción y la implementación del ETPV en diferentes regiones del país.
Nos encontramos ante un escenario marcado por la espontaneidad, pero que tiende a organizarse en el tránsito: un tránsito cuya temporalidad es indefinida, prolongada y reconfigurada de modo constante. La ruta es el espacio de apropiación de las luchas, y el cuerpo, el vehículo que permite transformar y desafiar las distintas estructuras de control. La itinerancia de manera colectiva y acompañada, como estrategia para sostener el movimiento, también opera como forma de protección en el trayecto, atendiendo no solo a riesgos asociados al clima, la falta de alimento y espacios para resguardarse, sino también al hecho de atravesar territorios donde las lógicas del conflicto armado y de violencias asociadas al control estatal y paraestatal están vigentes (Bolívar, 2021).
A la par, hablar de colectivización del movimiento involucra otras dimensiones de estas experiencias migratorias: la planificación de los caminos y de los tiempos, el intercambio de información permanente, los aprendizajes y saberes que se ponen en juego y el cuidado mutuo en diferentes etapas. Aspectos que dan cuenta de la complejidad y de las fibras que supone lo colectivo, entretejiendo las situaciones circunstanciales y las estrategias en el trazo de los caminos.
De otro lado, la dimensión de esta migración a pie está lejos de ser un evento coyuntural reducido a unos pocos individuos. Su carácter masivo y su continuidad en el tiempo dialogan con las nociones que en otros textos hemos planteado como “migraciones de preservación” y “estrategias de sobrevivencia” (Clavijo, Ceballos y González, 2022b), ideas que hacen énfasis en la producción de las condiciones de violencia y precarización bajo las cuales tienen lugar los desplazamientos, en vez de asumirlas como características naturales de los lugares de origen y de las poblaciones migrantes. Asimismo, como plantea Betts (2013), antes que priorizar una causa particular, se hace relevante atender a los contextos que dificultan el acceso a derechos fundamentales, podemos decir, a medios de existencia, y que afectan de formas distintas a poblaciones heterogéneas. Al colectivizarse, la visibilidad y el carácter disruptivo de este acto ponen en la escena pública y denuncian, a su vez, las situaciones que originan la migración y aquellas que la reproducen en el espacio regional.
Por último, la migración a pie involucra muchos espacios geográficos y lugares socioespaciales complejos: desde y hacia Venezuela, con múltiples reingresos a Colombia en una migración denominada “de ida y vuelta”, que comprende otros destinos hacia y desde el sur del continente (Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Argentina), y desde el sur hacia el norte (por Ecuador y Colombia hacia Panamá, Centroamérica, México y Estados Unidos). Por ejemplo, una proporción importante de población que reingresa a Colombia busca llegar a Perú (11 %) y Ecuador (10 %), en procesos de reunificación familiar en el sentido contrario al pretendido “retorno” proclamado por los Estados desde donde sale la población venezolana. Adicionalmente, aproximadamente el 35 % de quienes retornan a Venezuela proviene de Colombia, pero el grueso (65 %) hace parte de una migración desde países como Ecuador, Perú y Chile, en una dinámica de tránsito a nivel suramericano (GIFMM, 2021).
Reflexiones finales
En síntesis, la geografía de la migración que se transforma con estas itinerancias de la movilidad a pie nos obliga a una lectura regional de los tránsitos, de los corredores, de las rutas, más allá del inventario de mixtura de causas y de condiciones en las que se contabilizan y se clasifican separadamente las poblaciones migrantes según sus nacionalidades o según tipo de migración, bajo lógicas binarias (forzada o económica, de tránsito, pendular o con vocación de permanencia, regular o irregularizada). La nacionalidad, el género, la pertenencia étnica, la posición social, los mecanismos de ingreso a los espacios nacionales y el estatus migratorio inciden en las formas selectivas de control adoptadas por los Estados y por organismos intergubernamentales.
La gestión de las migraciones a pie se ha configurado desde las nociones de “excepcionalidad”, “excedencia” y “transitoriedad”, como señalamos anteriormente. No obstante, la irrupción en el espacio de estas poblaciones, así como la colectivización del acto de caminar, nos permite hablar de la instalación de un sujeto político que se disputa un lugar en la sociedad y que interpela al Estado nación en términos de derechos. La continuidad en el tiempo (viajes de ida y vuelta que duran hasta dos años) y la extensión de las movilidades a pie en el territorio colombiano y a lo largo del continente nos permiten afirmar que las nociones de “temporalidad”, “excepcionalidad” y “transitoriedad” se ven cuestionadas por una migración que se convierte en una estrategia de preservación y en un modo de (sobre)vivir “en la ruta”. No están de paso, hay poblaciones varadas desde la pandemia y caminantes que se quedan a vivir en los albergues. En estas movilidades hay una constante reconfiguración de los proyectos, los tiempos y las cartografías de las migraciones.
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