Reflexiones desde las implicancias de la investigación
Verónica Trpin, Soraya Ataide y Silvia Moreno
Investigadoras en pandemia
Las movilidades hilvanan territorios distantes, construyen trayectorias personales y familiares y nutren historias de despojos y precariedad que se vieron modificadas durante la pandemia iniciada en 2020 a nivel mundial.
En nuestro país, ante la propagación del COVID-19, en el mes de marzo se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO, Decreto 297/2020). Esta medida implicó para todxs restricciones de circulación o “in-movilidades” (Glick Schiller y Salazar, 2015), por lo que la consigna del Estado nacional expresada en el “#Quedateencasa” supuso para algunxs una cuarentena segura, al tiempo que se transitaron procesos que involucraron un confinamiento temporal con sobrecarga de trabajos de cuidados. Por otra parte, el aislamiento implicó una desarticulación de tramas territoriales, la reducción de sus ingresos o la imposibilidad de generarlos, y la modificación de condiciones de trabajo, entre otros cambios.
En este contexto, y considerando las trayectorias de investigación que compartimos en temáticas que vinculan trabajo y migración, nos vimos interpeladas en los primeros meses del ASPO por la situación de cientos de migrantes que conocemos y a través de lxs cuales nos llegaban demandas que requerían soluciones urgentes, vinculadas a personas que no podían regresar a sus provincias y países de origen, migrantes sin ingresos por haber trabajado en circuitos no formalizados, personas con trámites migratorios vencidos o con amenazas de desalojos o necesidades alimentarias. Las redes de contactos se activaban diariamente involucrando a organizaciones sociales o agentes estatales de modo de sostener la vida de aquellxs que en algún momento habían sido “nuestrxs informantes”.
Entre las problemáticas que requerían respuestas y que reflejaban condiciones de trabajo históricamente precarizadas, se encontraba la de lxs migrantes rurales varadxs, quienes se movieron desde su lugar de origen –provincias del noroeste argentino (NOA) y el sur de Bolivia– para emplearse en las cosechas temporarias del verano en las provincias de Río Negro y Mendoza. Los aportes de este escrito reflejan la inquietud por las estrategias que debimos sortear para dar cuenta de las condiciones de trabajo en las que se encontraron intempestivamente, así como las afectaciones que debimos asumir como investigadoras situadas en los territorios en los que circulan lxs migrantes rurales. Ante las urgencias, fuimos parte de tramas de cuidados: la pandemia resultó un escenario para evidenciar la importancia de la sostenibilidad de la vida y las múltiples articulaciones necesarias para garantizar respuestas a los procesos vitales amenazados.
Circular entre cosechas en pandemia
En las primeras semanas del ASPO, las radios y los periódicos locales en los valles irrigados de Río Negro y en Mendoza no tardaron en dar cuenta de la situación sanitaria mundial y nacional ante una pandemia que imprevistamente trastocó la vida en todo el mundo. Sin embargo, las problemáticas regionales comenzaron a circular, especialmente en relación con lxs trabajadorxs varadxs que estaban cosechando frutas y verduras y que forman parte de extensas movilidades a nivel nacional e internacional.
En nuestro país, han sido ampliamente estudiadas las condiciones de trabajo de miles de cosechadorxs estacionales en diversas regiones a lo largo del país, que también motivan desplazamientos desde países vecinos. Particularmente en la región del NOA, las estructuras agropecuarias o agroindustriales han tenido fuerte incidencia en las actividades regionales y en los desplazamientos temporarios de población, tanto de la propia región como del sur y los valles de Bolivia. Las principales producciones agrícolas se sitúan en las áreas más fértiles: el llamado “ramal Salta-Jujuy”, el valle de Lerma en Salta y la zona húmeda del este tucumano. Estas áreas se conformaron históricamente en torno a monocultivos como el azúcar o el tabaco, cuya producción demandó, desde sus inicios, mano de obra estacional. Estos requerimientos generaron a partir de principios del siglo xx, desplazamientos de trabajadorxs para la época de cosecha. Sin embargo, en períodos de intercosecha se producían índices elevados de subempleo y desempleo, situación que fue generando la búsqueda de alternativas laborales extralocales. Con el correr del tiempo, se fueron configurando circuitos migratorios que articularon áreas productivas complementarias. De esta manera, la migración fue incorporándose como estrategia de reproducción social de numerosas familias (Steimbreger, Trpin y Bendini, 2012).
Esta situación, característica de los mercados de trabajo agrario en la Argentina, se vio afectada desde marzo del 2020 por los efectos del establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Decreto 297/2020). Esta medida implicó para lxs trabajadorxs quedar inmovilizadxs en chacras y fincas en el momento en que se desarrollaba el período de mayor concentración de mano de obra para la cosecha de frutas y hortalizas. Luego de sortear diferentes fronteras y controles provinciales para llegar a sus hogares en 2020, la continuación de las tareas temporales en las actividades agrarias regionales reflejó en 2021 múltiples dificultades en los traslados de trabajadorxs y en la aplicación de protocolos en los lugares de destino.
Tal como adelantamos, el aislamiento encontró a lxs trabajadorxs estacionales en dos regiones en particular: la zona cuyana –empleándose principalmente en la cosecha de uva y otras frutas y hortalizas– y el alto valle y valle medio de Río Negro –realizando la recolección de peras y manzanas–. En ambos casos, se trata de economías regionales que han surcado procesos de reconversión productiva para insertarse en los mercados globalizados en los que se combina la flexibilidad productiva con el uso de trabajo precario (Bendini y Lara Flores, 2007). El aislamiento social, preventivo y obligatorio se produjo en el momento de mayor actividad dentro de estas economías regionales. No obstante, las disposiciones del decreto dictado por el Poder Ejecutivo nacional (Memo, 23 de marzo de 2020) calificaron a la actividad agrícola como “esencial”, exceptuándola de la cuarentena.
En Mendoza, la Federación de Empleados y Obreros Vitivinícolas y Afines (FOEVA) interpuso un recurso para denunciar numerosos casos de incumplimiento del protocolo vigente, aunque las cosechas continuaron luego de alcanzarse un acuerdo con las cámaras empresarias (FOEVA, 2020). La rapidez en las gestiones para atender la situación de los viticultores mendocinos contrastó semanas más tarde con una ausencia de medidas e intervenciones para atender a lxs cosechadorxs que intentaban retornar a sus provincias. En este marco, familias completas quedaron abandonadas a su suerte por varios días en la terminal del Sol y otras tantas en los campos de cultivo, sin posibilidad de obtener los permisos de circulación otorgados por los gobiernos provinciales y el Estado nacional. Los medios nacionales y provinciales se hicieron eco de la situación a través de titulares que hacían hincapié en la racialización naturalizada de los cuerpos –al parecer “descartables”– de estas familias trabajadoras, cuya salud no parecía importarle a nadie. Ante la falta de respuesta de las autoridades, fueron las organizaciones sociales y de derechos humanos quienes tendieron una mano de solidaridad a partir de la provisión de comida, abrigo y elementos de higiene para lxs trabajadorxs varadxs. Ante la demora del Estado en la gestión de estos viajes, fueron lxs mismxs trabajadorxs, empresas de transporte, algunos gremios y redes de ayuda los que aunaron esfuerzos para comenzar las repatriaciones nacionales (De Rossi, 20 de mayo de 2020). Estos reclamos permitieron incluirlxs semanas más tarde dentro del operativo Regreso Seguro a Casa, lanzado por el Ministerio de Turismo para atender la situación de lxs turistas, a quienes se brindó un trato claramente diferencial en el contexto pandémico (Moreno y Salatino, 2021).
En Río Negro, la recolección de frutas se extendió incluso durante el mes de abril del año 2020, por lo que fue necesario que los organismos estatales establecieran medidas preventivas que obligaran a las empresas a proveer a lxs trabajadorxs de elementos de seguridad –guantes, barbijos, anteojos de protección– y de higiene –como agua, jabón y toallas de papel descartable para el secado–. También para su traslado durante la cosecha se establecieron requisitos de higiene como la desinfección de los vehículos antes y después de cada viaje, y el respeto de un número adecuado de ocupantes, a fin de garantizarse el distanciamiento mínimo. Sin embargo, rápidamente se difundieron las denuncias por el incumplimiento de dichas condiciones de trabajo en el marco de la declaración de la pandemia (Trpin, Moreno y Ataide, 2020). Según trascendió de la entidad gremial que nuclea a lxs trabajadorxs rurales, se corría el rumor de que querían “subirlos a un colectivo” y que quedasen “varados en otra provincia y no hacerse cargo”. El Gobierno provincial propuso, desde la coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un retorno escalonado y progresivo, lo cual implicó que lxs trabajadorxs permanecieran más tiempo en sus lugares de trabajo, expuestxs a condiciones de precariedad y de riesgo sanitario.
Tanto en Mendoza como en Río Negro, estos circuitos han estado pendientes de las posibilidades de la resolución de una diversidad de situaciones, incluso cobijando a trabajadorxs oriundxs de Bolivia que, habiéndose trasladado por la cosecha y frente a la imposibilidad de poder volver a su país, tuvieron que permanecer con familiares o conocidxs o en espacios ofrecidos por los gobiernos locales.
Concomitantemente, en marzo del 2020, el Gobierno de la provincia de Salta (lugar de origen de muchxs de aquellxs trabajadorxs temporarixs afectadxs por el ASPO) anunció la Ley 8.188 –decreto de necesidad y urgencia 250/2020–, con que declaraba así el estado de emergencia sanitaria en la provincia y la creación de un Comité Operativo de Emergencia (COE). En el mes de abril, el COE prohibió el ingreso a Salta y el tránsito de transporte de pasajerxs de mediana o de larga distancia que no cumpliera con el protocolo de control del transporte. En este contexto, algunos medios de comunicación visibilizaron la situación de algunxs trabajadorxs estacionales que, al intentar ingresar a la provincia vía terrestre, permanecieron por varios días esperando en la ruta dado que la policía les impedía el paso (El Tribuno, 31 de julio de 2020). Esto sucedió en la ruta nacional n.° 34, en el puesto de control de Antillas en Rosario de la Frontera, en el límite sur con Tucumán, pero también en el ingreso a Salta capital por el puesto de la ex-Autopista del Norte (AUNOR).
Estos elementos de control utilizados por el Gobierno provincial junto con el cierre de las fronteras internacionales decretado por el Gobierno nacional (DNU 274) para mitigar los efectos del COVID-19 resultaron en verdaderos obstáculos a la movilidad tanto de lxs trabajadorxs salteñxs como de bolivianxs que pretendían regresar a sus hogares, dado que Salta también oficia como frontera internacional, y en estos circuitos se combinan trabajadorxs de diverso origen provincial e internacional. Estxs trabajadorxs no solo tuvieron dificultades para conseguir un transporte que les permitiera retornar a las provincias del norte, sino que inclusive se encontraron con la frontera sanitaria establecida al ingresar a Salta. En esa instancia, desde el Ejecutivo provincial, se marcó a lxs trabajadorxs temporarixs como responsables de poner en riesgo de salud a sus coprovincianxs. Esto se evidenció cuando el gobernador de la provincia apeló a la figura de “delincuentes” para referirse a lxs trabajadorxs salteñxs que, sorteando verdaderas vicisitudes, lograron retornar. En un mensaje desde la Casa de Gobierno, el gobernador anunció: “La cuarentena para los salteños debe seguir hasta el 10 de mayo, como a nivel nacional, porque un ‘delincuente’ obrero golondrina se le ocurrió volver a su casa, escondido en un colectivo…”. Y remarcó: “¿Qué le costaba hacer la cuarentena en Río Negro?” (Prensa Obrera, 29 de abril de 2020). A raíz de este discurso, un juez federal de garantías formalizó la imputación para esta persona, bajo el argumento de propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para lxs salteñxs.
Posteriormente, el Gobierno provincial dispuso que lxs trabajadorxs “golondrinas” que fueran ingresando a la provincia debían realizar la cuarentena en un hotel asignado a tal fin, en el centro de la ciudad, aun ante el pedido de lxs propixs trabajadorxs de transitar la cuarentena en sus municipios (que en su mayoría se encontraban alejados de la capital provincial). A medida que esta disposición se fue concretando, medios de comunicación del ámbito local dieron cuenta de reclamos por parte de lxs trabajadorxs, por recibir malos tratos en el hotel y por los horarios de la comida y la falta de limpieza (El Tribuno, 2 de mayo de 2020). Aquellxs que lograron arribar a sus localidades, por ejemplo en Pichanal, tuvieron que realizar la cuarentena en la terminal de ómnibus. Esta situación contrastó con la cuarentena segura y “en casa” permitida a las personas de sectores privilegiados, que llegaban a la provincia vía el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Luces y sombras en la producción federalizada de datos sobre migrantes en el aislamiento
Ante la problemática experimentada por lxs migrantes en todo el país como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y del ASPO y de las urgencias socioeconómicas que emergieron ante la falta de respuesta del Estado en sus distintas escalas frente a la situación particular de la población migrante, investigadorxs de distintos puntos del país participamos de la generación de información sobre la situación de este sector. Las necesidades de diversos colectivos migrantes que nos llegaban en forma particular y la falta de una mirada integral y federal de los cambios que las medidas de aislamiento implicaron para esta población se transformaron en una motivación que convocó a académicxs y organizaciones sociales a trabajar articuladamente.
En el mes de abril de 2020, a pocas semanas de declarado el ASPO, desde el espacio Agenda 2020 se activaron una serie de acciones a las que nos sumamos. Cabe señalar que el Espacio Agenda Migrante 2020 está conformado por más de 100 organizaciones de migrantes y de derechos humanos e instituciones académicas que coinciden en la necesidad de tratar los temas relativos a las migraciones de manera integral e incidir en el diseño de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos (CELS, 2019).
A través de las redes sociales y de WhatsApp, fueron consultadas 1.266 personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de visados humanitarias. De forma complementaria se realizaron 33 entrevistas a referentes de organizaciones y colectivos migrantes del país.
A mediados de ese año, ante la continuidad del ASPO, participamos de la primera edición de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), como parte del equipo de investigadorxs nucleado en el Eje Migración y Asilo de la RIOSP-DDHH (Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos) del CONICET, en articulación con un conjunto de organizaciones y referentes migrantes de la sociedad civil del país. La ENMA estuvo disponible online entre octubre y noviembre, relevando la información de 3.114 migrantes de todo el país. Ante la imposibilidad de salir “al campo”, tanto la difusión de la propuesta como el envío del formulario se hicieron a través de redes sociales, radios comunitarias, medios de comunicación, entre otras vías, lo que supuso una robusta campaña de comunicación y amplificación a fin de llegar a todas las regiones del país, colectivos nacionales y perfiles sociodemográficos diversos.
La etapa de análisis se realizó en grupos de trabajo a partir de 12 bloques temáticos específicos. En este período participamos con una multiplicidad de colegas y especialistas externxs que fueron convocadxs oportunamente (Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021). Como puede verse, ambas encuestas brindan información de relevancia, con un alcance nacional (obtuvo respuestas de distintas regiones del país), en torno a las experiencias migrantes en diversos aspectos de sus vidas. Es importante reconocer que presentan cierto limitante respecto de la representatividad estadística, pero que, no obstante, dada su finalidad exploratoria, visibilizaron ciertas urgencias y vivencias que fueron necesarias presentar.
Los objetivos de estas iniciativas estuvieron dirigidos a producir información actualizada, objetiva y de primera mano que permitiera, por un lado, dar cuenta de las principales problemáticas experimentadas por la población migrante en Argentina y, por otro, fundamentar recomendaciones en materia de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Si bien estuvieron gestadas con un espíritu federal que atendieran las diversidades territoriales que vivencian lxs migrantes, un limitante a la hora de relevar información estuvo asociado con la imposibilidad de descentrar el urbano-centrismo de los datos y alcanzar el registro de aquellxs migrantes residentes en zonas distantes de los centros urbanos, con diferentes dificultades de accesibilidad a internet. La concentración demográfica en el área de CABA, la región metropolitana y del centro de país centralizó el mayor porcentaje de respuestas.
Ampliando tramas de cuidados
La sistematización federal de información tuvo como soporte nuestras propias tramas territoriales y las de las organizaciones y los colectivos sociales. Dichas personas transmitían con preocupación, en el inicio de las medidas de aislamiento, la urgente demanda de alimentos o trabajo, espacios para residir ante contratos de alquiler que no pudieron pagarse, además de la necesidad de resolver trámites vencidos y consultar por circuitos de retornos a los lugares de residencia habituales.
La posibilidad de contactar a migrantes se expandió en un ida y vuelta en el que las demandas de dicha población debieron ser canalizadas a través de diferentes estrategias. Visibilizar su situación no bastó. A partir de nuestras trayectorias de investigación en migración y trabajo en espacios agrarios, las urgencias de aquellxs que hasta entonces habían sido nuestros “informantes” nos situaron en un escenario desconocido para nosotras: fortalecer la apuesta por no reproducir una investigación “indiferente” (Restrepo, 2016) y formar parte de tramas de cuidados que nos ubican en una situación de compromiso y confianza con la población con la que nos relacionamos. Se reforzaron redes previas y se activaron nuevas, conectando actores de diversa filiación: integrantes de organizaciones sociales, agentes del Estado, comunicadorxs, empresas de transporte, lxs propios trabajadorxs y sus familias, entre otros, quienes, en el marco de alianzas territorializadas, accionamos de distinta forma para contribuir a sostener la vida y garantizar los procesos vitales amenazados.
Desde una concepción amplia del cuidado que lo concibe como un continuum de cuidado-autocuidado-interdependencia (Comas d’Argemir, 2017), ponemos el acento en las dependencias intrínsecas al ser humano en términos de una trama social, que complejiza la idea de una relación unidireccional con asimetrías fijas y estables entre sujetos que cuidan y otrxs que son cuidadxs. Este corrimiento analítico permite comprender cómo los cuidados comunitarios adoptan las características de “bien público” (Esquivel, 2011) y, desde allí, pensarlos como un asunto social y político con repercusiones en las políticas públicas. Por tanto, al considerar estos nuevos modos de provisión de bienestar y de satisfacción de necesidades (Castilla, Kunin y Esmoris, 2020), podemos complementar las miradas que estudian el cruce entre la familia, el mercado, el Estado y la comunidad.
Tal como advierten Castilla, Kunin y Esmoris (2020):
Se requiere poner en agenda los modos a partir de los cuales diversos actores sociales realizan prácticas de cuidado de “amplio espectro” (Kunin, 2019). Por esto, sostenemos la necesidad de analizar las nociones émicas de cuidado en nuevas espacialidades como, por ejemplo, el “barrio” o el “ambiente”, o la continua circulación de sujetos de cuidado entre diferentes unidades domésticas –no familiares–, lo que nos lleva a considerar nuevas espacialidades de cuidado (p. 7).
En el caso de lxs trabajadorxs rurales migrantes cuya movilidad configura amplios territorios circulatorios (Tarrius, 2000), abordar los cuidados desde estas perspectivas puede significar la apuesta por pensar desde las tramas sociales ampliadas que fueron desplegadas por las organizaciones sociales, los sindicatos, lxs agentes estatales durante la pandemia. La urgencia de saldar los efectos devastadores en términos económicos y sociales de las medidas de aislamiento propició el despliegue de articulaciones situadas y estrategias territoriales que configuraron nuevas espacialidades, actores y redes de cuidados.
Como investigadoras, el contexto de pandemia implicó producir conocimiento situado y comprometido, pensándonos desde la urgencia de los colectivos con los que trabajamos, al mismo tiempo que reconocernos como parte de dichas tramas de cuidados que se ampliaron. La pregunta sería cómo proyectar nuestra escritura de tales procesos de los que participamos y de los que no salimos “ilesas”.
Bibliografía citada
Bendini, M. y Flores, S. L. (2007). Espacios de producción y de trabajo en México y Argentina. Un estudio comparado en regiones frutihortícolas de exportación. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, (26-27), 1.º y 2.º semestre.
Castilla, M. V., Kunin, J. y Blanco Esmoris, M. F. (2020). Pandemia y nuevas agendas de cuidado. Documento n.° 8. Secretaría de Investigación. Instituto de Altos Estudios Sociales. IDAES, UNSAM.
Comas d’Argemir, D. (2017). El don y la reciprocidad tienen género: las bases morales de los cuidados. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 22(2), 17-32.
Debandi, N., Nicolao, J. y Penchaszadeh, A. P. (coords.) (2021). Anuario Estadístico Migratorio de Argentina 2020. Buenos Aires: RIOSP DDHH CONICET. Disponible en t.ly/mw9R.
Esquivel, V. (2011). La economía del cuidado en América Latina: Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. Panamá: PNUD.
Glick Schiller, N. y Salazar, N. B. (2015). Regimes of Mobility Across the Globe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(2), 183-200.
Kunin, J. (2019). El poder del cuidado: Mujeres y agencia en la pampa sojera argentina. Tesis de Doctorado, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Francia) e Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
Moreno, M. S. y Salatino, N. (2021). Impacto de la pandemia en el trabajo estacional agrícola de Mendoza (Argentina). Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, 2(25).
Restrepo, E. (2016). Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Envión: Popayán.
Steimbreger, N., Trpin, V. y Bendini, M. (2012). Intermediación laboral en el acceso y gestión del trabajo estacional en la fruticultura rionegrina. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 1(37), 5-30.
Tarrius, A. (2000). Leer, describir, interpretar las circulaciones migratorias: Conveniencia de la noción de territorio circulatorio. Los nuevos hábitos de la identidad. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 21(83), el Colegio de Michoacán, A.C Zamora, México.
Notas periodísticas
CELS (20 de diciembre de 2019). Agenda migrante para 2020. Recuperado de bit.ly/3AaCqsd.
Cerrano, G. (29 de mayo de 2020). Salta: Sáenz discrimina y criminaliza a un obrero golondrina enfermo de Covid-19. Prensa Obrera. Recuperado de bit.ly/3towgB5.
De Rossi, E. (20 de mayo de 2020). Situación de los trabajadores golondrina: el retorno lo hacemos entre todos y todas. ANRed. Recuperado de bit.ly/3YoshSL.
El Tribuno (31 de julio de 2020). Quedaron varados y duermen en la ruta 34 hace tres días. Recuperado de bit.ly/3E8wOjE.
El Tribuno (2 de mayo de 2020). Crece el malestar de las personas que hacen la cuarentena en un hotel. Recuperado de bit.ly/3G86Yyy.
Memo: Política, Economía y Poder (23 de marzo de 2020). Cosecha: 18 cámaras empresarias le responden al sindicato vitivinícola. Recuperado de bit.ly/3YJET6H.
Página 12 (3 de mayo de 2020). El estigma que cargan los trabajadores cíclicos. Recuperado de bit.ly/3JYYknV.
Trpin, V, Ataide, S. y Moreno, S. (12 de mayo de 2020). Trabajadorxs temporarixs en el aislamiento: varados en las fincas y chacras. Pescado Fresco. Recuperado de bit.ly/3O1xQlH.
