Carlos Barria Oyarzo y Brígida Baeza

En este trabajo recuperamos parte de la tarea que venimos desarrollando en dos barrios periurbanos de la ciudad de Comodoro Rivadavia en interlocución con grupos migrantes provenientes de Bolivia desde marzo de 2020. Con algunos equipos de investigación, preocupados por el impacto de la pandemia causada por el COVID-19 (Coronavirus-SARS-CoV-2) en diferentes grupos poblacionales vulnerabilizados, nos proponemos generar conocimiento situado en pos de la garantía de derechos y la protección social (Baeza et al., 2020; Diez Tetamanti et al., 2021; Bottinelli, 2021; Barria Oyarzo et al., 2021). La pandemia y las medidas implementadas por los Estados han trastocado diferentes dimensiones de la vida social, mostrando el funcionamiento articulado de relaciones, actores, instituciones y valores que se ponen de relieve en esta situación crítica. Así, observamos el modo en que se acentúan, particularmente en el contexto local, relaciones de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad preexistentes a la pandemia, particularmente para grupos migrantes. En este contexto se destacan diferentes modos de organización comunitaria, con particular presencia de mujeres en sectores subalternizados, destinadas al sostenimiento de la vida que se producen al margen de dependencias estatales, pero muchas veces en interdependencia con estas.

La pandemia de COVID-19 se presenta como fenómeno epidemiológico emergente que vuelve necesario considerar el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado en su integralidad, en función de la determinación social de la salud y de las capacidades de respuestas (Breilh, 2010). Así, la “determinación social de la salud” se presenta como una perspectiva crítica que da cuenta de las condiciones que subyacen a los procesos de salud y enfermedad, donde los “cuidados” cobran particular preponderancia como prácticas para el sostenimiento de la vida y la salud (Fisher y Tronto, 1990; Epele, 2012) en contextos que denominamos “de precaridad de la vida”.

En el campo de la salud, el cuidado, en cuanto categoría analítica, puede comprenderse como un complejo en el que intervienen diferentes saberes, redes sociales, tecnologías, políticas, sistemas de atención, instituciones, tradiciones, tareas, acciones y cuerpos, orientado tanto a promover o a mantener el bienestar y la salud, como a aliviar el dolor y el sufrimiento (Epele, 2012). Varios autores han dado cuenta de las diversas estrategias de cuidado de la salud que las personas o los grupos utilizan en diferentes momentos o de manera simultánea (Leslie, 1980; Menéndez, 2003; Idoyaga Molina, 2003; Baeza, 2021; entre otras/os). De este modo, comprender las trayectorias de las personas en los cuidados permite dar cuenta de la construcción de experiencias de un sujeto y su grupo a lo largo de un periodo en el que las personas van tomando decisiones, adquiriendo experiencias y acumulando conocimientos, así como sometiéndose a las certezas, las pautas y los dominios de ciertos modelos, enfrentándose, negociando o deshaciéndose de aquello que se interpone (Leyton y Valenzuela, 2016).

Las tareas de cuidado son siempre particulares y socialmente construidas, por lo cual hay una gran diversidad en las formas de cuidar y su distribución. En este sentido, diferentes perspectivas han dado cuenta de la distribución social del cuidado, que tiende a responsabilizar a las mujeres sobre este en el ámbito familiar, vinculadas particularmente con su naturaleza y sus dimensiones morales y afectivas (Comas d’Argemir, 2014). Es a partir de las críticas feministas al pensamiento económico, en la década de los años 70, cuando comenzó a discutirse la distribución social del cuidado, visibilizando el trabajo doméstico y la relación entre los procesos sociales de producción y reproducción (Esquivel et al., 2012; Vega Solís et al., 2018). En palabras de Esquivel, Jelin y Faur (2012), el cuidado de las personas es el nudo central del bienestar humano, y sus lógicas responden a patrones sociales y culturales de relaciones entre géneros y entre clases sociales. En este sentido, recuperamos la perspectiva de Fisher y Tronto, quienes postulan que el cuidado es una “actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro ‘mundo’ de manera que podamos vivir en él lo mejor posible” (Fisher y Tronto, 1990: 40), explicando que este mundo es el propio cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de “apoyo a la vida”.

Precariedad de la vida en el contexto migratorio y pandémico

Como explica Comas d’Argemir (2014), la dependencia afecta a todas las personas, como un universal, lo cual hace imprescindible la provisión de cuidados. Sin embargo, no todas las personas están expuestas de la misma forma a modos particulares de vulnerabilidades, que son políticamente inducidas. En esta línea, Butler (2010) da cuenta de la vulnerabilidad como marca de nuestra dependencia innegable, y en todo momento, respecto de otras personas y de un mundo sustentable. Para la autora la precariedad (precariousness) es inherente y condición de la vida humana, lo cual nos permite distinguirla de la noción de “precaridad” (precarity), desde una perspectiva relacional. Así, comprendemos la precaridad como una condición políticamente inducida “en la que ciertas poblaciones adolecen de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte” (Butler, 2010: 46). De este modo, se hace necesario reconocer una serie de clivajes sociales y económicos que constituyen contextos de precaridad de la vida, restrictivos para el ejercicio de derechos. Así, recuperamos una perspectiva interseccional (Viveros Vigoya, 2016) donde observamos el modo en que las relaciones de poder y desigualdad, que toman forma a través del género, la generación, la clase social, la nacionalidad, lo étnico-racial, entre otras variables, configuran la manera en que las personas toman posiciones y construyen modos particulares de cuidar la salud.

Trabajamos desde hace varios años en vinculación con diferentes grupos migrantes provenientes de Bolivia en la cuenca del golfo San Jorge, Chubut. Estos grupos poblacionales, generalmente provenientes de zonas rurales de Bolivia y hablantes quechua, se asientan en zonas de “tomas de tierras”. En la ciudad de Comodoro Rivadavia, existe una problemática habitacional que caracteriza la conformación de tomas de tierra para la autoconstrucción de viviendas en las denominadas “extensiones barriales”. Esto forma parte de la dinámica urbana que históricamente ha tenido modificaciones acompasadas por la actividad de explotación petrolera. Así, observamos el modo en que diferentes expansiones de la industria petrolera han estado aparejadas con el aumento poblacional con el fenómeno migratorio atraído por la demanda laboral. Especialmente la última expansión de la industria desde el año 2004 hasta el 2014 conllevó el incremento de la migración limítrofe, en particular la proveniente de Bolivia.

En una sociedad caracterizada por la producción petrolera, extractiva, configurada por las desigualdades socioeconómicas y territoriales, las migraciones se presentan en el foco de la atención del discurso público y los medios de comunicación. En muchos casos se responsabiliza a la población migrante por la escasez de recursos públicos, en un contexto de crisis económica y un sistema de salud que por momentos se presenta restrictivo. En este contexto la población migrante, particularmente proveniente de Bolivia, se desarrolla en el mercado laboral subsidiario a la industria petrolera, en la construcción, industria pesquera y el comercio. En este sentido, las adscripciones identitarias, el hecho de ser migrantes, la proveniencia rural, las marcaciones raciales y étnicas se presentan como clivajes de la desigualdad a partir de las cuales se configuran las relaciones sociales.

Desde el año 2020, con la declaración de la pandemia y las medidas de gobierno, se produjeron transformaciones profundas en la vida cotidiana y las relaciones sociales. Estas modificaciones fueron consecuencia de las medidas que se fueron tomando a lo largo del tiempo para la prevención de contagios de COVID-19, las dinámicas de control a través de las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO). En este contexto la imposibilidad de dar continuidad a las tareas cotidianas de venta ambulante o el trabajo por jornadas ubicó a las personas provenientes de diversos países en una situación de vulnerabilidad acentuada, en muchas ocasiones, por su situación migratoria. El no contar con documento nacional de identidad o residencia permanente por más de dos años en el país excluyó a les migrantes de la posibilidad de recibir el ingreso familiar de emergencia (Baeza et al., 2020). A partir de la Encuesta Nacional Migrante (RIOSP-CONICET, 2020) realizada por el espacio Agenda Migrante 2020, se evidenció que más del 80 % de las personas migrantes no accedieron a este ingreso de emergencia (IFE), quedando excluidos por residir en la Argentina desde hace menos de dos años (49 %), y que, por otro lado, hubo quienes lograron inscribirse, pero este bono no se les otorgó (31 %).

En este contexto observamos una profundización de diferentes desigualdades, en especial en el acceso a alimentos, trabajo, conectividad, educación, programas sociales, políticas sanitarias y servicios públicos. Si bien existieron distintas medidas de gobierno que buscaron paliar los efectos negativos sobre la economía, la salud y el trabajo (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2020), estas no fueron suficientes en un espacio que se singulariza por condiciones previas de precaridad. De este modo, las personas migrantes, en muchos casos, no pudieron cesar sus actividades laborales o debieron gestionar formas novedosas para poder asegurarse el sustento económico. Quienes residen en tomas de tierra no cuentan con los servicios básicos y son objeto de problemas vinculados a los modos de calefacción para combatir el frío. El hecho de no contar con el acceso a la red de gas urbana obligaba a las personas a trasladarse para aprovisionarse de garrafas e instalarlas en condiciones que no siempre eran seguras. Estos desplazamientos en la ciudad se vieron dificultados por las medidas de gobierno adoptadas y el control policial particularmente en sectores de tomas de tierra.

La condición migratoria, laboral, habitacional, entre otras adscripciones identitarias en Comodoro Rivadavia, determinan los modos de sostener la vida, posicionando a grupos migrantes a una mayor exposición a la violencia, a las posibilidades de enfermar y morir. En esta línea de trabajo, Penchaszadeh et al. (2022) evidencian una mayor incidencia de la enfermedad por COVID-19 sobre la población no nacional, acentuada por las barreras para el acceso a la salud y la vulnerabilidad histórica de esta población. En este contexto visibilizamos diferentes modos en que las personas migrantes agenciaron estrategias para sostener la vida en un periodo caracterizado por la profundización de las desigualdades sociales.

Sostener la vida en pandemia

En algunos trabajos hemos señalado que el cuidado, como categoría de efectores de salud, se encuentra generalmente ligado con una concepción de riesgo, constituyendo una distinción de comportamientos inadecuados, que tiene como fin modificar “estilos de vida” según determinadas normas y valores sociales de referencia (Lorenzetti, 2012; Baeza et al., 2019; Barria Oyarzo, 2020). El riesgo siempre se encuentra bajo responsabilidad del sujeto, de quien dependen sus condiciones de existencia, intentando así dirigir la conducta de las personas a modos prefijados (Menéndez, 1978). Así, se hace necesario distinguir el cuidado como categoría de los propios actores y el cuidado como categoría analítica, que nos permite observar el modo en que se produce. En otra línea de trabajos, hemos dado cuenta del carácter comunitario y generizado que adquirió la provisión de cuidados durante la pandemia, en una red de relaciones que sostienen a otros/as en términos materiales, afectivos y, en algunos casos, espirituales (Baeza et al., 2020; Diez Tetamanti et al., 2021). Los cuidados, en términos de “sostenimiento de la vida”, en este caso excedían la concepción normativa de la política sanitaria o las agencias estatales, donde la posibilidad del “quedarse en casa” para evitar contagios no era la misma para todas las personas. En este contexto las trayectorias de cuidados, particularmente de mujeres migrantes, se constituyeron por diferentes prácticas que combinaban saberes y dominios diversos que buscaban producir bienestar, y en algunos casos la subsistencia, en el plano individual, familiar y comunitario ante situaciones críticas.

Existen valiosos aportes sobre la provisión de cuidados en lo familiar, en el mercado y en el Estado, siendo incipiente la reflexión sobre lo comunitario (Razavi, 2007; Comas d’Argemir, 2014; Martínez Bujan et al., 2018; Magliano et al., 2018; Sanchís, 2020; entre otras). Vega Solís, Martínez Bujan y Paredes (2018) explican que los cuidados en entornos sociales abiertos difuminan los contornos de la familia, el mercado o el Estado, donde se hace presente el carácter cooperativo de los cuidados en la familia extensa y la comunidad. En un contexto caracterizado por la diversidad y diferentes formas de desigualdad, la capacidad de agencia de las migrantes depende de la posición que toman a partir de las relaciones familiares, barriales, comunitarias e institucionales en distintos momentos.

En los barrios en los que trabajamos, la fragilidad vinculada al sostenimiento económico y a la falta de acceso a derechos básicos produjo el fortalecimiento y la constitución de organizaciones comunitarias y vínculos cooperativos. En los diferentes tipos de organización comunitaria, se destaca la agrupación y el trabajo ante las necesidades alimenticias, económicas, de contención afectiva y de seguridad. Estas agrupaciones gestionan donaciones e información y median con algunas instituciones estatales que proveen en algunos casos recursos para las personas del barrio. Observamos la preeminencia de redes de cuidado a través de organizaciones comunitarias espontáneas, no formalizadas, así como aquellas formalizadas y no gubernamentales, como congregaciones religiosas y comedores/merenderos. Estas organizaciones en muchos casos median con las redes formalizadas de cuidado que provee el Estado a través de la gestión de política pública, como el acceso al IFE, prestaciones del sistema de salud o la gestión de permisos para circular en la ciudad.

Un grupo de mujeres migrantes provenientes de Bolivia participa en la realización de una comida diaria para repartir raciones en diferentes casas del barrio, para familias que lo solicitan. A través de la colaboración con donaciones, sostuvieron la ayuda, siempre que hubiera alimentos, ante la cuarentena que imposibilitaba la reunión en el comedor comunitario de una organización política que se asienta en el barrio. En otro barrio un templo evangélico repartía raciones diarias de comida. Una de las interlocutoras comenta: “Habían empezado con veinte, treinta raciones por día y ahora tenían como cuatrocientas por día” (comunicación personal, abril de 2020). Así, las organizaciones barriales y religiosas en algunos casos construyen redes de colaboración y asistencia para la alimentación cotidiana.

Por otro lado, una de las mujeres comenta: “Hay personas que se vienen a desahogar conmigo. Les digo de salir a caminar, dar una vuelta, y es lo que hago por ellos”. En este contexto también explica: “Nosotras acá entre 6 vecinas, por ejemplo el Día del Niño, nos organizamos y juntamos leche, cacao, para hacerles chocolate a los chicos y golosinas” (comunicación personal, marzo de 2021). En este sentido, observamos un modo de organización espontánea en el vínculo entre mujeres, a partir del cual se producía el acompañamiento mutuo en una situación crítica, así como la concreción de encuentros para la provisión de cuidados afectivos y recreativos. A partir de estos vínculos, también se visibilizaba el modo en que circulaban la información y los recursos, en algunos casos para acceder a los beneficios que provee el Estado u organizaciones sociales. Se difunde información importante sobre medidas de seguridad, medidas de cuidado, beneficios sociales y las condiciones de personas en situación de vulnerabilidad que requerían ayuda.

Por otro lado, la religiosidad se presenta como un emergente en casi todas las charlas con migrantes, desde la relación con congregaciones del catolicismo y en menor medida pentecostales. La “fe”, como una esperanza ante la crisis, aparece como una constante. En este sentido, la espiritualidad/cosmología se presenta como una forma de cuidado y construcción de lo común. Algunas interlocutoras dan cuenta de la continuidad del vínculo con sus congregaciones a través de la virtualidad. Otras mujeres refieren modos personales de sostener prácticas religiosas, más allá de la institucionalidad, donde existen prácticas diferenciales de sacralización. De este modo, recuperamos la noción de “prácticas de sacralización” de Martín (2007) para dar cuenta de los diversos modos de hacer sagrado, de inscribir personas, lugares, momentos en una textura diferencial del mundo habitado. Así, desde el comienzo de la pandemia, es posible observar la provisión de cuidados en sus dimensiones materiales, económicas, afectivas (Batthyány, 2015), pero también en su dimensión espiritual o de sacralización (Martín, 2007), que se movilizan y tensionan durante la pandemia para la provisión de cuidados.

Comentarios finales

A partir de la crisis que instauró la circulación del virus SARS-CoV-2 a nivel global y local, es innegable la importancia de una aproximación social sobre las enfermedades, más allá de lo terapéutico, poniendo de relieve la centralidad de los cuidados como un derecho para el sostenimiento de la vida. La pandemia ha profundizado condiciones de desigualdad en la que se encuentra la población migrante, posicionada en contextos de precaridad de la vida y, por lo tanto, expuesta a diferentes formas de violencia, modos particulares de enfermar y morir. Ante esto se evidencian diversas formas de cuidado, particularmente en lo comunitario con presencia preponderante de mujeres, que se producen al margen de dependencias estatales, pero muchas veces en interdependencia con estas.

Desde el inicio de la pandemia, en dos barrios periurbanos de Comodoro Rivadavia, algunas mujeres migrantes toman un rol protagónico en la producción de cuidados en lo comunitario, a partir del sostenimiento de redes y diferentes formas de organización colectiva. Así, observamos formas de la producción de cuidados de tipos físicos/materiales, afectivos, recreativos y espirituales. En este contexto los cuidados en el ámbito comunitario, como plantea Sanchís (2020), se presentan como prácticas altamente feminizadas. De esta forma, el accionar colectivo de mujeres tuvo un papel protagónico a nivel territorial durante la pandemia, sosteniendo comedores y otras iniciativas con fuerte inscripción territorial.

Muchas de las estrategias de cuidado en estos grupos poblacionales consistieron en formas de supervivencia frente a medidas de gobierno que desconocieron las particularidades de los circuitos de la economía informalizada. Sin embargo, también se evidencian, en algunas situaciones, particulares modos de articulación con diferentes agencias estatales. Por otro lado, se develan formas diferenciales de cuidados que hacen parte de modos particulares de construir relacionalidad en el contexto migratorio en el caso de grupos quechua hablantes de proveniencia rural, donde la religiosidad adquiere centralidad en contextos críticos.

En este trabajo evidenciamos la importancia que cobran los cuidados integrales, en cuanto la interdependencia es inherente a la vida humana (precariedad), dando cuenta de aquellas condiciones políticamente inducidas que ubican a las personas migrantes en posiciones de mayor exposición a los padecimientos, las violencias y la muerte (precaridad). En este sentido, desde una perspectiva atenta a la antropología de la salud y los estudios migratorios, evidenciamos las particularidades que adquieren los cuidados comunitarios en espacios caracterizados por diferentes formas de diversidad y desigualdad.

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