Plan de ¿Autoconstrucción?
de Viviendas Solidaridad

Martín L. Pérez

Contexto institucional

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) fue creada en el año 1973 y cuenta con un rico legado histórico, cuyo punto de emergencia se remonta al año 1939, con la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), al incorporarse la Escuela Normal Juan Pascual Pringles de San Luis a su dependencia de larga tradición normalista.

Con el Plan Nacional de Desarrollo (1971-1975, Ley n.º 19.039) comenzó el reordenamiento geográfico de la UNC, y con la Ley n.º 20.365, finalmente, se produjo la creación de la UNSL, el 10 de mayo de 1973, y se designó como primer rector a Mauricio A. López. A partir de ese momento, la universidad se define abierta a la comunidad, participativa y pluralista. Entre sus propuestas se destacan la transformación de las estructuras académicas en áreas de integración curricular, la departamentalización, el estudio de la realidad nacional, una marcada política extensionista, el Servicio Pedagógico, la Planta Piloto de Medicamentos, la Comisión Asesora Regional y la Secretaría de Transferencia a la Comunidad, entre otras áreas que, con el paso de los años, acrecentaron las propuestas.

La UNSL ha transitado diferentes etapas de crecimiento, desarrollo y proyección en diferentes áreas de conocimiento y se abrió, desde una fuerte política extensionista, a los medios sociales local, regional y latinoamericano. En este marco, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS) resolvió en el año 2014, por medio de la Ordenanza del Consejo Directivo n.º 013/14, crear el Sistema de Proyectos de Estímulo a la Investigación, orientado a la formación de nuevos investigadores, al desarrollo de nuevos grupos de investigación y a la vinculación de la actividad académica de grado y posgrado con la investigación (Universidad Nacional de San Luis, s. f.).

En la misma dirección y en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales (Ac. Pl. n.os 676/08 y 687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió otorgar becas de estímulo a las vocaciones científicas (becas EVC-CIN) a las juventudes estudiantiles de instituciones universitarias públicas que deseasen iniciar su formación en investigación, de las cuales 42 fueron adjudicadas a la UNSL por resolución P. n.º 403/18 y Res. C.E. n.º 1306/18.

En este sentido, en la ciudad de Villa Mercedes (provincia de San Luis, departamento General Pedernera), por la resolución rectoral n.º 1105, a partir del 1.º de junio de 2019 se comenzaron a desarrollar las prácticas pertinentes a la beca mencionada, con base en el orden de mérito resultante de la aplicación del reglamento o del mecanismo de distribución interna propio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El proyecto de investigación acreditado en el que se desarrolla la beca se titula Juventudes contemporáneas: políticas, desafíos y tensiones (PROICO n.º 15-0418).

Aspectos del plan de trabajo

El objetivo general de la propuesta aprobada por el CIN al presentar el proyecto de solicitud de beca fue el de observar, analizar y detallar el diseño, la implementación y los resultados del Plan de Autoconstrucción de Viviendas Solidaridad, desarrollado en la provincia de San Luis entre los años 2011 y 2015.

Entre los objetivos específicos planificados se encuentran los siguientes.

• Apreciar y sistematizar el problema que conduce al diseño de estas políticas públicas.
• Describir de forma precisa el mecanismo de funcionamiento del programa, sus requisitos y objetivos y las dificultades en su implementación.
• Analizar el marco legal en el que se circunscribe el programa.
• Determinar el rol que ocupan las juventudes en dicho proceso, desde el diseño hasta la implementación de este tipo de políticas públicas.
• Realizar abordajes territoriales y entrevistas para tener un contacto directo con el entramado de diversos actores implicados en el desarrollo del programa: beneficiarios, funcionarios, exfuncionarios, vecinos en general.
• Vincular los conocimientos adquiridos en el ámbito académico con la tarea investigativa.

El presente texto pretende hacer un racconto de los seis primeros meses de investigación, cuando se abordaron las dos etapas iniciales que conforman las políticas sociales en general: diseño e implementación. Queda para un próximo capítulo la tercera –pero no menos importante– etapa: la evaluación por resultados.

Déficit habitacional

Dentro de los principales insumos de información para la definición de políticas y programas del sector habitacional, la conceptualización y medición del déficit de viviendas se torna indispensable. Una primera aproximación al concepto implica –de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)– la brecha entre requerimientos y disponibilidad de viviendas adecuadas en la sociedad. Pero con mayor complejidad se puede establecer una definición más precisa al distinguir “dos fuentes o tipos de requerimiento habitacional: uno de tipo cualitativo, relacionado con mejorar la calidad del parque habitacional, y otro, déficit cuantitativo, relacionado con la expansión del número de viviendas” (Arriagada Luco, Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2003, p. 7).

En este sentido, Marta Baima de Borri (1994) establece dos criterios esenciales para describir y cuantificar este déficit del stock habitacional. El primero es el índice de precariedad, que toma en consideración ciertas deficiencias por carencias constructivas o de servicios según los tipos de viviendas existentes (departamento alquilado, inquilinato, vivienda individual de tipo casa, rancho, vivienda usurpada, etc.). Tal estado de situación es observable a través de los datos censales, los cuales nos dan una primera aproximación al problema que estamos tratando.

El segundo criterio esencial para describir y cuantificar el déficit del stock habitacional es el de hacinamiento, consistente en la relación entre el número de personas que habitan una unidad y el número de cuartos disponibles (se define como “cuarto” todo ambiente donde pueda ubicarse una cama, excepto por pasillos, cocinas y baños). Se considera nivel de hacinamiento crítico a más de dos personas por cuarto.

Si entendemos la vivienda como un bien que al ser habitado se convierte en hogar, lo que la transforma en algo personal e íntimo que pasa a formar parte de la vida social como un espacio privilegiado (Cortés Alcalá, 1995), no podemos pensarla ni estudiarla al margen de la estructura social, del contexto histórico imperante y del propio estilo de vida de sus habitantes, que la cargan de símbolos de apropiación familiar. Por esto, una de las máximas expresiones de la exclusión y marginación social es la carencia de viviendas.

Siguiendo a Guillermo Cristófani (2009), durante la última década del siglo xx en Latinoamérica, conjuntamente con el resto del mundo, comenzaron a gestarse un profundo cambio y un realineamiento internacional que generaron un quiebre histórico, a partir del cual las transformaciones en los contextos político y económico impactaron fuertemente en el ámbito social al dejarlo desprovisto no solo de recursos, sino también de contención. “En materia habitacional, esto ha implicado que el déficit mundial de viviendas en los años noventa afectase a 4000 millones de personas, mientras que el déficit de viviendas en América Latina llegó a 35 millones” (Gargantini, 2005, p. 26).

Las particularidades del contexto

En el caso específico de Argentina, la población urbana ha crecido a través de los años en mayor proporción que la población total, aunque dicho proceso de urbanización no se ha desarrollado en todas las provincias en un mismo momento. En cuanto a la provincia de San Luis, a partir del censo nacional del año 2010 se obtienen los siguientes datos: entre 2001 y 2010 pasó de tener 372.849 habitantes a 456.767 (con una tasa de crecimiento anual medio del 22,8 %). En las mediciones hechas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2010) en el departamento General Pedernera –donde se ubica la ciudad de Villa Mercedes– se puede observar un alto crecimiento desde los años noventa hasta la fecha de realización del censo, que arroja como resultado la cifra de 125.899 habitantes (15.085 más que el censo anterior) y 39.540 viviendas^[1], de las cuales

• 168 son de tipo rancho, 113 son casillas y 109, piezas alquiladas;
• 2396 no poseen descarga de agua o retretes (lo que equivale a alrededor de 11.172 personas que viven sin las condiciones sanitarias mínimas);
• 220 poseen piso de tierra o ladrillo suelto, y
• 55 poseen techos de caña, tabla o paja.

Estas carencias constructivas o de servicios evidencian un índice de precariedad en las localidades que componen dicho departamento, a partir del cual es posible empezar a bosquejar una primera hipótesis sobre los fundamentos y objetivos que cimentaron el Plan de Autoconstrucción de Viviendas Solidaridad.

El análisis del índice de hacinamiento elaborado por el INDEC en el año 2010 arroja los siguientes resultados (sobre la totalidad de la provincia de San Luis).

• 15.259 viviendas en las cuales habitan entre dos y tres personas por cuarto.
• 3983 viviendas en las cuales habitan más de tres personas por cuarto.

Frente a la insuficiencia de recursos propios para participar del circuito formal, muchos hogares y muchas comunidades deben recurrir, desde una lógica de la necesidad, a arreglos informales que den solución a sus necesidades ligadas a la vivienda y al hábitat (Pautassi y Gamallo, 2015).

Es por esto que el Estado provincial ha diseñado y ejecutado políticas públicas tendientes a reducir el déficit habitacional evidenciado no solo de forma cuantitativa o numérica, a nivel porcentaje, sino principalmente de forma global, entendiendo la vivienda como un satisfactor polivalente que resuelve necesidades tanto biológicas (protección del medio natural, abrigo, descanso, etc.) como psicosociales (espacios de encuentro, relación, educación colectiva y trabajo).

El derecho a viviendas dignas

Estas son las contradicciones que en una sociedad capitalista se generan de forma continua entre una estructura económica marcada por la desigualdad y un sistema político democrático y constitucional que, al menos en lo formal, establece una igualdad de derechos entre todos los miembros de la sociedad (Castel, 1997). Por ello, la transformación que se busca a partir de la solución del problema habitacional no se limita a los efectos de un mero cambio favorable en el hábitat físico, sino a los resultados del proceso que conduce a ese cambio como experiencia de vida de sus protagonistas. Así, no solo el hábitat físico debe proveer condiciones y estímulos favorables, sino que aparece como indispensable que el proceso de gestión, que incluye la transformación de dicho hábitat, se constituya también en una experiencia social e institucional transformadora. En dicho proceso deben tener un rol participativo las juventudes locales, constituidas no solo en meras destinatarias de las soluciones habitacionales, sino también en diseñadoras, gestoras e impulsoras de propuestas superadoras que abarquen un abanico de áreas desde lo deportivo, lo cultural, lo ambiental y lo social.

De esta manera se va ganando mayor consenso en América Latina en relación con la necesidad de pensar las políticas públicas en general, y las políticas sociales en particular, como parte de las obligaciones estatales para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos (Abramovich y Pautassi, 2009).

Esta progresividad en la aproximación a la temática planteada es lo que permite al lector ir desde la reconstrucción general del contexto o escenario sudamericano hasta un conocimiento pormenorizado de las medidas ejecutadas por el Estado provincial, denominadas políticas estatales o públicas. Una política estatal es el conjunto de tomas de posiciones, tácitas o explícitas, de diferentes agencias e instancias del aparato estatal que expresan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que despierta la atención, el interés o la movilización de actores de la sociedad civil (Oszlak y O’Donnell, 1995). Combinando estas apreciaciones teóricas con los datos fácticos censales desarrollados en líneas anteriores, podemos entender por qué el Estado provincial ha desarrollado durante los últimos 30 años una importante política habitacional mediante la cual ha intervenido de forma concreta en la búsqueda de soluciones para los habitantes del suelo puntano.

Al respecto, está claro que es el Estado quien tiene la competencia, la legitimidad y la responsabilidad de intervenir en el funcionamiento de los mercados para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que atraviesan transversalmente la cuestión habitacional, así como puede distribuir recursos a los grupos de menores ingresos para facilitarles el acceso a una vivienda digna (Pautassi y Gamallo, 2015).

Resulta clave analizar críticamente las capacidades técnicas, políticas y de gestión, así como el nivel de integralidad y el grado de participación y de articulación de actores con que se gestionaron estas políticas socio-habitacionales desde el ámbito local. Identificar los modelos de gestión que actualmente llevan a cabo los gobiernos locales, así como sus impactos y aspectos críticos, resulta indispensable a fin de optimizar y potenciar modos de gestión superadores que permitan enfrentar eficazmente el grave problema habitacional que padecen muchas de las ciudades de la provincia de San Luis.

Plan de Autoconstrucción de Viviendas Solidaridad

El 23 de octubre del año 2011 se produjeron las elecciones provinciales en San Luis para definir diversos cargos, tanto ejecutivos como legislativos. Uno de ellos fue el de gobernador, para el cual resultó electo el contador público nacional Claudio Poggi con el 57 % de los votos. En el mes de febrero del año 2012, el Poder Ejecutivo a su cargo comenzó a diseñar un plan de autoconstrucción de viviendas llamado Solidaridad, junto con otro programa dentro de la misma área denominado Progreso y Sueños. Además, por medio de la modificación de la Ley de Ministerios se creó el Ministerio de Viviendas, dotado con un presupuesto propio dentro del cual se constituyó el Programa de Construcción Solidaria (área que tuvo a cargo la implementación de estos planes).

El plan Solidaridad consistió en un préstamo que el Estado hizo a una serie de ciudadanos preseleccionados, mediante el cual se les proveía de materiales para que ellos mismos construyeran sus viviendas, con el compromiso de pagarlo en 300 cuotas a un costo muy bajo. Los beneficiarios comenzarían a pagar solamente cuando su casa estuviese totalmente terminada y lista para ser habitada.

El proceso de selección de los beneficiarios se dio a través de una serie de evaluaciones interdisciplinares, con informes sobre la situación socioeconómica de cada familia preinscripta. Algunos de los factores determinantes para las adjudicaciones fueron: cantidad de hijos a cargo, madres solteras o familiares a cargo con algún tipo de discapacidad. Una vez seleccionado el grupo familiar beneficiario, se le hacía entrega de los planos con el diseño de las viviendas para orientar la autoconstrucción en un mismo sentido arquitectónico: las casas eran de dos habitaciones, con un baño y un living-comedor (en total, 120 metros cubiertos). Además, se entregaba un manual explicativo sobre cómo era la construcción, se ponía a disposición un maestro mayor de obra para guiar el proceso y se designaba un albañil que pagaba el mismo Ministerio de Vivienda.

Tanto en la sede del Ministerio como en su unidad móvil había un gabinete psicológico que atendía a los beneficiarios y los escuchaba, en busca de profundizar el incentivo en la autoconstrucción y el sentido de pertenencia con su próximo hogar.

En cuanto a los terrenos donde fueron autoconstruidas estas viviendas, eran de origen fiscal, normalmente dependientes de los municipios, que celebraron convenios de adjudicación con el Ministerio de Vivienda. La municipalidad de Villa Mercedes facilitó 100 terrenos en el Plan Lote Eva Perón 2, barrio ubicado en la zona noreste de la ciudad, hacia la intersección de la ruta n.º 8 y la autopista de las Serranías Puntanas. Si bien dicho barrio cuenta con los servicios básicos de gas, luz, cloacas y agua potable, la zona presenta numerosos problemas geográficos y ambientales. Un claro ejemplo de esto se observó con el surgimiento de nuevos ríos, producto de la desmedida desforestación de la cuenca del Morro, lo cual ha impactado considerablemente en las napas freáticas^[2] y provocado inconvenientes de saturación del suelo, acumulación de basura, anegamiento de calles y pisos, desbordes cloacales y rajaduras de paredes y techos y serios problemas de humedad. En el año 2016, cuadrillas de Vialidad Provincial y el Ente de Control de Rutas, junto con San Luis Agua, lograron controlar las napas freáticas ejecutando cunetas y canales internos en el barrio para optimizar el drenaje, pero el impacto negativo generado en el ecosistema del barrio, en la vida de las familias que lo habitan y en el valor inmobiliario de las viviendas no tiene retorno.

En el barrio Pin Pin^[3] fueron adjudicadas 70 viviendas ubicadas en cinco manzanas sobre calle Asia Extremo Oeste. En este caso en particular, y si bien se trata del plan Solidaridad, las familias no participaron de la construcción en ninguna de las etapas. Esta quedó a cargo de una empresa privada puntana, lo cual contradice en su totalidad el objeto y el espíritu de la política pública de autoconstrucción analizada. En este sentido, los adjudicatarios solo pudieron conocer sus viviendas el día en el que fueron entregadas por medio de un acto público.

Es importante destacar en este punto la ubicación geográfica del barrio, alejado del ejido urbano y lindero, en primer lugar, con uno de los principales canales de desagote de líquidos pluviales de la ciudad. A ello se le suma la ausencia de construcciones en los terrenos inmediatos, por lo cual el paisaje es agreste y ostenta serios problemas ambientales para quienes habitan las viviendas (presencia de reptiles, arácnidos y basura).

Las viviendas son de dos habitaciones, cocina-comedor y un baño, poseen cielorraso (lo cual marca una impronta arquitectónica y estética sumamente novedosa y positiva) y fueron entregadas en su totalidad con las aberturas correspondientes. En las diversas visitas realizadas fueron observados problemas estructurales generales, tales como pequeños desprendimientos de cemento y rajaduras en las paredes, filtraciones en los techos, levantamiento de cerámicos en baños y dificultades en la apertura y el cierre de aberturas.

Actualmente, las familias no cuentan con red de gas natural, por lo que alimentan sus cocinas con garrafas, ni poseen desagotes cloacales, ya que los desechos se vierten en pozos sépticos. Las calles son de tierra y se observaron serias dificultades para transitar por anegamientos cuando se producen lluvias. En cuanto al alumbrado público, se constató –por medio de declaraciones de los vecinos– que es muy precario y que el servicio se corta cuando se producen fuertes vientos.

Dificultades en la implementación

A partir de los datos obtenidos mediante diversas entrevistas realizadas a ex funcionarios del Gobierno de la provincia de San Luis y a adjudicatarios de las viviendas, sumados a la información recolectada en el estudio de notas periodísticas y el análisis de contenidos audiovisuales producidos por actuales funcionarios de esa cartera, es posible asegurar que la ejecución de este tipo de política pública ha presentado algunos inconvenientes, a partir de lo cual la Fiscalía del Estado ha abierto una investigación.

En algunas localidades de la provincia se contrataron pequeñas empresas^[4] para que terminaran las viviendas por las demoras generadas, ya que muchas de las beneficiarias eran mamás solteras que, si bien ayudaban y supervisaban la obra, no lograban avanzar de manera cuantitativa en el proceso de autoconstrucción. La contratación de estas empresas –mayormente locales, pero también de otras provincias– rompe con el espíritu de autoconstrucción del programa y evidencia un importante grado de improvisación en su implementación.

Otro inconveniente se generó con la entrega de los materiales, los cuales eran comprados directamente por el Ministerio de Viviendas (a través de su presupuesto propio) y cuyo reparto era descentralizado por los municipios. Transcurridos los primeros meses de ejecución del programa, los reclamos de los beneficiarios comenzaron a llegar a las oficinas administrativas del Estado debido a que, en ocasiones, no se entregaban los materiales indicados o se retaceaba su cantidad. Frente a ello, el Ministerio modificó la forma de entrega, para lo cual suprimió la intervención de los municipios y estableció un canal de contacto directo con los beneficiarios.

Reflexiones finales

A partir de la experiencia adquirida en estos seis primeros meses de investigación es posible concluir que el Plan de Autoconstrucción de Viviendas Solidaridad, ejecutado por el Ministerio de Vivienda de la provincia de San Luis entre los años 2011 y 2015, encuentra su plena justificación en un escenario concreto y palpable de déficit habitacional. A la elevada demanda de soluciones habitacionales, el Ministerio de Vivienda respondió con políticas concretas, que poseen un fuerte respaldo financiero y técnico del Gobierno provincial.

Uno de los aspectos más destacables de la política pública de viviendas estudiada fue la dirección que se le dio, con un claro sentido social. En esa dirección, la formación de gabinetes interdisciplinares, dependientes directamente del Ministerio de Vivienda, con el objetivo de acompañar a los beneficiarios desde el momento en que recibieron la noticia de su preselección hasta la entrega de la llave de su vivienda evidencia que estas nuevas políticas pretenden superar décadas en la consideración de las personas como meros “beneficiarios” de programas sociales de corte asistencial para pasar a su valoración en tanto titulares plenos de derechos (Abramovich y Pautassi, 2009), todo ello acompañado por el seguimiento y la presencia física de los funcionarios en los barrios donde se llevaron a cabo las obras, junto con las posteriores visitas a las familias adjudicatarias una vez habitadas las casas.

Los estados municipales, provinciales y nacionales del siglo xxi se encuentran en un proceso de modernización; esto implica generar una mayor cercanía con el ciudadano, la desburocratización de los trámites y una mayor flexibilización en la gestión para lograr así el cumplimiento de las metas y los plazos propuestos en tiempo y forma. El Plan de Autoconstrucción de Viviendas Solidaridad evidencia avances significativos en estas direcciones y muestra resultados altamente positivos en términos cualitativos.

No menos importantes son los sistemas de seguimiento y control del proceso de implementación de las políticas públicas, que otorgan a la gestión credibilidad y confianza en los diversos sectores sociales. Esto, luego, naturalmente, se traduce en un importante capital político al momento de las elecciones, lo que garantiza continuidad a los proyectos públicos de largo plazo. Es en este punto donde se evidencian las principales falencias que presentó la política de autoconstrucción analizada, ya que, si bien se generaron los mecanismos de control y se lograron corregir algunas de las dificultades presentadas, la credibilidad y la confianza de los destinatarios fue disminuyendo significativamente al ver el grado de improvisación desplegado por los miembros del equipo ministerial. Las falencias estructurales en las viviendas, su ubicación geográfica y las dificultades en el acceso a algunos servicios básicos impactan hoy de manera directa en la calidad de vida de las familias que las habitan.

En cuanto al rol de las juventudes, en la etapa de diseño del plan de autoconstrucción de viviendas no hubo participación de este colectivo. Por otro lado, es posible determinar que la mayor parte de las destinatarias del plan de autoconstrucción son jóvenes madres con mayores situaciones de vulnerabilidad, ya que, en su gran mayoría, no cuentan con el tiempo suficiente para autoconstruir su vivienda y, a la vez, ocuparse de los cuidados de sus hijos. A ello se le suman la falta de los conocimientos necesarios para edificar y la carencia de recursos económicos para superar las adversidades que se presentan durante la ejecución de la obra.

En estos aspectos, siguiendo a Becher (2018), los derechos humanos vinculados con las juventudes –en el marco de las políticas sociales– pueden constituir un aporte relevante para superar esas dificultades, revisando los planes de viviendas bajo un amplio enfoque de derechos para futuras implementaciones.

Finalmente, considero que el estímulo a las investigaciones científicas para jóvenes estudiantes universitarios es una herramienta indispensable para la formación de nuestros futuros profesionales, ya que permite contrastar la teoría incorporada durante el proceso de cursado de la carrera con la práctica realizada en el territorio y, de esta manera, genera el complemento necesario para entender los procesos y las formas de diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a efectivizar derechos humanos fundamentales como el acceso a una vivienda digna.

Bibliografía

Abramovich, V., y Pautassi, L. (2009). “El enfoque de derechos y la institucionalidad de las políticas sociales”. En: La revisión judicial de las políticas sociales. Estudio de casos. Buenos Aires: Del Puerto.

Arriagada Luco, C.; Naciones Unidas; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. (2003). América Latina: información y herramientas sociodemográficas para analizar y entender el déficit habitacional. Santiago: CEPAL.

Baima de Borri, M. (1994). Hábitat: su problemática y propuestas alternativas. Córdoba: SEHAS.

Becher, Y. (2018). “Políticas sociales y jóvenes. Aportes desde los derechos humanos”. Question, 1 (58), e044.

Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos Aires: Paidós.

Cortés Alcalá, L. (comp.) (1995). Pensar la vivienda. Madrid: Talasa.

Cristófani, G. L. (2009). El acceso a la vivienda para las familias de bajos ingresos. Recuperación urbana mediante un modelo de gestión e intervención público-privado. Tesis de maestría [inédita]. Universidad de Belgrano.

Fresina, M. (s. f.). Capa freática [en línea]. Disponible en: <https://bit.ly/3a8lLq8> [acceso: 19 de marzo de 2020].

Gargantini, D. (2005). Gestión Local del hábitat: experiencias en municipios intermedios. Córdoba: UCC.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 [en línea]. Disponible en: <https://bit.ly/3dBgs4M> [acceso: 29 de marzo de 2020].

Oszlak, O., y O’Donnell, G. (1995). “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”, REDES. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, 4 (2).

Pautassi, L., y Gamallo, G. (2015). El bienestar en brechas. Las políticas sociales en la Argentina de la postconvertibilidad. Buenos Aires: Biblos.

Universidad Nacional de San Luis (s. f.). “UNSL recorriendo su historia”. Programa Historia y Memoria, Universidad Nacional de San Luis [en línea]. Disponible en: <https://bit.ly/3dv6P7z> [acceso: 26 de marzo de 2020].

Zavala Trías, S. (2009). Guía a la redacción en el estilo APA. 6.ta ed. San Juan: Biblioteca de la Universidad Metropolitana.

---