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Capítulo I. La epidemia capitalista

Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero contante y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas […]. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma.

 

Karl Marx y Friedrich Engels

El Manifiesto Comunista

Entre 1920 y 1972, entre el catastrófico desplome de las exportaciones cacaoteras y el inicio del auge petrolero, el Ecuador vivió una lenta y pantanosa transición al capitalismo. En ese tránsito, las oligarquías dominantes debieron reinventarse. Mientras lo hacían, perdieron temporalmente el control de las clases subordinadas de las que dependían. Los viejos mecanismos que aseguraban la dominación se diluyeron, los nuevos mecanismos no terminaban de nacer, las clases subalternas ganaban autonomía. Esa debilidad momentánea, inducida por la crisis final del orden oligárquico y el nacimiento de un orden propiamente burgués, está en el origen del balance de fuerzas sociales sin el cual jamás entenderíamos el nacimiento del Estado transformista ecuatoriano. Tanto la fragilidad de las clases dominantes, como la rebeldía subalterna tuvieron distintos rostros regionales, como regionales eran las estructuras económicas y sociales que las sostenían.

El mundo

Todos los estudios de historia económica y social de América latina en el siglo XX coinciden en señalar que hacia los años 1930 se produjo un desplazamiento desde un período de crecimiento económico volcado “hacia fuera”, con predominio del sector minero y agroexportador, hasta un período volcado “hacia dentro”, con mayor importancia de los mercados internos. En este nuevo período, se produjo un desigual pero importante proceso de industrialización, de crecimiento del papel del Estado y de parcial subordinación de los sectores exportadores de bienes primarios (Cardoso y Faletto, 1969 [1967]; Thorp, 1998 y 2013; Halperin Donghi, 1980 [1969]; Cueva, 1987 [1977]; Dutrénit et al., 1989).

Semejante transformación no fue casual. Respondió a un reacomodo económico mundial. La mejor interpretación de este recambio global la proporciona el monumental estudio de Giovanni Arrighi (1999 [1994]).[1] En la primera mitad del siglo XX, el capitalismo mundial vivió la más sangrienta y prolongada crisis sistémica de su historia. Pareció que no sobreviviría. Según la interpretación de Arrighi, de esa crisis surgiría un nuevo régimen de acumulación en el sistema mundo que supuso al menos dos modificaciones cruciales. Primero, el recambio entre la hegemonía inglesa sobre el sistema-mundo y la hegemonía norteamericana mediada por una intensa y devastadora competencia con el capitalismo alemán. El paso de una a la otra supuso una modificación en la naturaleza de las empresas capitalistas que lideraban la acumulación mundial: mientras en la inglesa dominaban las empresas familiares, en la norteamericana lo hacían las grandes empresas transnacionales verticalmente integradas. El período de transición entre ambos regímenes de acumulación ocurrió entre 1914 y 1945 en medio de un caos sistémico de dimensiones colosales y treinta años de guerras mundiales.

Una segunda modificación esencial fue el paso desde un capitalismo de librecambio (inglés) hacia un capitalismo que podría llamarse, aunque Arrighi no lo llame así, “fordista-keynesiano” (norteamericano), donde el Estado asume funciones empresariales, redistribuidoras y de búsqueda de conciliación entre clases opuestas.[2] Es por eso por lo que el correlato del fin de la hegemonía inglesa fue un proceso de relativo enclaustramiento nacional y de proteccionismo económico que contrastaba con la liberalización unilateral del comercio impulsada por Gran Bretaña desde inicios del siglo XIX. Esta liberalización se sustentaba, por supuesto, en el control monopólico que Inglaterra tenía sobre los inmensos reservorios de riqueza material y de mano de obra de la India. La unificación del mercado mundial con su centro en Londres contrastó con la fragmentación del mercado mundial bajo la hegemonía estadounidense y la apertura de nuevas oportunidades para la consolidación de mercados nacionales parcialmente autónomos. El proteccionismo y el enclaustramiento nacional eran características fuertemente arraigadas en la historia norteamericana que en cierto modo se transfirieron al orden global.

El tránsito desde los regímenes oligárquicos hacia el pleno imperio del capitalismo en América Latina y en Ecuador ocurrió precisamente en el marco de este recambio económico de proporciones planetarias. Las oligarquías latinoamericanas, que correspondían con el tiempo de la hegemonía inglesa, serían sustituidas, en historias desiguales y variadas, por nuevas burguesías domésticas en conexiones diversas con los centros hegemónicos mundiales en pugna, especialmente, pero no exclusivamente, con el norteamericano.

Las oligarquías latinoamericanas que habían prosperado en el mundo liderado por el imperio británico compartían rasgos del pasado y del futuro, del capitalismo que las envolvía y de los sistemas de trabajo servil de los que dependían. Se subordinaban económicamente a los mercados capitalistas mundiales, pero, al mismo tiempo, su base productiva anclaba la mano de obra a relaciones de trabajo no capitalistas. Esta ambivalencia estructural marcó no solo a las clases dominantes, sino a toda la época. “Oligarquía” es, precisamente, el nombre que designa a esta clase social de doble faz económica; esta definición deja amplio margen para variaciones virtualmente infinitas de situaciones intermedias. Más o menos relaciones salariales en la producción, más o menos relaciones mercantiles en la circulación. Más o menos subordinación al capital inglés o al norteamericano.[3]

La crisis de 1929 y la oleada proteccionista que le siguió fue el marcador de profundas reestructuraciones en economías tradicionalmente volcadas “hacia afuera”. El modelo primario exportador concluía, y con él el tipo de Estado que le correspondía (cfr. Cardoso y Faletto, 1969 [1967]: 47). No es casualidad que la debacle del ciclo agroexportador ecuatoriano, que prosperó durante el orden británico, cayera en un sombrío túnel durante las guerras mundiales. La recuperación, tampoco por casualidad, operaría justamente cuando un nuevo orden internacional liderado por Estados Unidos pudo asegurar un mínimo de estabilidad y coherencia en los llamados “treinta años gloriosos” (1945-1975).

Señalar la crisis de los años treinta como el punto de quiebre de una época histórica no significa que la cronología del desmonte del orden oligárquico y su sustitución por órdenes burgueses sea en todos los países la misma. En algunos países empezaría antes, como en México (1910) o Uruguay (1904-1908), mientras que en otros, como El Salvador o Guatemala, sería tan tardía como los años ochenta. Pero el desmontaje se produjo en todos los países del continente. Por lo tanto, en síntesis, en América Latina entre 1910 y 1980 se produjo un movimiento histórico continental que desarmó el aparato estatal de las oligarquías y aceleró la desaparición de la oligarquía como clase. El gran crash de 1929 no fue el evento que desencadenó los cambios; fue un eslabón en una cadena de transformaciones estructurales. El jueves negro de Nueva York es ante todo un símbolo y un hito de esas transformaciones que se produjeron a lo largo de un período de transición más o menos largo y cambiante según los países.[4]

Cronología

Los estudios marxistas de los años setenta entendieron la historia del siglo XIX y XX en las coordenadas del conflicto entre una “burguesía agroexportadora” predominante en el litoral y un latifundismo oligárquico, predominante en el altiplano andino (Cueva, 1988 [1972]; Ayala, 1978; Moncada, 1998 [1975] y Moreano, 1998 [1975]). La revolución liberal se interpretaba, si no como una “revolución burguesa” en regla, al menos como el hito que marcaba el inicio del dominio del capitalismo costeño. Esa interpretación ya no puede sostenerse. Las formas de trabajo en ambas regiones combinaban relaciones serviles y salariales, por lo que las clases dominantes de la Costa y de la Sierra eran dos variantes regionales de las oligarquías terratenientes antes que dos clases sociales diferentes.[5] Por lo tanto, la revolución liberal de 1895 no condujo al predominio de la burguesía sobre el latifundismo, sino a la hegemonía de una de las fracciones regionales de las oligarquías. El orden oligárquico siempre estuvo, por supuesto, subordinado al orden capitalista mundial, y por eso ambas oligarquías buscaron siempre una modernización económica capitalista progresiva, que evitara desórdenes, resguardara su propiedad y preservara su preeminencia social. Como dice Osvaldo Hurtado:

Los datos históricos más bien apoyan la tesis de que los comerciantes costeños, junto con los latifundistas serranos participan en el ejercicio del poder desde la constitución de la República y que si bien la cuota de influencia de aquéllos aumenta con la Revolución Liberal, no se produce el desplazamiento de los propietarios agrícolas por no existir una contraposición de intereses entre estas dos “fracciones” de la clase dominante (Hurtado, 1997 [1977|: 172).

Para Hurtado, de hecho, a contrapelo de las visiones marxistas, todo el período desde 1820 hasta 1950 puede considerarse único. Lo llama, siguiendo a José Medina Echavarría, “sistema hacienda”, porque las haciendas tradicionales fueron el eje alrededor del cual giraba toda la estructura de poder de la sociedad, con el auxilio de la Iglesia católica y del sistema jurídico (Hurtado, 1997 [1977|: 57). Para Hurtado, la autoridad

protectora y opresora, autocrática y paternal creada por la hacienda se constituye en la pauta que siguen todos los que participan en una relación de mando en todo tipo de organizaciones –gobierno, municipios, empresas comerciales e industriales, entidades educacionales, movimientos políticos, organizaciones populares, etc.– en las que el paternalismo adquiere una nota distintiva. En consecuencia, los valores y actitudes creados por el sistema hacienda se proyectan en toda la vida nacional (Hurtado, 1997 [1977|: 68).

En realidad, la hacienda dominaba en la Sierra, no en la Costa, donde las oligarquías organizaron la explotación económica en plantaciones, por lo que el término “oligárquico” parece más apropiado que “sistema hacienda”. En lugar de morir abruptamente en 1950, como sugiere Hurtado, se produjo una agonía prolongada en una pantanosa y extendida transición entre 1920 y 1970.

El trabajo de Andrés Guerrero (1980) sobre las relaciones laborales dentro de las plantaciones cacaoteras y su análisis de los vínculos de los terratenientes costeños con el sector financiero asentado en Guayaquil concluye:

Esto significa que no se dio una clase terrateniente-exportadora o una clase agroexportadora [en las zonas cacaoteras]. Encontramos más bien dos clases sociales con contornos precisos, delimitados en cuanto a sus actividades económicas: los terratenientes, cacaoteros o no, y los agentes de circulación, banqueros comerciantes y comerciantes. El lugar de vinculación de estas dos clases en el terreno de la circulación no es tanto la actividad exportadora que asumen algunos hacendados personalmente sino ante todo su participación económica común en el capital de las instituciones financieras (Guerrero, 1980: 81-82).

Guerrero advierte que la oligarquía terrateniente guayaquileña, ligada como estaba a los negocios bancarios y comerciales articulados al mercado mundial capitalista, se veía lentamente transformada por las relaciones capitalistas que invadían el mundo de la producción desde la esfera de la circulación. Pero seguía siendo “oligarquía”, no “burguesía”, porque los principales mecanismos de apropiación de excedentes del trabajo seguían siendo exacciones serviles y no relaciones salariales. No por casualidad su libro se llama Los oligarcas del cacao.

A pesar de esta constatación, la mayor parte de la historiografía marxista asoció y sigue asociando la revolución liberal a algo muy parecido a una revolución burguesa. El propio Guerrero cree que, al llegar al poder con la revolución liberal de 1895, el bloque guayaquileño marcó el comienzo de la dominación del modo de producción capitalista en el país. No obstante, dado que la producción capitalista está sobredeterminada por la producción no capitalista de la renta y por el mercado mundial, el resultado es un desarrollo capitalista neocolonial y bloqueado (Guerrero, 1980: 93-95). En una línea parecida, Rafael Quintero cree que la revolución liberal de 1895 es una revolución burguesa, pero que tras la muerte de Alfaro en 1912 la burguesía dominante se transfiguró en oligarquía (1983 [1980]: V y LVI-LVII, y 340; Quintero y Sylva, 1991: I, 257; Quintero y Sylva, 1991a: 37 y 41). Esa burguesía guayaquileña habría hecho un “pacto oligárquico” con los terratenientes serranos que con reacomodos se mantendría hasta 1972. Enrique Ayala (2014: 104-105 y 125-127), en un trabajo reciente, sigue afirmando que el capitalismo se volvió el modo dominante de producción en la sociedad ecuatoriana a fines del siglo XIX gracias al auge cacaotero.

Juan Maiguashca (2012: 68-69) propone utilizar otros criterios para la periodización. En lugar de la tradicional distinción entre capitalismo y precapitalismo, propone la distinción de Giovanni Arrighi entre “incorporación nominal”, “incorporación efectiva periférica” e “incorporación efectiva no periférica”. La primera ocurre cuando en el territorio incorporado no se cambian los patrones de producción dominantes. Cuando se produce un cambio en esos sistemas de producción, pero los “enlaces internos” del nuevo sistema de producción son menos importantes que los “enlaces externos” con el capitalismo central, se produce una incorporación efectiva periférica. Es no periférica cuando los enlaces internos son más densos e importantes que los externos. Basado en los estudios disponibles y en informes consulares de varios países, Maiguashca propone que entre 1840 y 1890 la economía cacaotera favoreció esencialmente una incorporación nominal, mientras que entre 1890 y 1925 se produjo una incorporación efectiva periférica.

Esta propuesta es útil para distinguir fases dentro del período oligárquico, cuya articulación y subordinación al capitalismo mundial no fue estática, sino que indujo cambios acumulativos en las sociedades subordinadas. No obstante, entre 1890 y 1925 el cambio esencial en el personal de los grandes propietarios cacaoteros (que no eran las familias de origen colonial) no se acompañó de un cambio equivalente en las relaciones de producción: siguió predominando la producción extensiva, con pocas conexiones e inversiones en la producción y muchas en el comercio y los bancos. Sobre todo, los sistemas de trabajo siguieron basándose en relaciones de renta (“sembraduría”) para la expansión de la frontera cacaotera. Así, en cuanto a las relaciones de trabajo, la “continuidad” más que la “ruptura” predomina en el auge cacaotero de fines del XIX.[6] El cambio decisivo en las relaciones de trabajo se produjo luego del fin del auge cacaotero.

Si tomamos en serio el desafío propuesto por Maiguashca (2012: 94-95) de abordar los cambios en la configuración de las clases y del Estado en el proceso de conformación de una incorporación “efectiva” pero periférica, hay que examinar concretamente los dislocamientos experimentados durante el largo período de sustitución de las relaciones de trabajo servil por relaciones salariales. En ese momento se abrieron fisuras en los modos de dominación y en el ejercicio de la hegemonía. La desestabilización de las oligarquías en transformación, la intensidad del cambio en el trabajo rural y los resquebrajamientos que se crearon en la lealtad subalterna son esenciales para entender el surgimiento de un particular tipo de Estado capitalista periférico. Por eso la coincidencia cronológica entre el tránsito al capitalismo y la formación del Estado transformista tiene tanta relevancia.

El punto esencial es que el cambio en las relaciones de trabajo en el agro (el agro era el centro económico del país) se produjo luego del fin de la hegemonía liberal. Esta constatación coincide con la periodización de Juan Maiguashca y Liisa North (1991), de Maiguashca (1992) y de los autores marxistas de Cuenca de los años setenta, reseñados en el reciente trabajo de Ayala (2014: 42-45), como Leonardo Espinoza, que supone que el Estado oligárquico terminó en 1963, y Juan Arancibia o Gerardo Aceituno, para quienes el capitalismo se hizo dominante recién en los años setenta.

Durante toda la transición, entre 1920 y 1970, persistió la combinación de relaciones capitalistas y no capitalistas en los sistemas de trabajo. Por eso, precisamente, es una transición. La combinación vuelve difusa y arbitraria cualquier demarcación absoluta. La combinación de rasgos serviles y capitalistas en la organización de las clases dominantes es lo que explica que un autor como Agustín Cueva (1987 [1977]: 144-145) adopte la misma cronología de transición continental entre el orden oligárquico y el burgués que el adoptado aquí, y al mismo tiempo considere que el orden burgués es dominante desde al menos el último tercio del siglo XIX. Para Cueva, como para Guerrero o Ayala (y para mí también), lo que ocurre es que el orden oligárquico es ya una forma de predominio del orden burgués porque está “subordinado” a la lógica capitalista dominante a nivel global.

La dificultad en la demarcación no se agota en la Costa. El desembarco de la lógica capitalista no se detuvo en el puerto principal ni se contentó con desquiciar el comportamiento de las oligarquías costeñas. Afectó también a las oligarquías serranas. Carlos Arcos (1986: 271 y 276-278) y Carlos Marchán (1991, ver también Arcos y Marchán, 1976: 80-81) han mostrado que a partir de la construcción del ferrocarril hubo grandes esfuerzos exportadores, modernizadores e industrializadores entre los hacendados de la Sierra centro norte alimentados por el crecimiento del comercio con la Costa y por las exportaciones de textiles y alimentos a Colombia y Perú.

Difícilmente podemos mantener la vieja tesis de que los grupos económicos vinculados al negocio del cacao o, en otros términos, al mercado mundial, manifestaron con exclusividad conductas (en el terreno de la política y de la economía) que pueden ser caracterizadas como protocapitalistas, capitalistas o simplemente modernas. Como hemos observado, conductas similares tuvieron los hacendados de la Sierra […]. La difusión del espíritu del progreso y de la necesidad de crear una nueva realidad tuvo un carácter epidemial que, con diversa intensidad, afectó a toda la clase agraria dirigente del país (Arcos, 1986: 298).

Un ejemplo bien estudiado de esta epidemia entre hacendados industriales es el de Antonio Barahona, propietario de la hacienda El Deán, ligado a la producción de aguardiente y a la industria de la harina de trigo a inicios del siglo XX:

en Antonio Barahona hay dos mecanismos aparentemente opuestos: por un lado, tiene una racionalidad francamente capitalista en el manejo de sus industrias (sobre todo la molinera); y por otro lado tenemos al mismo sujeto con un comportamiento tradicional (De la Torre, 1989: 99, ver también 100-127).

Según De la Torre, en Barahona dominaba la racionalidad capitalista, que subordinaba la racionalidad tradicional. De hecho, en 1924 las grandes familias terratenientes serranas (Gangotena, Chiriboga, Larrea, Arteta, Jijón) fundaron la Cooperativa Agrícola Ecuatoriana:

[…] cuya exposición de motivos es casi un programa de modernización del mundo andino sobre la base de las siguientes ideas cardinales: fomento a la actividad de exportación, importación de materias primas y bienes de capital para transformar el aparato productivo y protección a su desarrollo industrial y agrícola (Marchán, 1991: 50).

El complejo industrial y hacendatario de propiedad de Jacinto Jijón y Caamaño es otro ejemplo de la modernización capitalista serrana. Para los años treinta y cuarenta, el complejo tenía al menos cuatro plantas industriales y cinco haciendas con sus respectivos anexos en Pichincha, Imbabura, Manabí, Guayas y Tungurahua. El capital invertido en maquinarias era diez veces mayor al invertido en tierras. La administración estaba centralizada e integrada de forma que se intercambiaban productos, se abastecían mutuamente de materias primas y circulaba la mano de obra. Los sistemas de trabajo industrial combinaban el salario con instituciones de hacienda como los suplidos para los priostazgos en las fiestas andinas. Estos suplidos se distinguían explícitamente de los adelantos de salario y se aplicaban a veces a mestizos, pero por lo general solo a los indígenas. En las haciendas, el modo de operación se basaba claramente en las relaciones tradicionales de renta en trabajo. Más importante aún, las haciendas proporcionaban los trabajadores para las industrias, puesto que, al cumplir la mayoría de edad, hijos o familiares de los peones y huasipungueros pasaban a trabajar en las fábricas luego de un proceso de selección. A pesar de esta combinación de sistemas de trabajo, Manuela Sánchez, que estudió el funcionamiento laboral y comercial del complejo, asegura que dominaba la racionalidad capitalista (Sánchez, 2015: 151-173).[7]

En una palabra, la oligarquía terrateniente serrana vivía también, como la costeña, una mutación estructural lenta y desigual pero persistente. La epidemia capitalista se esparcía sin descanso en ambas regiones.[8] En los Andes, como en las plantaciones del litoral, predominaban relaciones laborales serviles pero se detectaba, especialmente cerca de Quito, la penetración de la racionalidad capitalista, de relaciones salariales y de las inversiones en maquinaria moderna. La diferencia estribaba no tanto en la ausencia de relaciones sociales capitalistas en la Sierra, sino en la más limitada exposición al mercado mundial, como sugiere la propuesta de Maiguashca (2012). Aunque los industriales y terratenientes serranos nunca renunciarían a llegar a los mercados externos, su desarrollo terminó siendo más dependiente de la progresiva expansión del mercado interno. El trabajo de Marchán (1991: 57) argumenta que los terratenientes e industriales serranos intentaron preservar la política monetaria favorable a la promoción de exportaciones durante la crisis de 1930 y que su posterior vuelco hacia al mercado interno fue el resultado de la imposibilidad de lograrlo en un entorno internacional desfavorable de caos mundial por el reflujo del librecambio inglés que se desmoronaba por todas partes mientras era sustituido por un mundo norteamericano más proteccionista y enclaustrado sobre sí mismo. Volcarse al mercado interno fue un refugio, no un anhelo. Sea cual fuere su origen, esta menor dependencia del mercado internacional protegió mejor a las oligarquías serranas de la devastación provocada por crisis cacaotera y por el fin de la época mundial a la que su auge había correspondido.

Un detalle adicional abona a favor de la idea de que se trata de dos fracciones regionales de una misma oligarquía terrateniente en un lento y desigual proceso de transformación en burguesías. Todos los estudiosos de la revolución liberal concuerdan en afirmar que sus realizaciones fueron extraordinariamente limitadas en cuanto a la abolición de las relaciones serviles (Ayala, 1994: 203-208; Quintero y Sylva, 1991: I, 255-290; Cueva, 1988 [1972]: 22-28; Hurtado, 1997 [1977]: 132-142). La Ley de Beneficencia (o Manos Muertas) de 1908, que llevó una parte importante de las haciendas de la Iglesia a manos del Estado, atacó el poder del clero, pero no cambió las relaciones de trabajo dentro de esas haciendas, ahora manejadas por la Asistencia Social y entregadas en arriendo a terratenientes serranos (anexo I.29). Para Carlos Arcos (1986: 281), esa medida incluso fortaleció a la aristocracia terrateniente serrana, porque la dotó de mayores bases territoriales y de mayor autonomía frente a la Iglesia. Un ejemplo que ratifica esta tendencia fue denunciado en 1939 por la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI): las haciendas de Muyurco y Pesillo en Cayambe, entregadas al arrendatario Sr. José Rafael Delgado, en 18 años de arrendamiento ha sacado provecho como para comprarse la hacienda Paluguillo en 600 mil sucres y la hacienda Pinantura en un millón 200 mil sucres.[9] La misma opinión tenía, en 1948, el director del Departamento de Administración de Predios Rústicos del Ministerio de Previsión Social, Alfonso Zambrano Orejuela, cuando afirmaba que “las más destacadas y novedosas fortunas privadas del País tuvieron su origen en el arrendamiento de predios de la Asistencia” (en Pérez Guerrero, 1948: II, 71).

La abolición del concertaje (1918) fue una medida poco más que simbólica que borró del lenguaje una palabra, pero mantuvo casi intactas las relaciones serviles que designaba (Guerrero, 1991: 46-47). Sin duda, la medida más revolucionaria del liberalismo en la economía ecuatoriana fue la construcción del ferrocarril, que dinamizó el comercio interno, rasgó el aislamiento de regiones enteras y horadó el orden oligárquico contribuyendo a la expansión de las relaciones capitalistas de producción (Deler, 2007 [1980]: 261-273 y 294-315).

Como se puede ver, los liberales consideran que el progreso del país es el resultado de la construcción de obras públicas y de la ampliación de la educación principalmente técnica, y en este sentido son los continuadores del modelo económico concebido por García Moreno y practicado por los “progresistas” (Hurtado, 1997 [1977]: 92-93).

Los limitados esfuerzos por llevar a cabo una transformación radical de las relaciones de trabajo en el agro se explican mucho mejor si consideramos a la revolución liberal como la expresión de una fracción de la oligarquía terrateniente (costeña) que compartía intereses básicos con la otra gran oligarquía regional ecuatoriana, la serrana. Su revolución tuvo realizaciones importantes en la esfera de la creación del Estado laico, pero no en las relaciones de producción, aunque se inmiscuyó en las relaciones laborales dentro de las haciendas (Ayala, 1994: 203-286; Clark, 2007 y 2012). Considerada atentamente, la revolución liberal ecuatoriana cumplió tareas análogas a las llevadas a cabo por la Reforma mexicana tras la aprobación de la Constitución liberal de 1857. Sus realizaciones se parecen mucho menos a las de la Revolución mexicana de 1910 (Katz, 2003 [1985-1990]). Más que una anticipación del siglo XX, la revolución liberal ecuatoriana fue una tardía conclusión del siglo XIX.

El auge bananero de 1940 a 1960 tuvo un efecto mucho mayor que la revolución liberal en la modernización capitalista de las relaciones de trabajo. Recordemos que en la conceptualización de Osvaldo Hurtado el desembarco del banano es lo que marcaría el inicio de la reestructuración del eje de poder, dando origen al surgimiento del Ecuador moderno y capitalista (pero dependiente).

Los dueños de las haciendas tradicionales, cultivadores de cacao, café y arroz, para poder conservar sus trabajadores, en algunos casos se ven obligados a pagar salarios o a arrendar sus tierras para así mantener sus rentas, con lo cual los antiguos precaristas finqueros se transforman en peones libres o en pequeños empresarios. Para 1954, los jornaleros independientes ya representan alrededor del 52% del total de familias agricultoras de la Costa (Hurtado, 1997 [1977]: 190).

Además, a diferencia de las plantaciones bananeras centroamericanas, la producción de la fruta en Ecuador no formó un enclave, sino que sus efectos multiplicadores se difundieron por la incorporación de una gran cantidad de pequeños y medianos productores que adoptaron sistemas de trabajo asalariado en mezcla con trabajo familiar (Larrea, 1987b: 73; Larrea, 1987a: 48-52). Aunque las grandes empresas no dominaron la producción, influyeron en la modernización capitalista del agro costeño. José de la Cuadra, en sus observaciones etnográficas sobre el campesino montubio, registra tan tempranamente como 1937 el efecto modernizador de las compañías bananeras extranjeras:

Faltan hombres. Es la verdad. Porque ni siquiera queda el recurso de traerlos del interior: al bracero serrano no lo tienta ya el salario montuvio […]. Se satisface el hacendado con achacar la culpa a las compañías agrícolas extranjeras. Ellas pagan, por ahora, salarios un tanto más altos a los braceros y éstos en un regular porcentaje de los que abandonan las haciendas originarias, acuden a tales compañías (De la Cuadra, 1996 [1937]: 59).

El crecimiento de la producción y exportación de banano produjo una aceleración del cambio social y económico de la Costa, en donde se disolvían rápidamente las relaciones de trabajo servil.

Metamorfosis

La explicación del surgimiento del Estado transformista debe empezar por la descripción de la fragmentación regional de las oligarquías dominantes y sus efectos en las relaciones de poder durante la transición al capitalismo. Importa resaltar dos características. Primero, las formas específicas de la reconversión de las oligarquías afectaron la coherencia de sus posiciones políticas y económicas, pero no coagularon en la formación de una o varias “fracciones” industrialistas o modernizantes que tuvieran contradicciones con “fracciones” tradicionales.[10] A pesar de ser afectados desigualmente por la modernización capitalista y a pesar de los contradictorios intereses nacidos de sus configuraciones regionalizadas, no hubo obstáculos insalvables para llegar a compromisos entre sí. Segundo, el trastrocamiento de los grupos económicos dominantes fue regionalmente diferenciado y tuvo efectos decisivos sobre la llamada “crisis de lealtad” de los sectores subalternos. La catastrófica debacle de la oligarquía cacaotera contrastó con la reconversión paulatina y progresiva de las oligarquías terratenientes serranas. Mientras que lo peor del desastre ocurrió en la Costa entre 1920 y 1945, el debilitamiento progresivo de las oligarquías serranas ocurrió ante todo entre 1945 y 1960. Inversamente, las oligarquías serranas se fortalecieron en la primera fase de la transición, mientras las costeñas lo hicieron en la segunda. Esta suerte diferenciada y sucesiva de ambas oligarquías hizo que las relaciones sociales paternalistas y violentas que caracterizaban el agro ecuatoriano y que sustentaban el orden patronal se perdieran también en momentos sucesivos, primero en la Costa y luego en la Sierra centro norte.

Juan Maiguashca y Liisa North (1991: 95-108) han proporcionado la más notable panorámica de las bases económicas regionalmente diferenciadas de la crisis hegemónica del período, al tiempo que rechazan la idea de una crisis homogénea causada por la caída dramática de las exportaciones del cacao.[11] En su lugar, entre 1920 y 1950 se produjo un proceso de diversificación económica regionalmente diferenciado. La caída de la producción cacaotera en la Costa debilitó el monopolio de los grandes propietarios. La diversificación de cultivos para el mercado que emergió entonces estaba mucho menos concentrada espacial y socialmente: surgirán cultivos para exportación de café, ingenios azucareros, campesinos aparceros de arroz, extracción de tagua y una incipiente explotación de petróleo. Entonces, si la crisis del cacao alentó dislocaciones dramáticas, lo cierto es que también aumentó la autonomía económica de los pequeños y medianos propietarios rurales.[12]

Simultáneamente, en la Sierra se produjo un modesto pero real proceso de industrialización sustitutivo de importaciones desde los años treinta, particularmente visible en los textiles. Además, ocurrió una modernización y subdivisión de haciendas cerealeras y ganaderas destinadas a la leche, en parte estimulado por la demanda de alimentos en la Costa, que ya no podía importarlos desde el extranjero.[13] En la Sierra sur y central, creció desde fines de los años treinta, luego de una crisis severa, la exportación de sombreros de paja toquilla, y la expansión del mercado de alimentos costeño pudo ser cubierta en parte por pequeños y medianos agricultores orientados al mercado.

Siguiendo a John Uggen (1993 [1975]: cap. V, pp. 47-58), Maiguashca y North (1991: 99, 100, 103 y 108) llamaron al efecto político de estos desplazamientos económicos regionalmente diferenciados la “crisis de lealtad” o la “crisis de la autoridad paternal”. Según estos autores, “la crisis y la reorganización de las economías de las tres regiones abrieron grietas en las relaciones sociales existentes, así como en las lealtades y en el control político”. Aunque los desafíos fueron de diferente tipo en las tres regiones, en todas ellas se produjo algún tipo de fisura en la autoridad de los poderosos.[14] El trabajo de estos autores es un punto de partida fundamental para la interpretación que sigue. Su énfasis en la disección de las diferencias regionales de la estructura agraria y del carácter regionalmente diverso de la “crisis de la autoridad paternal” es iluminador. Su interpretación, sin embargo, no destaca apropiadamente un detalle decisivo: existió un “desacople temporal” entre la crisis de lealtad en la Costa y la crisis de lealtad en la Sierra norte. Este dato es crucial para el argumento general sobre el Estado transformista. Los grupos dominantes regionales no perdieron la lealtad de sus subalternos al mismo tiempo. Su reconversión y el restablecimiento de su autoridad también se produjeron en períodos sucesivos. Esta historia regionalmente desacoplada configurará el balance de poder de toda la transición. Este capítulo se dedica al debilitamiento y reconversión de las oligarquías, mientras que en los dos siguientes se analiza su significado para la lealtad de los sectores subalternos.

En la Costa

En el período que va de 1920 a 1944, la mayor crisis ocurrió en la Costa por el derrumbe de la producción y la exportación cacaotera (anexo I.15 y sobre todo I.19). John Uggen (1993 [1975]: cap. IV, pp. 33-46) ha mostrado que esta crisis no solo significó el derrumbe de la producción, sino que condujo a una verdadera sustitución del personal de la elite dominante en la zona económicamente más importante para la oligarquía terrateniente guayaquileña. La formación de los grandes latifundios en el lugar no era muy antigua: databa de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente desde 1870, y estuvo estrechamente asociada a la expansión cacaotera de 1890 a 1914 (Uggen, 1993 [1975]: 19 y cap. III, pp. 18-32).

¿Qué surgió de la crisis? Según Uggen, en primer lugar, y ante todo, una diversificación de las elites de poder. Si diez familias controlaban la cúspide del poder bancario y agrario en 1914, para 1950 todas las viejas haciendas cacaoteras se habían parcelado, vendido y distribuido entre intereses azucareros (donde perduraron algunos accionistas del antiguo Banco Comercial y Agrícola en 1937 en la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos), de comerciantes arroceros, bananeros, inmigrantes libaneses y empresas extranjeras. El mismo cambio de elites fue advertido por Sabine Fischer (1986: 54-61) en la propiedad de los ingenios azucareros, que ella designa como “desaparición de la fracción terrateniente” en la industria azucarera.

Estos datos confirman nuestra hipótesis sobre la desaparición de la fracción terrateniente en la industria azucarera debido al golpe que ésta sufrió con la crisis cacaotera, a pesar de sus inversiones en otras actividades. En resumen, los ingenios pertenecientes a esta fracción en 1910 desaparecen o pasan a propiedad de otras fracciones de capital en los años treinta (Fischer, 1986: 56).

Rafael Guerrero, otro estudioso de la industria azucarera, plantea que hubo incluso conflictos de intereses alrededor de la política monetaria entre el capital azucarero y la fracción agroexportadora, lo que dio origen a una nueva fracción de capital industrial (1979: 72-77). Quizás sea una conclusión exagerada, pero está claro que el desplome del cacao liberó tierra y trabajadores a bajo costo para la expansión y el desarrollo de plantaciones de caña de azúcar y de ingenios azucareros, ahora basados en trabajo asalariado. Algunos grandes cacaoteros entraron al negocio del azúcar, como las familias Durán y Morla, pero en esencia se trató de un nuevo grupo económico (Guerrero, 1979: 79-84)

Lo mismo fue constatado en los años sesenta en la zona norte de la cuenca del Guayas, en Santo Domingo de los Colorados, donde se instalaron nuevas fincas bananeras. Muchos de los nuevos propietarios eran de origen urbano y de clase media. El informe CIDA (1965) revela que, en Santo Domingo, de los 71 entrevistados, solo 31 eran agricultores con anterioridad (citado en Redclift, 1978: 50). El reciente y detallado estudio de Roque Espinosa (2014) confirma que entre los arroceros se produjo el mismo cambio de elites desde los años 1920.

[Este trabajo] intenta salir de enunciados generales que suponen, sin justificación alguna, que existe una oligarquía que se mantiene (poco menos que inmodificada) a lo largo de buena parte del siglo XX. En este sentido, pone en tela de duda esta categoría que pesa sobre la política nacional, en la idea de que, durante este período, surgen sectores dominantes regionales nuevos que sustituyen a los “gran cacao” y se convierten, a partir de ese momento, en los sectores más poderosos del Puerto Principal (Espinosa, 2014: 30, énfasis en el texto; ver también cap. 11 y 14).

En efecto, las piladoras y las fábricas procesadoras del arroz surgieron inicialmente en los años veinte a partir de pequeños y medianos capitalistas urbanos de Guayaquil, pero progresivamente en los años treinta fueron incorporándose capitales de los bancos y del comercio para finalmente ser controlados en los años cuarenta por un pequeño grupo de exportadores del puerto (Espinosa, 2014: 106, 150 y 282). Entre ellos destacó Luis Noboa Naranjo, un ambateño desligado de las oligarquías tradicionales con quienes mantuvo relaciones contradictorias de competencia, asociación y desprecio mutuo. Noboa se reconvertiría exitosamente en los años cuarenta desde la declinante exportación de arroz a la exportación de banano y se volvería la figura dominante del empresariado costeño de la época (Espinosa, 2014: 286-300; ver también Conaghan, 1988: 33-35). Los conflictos, la competencia y finalmente la victoria de Noboa sobre Enrique Gallardo, ligado al Banco la Previsora y a la familia Estrada, de vieja alcurnia oligárquica liberal, simboliza la sustitución de las viejas oligarquías del boom cacaotero. Espinosa describe a Noboa como “un advenedizo sin arte ni parte”, mientras que Gallardo “no es un comerciante como su oponente; es un terrateniente industrial, para quien el comercio es solamente una prolongación de sus actividades principales” (Espinosa, 2014: 299).

En el segundo período de la transición, entre 1945 y 1960, la situación empezó a cambiar decisivamente. En primer lugar, a partir de los inicios de la década de 1940, pero más claramente hacia el fin de esa década agitada, la tierra en la Costa volvió paulatinamente a ser valiosa por la expansión de las plantaciones de caña para los ingenios azucareros, el crecimiento de la producción bananera para la exportación y la ampliación del mercado interno y externo para la producción arrocera (anexo I.19).[15] Se produjo entonces una situación doble para las nuevas elites empresariales regionales. John Uggen (1993 [1975]: 41) resume la doble suerte de las elites empresariales de la Costa sur y central:

Los nuevos ricos no pertenecían a la vieja elite agraria sino al nuevo sector empresarial surgido del colapso de la economía cacaotera. Los miembros de este grupo, los Jouvín, Cisneros, los Tous, los Febres Cordero, los Marcos Aguirre, los Ponce Luque, los Quirola, los Castro Benítez, los Encalada, y los Valdés, representaban la fracción industrial de capital que había prosperado con la expansión de los ingenios y el boom bananero, con sus conexiones con el capital extranjero. Y es precisamente este sector empresarial moderno, que opondrá la más fuerte resistencia a la reforma agraria en el Guayas. Los sobrevivientes de la vieja elite agraria, los dueños de los fundos cacaoteros no absorbidos en la expansión bananera y azucarera, como los Baquerizo, los Cucalón, los Plazas, y los Ycaza, serán los que sucumben al asedio campesino (Uggen, 1993 [1975]: 46).

Entre los nuevos productores que buscaron ocupar los territorios abandonados por la vieja oligarquía cacaotera, figuraban empresarios urbanos sin tradición agropecuaria, migrantes extranjeros, profesionales de las ciudades costeras, pero también algunos colonos campesinos provenientes de otras provincias de la Costa y, sobre todo, de la Sierra.[16] Esta nueva elite empresarial, ligada a la industria, a los negocios urbanos y a la intermediación y la exportación, abandonó parcialmente el intento de dedicarse a la producción agropecuaria directa y se concentró en la intermediación, la exportación y los acuerdos de compra adelantada de la cosecha con los propietarios pequeños y medianos. En efecto, lo que Roque Espinosa y Michael Redclift observan en el arroz, es decir, una lucha inicial por el control de la tierra con arrendatarios y pequeños y medianos propietarios, junto con una migración de los grandes empresarios (como Noboa Naranjo) hacia el comercio, la intermediación y la exportación, ocurrió también con el banano. El auge bananero vino a consolidar y dar un descollante peso económico nacional a grupos que venían creciendo, articulándose y recomponiéndose desde inicios de la década del cuarenta (Maiguashca y North, 1991: 125-6, Burbano, 2010: 268-269 y 281-282). Los estudiosos del banano calculan que en los años 1950 solo el 20 % de la producción ocurría en grandes plantaciones de grandes empresas. Pero la concentración del comercio y la exportación era abrumadora:

Detrás de esta estructura “democratizada” de la producción, detrás de la multiplicidad relativa de casas de exportación –hasta unas cincuenta– en 1954, cinco compañías principales (dos de Estados Unidos, una de ellas filial de la United Fruit, dos alemanas y una chilena) controlaban el 80 % de las exportaciones (Deler, 2007 [1980]: 343; ver también Conaghan, 1988: 38-39).

A partir de 1954, Luis Noboa Naranjo fundará su propia compañía exportadora de banano y casi monopolizará la exportación (Conaghan, 1988: 41). Steve Striffler (2002) nos ofrece una estupenda y detallada ilustración de esta evolución con el caso de la Hacienda Tenguel, de la United Fruit Company. La secuencia siguió el siguiente patrón: aparición de nuevas elites empresariales, en este caso extranjeras; desencadenamiento de conflictos con los arrendatarios y ocupantes de antiguas haciendas cacaoteras; la reconstrucción de la autoridad patronal con los trabajadores asalariados; y, finalmente, la reinvención de la relación con los campesinos que se quedaron con parte de las tierras gracias al control del comercio de exportación y mediante la multiplicación de los contratos de compra adelantada de la pequeña producción bananera independiente.

En esta evolución regional, bien ejemplificada por el caso de Tenguel, hay un efecto adicional de importancia crucial. Gracias a la concentración en la actividad bancaria, la intermediación y la exportación, se produjo una diversificación del portafolio de inversiones de las grandes empresas. Esto llevó, a partir de los años cincuenta, a una progresiva unificación de las nuevas elites empresariales de Guayaquil (Conaghan, 1988: 57). A partir de un fino estudio de sus conexiones empresariales, familiares, sus acuerdos gremiales y su acción política desde fines de los años cincuenta, David Hanson (1971: 83 y 87) concluye:

El control y la propiedad empresarial tiende a ser más centralizada en la Costa. Varias familias de empresarios tienen la propiedad parcial o completa de una amplia gama de empresas. Estos “imperios” individuales también se unen entre sí en muchos puntos a través de la participación conjunta en varios negocios comunes […]. El poder crece por la complementariedad de la influencia de los participantes. Esta asociación empresarial incluye a los administradores de los cinco principales bancos de la Costa, La Previsora, el Banco de Descuento, el Banco de Guayaquil, la Sociedad General y el Banco Territorial. También incluye a los principales exportadores que controlan la mayor parte del comercio exterior del país y los administradores de las compañías de seguros, que hacen muchas de las inversiones de largo plazo.[17]

Con el crecimiento del mercado interno urbano y de los pequeños productores asalariados de la Costa, el único grupo intermediario guayaquileño que perdió muchas de sus batallas económicas a favor de productores nacionales de distintas regiones fue el de los importadores, que vio surgir barreras arancelarias, protecciones y prohibiciones a lo largo de los años cincuenta (Conaghan, 1988: 39-41). Algunos de ellos se rindieron a la evidencia y se diversificaron hacia la producción nacional. Pero lo esencial del poder económico regional (y nacional) quedó en manos de los comerciantes, exportadores y banqueros. En la Costa no se produjeron “fracciones” dentro de la clase dominante, sino la emergencia de un solo grupo empresarial altamente integrado y unificado. Además, para mediados de los años 1950, había superado a la Sierra: era ya, de nuevo, la región económica más importante (anexo I.18).

En síntesis, para inicios de los años sesenta, los nuevos grupos empresariales costeños habían tejido lazos de alianza entre sí y se habían unificado al tenor del nuevo auge exportador y las nuevas actividades agrícolas y de intermediación, mucho más diversificadas que en la época cacaotera. Además, aunque muchos sufrían conflictos por la tierra, estos afectaban, ante todo, a los representantes de las viejas elites en decadencia. Las nuevas elites tejieron acuerdos con los pequeños y medianos productores para abastecer los cargamentos de exportación. Las condiciones eran propicias para una reconstrucción, aunque fuera parcial, de la lealtad subalterna en la Costa.

El resumen de los vaivenes de las oligarquías dominantes costeñas no es difícil de hacer. El colapso de la oligarquía cacaotera en la década de 1920 y su virtual abandono de las haciendas aumentaron la autonomía económica de los campesinos montubios que ocupaban las tierras de las antiguas haciendas al tiempo que las reconvertían a la producción arrocera, bananera, cafetalera y cacaotera de pequeña escala. Se produjo una sustitución de las antiguas elites cacaoteras por nuevos empresarios de cuño moderno, urbano, formado a veces por extranjeros. Con el auge exportador del arroz y el banano y el crecimiento de la producción para el mercado interno de azúcar y arroz, se produjo entre 1945 y 1960 un proceso de unificación de las elites costeñas articuladas alrededor del negocio de la intermediación y el comercio exportador. Se intensificó también la competencia por la tierra, que subió de precio, entre nuevos empresarios y pequeños y medianos productores costeños. Aunque se forjaron algunas nuevas grandes propiedades territoriales, el conflicto se saldó con el reconocimiento de que el medio más exitoso para subordinar a los pequeños productores agrarios era controlar la intermediación, asegurar la compra anticipada de las cosechas y la habilitación. Así, para fines de la década de 1950 la Costa era de nuevo, como en el auge cacaotero, el motor económico del país; contaba con una producción más diversificada y con una nueva elite dominante más moderna y unificada.

En la Sierra

La cronología de la crisis y la reconversión oligárquica en los Andes fue exactamente inversa. Las oligarquías terratenientes preservaron su fortaleza económica entre 1920 y 1945; empezaron a vivir las señales de su muerte entre 1945 y 1960. La crisis cacaotera de 1920 la fortaleció, favoreciendo su diversificación económica hacia las industrias livianas y agroalimentarias:

La economía de la Sierra, al menos en los Andes centrales y septentrionales, prácticamente estuvo relativamente a salvo, o fue incluso favorecida por una crisis del sistema agro-exportador. En efecto, la agricultura andina suministraba, esencialmente, productos de primera necesidad para el mercado interno –alimentación de base o materias primas que servían para la fabricación de artículos de consumo corriente– cuya demanda, aun en el período de crisis, no era susceptible de reducción más allá de cierto límite (Deler, 2007 [1980]: 325).

Hubo, pues, un estímulo a la producción local y al comercio interno de alimentos y vestido porque la crisis exportadora de Guayaquil y la Costa debilitó la capacidad regional de importación y acrecentó la demanda de alimentos provenientes de la Sierra. En esta primera fase de la transición, se aceleró la diversificación de la vieja elite terrateniente. Un grupo de terratenientes serranos extendió sus intereses empresariales hacia la industria textil:

Mientras se fundaron 53 establecimientos industriales en el curso de los 20 primeros años del siglo y se registraron otros 66 en los años 1920, en el curso de los años 1930 se crearon 141 establecimientos industriales nuevos […]. Durante el período 1925-1940 fue en la Sierra donde se produjo el desarrollo industrial más significativo, con el crecimiento de las ramas principalmente textil y alimenticia (Deler, 2007 [1980]: 326; ver también Luna, 2013 y Sánchez, 2015).

Como dice David Hanson (1971: 113-144), la mayor parte de la industria textil se creó antes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta los años sesenta era controlada por la vieja elite terrateniente:

La industria textil es una de las más antiguas del Ecuador. Los primeros molinos de construyeron en los años 1920. Solo seis de los 24 molinos actualmente en operación fueron construidos después de la segunda guerra mundial […]. Los industriales textiles tienen un mayor status entre la elite de la Sierra que los otros grupos industriales. Las dos más grandes corporaciones son controladas por familias terratenientes bien establecidas. Lorenzo Tous, administrador de La Industrial Algodonera, casado con la familia Cordero, y miembros de la familia Mena Caamaño son los mayores accionistas de La Internacional el mayor molino de lana. La Fábrica Chillo-Jijón S. A. es manejada por Manuel Jijón Caamaño y Flores, miembro de la más aristocrática de todas las familias de la Sierra. Otra familia terrateniente, los Pinto Dávila, posee siete molinos. Solamente dos molinos son propiedad de una familia inmigrante, los Dassum. Apenas un molino, Textiles Nacionales S. A., es parcialmente propiedad de intereses norteamericanos.

Aunque los terratenientes aprovecharon y se favorecieron por el modesto auge de esta primera fase de la transición, hubo algunas zonas donde la pequeña propiedad independiente logró prevalecer. Fue el caso en Otavalo, Tungurahua y Cuenca, donde la pequeña producción agrícola sirvió de base económica para una diversificación hacia la artesanía, las manufacturas, la pequeña industria y el pequeño comercio. El caso más conocido fue el de los sombreros de paja toquilla en Cuenca, que incluso llegó a representar el 23 % de las exportaciones nacionales en 1945 (anexo I.17). Pero debe resaltarse también el caso de la provincia de Tungurahua, donde, en esos años, el mercado de Ambato floreció y centralizó la producción regional que se dirigía tanto a Guayaquil como a Quito controlada parcialmente por pequeños productores que se desdoblaban económicamente y fungían también como comerciantes y arrieros (Ibarra, 1987; Bromley, 1976; Ospina et al., 2011).

En síntesis, entre 1920 y 1940, las oligarquías serranas protagonizaron una importante, progresiva y lenta modernización capitalista. En el sector agrario, donde residía su base de poder económico, esa modernización convivió con relaciones de trabajo servil como el huasipungo, el arrimaje y la yanapa.[18] Entre mediados de la década de 1940 e inicios de la de 1960, se aceleró el cambio económico y aumentaron las relaciones laborales salariales, pero la convivencia con formas serviles de trabajo se mantuvo. Este segundo período, sin embargo, conoció la erosión de la unidad, la influencia política y el prestigio social de las oligarquías terratenientes serranas.

En primer lugar, se produjo un aumento del peso de la pequeña propiedad independiente. Las cifras de población ocupada indican que en los años cincuenta creció la población serrana dedicada a la agricultura junto a un crecimiento de la pequeña y mediana propiedad independiente. El Censo Agropecuario de 1954 muestra una altísima concentración de la propiedad agraria: 719 propiedades de más de 500 hectáreas (el 0,3 % del total) concentraban el 49 % de las tierras, es decir, más de 1 470 000 hectáreas.[19] Sin embargo, al mismo tiempo aparecieron en la Sierra más de 40 000 propiedades de entre 5 y 100 hectáreas de un total de 259 000 explotaciones censadas. Este cambio ocupacional y este crecimiento de la mediana propiedad se explican en buena parte por la apertura de vías de comunicación que habilitó tierras para la colonización en las zonas subtropicales de las provincias serranas. En 1953 se abrió completamente la carretera Latacunga-Quevedo-Manta, pero la colonización crecía conforme se abría la trocha; en 1954 se abrió la Cuenca-Durán y la Cuenca-Machala, y en 1959, la Quito-Santo Domingo-Esmeraldas (Deler, 2007 [1980]: 349-350). El auge bananero hizo posible la expansión vial, la expansión vial descomprimió la presión demográfica en la Sierra y, al hacerlo, debilitó paulatinamente el control terrateniente sobre la mano de obra.

Refiriéndose al Oriente, el presidente Camilo Ponce explicaría la lógica política de la expansión vial: descomprimir la presión demográfica sobre la Sierra permitiendo el flujo migratorio de los colonos. En el “Día del Oriente”, el 12 de febrero de 1957, en las puertas de la Amazonía, Ponce decía con vehemencia:

Estas grandes selvas, estos ríos magníficos, las entrañas de la tierra dónde quién sabe cuántas riquezas se guardan, minerales, petróleo, posibilidades de progreso […] tenemos que excavar el suelo con el vigor del músculo y tenemos que destruir la selva y dominarla y combatir las pestes y tenemos que abrir las carreteras, para que afluya el exceso de la población serrana hacia sus tierras vírgenes y feraces (Ponce Enríquez, 1957: 43-44).

Sabemos hoy que la expansión colonizadora hacia los declives orientales de la cordillera andina tuvo que esperar unas décadas más, pero en los cincuenta se produjo una expansión colonizadora hacia los declives occidentales de la cordillera. Un factor adicional agravaba la presión demográfica en la Sierra dejando corta la descompresión mediante la colonización. No solo había un crecimiento demográfico exponencial en las zonas rurales de la Sierra, sino que los grupos terratenientes serranos con mejores condiciones de mercado llevaron a cabo desde los años cuarenta una importante diversificación hacia la ganadería lechera, que tenía la ventaja de requerir poca mano de obra permanente. Esta es la industria de alimentos que floreció en el período, lo que dio como resultado el aumento de la mano de obra sobrante (Barsky, 1984: 46-51 y caps. V y VI, pp. 89-122).

Aunque la ganadería era menos exigente en cuanto a la calidad de las tierras, la verdad es que los mejores terrenos, más planos y con mejor infraestructura, empezaron a usarse para la producción lechera como respuesta lógica (pero no ecológica) a su mayor rentabilidad (anexo I.8). La tradicional producción cerealera y de tubérculos de las haciendas serranas fue desplazada cada vez más hacia las zonas altas y sufriría la competencia de los granos importados. El propósito mencionado por Velasco Ibarra de fomentar la expansión ganadera para reducir la erosión no se cumplió.[20] Al contrario, aumentó, porque los cultivos más exigentes se trasladaron a tierras más altas, con mayor pendiente y menor calidad. Esta evolución, que implicó desplazamientos de campesinos dentro de las haciendas, tuvo el efecto de aumentar la presión campesina sobre la tierra.

Lo que interesa resaltar es que los cambios acumulados que se aceleraron en los años cuarenta y cincuenta debilitaron en lugar de fortalecer a la oligarquía terrateniente serrana. Para algunos investigadores la aceleración del cambio económico, mercantil y tecnológico llevó a la diferenciación de la clase terrateniente en varias “fracciones” distinguibles. Así lo cree Oswaldo Barsky (1984: 51-54, 78-87), para quien se formaron cuatro grupos de hacendados, dos modernos (centrados ante todo en la agroindustria lechera) y dos más bien tradicionales, cuyos contornos eran perceptibles en el debate sobre la ley de reforma agraria entre 1959 y 1964, unos impulsándola y otros resistiéndola.[21] Estas fracciones tenían, pues, expresión política desde fines de los cincuenta.

Andrés Guerrero (1983: 50-80) cuestionó la tesis de Barsky. Su argumento es que la multipropiedad hacía que un mismo hacendado pudiera tener simultáneamente tanto haciendas modernas como tradicionales en distintos lugares, a veces complementándose productivamente. Además, el entrelazamiento familiar de los dueños de haciendas hacía que esa combinación fuera mucho mayor que la que puede suponerse con la simple revisión de la propiedad formal de terratenientes individuales. Por último, la variedad de situaciones producidas en el funcionamiento de las haciendas por el avance del capitalismo no se reducía al efecto diferenciador de la modernización tecnológica, sino que incluía muy especialmente la variación del tipo de mercados de trabajo, fuertemente fragmentados, con el que cada hacienda debía lidiar. La situación variaba fuertemente según la intensidad de la migración de trabajadores o según la existencia de una competencia de oportunidades de empleo urbano cercano, y también según el tipo de recursos que la hacienda poseía. Así que la acumulación de “situaciones de transición desigual” impedía la cristalización en una o dos fracciones terratenientes que impulsaran por su propia iniciativa la reforma agraria. Para Guerrero, lo que ocurrió es que, cuando la situación política forzó la reforma (a partir de 1959), hubo hacendados que la resistieron con mayor flexibilidad, mientras que otros la resistieron más torpemente; pero todos buscaron resistirla adecuándola a los intereses terratenientes. Liisa North (1985: 433-443) coincide con Guerrero contra Barsky en que la clase terrateniente actuó como un bloque homogéneo en la consideración de las leyes de reforma agraria, una vez que resultaron inevitables: “La clase terrateniente manejó las dos reformas agrarias [de 1964 y 1973] de tal forma que las convirtió en su opuesto: en contrarreformas” (North, 1985: 441).

Ambos autores, Barsky y Guerrero, aceptan que había haciendas con más inversión de capital para la producción lechera. La discrepancia consiste en saber si formaron fracciones diferenciadas que operaran en el campo político y especialmente que una de ellas impulsara, por su propia iniciativa, la reforma agraria. En el capítulo III ofreceré mi propio balance de esta discusión sobre las fuerzas motoras de reforma agraria; por el momento, para los fines de este capítulo, lo que interesa saber es si la oligarquía terrateniente serrana se debilitó por una división en fracciones con intereses políticos dispares, o si la acumulación de diferenciaciones económicas en su interior la debilitó sin que cristalizaran fracciones de clase. La segunda opción es más verosímil.

En efecto, los datos de Guerrero (1983: 66-68) confirman que había un sector terrateniente diversificado en actividades capitalistas en la industria, la banca y el comercio (no menos de un cuarto de los grandes propietarios rurales a inicios de los años cincuenta). Su observación es que, en lugar de formar una “fracción” modernizante diferenciada, los intereses de la vieja oligarquía terrateniente estaban fusionados y distaban mucho de ser contradictorios con los de la moderna burguesía serrana, con quienes podían impulsar (y de hecho impulsaban) un modelo junker de modernización capitalista. Ninguno ansiaba los conflictos y desórdenes de una reforma agraria.

Liisa North (1985: 443) confirma esta posición al referirse al cuadro más amplio, no solo de la diferenciación terrateniente, sino de la diferenciación dentro de todo el espectro empresarial serrano y ecuatoriano. La estrecha asociación entre las elites tradicionales y los empresarios dedicados a la industria desafía la interpretación que sugiere la emergencia de una fracción industrial o modernizante. Refiriéndose a todo el país y no solo a la Sierra, apunta:

Para resumir, el triple efecto de la superposición de las inversiones en varios sectores de la economía; la estructura del mercado para bienes industriales, y la alianza con el capital extranjero, sofocaron la emergencia de una fracción industrial independiente y progresista entre los grupos industriales líderes. Esto no niega la existencia de industriales progresistas cuya producción se destina a la expansión del mercado nacional, o la emergencia de “nuevos” grupos industriales. Lo que sí indica es que ellos representan una minoría (de quienes sabemos muy poco) subordinada a la tendencia dominante.

Afirmar que no cristalizaron fracciones con intereses divergentes dentro de las oligarquías serranas no significa que estuvieran unificadas o que mantuvieran su fuerza social y política intacta. Al contrario. Las “situaciones variadas de transición desigual” de las que habla Guerrero y el detallado estudio de David Hanson (1971) que fuera usado para arribar a las mismas conclusiones por North (1985: 429-431) sugieren que los empresarios serranos no disponían, en la coyuntura crítica de 1960, de la misma unidad e integración que estaba alcanzando la burguesía costeña gracias al monopolio y la concentración económica del negocio exportador. En contraste con la poderosa unificación de las nuevas elites de la Costa en los años sesenta, Hanson (1971: 90-120) resalta la dispersión y relativa debilidad de los empresarios de la Sierra. Quito ya no tenía, para los años cincuenta, el mismo poder económico que Guayaquil, y, lo que es peor, el balance demográfico se había modificado a favor de la Costa. La capital no tenía tampoco el poder unificador del control monopólico del comercio de exportación e importación, por lo que el peso relativo de Quito sobre la Sierra era mucho menor que el de Guayaquil sobre la Costa. Además, en la Sierra no se produjo ninguna sustitución de elites, análoga a la ocurrida en la Costa luego de la debacle cacaotera. Por lo tanto, las nuevas comunidades de empresarios alemanes, centroeuropeos y judíos que se instalaron en Quito a mediados del siglo XX, concentradas en la importación, el comercio y los textiles, se insertaron en un medio más competitivo con las elites tradicionales. Estas nuevas comunidades empresariales se integrarían con el tiempo a los grupos dominantes locales e incluso llegarían a sustituirlos, pero para 1960 estaban dispersos y débilmente integrados.

Los más grandes comerciantes de Quito se encuentran generalmente en una situación más competitiva y menos organizada que sus contrapartes de Guayaquil. El comercio parece estar de alguna manera más equitativamente distribuido entre casas independientes en competencia (Hanson, 1971: 108).

La razón de esta mayor dispersión empresarial estribaba en una menor integración vertical del capital, no en la conformación de fracciones con intereses diversos:

La propiedad conjunta de las empresas es menos común en la Sierra que en la Costa. Esto restringe sustancialmente las posibilidades de desarrollo de imperios empresariales entrelazados como los que se encuentran en la Costa […]. Una “oligarquía” de “elites interiores” no emerge de estos pocos grupos de empresarios. Aunque los grupos más grandes incluyen a la más grande aerolínea, el banco más grande de la Sierra, el molino más grande y la más grande de las empresas de productos farmacéuticos, los administradores involucrados en estas empresas no parecen ser especialmente importantes ni en el mundo empresarial ni en el mundo político de la Sierra. Solo el banco y los molinos textiles están en posición de ejercer un poder económico significativo sobre los otros hombres de negocios ecuatorianos (Hanson, 1971: 118; ver también Maiguashca y North, 1991: 127).

Esta imagen contrastada del fraccionamiento empresarial en la Sierra frente a la unificación en la Costa es una fotografía estática de una situación cambiante. Lo que ocurría en realidad es que los grupos empresariales de la Sierra estaban viviendo un momento de aceleración del proceso de diferenciación, reacomodo y adaptación al desarrollo económico capitalista en una forma más paulatina que la vivida por la Costa en forma catastrófica entre 1920 y 1945. Semejantes reacomodo y diferenciación se acentuaron entre 1945 y 1960 con la intensificación de los cambios demográficos, la presión para la modernización de las haciendas y el aumento de las conexiones mercantiles por la mejora de las vías de comunicación ya no solo por donde pasaba el ferrocarril, sino en muchos puntos independientes, debido al decidido impulso estatal a la extensión de la red de carreteras.

Un factor adicional de fragmentación de las oligarquías serranas fue el rigor de la crisis de la paja toquilla en la Sierra sur a fines de los años cuarenta:

El valor de esas exportaciones [de paja toquilla] bajó catastróficamente de 82 millones de sucres en 1946 a 49 millones en 1947 y el empleo decayó [de 80 mil personas] a 27 mil personas en 1954 […]. Así, el número de tejedores urbanos disminuyó dramáticamente de 23.500 en 1944 a 7 mil en 1954 (Maiguashca y North, 1991: 114; ver también el anexo I.17).

Basándose en el trabajo de Brownig sobre la Sierra sur, Maiguashca y North sugieren que esos trabajadores independientes volvieron a caer bajo el control de las elites terratenientes locales. Es posible que la fortaleza relativa de las elites conservadoras de Cuenca se explique en parte por el control que ejercieron sobre las instituciones estatales de “reconstrucción” regional en los años cincuenta que canalizaron importantes recursos estatales para la reconversión económica territorial (ver también North, 1985: 430-431). Lo importante para la argumentación precedente es que aumentó la fragmentación serrana por la ampliación del poder autónomo de la elite terrateniente e industrial de Cuenca frente a la de Quito debido a la forja de una alianza con pequeños y medianos productores independientes en desgracia, algo sin equivalentes en la Sierra norte, pero con una réplica más pequeña en el enclave de pequeños productores y comerciantes de Tungurahua, en la Sierra central.

Estamos en condiciones de hacer una síntesis. La cronología del debilitamiento y reconversión de las oligarquías terratenientes en la Sierra es enteramente distinto al de la Costa. En la primera etapa de la transición al capitalismo (1920-1944), se produjo un auge relativo por la expansión del mercado interno y el impulso a la diversificación industrial, sobre todo de textiles. Pero la aceleración de los cambios a partir de la segunda mitad de los años cuarenta produjo una mayor movilidad y autonomía de la mano de obra serrana por la ampliación de las zonas de colonización en los declives occidentales de la cordillera y por una reconversión económica de algunos terratenientes hacia la ganadería y el procesamiento de lácteos. Se debilitó entonces la capacidad de la hacienda serrana para seguir siendo el eje del poder social regional. Con el cambio económico acelerado por la expansión bananera, en la segunda etapa de la transición (1945-1960) ningún grupo empresarial serrano estuvo en posición de ocupar un puesto dominante frente al resto de grupos empresariales. Aunque los bancos tenían una posición privilegiada, no alcanzaban ni remotamente el grado de concentración de los exportadores y banqueros de Guayaquil. La dispersión y fragmentación de la oligarquía serrana fueron menos abruptas que en la Costa, pero igualmente decisivas. Ocurrió, además, dos décadas después, cuando las burguesías costeñas estaban ya en condiciones de tomar el relevo.


Esta periodización del desarrollo capitalista asume que el orden oligárquico se conservó y consolidó durante la república liberal (1895-1924).[22] La crisis cacaotera (1920) y la Revolución Juliana (1925) iniciaron el declive de ese orden, lo que llevaría a la paulatina emergencia de un Estado transformista “moderno”, lleno de significativos arcaísmos propios del período anterior y de su reinvención en la naciente sociedad moderna. Una primera fase de la transición (1920-1945) sería catastrófica, marcada por la inestabilidad política, la agitación social y la crisis económica. Una segunda fase, entre 1945 y 1960, tendría mayor estabilidad política, sostenido crecimiento económico del sector exportador y una reinvención de los mecanismos que soldaban la lealtad de los sectores subalternos ante los nuevos grupos dominantes. El punto crucial de esta periodización es que la transición al capitalismo coincidió con el fenómeno que en la historia política ecuatoriana se conoce como el “velasquismo”, es decir, el predominio del caudillo José María Velasco Ibarra (1933-1972). Ambos, la transición al capitalismo y el velasquismo, se correspondieron casi milimétricamente en el tiempo.

A nivel continental, en cambio, la transición al capitalismo, la “emergencia de las masas” y los dislocamientos sociopolíticos que los acompañaron han sido asociados al surgimiento turbulento de los nacionalismos y los populismos latinoamericanos, desde Getúlio Vargas hasta Lázaro Cárdenas, pasando por Juan Domingo Perón. No es raro que en los debates historiográficos ecuatorianos la figura polifacética y enigmática de Velasco Ibarra haya sido a veces asociada al mismo período y al mismo fenómeno. Este trabajo sugiere que la opción velasquista representó una respuesta diferente a la misma pregunta planteada por la época a escala global. Puesto que fue diferente a los nacionalismos populares, a aquello que se ha etiquetado bajo el rótulo de “populista”, el velasquismo no debería ser asociado a este término, al menos no en el sentido que le otorgó la sociología clásica latinoamericana. Este trabajo se esfuerza por especificar la particular naturaleza de la respuesta velasquista a los desafíos de la época tanto en la forma en que “integró a las masas”, como en el Estado que contribuyó a construir. Para cumplir ambas tareas, el transformismo utiliza mecanismos diferentes de los utilizados por los corporativismos asociados al populismo clásico. Lo que explica la diferencia entre los corporativismos y el transformismo es el distinto balance de poder entre grupos subalternos y grupos dominantes.

La caracterización de las oligarquías dominantes regionales que sufrieron el embate de la epidemia capitalista está completa. El debilitamiento diferenciado de las oligarquías agrarias tradicionales de la Sierra norcentral y de la Costa marcó el origen del Estado transformista ecuatoriano entre 1920 y 1960. Este debilitamiento nació de una reducción catastrófica de su poder económico, en un caso, y de una erosión lenta de los sistemas de trabajo que las sostenían, en el otro. Como efecto de la crisis “arriba”, entre los dominantes, ocurrió una crisis de lealtad “abajo”, entre los subordinados, que paulatinamente los llevó a cuestionar el conjunto del orden oligárquico tradicional en el agro, como reseñaré en los dos capítulos siguientes. Este debilitamiento de la lealtad de los subalternos siempre fue incompleto. Aunque ocurrió en todas partes, conoció sus momentos más agudos en cada región en períodos sucesivos de tal manera que, cuando la oligarquía de la Costa perdió el control de las cosas, la de la Sierra pudo aumentar el suyo; y cuando esta última lo perdió, los nuevos grupos empresariales de la Costa, junto a los todavía débiles empresarios serranos de cuño capitalista, estuvieron en mejores condiciones de recomponer su ascendiente sobre las clases subalternas de sus respectivas regiones.

Las oligarquías regionales en crisis y reconversión no llegaron a fragmentarse lo suficiente como para formar fracciones enfrentadas entre sí. En lugar de diferenciaciones económicas transversales, prevalecía la fragmentación regional. En la Costa, luego de superada la debacle de 1920, para 1960 se había formado una poderosa unidad al interior de las nuevas clases dominantes regionales. En la Sierra, luego de una poderosa unificación en los años veinte, para 1960 los grupos dominantes regionales habían sufrido diferenciaciones múltiples y desiguales que los debilitaron e impidieron una unificación similar a la que estaba viviendo su contraparte costeña, pero tampoco cristalizaron en fracciones con intereses económicos dispares. Semejante configuración estructural los predisponía a buscar acuerdos entre sí. Pero esos acuerdos debían ser inestables y cambiantes como lo era la situación. Aunque había una identidad de intereses subyacente, las oligarquías regionales se debilitaron sucesivamente y se enfrentaron a desafíos alternados desde abajo. Casi naturalmente tendieron a protegerse mutuamente cuando el otro estaba débil o se veía amenazado. La actitud, bastante unificada, ante la reforma agraria de 1964 y toda la coyuntura de agitación previa, lo confirman.

No fue, por supuesto, un juego de desplazamientos enteramente planeados ni alegremente aceptados mientras brindaban por la inteligencia de las cartas que hacían las bondades de su juego. Lo que ocurrió fue un vacío de poder por el cual ninguno de los sectores dominantes podía ejercerlo de manera estable o directa. En ese vacío, o, más exactamente, en ese equilibrio inestable de los grupos dominantes regionales, es donde el poder relativo de los militares y del caudillismo solitario de Velasco Ibarra adquirió su dimensión decisiva. Antes de examinar a estos nuevos actores, hay que completar el panorama de las condiciones estructurales. Falta analizar cómo estas reestructuraciones y transformaciones oligárquicas se anudaban con la rebeldía y la autonomía de los sectores subalternos.


  1. Para el período aquí considerado, cfr. especialmente pp. 288-390. Sobre el origen de la idea de “regímenes de acumulación” y su aplicación al capitalismo del siglo XX, cfr. Aglietta (1979); Lipietz (1987). Ver también Harvey (1998 [1989]: cap. 7 al 11). Una crítica a la teoría de la regulación francesa en Brenner y Glick (2003).
  2. El uso de la etiqueta “fordista-keynesiana”, aunque inventada por la escuela de la regulación francesa, fue popularizada por Harvey (1998 [1989]).
  3. Compárese con la definición, mucho más precisa, de Agustín Cueva: “Entendemos por etapa oligárquica aquella fase caracterizada por el dominio de los ‘junkers’ locales y la burguesía “compradora”, en alianza con el capital monopólico ubicado fundamentalmente en los sectores de la actividad primario-exportadora” (Cueva 1987 [1977]: 144).
  4. Para una crítica de la idea de la crisis económica de 1930 como la causa del fin de los Estados oligárquicos, cfr. Dutrénit et al. (1989) y Thorp (1988 [1984]). Sobre la cronología variable según países del fin de la época oligárquica en América Latina, cfr. Cueva (1987 [1977]: 144-145).
  5. La oligarquía cacaotera y financiera costeña ha sido objeto de al menos tres estudios de gran calidad: Guerrero (1980), Crawford (1980) y Chiriboga (1980). La oligarquía de la Sierra centro norte ha sido estudiada por CIDA (1965), Sylva (1986), Trujillo (1986), Guerrero (1975, 1991), De la Torre (1989), Marchán y Andrade (1986).
  6. La descripción de los sistemas de trabajo en los períodos 1840-1890 y 1890-1925 se encuentra en Maiguashca (2012: 76-79 y 86-89). En realidad, la descripción de Andrés Guerrero (1980: 24-54) sobre los sistemas de trabajo predominantes en el segundo período es esencialmente la misma que Maiguashca ofrece para el primero.
  7. La misma constatación del proceso de modernización capitalista ha sido resaltada en la industria textil serrana por el trabajo de Milton Luna (2013).
  8. Andrés Guerrero (1975) era perfectamente consciente de la intrusión de relaciones capitalistas en las haciendas serranas, como mostró su análisis basado en la información del famoso informe CIDA (1965) en los años previos a la reforma agraria: para entonces las haciendas serranas con sus formas serviles de extracción de renta se articulaban, combinaban y subordinaban al capitalismo.
  9. “Los arrendatarios de Asistencia Pública se enriquecen y los indios perecen de Miseria”, Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 11, 27 de abril de 1939.
  10. En Ecuador aplica la observación de Torres Rivas (2011: 163): “En Centroamérica se produjo lo que se conoce como la diferenciación funcional en el interior de la misma clase y no la diferenciación contradictoria entre clases. Y apareció el burgués trípode, con un pie en la agricultura de exportación, otro en el sector industrial y el tercero en el comercial financiero”.
  11. Fue precisamente Juan Maiguashca quien introdujo los análisis regionales en el país a partir del año 1985 con el “proyecto Ecuador”, que publicó cuatro volúmenes hasta 1994.
  12. Ver el mismo razonamiento y datos económicos adicionales en De la Torre (1997: 57-80).
  13. Ver también al respecto De la Torre (1997: 63) y Deler (2007 [1980]: 324-327).
  14. Con algunas variantes, los tres últimos párrafos fueron retomados de Ospina (2006: 153-154).
  15. Las principales referencias sobre la evolución de la industria azucarera costeña siguen siendo Fischer (1983: especialmente caps. 3, 4 y 5) y Guerrero (1979). Sobre la reforma agraria y la estructura social marcada por el “precarismo”, a medio camino entre el arriendo en especies y la aparcería en las zonas arroceras, es insustituible el trabajo de Redclift (1978: 47-93), aunque ahora tenemos el importante trabajo de Espinosa (2014). Lo que sigue está basado en los hallazgos de estos autores.
  16. Catherine Conaghan (1988: 44) menciona que la inversión extranjera antes de 1960 solo fue importante en la minería, el petróleo, la exportación de banano y en sectores como la farmacéutica. La inversión en Guayaquil de migrantes individuales extranjeros asentados en el puerto es más importante que la de firmas con residencia fuera del país.
  17. La Previsora y el Banco de Descuento tenían el 70 % de los activos del sistema financiero nacional en los cincuenta, mientras los bancos quiteños Pichincha y de Préstamos solo tenían el 30 % (Burbano, 2010: 268; Miño, 2008).
  18. Huasipungo era el nombre de un lote de terreno entregado en usufructo dentro de los linderos de la hacienda a cambio de un cierto número de jornadas de trabajo. Arrimaje era una relación entre el huasipunguero y otras personas, usualmente familiares, que aprovechaban mediante aparecería y otros acuerdos las tierras del huasipungo mientras el trabajador se ocupaba en tierras de la hacienda. La yanapa era la obligación de trabajos para el hacendado a cambio de uso de páramos, pastizales, leña y otros beneficios de la hacienda.
  19. De ellas, aproximadamente 100 000 hectáreas eran propiedad de la Junta de Asistencia Pública, es decir, del Estado; cfr. “Memorándum para la Comisión del Banco Internacional”, sin fecha [parece de octubre de 1953], preparado por Stevo Kluic, inspector técnico de las Haciendas de la Asistencia Pública, Actas de la JCAP, Libro 856. Cuando ocurrió la reforma agraria en 1964, había 133 000 hectáreas en manos de la Junta (Becker y Tutillo, 2009: 87). Para los datos del Censo, cfr. Barsky (1984: 43) y un detalle en los anexos I.7, I.8 y I.9.
  20. “Tenemos que concentrar nuestra actividad en la región más rica [la Costa] y tratar de mejorar las actividades agrícolas en nuestra Sierra cuya zona cultivable está casi agotada. Se le pidió a la Sierra todo lo que pudo dar, pero no se le ayudó, no se le entregó nada. La Sierra tiene que fomentar la ganadería, resolviendo así uno de los problemas más graves del País –la escasez de carne y leche– y procurar un descanso en los terrenos empobrecidos por la erosión” (Velasco Ibarra en Balance, 1946: 236).
  21. Barsky (1984: 81-82) cita en apoyo a su tesis a Gonzalo Ortiz y Fernando Velasco, que también hablan de “fracciones” modernizada y tradicional de los hacendados en sus análisis del agro serrano. La referencia de base para esta tesis es la distinción entre cuatro tipos de haciendas que hizo el Informe CIDA (1965: 50-60), entre las que se cuenta la “hacienda moderna emergente”.
  22. Obviamente, en una cronología más fina (que no puedo analizar aquí en detalle), la época liberal tiene dos períodos diferentes: el de la Revolución Alfarista (1895-1912) y el de la plutocracia (1912-1924), cfr. Ayala (2014: 131-133).


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