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Capítulo III. El hierro en el alma

La crisis de la lealtad en la Sierra (1920-1960)

Como todo revolucionario sabe,
las víctimas deben llenar de hierro sus almas

 

Barrington Moore Jr. (1978: 467).

La lenta y desigual metamorfosis de las oligarquías agrarias tradicionales dislocó las relaciones de deferencia y autoridad de los grupos subordinados en la Costa como en la Sierra. Como efecto de la crisis “arriba”, entre los dominantes, ocurrió una crisis de lealtad “abajo”, entre los subordinados. Pero la atrofia de la lealtad no afectó simultáneamente a ambas regiones. En la Sierra rural, las cifras del conflicto social abierto indican un pico de rebeldía en las décadas de 1920 y 1930; una caída en los años 1940 y un nuevo rebrote a fines de los años 1950. Una cronología semejante a la de la Costa. Este capítulo argumentará que es necesario distinguir entre la abierta movilización social contra el Estado y la rebelión contra las haciendas y los terratenientes. Cuando introducimos esta distinción crucial, la imagen cambia. El incremento de movilizaciones, levantamientos y huelgas en la Sierra durante la primera etapa de la transición (1920-1940) obedeció a un amotinamiento generalizado contra el Estado; mientras que, en la segunda etapa, entre 1940 y 1960, se incubó lentamente la acumulación los agravios que llevaría al cuestionamiento del sistema de autoridad paternal de los hacendados andinos. La rebeldía subalterna se nos aparece, entonces, cronológicamente invertida en ambas regiones. Esa sucesión temporal tendrá efectos decisivos porque facilitará el relevo entre las oligarquías regionales: mientras unas se debilitaban, otras se fortalecían. Al final pudieron sortear el desafío subalterno sin perder el control del país.

Los perfiles del conflicto: las haciendas

A primera vista, las cifras del conflicto rural en la Sierra parecen señalar una aguda confrontación contra el sistema de hacienda, que acumula el doble de episodios de antagonismo abierto que el Estado. Pero es una imagen engañosa. En primer lugar, varios de los conflictos contra las haciendas entre 1920 y 1949 ocurrieron en propiedades de la Asistencia Pública, es decir, en propiedades del Estado (13 de 43, anexo II, disponible en https://bit.ly/30Wm9q6). El minucioso estudio de las movilizaciones en las haciendas públicas de Cayambe de Mercedes Prieto (1980: 123) concluye: “El enfrentamiento de los campesinos en sus luchas es fundamentalmente con el Estado”. No es casual. Algunos factores facilitaban la expresión de la protesta en las haciendas estatales. En primer lugar, y ante todo, los arrendatarios no podían ejercer el paternalismo característico de los hacendados titulares, por lo que su autoridad y sus funciones sociales menguaban (Prieto, 1980: 110-111). Como dice Víctor Bretón (2012: 61): “El paternalismo servía de anclaje ideológico de la dominación”. Pero el paternalismo es un modo de dominación muy exigente en tiempo, dedicación y conocimientos que solo se adquieren luego de una larga socialización y por el fuego de la práctica (Bourdieu, 1991 [1980]: 195-216). Cuando fallaba en las haciendas privadas, llevaba más frecuentemente a la huida que a la rebelión (cfr. la hacienda el Deán analizada por Guerrero 1991: 288-293). En segundo lugar, en las haciendas del Estado había constantes intervenciones de funcionarios y mayores facilidades para la interacción con activistas externos.[1]

No hay duda de que una parte de la conflictividad rural en la Sierra entre 1920 y 1940 debe relacionarse con los conflictos por tierras y agua. El crecimiento de la demanda de productos por parte de las ciudades de la Costa aumentó el valor de las tierras y el agua, especialmente en la Sierra central y sur, transformadas profundamente por la dinamización mercantil ligada al ferrocarril. La crisis cacaotera redujo las importaciones, lo que llevó al aumento de los precios de los alimentos producidos en el país. Mientras la provincia de Bolívar cayó en el ostracismo, alejada de los itinerarios marcados por la línea férrea, la provincia de Tungurahua aumentó la producción y el valor de las tierras, y se atizaron los conflictos entre haciendas y comunidades. En esa provincia los campesinos mestizos e indígenas resistieron exitosamente la ofensiva de recuperación de tierras por los grupos patronales, y la zona se decantó por un predominio de la pequeña y mediana propiedad, con riego, en las tierras de los valles central y oriental (Ibarra, 1987: 71-80; Ospina, 2011: 47-96). La valoración final de Hernán Ibarra (1987: 80) sobre las rebeliones en Tungurahua es pertinente: “Fueron levantamientos y protestas aisladas que no buscaron un cuestionamiento al orden gamonal”. Ibarra los considera conflictos “defensivos” porque trataron de evitar el avance de la propiedad terrateniente. Hay que reconocer, sin embargo, que levantamientos “defensivos” fueron también los que jalonaron la historia de Morelos en México en los primeros tiempos de la revolución de 1910. En Ecuador, como en México, el conflicto defensivo hubiera podido desembocar en una ofensiva que hubiera desmontado el orden gamonal. Pero semejante desenlace no ocurrió. ¿Por qué?

La clave de la respuesta se encuentra en el papel secundario que tuvo la demanda por la tierra en la conflictividad rural del período. Sigo en esto la interpretación de León Trotsky, que destacó tempranamente el hecho de que, en contextos precapitalistas como el de la Rusia zarista, la rebelión tendía a generalizarse solamente cuando la demanda por la tierra se volvía dominante. Su descripción del conflicto rural durante los tiempos agitados de la Revolución rusa tiene notables paralelismos con la situación ecuatoriana en la transición al capitalismo:

Al estallar la insurrección de Febrero [de 1917], la lucha contra la expoliación en los arriendos se convirtió en el eje del movimiento campesino. Menor lugar, aunque también considerable, ocupaba la de los obreros agrícolas, que los enfrentaba no solo con los propietarios nobles, sino también con los campesinos. El colono pugnaba por alivianar las condiciones del arriendo, el obrero, por mejorar las condiciones del trabajo. Uno y otro partían de reconocer al señor como propietario y como patrón. Pero desde que se abrió la posibilidad de llevar las cosas hasta el fin, es decir, de apoderarse de las tierras e instalarse en ellas, el campesino pobre ya no se interesó en los arrendamientos, y el sindicato comenzó a perder su fuerza de atracción sobre los obreros agrícolas (Trotsky, 1972 [1929]: II, 402; énfasis añadido).

En Ecuador, la mayor parte de los conflictos entre haciendas y comunidades, fuera en tierras de arrendatarios, o en tierras de propietarios privados, se centraron en demandas por la mejora de las condiciones laborales, es decir, se enfocaron en aumentos salariales o limitación de abusos. Casi nunca se desbordaron hacia la lucha por la tierra de las haciendas, cuestionando la propiedad y el patronazgo terrateniente. Recordemos que la legislación posterior a la revolución liberal se enfocó en regular las relaciones laborales dentro de las haciendas (Clark, 2004 [1998]). El liberalismo no disolvió ni expropió los latifundios; se limitó a favorecer la contratación libre y la movilidad de los trabajadores. Entre otras cosas, estableció que el trabajo de mujeres y niños no era parte de las obligaciones de los huasipungueros; sus jornales debían ser pagados aparte, por lo que muchos conflictos de esos años trataron de reconocer el trabajo no pagado de las mujeres (Prieto, 2015: 37-38, 78-79, 81-82). Los conflictos de esos años se atuvieron a los límites de la legislación laboral liberal; raras veces implicaron una abierta condena al sistema de huasipungo o al control territorial de las haciendas (Becker y Tutillo, 2009: 60 y 194). Como dice Prieto (1980: 112-113) refiriéndose al ciclo de organización y protesta en las haciendas estatales de Cayambe entre 1926 y 1948:

Las reivindicaciones tienden a reformular el sistema de la hacienda, sin cuestionar la propiedad de la tierra; sin abolirla […]. Los sindicatos que estudiamos presentan un carácter ambiguo. Se desarrollan en el contexto de relaciones tradicionales –con las características antes anotadas– pero su acción no llega a cuestionar el fundamento del sistema de hacienda en el período que contemplamos. Su accionar es reivindicativo y reformista [énfasis agregado].

Durante este período, a pesar de que las haciendas del Estado eran el “eslabón más débil” (Prieto, 1980: 127) del sistema hacendatario, ni siquiera allí se rompió la cadena. El estudio de Becker (1999: 61) sobre la más importante huelga del período en Cayambe, en 1930 y 1931, que fuera considerada el clímax de la agitación comunista en la zona, concluye lo mismo:

Es interesante notar que la reforma agraria no formó parte del pliego de peticiones […]. Sus demandas giraban en torno a los temas tradicionales de la clase trabajadora y tenían que ver con salario y condiciones de trabajo.[2]

Lo mismo afirma Kim Clark (1999: 89-90), a pesar de que su estudio documenta algunas tácticas de ocupación lenta de tierras y de apropiación del ganado de los arrendatarios de las haciendas de la Junta de Asistencia Pública: “Los indios en los años treinta concentraron sus demandas en sus derechos como trabajadores más de lo que se enfocaron en la reforma agraria como un elemento central de sus peticiones y movilizaciones”.

Puesto que las reformas legales posteriores a la revolución liberal apuntaron a regular las relaciones dentro de las haciendas sin cuestionar la gran propiedad, era natural que esto abriera resquicios para una lucha legal exitosa, pero moderada, por parte de los indígenas. Debe notarse, sin embargo, que en algunas ocasiones el conflicto rebasaba las demandas iniciales y despuntaba un oculto desafío a la propiedad terrateniente. El conflicto en la hacienda Tolontag, propiedad de la JCAP en la parroquia de Píntag, al oriente de Quito, es ejemplar de estas demandas laborales que evolucionaban hacia la demanda por tierras.[3] Nos bastará reseñar la información del inicio del conflicto, en 1934 y 1935, aunque sabemos que su resolución duró hasta por lo menos el año 1946 (Clark, 1999 y 2007; Prieto, 2015). Los trabajadores se quejaban de los abusos laborales cometidos por el arrendatario, José Izurieta. Aproximadamente 120 trabajadores hombres con sus mujeres e hijos estuvieron involucrados. A juzgar por las reivindicaciones laborales de Tolontag, hacia 1934 el pago de un jornal adicional al huasipungo no era obligatorio, aunque se pagara en muchas haciendas. El 27 de diciembre de 1934 un informe de una visita de funcionarios del MPST a Tolontag muestra el ambiente de indisciplina existente y devela un conflicto subyacente por las tierras:

Hay un hecho especial que merece tomarse en cuenta, y es el arbitrario procedimiento de los indios para dividir potreros por medio de zanjas, sin dudas, con el exclusivo objeto de adueñarse de las partes zanjadas. El señor Izurieta [el arrendatario] manifiesta que en ningún momento ha dado consentimiento para ello y que le admira este procedimiento, por cuanto los terrenos de los indios denominados huasipungos están en el corazón mismo de la hacienda y en terrenos especialmente hábiles para el cultivo (f. 28).

La clásica táctica de “arrimar las ovejas” a las cercas y los páramos de la hacienda: “azanjar el huasipungo”. Por el trabajo de Kim Clark (1999 y 2007: 97-103), sabemos que los indígenas de Tolontag terminaron pidiendo que la Junta de Asistencia Pública arrendara la tierra a los trabajadores o que los considerara prioritariamente en caso de parcelación. No tuvieron éxito, y la hacienda pasó a ser administrada directamente por la Junta.

Hay otro ejemplo de pleito laboral que revela un sordo conflicto subyacente sobre la propiedad de la tierra. También ocurrió en una hacienda de la Asistencia Pública, la de Zumbahua, en Cotopaxi. Aunque el arrendatario en su exasperación se quejaba de que los indígenas actuaban como si la hacienda les perteneciera, la agenda de lucha se aferró constantemente a resquicios legales, peticiones y derechos posteriormente reconocidos en el Código del Trabajo (Becker y Clark, 2004: 8-9). En Zumbahua había un conflicto doble.[4] Por un lado, los dirigentes del Cabildo de Maca Grande, comunidad libre colindante con la hacienda, se quejaban por linderos y por el hecho de que los antiguos peones de Tigua, en ese momento agrupados en una cooperativa, siempre habían pagado arriendo de pastaje y ahora ya no querían hacerlo. Es decir, se trató de una controversia sobre recursos del páramo y sobre linderos entre una comunidad libre (Maca) y una hacienda propiedad del Estado. El segundo conflicto fue el más largo, difícil y enredado. Los 299 trabajadores de la hacienda se quejaban en 1938 de las normas laborales del arrendatario, el general Francisco Gómez de la Torre. La Comisión del MPST, que visitó la hacienda el 6 de mayo de 1939, encontró una lamentable indisciplina general. En esencia, los indígenas pedían que se diera cumplimiento a la resolución del MPST del 15 de julio de 1938 que reformó los contratos de trabajo vigentes en mayo de 1929 y que prohibía la labor de mujeres e hijos menores y obligaba a que el arrendatario proporcionara las herramientas de trabajo. Además, rechazaban las actividades complementarias fuera de la finca en la hacienda La Victoria, en Machachi, de propiedad del arrendatario, y en Chiquicahua, por la distancia, la inclemencia del lugar y el número de tareas (jornadas) asignadas. Los funcionarios del MPST calcularon que los huasipungueros tenían en posesión y cultivaban las dos terceras partes de todo este enorme latifundio, y que producían en esas tierras 200 mil sucres en beneficio propio (p. 5 del informe, f. 164). Pedían mejoras salariales, un mejor trato, el regreso de los trabajadores despedidos y una modificación del modo del cálculo de la “tarea”, es decir, de la jornada laboral.

En síntesis, estamos en los años previos o inmediatamente vecinos de la aprobación del Código del Trabajo (1938) y de la regulación de los salarios, las tareas y las características del huasipungo. Un tema esencial que inflamaba la indignación de los huasipungueros era el intento de desalojo de los trabajadores. En una carta a mano presentada por Ventura Chaluisa de José y por José Chaluisa de Trinidad en mayo de 1939, se presenta la queja de la amenaza de expulsión y destrucción de las casas de sus compañeros Pallo y Ante, acusados de cabecillas, “por el hecho de que ellos son los únicos castellanos pueden darse a entender” (f. 218v). Un problema central para los funcionarios públicos, que devela la prioridad asignada por parte del Estado al orden y la disciplina laboral, es que, aunque hubo despidos, estos seguían viviendo en la hacienda y eran un serio peligro porque soliviantaban a los demás. El teniente político de Pilaló fue a avisar a los Chaluisas que estaban desalojados, pero le dijeron que no abandonarían la hacienda y que el abogado les había dicho que, si venía alguna autoridad a la casa a citarlos, que “le [mandaran] dando de palos” (f. 229). Los indígenas señalaron que hacía dos años que no tenían nada que ver con la hacienda, que desalojaron sus casas y huasipungos y ahora vivían con su pariente Justo Candelejo. Dijo el teniente político que debió salir del problema con tino porque “se amotinaron muchísimos indígenas” lanzándole “groserías”, como también a sus acompañantes, “hasta escapar de pegarles a los Alcaldes” (f. 229). Concluye el gobernador en la carta al ministro de Gobierno: “Constituye un verdadero problema, señor ministro, el desalojamiento de indígenas de tal o cual propiedad. Regularmente se observa que hay tenas [sic] resistencia de aquellos para cumplir con resoluciones de tal índole” (f. 229). La indignación por el desalojo tiene que ver con el hecho de que la hacienda no solo era un lugar de trabajo, sino el hogar de los trabajadores, su espacio vital, de reproducción familiar, social y comunitaria.[5]

Sabemos que el conflicto no terminó allí. Al término del contrato de arriendo del general Francisco Gómez de la Torre, los indígenas plantearon la posibilidad de arrendar la propiedad (Becker y Clark, 2004: 17). Como ocurrió en Tolontag, la JCAP desoyó el pedido indígena y Zumbahua pasó a administración directa en 1943. El conflicto se apaciguó. Tenemos, pues, largos pleitos laborales con arrendatarios que derivaron en el problema de la propiedad. Pero no pasó de un planteo, una solicitud; no hubo levantamiento alguno y el rastro del conflicto se sumergió en el papeleo administrativo. No se produjo el contagio, como en Morelos, México, en los años de agitación revolucionaria.

No todos los conflictos merodeaban en las haciendas públicas. Unos pocos sacudieron las haciendas de propiedad privada. El guion es parecido: se entremezclaban controversias con comunidades libres vecinas y con trabajadores internos de la hacienda. Con las comunidades vecinas, las disputas giraban alrededor del control de los recursos del páramo; con los trabajadores se trataba de condiciones laborales. Y había casos con todas las situaciones mezcladas: comuneros vecinos que tenían obligaciones de trabajo en la hacienda, trabajadores permanentes que eran comuneros. El caso de Moyocancha, en Tixán, provincia de Chimborazo, es particularmente revelador. Ratifica que antes de la legislación laboral de 1938 los pagos de jornales en dinero a los huasipungueros no eran obligatorios o, por lo menos, no se pagaban en todas las haciendas. Sobre ese pago giraron muchos de los conflictos en esta primera etapa de la transición (ver al respecto el anexo II, en 1922, 1929 y 1930, disponible en https://bit.ly/30Wm9q6).[6]

Originalmente, Moyocancha era una hacienda de la orden de los agustinos rematada en 1852 para redimir unos censos. En 1893 un testamento de Carlos Zambrano entregó la hacienda a un colombiano, Julio César Salem, cuyo hijo, Julio Teodoro Salem, el administrador de la hacienda, sería uno de los más connotados dirigentes del velasquismo durante la revolución del 28 de mayo de 1944. Desde 1922 la hacienda vivió un conflicto con las comunidades vecinas de Pishilig grande y chico, de Guailla, Capache y Quislag, por linderos y por el cierre de caminos y de dos fuentes de aguas de uso público. Los comuneros se quejaban del cobro del sitiaje: a cambio del derecho a que las vacas, ovejas y cerdos de los comuneros pudieran pastar en los páramos de la hacienda, los varones debían trabajar gratuitamente los días viernes y entregar cuatro veces al año, por cinco años, todo su ganado para abonar las tierras de la hacienda. En el contrato se mencionaban 28 mil ovejas, 430 vacas, 100 caballos y 470 cerdos. En 1929, con la intervención del Ministerio de Previsión Social, se firmó un acuerdo para que no se obligara a trabajar a mujeres y niños, y la hacienda entregara herramientas a los trabajadores. Entre las denuncias de los indígenas, ratificadas por una información sumaria, se planteó que algunas de las tierras estaban en conflicto. Denunciaban que el 2 de junio de 1929 hubo una incursión violenta de 50 empleados armados de la hacienda contra los indígenas de Quislag para cobrar el derecho de sitiaje, lo que dejó varios malheridos. Un jornalero, Gabriel Lluilema, pidió reglamentar el trabajo, que se pagasen salarios y que se “garanti[zara] [su] humilde condición de esclavos sacándo[los] de la ignorancia y crueldad atávica de [sus] amos” (f. 109).

Moyocancha vivió también conflictos con los peones de la hacienda. Una carta de Gabriel Lluilema al MPST en nombre de los “peones arrimados” de Moyocancha del 25 de octubre de 1929 informa que deberían trabajar solo 4 días a la semana, y solo los hombres, no las mujeres ni los hijos. La costumbre, afirma, era que 2 y 3 días debían ir los hijos a la doctrina y que ahí les daban una charla de media hora, y luego debían hacer pesados trabajos. La voluntad de los arrimados de Moyocancha era quedarse indefinidamente al servicio de la hacienda por el amor al terruño, “característica intensa e idiosincrática del indio”. Debía cambiar el trato, decía Lluilema, para no ver al patrón como el tirano cruel, sino como “el protector cariñoso y bueno” (ff. 123-125). El acuerdo entre Salem y los trabajadores agrícolas de la hacienda con intervención del funcionario del MPST planteaba que los indígenas podían tomar la extensión de los huasipungos de los terrenos de la hacienda que creyeran conveniente “sin limitación de ninguna clase”. A cambio de eso, debían trabajar por cuenta de la hacienda sin remuneración alguna por 4 días a la semana (los indígenas pedían 80 centavos de jornal). Otras garantías referían a una escuela, llevar libros con las cuentas de los trabajadores, abstenerse de usar el ganado de los trabajadores para la hacienda y nombrar mayorales a indígenas de la hacienda.

El expediente es revelador de las ambigüedades existentes en las relaciones laborales y en las obligaciones de las comunidades vecinas antes del Código del Trabajo de 1938. ¿Podían trabajar las mujeres y niños? ¿En qué condiciones? ¿Dónde debía estar el huasipungo y a cuántas jornadas de trabajo semanal daba derecho? ¿Debía pagarse aparte en dinero o en especies el trabajo de los indígenas? Todos estos temas, librados a las variadas costumbres locales, se volvieron conflictivos y exigían cada vez más la presencia arbitral del Estado.

Sin duda, el conflicto subyacente por las tierras de las haciendas privadas emergía ante todo en los conflictos con las comunidades libres vecinas. Es el caso del conflicto entre la hacienda Chiquicahua del general Almeida Suárez, la hacienda Llangahua, de César Álvarez, y las comunidades indígenas de Mulanleo-Yachapuchán (200 personas) en Pilahuín, en la parte alta de Ambato, en la Sierra central ecuatoriana.[7] He indicado antes que el conflicto por tierras entre haciendas y comunidades libres fue más intenso en esta zona en esta época por el aumento del valor de la tierra (y la consiguiente competencia por ella), debido al crecimiento de la demanda de alimentos en la Costa. La queja original de los indígenas de Mulanleo del 2 de enero de 1934 era por linderos con ambas haciendas. Denunciaban que Chiquicahua les había quitado secciones de la comuna llamadas Sunisacha y Llagualla. En la transacción a la que se llegó el 22 de abril de 1936 (f. 64 y ss), una parte de la hacienda fue cedida a la comunidad y el terrateniente se comprometió a pagar 150 sucres para hacer una zanja. En el sitio que Almeida reclamaba como suyo había unas 80 familias, sementeras y casas. Aunque los presidentes de las comunidades y los funcionarios del MPST llegaron a un acuerdo, cuando regresaron al lugar para establecer el sitio por donde pasaría el límite con la hacienda, escucharon un murmullo de desaprobación de los comuneros en gran número, de tal forma que fue imposible terminar. Los presidentes temían la desaprobación de los comuneros, y por eso dijeron que el Ministerio decidiera lo que fuera, pero que ellos no entrarían en transacción directa porque temían el rechazo general. El informe del funcionario del MPST proponía que el ministro emitiera un fallo en la que no se desalojase a los 80 comuneros, que recibirían seguramente la solidaridad de los otros comuneros (unos 500 habitantes). En opinión del funcionario del MPST, los terrenos ocupados eran de la hacienda, como lo ratificó la información sumaria, pero los comuneros se basaban en tradiciones “bastante deformadas por el paso del tiempo”, por lo que se creían dueños de toda la hacienda (f. 164).

En síntesis, aunque es evidente que existía la demanda por tierras y el sentimiento indígena de que las haciendas (o una parte de ellas) en última instancia les pertenecían, los conflictos abiertos raras veces atacaron o desconocieron directamente la propiedad. Evidentemente, existía un potencial para que el conflicto por condiciones laborales o linderos sufriera una metamorfosis. Como en Rusia, hubiera podido convertirse en una lucha generalizada para apoderarse de las tierras de la oligarquía terrateniente. Pero la posibilidad no cristalizó; en su lugar se abrió un poco más aquello que ya se había entreabierto con la revolución liberal: una mejor negociación de las condiciones de trabajo en las haciendas. Hasta la década de 1960, los indígenas se acomodaron a las dimensiones de esa hendidura en el sistema de dominación. No la forzaron.

Los perfiles del conflicto: el Estado

Aunque hubo importantes conflictos por tierras entre comunidades indígenas y haciendas privadas, no fueron los dominantes. Entre 1920 y 1940, los conflictos con el Estado fueron de lejos más intensos y violentos que con las haciendas. Se trató de sublevaciones en contra de impuestos, censos, numeraciones o abusos de funcionarios locales.[8] Esto marca una diferencia fundamental con México (o Perú), donde el motor de la Revolución fue la oposición entre los “pueblos” de campesinos independientes y la expansión de las haciendas, apoyadas por el Estado y alimentadas por el auge de la actividad exportadora de fines del siglo XIX. En el México prerrevolucionario, en efecto:

Los pobladores libres sobrevivieron en cifras considerables, especialmente en el centro del país. Pero el expansionismo de las haciendas los acorraló cada vez más, de tal suerte que solo una minoría, quizás reducida y sin duda declinante, logró conservar sus tierras […]. Los conflictos se agudizaban en los casos en que el afán expansionista de las haciendas se enfrentaba a pueblos fuertemente arraigados. En ese orden de ideas, eran más débiles cuando dominaba la hacienda o cuando el pueblo sobrevivía intacto con suficiente tierra, o bien cuando una o ambas instituciones estaban ausentes. Con base en este esquema es posible perfilar un mapa de la ecología revolucionaria (Knight, 2010 [1986]: 152).

Los pueblos, es decir, los poblados campesinos independientes que prevalecían en varias regiones del mundo rural mexicano, proporcionaron los dirigentes, las estructuras de encuadramiento y las “células” de la Revolución mexicana (Knight, 2010 [1986]: 243). En la Costa ecuatoriana, la expansión exportadora de 1880 a 1914 afectó fundamentalmente tierras con pocos o ningún habitante. La expansión territorial cacaotera no tuvo que desplazar ni confrontar a comunidades campesinas o indígenas significativas. En la Sierra ecuatoriana, contrariamente a la experiencia mexicana, la marea de conflictos rurales estuvo relacionada con factores muy distintos, que, en esta primera etapa (de 1920 a 1945), preservaron el núcleo de la legitimidad de las haciendas y los hacendados.

El estallido de la conflictividad contra el Estado debe relacionarse con el aumento de la presión fiscal sobre la pequeña propiedad independiente, agrícola y artesanal, fuertemente articulada a los mercados, especialmente en la Sierra sur, donde era predominante desde hacía años. Silvia Palomeque (1994: 117-120) recuerda que, desde fines del siglo XIX, la región cuencana tenía tres tipos de haciendas: las grandes y alejadas, muy tradicionales, donde predominaban propiedades de comunidades religiosas; las haciendas cañeras de Girón, Gualaceo y Cañar; y las haciendas de cascarilla en las zonas subtropicales. En la zona central de la región, predominaba la pequeña y mediana propiedad campesina y artesanal. Su conclusión es relevante:

No hemos encontrado documentación que indique una notable expansión de haciendas sobre tierras campesinas [a fines del siglo XIX]. La expansión cascarillera se da en tierras sin producción agrícola, las valiosas y escasas tierras aptas para el cultivo de caña ya están desde tiempo antes, ocupadas por los hacendados y las haciendas agrícolas tradicionales no necesitan más tierra por falta de demanda de sus productos. Las haciendas que sí precisan tierras son las agrícolas de la zona central, pero en esta parte de la región no existen casi tierras de dudosa titularidad, ya que la pequeña propiedad está muy consolidada salvo en el Ejido (Palomeque, 1994: 120).

La pequeña propiedad orientada al mercado se vería duramente golpeada por el aumento de la presión fiscal durante la crisis cacaotera. Esa presión aumentaría por las urgencias de un Estado asfixiado por la caída de las recaudaciones de aranceles por exportaciones e importaciones.[9] Luego de estudiar la más larga de las revueltas ocurridas en la Sierra sur, que entre marzo de 1920 y abril de 1921 empezó oponiéndose a una nueva contribución para financiar los festejos del centenario de la independencia y terminó desafiando a todas las autoridades estatales locales en varias parroquias cercanas a Cuenca, desde tenientes políticos hasta maestros de escuela, Michiel Baud (1993: 58 y 66-67) concluye que una de las características del movimiento fue que los conflictos con las haciendas no jugaron un papel importante. Incluso, dice el autor, no sería aventurado sugerir que algunos hacendados hasta lo apoyaron. En síntesis:

Precisamente, la característica más notable del movimiento fue que se dirigió, salvo excepciones, exclusivamente contra el Estado. La causa directa de la huelga era un nuevo impuesto (o por lo menos los rumores de él) que afectaría a los pequeños productores. Se puede apreciar, entonces, a la sublevación como una protesta contra un estado parasitario (Baud, 1993: 67).

Martha Moscoso (1990: 52) llegó a las mismas conclusiones luego de estudiar el conjunto de levantamientos indígenas en Azuay y Cañar entre los años veinte y treinta. El abuso de las autoridades locales era permanentemente denunciado por la prensa local como una de las causas de los levantamientos. De manera más específica:

Las causas fundamentales de estos levantamientos fueron la realización de catastros, el cobro del impuesto predial y la escasez y carestía de la sal. Otros motivos adicionales que indignaron a la población fueron la inscripción para el servicio militar, litigios por tierras, etc. pero que tuvieron una incidencia muy marginal en el surgimiento de los levantamientos.

Estas revueltas antifiscales, dominantes en la “marea”, a veces unieron en la queja a pequeños y grandes agricultores independientes. La provincia de Chimborazo se encontró en una situación intermedia, al combinar el conflicto con las haciendas y el conflicto con el Estado. Sin embargo, el estudio de Arturo Cevallos (1993: 237-241) muestra el predominio de los levantamientos contra medidas estatales de empadronamiento, aumento de impuestos y la extensión de la conscripción:

Al igual que entre 1917 y 1922, los levantamientos indígenas que acontecen hacia finales de la década del veinte se caracterizan por expresar un rechazo a las demandas pecuniarias del Estado […]. Los levantamientos más significativos tuvieron como detonante fundamental determinada medida estatal, ya sea de carácter económico o de orden administrativo (Cevallos, 1993: 240).

Este autor deja establecido el papel secundario del conflicto entre haciendas y comunidades, que más que una causa directa era ante todo un factor del ambiente que favorecía el conflicto. A veces, incluso, a contrapelo de la rebeldía, algunos conflictos abiertos revelaban el fuerte apego identitario que los campesinos e indígenas tenían con las haciendas:

La contradicción hacienda-comunidad, por su parte, si bien no provocó conflictos regionales, ni condujo a una exacerbación generalizada de los enfrentamientos, frecuentemente generaba una serie de tensiones y atropellos que creaban un clima proclive a la conflictividad que, en algunas ocasiones se veía agudizado por ciertas disputas de tierras entre hacendados en las cuales quedaban involucrados los indígenas en tanto persistía el sentimiento de pertenencia a la hacienda (Cevallos, 1993: 240-241; énfasis agregado).

La persistencia de la autoridad paternal en la Sierra entre 1920 y 1945 debe relacionarse con las tesis de Andrés Guerrero (1991: 267-323) sobre el modo de dominación en las haciendas serranas, donde, a diferencia de la China descrita por Barrington Moore (1976 [1966]: 141-90), los hacendados cumplían funciones vitales para los indígenas porque disponían del control del fondo de reproducción ampliado y comunal de las unidades domésticas.[10] Los hacendados, en efecto, además de la entrega de las tierras y los permisos de uso de páramos, bosques y aguas, distribuían suplidos y socorros, es decir, productos agrícolas necesarios en tiempos festivos, en los momentos clave del ciclo vital, como el casamiento, el bautizo o la muerte, y en eventos críticos, como enfermedades o accidentes. Sobre ese “fondo de distribución”, se entablaba, en lógica polivalente, la lucha entre patrones y conciertos por la apropiación del excedente:

El código numérico de la contabilidad sintetiza los vínculos económicos (la distribución) y simbólicos (la reciprocidad desigual), que anudan mutuamente patrón y conciertos. Registra, en cifras, los dos términos de la relación, tal como se presenta en la esfera de la circulación: tanto de productos contra tanto de trabajo. Pero la curva de la deuda no solamente ilustra gráficamente esta relación, sino que, leída detenidamente, la despoja del hálito ideológico que rezuma la reciprocidad: la imagen de una relación consensual, un compromiso entre parientes. Lo que la curva representa de manera visualmente perceptible, lo que grafica es, desde luego, un conflicto: la lucha por la apropiación del excedente económico obtenido en la hacienda (Guerrero, 1991: 323; énfasis en el texto).

La dominación en las haciendas incluía episodios de resistencia y transgresión, por lo general ritualizados, que no excedían el respeto a la etiqueta y que evitaban los desenlaces imprevistos. Sobre todo, para reproducirse, debía asentarse en la vida comunal: la dominación en las haciendas huasipungueras suponía la existencia de una comunidad. En ella coagularía, con el paso del tiempo y las condiciones apropiadas, una alternativa al sistema hacendatario:

Para dominar y explotar, el patrón debió adoptar ciertas reglas del juego de los dominados, condición y base de su consentimiento. A su vez, los huasipungueros preservaron y fomentaron el potencial de rebelión y de alternativas que ofrecía el universo económico (la distribución) y simbólico comunitario (la semántica de la reciprocidad) (Guerrero, 1991: 336).

Lo que Guerrero expone de una manera técnica, asentada en la sociología y la antropología modernas, mostrando por qué son eficaces los hilos de la dominación, lo afirmaban de forma brutal y laudatoria algunos defensores del latifundio. Es lógico. Los beneficiarios de un sistema de explotación deben tener cuando menos un sentido práctico del juego que juegan y que hace posible el ejercicio de su autoridad. Pedro Narváez, un velasquista conservador, se opone en 1944 a la repartición de las grandes propiedades serranas tan beneficiosas para los indígenas. Estos eran holgazanes, lentos y pesados, propensos a la riña fácil y al robo constante. En las haciendas:

[…] aparte del jornal mayor o menor según las regiones, al indio ecuatoriano o trabajador campesino le asiste: 1° derecho al uso del huasipungo […] 2° derecho proporcional al mantenimiento de animales […] 3° derecho al combustible […] 4° las dádivas anuales y las ocasionales del amo. […] las haciendas del Ecuador son despensas disimuladas, proveedurías de los pueblos (Narváez, 1944: 12-16).

En realidad, lo que los hacendados entendían como una “dádiva del amo”, la distribución del excedente, era el resultado de una lucha, una relación de fuerzas. La compleja etiqueta de la reciprocidad desigual favorecía que los actores vivieran y sintieran el resultado de esa lucha como una dádiva afectuosa y paternal, a veces severa. Cuando el patrón “mezquinaba” la dádiva, incumplía su deber moral y las resistencias podían perder sus límites.

El sentido y las implicaciones de estas observaciones se entienden mejor en una perspectiva comparada. En Perú y Bolivia las haciendas se expandieron desplazando o debilitando comunidades indígenas preexistentes, ayllus, que conservaban sus tierras, sus autoridades y sus ancestros comunes. La organización social coincidía con lo que los antropólogos llaman “clanes”. En Ecuador, por el contrario, las comunidades indígenas se reinventaron dentro de las haciendas. Los ayllus ecuatorianos no eran “clanes” sino “parentelas”, es decir, redes de parientes egocentrados, frente a las cuales las grandes propiedades no se enfrentaban en una lucha competitiva por derechos sobre tierras y aguas, sino que eran comunidades, por decirlo así, “reconstruidas” dentro de las haciendas y mejor adaptadas a sus necesidades de reproducción. Desde los siglos XVII y XVIII, las intensas migraciones internas debilitaron a las viejas comunidades “libres”, que se dividieron y reorganizaron dentro de las grandes propiedades en formación. Por ello, las haciendas serranas no se enfrentaron a clanes con una poderosa cohesión social y dueños de tierras, como los “pueblos” mexicanos o los ayllus bolivianos, sino a una invención reciente de grupos de parientes que necesitaban las tierras y “dádivas” del patrón para reproducirse como comunidades huasipungueras.[11]

Este es el sentido preciso en el que deben entenderse la “dependencia” y la “moderación” de los campesinos indígenas de la Sierra del Ecuador entre 1920 y 1945. No implica una alegre aceptación del orden gamonal; no significa un convencimiento profundo e íntimo en la bondad paternal del dominador, ni en sus títulos de legitimidad sobre la tierra. Es probable que algunos campesinos creyeran sinceramente en tal bondad, mientras que otros solo la aceptaran a regañadientes. Algunos otros, en fin, quizás no se plantearon siquiera la posibilidad de un orden diferente, mientras que unos últimos tal vez lo odiaron calladamente o lo desafiaron abiertamente. Variados mecanismos de legitimación coexistían, así como coexistían la aceptación y la contestación. El punto central de tal coexistencia en la Sierra rural de la primera mitad del siglo XX es que predominaron variados grados de aceptación, dependencia y moderación. En el mejor de los casos, la mayor dependencia objetiva frente a la hacienda limitó la expresión abierta de la callada rebeldía. Desobedecer en secreto no es lo mismo que hacerlo abiertamente (Scott, 2007 [1990]: 240); o, como diría Bourdieu, las piadosas hipocresías encierran un secreto respeto por las reglas vigentes.[12] Es por eso por lo que las rebeliones y conflictos abiertos son un buen indicador del grado de resquebrajamiento del orden social.

Mutaciones

Entre los años 1945 y 1960, la situación en la Sierra andina ecuatoriana empezó a cambiar drástica pero molecularmente. En lugar de una explosión rápida y brutal, se produjo una dinámica lenta y acumulativa que transitó desde la queja por el incumplimiento de los deberes del buen patrón al desafío subalterno del sistema de autoridad patriarcal en las haciendas. La rebelión indígena, tan esperada y temida, llegó demasiado tarde y ocurrió demasiado lento. Cuando el núcleo de la autoridad patronal se desmontó, en 1964, las haciendas no tenían el poder del pasado, los indígenas no eran la mayoría de la población y la Sierra no era la mayoría del país (anexo I.1, I.4, I.5 y I.6).

Escojo presentar la lógica subyacente de este complejo proceso mediante un rodeo. Contamos con dos versiones del encadenamiento de causas que llevó al desmontaje de las haciendas tradicionales en la Sierra andina. Ambas se recogen en la célebre discusión sobre la reforma agraria entre Osvaldo Barsky (1984) y Andrés Guerrero (1983). Barsky (1984: 46-52) subraya el crecimiento de la inversión tecnológica en semillas, mejora de razas bovinas y mecanización en las haciendas andinas desde los años cuarenta, que entró en contradicción con las relaciones laborales serviles:

En relación al proceso de mecanización, se debe señalar que la existencia de una oferta abundante de mano de obra en las haciendas y el bajo costo de la misma en términos pecuniarios (era contratada a cambio de un permiso para utilizar los recursos naturales monopolizados por los hacendados), constituía una clara traba para el proceso de incorporación de maquinaria (Barsky, 1984: 49).

En la versión de Barsky, la reforma agraria fue el resultado de un entrelazamiento de condiciones económicas, políticas e ideológicas, como la Revolución cubana o el cuestionamiento social al huasipungo; pero el aspecto dominante del cambio fue la iniciativa terrateniente espoleada por la necesidad de destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas:

[…] señalamos cuál fue el tipo de iniciativa social que en nuestra opinión aparece como dominante en el conjunto de los niveles de análisis. Pensamos que fue la iniciativa terrateniente entendida como el impulso de un proyecto a nivel social por una parte de los terratenientes. Este sector desplegaba iniciativas de transformación de sus haciendas mediante el pasaje a la ganadería lechera y desarrollando estrategias de eliminación de precaristas (Barsky, 1984: 56).

A diferencia de quienes creían en la compatibilidad y articulación entre el desarrollo capitalista y las relaciones serviles, Barsky creía que, alcanzado cierto nivel de avance tecnológico, dejaban de serlo:

[…] las interpretaciones que pusieron el acento en la funcionalidad de [las] relaciones precapitalistas con un sistema capitalista dominante, no pusieron atención en estos procesos que mostraban la lógica interna de un proceso que llevaría a un pasaje de un sector mayoritario de haciendas a empresas con relaciones salariales (Barsky, 1984: 86).

Según Barsky, debido precisamente a la importancia de la iniciativa terrateniente, que se anticipó a los cambios legales, los hacendados mantuvieron el control de la reforma agraria ecuatoriana y, como algunos de ellos mismos reconocieron, los favoreció más que a los campesinos. Como dice un hacendado de Salcedo, entrevistado por Peñaherrera y Costales (1971: 165):

[…] antes tenía que inventar trabajos a fin de no dejar en la desocupación a los huasipungueros, hoy no tengo necesidad de dar trabajo todo el tiempo a la gente, pues a ésta la ocupo cuando es necesario, la reforma agraria nos ha duplicado el salario, pero nos ha dejado en libertad de dar o no el trabajo.

Me parece convincente el argumento de Andrés Guerrero (1983: 22-23 y 28-49) de que los hacendados que se modernizaron tecnológicamente en la producción lechera no necesitaban impulsar la reforma agraria. No había ninguna imposibilidad intrínseca de usar huasipungueros en las haciendas modernizadas, como confirman varios casos de haciendas modernas, o, incluso, podían modernizarse ellos mismos y dejar que quienes no quisieran o no pudieran hacerlo simplemente no lo hicieran. ¿Por qué cambiar la ley?

Por lo demás, es altamente llamativo que el caso estrella de modernización capitalista centrado en la producción lechera, la familia Plaza Lasso, tuviera hasta tan tarde como 1962 la cantidad de 175 huasipungueros y 268 arrimados, “lo fundamental de su fuerza de trabajo”, y que hiciera la entrega “anticipada” de huasipungos recién en abril de 1963, apenas un año antes de la expedición de la ley de reforma agraria (datos del informe CIDA 1965, citados por Barsky, 1984: 94-95). El caso de las propiedades de los Plaza parece revelar que, hasta tiempos muy tardíos, no había contradicciones insalvables entre la inversión en maquinaria, insumos y actividad lechera, iniciada por esa familia en los años treinta, y el uso de trabajadores huasipungueros. La “anticipación” de Plaza en la liquidación de las relaciones precarias solo ocurrió cuando la reforma agraria era políticamente inevitable. Si había alguna traba decisiva al desarrollo tecnológico y una conveniencia tan clara, ¿por qué los terratenientes modernos sencillamente no liquidaron el precarismo en sus haciendas antes?[13]

El argumento de Guerrero es que la modernización tecnológica solo podía conducir a la reforma agraria si se introduce en la ecuación el problema de la resistencia de la mano de obra, es decir, de los campesinos indígenas. En una palabra, la lucha de clases. Es razonable. Pero el aumento de la presión campesina también debe ser explicado. El sistema hacendatario venía funcionando no menos de un siglo y medio sin que la constante y permanente lucha campesina lo amenazara seriamente. Por tanto, hay que aclarar qué factores y condiciones cambiaron para que la lucha de clases y la demanda indígena se volvieran en la coyuntura de 1960, y no antes, una demanda por la tierra y una amenaza contra el sistema huasipungo en su conjunto.

El problema central de las haciendas era que la Sierra rural andina no disponía de un mercado de trabajo plenamente desarrollado. Es el problema que los economistas llaman un “mercado de trabajo fraccionado, inelástico y sujeto a variaciones temporales” (Guerrero, 1983: 38-43). Eso significa que, en algunos lugares, los campesinos no querían someterse a la disciplina laboral capitalista en las haciendas. En otros, tenían otras opciones cercanas de trabajo asalariado urbano complementario al ingreso de sus parcelas. La movilidad y disponibilidad de los trabajadores requeridos por las haciendas en el tiempo apropiado no estaban aseguradas. Lo que garantizaba la presencia de una población trabajadora estable era precisamente el sistema de trabajo servil: “El mantenimiento de familias huasipungo constituía, entonces, una garantía para el abastecimiento estable de mano de obra; trabajadores que se anclaban en las tierras de la hacienda” (Guerrero, 1983: 43).

Los peones sueltos temporales estaban ligados al sistema huasipungo: eran los familiares del huasipunguero. Aceptaban trabajar en la hacienda porque en los períodos “libres” podían trabajar sus tierras o las del huasipungo de su pariente. Por lo tanto, había una simbiosis entre la comunidad familiar huasipunguera y el funcionamiento de las haciendas. Si un hacendado entregaba los huasipungos en plena propiedad, en muchas regiones podía enfrentar serias dificultades para encontrar trabajadores. La opción por la especialización lechera, una opción que requería muy pocos trabajadores estables, puede explicarse también como una reacción ante este problema del mercado de trabajo y no solo como un resultado del estímulo mercantil de la leche y sus derivados.

Pero el asunto no es tan simple. Hay que destacar un aspecto esencial que no fue resaltado en el debate Barsky-Guerrero, pero cuya consideración tiene directa influencia en el desencadenamiento de la “crisis de lealtad” de los indígenas serranos. La Sierra norte no era una región vacía donde faltaran trabajadores. Todo lo contrario. La dificultad de encontrar mano de obra se combinaba paradójicamente con un exceso de población. Las condiciones generales del país favorecieron un crecimiento demográfico en la Sierra por la vía de la reducción de la mortalidad y del mantenimiento de una tasa de natalidad muy alta; aquello que se llama la “transición demográfica”. Esta transición se empezó a vivir en el Ecuador a inicios de la década de 1940, cuando la tasa de mortalidad empezó a bajar más sostenidamente y la tasa de crecimiento vegetativo de la población empezó a aumentar, tal como se puede ver en el gráfico 3.

Gráfico 3. Ecuador: movimiento demográfico, 1921-1952

graf3

Fuente: Banco Central del Ecuador, en Carbo (1978 [1953]: 458-9). Ver también CEPAL (2013 [1954]: 698). Los datos numéricos en el anexo I.3.

Como dice Mercedes Prieto (2015: 92-96), la información demográfica sobre el Ecuador y sobre la población indígena en la primera mitad del siglo es muy variable y de mala calidad. Sin embargo, su reseña de la fragmentaria información disponible confirma que las áreas indígenas combinaban alta natalidad y bajo número de miembros por hogar. Es el panorama típico de una región con alta mortalidad y mucha emigración de población joven. A partir de algún momento en los años cuarenta, el crecimiento demográfico en el mundo rural serrano empezó a ser explosivo y a compensar la emigración regional. Los diagnósticos de la OIT a inicios de los años cincuenta también sugieren que la transición demográfica estaba ocurriendo entre la población indígena (en Prieto, 2015: 135-136). El cuadro siguiente muestra que en la década de 1950 la región más poblada del Ecuador, la Sierra rural, a pesar de drenar gran parte de su población hacia la Costa o las ciudades, creció a una tasa relativamente alta. Como resultado, su densidad poblacional, alta desde el inicio, siguió aumentando.

Cuadro 4. Ecuador: densidad poblacional (personas por km2) y tasa de crecimiento por provincias de la Sierra y regiones (1950-1962)

Provincias / regiones

Tasa anual de crecimiento de la población rural Densidad 1950 Densidad 1962

País

2,12 11,8 16,9

Costa

3,10 19,5 31,9

Sierra

1,37 28,7 36,5

Azuay

0,13 32,6 35,7

Bolívar

1,97 33,6 42,8

Cañar

1,22 25 28,9

Carchi

1,56 20,7 25,6

Cotopaxi

1,13 31,3 36,4

Chimborazo

2,30 38,7 50,7

Imbabura

0,76 29,5 34,9

Loja

1,99 20,1 26,5

Pichincha

2,36 23,3 35,4

Tungurahua

0,15 64,9 73,9

Fuente: censos de población de 1950 y 1962, en CONADE-UNFPA (1987: 196 y 198).

El resultado, en vísperas de la reforma agraria, es paradójico. Por un lado, había más trabajadores que nunca y, por otro, las haciendas sufrían el riesgo de la escasez de brazos. Para despejar la paradoja, debemos introducir una variable esencial del sistema huasipungo. La entrega de parcelas como huasipungo era una obligación patronal. El sistema funcionaba como un “pacto de economía moral” por el cual el patrón estaba obligado, luego de un conocido protocolo de ruegos indígenas, a entregar huasipungo cuando los hijos varones (no mujeres) de un indio propio, los “apegados” o “arrimados”, formaban su propio núcleo familiar. El estatuto de “apegado” era una “fase” inicial en la vida de las nuevas familias indígenas antes de devenir huasipungueras:

Los apegados desaparecen [en la hacienda Moyurco, Cayambe] progresivamente conforme adquieren un lote de tierra en posesión (como titulares) y asumen las obligaciones de trabajo para el hacendado; o sea, se transforman en huasipungueros. Si las condiciones de reproducción social del pasado no se modifican, esto significaría que durante los primeros 15 años del ciclo vital de la familia tres cuartos de los apegados acceden progresivamente al estatuto huasipunguero y, a lo largo de los primeros 20 años, el 90% pasó de una situación social a otra (Guerrero, 1991 [1986]: 123; énfasis agregado).

Así lo ratifica el famoso Informe CIDA:

[…] desde el momento de ser huasipunguero goza de derechos que los otros trabajadores no tienen y, como consecuencia, al tener más privilegios tendrá también más caminos para extenderlos. La forma directa que ve el huasipunguero de ampliar sus derechos, es incorporando a su huasipungo más tierra, presionando en forma constante y creciente sobre los otros recursos que le ofrece la hacienda: leña, agua y pastos, particularmente estos últimos (CIDA, 1965: 424).

¿Por qué un trabajador que tenía derecho al huasipungo permanente renunciaría a él y aceptaría quedarse “libre”, sin posesión de terreno alguno, para volverse un trabajador eventual con quien el hacendado no tenía ninguna obligación? Debido a esta característica del sistema social, el aumento demográfico, en lugar de convertirse en facilidad para encontrar trabajadores, se tradujo en presión sobre la tierra. Las “condiciones de reproducción social del pasado” se habían modificado sustancialmente. Ahora, las familias huasipungueras, en lugar de contar con uno o dos hijos varones supervivientes que alcanzaran la edad requerida, empezaban a ver sobrevivir cuatro o cinco. El propio huasipunguero vivía más tiempo y no era “reemplazado” por el hijo sobreviviente, sino que su propio huasipungo se sumaba al de sus hijos. Como resultado, se multiplicaron los apegados o arrimados con derecho a una parte de las tierras de las haciendas.[14] Esta presión recrudecida es lo que el informe CIDA (1965: 431-470) llamó el “asedio interno” en las haciendas serranas de la primera mitad de la década de 1960. El “asedio externo” completaba el cuadro: las comunidades libres de los alrededores presionaban sobre los recursos del páramo: la leña, el agua y el uso del pajonal.

Ante este creciente asedio campesino, se produjo un cambio crucial. Desde mediados de los años cuarenta, las haciendas serranas comenzaron a limitar severamente la entrega de nuevos huasipungos a los hijos de sus huasipungueros. Andrés Guerrero lo plantea de la siguiente manera:

Por los datos que he podido obtener directamente o de informadores y fuentes secundarias, una situación muy general para aquellos años era que casi no se entregaban nuevos huasipungos […]. A los comuneros externos tampoco se les daban nuevos derechos de cultivo o de pastoreo. Situación que ponía en peligro la cohesión social y la supervivencia económica a largo plazo de las comunidades. La interrupción del mecanismo básico de reproducción de los grupos domésticos vinculados a la hacienda, asentado en un derecho consuetudinario, pero no por esto menos imperativo, condujo a luchas fuertes (Guerrero, 1983: 127-128; ver también Barsky, 1984: cap. III).

Por mi parte, he encontrado muchas evidencias directas de la suspensión de entregas de huasipungos. Las bases para el arriendo de las haciendas de la Junta Central de Asistencia Pública en los años cincuenta contemplaban una cláusula de prohibición expresa de aumentar el número de huasipungos o aumentar la cabida de los existentes so pena de pagar una indemnización del doble del valor del predio entregado.[15] En una comunicación dirigida al ministro de Previsión Social en enero de 1954, el director de la Junta en Quito, José Rafael Chiriboga, señalaba la dificultad de aplicar tal prohibición en Zumbahua, provincia de Cotopaxi, donde había alrededor de 400 huasipungueros:

Realizadas las primeras gestiones para el arrendamiento del predio en mención, varios interesados se han acercado a la Junta a manifestar que no podrán participar en la subasta si subsiste […] [esta cláusula que obliga a pagar el valor íntegro del predio entregado en huasipungo], en razón de que ningún arrendatario anterior ni la misma Junta durante el tiempo en que la hacienda ha estado en administración directa, han podido controlar y evitar la expanción [sic] de los huasipungueros por el crecido número de indígenas que residen en la hacienda constituyendo un peligro inminente para sus intereses y aún para su seguridad personal el adoptar una medida drástica como la que se le obliga por la estipulación en referencia [énfasis agregado].[16]

Para 1957 la situación en Zumbahua era insostenible. La hacienda reportaba pérdidas por más de 21 mil sucres, y las causas remitían al asedio interno que impedía arrendarla porque nadie se quería hacer cargo del problema:

Las pérdidas tienen dos razones fundamentales: la calidad de tierras que determina un bajo rendimiento; y la reducción de la superficie laborable por el incontenible avance de los Huasipungueros […]. En la actualidad existen 416 cabezas de familia (huasipungueros) que representan 5.000 almas. Estos se han apoderado, con o sin derecho, de las tierras de la hacienda que hoy no es posible quitarles (Cordero Crespo, 1957: 288; énfasis agregado).

Esto contribuye a explicar el hecho de que en el Censo Agropecuario de 1954 las familias huasipungueras representaran solo el 7 % de las familias con acceso directo a tierra en la Sierra.[17] No solo se había producido un crecimiento exponencial de la pequeña y mediana propiedad, sino que había una presión acumulada por el fin de la entrega de nuevos huasipungos, comprimida durante una década de crecimiento demográfico sin precedentes.

La paradoja se despeja. Faltaban trabajadores, pero sobraban huasipungueros y, sobre todo, apegados. Sin reproducir el régimen laboral del pasado, no había seguridad de garantizar los trabajadores necesarios para la modernización. Pero el régimen del pasado, en las nuevas condiciones demográficas, llevaba a la presión irresistible sobre los recursos de la hacienda; no solo sobre la tierra, sino también sobre la leña, el agua, los pastos del páramo y sobre los excedentes bajo la forma de suplidos y socorros. Los indígenas no querían “modernizarse” para facilitar que los patrones los aceptaran o no como peones según el vaivén de sus requerimientos, sin tomar en cuenta las necesidades de las familias comuneras. No aceptaban el fin de las obligaciones patronales.

Si desde el punto de vista de las haciendas crecía el problema de la cantidad de lotes que se reclamaban en usufructo dentro de sus confines, la suspensión de la asignación de huasipungos produjo, desde el punto de vista de la lealtad de los subalternos, un cambio decisivo. Gatilló una ruptura fundamental en el plano simbólico: los amos ya no cumplían sus deberes paternales; “mezquinaban” en lugar de mostrar el comportamiento debido de una generosidad institucionalizada. No debe extrañar que quienes hicieron entrevistas a campesinos e indígenas que recordaban la reforma agraria encontraran tan frecuentemente una fractura esencial en el imaginario indígena entre patrones “buenos” y “malos”.[18] El principio del fin no fue un cuestionamiento a la existencia misma del patronazgo. Fue un abandono por “arriba” del pacto de reciprocidad desigual, tal como predice la teoría de la dominación de Barrington Moore (ver, más abajo, el segundo interludio teórico).

Este hecho teñiría hasta el final la lucha campesina e indígena por la tierra en la Sierra norte. En el nivel de su consciencia explícita, los indígenas serranos lucharon por el mantenimiento y, sobre todo, la ampliación del sistema huasipungo. Pedían más huasipungos y las haciendas se negaban a darlos. No solo tenemos la evidencia de Zumbahua o la Chimba, ya referidas. La evolución de las reivindicaciones de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y del Partido Comunista sobre el tema luego de 1940 son una indicación directa del cambio que operó en el sistema de dominación y de la reacción que provocó entre los indígenas. Becker y Tutillo (2009: 153) registran, por ejemplo, que, desde fines de la década de 1940, la demanda por tierras empezó a crecer en la agenda de la FEI. En efecto, si las reivindicaciones del Primer Congreso Indígena (agosto de 1944) no hablaban del huasipungo, el Programa aprobado en el II Congreso (de 1946) planteaba como primer punto “luchar porque los hacendados no priven a los huasipungueros de su huasipungo ni lo disminuyan”.[19] En 1948, en una carta de la FEI a la Junta Central de la Asistencia Pública sobre la administración de sus haciendas, el reclamo se vuelve más claro: “11. Que se doten de huasipungos para cada jefe de familia, capaz de rendirles las utilidades indispensables para una vida mejor”.[20] El reclamo indígena no fue, a fines de los años cuarenta, la eliminación del huasipungo o la recuperación de la tierra en plena propiedad, sino la entrega de parcelas como siempre se había hecho.

Mercedes Prieto (1980: 123; ver también Becker y Tutillo, 2009: 61 y 206-207) confirma plenamente la observación en el caso de los conflictos en Cayambe a fines de los años cuarenta: “Las conquistas que específicamente involucran a los arrimados son alza de salario y asignación de nuevos huasipungos. Este grupo es arrastrado en el movimiento por la posibilidad de transformarse en huasipunguero”.

Una idea de Andrés Guerrero sobre los conflictos laborales en las haciendas de la Sierra a inicios de los sesenta ratifica la misma constatación:

En efecto, contrariamente a una visión que se ha generalizado, las luchas que se desarrollan en aquellos años, no tienden a la supresión de las relaciones pre-capitalistas dentro de las haciendas. Los trabajadores huasipungueros o yanaperos, internos o externos a la propiedad, no reclaman el paso a la forma asalariada de trabajo en sentido estricto a pesar de que, paradójicamente, sí exigen el pago de jornales […]. Reclamar directamente la tierra carece de sentido puesto que las familias huasipungo ya tienen la posesión consuetudinaria del lote que cultivan y viven (Guerrero, 1983: 120-121; énfasis en el texto).

Otro testimonio abona a perfilar la misma imagen social. Durante la ceremonia de entrega de los títulos de propiedad a los 180 huasipungueros de Galo Plaza, el periodista que hacía la crónica recoge la siguiente percepción:

Personalmente constatamos que los trabajadores, en su mayoría, no querían dejar de ser huasipungueros, en la creencia de que su patrono no los volvería a ocupar en los trabajos y servicios de las haciendas, habiendo tenido el Sr. Plaza durante algún tiempo que explicar a los trabajadores que él necesita de ellos para el trabajo y ofreciéndoles que las relaciones laborales continuarían en igualdad de forma como hasta el momento las había llevado (El Comercio, 3 de abril de 1963, citado por Barsky, 1984: 97; énfasis agregado).[21]

Un último testimonio al respecto es el trabajo de Gilberto Carrasco (1961, citado por Ibarra, 2015: 188) sobre los sindicatos en las haciendas de la Sierra. Carrasco resalta que los principales activistas sindicales eran los peones sueltos, que tenían más tiempo libre fuera de la hacienda para hacer gestiones y viajes. Esos peones aspiraban a ser huasipungueros. Las mujeres también son mencionadas como las más activas y decididas de las militantes sindicales rurales.

La demanda de más huasipungos era la demanda por las tierras de la hacienda y por el mantenimiento de las obligaciones tradicionales de acceso a sus recursos y excedentes. Las reivindicaciones campesinas adquirían una forma conservadora pero no menos efectiva: ejercían una presión cada vez más amenazante conforme crecía el número de los apegados. Las luchas locales, que no lograron articularse entre sí en el primer período de la transición, llegaron en el segundo período a una todavía débil pero ciertamente mucho mayor coordinación regional y nacional: la marcha de diciembre de 1961, con alrededor de 12 mil huasipungueros en las calles de Quito con motivo del Congreso de la FEI, representa la expresión más alta del crecimiento de esas redes organizativas que superaban la escala local (Guerrero, 1983; Ycaza, 1991; Becker y Tutillo, 2009: 202-206).

Desde un punto de vista teórico, las observaciones realizadas hasta aquí sugieren que la agudización de la lucha de clases a inicios de los años sesenta fue favorecida por una particular forma de “desarrollo” de lo que en la terminología marxista se llama “las fuerzas productivas”. No hablamos de la productividad ni de la tecnología lechera, sino del aumento exponencial del número de la más importante de todas las fuerzas productivas, el trabajador directo. En el marco de las relaciones de trabajo prevalecientes, el crecimiento poblacional no se tradujo en el aumento de trabajadores “libres” disponibles, sino en una presión recrudecida sobre la tierra y los recursos de las haciendas.[22] Por eso, el huasipungo se volvió efectivamente disfuncional, no tanto porque impedía la introducción de nuevas tecnologías, como porque implicaba una obligación de entregar tierras y excedentes que debían contentar a un creciente número de comunidades indígenas internas y de comunas libres colindantes. Era cada vez más “costoso”, y, con el tiempo, se volvía impredecible.

El trabajo de Paola Sylva (1986) sobre la disolución del gamonalismo en Chimborazo ilustra muy bien esta evolución. Allí, el proceso arrancó con la organización de las demandas campesinas en torno al pago de salarios, que se volvieron progresivamente más regulares y sistemáticas; así, según Sylva: “[…] los campesinos inician –sin que sea su objetivo– la ruptura con la base precapitalista de la hacienda” (Sylva, 1986: 32). Recordemos que en Chimborazo los huasipungos podían llegar a tener hasta 30 hectáreas. Así, en un primer momento no demandaron la abolición del huasipungo ni incluyeron entre sus demandas la lucha por la propiedad de la tierra (Sylva, 1986: 33). Se trataba de una presión indirecta que buscaba aumentar la superficie de tierra bajo control campesino dentro de las haciendas. Es decir, recibir más huasipungos. Para inicios de los años sesenta, esta demanda creciente llevó a muchas haciendas de Chimborazo a un callejón sin salida. Así recordaba aquellos tiempos un hacendado entrevistado a inicios de los años ochenta:

[En 1960] Había exceso [de mano de obra]… A nosotros no nos fue beneficiosa la inversión en maquinarias porque no podíamos tampoco dejar de hacer trabajar a la gente. Entonces teníamos el gasto de la maquinaria y el de la gente […] En la hacienda tenía 280 trabajadores permanentes. No necesitaba tantos, pero había que hacerles trabajar porque, si no lo hacía, por ahí venía la dificultad […] (Gonzalo Dávalos entrevistado en 1980, citado por Sylva, 1986: 40).

En este caso, el hacendado recordaba que la modernización tecnológica, que ahorraba trabajadores, entraba en contradicción con la cantidad de trabajadores permanentes que disponían de huasipungo. Parece una confirmación de la tesis de Barsky. El sistema antiguo no tenía la flexibilidad que esta hacienda en particular requería. Si seguimos el esquema de Barsky, deberíamos preguntarnos por qué no entregó los huasipungos y se liberó del problema. Uno puede imaginar al hacendado entregando en plena propiedad, digamos, la mitad de los huasipungos para quedarse solo con los trabajadores necesarios. ¿Cómo reaccionaría la otra mitad? Si, por el contrario, entregaba todos los huasipungos, ¿habría podido conseguir los trabajadores permanentes y temporales que requería en la medida exacta en que los requería? Parece que no podía, porque no lo hizo: “ahí venía la dificultad”.

Finalmente, desde 1959, un contexto político nacional e internacional de radicalización luego de la Revolución cubana y su ley de reforma agraria obligó a muchos a decidirse. Era un tiempo en que las reivindicaciones rurales crecían. Guerrero (1983: 118), basándose en informes del ministro de Previsión Social, muestra que el número de conflictos laborales en las zonas rurales de la Sierra casi se duplicó en el año 1962-1963 por comparación con los del año 1951-1952. Hernán Ibarra (2015: 163-164) encuentra que los conflictos colectivos laborales se triplicaron entre mayo de 1959 y abril de 1962, mientras que los conflictos en el sector agrícola pasaron de 13 a 48 en esos mismos tres años, cuando en el año 1948 fueron apenas dos. Los informes sobre la conflictividad en las haciendas de la Sierra y la Costa confirman que la presentación de demandas, generalmente ligadas a condiciones laborales y a la revisión y liquidación de cuentas, habían descendido a inicios de los años cincuenta, para crecer a fines de la década y llegar incluso a unas pocas huelgas rurales (anexo I.27). En su detallado relato de la agitación de fines de los años cincuenta e inicios de 1960, el reclamo por el aumento o devolución de los huasipungos empezó a despuntar (Ibarra, 2015: 162-179). La reforma agraria se volvió inevitable; faltaba aclarar cómo se haría y qué tan profunda sería.

Resumo lo esencial. Los hacendados, lejos de tomar la iniciativa, se adaptaron todo lo que pudieron a una reforma agraria que se volvió inevitable por los callejones sin salida en que se encontraban, como sostiene Guerrero. Pero la modernización tecnológica de las haciendas solo era compatible con el sistema huasipungo en contextos de estabilidad demográfica. Cuando se produjo un exceso de la oferta de trabajadores huasipungueros, se volvió cada vez más incompatible. Por un lado, el exceso de trabajadores se traducía en la demanda de más huasipungos; por el otro, el exceso de trabajadores no se traducía en un mercado laboral elástico. Liquidar el huasipungo arriesgaba dejar a las haciendas sin los trabajadores requeridos; mantenerlo significaba aceptar la inundación de precaristas que presionarían sobre las tierras, los excedentes y los recursos de la hacienda. “Ahí venía la dificultad”. La reforma agraria zanjó los graves dilemas que atormentaban a los hacendados, incluso a los más modernos y capitalistas.

La imagen resultante de este relato es la de grupos subalternos que buscaron mantener las obligaciones paternales del pasado mientras los grupos dominantes aspiraban a insertar una nueva disciplina de la mano de obra; un nuevo esquema de productividad y eficiencia económica activamente resistido. Como en el México revolucionario de 1910 (Womack, 1989 [1969]: XI), en el Ecuador de 1960, el principio del fin se parece a la historia de unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Es perfectamente comprensible. No se necesita recurrir al estereotipo de campesinos reaccionarios reacios al cambio. No eran hacendados modernos contra campesinos antimodernos (Chatterjee, 2011: 168-171 y 208-220). La modernización a la que los hacendados aspiraban no incluía la entrega de la tierra en propiedad porque corrían el riesgo de quedarse sin trabajadores. Se pedía a los indígenas que abandonaran la seguridad de la tierra a cambio de la inestabilidad de los contratos ocasionales gobernados por el vaivén de fuerzas impersonales. La solución final, la reforma agraria de 1964, cae fuera del período de este estudio, pero basta decir que nació del balance de fuerzas real entre terratenientes y campesinos. No es extraño que fuera un reparto agrario extremadamente moderado comparado con el del Perú de 1969 o la Bolivia de 1953.

Esta conclusión coincide con el argumento de Hernán Ibarra (2015: 15) en su reciente y detallado trabajo sobre la conflictividad rural en la Sierra y en la Costa entre 1920 y 1960:

El argumento que deseo sostener es que la reforma agraria de 1964 no produjo una reestructuración radical de la tenencia de la tierra y tuvo una continuidad con políticas de colonización por la debilidad de la acción colectiva campesina. Las elites terratenientes estaban en capacidad de sortear los conflictos rurales y optaron por una modernización que implicó afectar áreas residuales de la gran propiedad rural. La acción colectiva campesina tenía una capacidad limitada de confrontación y sus objetivos buscaban mayormente la negociación que estaba fijada por la intervención estatal que había logrado institucionalizar los conflictos rurales desde fines de la década de 1930 con una declinación de los mecanismos de represión estatal [énfasis agregado].

Así, pues, la lucha por la tierra tomó la forma de una demanda por conservar el huasipungo y fue atendida antes de que llevara a exigencias más radicales. Semejante constatación tiene implicaciones: delimita los términos de la ruptura en la lealtad de los subalternos. Esos términos, a su vez, serían decisivos en la reinvención de los modos de dominación en el Estado transformista. La ruptura ocurrió de tal modo que, incluso en el momento de su caída, las haciendas tradicionales en la Sierra conservaron una apreciable legitimidad paternal superviviente. Esa persistencia atestigua la hegemonía del régimen hacendatario hasta el final de su vida y explica parte del éxito que tendría el intento de replicar sus mecanismos de legitimación en el Estado.

Señales de esa hegemonía son los recuerdos edulcorados de los buenos viejos tiempos de la hacienda, siempre entremezclados con relatos de la violencia, que han registrado, entre otros, Barry Lyons (2006), Alberto Tuaza (2010: 469-472), Víctor Bretón (2012: 53-79), Ana Robayo (2015: 68-69) y Andrés Guerrero (1991: cap. I). La ambivalencia de la memoria sobre la historia de las haciendas no es gratuita. Expresa una hegemonía cultural superviviente. Señales adicionales se pueden encontrar en la geografía de los conflictos agrarios de los años setenta. Mark Thurner (2000, 1993]: 367-368) registra el caso de la hacienda Culluctus, en el municipio de Colta, provincia de Chimborazo, donde había diferencias entre aquellos hacendados que abandonaron la etiqueta del poder paternal y sufrieron la ofensiva campesina, y aquellos que la mantuvieron y evitaron el desastre. Culluctus era un latifundio de altura dedicado a la ganadería, vendido en dos mitades en 1972. Una de las mitades pasó a manos del antiguo mayordomo, mientras que la otra se vendió a un compadre mestizo del pueblo cercano. El antiguo kipu (contador) y mayordomo retuvo y auspició la fiesta del santo patrono de Culluctus (San Jacinto) y aceptó el camari. Por el contrario, el compadre mestizo de la otra mitad intentó monetizar sus relaciones laborales y trató de desalojar a los pastores vendiendo los pastizales. Se rehusó a participar en las fiestas, manteniendo una distancia social burguesa. Años después, su propiedad fue invadida y las tierras fueron expropiadas.

Mientras tanto, el patrón de la otra mitad de la hacienda Culluctus (ahora llamado don Lucas) bailaba y bebía regularmente con sus trabajadores en la fiesta patronal de San Jacinto y parecía disfrutarlo enormemente. La invasión nunca entró en su mitad de la Hacienda (Thurner, 2000 [1993]: 368).

Lo mismo ocurrió en Morelos, epicentro de la revolución zapatista, en la hacienda San Felipe del Progreso, que sobrevivió a la Revolución gracias a que su propietario supo combinar la maximización de ganancias con las obligaciones tradicionales hacia los peones (Knight, 2010 [1986]: 248).

En síntesis, de forma distinta, más progresiva, moderada y con una cronología invertida, en la Sierra la crisis de lealtad “abajo” también provino, como en la Costa, de la incapacidad del sistema “arriba” para seguir funcionando como lo había hecho por siglos. El inesperado resultado de este cambio en las condiciones en que operaba la resistencia del campesinado indígena fue que las demandas por restaurar el pacto moral se fueron convirtiendo, de manera casi imperceptible, en desafíos imposibles de cumplir en el marco de las reglas anteriores. La lealtad de los subalternos con el sistema hacendatario en la Sierra se perdió con más lentitud porque la crisis y transformación de las oligarquías dominantes se produjo de manera menos catastrófica que en la Costa.

Por eso, precisamente, durante la pantanosa transición al capitalismo periférico, los observadores radicalizados consideraban a los sectores subalternos de la Sierra como el reservorio de lealtad que el sistema necesitaba, mientras que las clases subalternas de la Costa eran el magneto que atraía y potenciaba las energías revolucionarias. Consideradas por unos y otros como amenaza o como esperanza, las clases subalternas vieron crecer su autonomía y su descontento. Pero lo hicieron en períodos sucesivos que se acercaron solo a inicios de los años sesenta, cuando los huasipungueros y comunidades indígenas andinas demandaban huasipungos mientras los colonos arrendatarios costeños se resistían a abandonar las tierras de las antiguas haciendas que ocupaban. Para entonces, el proceso de forja de nuevas lealtades, potenciadas con la ayuda de los organismos estatales, se había reinventado. La crisis de lealtades regionalmente desacopladas no fue suficiente para que las clases dominantes perdieran el control de la transición, precisamente porque estaban desacopladas.


Los capítulos precedentes ofrecen una lectura regional y temporalmente diferenciada de las peripecias que sufrió la lealtad de las clases subordinadas en el mundo rural ecuatoriano durante la transición al capitalismo. Esa lectura diferenciada presupone que los sectores subalternos rurales, que formaban la enorme mayoría del país, no eran necesariamente rebeldes ni siempre sumisos: el grado de su dependencia ante los grupos dominantes es un factor variable y cambiante cuyas intermitencias deben ser explicadas. En la Costa, la amplia autonomía de los años veinte y treinta intentó ser revertida en los años cuarenta y cincuenta, lo que indujo una bifurcación entre arrendatarios rebeldes que resistieron el despojo de las tierras que ocupaban y asalariados más dependientes, pero no enteramente sumisos. En la Sierra, la potente rebelión subalterna de los años veinte y treinta se dirigió contra el Estado mucho más que contra las haciendas, con las que a veces crearon alianzas locales; pero de manera paulatina y progresiva, entre 1945 y 1960, se desplazó hacia la demanda por las tierras del huasipungo y por cuestionar el poder de las haciendas. Solo cuando los arrendatarios costeños y los huasipungueros serranos empezaron a centrar sus demandas, conflictos y agenda en la lucha por la tierra, el núcleo del poder social de las oligarquías se vio comprometido. El giro que condujo desde la lucha por las condiciones de arriendo y redención de cultivo, o por las condiciones laborales de los trabajadores de las haciendas, a la lucha por la tierra se produjo tardíamente, en la segunda mitad de los años cincuenta. Para entonces, solo la fracción más tradicional de las oligarquías terratenientes de ambas regiones recibió el golpe de la nueva agitación surgida desde abajo; cuando se aprobó la reforma agraria en 1964, esta sacudió tan solo los reductos más tradicionalistas que ya no eran dominantes.

Las explicaciones sugeridas en este trabajo asignan un lugar especial a las condiciones sociales y económicas que hacen receptivo el ambiente, sea para las prédicas rebeldes, sea para el llamado al orden. Hasta los años cuarenta en la Costa había mucha tierra y pocos habitantes; además, desapareció la clase dominante regional y emergió con insólita autonomía la figura de un campesino relativamente próspero que ocupó las tierras de las haciendas cacaoteras abandonadas y terminó defendiéndolas a balazos. La imagen independiente y aguerrida del hombre del campo tiene allí su explicación histórica. Dice Agustín Cueva:

La Costa o litoral no es, como la Sierra de Huasipungo, el asiento secular de los latifundistas señoriales, cuya riqueza y poder se fundan en la perpetuación de las relaciones de servidumbre y explotación del indio, instituidas por los conquistadores españoles. Es más bien el resultado de una segunda “conquista”, la de la selva, realizada plenamente solo en el siglo XIX, bajo la égida de la burguesía comercial de Guayaquil […]. Hay, desde luego, un importante sector de la propiedad rural que pertenece a dicha burguesía; pero junto a él subsiste, como núcleo de significación social, la hacienda del “cacique” campesino, es decir, de esa capa dominante local surgida durante el proceso de conquista de la selva y al amparo de su ley (Cueva, 1992 [1971]: 121).

En cambio, la estructura social de la Sierra ofrece condiciones más propicias para la obediencia. En busca de entender la movilización popular en la guerra de los Cuatro Días (1932), Agustín Cueva (1998 [1972]: 37) afirma que la participación de soldados rasos campesinos, artesanos y gente modesta en la “cruzada reaccionaria” de esa guerra civil se explica porque

los descendientes de los encomenderos disponían de todos los mecanismos de control social sobre “su” gente: mando directo en las haciendas o, a través de ellas, posibilidad de coacción ideológica en una urbe como Quito, que, pese al crecimiento demográfico del último decenio, recién empezaba a experimentar cambios en su estructura social tradicional.

En una palabra, los colonizadores, arrendatarios y aparceros tenían en todas partes mejores condiciones económicas para la autonomía política y social que los inquilinos o huasipungueros.[23] En un paisaje salpicado de campesinos independientes, individualistas, patriarcales y pendencieros, como el de la Costa ecuatoriana durante la primera fase de la transición al capitalismo, las condiciones de clase eran un terreno propicio, una oportunidad histórica para la rebeldía. De hecho, fue allí, en la Costa, donde residieron, por un tiempo, los peores peligros de descontrol de los subalternos para las oligarquías regionales ecuatorianas.


  1. Los estudios sobre Cayambe son de gran calidad, cfr. Prieto (1980, 1978), Ibarra (1984: 67-71), Becker y Tutillo (2009: 71-89). Sobre Tigua, Saquisilí y Toacazo, donde también predominaron haciendas en manos de arrendatarios y en propiedad de instituciones públicas (la Universidad Central), los contactos de los comunistas también ocurrieron desde los años 1930, cfr. Kaltmeier (2008: 43-68) y Bretón (2012: 220-221).
  2. La misma opinión en (Becker y Tutillo, 2009:177-178). Ver un análisis más detallado en Becker (2009: 93-166). El pliego de peticiones de los sindicatos formados de las haciendas de Pesillo, Moyurco y La Chimba, aparte de los reclamos salariales y condiciones laborales, mencionan también la devolución de los huasipungos que hubieran sido arrebatados por los arrendatarios (Prieto, 1980: 115-117; Ibarra, 1984: 69).
  3. Lo que sigue proviene del expediente del Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 443. “Reclamo deducido por varios peones de la hacienda Tolontag contra el arrendatario de dicha hacienda por abusos, Pichincha, 22–VII –1934”.
  4. Lo que sigue es una sistematización del expediente revisado en Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 109. Registro 410. “Expediente sobre reclamo de peones de las haciendas de Tigua y Zumbahua, 1929-1939”.
  5. No es frecuente encontrar documentación sobre el castigo de “abrir la casa”, es decir, desalojar al huasipunguero de su tierra, su hogar y obligarlo al exilio de sus redes familiares y comunitarias, cfr. Guerrero (1991: 208-213, que recurre a la descripción de la novela Huasipungo).
  6. Cfr. el expediente del Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 445. “Hacienda Moyocancha, quejas contra el señor Julio T. Salem, por abusos. Comunidades de Quislag, Pilshishig chico, y Pilshishig grande, por tierras 10 –VI- 1934”.
  7. Lo que sigue proviene del expediente del Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 446. “Comunidad indígena de Mulanleo-Yanchapuzán, parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, Tungurahua, 22 de febrero de 1935”.
  8. Un análisis similar a este fue realizado por Hernán Ibarra (2015: 205-223) para el período 1916-1930. También encuentra mayor intensidad y violencia en los conflictos “locales” contra funcionarios y medidas estatales, antes que en los conflictos por tierra, agua o leña. En su contabilidad, solo el 21 % de los conflictos en la Sierra (en total 19) fue contra haciendas.
  9. El estudio más completo sobre las finanzas gubernamentales y la crisis de los años veinte en Alexander Rodríguez (1992 [1985]: especialmente 139-145).
  10. Una temprana y detallada explicación del sistema poder terrateniente, con sus intermediarios, sus variantes y sus aliados locales, en Peñaherrera y Costales (1971: 219-240).
  11. Sobre las comunidades indígenas de Chayanta aimara como “clanes”, cfr. Platt (1982: 73-111 y 148-172). Los estudios más detallados del funcionamiento de los ayllus en las haciendas provienen de Cayambe, al norte de Quito (cfr. Guerrero, 1991 [1986]; Guerrero, 1991; Crespi, 1968: cap. 9; Ramón, 1987: 172-182 y 221-235). Crespi explica, basada en un trabajo etnográfico dentro de las haciendas, el funcionamiento de las redes de parentela; Ramón muestra la reinvención (“etnogénesis”) de las comunidades indígenas dentro de las haciendas; Guerrero teoriza sobre su funcionamiento como pilares de la reproducción de las comunidades que proveían mano de obra a las haciendas. Sobre las migraciones en el siglo XVIII que literalmente “disolvieron” las comunidades preexistentes, cfr. Powers (1994). Similar contraste entre comunidades indígenas de Perú y Ecuador se encuentra en Clark y Becker (2007: 3). Sobre el significado del término “ayllu” como “parentela”, ver Prieto (2015: 36), basada en una gramática quichua de 1920.
  12. “No hay acto más piadoso, en cierto sentido, es decir, desde el punto de vista del grupo, que las ‘mentiras piadosas’, las ‘piadosas hipocresías’: si esos engaños que no engañan a nadie son aceptados tan fácilmente por los grupos es porque encierran una declaración indudable de respeto por la regla del grupo […]. La representación (mental) que el grupo se hace de sí mismo no puede perpetuarse más que por el trabajo incesante de representación (teatral) por medio del cual los agentes producen y reproducen, así sea por y en la ficción, la apariencia al menos de conformidad con la verdad ideal del grupo, con su ideal de verdad” (Bourdieu, 1994: 239 y 240; traducción mía).
  13. Según Peñaherrera y Costales (1971: 116-117), basados en documentos del Ministerio de Previsión Social, las entregas empezaron en 1959 y hasta 1964 se habían beneficiado 3 019 familias con 9 303 hectáreas. No pasa desapercibido que la “anticipación” terrateniente empezó el año en que la Revolución cubana dictó su radical ley de reforma agraria.
  14. El trabajo de Peñaherrera y Costales (1971: 240-244) muestra que las familias arrimadas podían duplicar el número de las familias huasipungueras. Frecuentemente eran, al menos, un número igual de familias arrimadas y huasipungueras.
  15. Por ejemplo, en las haciendas San Agustín de Cusubamba y San Agustín de Salache, en Cotopaxi, actas firmadas en Quito, 21 de octubre de 1953, Actas de la JCAP, Libro 854, oficios 103-M y 109-M; las haciendas Rumicucho, Pululahua, Aicapicho y La Banda en la provincia Pichincha, actas firmadas en Quito, 6 de febrero de 1954 y del 15 de diciembre de 1954, Actas de la JCAP, Libro 854, oficios 28-M y 215-M; terrenos y potreros de Colta, provincia de Chimborazo, actas firmadas en Quito, 28 de octubre de 1954, Actas de la JCAP, Libro 854, oficio 194-M (modificaciones posteriores a las bases para el arriendo mantuvieron la cláusula sobre los huasipungos). Disposiciones similares en la hacienda Pisambilla, Cayambe, Pichincha, actas firmadas en Quito, 8 de febrero de 1954, Actas de la JCAP, Libro 856, oficio 25-M; hacienda Itchimbía de Cebadas, Chimborazo, 21 de octubre de 1953, Actas de la JCAP, Libro 856. Por excepción, en la hacienda Tunshi, en Chimborazo, autorizaba a entregar 4 huasipungos nuevos, acta firmada en Quito, 16 de diciembre de 1954, Actas de la JCAP, Libro 854, oficio 217-M. Estos libros de actas con firmas originales fueron donados por Velasco Ibarra a la PUCE, Quito, y pueden consultarse en su biblioteca. En 1962 en la hacienda La Chimba, de la JCAP, los trabajadores piden pedían que se aumentarae la cabida de los huasipungos, que son muy pequeños. El arrendatario responde que está prohibido por el contrato con la JCAP aumentar la cabida o el número de huasipungos, cfr. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 77, expediente 194.
  16. Oficio de José R. Chiriboga, director de la JCAP al ministro de Previsión Social, Quito, 18 de enero de 1954, Actas de la JCAP, Libro 854, oficio 9-M.
  17. Mientras que el Censo Agropecuario de 1954 encontró 19 700 huasipungueros en el país, en las estadísticas de liquidación de huasipungos del IERAC entre 1964 y 1984 constan 18 698 familias beneficiadas (Almeida y Almeida, 1988: 42-45). A eso hay que añadir las más de 3 000 familias beneficiadas por las entregas anticipadas entre 1959 y 1963.
  18. Los ejemplos de la distinción entre “buen” y “mal patrón” son innumerables. Ver Prieto (1980: 123) para Cayambe; Bretón (2012: 74, 201-209 y 218-219) para Toacazo; Kaltmeier (2008: 25-30) para Saquisilí. La diferencia entre unos y otros no deriva únicamente de la entrega de huasipungos. También importan en la etiqueta del paternalismo la entrega de socorros, de suplidos, la participación en las fiestas. En una palabra, la generosidad institucionalizada.
  19. “Programa de reivindicaciones para los indios ecuatorianos”. En Ñucanchic Allpa, Órgano de la Federación Ecuatoriana de Indios, IV Época, n.º 18, 5 de octubre de 1946.
  20. “Reclamos que hace la Federación de Indios a la Asistencia Pública”. En Ñucanchic Allpa, Órgano de la Federación Ecuatoriana de Indios, Año V. n.º 20, marzo de 1948.
  21. En Toacazo los indígenas también buscaron restaurar las normas de la economía moral tan tarde como durante la reforma agraria en antiguas haciendas de la Iglesia (Bretón, 2012: 219).
  22. Aunque en Toacazo, provincia de Cotopaxi, las señales apuntan a que la reforma agraria se desencadenó principalmente después de las leyes de 1964 y 1973, el factor demográfico también fue señalado como un factor importante del asedio campesino (Bretón, 2012: 124). Lo mismo puede inferirse del relato de Waters (2007: 120-138) sobre Salcedo.
  23. Sobre esa misma predisposición a la autonomía social y económica en las zonas de colonización colombianas, ver el trabajo de Palacios (2012: 58). En una perspectiva más comparativa y cuantitativa, el ensayo de Coatsworth (2012 [1988]) sobre las rebeliones rurales latinoamericanas entre los siglos XVI y XX confirma el menor número de rebeliones abiertas entre los trabajadores dentro de las haciendas (en especial pp. 50-53).


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