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Capítulo IV. El ejército liberal (1920-1941)

Puedo aseguraros con íntima satisfacción que, depurado el Ejército de algunos elementos poco reflexivos o acaso mal intencionados, ha entrado de lleno en una era de disciplina rigurosa y de trabajo profesional intenso, preparándose así para cumplir cada vez mejor la altísima misión que le corresponde en la vida nacional.

   

Isidro Ayora, presidente de la República, a la Asamblea Nacional de 1928 (Ayora, 1928: 47-48)

Durante su primera presidencia, cuando su fulgurante carrera política recién comenzaba, José María Velasco Ibarra era considerado un conservador moderado. Había votado en contra de la descalificación de Neptalí Bonifaz, había hecho una trepidante oposición al Gobierno liberal de Martínez Mera, al que acusó, como lo hacían los conservadores, de llegar al palacio de Gobierno por fraude electoral, y había gozado, en fin, del decisivo apoyo del bien organizado Partido Conservador durante su campaña electoral de 1933. Así que el futuro caudillo se veía constantemente obligado a hacer profesión de su fe liberal, como lo había hecho también, en su momento, con menor éxito, Neptalí Bonifaz. Fuera de sus sentimientos íntimos, una entrevista de abril de 1935 deja entrever una de las razones políticas de esa constante afirmación doctrinaria.

El entrevistador insiste que una parte importante del país liberal esperaría de su Gobierno una resistencia más activa ante los embates del conservadurismo. Apenas cuatro meses antes de que decidiera “precipitarse sobre las bayonetas” y declarar la dictadura, el caudillo descalificaba los rumores sobre sus intenciones de disolver el Congreso como una “absurda calumnia”.

En cuanto al Ejército de la República, concluía, créame usted, que el Ejército es un modelo de abnegación, de constancia en el sufrimiento y de labor ininterrumpida por la dignidad de la Patria.

El periodista no perdió la oportunidad:

Entre las cualidades del Ejército Nacional que usted enumera, parece ser que se le olvidó anotar la de que profesa la doctrina liberal, ya que ha dado muestras de ello en situaciones políticas pasadas: cuando el levantamiento de Ambi, pongo por caso, y en otras tentativas del Partido Conservador de asaltar el Poder por medio de la fuerza.

Velasco responde que una cosa son las ideas de los oficiales o militares y otra, la institución. Es normal que el liberalismo haya penetrado en el alma del soldado, arguye, pero la institución debe mantenerse al margen de los partidos. El periodista asiente y comenta para los lectores que, en efecto, los soldados son liberales porque desde 1895 han tenido “trayectoria libertaria”. Concluye revelando el sustrato último e implícito de sus preguntas; ese contenido latente que los interlocutores comparten al hablar y que nadie dice por obvio o por incómodo: “Parece, señor Presidente, que las masas y el Ejército no permitirán su destitución…”. El entonces joven político ecuatoriano, a medio camino entre liberal y conservador, responde con un desafío olímpico al que nos acostumbrará en el futuro: lo tiene sin cuidado. “Yo no amo el Poder. Yo amo la gloria”.[1]

Hoy sabemos que para llegar a la gloria necesitaba el poder. Tentado por la colusión inevitable entre ambas, Velasco intentaría proclamar la dictadura en agosto de ese año, los militares liberales lo abandonarían y su primer Gobierno concluiría como uno más de los episodios tormentosos y cortos de una década donde ningún presidente superó los dos años en el cargo. Las masas no se movieron para defenderlo, pero los militares sí se negaron a seguirlo.

De esta anécdota, interesa resaltar la repetida, segura y confiada afirmación del carácter liberal del ejército. En medio del completo descalabro del Partido Liberal y de la oligarquía cacaotera, las fuerzas armadas liberales se vieron forzadas a intervenir repetidamente en la política para evitar la asunción del mando por los conservadores. Para los oficiales ecuatorianos, un gobierno conservador era una mortal amenaza no solo para las instituciones civiles del Estado laico, sino para la integridad del mismísimo ejército.

La exclusión conservadora

Cada vez que se presentaba la ocasión, los conservadores levantaban acta de su queja en regla contra el ejército. Jacinto Jijón y Caamaño (1929: I, 392-393), el aristocrático jefe del partido entre 1925 y 1946, lo expresó con meridiana claridad en el texto en el que presentó al público los resultados de la renovación doctrinaria del más organizado de los movimientos políticos del país. El general Alfaro realizó reformas intelectuales y disciplinarias en el ejército gracias a las cuales era una “fuerza nacional” y no una “pandilla de bandoleros”:

Pero el fruto de aquellos esfuerzos lo echó a perder, en gran parte, la política liberal. Los oficiales que salían de la Escuela Militar iban a los cuarteles, a quedar subordinados a los viejos jefes y aprender de ellos todas aquellas mañas incompatibles con el nivel más alto de cultura, esto es, entre otras, las del fraude, disimulado en fórmulas sutiles, erigido en sistema […]. Así pudo llegarse a disponer de un ejército muy bien presentado, apto quizás, pero roído por la inmoralidad más espantosa y completamente divorciado del resto de la Nación, que lo miraba como enemigo. No era la fuerza pública de la Nación: pertenecía a un partido, y aún más, lejos de jurar la defensa de la Constitución y de la Patria, prometía tan solo obediencia al Gobierno.

Años más tarde, otro aristócrata católico, Camilo Ponce, cuya figura crecería al amparo del velasquismo y que llegaría a presidente de la República en 1956, expresaría la misma queja en el libro que daba a conocer su programa y su doctrina al país:

[…] el ejército es un gran elector, sin él nada se puede. Desviada así su función técnica [con la filiación política al liberalismo], corrompidos sus conceptos esenciales, indisciplinado y propicio a las rivalidades, en lugar de preparar su equipo para la defensa de las fronteras, marcha de conciliábulo en conciliábulo, de conspiración en conspiración, logrando ahora ventajas de clase, mañana gratificaciones o ascensos (Ponce Enríquez, 1942: 60).

Estas constantes quejas son reveladoras: el Partido Conservador, abanderado del grueso de la oligarquía terrateniente de la Sierra, que preservó su ascendiente sobre la mayor parte de los sectores subalternos serranos, estuvo, sin embargo, excluido del comando del ejército. Entre 1920 y 1944, el ejército fue el verdadero contrapeso, con el poder de las armas, de la hegemonía conservadora en la economía y en la sociedad civil. Bustamante y Varas (1978: 57-58) atribuyen esta exclusión al desprecio aristocrático del terrateniente: “El agrario desvalora al militar, no a las FFAA. Para él, ellos son intrínsecamente inferiores”.

¿No sería al revés? ¿Que la exclusión de la que eran objeto producía en los agrarios el desprecio hacia quienes los despreciaban? Las ínfulas de superioridad aristocrática se inclinaban ante la desnuda verdad del valor de las armas en cualquier ecuación sobre el poder político. Otras oligarquías de América Latina, como la argentina, flexibilizaron sin problemas sus prejuicios de nobleza para acoger la carrera de las armas y controlar directamente la institución. De hecho, la carrera militar se llenó en la Argentina del siglo XIX de consideraciones aristocráticas de honor y dignidad: “La persona que se consagraba a él de manera intermitente esperaba solamente conseguir la gloria. Tenía fortuna para vivir y consideraba que era un servicio honorífico más que una profesión” (Rouquié, 1981 [1978]: I, 78).

La exclusión política de los conservadores fue de la mano con la primera profesionalización del ejército. A contrapelo de quienes oponían politización y profesionalización, la tecnificación del ejército ecuatoriano, igual que en Colombia, fue una operación política: mientras en Ecuador aseguró el control liberal, en Colombia confirmó la hegemonía conservadora.[2] La formación académica de la oficialidad aumentó paulatinamente desde la primera fundación de la Escuela Militar en Quito en 1892 y se intensificó con los gobiernos liberales. Ganó los ascensos una oficialidad joven y serrana, dirigida por el hijo de Eloy Alfaro, Olmedo, el verdadero organizador del ejército liberal.[3]

Al principio, los reclutas no eran bachilleres, por lo que la Escuela abrió una sección general para obtener el grado que cualquier civil obtendría en los colegios públicos y una sección militar para la formación especializada. Esto reducía el tiempo de dedicación para ambos. El resultado fue un quebradero de cabeza que llevó a constantes cambios en el programa de estudios para hacerlo más largo o más corto. Se necesitaba un imposible balance entre la necesidad de más tiempo para la formación especializada de los aspirantes a oficiales y la falta de suficientes reclutas si el grado de formación exigido era demasiado alto o el tiempo de estudios demasiado largo.[4]

Hasta la Revolución Juliana (1925), sin embargo, la Escuela Militar no era la única forma de reclutar oficiales. Junto al reclutamiento formal, subsistieron mecanismos informales de méritos en las campañas de las guerras civiles. Existían también el ascenso de suboficiales (los “clases”) y la designación de reservas por motivos políticos (Fitch, 1977: 17, y nota 20, p. 191): “Hay también abundante evidencia de que durante este período [1900-1925], los altos oficiales ecuatorianos eran reclutados esencialmente sobre la base de su lealtad política al presidente de la república” (Fitch, 1977: 16). El resultado era que el ejército se subordinaba a la elite política civil, oligárquica, costeña y liberal (Fitch, 1977: 18). Para fines del período alfarista (1912), el ejército era ya el eje de poder del régimen liberal (Ayala, 1994: 171). Fue por esa subordinación por lo que entre 1912 y 1924 realizó o protegió los fraudes electorales contra los conservadores durante la llamada “dominación plutocrática”.[5]

La Revolución Juliana y la autonomía militar

¿Cómo se autonomizaron las fuerzas armadas ecuatorianas de la oligarquía liberal que las controlaba? Fernando Bustamante y Augusto Varas (1978: 49) suponen que la oficialidad estuvo inicialmente subordinada al latifundio:

[Con la revolución liberal] son barridos los representantes del clericalismo conservador y reemplazados por los hijos de los dependientes, empleados y administrativos de la hacienda, esto es, el personal técnico e ideológico ligado al orden estamental del latifundio. En la medida en que estos grupos comienzan a desplazarse a la vida urbana se separan del lazo particularista con el hacendado, y el Estado ya no aparece como un atributo de su potestad. Esto hace posible que tales sectores comiencen muy pronto a percibir la distancia entre sus propios intereses y los del patrón.

La tesis es tentadora. Durante la primera mitad del siglo XX, la gran mayoría de oficiales provino de las provincias de la Sierra a pesar del crecimiento exponencial de la población de la Costa.[6] Bustamante y Varas deducen que los oficiales debieron ser “dependientes, empleados y administrativos” de las haciendas. Pero el estudio de Samuel Fitch (1977: 17), basado en la revisión de las carpetas de aspirantes al Colegio Militar, propone algo diferente:

De acuerdo a los datos más tempranos a los que tenemos acceso, en los años que van de 1928 a 1930, el 38% de los cadetes que entraban a la Escuela Militar provenía de familias propietarias de tierra o profesionales, 57% eran hijos de empleados, oficiales militares o comerciantes, y 4% eran hijos de trabajadores o artesanos.

Posteriormente, Fitch adopta una clasificación que vuelve invisibles los vínculos de los cadetes de la Escuela Militar con la elite terrateniente y comercial (ver cuadro 5). La estratificación social de Fitch, basada en ingresos, revela que hasta inicios de los años cuarenta había una importante presencia de hijos de propietarios, de personal de altos ingresos y de profesionales (más de un tercio de los cadetes). En los años cincuenta, seguían siendo un quinto de todos los cadetes. De hecho, los oficiales reclutados en las “clases altas” eran el doble que en el Brasil de esos años (Fitch, 1977: 27).

Cuadro 5. Estrato social según oficio del padre (cadetes del Colegio Militar), 1928-1966

Años

Alta/media alta Media Media baja/ baja

1928-1929

44,4 % 55,6 % 0

1930-1939

33,8 % 61,5 % 4,7 %

1951-1957

20,1 % 63,5 % 16,4 %

1960-1966

16,5 % 62,2 % 21,3 %

Fuente: Formularios de aplicación para ingresos al Colegio Militar (entre 1940 y 1950 se omitió la información sobre profesión del padre), en Fitch (1977: 26, cuadro 2.4).
Notas: “Alta y media alta”: propietarios y profesionales.
“Media”: empleados, militares, profesores y la mayoría de los comerciantes.
“Media baja y baja”: obreros, pequeños comerciantes, artesanos, suboficiales, soldados.

En síntesis, la información disponible sugiere una presencia numérica decisiva de miembros de las elites serranas. Las clases “altas” no eran el 33 % de la sociedad ecuatoriana en los años treinta, pero aportaban un tercio de la oficialidad del ejército. Además, su peso social y político era mayor al emanado de su número. Con más educación, mejores contactos y las dotes de mando propias de quienes las aprendieron en la cuna, su influencia debió ser enorme.

Los oficiales no eran, entonces, dependientes de los hacendados, sino que muchos de ellos eran los hacendados. Además, hasta 1946 la selección de oficiales se basó en criterios políticos antes que en el origen social: los oficiales debían ser liberales, aunque fueran propietarios rurales. Carlos Guerrero, oficial que llegó a los más altos puestos en la jerarquía militar, incluso ministro de Guerra, cuenta en una entrevista sobre su participación en la Revolución Juliana que había preocupación por la ventaja que podían obtener los conservadores de una rebelión contra el gobierno liberal. Guerrero desechaba el peligro:

¡Si en el ejército no hay conservadores, qué va a haberlos! Yo no podría citar el nombre de un solo oficial que no sea liberal, de muchos socialistas sí. Las libertades de las que con justicia se enorgullece el Ecuador las conservaremos a todo trance (citado en Pérez Ramírez, 2014: 61).

El caso del general Alberto Enríquez Gallo (Tanicuchí, 1894; Quito, 1962) es un ejemplo prototípico del oficial liberal de la primera mitad del siglo XX. Era hijo de hacendados, su madre era hermana de Alejandro Gallo Almeida, importante propietario de Saquisilí cuyas haciendas fueron donadas a la Universidad Central del Ecuador (Kaltmeier, 2008). Otro hermano de su madre era cura jesuita. De hecho, al final de su exitosa vida militar y política, Enríquez se retiró a su hacienda “Siberia”, en Saquisilí. En su biografía, el general cuenta que cuando niño conoció personalmente a Eloy Alfaro, en campaña por Cotopaxi en 1906. El viejo luchador lo saludó y le dijo: “Tu familia, los Enríquez han gastado su sangre y su fortuna por defender como leones la causa conservadora […]. Pero tú, hijo mío, vas a ser liberal […]”. “Desde ese entonces decidí ser militar y ser liberal y de los buenos, para toda la vida” (citado en Coral Patiño, 1988: 25-26). Este propietario e hijo de hacendados participó militarmente, siendo adolescente, en la campaña de 1911 junto a Julio Andrade contra Alfaro. Después fue destinado a sofocar el levantamiento alfarista de Carlos Concha en Esmeraldas. Para completar su hoja de vida al servicio de los gobiernos liberales, participó en la represión a los obreros de Guayaquil en noviembre de 1922. Con la Revolución Juliana, a la que apoyó, se convirtió en el mejor ejemplo del liberal radicalizado, sensible a los problemas sociales, presto a aliarse con socialistas y comunistas para ampliar la intervención estatal en la solución de los problemas sociales y económicos del país. Participó en la represión de la agitación comunista en Cayambe en 1931, y en la toma de Quito, bajo control conservador, durante la guerra de los Cuatro Días en 1932. Fue ministro de Guerra durante la dictadura de Páez y dictador entre 1937 y 1938, cuando promulgó algunas de las más importantes leyes de protección social. En 1948 fue candidato presidencial de liberales, socialistas y comunistas.[7]

La trayectoria de Enríquez Gallo no es la del empleado de hacienda que se independiza del propietario conservador. Es la del oficial liberal que se deshace del control de la oligarquía liberal. Esa independencia no se ganó paulatina y pacíficamente por el influjo de la vida urbana, como sugieren Bustamante y Varas, sino catastróficamente entre la masacre de 1922 y la Revolución Juliana de 1925. La crisis de los jóvenes militares liberales no era tanto un drama edípico con los terratenientes serranos de quienes habrían dependido, sino una auténtica muerte del padre, pues el Partido Liberal al que respondían cayó en un pozo político profundo del que no se recuperaría. El pozo no fue cavado por la indignación ante el maridaje del ejército con el poder oligárquico y plutocrático al que protegió. Nació del brutal desmoronamiento de la oligarquía cacaotera que sostuvo y se sostenía en el Partido. El orden liberal se quedó súbitamente sin su pilar económico de apoyo. Comprometido en la oposición a los conservadores, el ejército vagó huérfano de dirección política y social. La Revolución Juliana expresó políticamente la colosal caída de la oligarquía dominante; fue el inicio del fin del Estado oligárquico.[8]

El renovado esfuerzo juliano por la “profesionalización” del reclutamiento y del sistema de ascensos dentro del ejército tenía un claro objetivo político: limitar la subordinación militar ante los caudillos liberales del momento.[9] La aspiración de resaltar el “mérito” y desterrar el control arbitrario de los superiores sobre los oficiales subalternos era “la más preciada conquista del ejército” durante la Revolución Juliana, según Ángel Isaac Chiriboga, inspector general del Ejército en 1928, fundador y principal redactor de la revista Ejército Nacional y futuro comandante de las tropas que recuperarían la ciudad de Quito en 1932 tras la guerra de los Cuatro Días:

Vuelta la carrera militar una verdadera profesión liberal, a cuyo dominio llegan a fuerza de estudio, de intensos trabajos, de múltiples sacrificios y de constante abnegación, sus cuadros de Jefes, Oficiales y Suboficiales, era lógico que éstos ya no continuarían a merced de caprichosas decisiones y que, al contrario, se garantizaría su estabilidad profesional […]. Nosotros consideramos que la nueva Ley de Situación Militar y Ascenso, es la más preciada conquista del Ejército en estos últimos tres años. Hemos cesado de ser el instrumento del egoísmo, para convertirnos en los maestros e instructores del ciudadano, y hemos obtenido así garantías indiscutibles, para afianzar nuestra carrera, que sigue siendo siempre la del honor y del patriotismo, en todas sus manifestaciones (citado en Guerrero, 1928: 138-139; énfasis agregado).[10]

Juan Maiguashca (1989: 179) fue el primero en vincular el esfuerzo de profesionalización del ejército con la crisis de lealtad ocasionada por el desastre económico que minaba los fundamentos de la oligarquía liberal. Los nuevos oficiales aspiraban a una carrera basada en el mérito y no en las conexiones políticas con el caudillo liberal del momento. No obstante, para lograr este cambio no bastaba cambiar la ley. Había que cambiar a quienes la aplicaban. ¿Cómo podían los mismos militares ascendidos al abrigo del orden oligárquico liberal favorecer a los jóvenes oficiales que los superaban en conocimientos técnicos y preparación profesional? El capitán Ildefonso Mendoza, uno de los dirigentes de la Revolución Juliana, explicaba en 1930 que:

Los oficiales inferiores ponían alguna preocupación por instruirse: los jefes, en su mayoría, carecían hasta de rudimentarios conocimientos generales, no pocos militares, aún de conocimientos elementales. Sucedía con frecuencia el caso de demostrar mayor preparación un teniente o un subteniente que un mayor o comandante y hasta coronel o general […]. El jefe era dueño de vida y haciendas: los cuarteles eran pequeños feudos y el gobierno, por compromisos políticos, los entregaba por un tiempo más o menos largo a determinados jefes de los más adeptos (citado en Efrén Reyes [1933]: 23).

Así, pues, la Revolución Juliana fue una revuelta generacional. Oficiales jóvenes la lideraron, asumieron los cargos directivos del ejército y sustituyeron a casi toda la plana mayor; tal como en otros países donde las fuerzas armadas se sacudieron, temporal o definitivamente, del control oligárquico.[11] Carlos Guerrero, mayor quiteño de destacada participación en la revuelta, reveló en una entrevista que los complotados en Guayaquil querían pasar a retiro a todos los jefes de alta graduación, pero los oficiales quiteños consideraban que la medida era extrema y había que ser más selectivos.[12] Algunos generales, como Francisco Gómez de la Torre y Moisés Oliva quedarían en sus puestos como testigos de un intento de conciliación. Pero fracasaron. En marzo de 1927, Gómez de la Torre dirigió un intento de golpe; sus dirigentes fueron multados, expatriados o deportados a Galápagos (Ayora, 1928: 8-9).

Para los primeros años treinta, prácticamente habían desaparecido los generales del ejército: al mando quedaron unos pocos coroneles (anexo I.22). Una comparación de las listas de oficiales en 1924 y 1928 muestra que casi toda la plana mayor de la oficialidad previa a la Revolución Juliana cambió en el curso de los siguientes tres años. Para 1928 no quedaba ningún general nombrado antes de julio de 1925. Ningún coronel ascendió a general. Los pocos ascensos de tenientes coroneles y mayores no alcanzaron a compensar los retiros del grado superior. La conclusión es clara: la revuelta de los mandos medios contra la república liberal condujo a un virtual reemplazo generacional.

Cuadro 6. Cambios en la alta oficialidad del ejército (1924-1928)
1924 1928
Número Destino
Ascenso Se mantiene Retiro

Generales

5 0 0 5

Coroneles *

15 0 5 9

Tenientes coroneles

49 5 8 36

Mayores

70 21 6 43

* Un coronel de 1924 aparece como capitán en 1928.
Nota: El cuadro se basa en una revisión de los nombres de los altos oficiales en las dos fechas para comprobar si se habían retirado, ascendido o se mantenían en su grado anterior. El cuadro fue elaborado por Manuela Sánchez.
Fuentes: Distribución y nombramiento del personal del Ejército Permanente, de Guerra, de Sanidad y Asimilados, en Registro Oficial, Año I, No. 100, 5 de enero de 1925; y Distribución y nombramiento del Ejército Permanente de Línea, Sanidad, Administración y Asimilados, en Registro Oficial, Año II, No. 538, 12 de enero de 1928.

Con el retiro forzado de los viejos oficiales, desde 1926 la falta de mandos se volvió crítica. Una circular firmada por el jefe del Estado Mayor General convocó a un curso especial de aspirantes a oficiales que admitía a suboficiales con aspiraciones de carrera militar. Se daba a entender que había un reclamo extendido de quienes estaban imposibilitados de convertirse en oficiales:

Como la necesidad de oficiales es grande, se ha creído conveniente que los aspirantes ingresen al nuevo Curso poseyendo ya la base de los estudios que les facilite la preparación profesional […]. [Los sargentos primeros que cumplen los requisitos, pueden participar] ésta es pues una puerta abierta, indefinidamente, para las promociones de todos cuantos aspiren razonable y honradamente a obtener la categoría de oficiales […]. [La superioridad] se preocupa no solo en hacer del Ejército un organismo que responda a las necesidades nacionales sino en garantizar al mismo tiempo los intereses privados de los valientes y abnegados ciudadanos que se encuentran en sus filas.[13]

En síntesis, la Revolución Juliana no fue tan solo una revuelta contra el régimen político de la plutocracia guayaquileña, sino contra los lazos que ella tenía tendidos sobre el ejército. Para romperlos cambió los cuadros militares y aprobó una ley que reforzaba los mecanismos de reclutamiento y ascenso que premiaban la modernización técnica y académica de la planta. Bajo cualquier parámetro que se la juzgue, la profesionalización servía a un objetivo político.

Profesionalización y politización

En el Cuerpo de Oficiales se ha hecho una selección severa e indispensable. El militar que hacía de la política su carrera y que por medio de ésta llegaba a puestos encumbrados, ha desaparecido. Hoy, el Oficial se ha convencido de que pertenece a la Nación; que no se debe a ningún círculo, ni a ningún hombre.

 

Federico Páez, presidente de la República,
a la Asamblea Constituyente de 1937
(Páez, 1937: 25-26)

Todos los Gobiernos posteriores a la Revolución Juliana dijeron que la profesionalización del ejército se hacía en nombre de cerrar el paso a la política dentro de sus filas. Pero semejante afirmación convivía con el hecho de que el número de cuartelazos e intervenciones políticas se multiplicó exponencialmente. Aunque en el golpe de 1925 los jóvenes oficiales entregaron el poder a los civiles para regresar al cuartel y dedicarse a “sus labores profesionales”, volverían a palacio una y otra vez hasta 1947. Si por “profesionalización” se entiende “despolitización”, la Revolución Juliana fracasó con todo éxito.

Al final de la década de 1930, los militares no solo eran los árbitros de la política, sino los dueños del poder en las dictaduras de Federico Páez (1935-1937) y del general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938). Durante la dictadura de Páez, el ministro de exteriores era el general Ángel Isaac Chiriboga, el de educación el coronel G. Burbano Rueda, el de hacienda era otro militar, F. A. Wither, mientras que defensa estaba a cargo de Enríquez Gallo. Al año siguiente, Enríquez sustituiría a Páez y su confesión es completa:

[…] el primer Gabinete que me acompañó en mis labores, el mismo que fué [sic] predominantemente militar, puesto que era el Ejército quien había tomado para sí, en los difíciles instantes por que atravesaba el País, la responsabilidad de su Administración Política (Enríquez, 1938: 8).

El contraste entre el proyecto de profesionalización del ejército y la responsabilidad predominantemente militar en los gobiernos resalta más al tomar nota de los esfuerzos de formación técnica y académica de los gobiernos julianos. En 1935 se ampliaron los cursos generales para que los estudiantes pudieran optar por la carrera universitaria y terminaron por reducirse los tiempos de formación militar especializada. En vísperas de la guerra con el Perú, la tensión entre la formación general y la formación militar no se había resuelto, aunque se admitían bachilleres formados en otros colegios de la República para una formación de suboficiales que duraba tan solo un año (Astudillo, 1935: 78-79; Plaza Lasso, 1939: 11 y 1940: 17). Luego de la derrota con el Perú, el ministro de Defensa Alberto Romero (1942: 29-30; 1943: 32) atribuía parte del desastre a la débil formación de los oficiales subalternos en un colegio que se había transformado en productor de bachilleres en lugar de suboficiales:

Debemos hablar con franqueza: una de las deficiencias experimentadas en los últimos y desgraciados sucesos fronterizos, fue la falta de una más amplia y mejor preparación técnica, en algunos de los grados subalternos, a los que faltaba, no sólo la preparación teórica, sino la práctica del mando y la experiencia correspondiente (Romero, 1942: 29-30).

Junto al esfuerzo, no siempre exitoso, por ampliar el tiempo de formación militar de los cadetes de la Escuela Militar, hubo otros esfuerzos por mejorar la actualización técnica de manera que se justificaran y merecieran los ascensos. Se multiplicaron los cursos sobre todo tipo de materias técnicas, al punto que el ministro de Defensa Galo Plaza (1940: 17-18), otro liberal, creía que no eran sistemáticos, carecían de secuencia y revelaban la falta de escuelas regulares para la formación de clases y oficiales. No obstante, dos escuelas especializadas florecerían en el período. Por un lado, la Escuela de Artillería anexa al Colegio Militar, y, por otro, la Escuela Naval, ¡primero en Quito!, y luego en Salinas. La aviación debió esperar mucho más. Sin duda lo más relevante y ambicioso fue la Academia de Guerra, creada en 1922 para la formación del Alto Mando, entendida como una especie de “universidad” del ejército, pero que se abrió muy irregularmente hasta 1956, cuando su funcionamiento por fin se regularizó.[14]

Finalmente, el último gran mecanismo de formación y especialización de los oficiales fue el otorgamiento de becas para estudiar fuera del país. No hemos conseguido información cuantitativa sistemática sobre los becarios en el exterior, pero es seguro que, en ningún otro campo, ni siquiera en la formación de profesores, el Estado realizó un esfuerzo fiscal semejante de preparación de su personal. El dato de un período posterior es el siguiente: entre 1950 y 1965, tres mil oficiales siguieron estudios fuera del país, 1 200 de ellos en los Estados Unidos (Fitch, 1977: 192, nota 35). A título de comparación, el informe del ministro de Educación de 1939 reporta que había 15 estudiantes becados en el extranjero con fondos nacionales en pedagogía, ingenierías, artes, industrias, veterinaria, mecánica y declamación, y 4 becados por los Gobiernos de Cuba y Panamá (Estrada Coello, 1939: 254).

Lo decisivo de esta enumeración es que, en el período que media entre 1925 y 1941, los esfuerzos de profesionalización académica fueron intensos, aunque no fueran todo lo sistemáticos, regulares y profundos que el ejército requería. Fueron suficientes, no obstante, para cumplir el objetivo político que no se proclamaba abiertamente: forjar una nueva generación de oficiales militares que sustituyera a los oficiales del ejército de la república liberal (1895-1925). Lo que esta proliferación de cursos no consiguió fue alejar al ejército de la política; sustrato y objetivo que sí se proclamaba de la “profesionalización”. En realidad, la demanda de profesionalización fue la forma ideológica adoptada por la operación política que aseguró la independencia del ejército frente a la oligarquía liberal luego de su debacle. Puesto que era una operación política, con objetivos políticos, no debe extrañar que fracasara en lograr la abstención política del ejército y su exclusiva dedicación a las “labores profesionales”. No obstante, la aspiración de evitar la política y la consciencia de un fracaso inapelable estaba perfectamente asumida desde inicios de la fatídica década de 1930. Un intercambio de opiniones entre dos altos mandos militares julianos en 1931 y 1932 confirma que el problema alcanzaba el estatuto de una obsesión. No es frecuente que los oficiales presentaran con pública sinceridad las convicciones políticas y las opciones ideológicas de sus miembros.

En el intercambio de editoriales, encontramos primero al coronel Luis Larrea Alba, que dirigió la Escuela Militar, llegó a ser presidente encargado de la república a la renuncia de Isidro Ayora en agosto de 1931 para luego intentar, en octubre, un golpe de Estado. Esa intentona sangrienta, que dejaría una decena de muertos en las calles de Quito, le enajenaría el apoyo de la mayoría de oficiales de la institución. Estuvo asociado luego a varias insubordinaciones militares más a inicios de 1932 contra la victoria de Neptalí Bonifaz, y en 1933 para exigir su reincorporación a filas. Larrea Alba se convertiría en el creador y dirigente de un partido político, la Vanguardia Socialista Revolucionaria Ecuatoriana, que tendría una última y fugaz intervención importante durante la revolución de mayo de 1944.[15]

Poco antes de lanzarse a su fallida aventura golpista, Larrea Alba publicó un artículo sobre la relación del ejército con la política. Empezaba reconociendo que la interrogante era “compleja”, pero su conclusión carece de ambigüedades:

La cuestión no tiene términos medios: o se apoya al gobierno nacional sin limitaciones de ninguna clase, sea la que fuere su acción, o se le niega el apoyo, ejerciendo un control Supremo, si se aprecia que sus gestiones son ilegales o sus procedimientos tiránicos […]. Las circunstancias que determinaron la revolución de Julio de 1925, son sin duda excepcionales, y aún entonces no faltaron recursos para salvar la situación sin la intervención de las fuerzas armadas. Ni siquiera en la sombría época del tirano García Moreno ni tampoco contra la nefasta acción del tiranuelo Alfaro, habría tenido justificación amplia una rebelión en masa de la fuerza pública, un desconocimiento de esos gobiernos a pesar de sus actos de verdadera tiranía, de absolutismo, y de negación de los derechos ciudadanos.[16]

¿Quién podría prever que este destacado oficial que públicamente enarbolaba la tesis de que incluso ante el regreso de García Moreno el ejército debía mantener su neutralidad, menos de seis meses después, cambiaría radicalmente de miras? Digamos de paso que era posible en esos años desacreditar al “tiranuelo” Eloy Alfaro y ser un oficial liberal radical, anticlerical e incluso, muy pronto, socialista.

El otro protagonista del intercambio, que escribe luego de los hechos que desacreditarían a Larrea Alba, y a la luz de sus aprendizajes, fue el entonces coronel Carlos Guerrero. El joven oficial había estado encargado de informar al presidente Gonzalo Córdova que estaba destituido en julio de 1925. Se ocupó de la operación de cambio de gobierno en Quito mientras Idelfonso Mendoza tomaba las riendas del golpe en Guayaquil. Ministro de Guerra de Isidro Ayora entre 1927 y 1931, senador funcional por el ejército en 1932, votaría por la descalificación de Neptalí Bonifaz. En un texto de inusual sinceridad, Guerrero dice que en la relación entre el ejército y la política no hay nada “complejo”:

Es cierto que en los cien años de vida democrática apenas se cuenta tal vez un Gobierno que no tenga su origen en el Ejército, el de Borrero (y en el año próximo el del señor Bonifaz); todos los demás directa o indirectamente deben su elección al Ejército, que los hizo violando la Constitución o la ley de Elecciones, interviniendo indirectamente o sirviendo de cómplice en el fraude eleccionario.[17]

El ejército solo expresa la manera de ser del país; hay que cambiar al país en lugar de exigirle la tarea al ejército:

Si existe verdadera democracia en un país, si las leyes son respetadas por gobernantes y gobernados, el Ejército nada tiene que ver con que el Gobierno sea bueno o malo, pues no le toca a él el juzgamiento de los Poderes Públicos; la ley establece los organismos de esa función […]. El mal no reside pues en la dificultad de hallar el buen camino que debe seguir el Ejército en el campo político. Consiste en que no se ha podido o no se ha querido implantar en el país la genuina democracia en la cual la misión de orden y seguridad que corresponde al Ejército es clara y sencilla, y su forma de proceder está contenida en la prescripción constitucional correspondiente.[18]

Guerrero termina expresando su confianza en que el Partido Liberal subsistirá vigoroso porque es el que expresaba las libertades y el progreso. “Debemos tener fe en la democracia”. Parecía una súplica más que una convicción. La falla está, pues, en las instituciones del país en su conjunto, de las que los militares no son más que un engranaje. Subsiste la pregunta, sin complejidad alguna, de qué hacer mientras esa democracia no se instaure. ¿Debe el ejército someterse al remedo de democracia realmente existente en lugar de la verdadera? Al parecer no, porque Carlos Guerrero votaría por la descalificación de Bonifaz, el ganador de las elecciones de 1931, y una sangrienta guerra civil asolaría las calles de Quito por la sublevación de tres batallones que defendían al que era, para Guerrero, el único Gobierno auténticamente civil desde Antonio Borrero en 1876.

Lo llamativo del debate es la similitud de aspiraciones y de la historia personal de ambos contendientes. Dos militares liberales de alta graduación, uno de los cuales se radicalizaría al salir de filas, afirmaban el mismo principio, se condolían de las mismas calamidades y expresaban personalmente, con sus propios actos, la imposibilidad de evitarlas. ¿Por qué? Para responder la pregunta, debemos regresar los ojos hacia el peligro del retorno de García Moreno.

El fantasma de García Moreno

Luego de la renuncia de Isidro Ayora en 1931, y en medio de la más absoluta falta de un contrapeso político y económico poderoso en Guayaquil, quedó claro que, de no mediar la intervención del ejército, los conservadores ganarían limpiamente la mayoría de las elecciones. El riesgo de otro García Moreno no era un simple artificio retórico en un inocente editorial; era un fantasma vivo que recorrió las elecciones ecuatorianas de la década. Por contraste, el confiado optimismo en la atracción popular del liberalismo del coronel Guerrero convencía a pocos y no sería refrendado por las urnas. Los liberales se fraccionaban, se enfrentaban con sus demonios, mientras que los conservadores parecían disciplinados, amparados en la influencia infinita y activa de curas y terratenientes.

El riesgo del regreso conservador era demasiado grande no solo para el Estado laico y para una pléyade de funcionarios liberales,[19] sino para la institución liberal por excelencia, el Ejército. Si toda la estructura, la formación y la tradición del ejército implicaban el cierre de sus puertas al Partido Conservador, mayoritario en la vida civil de la región más poblada del Ecuador, esto no quería decir que los conservadores se quedaran de brazos cruzados ante los hechos consumados. Entre 1924 y 1932, hubo, cuando menos, dos intentos conocidos de desafío conservador al ejército liberal. Primero, el fracasado levantamiento armado de El Ambi, provincia de Imbabura, liderado, financiado y armado por Jacinto Jijón y Caamaño en 1924, luego del fraude que llevó a Gonzalo Córdova a Carondelet.[20] El segundo intento ya no buscó crear un ejército alternativo, sino que trató de infiltrar el ejército existente. Hablamos de la guerra de los Cuatro Días, entre el 28 y el 31 de agosto de 1932, la primera rebelión de batallones del ejército que no eran liberales, sino regimientos influenciados por la Compactación Obrera Nacional (CON), una milicia falangista paraconservadora con importante base artesanal y obrera que apoyó a Neptalí Bonifaz, nacida a inicios de los años treinta. La guerra de los Cuatro Días fue el momento culminante de la influencia de la CON y ofreció un ejemplo dramático del peligro que podía significar el regreso del fantasma de García Moreno no solo para las “conquistas liberales”, sino para el ejército.

El relato corto del desencadenamiento de la guerra de los Cuatro Días nos dice que, en las primeras elecciones sin fraude electoral del siglo XX, en 1931, ganó un hacendado serrano del área de Cayambe, pocos kilómetros al norte de Quito, que se proclamaba liberal, pero que tenía el apoyo de un importante contingente de dirigentes conservadores y de los grupos de falange de la CON. Neptalí Bonifaz fue el primer presidente del Banco Central del Ecuador en 1926, pero había mostrado siempre un talante autoritario y aristocrático.

Entre su elección, en octubre de 1931, y el día de su asunción, el 1 de septiembre de 1932, hubo varios alzamientos militares, uno de ellos en Tulcán, frontera con Colombia, que costó no menos de 40 vidas (Troncoso, 1958: 142; Gómez, 2009: 84). A mediados de 1932, se descubrió que Bonifaz había firmado varios documentos anteriores a 1914 en los que afirmaba que era ciudadano peruano (su madre lo era), y estalló entonces un escándalo mayúsculo donde se cuestionó su patriotismo y su nacionalidad. Bonifaz se defendió diciendo que quería proteger sus propiedades amenazadas por el alfarismo. Fue peor. Amaba más su bolsillo que a su patria. Sus defensores arguyeron que una cosa es lo que cualquiera puede afirmar de su propia nacionalidad en cualquier papel sin título legal y otra muy diferente es la realidad jurídica de la nacionalidad, que para Bonifaz jamás dejó de ser ecuatoriana. El 20 de agosto, el Congreso, donde había una mayoría de representantes que apoyó su candidatura, votó ajustadamente por su descalificación, 46 votos a 38 (Troncoso, 1958: 154-155). Se produjo entonces la sublevación en Quito de tres batallones del ejército. Durante cuatro días las tropas de ambos bandos se mataron al grito unánime de “Viva la Constitución”.

Durante la guerra de los Cuatro Días, se hizo explícito el esfuerzo conservador por romper el monopolio liberal sobre el ejército. Hay evidencias directas. El cabo Francisco Rueda, del Regimiento Bolívar, afirma en el juicio militar por la rebelión que el principal gestor de los ajetreos en el Regimiento era el cabo primero Manuel Sosa. Luego de una cita de los suboficiales complotados con el compactado N. Bermúdez, propietario de una panadería, se dirigieron a la casa de Alarcón Mena, dirigente de la CON. Alarcón aseguró que las guarniciones de Quito apoyaban el golpe a favor de Bonifaz y que solo desconfiaban del Regimiento Bolívar. Esperaban contar con el Batallón de Ingenieros Chimborazo, acantonado en Ambato, cuyo comandante, Andrade, era amigo de Alarcón. Si fallaba la unidad, habría muchos civiles compactados apoyando a la tropa.

Nos habló también de que tenían la idea de suprimir la Escuela Militar con el fin de facilitar el ascenso del personal de tropa a la categoría de Oficiales. En este instante tomó la palabra el Cabo Sosa manifestando que sería uno de los puntos más convenientes el que [se] suprima la Escuela Militar, por cuanto los individuos de tropa no tenían ninguna aspiración, contestando el señor Alarcón que las ideas que tenía el señor Bonifaz era la protección a la raza indígena, se proponía repartir muchos terrenos entre estos individuos, también agregó que el proyecto que tenía el señor Bonifaz era de dar los grados militares a los clases más o menos en esta forma: a los Sargentos primeros el de Capitán y así sucesivamente en las escalas inferiores; en ese momento todos a una voz le contestamos de que esa no era nuestra aspiración sino el ver el bienestar de la Patria. [21]

Incluso si damos crédito a su patriótica protesta, es posible que otros suboficiales (los “clases”), con quienes los compactados conversaron, no fueran tan altruistas y que la oferta los sedujera, como al cabo Sosa. Los conservadores proponían un mecanismo más expeditivo para que los suboficiales pudieran convertirse en oficiales: hablaban de la supresión de la Escuela Militar, el principal instrumento del control de los liberales julianos sobre el ejército. Nada más y nada menos. ¿Puede haber dudas de la importancia que tuvo esta guerra civil y del temor que agitaba a los militares liberales cada vez que crecía la certeza de que los conservadores se apoderarían del gobierno?[22]

Terminada la mortífera batalla de Quito el 1 de septiembre de 1932, los decretos de reestructuración de batallones y los traslados buscaron asegurar que no se repitiera la experiencia.[23] Las medidas contra los batallones bajo influencia de la Compactación Obrera recuerdan los drásticos cambios de organización que siguieron a las revueltas contra Isidro Ayora protagonizadas por los militares que resistieron la profunda reestructuración del ejército juliano. El Regimiento Bolívar fue disuelto el 9 de septiembre, y los miembros restantes de los batallones Constitución y Manabí fueron fusionados en el Batallón España, y destinados a Esmeraldas. De los líderes insurrectos, fueron apresados 62 soldados de la Bolívar, 42 del Constitución y 42 del Manabí (Troncoso, 1958: 217-218; cfr. también López, 2011: 144; Macías, 2007: IV, 207-211).[24] Meses después, la Cámara de Diputados, con Velasco Ibarra a la cabeza, dictaría una amnistía.

Si a inicios de los años treinta la guerra de los Cuatro Días confirmó los temores de los oficiales liberales, a fines de la década, las declaraciones de los principales dirigentes conservadores seguían alentando los peores presagios. En la campaña de 1939, el candidato presidencial conservador, Jacinto Jijón, decía:

[…] que en su Gobierno se realizaría el Reinado de Cristo Rey; y los Católicos que se unieron al sector socialista que propugnaba una candidatura de Izquierda [la de Velasco Ibarra] de hecho dijeron lo que los Judíos a grito herido cuando pidieron la muerte de Jesús: Nolumus hune regnar, no queremos que Cristo Rey impere en nosotros, en la Nación.[25]

Durante esa campaña, los seguidores de Jijón no se refirieron solo al laicismo, sino a lo que le esperaba al ejército liberal: los oficiales y soldados debían convertirse en un “timbre de orgullo”, un “servidor de la Patria, no el lacayo de un partido”.[26] Si en la campaña electoral propiamente dicha las palabras se pesan cuidadosamente, más preocupante era lo que decía y pensaba el jefe conservador antes de las elecciones. A mediados de 1939, en un discurso en el Centro Católico de Obreros, Jijón y Caamaño no tuvo pelos en la lengua:

El fin de la Acción Católica es el Reinado de Cristo ¿dónde reinará mejor Cristo que en un Estado Católico? (aplausos) […]. Amemos al Ejército, salvaguardia y defensor de la nacionalidad, pero hagámosle primero digno de ser amado.[27]

Apenas posesionado Arroyo del Río en septiembre de 1940, los conservadores exigieron la depuración administrativa. Al hacerlo, ratificaban ante los oficiales liberales la suerte que les esperaba en caso de una victoria católica:

Si el gobierno que inició sus actividades el 1 de septiembre quiere prestigiarse y hacer que los ecuatorianos aplaudan sus labores, lo primero, lo principal en que tiene que esforzarse es en depurar el ambiente administrativo, dejando en los cargos públicos a elementos honrados, con plena capacitación para el desempeño de sus funciones, pero amputando los miembros gangrenados.[28]

Semejantes palabras solo podían sonar como una amenaza premonitoria. En síntesis, la explicación de la continua intervención política de los militares cuando todos querían evitarla y se afanaban en una profesionalización que los alejara de los demonios del gobierno era que los oficiales liberales del ejército liberal, independizados de la tutela de la oligarquía guayaquileña, no podían correr el riesgo de una reacción ultramontana. Jacinto Jijón y Caamaño, el García Moreno del siglo XX, no tenía entrada libre a Carondelet.

Pero todo cambiaría con la guerra de 1941. Las prioridades girarían bruscamente, mientras que los viejos temores se volverían añejos para una nueva generación de oficiales marcada para siempre por el estigma de la derrota. A partir de entonces, los militares se verían a sí mismos con otros ojos y evaluarían los problemas del país con otra vara. Nada volvería a ser igual.

La guerra de 1941

El Ecuador, hoy por hoy, no es el país inerme e indefenso de hace dos años. Dispone, dentro de sus modestas capacidades, de los elementos necesarios para ser respetado y respetable.

 

Federico Páez, presidente de la República,
a la Asamblea Constituyente de agosto de 1937
(Páez, 1937: 26).

En una campaña de cuatro días, a fines de julio de 1941 las tropas del ejército peruano penetraron en la costeña provincia de El Oro, tomaron los puestos fronterizos y bombardearon objetivos militares en Arenillas, Santa Rosa, Machala y Puerto Bolívar. Se verificaron combates en puestos de avanzada en Loja, en la Sierra andina, y en puntos como Yaupi y Santiago, en la Amazonía. Del lado ecuatoriano cundió el desorden, el aislamiento y la desesperación. Las comunicaciones no funcionaron, los abastecimientos fallaron, los enlaces se rompieron y la movilización de las tropas tuvo que improvisarse. El desastre fue inapelable y la resistencia organizada, casi nula. Ante semejante catástrofe, los términos de la rendición no podían ser generosos y no lo fueron. El Protocolo de Río de Janeiro, que para Ecuador significó la pérdida en la Amazonía de la mitad de todo el territorio que reclamaba suyo, fue considerado por los militares y por la mayoría de políticos nacionales como una afrenta que marcaría con su huella por medio siglo la identidad nacional, la política civil y la vida militar.[29]

Desde el punto de vista de las consecuencias que la guerra de 1941 tendría para la organización del ejército ecuatoriano y para su actuación política, lo más relevante es que se produjo el descalabro de lo que quedaba del ascendiente del Partido Liberal sobre el ejército. El desprestigio del Gobierno de Arroyo del Río, la figura liberal más descollante de los años treinta, fue fulminante. Su Gobierno (1940-1944) sería recordado como una tardía reedición de la dominación plutocrática. Arroyo del Río fue, en efecto, abogado de empresas petroleras norteamericanas antes de ser presidente, aunque también había sido rector de la Universidad de Guayaquil. Como los Gobiernos oligárquicos liberales previos, su victoria electoral fue acusada de ser el producto de un fraude contra Velasco Ibarra. A pesar de todas las acusaciones y las oposiciones que pudiera despertar, consiguió mantenerse en el puesto casi cuatro años, récord que ningún Gobierno desde Isidro Ayora (1926-1931) había logrado, para ser derrocado por una rebelión militar y civil conocida como “revolución gloriosa”, el 28 de mayo de 1944. Fue la derrota militar de 1941 la que le enajenó el apoyo militar del que había gozado desde 1938, cuando pareció encarnar la aspiración de la preciada estabilidad política civil.

El capitán Sergio Girón, líder de la revuelta el 28 de mayo de 1944 en el grupo de artillería Villamil, que iniciaría la rebelión al atacar el local del Cuerpo de Carabineros, expresaría el desencanto con el liberalismo y el enorme peso de la derrota militar en su decisión:

La convicción de que era preciso limpiar nuestro nombre de la vergüenza que nos causara la derrota fronteriza y la claudicación diplomática posterior, así como la de impedir que continuara la destrucción física y espiritual del Ejército, al que se pretendía suplantarlo con el famoso Cuerpo de Carabineros, al servicio incondicional de la tiranía. Este pensamiento fue coincidente, sobre todo, en el grupo de oficiales que integramos el Curso de Artillería de 1939-1941 (citado por Macías, 2008: V, 192).[30]

Girón tendía un lazo entre el liberalismo y la oligarquía que había dominado luego de la muerte de Alfaro y que fuera desplazada por la Revolución Juliana:

Hemos tenido dentro de nuestra vida republicana solamente dos revoluciones, pero revoluciones de verdad. La una, la del General Alfaro que destruyó a la extrema derecha e impuso el liberalismo […]. Y la otra, ésta del 28 de mayo de 1944 con la cual se destruyó el liberalismo, es decir con la cual se lo arrojó del poder (Girón, 1945: 38).

Para Girón, Arroyo del Río es “producto de todas las putrefacciones políticas de la Costa y del grupito liberal radical”. Además, para esta nueva generación de jóvenes oficiales, Alfaro era ya un recuerdo purificado, muy distinto al que podía tener una década antes el coronel Larrea Alba. El liberalismo había degenerado en oligarquía, pero se reclamaban tradiciones asociadas a un origen más heroico y puro. No solo se podían distinguir las ideas del partido y sus herederos, sino que el propio fundador del partido se desmarcaba de su creación.

Esta nueva generación con otra sensibilidad ante el liberalismo sería la que tomaría las riendas de la rebelión y de la institución armada durante las dos décadas siguientes. La rebelión de mayo de 1944 fue protagonizada por jóvenes oficiales de artillería, entre tenientes y capitanes. De nuevo, como en 1925, los oficiales de bajo rango tomaron la iniciativa y propiciaron una renovación generacional. Sergio Girón (1945: 129, 131 y 269) cuenta que los complotados decidieron que el reclutamiento para la rebelión se haría solo dentro de la oficialidad hasta el grado de capitán. La fuente básica del reclutamiento fueron los regimientos de artillería y algunos contactos en infantería y en ingenieros:

En cada unidad había un agente del gobierno y por eso nuestro recelo de los jefes de las unidades en quienes no podíamos confiar por muchas razones. Estábamos haciendo una revolución entre la oficialidad joven de graduación inferior, hasta capitán, porque en este personal estaba todo lo noble, lo patriota y todo elemento que había sufrido –por una razón o por otra– el despotismo del gobierno y del comando (Girón, 1945: 131).

Girón hace notar que la rebelión en el ejército fue parcialmente independiente de la conspiración civil. Solo muy tardíamente ambas entraron en contacto:

La dirección espiritual e intelectual del movimiento, lo mismo que la acción material, estuvo a cargo únicamente de elementos militares. El proyecto revolucionario nació en el ejército […]. La intervención de elemento civil obedece a una aceptación que hicieron a nuestro plan transmitido a pocos, poquísimos (Girón, 1945: 122).

Varios autores han resaltado la pluralidad de causas que confluyeron para dar lugar a La Gloriosa (Vega, 2014 [1987]; Moncayo, 2009; De la Torre, 1997; Muñoz Vicuña, 1984; Ogaz, 2015; Cabrera, 2016). Desde la perspectiva adoptada en este capítulo, el relato del principal organizador de la revuelta militar, Sergio Girón, no deja lugar a dudas: la derrota militar de 1941 fue el factor determinante. El conflicto con el Cuerpo de Carabineros, creado en el gobierno del general Enríquez Gallo en 1938, solo se volvió determinante cuando fue leído bajo la luz de la derrota militar: una señal más del “odio” que sentía Arroyo contra el ejército (Girón, 1945: 64 y 100). El odio llevó al abandono; el abandono, a la derrota. La conmoción provocada por la vergüenza militar de 1941 creó un ambiente favorable para que el ejército empezara a ver a los conservadores como un mal menor. Pero faltaba algo más. Los conservadores debían brindar seguridades de que no intentarían forzar una reorganización profunda de las fuerzas armadas y del Estado laico.


  1. “Solo existe clericalismo cuando los actos del Gobierno están influidos por él”, reportaje de Martense, El Comercio, 8 de abril de 1935, en República del Ecuador ([1935]: 200-204).
  2. Sobre el ejército liberal ecuatoriano, cfr. Ayala (1994: 268-278). Sobre la filiación política conservadora del ejército en Colombia luego del fin de la guerra de los Mil Días, cfr. Bushnell (2011 [1994]: 228-230) y Vargas (2008: 310-323). El trabajo de Adolfo Atehortúa (2009: 153-188) describe en detalle varios procedimientos para asegurar el control conservador sobre la oficialidad, como el reclutamiento de hijos de militares, concentrarlo en Bogotá y en zonas históricamente conservadoras, disponer de recomendaciones de alcaldes y curas, y evaluar regularmente la piedad religiosa y la vida privada de los oficiales antes de decidir el ascenso.
  3. Una primera escuela militar se había fundado en 1876, se reabrió en 1889 y funcionó irregularmente hasta 1892, cuando se iniciaron cursos permanentes. En 1892 cursaron 21 alumnos, 54 en 1893, 15 en 1894, y 35 en 1895. La fundación que hoy se considera “oficial” la hizo Eloy Alfaro en 1899 (Andrade y Tapia, 1991: xxv-xxx).
  4. Así interpreto los constantes cambios en el programa y los tiempos de dedicación a la formación general desde 1901 a 1923. Al respecto, ver Andrade y Tapia (1991: 250, 276, 324-325, 355-356).
  5. Por eso es incomprensible la afirmación de Bustamante y Varas (1978: 39) de que los agro-exportadores “siempre han mantenido un marcado anti-militarismo y un apego al civilismo formal. Para Guayaquil, las FFAA deben ser cuerpos marginales a la política, preservados de toda inquietud ideológica y ceñidos al más celoso constitucionalismo”. En realidad, ese “civilismo formal” liberal de 1895 a 1924 se sostenía en el apoyo militar al fraude electoral.
  6. Entre 1916 y 1966, del 80 al 90 % de los cadetes era serrano (Fitch, 1977: 24, cuadro 2.2).
  7. Los datos biográficos fueron tomados de Pimentel (1987). Los detalles vienen de Coral Patiño (1988). Sobre la participación de Enríquez en la masacre de 1922, cfr. Gándara Enríquez (2003 [1990]). Otros destacados oficiales liberales julianos provenían de familias de propietarios agrícolas serranos, como Virgilio Guerrero, José Morán Estrada (Pérez Ramírez, 2014: 110 y 116) y Francisco Gómez de la Torre (Becker y Clark, 2004).
  8. La Revolución Juliana no ha sido objeto de un estudio detallado desde una perspectiva moderna, aunque es unánimemente considerada el hito mayor en la modernización del Estado, el inicio de las políticas sociales y el surgimiento de las políticas económicas proteccionistas. Siguen usándose los relatos de la historiografía tradicional: Reyes ([1933]) y Robalino Dávila (1973). Para recuentos recientes, cfr. Paz y Miño (2000, 2018) y Breilh y Herrera (2011). Para la visión negativa sobre el proceso, justificada desde el federalismo guayaquileño, ver Arosemena (2002) y el recuento crítico de Alexander Rodríguez (1992 [1985]: 155-195).
  9. No debe extrañar, entonces, que muchos conservadores saludaran entusiastamente el golpe de los militares julianos. Luego consideraron que sus ideales fueron frustrados por la dictadura de Ayora, cfr. El Debate. Diario de la mañana, 9 de julio de 1933. Esto llevó a algunos historiadores a sugerir que la Revolución Juliana es expresión del dominio del sector terrateniente y conservador “de punta” (Quintero y Sylva, 1991: I, 363-373).
  10. Los debates alrededor de esta ley y su aplicación fueron muchos y muy constantes en estos años. La preocupación era siempre evitar arbitrariedades y subjetivismos en la decisión de los superiores. Para algunos hitos de la discusión, cfr. la propuesta de reforma de Carlos Guerrero (1932); para una visión muy crítica de cómo se deterioraron las intenciones originales hasta llegar a la nueva arbitrariedad durante la dictadura de Páez, cfr. Marchán (1938).
  11. En Cuba fue la revolución de los sargentos (1933) que derrocó al general Gerardo Machado (Cantón Navarro, 2001: 119-120); en Guatemala, la de los capitanes, el 20 de octubre de 1944 (Tischler, 2009 [1998]: 291-297).
  12. Guerrero fue entrevistado por Luis Alberto Falconí, citado en Pérez Ramírez (2014: 61).
  13. “El porvenir de los suboficiales, clases y soldados de nuestro Ejército”, en Ejército Nacional, Año V, n.º 29, 1926, pp. 223-224. En este curso de 10 meses, pagado enteramente por el Estado, participaron 40 aspirantes (Macías Núñez, 2007: IV, 169). Las leyes militares de 1905 y 1926 hacían difícil el paso de clases a oficiales. Al respecto, Carlos Guerrero argüía que había que flexibilizar el paso entre ambos sin volverlo costumbre. “Materia muy discutida fue en todas partes el ascenso de la tropa a Oficiales. Muchos profesionales se han opuesto por salvar la ‘unidad de origen’, preconizada como condición indispensable a la homogeneidad del Cuadro de Oficiales. Impedir el ascenso de los buenos elementos de tropa ni es buena medida democrática ni está de acuerdo con la justicia y la conveniencia del servicio. La unidad debe buscarse en los conocimientos, pero no en la procedencia” (Guerrero, 1932: 429).
  14. La secuencia exacta de la Academia de Guerra fue la siguiente: existía formalmente desde 1905, pero no empezó sus labores sino hasta 1923 bajo los auspicios de la Misión Militar Italiana. Dejó de funcionar en 1925 y volvieron a abrirse cursos recién en octubre de 1939, para suspenderse nuevamente con la guerra de 1941. Finalmente, reinició actividades en 1947 con el nombre de Escuela de Comando y Estado Mayor, esta vez dirigida por la Misión Militar de los Estados Unidos; cerró nuevamente sus puertas y las reabrió solo en 1956 con el asesoramiento de la segunda misión militar chilena, entre cuyos miembros más destacados sobresale Augusto Pinochet Ugarte (Macías, 2007: 131-134). Ver también sobre la Academia de Guerra, y el papel de la Misión Militar Italiana, la tesis de Cristóbal Espinoza (2018).
  15. La biografía de Larrea Alba hasta 1938 en Paz (1938: especialmente pp. 16-126).
  16. Luis Larrea Alba, “El Ejército y la política”, Ejército Nacional, Año X, n.º 55, 1931, pp. 37-8.
  17. Carlos Guerrero, “El ejército y la política”, Ejército Nacional, Año XI, n.º 63, 1932, p. 324.
  18. Ibid., p. 325.
  19. El temor de los funcionarios por el cambio de administración se vivió antes del inicio de la primera administración de Velasco Ibarra (Alfonso Moscoso, “La conmoción de la burocracia”, El Debate. Diario de la mañana, 9 de julio de 1934) y poco después (Aníbal, “¿A dónde vamos?”, en El Debate. Diario de la mañana, 13/09/1934). Recordemos que Velasco Ibarra fue el primer presidente que no estaba directamente asociado al Partido Liberal desde 1895.
  20. Las menciones a este poco conocido episodio de la vida de Jijón y Caamaño pueden encontrarse en Ayala (1948: 26), Orbe Villalba (1968: 2-8), Salvador Lara (1964: 9-10), Febres Cordero (2016: 93-97) y Vargas (1971: 41-43). Un editorial de conmemoración escrito por un participante del episodio ofrece detalles de interés: el segundo a bordo de la asonada fue Manuel Sotomayor y Luna, la “División Restauradora” contó con mil reclutas, de los cuales 140 eran del Carchi y 80 de Imbabura. El combate duró seis horas y murieron 49 combatientes conservadores, cfr. “Quince años atrás”, El Debate, 12 de septiembre de 1939. Según los datos de Febres Cordero, sin mencionar sus fuentes, murieron dos soldados del Gobierno y 96 rebeldes (2016: 95).
  21. Énfasis agregado. El testimonio se encuentra en “Juzgado de la I Zona Militar (I cuerpo). Proceso contra los autores del Movimiento subversivo del 27 de agosto de 1932. Iniciado el 4 de septiembre de 1932, Juez César E. Dueñas, No. 114, Primer Cuerpo, Quito, Fondo Juicios Militares, Archivo Histórico Jurídico del Centro de Estudios Históricos del Ejército (CEHE), Sede Escuela Militar (ESMIL), ff. 24v al 27v.
  22. He tratado en detalle esta hipótesis sobre la importancia de la lucha por el control del ejército en el origen y el desenlace de la guerra de los Cuatro Días en Ospina (2015).
  23. Esos cambios no se habían hecho con los partidarios de Larrea Alba, como razonó Velasco Ibarra al oponerse a las sanciones a los bonifacistas, cfr. Norris (2004 [1993]: I, 142).
  24. “La denominada batalla de los cuatro días además de mermar el potencial del Ejército y resquebrajar seriamente la unidad institucional, motivó la ejecución de pases masivos de oficiales y personal de tropa; traslados de unidades del Ejército de una provincia a otra; supresión de repartos militares y creación de otros” (Macías, 2007: IV, 207).
  25. “No estuvimos equivocados”, Voz Obrera. Revista Dominical, 4 de febrero de 1940, citando al Boletín Eclesiástico, de la Arquidiócesis de Quito.
  26. “El señor Jijón expone su plan de gobierno” (Carta del 8 de enero de 1940 al señor Luis Antonio Landázuri), en Voz Obrera. Revista Dominical, 21 de enero de 1940. La exposición del programa conservador continuaba: “El Ecuador por su cultura es eminentemente católico. Toda obra seria de progreso nacional, tiene que estar basada en el alma religiosa de la raza, en la catolicidad del espíritu hispano, en la fe viva de los ecuatorianos”.
  27. “Formidable alocución patriótica pronunciada en el Centro Católico por el esclarecido jefe del Partido Conservador”, El Debate. Diario de la mañana, 21 de junio de 1939.
  28. “Depuración administrativa”, Voz Obrera. Revista Dominical, 29/09/1940. Énfasis agregado.
  29. Un recuento de las acciones militares y sus consecuencias organizativas en Macías Núñez (2008: V, 72-190) y Gándara Enríquez (2000: 389-569). Un testimonio de un sargento que participó en batalla, Carlos Alberto López (2012), da una idea del nivel de desorganización en los abastecimientos, de desconocimiento del terreno y de improvisación de los oficiales.
  30. Para los jóvenes oficiales de esa generación, Arroyo era el principal responsable de la derrota (cfr. Gándara Enríquez, 2000).


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