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Capítulo VII. En busca del buen patrón

Por eso un príncipe prudente debe pensar en un procedimiento por el cual sus ciudadanos tengan necesidad del Estado y de él siempre y ante cualquier tipo de circunstancias; entonces siempre le permanecerán fieles.

 

Nicolás Maquiavelo (2005 [1532]: 75)

Si el Estado llegaba poco y mal a los territorios rurales y cubría deficientemente a la población, ¿cómo logró reconstruir lealtades perdidas? ¿Por qué fue eficaz allí donde las oligarquías ya no podían ganar legitimidad por medios privados? Una primera respuesta surgió de echar una mirada a la minoría ciudadana que eligió presidente a Velasco Ibarra en cinco diferentes ocasiones a lo largo de 40 años. A semejante trayectoria política, solo le cabe la palabra “lealtad”. Su éxito, como vimos en el capítulo anterior, se relaciona con la naturaleza de las expectativas de los votantes y con las formas velasquistas de acompañar las (limitadas) concesiones transformistas. Sus seguidores no esperaban milagros, sino apenas un poco, un “algo”, que denotara genuina preocupación paternal por la suerte de los hijos necesitados. Vaciadas en el molde del paternalismo y de los códigos de las obligaciones del parentesco, la acción gubernamental y la gestualidad velasquista ofrecían un contrapeso a la frugalidad de los favores materiales recibidos.

Pero sería extraordinariamente limitado si el transformismo se identificara únicamente con las acciones de un político o un gobernante, por más descollante que fuera su presencia y su atractivo electoral. El transformismo extendía sus alas bastante más allá de las minorías ciudadanas que podían elegir y ser elegidas. Los capítulos II y III analizaron las cifras y el contenido de la rebelión campesina e indígena durante la transición al capitalismo en el Ecuador. La indisciplina contra el Estado fue más intensa y poderosa hasta los años cuarenta, para declinar inmediatamente después. Cuando reapareció, a fines de los cincuenta, se dirigió contra las haciendas y terminó por reclamar la propiedad de la tierra, aunque comenzó más modestamente como una defensa ante los desalojos de arrendatarios en la Costa y ante la negativa a entregar nuevos huasipungos en la Sierra. El transformismo es la clave para explicar cómo se desactivó la rebeldía rural antiestatal de las primeras décadas del siglo y cómo se pudo manejar la nueva rebeldía antioligárquica que creció a mediados de siglo.

El objetivo de este capítulo es ilustrar el funcionamiento práctico del transformismo estatal ecuatoriano recurriendo al ejemplo del modelo de negociación de los conflictos agrarios diseñado por el Ministerio de Previsión Social y Trabajo (MPST). Su acción cotidiana ofreció un cauce a la resistencia local y cotidiana al gamonalismo, contribuyó a erosionarlo lentamente, pero al mismo tiempo replicó subrepticiamente su sistema de autoridad. Sus intervenciones imitaron inadvertidamente la etiqueta social y paternal de los patrones de fundo. Ofrecieron medios para controlar los abusos de los poderes locales, de hacendados o funcionarios, justo cuando estos perdían poder. La acción estatal contribuyó a su declive social; facilitó una caída lenta, entrecortada por trámites y litigios interminables y, a la larga, pacífica. Para reforzar su precaria autoridad, los funcionarios se comportaban en las formas conocidas y familiares de la ceremoniosidad patronal declinante que tantas herencias culturales había dejado en la Sierra del Ecuador; la región que, en toda esta época, proveyó de habitantes a la Costa, gracias a masivas migraciones internas. La aceptación del ceremonial de legitimación hacendataria se llevaba a cuestas como un cargamento inscrito en el cuerpo. La acción transformista del MPST exhibe una faz transformadora del orden oligárquico; pero ofrece también una faz conservadora porque protege el poder de las clases dominantes en mutación. En su doble vida, la faz transformadora es pantanosa y lenta; la faz conservadora es apaciguadora y moderada.

El ministerio negociador

La creación del Departamento de Previsión Social y Trabajo ocurrió cuatro días después de la Revolución Juliana, el 13 de julio de 1925, como oficina adscrita al Ministerio del Interior. Es entendible. Una parte de los problemas agrarios, campesinos e indígenas se entendía como un asunto policial, de seguridad y disciplina. Como dice el primer ministro en durar más de un año en funciones, nació para

hacer entrar bajo el control efectivo y previsor del Gobierno, vastos sectores de actividad social en los que han empezado, hace ya tiempo, a cristalizar problemas y a suscitarse conflictos, que desde muy atrás venían reclamando la intervención moderadora y distributiva del Estado (Egüez Baquerizo, 1928: 5-6).

Este origen policial y la centralidad del problema del orden y la disciplina nunca se perderían del todo. Su importancia destila en todos los expedientes del manejo de conflictos rurales que he revisado. Por supuesto, este enfoque policial no era el único. Los funcionarios entendían perfectamente que los conflictos rurales nacían de problemas sociales. Por ello, el departamento se encargó de asuntos de sanidad e higiene, de la regulación de disputas laborales, de la promoción de la agricultura, de la beneficencia, la inmigración y la colonización, del manejo de los terrenos baldíos, las industrias, la estadística, la defensa contra incendios y las patentes. Es decir, casi todo. Poco después, agricultura migraría hacia obras públicas y luego a economía, mientras que industrias se convertiría en ministerio. Las actividades principales del MPST serían desde entonces la provisión de servicios sociales, la atención a la niñez, la supervisión de las cajas del seguro social, la administración de los servicios de salud (incluidas las juntas de asistencia pública), el manejo de los conflictos del trabajo y la administración de las comunas rurales.

La respuesta estatal frente a los reclamos rurales fue tomando forma progresivamente. Fue perfilándose a tientas y atendiendo a ciertas restricciones sobre las que hemos puesto el acento antes: no era posible una represión sistemática y masiva. Ni las fuerzas armadas se prestaban para ella ni las disputas entre oligarquías la autorizaban. Los hacendados serranos, los más alarmados por el desorden a su alrededor, no contaban con un aparato represivo a su disposición, al menos no entre 1920 y 1940. De hecho, a veces, ciertos hacendados se ponían del lado de los rebeldes contra el Estado, cuyas exigencias contributivas también sufrían (capítulo III). En medio de desconfianzas mutuas, el ejército liberal también recelaba de esos hacendados conservadores.

Una primera actividad del MPST fue verificar que las cuentas de los huasipungueros (y otros trabajadores) se hicieran una vez al año. Según la legislación del último tercio del siglo XIX, la liquidación se hacía en presencia de un delegado del Estado, por lo general autoridades locales, el comisario municipal y el jefe político. Con el Código del Trabajo (1938), la vigilancia pasó a cargo de las Inspectorías de Trabajo Agrícola del MPST. Es decir, el Código restó atribuciones a los funcionarios locales. Sin embargo, hay evidencias en los informes ministeriales de los años cincuenta de que esta intromisión estatal en las cuentas de las haciendas era realizada ante todo en las propiedades donde estallaba algún conflicto porque no había suficientes funcionarios para hacerla sistemáticamente (Endara, 1952: 38-39).

Mucho más importante en los años treinta fue la mediación del MPST en las llamadas “comunidades indígenas libres”, que presentaron numerosas solicitudes de intervención en conflictos que vegetaban hasta entonces en el sistema judicial. Las comunidades libres eran antiguas agrupaciones familiares que vivían en los alrededores de las haciendas, pero cuyos miembros no disponían de huasipungos. Tenían tierras propias que a veces, no siempre por supuesto, ocupaban desde tiempos coloniales, una parte de las cuales era comunal y otra dedicada a la producción familiar, normalmente atomizada en minúsculas parcelas subdivididas por la herencia hasta el infinito. Así describe el ministro Leopoldo Chávez (1943: 112) la propiedad de la tierra en estas comunas, confirmando que se trataba de comunidades libres:

La propiedad comunal, en cierto modo, es teórica; en la realidad, cada comunero posee su parcela como dueño; cuando éste fallece, las tierras quedan con los herederos que la subdividen, llegando a veces, a tener porciones verdaderamente irrisorias. No se hace una redistribución periódica de las tierras.[1]

El paisaje agrario de la Sierra estaba marcado por un gran contraste entre comunidades libres y de hacienda.[2] En estas últimas, los huasipungos eran mucho más grandes pues conservaban su tamaño al no parcelarse entre herederos. El recientemente creado Servicio Geográfico Militar empezó a levantar en los años treinta la carta topográfica del Ecuador. En ellas eran perfectamente distinguibles las zonas de minifundio de las comunidades libres, las zonas indivisas de las haciendas y los lotes, mucho más grandes, de los huasipungos, dentro de los límites de las haciendas.[3] El MPST consignó en 1943 la información que pudo compilar sobre las tierras en posesión de las comunas jurídicamente establecidas: 135 mil cuadras, es decir, casi 110 mil hectáreas en propiedad de 106 comunidades (anexo I.26).[4] En los años cuarenta, la distinción fue resaltada, en la literatura, en la novela Huairapamushcas (1948), de Jorge Icaza, que retrata la vida de estas comunidades libres, siempre viviendo a la sombra del poder terrateniente vecino; pero también en la política, porque el programa de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) de 1946 reconocía la distinción entre indígenas de hacienda y de comunidades libres y tenía un programa específico para cada uno de ellos.[5]

Las atribuciones que fue adquiriendo el MPST en la mediación de conflictos de comunidades libres formaban parte de una legislación y una acción protectora basada en la convicción de que los indígenas requerían una tutela especial del Estado. La tutela no era necesaria solamente para auxiliarlos frente a amenazas externas o abusos de los poderosos. César Cisneros Falconí, jefe del Departamento de Cuestiones Sociales del MPST, y uno de los más antiguos, duraderos e influyentes funcionarios de la institución, entiende el sentido de la Ley de Comunas y de la tutela sobre ellas como una labor civilizadora por la que los beneficiarios aprenderán poco a poco a salir de la postración cultural en la que se encuentran y se valdrán por sí mismos. La tarea del Estado desbordaba la solución ocasional de controversias: su objetivo subyacente era “formar conciencia y personalidad de aquellos caseríos inanimados, sentando las bases de su incorporación al estado social” (citado en Nevárez Chávez, 1953: 30; énfasis agregado). Hasta llegar a tan ansiada y lejana condición, su papel es claro:

1. Inspirarles confianza a fin de que sin intermediarios se acerquen al Juzgado de Comunas […] 2. Las visitas periódicas de los delegados a las comunas, para impartir órdenes acerca de la marcha y cómo deben administrarse los bienes comunales; así como también corregir todos los abusos y arbitrariedades que suelen cometerse con respecto al aprovechamiento de esos bienes [por los dirigentes] (Cisneros, citado en Nevárez Chávez 1953: 30; énfasis agregado).

Así, las comunas y los comuneros debían ser protegidos de sus propias tendencias culturales, de sus vicios recurrentes y de su incapacidad para hacerse cargo de sus vidas. Por ello (y por razones policiales), una parte de la tarea del MPST era la supervisión interna de la vida comunal. Cuando el funcionario decía “impartir órdenes”, no incurría en un lapsus lingüístico. El MPST no solo supervisaba la elección de autoridades de las comunas, sino que destituía a aquellas que no cumplían adecuadamente las tareas asignadas por el Estado. Así, por ejemplo, en 1950:

[El MPST procedió a] sancionar a los responsables de los dineros de los indígenas, destituyéndolos del Cabildo y reorganizando éste, a fin de que los intereses de la Comuna de Panyátug [provincia de Cotopaxi], se garanticen con la rectitud de las personas que deben ejercer su representación (Alcívar, 1950: 56).

Además, la oficina estatal autorizaba la partición y dictaba reglamentos de distribución de tierras comunales y uso del suelo; prohibía actividades de tala de bosques y elaboración de carbón de leña.[6]

La tutela entonces tenía una dimensión civilizadora, enredada en las fibras de su dimensión disciplinaria. La extensión de la autoridad del MPST se comprendía en las coordenadas de la extensión de la autoridad estatal (central) hacia lugares donde campeaba el poder discrecional de cabecillas e intermediarios inescrupulosos. Una muy buena ilustración del punto es la comunicación del gobernador de Tungurahua al MPST el 10 de julio de 1929, en la que, a propósito del conflicto interno de la comunidad de Mulanleo-Yushcupamba-Yatzapuzán, dijo que había remitido una propuesta de mejoramiento y renovación de las comunidades a fin de “dar un corte definitivo a los organismos comuneros que ahora [podrían] llamarse Estados independientes que subsisten dentro de la entidad ecuatoriana”.[7] En el mismo expediente, años más tarde, el administrador de la hacienda Llangahua pidió que el MPST nombrara los cabecillas de la comunidad de Pilahuín según lo disponía el reglamento de comunidades indígenas del 28 de octubre de 1932 (f. 71). Para cortar por lo sano con la presencia de “Estados independientes”, el Estado ecuatoriano se reservaba el derecho de nombrar los dirigentes comunitarios.

Nótese este aspecto crucial. El desorden y la conflictividad social tenían cuando menos una dimensión estrechamente asociada a la cultura y la forma de vida indígena, a las características de la organización de sus comunidades y a sus formas de representación. No es nada extraño, entonces, que el MPST interviniera en asuntos internos de las comunas como el nombramiento de jefes comunitarios y la determinación de quién era comunero y quién no (Ibarra, 2015: 75-76; Ibarra, 2004: 198; Prieto, 2015: 74-75, 27). Esa atribución, el reconocimiento oficial de comunidades y dirigentes como los únicos interlocutores legítimos en los conflictos que los aquejaban, tenía el objetivo declarado de reducir la agitación rural, generalmente atribuida a la acción maliciosa de abogados, cabecillas y tinterillos que aprovechaban la “ingénita ignorancia de los indios” (Balarezo, 1933: 38; también Baquerizo Moreno, 1934: 40). En muchos de los conflictos relatados por los ministros Balarezo (1933: 30-38) y Baquerizo Moreno (1934: 26-65), donde intervino el Departamento de Previsión Social, encuentran que los propietarios tenían títulos legítimos y que los pretendidos comuneros no eran tales, como la “supuesta comunidad de Sanancajas”, en Tungurahua, cuyo estatuto como “Asociación” fue derogado. Por ello, era urgente registrar las comunas y evitar la presencia de agitadores:

Los inconvenientes que el Ministerio ha podido anotar respecto del funcionamiento de las comunas, se refieren especialmente a estos dos aspectos: el entronizamiento del caciquismo entre los indios y la explotación que de ellos hacen los intermediarios, cultivando aquella tendencia al perenne litigio, que parece propia de nuestra gente de los campos (Andrade Marín, 1941: 103).

Con estos objetivos disciplinarios, policiales y civilizadores, el MPST fue ganando experiencia práctica en la década posterior a su nacimiento. Pero carecía de atribuciones claras y delimitadas en una ley (Pons 1935: 48-50). No fue sino en 1937 y 1938 que se aprobaron tres documentos que regirían la mediación: el Código del Trabajo, la Ley de Comunas y el Estatuto de comunidades campesinas.

Mercedes Prieto (2015: 22-26) ha reseñado las controversias que se desataron alrededor de la Ley de Comunas y el Estatuto de Comunidades. El punto crucial del debate parlamentario y social fue la atribución acordada al MPST para que actuase como órgano judicial en conflictos de tierras y aguas en las que intervenían comunidades. No solo legisladores liberales y conservadores y grandes propietarios rurales se quejaron de la discrecionalidad que estas atribuciones dejaban en manos de los funcionarios del MPST, sino que varios indígenas de la Sierra pidieron reformas para que sus disputas retornaran a las cortes ordinarias. Como resultado de estas controversias, el 2 de marzo de 1939 el Estatuto de Comunidades fue derogado por el legislativo. Inmediatamente la organización que luego se convertiría en la FEI se opuso al regreso de las atribuciones del MPST a los juzgados, emitió comunicados y solicitudes ante las autoridades y pidió a todos los sindicatos, campesinos, indios y “montuvios” de la Sierra y la Costa que preparasen “solicitudes para presentarlas ante el Congreso que se reunió el 10 de agosto de este año [1939], pidiendo que se vuelva a dejar como estaba el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas”.[8] El Estatuto solo sería restituido luego de la revolución de mayo, el 1 de julio de 1944, debido a los reclamos a favor de trámites más ágiles y por la constatación de que se había producido un peligroso aumento de la presencia de tinterillos (Calderón, 1944: 13-14).[9]

Tan temprano como 1939, el balance del MPST sobre el objetivo pacificador de la Ley de Comunas era muy positivo: la acción mediadora del Estado había reducido los conflictos. El ministro Durango (1939: 156-7) lo atribuía a la unificación de la representación indígena. Puesto que ésta ya no podía ser asumida por cualquier hijo de vecino, generalmente movido por aquello que en la época los políticos llamaban “intereses bastardos”, se reducían las quejas ante las autoridades:

[La Ley de Comunas] no ha tenido como resultado inmediato el aumento de reclamos de los grupos campesinos organizados. Puede decirse más bien que estos han disminuido porque hay una razón que pudiera decirse lógica: antes, las mismas agrupaciones indígenas se subdividían en grupos y cada uno sostenía su pretensión dejándose guiar por un consejero interesado. Se multiplicaban así los conflictos, se disgregaban los intereses, en forma alarmante e irrazonada. Conferidas atribuciones a los Cabildos para la defensa de los intereses colectivos, se cuenta con un organismo responsable, y desde entonces, se constata una marcada disminución de las controversias y una tendencia efectiva a la defensa de toda la colectividad.[10]

No disponemos de estadísticas precisas para corroborar la impresión del ministro Durango sobre la reducción de los litigios presentados al MPST. Lo que sí sabemos es que en los años cuarenta se redujeron los conflictos abiertos, los levantamientos, rebeliones y huelgas rurales (capítulo II). Los datos de Alfredo Costales revelan que los “litigios comunales” registrados en el MPST pasaron de 45 en la década de 1930 a 124 en la de 1940, para caer a 74 en la de 1950 (citado por Ibarra, 2004: 198). Daría la impresión, entonces, que los “litigios” aumentaban mientras que las rebeliones abiertas disminuían. Para afirmarlo con certeza, habría que revisar más fuentes, porque la mediación se hacía también en las cortes, comisarías, tenencias políticas y gobiernos locales; y, cuando adquirían cierta proporción, en las gobernaciones y en el Ministerio del Interior. En todo caso, es consistente con la observación de Marc Becker (2013: 121-122) de que, a partir de los años cincuenta, decayeron las referencias a la presencia de tinterillos, que se habían vuelto recurrentes en los tiempos de agitación rural de las décadas de 1920 y 1930. Becker lo atribuye al crecimiento de la alfabetización entre los indígenas y al crecimiento de la FEI, que limitó la necesidad de otro tipo de intermediarios.

Adiós a las armas

La sección anterior enfatizó los objetivos pacificadores, disciplinarios y civilizadores que animaron las actividades del MPST en la mediación de los conflictos rurales, especialmente en la Sierra, región azotada por la “marea” de abierta rebeldía de los años veinte y treinta. Pero era imposible cumplir semejantes propósitos sin afrontar de alguna forma las corrientes submarinas subyacentes a la marea que golpeaba en la superficie. Los indicios disponibles hacen pensar que la “permanente tendencia al litigio de la gente de nuestros campos” fue exitosamente puesta al servicio de reducir drásticamente los levantamientos y conflictos rurales abiertos a partir de la década de 1940. Semejante política estatal solo podía tener éxito con el concurso de las propias comunidades indígenas. La intensidad de la favorable respuesta indígena sugiere que la mediación estatal respondía a algún interés propio de los subalternos.

Cuatro años después de aprobada la Ley de Comunas, en 1941, la población rural organizada en comunidades legalmente establecidas llegaba, según estimaciones de los funcionarios del MPST, a más de 475 mil personas, de las cuales más de 292 mil eran adultos, pertenecientes a más de mil comunas, la abrumadora mayoría de las cuales estaba en la Sierra norte y central. En 1943 la cifra llegaría a más de 1 200 comunas, con una población total calculada de más de 600 mil habitantes, más del 20 % de la población estimada del país para la fecha. Registros posteriores del MPST redujeron la cifra de población y de comunas jurídicamente organizadas, seguramente por una depuración de repeticiones y excesos en los cálculos previos, pero de todas maneras para 1952 la población organizada en comunas se calculaba en la enorme cifra de 367 mil personas (anexo I.24; como puede verse en el anexo I.25, las comunas fueron hasta 1949 las organizaciones populares más numerosas).

La masiva organización de las comunidades libres y el registro de sus tierras por el Estado fueron un hito muy importante en el proceso que llevaría con los años a la representación autónoma de los indígenas en el mundo de la política (Santana, 1995 [1992]; Ibarra, 2004). Hay que recordar, sin embargo, que la masiva organización jurídica local no desembocó, durante el período aquí analizado, en la formación de ninguna organización nacional (o incluso regional) que agrupara a los cabildos comunales recién creados a la manera de las centrales sindicales obreras. Si la promoción de la organización de las comunas fue un gesto corporativista diseñado por los más radicales de los militares julianos (Coronel, 2011: 960-962) (y creo que en efecto lo fue), se trató de un corporativismo extremadamente localista y fragmentado.

La única organización rural con pretensiones supralocales en esos años, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), legalizada en 1944, tenía hasta los años cincuenta un racimo de contactos en unas pocas localidades (Cayambe, Pujilí, Guamote) y agrupaba sobre todo a dirigentes que en esos años se conocían como “cabecillas”, no a los presidentes de los cabildos elegidos anualmente. Esto tenía que ver, a su vez, con el hecho de que el Partido Comunista trabajaba ante todo en apoyo a las demandas laborales de los indígenas dentro de las haciendas, a quienes por un tiempo consideró “obreros agrícolas” en lugar de trabajadores sujetos a relaciones serviles, y se vinculó mucho menos con los campesinos semiindependientes de las comunidades libres.[11] Solo cuando a fines de los cincuenta e inicios de los sesenta empezaron a proliferar los conflictos laborales dentro de las haciendas, el rol de la FEI se engrandeció, porque fue allí donde había cifrado sus principales esfuerzos de organización, especialmente en las haciendas estatales. De hecho, Becker y Tutillo (2009: 140) revelan que el MPST realizó una enmienda a los estatutos de la FEI para que no pudiera agrupar a comunas, sino solo a sindicatos, cooperativas y organizaciones culturales. Los autores piensan que esta limitación legal funcionó y que la FEI no pudo atraer a las comunas libres de la zona sur de Cayambe. Una vez constituidos los cabildos indígenas en las comunidades libres, no obstante, la FEI lograría vínculos con algunos de ellos (por ejemplo, con Maca Grande, en Pujilí).[12] Sin embargo, fueron muy esporádicos. Sea como fuere, la verdad es que nunca emergió una organización nacional o regional que agrupara a los cabildos.[13]

La ausencia de una organización supralocal de las comunidades libres tiene cierta importancia para la decisión de caracterizar como “transformistas” los modos de negociación privilegiados por el Estado ecuatoriano en esta coyuntura crucial. El tratamiento particularista y local de los conflictos es fundamental para distinguir el transformismo del corporativismo. El primero reproduce, promueve y exalta la fragmentación, mientras que el segundo propicia la asociación escalonada a nivel regional o nacional. Al hacerlo, el transformismo debilita la organización de los subalternos, en tanto que el corporativismo la fortalece, aunque busque subordinarla. No solo eso. El corporativismo, como ocurrió en el Gobierno peronista, asigna autoridad y funciones estatales a los gremios. En Argentina, los sindicatos industriales debían aprobar cualquier cambio de funciones de los trabajadores que quisiera hacer el propietario o el administrador (James, 2010 [1988]: 19-106). Ningún Gobierno ecuatoriano de la época accedió siquiera a pensar atribuciones corporativistas semejantes a las de las comisiones internas de las fábricas en el peronismo.[14] Exactamente a la inversa, en el Ecuador transformista, el control estatal sobre las comunas se extendía incluso hasta para intervenir en las elecciones de los dirigentes del cabildo. El corporativismo también buscaba la subordinación de los gremios a la autoridad estatal, pero en contrapartida les adjudicaba una autoridad que el transformismo nunca les ofreció.

En síntesis, la intervención y la mediación del MPST tuvieron un éxito inusitado que se expresó en la legalización y registro de una gran cantidad de comunidades libres. Las evidencias sugieren, además, que los indígenas organizados en esas comunidades accedieron a la tutela estatal y multiplicaron los reclamos para que fueran resueltos por esta oficina. El éxito estatal debe explicarse. Es hora de sugerir una interpretación alternativa al declive de los conflictos abiertos, levantamientos y huelgas en la década de 1940. La hipótesis es que el éxito del MPST se explica porque ofreció a los indígenas de las comunidades libres un contrapeso contra la colusión entre los funcionarios públicos locales y el poder gamonal. Al retirar del nivel local la autoridad estatal en la mediación de los conflictos, el MPST mató dos pájaros de un tiro: por abajo, retiró o controló a un actor, el funcionario local, que motivaba con sus abusos la conflictividad, y, por arriba, contribuyó al debilitamiento progresivo de los hacendados. Cumplió así, en clave transformista, tres objetivos políticos: neutralizar pacíficamente la conflictividad, desplazar lentamente el balance del poder local y aumentar la legitimidad estatal. Seamos más precisos.

Andrés Guerrero (2010 [1997]: 148-154) ha sugerido que la intromisión de los tenientes políticos parroquiales y de los comisarios municipales en el mundo indígena de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX puede entenderse como un intento de los regímenes liberales por romper el monopolio que los hacendados serranos tenían desde 1857 sobre la administración étnica. Estos funcionarios, no obstante, no podían oponerse seriamente al poder terrateniente, y terminaban mezclados con él y subordinados a sus designios. Como dijeron J. Casagrande y A. Piper (1969: 1040-1041, citados por Ibarra, 2015: 349) en su análisis del poder parroquial en San Juan, Riobamba, a mediados de siglo: “Las llaves del reino de los cielos las tenía firmemente en sus manos el cura y las llaves del reino de la tierra el hacendado y el teniente político”. Los funcionarios locales ratificaban, además, la dominación étnica porque eran blanco-mestizos de las pequeñas cabeceras urbanas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, su presencia introdujo un factor nuevo y adicional en el balance del poder local.

El surgimiento del MPST restó atribuciones a esos funcionarios locales que ahora creaban más conflictos de los que resolvían. Hernán Ibarra (2015: 248) saca la misma conclusión: “Las acciones rutinarias que ejecutó el MPST fueron consolidándolo como una institución que subordinaba en sus decisiones a las autoridades locales”. Como vimos, los funcionarios locales eran unánimemente acusados de abusos, atropellos y favoritismos que atizaban el fuego de las rebeliones.[15] Había que poner orden en el seno del propio Estado. Mercedes Prieto (2015: 18) también observa que el Código del Trabajo “permitió estatizar los conflictos y desplazarlos del ámbito exclusivamente privado”. Mercedes Prieto no destaca la (limitada) “estatización” previa por la intervención de los funcionarios locales, pero su observación camina en la misma dirección. Un ejemplo del control de los funcionarios locales lo provee Valeria Coronel. En el conflicto entre la comunidad de Tacsiche y la hacienda La Cera, en Loja, en 1929, los comuneros se dirigieron directamente al MPST porque

decían que no tenían acceso al sistema de justicia ni garantías en las provincias, por lo cual habían decidido enviar delegados al ministerio en Quito y se rehusaban a resolver el problema con el juez en Loja (Coronel, 2011: 815-816).

Otro ejemplo de la forma en que el Estado central modificó la relación del poder local es el largo pleito laboral entre los trabajadores de la hacienda Zumbahua, en Cotopaxi, contra el arrendatario, el general Francisco Gómez de la Torre. Este último se quejó en 1940 ante la Junta Central de Asistencia Pública:

[…] los dirigentes indígenas consideran que no tienen que acatar sus órdenes ni las de ninguna autoridad local en Latacunga, reclamando que “ellos tienen su propio abogado y que solo el ministerio tiene el derecho de llamarlos” (citado por Becker y Clark, 2004: 12).

Un ejemplo adicional ocurrió en la hacienda Moyocancha a inicios de los años treinta. En su queja, los indígenas apuntaban a la desconfianza en los representantes locales del Estado. “Luego lo difícil que será para los indígenas reclamar en Riobamba, poniéndonos con un señor potentado, a quien por su dinero todos rinden homenaje”.[16]

Un último ejemplo. El 7 de febrero de 1939 un indígena de Cacha se quejó ante la redacción de Ñucanchic Allpa de que desde diciembre de 1938 había agitación en las comunas de Chimborazo por las citaciones de los tenientes políticos para el servicio militar obligatorio. Los moradores de La Merced, El Troje, San Isidro, San Guisel, Pulucate, Chanchán, Quishuas, La Esperanza, Calancha y Lupaxi sospechaban que las citaciones eran un pretexto para la explotación indígena por parte de los tenientes políticos (estos “zares pueblerinos”). Entonces enviaron comisionados al Ministerio de Gobierno para cerciorarse de que la orden de los tenientes políticos, especialmente el de Columbe, fuera cierta. Se quejaron, entre otras cosas, de que los tenientes políticos se burlasen de la ley del registro civil con cobros en papeletas de nacimientos, matrimonios, defunciones y fiestas. Su desilusión, sin embargo, fue grande cuando vieron que las autoridades civiles se reían de las órdenes ministeriales porque eran “colocados por sus compadres Gobernadores o Gamonales de hacienda”.[17]

Hay que hacer una aclaración. Casi nunca los funcionarios del MPST o los funcionarios locales que ellos delegaban para hacer informes in situ, al menos en los expedientes de conflictos rurales que he revisado, apoyaron los argumentos o los títulos de los indígenas contra los hacendados. Al contrario. Por lo general, los delegados ministeriales daban la razón a los grandes propietarios. Aunque pueda ayudar, la negociación transformista no necesita funcionarios socialistas o simpatizantes de las demandas subalternas. Basta una cierta predisposición a buscar mediaciones con el fin de evitar levantamientos, aunque en su opinión no tuvieran razón legal alguna.[18] Pero hay otra consideración. Más importante que la disposición de los funcionarios a la mediación, fue la existencia misma de más funcionarios y más oficinas oficiales encargados de la mediación. Los indígenas recurrían a diversas instituciones para multiplicar sus posibilidades y para contrarrestar la negativa de jueces, comisarios municipales o del propio MPST. Recurrían a la Cámara de Diputados, al ministro de Previsión Social, a los jueces, e incluso a funcionarios locales si podía ser útil. La fragmentación estatal era lo que alargaba los pleitos y abría oportunidades a la tenacidad de las comunidades. En tal pluralidad de instancias, obtuvieron a veces apoyo, como un decreto que les daba satisfacción y al que se aferraban desesperadamente, aunque poco después la misma instancia lo derogara.[19]

La fragmentación estatal propia del transformismo, cuya dinámica examinamos en el capítulo VI, tendía a multiplicar las fisuras por donde podían filtrarse las demandas subalternas o donde era posible entablar un trámite más y una gestión adicional. Al incluir una nueva instancia que se superponía a las existentes, los subalternos podían intercalar sus propios intereses en los intersticios de las múltiples agencias involucradas: a veces los jueces locales, a veces los tenientes, a veces los gobernadores o los comisarios, a veces el MPST, a veces el Ministerio del Interior. Todos podían superponerse, pisarse los talones, contradecirse o alternarse. En medio de la incoherencia, muchos conflictos se extendían, se moderaban o se diluían. Cuando amenazaban volver a encenderse, otra gestión y otro papeleo los apagaban o los prolongaban.

Otro factor debe incluirse en el listado de razones por las cuales la intervención del MPST fue aceptada, solicitada y aprobada por los indígenas. Los conflictos en la Sierra en los años treinta sugieren que la “costumbre” que había regulado las relaciones laborales tanto en las haciendas del Estado como en las privadas era cada vez más disfuncional. A veces era contestada por los comuneros y los huasipungueros, a veces por los hacendados. Los comuneros cuestionaban las “costumbres” locales respecto de servicios complementarios en la hacienda, como la huasicamía, el transporte de carga o los desplazamientos a trabajos en lugares distantes, la falta de pago para el trabajo de las mujeres y niños, y también la falta de pago de vacaciones, jubilaciones y horas extra. Los hacendados, en cambio, apelaban a la “costumbre” para negarse a ofrecer semejantes beneficios, jamás antes vistos. Por el contrario, rechazaban, a su vez, las “costumbres” locales que los indígenas y montubios defendían: aquellas referidas a acuerdos de trabajo vitalicio, a la obligación de contratar familiares o vecinos de las comunidades colindantes. Los hacendados reclamaban libertad para contratar y la posibilidad de deshacerse de trabajadores problemáticos, rebeldes o pendencieros. En el largo conflicto entre los arrendatarios de la hacienda Zumbahua y sus huasipungueros, el arrendatario aseguraba que él había arrendado la hacienda con “todos los usos y costumbres establecidos” (f. 218v). La réplica es reveladora: “Francamente es extraño que esto se quiera alegar en nuestra contra pues nadie puede pactar nuestra esclavitud ni nadie puede comprometernos para trabajar sin nuestro consentimiento” (f. 218v). Menos puede hacerlo la autoridad pública, “creada para la realización de las finalidades del Estado en bien de los humildes y menesterosos, realización que no debe detenerse en el mantenimiento de Hospitales y Casas Cunas” (f. 218v).

Otro ejemplo. En 1958 el MPST recibió el pedido de los peones huasipungueros de la hacienda Guanguilquí, en la parroquia Ascásubi, contra el dueño, Juan Elías Donoso, y patrocinada por el abogado socialista Gonzalo Oleas. Demandaban la eliminación de los trabajos gratuitos llamados “faenas”, “piaras” y “mingas” que se hacían los lunes, miércoles y viernes, que violaban el Código del Trabajo. También exigían la eliminación del trabajo gratuito de los hijos de los peones en el cuidado de los terrenos y borregos de la hacienda y del uso gratuito de los animales de los peones en servicios de la hacienda. El propietario contestó el pliego de peticiones y adujo que varios de los peticionarios no eran huasipungueros, que uno era hijo de huasipungueros, otros eran arrendatarios, y a los otros no los conocía. Replicó que en general pagaba en especies, o combinaba pago en especies con pago en dinero, según las costumbres. Que él no había querido nunca que los hijos trabajasen cuidando el ganado (dado que eso era trabajo de los padres) ni que llevasen a los hijos, que no cuidaban bien y que les asentaba el día de trabajo a los padres, y, además, que les pagaba 6 sucres cada dos meses a los hijos. Que no era verdad que usaba los animales de los huasipungueros en el servicio de la hacienda, porque tenía tractores. También afirmó que no usaba el trabajo de las mujeres y que más bien ellas venían a acompañar a los maridos, lo cual era un costo por alimentación y una molestia por actos reñidos con la moral. En el acta transaccional (que no está firmada por las partes), se menciona, además, un nuevo reparto de huasipungos, porque el hacendado Donoso se quejaba de que tenían tierras en exceso de lo que era legal (aunque no dice cuánto era legal).[20]

Como recurso estratégico, la costumbre era invocada por hacendados y comuneros cuando el rival en el conflicto la atacaba. El resultado agregado de tal ambivalencia era favorecer la mediación y la intervención estatal que tendía a formalizar las reglas en documentos escritos y a jugar el rol de árbitro y vigilante del cumplimiento de los nuevos acuerdos negociados. Hemos señalado varias veces que el MPST actuaba solamente bajo pedido expreso de las partes en conflicto (Alcívar, 1951a: 45). El juego de la micropolítica popular consistía en convocar al MPST para que mediara en las relaciones con los poderosos locales, y en aliarse con esos mismos poderosos cuando el Estado pretendía controlarlas o hacerles pagar impuestos. La presencia estatal dependía así de la naturaleza de las demandas locales, por lo que el resultado no podía sino ser una autoridad fragmentada y dependiente de factores de poder local cambiantes.

La etiqueta de la transacción

La sección anterior insistió en que el objetivo estatal de contener el conflicto social se encontró con el interés indígena por reducir el poder coaligado de gamonales y funcionarios locales. La forma en que ambos objetivos se alcanzaron reproducía o incluso incrementaba la fragmentación y el localismo previos: el fraccionamiento estatal contribuía a la sustitución del levantamiento por largos litigios legales, al mismo tiempo que la fracturada acción estatal contribuía a inhibir la aparición de organizaciones regionales y nacionales. Falta insistir en otro aspecto central de la negociación transformista que cuenta para explicar su éxito y su difusión. La intervención del MPST fue interpretada por la población indígena como la restauración de un “pacto” por el cual el Estado central aparecía como el “patrón grande” que deshacía los abusos de sus administradores y mayordomos locales. Este elemento conecta la forma en que se legitimaba el liderazgo de Velasco Ibarra con la legitimación institucional del Estado en su conjunto. Veamos.

Datos parciales sobre la actividad del MPST en 1939 y 1940 hacen pensar que sus actividades eran bastante numerosas y que el tratamiento de los conflictos de tierras y aguas no ocupaba la mayor parte de su tiempo, aunque probablemente eran especialmente importantes para comuneros y habitantes rurales (ver anexos I.31 y I.32).[21] A pesar de su carácter extremadamente fragmentario, las cifras autorizan algunas lecturas que refuerzan los argumentos esgrimidos hasta aquí. Luego de 1940 cayó el número de reclamos por tierras y aguas, las peticiones y reclamos de comunas no relacionados con tierras eran más numerosos, crecieron enormemente (o aparecieron) los reclamos por colonización y tierras baldías (que seguramente estaban clasificados en 1939 como “expropiaciones”) y, en ambos años, la cantidad de “asuntos varios” era inmensa. ¿A qué refieren?

En los informes ministeriales publicados, suelen mencionarse entre diez y quince conflictos por año en los que intervino la institución. Tomemos al azar el informe de 1952-1953 (César Cisneros, en Nevárez Chávez, 1953: 31-32). Entre los asuntos despachados, encontramos la autorización de parcelación de terrenos de la Comuna Pucará Grande a favor de varios comuneros, o la autorización de adjudicación de una parcela de terreno a favor de Miguel Saltos Carvajal en la comuna Cerritos. El MPST intervino para garantizar el funcionamiento de la comuna San Miguel de Pomachaca en Riobamba contra individuos que creaban dificultades en su funcionamiento. Intervino también en el conflicto entre la comuna Dos Mangas y el comité Pro-Defensa Montañas de Pajiza por el aprovechamiento del bosque de la parroquia Manglar Alto. La oficina pidió al subintendente de policía que interviniera para evitar que los empleados de la hacienda Zula se apoderasen de los animales de los moradores de las parcialidades vecinas. Demandó que el presidente del cabildo de la comuna Shumit colaborase con el funcionamiento de la escuela de niños. Aprobó la adjudicación de terrenos de la comuna Llushcapamba-Tamboloma a favor de los comuneros. Pidió la intervención del jefe político de Gualaceo para impedir las ventas de terrenos en la comuna Hato de Tapa. Intervino para solicitar a los tenientes políticos o presidentes de concejos municipales que reparasen e hiciesen caminos hacia varias comunas. Pidió al gobernador del Guayas intervenir para que los ciudadanos Matías y Armando Cruz no se apoderasen de la cosecha de lana de ceibo de la comuna Sacachun. Despachó una orden porque la elaboración de carbón con los bosques de la comuna La Pila causaba perjuicios y no era administrada por el cabildo. Aprobó la adjudicación de parcelas de terrenos comunales a favor de los comuneros de Pilahuín. Pidió la intervención del gobernador de Cotopaxi en la controversia por el uso de aguas entre las comunas Crusille-Chaguaná y San Buenaventura. Solicitó al gobernador del Cañar respaldar los derechos de la comuna Deleg frente a la actitud tomada por Ignacio Quishpe y Eloy Remache.

Aparte de mediar en conflictos de tierras, bosques, aguas y linderos, el MPST intervino en múltiples problemas cotidianos, desde el funcionamiento de la escuela hasta el apoyo a la provisión de caminos. Recordemos que el MPST se adjudicó la atribución de determinar quién era comunero y quién no y, por tanto, quién tenía acceso a los recursos colectivos. Además, interfirió en la designación de quién representaba a la comuna ante los afuereños y quién podía presentar peticiones en su nombre. Este conjunto de competencias no es aleatorio. La sugerencia es que el MPST asumió simbólicamente el papel de los patrones de hacienda. Recordemos que los hacendados eran quienes decidían quién adquiría el estatuto de huasipunguero y quién no, es decir, definían las jerarquías de la vida comunitaria. Además, intervenían mediante la distribución de socorros y suplidos, en los grandes hitos de la reproducción familiar y comunitaria, como las fiestas, matrimonios, entierros y nacimientos.[22] En una palabra, las intervenciones del MPST tienen llamativas similitudes con la presencia tutelar de los hacendados en sus zonas de influencia, ante “sus” indios y en el funcionamiento comunal.

Un ejemplo tomado de la gestión diaria del MPST entre trabajadores urbanos sindicalizados puede servir de ilustración de un universo de prácticas difícil de rastrear porque elude el registro y la formalización; prácticas que viven en los entresijos de lo no dicho, automatismos de lo que se da por sentado. En su informe de 1939, el ministro de Previsión Social informa que la Dirección del Trabajo había impuesto a todos los establecimientos de trabajo colectivo que formulasen sus reglamentos internos. Con el dinero recogido de las multas a quienes no hicieron sus reglamentos, 5 mil sucres, se compraron 70 canastas maternales y se hizo un agasajo a madres obreras pobres el 28 de mayo por el Día de la Madre.

No es porque la Dirección del Trabajo haya sido la que concibió ese humanitario proyecto sino por el alcance social que él tiene, que desearía se lo practique anualmente, pues es indispensable que también los que pasamos por las altas esferas administrativas bajemos hasta el pueblo, convivamos con él, nos confundamos siquiera por algunos momentos entre sus componentes, como la única forma de atraerlo, de infundirle confianza y pulsar sus verdaderas necesidades, pues no concibo como pueda realizarse obra política y social cual corresponde a los funcionarios del Estado, viviendo lejos de él (Durango, 1939: 179; énfasis agregado).

En las palabras de Augusto Durango, resuenan los ecos del sacrificio que para Velasco Ibarra era la administración pública. Aunque, probablemente, sin llevarla, como sí lo hacía el caudillo, hasta sus consecuencias más personales e íntimas.

Mercedes Prieto (2015: 73-87) sugiere algo parecido. Para ella, las intervenciones del MPST contribuyeron a formar un pater estado: “[…] la operación del sistema legal trata de crear y fortalecer una suerte de pater estado, con un deseo de constituirse en el responsable de la vida indígena” (Prieto, 2015: 89). Veamos cómo recuerda un nostálgico terrateniente sus intervenciones paternales en la vida comunal de los indígenas:

[…] porque las cosas en ese entonces eran muy diferentes de lo que se puede pensar ahora. Había que enterarse de problemas de salud, problemas de bienestar, de todo. Es decir, eran parte de la familia y ellos se sentían parte de la familia […]. Y había que hacer dos cosas: darles importancia a estos problemas, que, aunque no eran importantes para el negocio, eran sí muy importantes para ese tipo de relación familiar, no laboral, que es lo que a veces, en el tiempo actual, yo extraño (C. C., hacienda Cochasquí, 1981, citado en Guerrero, 1991: 193).

El hacendado rememora en clave de parentesco el tenor de su relación con los indígenas; es un recuerdo recíproco. El “buen patrón” se “hace cargo” de sus indios, como un buen padre. El MPST venía a reemplazar al padre extraviado.

Luis Alberto Tuaza (2010: 507), basado en entrevistas a antiguos dirigentes de la FEI, señala que en Columbe la intervención del Estado en el medio rural se concibió por los indígenas en los años cincuenta como un aliado que debilitaba las formas tradicionales de poder. Pero, al mismo tiempo, era una nueva subordinación: “Organizaciones que debían funcionar en conexión con el Estado y, de alguna manera, bajo su tutela”. Obtener el reconocimiento jurídico se volvió una obsesión de los dirigentes:

A partir de los años cincuenta, el Estado fue concebido por la FEI y sus bases como la agencia que promueve el desarrollo y la modernización, el padre que provee recursos, entrega obras, gestiona las ayudas, construye puentes, caminos, escuelas, casas comunales posibilitando de este modo la entrada al estilo de vida moderna en contraste a la vida de paria continuamente rechazada por la FEI (Tuaza, 2010: 508; énfasis agregado).

Tenemos un testimonio más impactante. El prolongado conflicto en la hacienda Tolontag, en Píntag, provincia de Pichincha, propiedad de la Asistencia Pública, empezó en agosto de 1934, e intervino directamente el entonces presidente Velasco Ibarra. El arrendatario Ignacio Izurieta se molestó profundamente porque Velasco les dijo “que eran libres, que no existía el concertaje, que nadie les podía obligar a nada, que debían exigir el jornal en dinero y un jornal bien alto, que las mujeres no tenían por qué trabajar, aún con salario”. “[…] en fin, quedó […] rota toda disciplina en la hacienda Tolontag y yo a merced de los indígenas perfectamente insolentados por el Señor Presidente” (Archivo de la Asistencia Pública, en Clark, 1999: 85).

En un artículo posterior, Clark (2007: 99) registra que los indígenas consideraban que la hacienda pertenecía personalmente al presidente Velasco:

En esta lucha, los campesinos identificaban la hacienda como propiedad directa de Velasco Ibarra, más que como una institución gubernamental impersonal, lo que justificaba su insistencia de que él siguiera participando en las negociaciones [énfasis agregado].

Podemos dar un paso más: el presidente de la República era el patrón de hacienda que reprendía a sus malos administradores. Los indígenas de Tolontag pedían que las mujeres no hicieran el trabajo de cargar piedras en la mina. En el conflicto intervinieron el Legislativo, el MPST y el Ministerio de Gobierno. En un momento dado, los funcionarios del MPST informaron a la comunidad que accedían a que el trabajo de las mujeres en las minas o en la leña debiera ser pagado aparte. Al escuchar la propuesta, los indígenas presentes replicaron “mujeres ca no han de trabajar en picada de piedra; mujeres ca compañeras nomás son”. El teniente político les dijo que ellas tenían la obligación de trabajar, que las mujeres de los blancos también lo hacían. A lo que los indígenas replicaron: “Al ordeño como quiera hemos de consentir que salgan, pero a picar piedra y a cargar leña, eso ca no ha de ver patrón”. Los funcionarios registraron que los indios consideraban que el reglamento no podía haber sido hecho por “amo presidente, nuestro papacito Velasco Ibarra”.[23] En la continuación del conflicto, los indígenas usaron otros lenguajes de negociación, entre ellos, el nacionalismo, los derechos sociales; pero también volvieron al paternalismo y la deferencia en 1946, cuando pedían una escuela, casualmente cuando Velasco Ibarra era presidente por segunda vez (Clark, 2007: 100-103). Su lucha fue larga y completamente “transformista”: nunca consiguieron la parcelación completa de la hacienda a su favor, sino apenas unos pocos lotes, pero lograron mejores salarios y más ganado; al final eran un poco más prósperos que los indígenas de los alrededores (Clark, 1999: 85-87).

La investigación de Steve Striffler (2002) sobre las zonas bananeras donde se ubicaron las plantaciones de la United Fruit Company (UFC) desde fines de los años treinta ofrece una perspectiva detallada de la dinámica que permitió llenar con el clientelismo estatal el vacío del paternalismo patronal. Striffler resalta tanto la eficacia parcial de la lucha campesina, como los efectos de subordinación que produjo. En un pasaje clave de su razonamiento, el autor relata cómo un pequeño grupo de campesinos de la comunidad de Mollepongo (50 personas) pudo vencer a la United Fruit Company en un conflicto por tierras a pesar de los enormes recursos económicos y los diversificados contactos políticos de la empresa. Para Striffler (2002: 63): “La comuna de Mollepongo probó ser particularmente experta en maniobrar o incluso manipular diversas formas de poder estatal de manera que frustraba continuamente los esfuerzos de la compañía”. ¿Cómo lo hicieron? Un dirigente campesino reveló los entresijos de su táctica política:

Jamás aceptábamos un “no” como respuesta. Si el Ministerio de Previsión Social rechazaba nuestro pedido, íbamos al Ministerio de Gobierno. Si ellos no querían escucharnos, íbamos a alguna otra oficina o hablábamos con abogados de la FPTG[24] para iniciar nuevos trámites [en el Estado]. ¡Fuimos hasta con el Ministerio de Defensa! La FTPG siempre sabía dónde ir. Ellos tenían amigos en varias oficinas del gobierno. Mientras tanto cultivábamos maíz, acosábamos a los empleados de la compañía y manteníamos buenas relaciones con el Teniente [político de la parroquia]. Nunca abandonaríamos la tierra sin importar lo que quienquiera dijera en Quito (J.L. 5/18/96) (Striffler, 2002: 74; énfasis agregado).

La información brindada en el capítulo anterior explica por qué los dirigentes comunistas de la Federación de Trabajadores del Guayas tenían tantos “amigos en el Gobierno” y por qué esos amigos eran capaces de influenciar los trámites. El imponente trabajo de Striffler puede leerse como una etnografía del transformismo ecuatoriano. A lo largo de cuatro décadas, pasó revista a la constelación fragmentada de la burocracia con intereses dispares, visiones variadas y contactos personalizados. Esa fragmentación hizo posible el juego interminable de negociaciones que facilitó a los trabajadores alcanzar una parte de sus demandas, al tiempo que limitó el peligro de desalojo violento. Simultáneamente, sin embargo, puso en contacto a los comuneros con las rutinas, rituales y oficinas del poder estatal subordinándolos a conocidas prácticas clientelares. Como dijo José Llivichuzca:

Cuando recuperamos la tierra [en 1948] el conflicto con la compañía terminó. Pero nuestra lucha con el Estado recién empezó. No fue un conflicto violento. Amenazas de la policía y los militares fueron raras. Pero teníamos que luchar por agua potable, caminos, sistemas de riego, escuelas, créditos para cultivar la tierra… Conseguir esos recursos requiere recursos. Uno necesita presentar peticiones, hacer viajes a Quito, mantener reuniones, hablar con funcionarios del gobierno. La lucha por la tierra fue apenas el inicio (J. L., 5/25/96) (Striffler, 2002: 80).

La descripción del comunero de Mollepongo es, literalmente, palabra por palabra, la descripción de la política popular que hace el ministro liberal Augusto Durango en 1939:

Organizadas las Comunas, no cesan de venir las peticiones de caminos, de aguas, de escuelas, de amparo para sus enfermedades y para sus tierras. Y la acción del Estado debe dejarse sentir porque hay que comprender que no se trata de un problema de beneficencia sino del cumplimiento de un deber para salvar al trabajador que es el nervio primordial de la agricultura, base de la riqueza nacional (Durango, 1939: 157).

La comuna de Mollepongo se volvió cada vez más dependiente de los servicios y las oficinas públicas, de su disciplina y sus formas de regulación:

Aunque los campesinos continuarían manipulando las líneas fragmentadas del poder estatal durante los años 1960 y 1970, sus organizaciones, cada vez más clientelares, se volvieron más dependientes y más definidas por la lógica burocrática de instituciones estatales específicas (Striffler, 2002: 82).

El trabajo de Strifller (2002: 121-123, 149) encuentra que la subordinación clientelar se hizo más clara en los años sesenta y setenta, cuando el Estado ecuatoriano y sus clases dominantes alcanzaron mayor coherencia y unidad mientras que los campesinos perdían espacio de maniobra. Es lo mismo que opina Redclift (1978: 94-95), que analiza la reforma agraria en las zonas arroceras de Guayas y Los Ríos. Allí también la creciente subordinación campesina al Estado se asocia a la mayor capacidad financiera gubernamental por el aumento de la renta petrolera:

Después de 1972 las organizaciones campesinas se volvieron más dependientes de la burocracia, a la que buscaban para obtener una parte mayor de los ingresos disponibles para el desarrollo agropecuario (…). Podríamos describir este proceso de “incorporación” del campesinado de la Costa por parte del Estado ecuatoriano como la sustitución de un patrón por otro.

Quizás en la Costa, al menos entre los campesinos independientes y antiguos arrendatarios, la subordinación al Estado solo se haya consolidado plenamente luego de la reforma agraria, mientras que en la Sierra los mecanismos estatales se afinaron antes, en los años cuarenta y cincuenta. Tiene lógica: las instituciones estatales se consolidaron primero en la Sierra, mientras que en la Costa la reconstrucción de una nueva clase dominante en el agro se produjo antes de que el Estado pudiera instalarse en la región.

Sin duda, la inversión del Estado era pequeña e insuficiente ante la magnitud de las necesidades de campesinos montubios e indígenas, pero crecía conforme aumentaba el tamaño y la cantidad de personal del Estado. Al fin llegaba “algo” luego de muchísimo tiempo en que ese “algo” solo lo entregaba, en forma igualmente insuficiente, el hacendado. Por primera vez el Estado daba algo (más precisamente “alguito”) a cambio de lo que exigía. La intervención y la inversión estatal se dirigieron estratégicamente para obliterar el paso de los conflictos ofreciendo a cada cual su “pequeña satisfacción”.

En febrero de 1935 en las haciendas de Galte y Pull (Chimborazo), donde destacó el dirigente indígena Ambrosio Lasso, se produjo un conflicto en el cual las demandas laborales traslucían una violación del pacto moral entre el patrón y los trabajadores. En esta hacienda se pedía, de forma muy parecida a otros lugares, que disminuyera el trabajo gratuito de los peones de 5 a 3 días semanales; abolir el trabajo de los menores de edad y el trabajo del domingo y lunes en caso de falta; abolir la doctrina y fundar una escuela a cargo del patrón; disminuir la jornada de 12 a 8 horas; abolir el encierro de animales para que la majada la aprovechasen los huasipungueros y no la hacienda, así como las multas en caso de muerte natural de los animales al cuidado de los indígenas; abolir las multas por la disminución natural del peso de las papas y el diezmo; completa libertad de comercio para que los indígenas pudieran llevar sus productos al mercado o usarlo en menesteres domésticos; el pago de un jornal de 20 centavos a hombres y mujeres fuera del huasipungo; que hubiera libertad de tránsito, organización y reclamo y no se persiguiera a Ambrosio Lasso; la obligación de trabajar en una sola hacienda; y que se destituyera a Luis F. Segarra y dos de sus ayudantes.[25]

Eran demandas para corregir el funcionamiento de la hacienda. Ilustran bien el énfasis laboral propio de la primera fase de la transición, entre 1920 y 1945. La transacción propiciada en este conflicto hizo recaer todo el peso de la solución en el Estado. El MPST diseñó un moderno plan de colonización dirigido exclusivamente a los indígenas (y mestizos) envueltos en la huelga. Según el acuerdo, el Gobierno costearía el viaje de las familias al lugar, entregaría títulos de propiedad individuales y el título comunal gratuitamente, y daría 200 sucres por familia de hasta cuatro miembros para gastos de vivienda y 50 sucres adicionales por cada miembro de las familias de más de cuatro. Durante un año el Gobierno daría una subvención de 30 sucres, con un plus de 50 centavos por cada menor de edad. Entregaría semillas seleccionadas y, a cada familia, una vaca, un buey, un toro y un burro. Un arquitecto diseñaría el trazado y las casas, y se instalaría una escuela y la habitación para una maestra. Los blancos o mestizos o de otras razas no podrían tener terrenos ni propiedades dentro de las fijadas para los indios. Una vez cada tres meses, un médico costeado por el Gobierno visitaría la colonia y se quedaría no menos de diez días. El Banco Hipotecario le daría preferencia en los créditos. La tierra comunal sería indivisible e intransferible.[26]

No está claro si este proyecto de colonia finalmente vio la luz. Se parece a los sueños de colonización dirigida que jamás el Estado ecuatoriano pudo cumplir ni en sus delirios más desarrollistas. Pero seguramente, como corresponde al transformismo, se negoció primero el acuerdo y luego se renegociaron, en la práctica, a lo largo de años de gestiones, cada uno de los puntos del acuerdo previo, como si nunca hubiera habido uno. Sabemos con certeza que el impulso a la colonización de tierras bajas fue una política destinada a descomprimir el conflicto agrario y evitar la parcelación de las tierras de las haciendas. El hacendado se libró de los revoltosos, los costos los pagó el Estado y los indígenas quizás consiguieron tierras en algún lugar remoto y abandonado: se evitó una masacre y también un cambio radical en el régimen de servidumbre.

En enero de 1945, estalló un conflicto entre la hacienda El Shuyo y las comunidades colindantes de Panyatug, cantón Pujilí, en la zona subtropical de la provincia de Cotopaxi. El hacendado acusaba a las comunidades de ocupar ilegalmente tierras de su propiedad; era, pues, un típico incidente por linderos. Usualmente en el campo esta vieja táctica campesina de “arrimar las ovejas” se enfrenta mirando para otro lado o “arrimando las cercas” una y otra vez. Solo que, esta vez, el conflicto por linderos produjo un número indeterminado de muertos y, colmo del antagonismo, la quema de la casa del propietario del fundo (ver anexo III, disponible en https://bit.ly/2NayYoA). Una vez producida la intervención del MPST, arribaron a un primer acuerdo que las partes sometieron a una comisión arbitral integrada por profesionales universitarios independientes (Pérez Guerrero, 1948: 253-234; Tello, 1949: 27). Aunque el conflicto pareció apaciguarse, pronto continuaron las quejas, los incidentes y las fricciones. La comunidad no estaba conforme con el fallo arbitral. Una vez más, el MPST intervino en 1950 para lograr otra transacción. Esta vez, el propietario cedió gratuitamente una pequeña parte del terreno en disputa y vendió otra (Alcívar, 1950: 56). Es posible que la reorganización del Cabildo de la Comuna, ordenado ese mismo año, fuera una medida para hacer viable el nuevo acuerdo. Sin embargo, tampoco fue definitivo. El conflicto siguió en latencia y las negociaciones se multiplicaron durante el año 1950. Un nuevo acuerdo solo llegó cuando vino acompañado del compromiso financiero del Estado:

[…] la Comunidad adquirió el pleno dominio de una gran extensión de terrenos de la hacienda de la familia Cordovez, y estos propietarios recibieron en el momento de la transferencia del dominio el valor íntegro de las tierras. Para esto fué necesario el concurso del Sistema de Fomento, que por medio del Banco Provincial de Cotopaxi concedió un préstamo en condiciones satisfactorias a la Comunidad de Panyatug, caucionado con la primera hipoteca de los terrenos que adquiría (Adolfo Velastegui, consultor jurídico, en Alcívar, 1951: II, 67).

No hay evidencias posteriores, pero es muy posible que los pagos del préstamo fueran otro motivo de negociaciones y transacciones. ¿Pagarían los campesinos o quedaría como una de las tantas deudas incobrables de la Banca de Fomento Agrícola? No lo sabemos; pero se puede sospechar.[27]

Tenemos un último ejemplo de transacción transformista, aunque en ella no intervino de manera protagónica el MPST, sino la Asamblea Nacional, el Partido Comunista y la FEI. Según la reseña elaborada en 1946 por el periódico de la organización, fue “la primera hacienda colectiva de indios en el Ecuador”, en la provincia de Cotopaxi. Esta cooperativa compró una parte de la hacienda vendida de forma voluntaria por sus dueños, Francisco Riofrío, Augusto y Alejandro Dávalos, por “las dificultades que se habían suscitado entre ellos y los peones de su hacienda”. Antes de la venta tenía 10 mil hectáreas. “El elevado número de brazos de que disponía la hacienda eliminaba entre otras causas, la posibilidad de empleo de maquinaria agrícola y métodos técnicos agropecuarios”. Los huasipungueros de la hacienda eran más de 350; pero el doble de trabajadores sin huasipungo podía trabajar en caso de emergencia. El administrador era Segundo Zúñiga, que 14 años antes había sido responsable de un episodio de conflicto que ocasionó la muerte de 9 peones y muchos heridos. En 1945 reclamaron el pago de sus jornales y creció el peligro de un nuevo hecho de sangre. La Asamblea Nacional destacó una comisión compuesta por Ricardo Paredes, comunista, y Rafael Terán Coronel y Humberto Gallegos, conservadores, y constataron una deuda de 600 mil sucres con el Banco Territorial de Guayaquil que hacía que no pudieran pagarse los salarios. La solución ideada por los diputados fue que se vendiera a cerca de 200 huasipungueros las secciones de la hacienda llamadas Yaguartca, Sumirumi y Anchi (la mayor parte páramos), y por gestión de Paredes se consiguió la exoneración de todo impuesto en la transacción. Se dispuso que el Ministerio de Obras Públicas prestara facilidades para dotar de agua de riego y uso doméstico el lugar, mientras que el Ministerio de Previsión Social debería facilitar un dispensario médico y un arquitecto; el Ministerio de Educación debería poner una escuela, y el de Economía daría implementos agrícolas, animales y semillas. Por su parte, la Contraloría ayudaría a establecer la contabilidad de la cooperativa. Después de meses de gestión de Paredes, de Rubén Rodríguez (gerente de la cooperativa) y del abogado de los indígenas Newton Moreno, se acordó pagar 850 mil sucres al hacendado, incluidas fuentes de agua y árboles, que inicialmente los propietarios querían reservarse. La cooperativa recibió 300 quintales de papa y 100 de cebada para las siembras. La Cooperativa reunió 100 mil sucres al contado, y el Banco Nacional de Fomento dio 500 mil. “Los gerentes de las mentadas instituciones han demostrado buena voluntad y amplitud de criterio al realizar esta operación”. “Para esta obra ha contribuido en forma destacada el prestigioso indio cabecilla Agustín Vega, que ha sostenido durante catorce años una lucha heroica en defensa de su raza”. Añade otro artículo que reseña el mismo caso que, gracias al “espíritu comprensivo de los actuales propietarios Sres. Dávalos y merced a la tinosa labor desplegada por la Comisión especial de diputados nombrados por la Asamblea Nacional y de la FEI”, se logró la formación de la Cooperativa.[28]

Como vemos, la acción estatal se orientaba a apaciguar un antiguo conflicto rural. La solución se logró gracias al compromiso financiero del Estado; en consecuencia, el propietario se garantizó la solución de sus penurias financieras, mientras que los huasipungueros podían acceder a tierras marginales de la hacienda. Algo para cada cual, sin necesidad de radicalismos o intransigencias. Todos dieron su brazo a torcer y obtuvieron algo en compensación gracias a una concertada intervención estatal.


El clientelismo y la profusión de obras pequeñas y dispersas para ganar votos eran comunes mucho antes de Velasco Ibarra. Sería absurdo creer que se trató de un invento personal. Pero el ascenso del caudillo coincidió con un período de expansión de la burocracia, de sus gastos y de su presencia territorial. Hasta 1920, el Estado demandaba impuestos, pero casi todo se gastaba en el ejército y en la administración. Era un actor que exigía tributo, pero no daba (casi) nada a cambio de lo que exigía. En cierta forma, Velasco expresó el esfuerzo estatal de empezar a dar “algo”; alguna obra material, aunque fuera limitada y casi simbólica hasta en aquellas localidades alejadas que tenían la costumbre de no esperar nada. En ello, el titánico despliegue de Velasco no tuvo equivalentes. La encarnación velasquista del Estado fue exitosa como ninguna otra porque acompañó la entrega de obras materiales con gestos paternales y deferencias creíbles ante las masas. Y eran creíbles porque Velasco las combinó con un desprendimiento personal que ningún otro político se atrevió a mostrar.

Las organizaciones estatales emergentes se diseñaron según un molde similar al del registro velasquista. La similitud nacía de su contradictoria relación con el sistema de poder de las haciendas precapitalistas. Era contradictoria porque las organizaciones estatales encargadas de la mediación en los conflictos rurales debilitaban el poder hacendatario al tiempo que lo reinventaban. Fisuraban el poder de las haciendas al poner la mediación de dichos conflictos en manos de funcionarios menos permeables al poder patronal que los tenientes políticos, los jueces locales o los comisarios municipales. Pero, al imitar la etiqueta patronal replicando su autoridad paternal, delataban la persistencia de la eficacia simbólica de las haciendas en retirada. Si los malos patrones incumplían sus deberes paternales, se añoraba el regreso de los tiempos del buen patrón. Allí residía la complicidad simbólica entre la labor de Velasco Ibarra y la forja de nuevas organizaciones estatales: encarnaban un “buen patrón” en tiempos en que abundaban los “malos”. Y por eso, precisamente, era efectivo a pesar de su estrechez. No por sistemático, sino por responder a las demandas indígenas de lucha contra el poder territorial coaligado de funcionarios locales y terratenientes. Lo hacía recurriendo a los códigos simbólicos cercanos al mundo popular. Y lo hacía sin desafiar abiertamente su poder.

No debe extrañar, entonces, que la intervención estatal solo afectara tardíamente al huasipungo, al sistema de trabajo y a la distribución de excedentes asociados al poder terrateniente. Sus efectos políticos eran más moderados y paulatinos que los que se hubieran producido con una auténtica reforma agraria, como la que vivieron México en los años treinta y Bolivia en los cincuenta. Lejos de soluciones corporativistas, el Estado ecuatoriano diseñó y aplicó soluciones locales, intermitentes y parciales, siempre repetidas y constantemente renegociadas. Al hacerlo así, el modelo transformista de negociación inhibía la formación de grandes organizaciones gremiales de los grupos subalternos. Reproducía la fragmentación y el localismo a los que respondía. Al asegurar la debilidad de cualquier potencial oposición al orden vigente, cumplía con eficacia su tarea de garantizar la subordinación.


  1. El mismo párrafo fue repetido en la exposición del ministro Calderón (1944: 27).
  2. El clásico estudio sobre la diferencia entre comunidades libres y de hacienda en Ecuador es el Informe CIDA (1965), pero la importancia de la distinción ha sido resaltada en la literatura antropológica y sociológica por Ibarra y Ospina (1994: 81-89) para Cotopaxi; Santana (1995 [1992]) para Chimborazo; Guerrero (1991b) para Otavalo; Martínez (2000) para Loja; y en toda la Sierra por Chiriboga (1986) e Ibarra (2004).
  3. A título de ejemplo, cfr. “Plancheta Toacazo” (provincia de Cotopaxi), Archivo – Mapoteca del Instituto Geográfico Militar, Quito (la misma referencia en Ibarra y Ospina 1994: 92).
  4. Valeria Coronel (2011: 960-962) cree erróneamente que esas 135 mil cuadras (por otro error las considera hectáreas) eran una “redistribución” de tierras de haciendas o de propietarios privados, cuando en realidad eran el reconocimiento de una situación preexistente. Sobre la base de esos datos, y a otros (presumiblemente la entrega de terrenos baldíos, cfr. anexo I.28), supone que hubo una “reforma agraria” en el país entre 1929 y 1943.
  5. “Programa de reivindicaciones para los indios ecuatorianos”, Ñucanchic Allpa, Órgano de la Federación Ecuatoriana de Indios, IV Época, n.º 18, 5 de octubre de 1946.
  6. El más detallado informe de estas intervenciones que he encontrado es previo a la Ley de Comunas (Baquerizo Moreno, 1934: 26-65), pero el mismo tono existe en todos los informes. Por ejemplo, el informe de 1932 dice textualmente: “El Departamento, tomando en cuenta los medios de que dispone, ha desplegado una actividad intensa: ha dirimido litigios graves, ha sancionado a los cabecillas rehacios [sic] a someterse a las directivas trazadas por el Ministerio, ha reglamentado el aprovechamiento de las aguas y tierras comunales, ha impedido que elementos extraños a las Comunidades se introduzcan clandestinamente en ellas, ha sancionado a las autoridades parroquiales que han tratado de menoscabar sus derechos, etc. Por el número escaso de empleados no se ha podido atender, por desgracia, sino a un reducido número de Comunidades” (Ministerio de Gobierno, 1932: 39-40; énfasis agregado). La queja por falta de medios para el control era recurrente (Cisneros, 1948).
  7. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 446. “Comunidad indígena de Mulanleo-Yanchapuzán, parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, Tungurahua, 22 de febrero de 1935”, f. 51. La idea de las comunidades como “repúblicas independientes” estaba ya presente en la descripción ofrecida por Nicolás Martínez (1916) sobre la provincia de Tungurahua.
  8. “A todas las Comunas y Cabildos de las Comunas, a todos los campesinos, a los indios y montuvios”, Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 12, 22 de agosto de 1939.
  9. “Tinterillo” es una etiqueta por lo general peyorativa que significa ‘persona que ejerce tareas legales sin ser abogado’. Saben leer y escribir y conocen las comunidades, probablemente también el quichua. El trabajo de Marc Becker (2013) reseña su papel ambivalente entre los indígenas serranos, a veces aliados en los conflictos y a veces explotadores. En todo caso, omnipresentes en las pesadillas de los funcionarios, pero indispensables en una sociedad neo-colonial que necesitaba de intermediarios étnicos. Ver también Ibarra (2015: 253-261).
  10. Mercedes Prieto (2015: 44-46; 158-170) ha sugerido que la operación de simplificación y oficialización en la representación comunal era parte de una estrategia para facilitar la intervención estatal en el mundo indígena. Su aplicación implicó una masculinización de la autoridad comunal y familiar mediante el diseño de la imagen del “jefe de familia”, así como la “domesticación” de las mujeres cuya masiva participación en las actividades productivas, ampliamente reconocida en las etnografías de los años cuarenta, fue invisibilizada en parte gracias a las categorías utilizadas en el censo de 1950.
  11. Ricardo Paredes, secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano en 1928, era uno de los que veía a los indígenas huasipungueros como obreros agrícolas, incluso en contra de las tesis prevalecientes en la Internacional Comunista, para la cual los países coloniales y semicoloniales debían hacer primero una revolución democrático-burguesa que despejara las relaciones serviles predominantes; cfr. Paredes (2013 [1928]: 89-96). Una interpretación sobre las posiciones ideológicas y sobre la dimensión de la organización rural del Partido Comunista entre los treinta y los cincuenta, en Ibarra (2013: especialmente pp. 24-27 y 57-61); un análisis de la relación entre la izquierda socialista y comunista con los indígenas en Cayambe, en Becker (2008). Una confirmación reciente de la debilidad de la organización y la influencia comunista en los años cuarenta basada en informes de los agentes del FBI en Ecuador, en Becker (2017: especialmente p. 61, 68, 174, y 238). La mejor explicación de la estrategia organizativa de los comunistas entre los indígenas previa a la Ley de Comunas está en “Indicaciones para unir u organizar a los indios para la defensa de sus intereses de clase y como nacionalidades oprimidas”, Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 8, 17 de marzo de 1936.
  12. “A todas las Comunas y Cabildos de las Comunas, a todos los campesinos, a los indios y montuvios”, Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 12, 22 de agosto de 1938 [sic por 1939].
  13. No sería sino hasta la creación de Ecuarunari en 1972, con el apoyo de importantes sectores de la Iglesia católica, que la mayoría de cabildos se asociaría en una sola organización de la Sierra. Todos los trabajos disponibles resaltan la debilidad de los lazos regionales y nacionales del movimiento indígena serrano de estos años. Los estudios sobre Cayambe recalcan el carácter local de las protestas de esta época y la dificultad de articulación regional o nacional, una articulación muy dependiente de la mediación de los partidos comunista o socialista (por ejemplo, Prieto, 1980: 123-124 y Maiguashca, 1989: 184-185). Las referencias de Becker y Tutillo (2009: 131-166) a vínculos extralocales refieren siempre a las relaciones con militantes socialistas o comunistas y al crecimiento de conflictos por la tierra luego de la fundación de la FEI en 1944. Su conclusión no deja lugar a dudas: “Con todo, la organización tuvo sus mayores logros en Cayambe, sus esfuerzos por conseguir apoyo de la base en otros lugares con frecuencia terminaron en frustraciones” (Becker y Tutillo, 2009: 144). La constitución de la FEI en agosto de 1944, con delegaciones de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, fue el tercer intento, luego de los fallidos congresos de 1931 y 1935 (Becker y Tutillo, 2009: 133-136). El fracaso de los intentos anteriores es revelador de la debilidad de los vínculos organizativos supralocales antes de 1944.
  14. Hay una referencia directa al rechazo de semejante posibilidad en un telegrama enviado por Velasco Ibarra al intendente de policía de Guayaquil en febrero de 1935: “Casi todas resoluciones Asamblea Obreros del Pan me parecen justas. Estudie usted úna por úna [sic] y satisfaga la justicia y hará inmensa obra […]. Si queremos matar comunismo, hagamos justicia obreros. Nadie podrá contener movimiento obrero hacia mayor humanidad. Existen leyes al respecto y deben cumplirse. Aquello de que no se pueda despedir a un obrero sin acuerdo organizaciones, me parece inaceptable. Algunos otros puntos deben rectificarse” (citado en República del Ecuador [1935]: 92-93).
  15. La clasificación que hace Ibarra (2015: 205; ver también 2004: 193) señala la dimensión “local” de la conflictividad: 52 de las 91 sublevaciones censadas entre 1916 y 1930 eran “levantamientos locales”, es decir, motivadas en medidas estatales o disposiciones de autoridades locales.
  16. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 445. “Hacienda Moyocancha, quejas contra el señor Julio T. Salem, por abusos. Comunidades de Quislag, Pilshishig chico, y Pilshishig grande, por tierras 10 –VI-1934”, f. 49v.
  17. Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 10, 11 de febrero de 1939.
  18. Entre los muchos casos en que los funcionarios del MPST encontraron que los argumentos y la documentación de los hacendados eran válidos o incontestables, pero que, a pesar de ello, pensaron que era mejor hacer una transacción con los indígenas, cfr. el conflicto de la hacienda Chiquicahua con la comuna Chiniyata-Pucará en 1940 presentado en el capítulo III, en Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 446. “Comunidad indígena de Mulanleo-Yanchapuzán, parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, Tungurahua, 22 de febrero de 1935”.
  19. Es el caso del decreto del MPST del 15 de julio de 1938 en Zumbahua, que prohibía el trabajo de mujeres y niños, al que los indígenas se aferraban tenazmente a pesar de que el mismo ministerio lo derogara poco después. Cfr. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 109. Registro 410. “Expediente sobre reclamo de peones de las haciendas de Tigua y Zumbahua, 1929-1939”. En general, la tenacidad de los huasipungueros de Zumbahua o de Tolontag, en los largos litigios reseñados en el capítulo III, atestiguan ese desfile de quejas por casi todas las oficinas públicas imaginables. Ver más adelante el caso de la comuna Mollepongo, en la provincia costera de El Oro contra la hacienda Tenguel.
  20. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 9. Registro 17 (1957-1968).
  21. Los expedientes revisados por Mercedes Prieto (2015: 74 y 78) en el archivo legislativo arrojan otra imagen: de 159 peticiones entre 1928 y 1951, 83 fueron sobre tierras de comunidad en Imbabura (30), Pichincha (19) y Chimborazo (34). La explicación es que sin duda al Legislativo solo llegaban los conflictos más duraderos y persistentes, que quizás eran aquellos sobre tierras y aguas.
  22. Ver Guerrero (1991: 121-194). “El papel que cumple en la distribución crea consentimiento en torno al patrón. Pero no prima tan solo el hecho material del entregar. En el fondo, cuenta sobre todo el acto de acoger e integrar en su práctica las normas, comunales y domésticas, de sus indios propios. Vale decir, acepta los parámetros axiológicos básicos de los dominados, se deja impregnar por su cultura” (Guerrero, 1991: 190; énfasis en el texto).
  23. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 112. Registro 443. “Reclamo deducido por varios peones de la hacienda Tolontag contra el arrendatario de dicha hacienda por abusos, Pichincha, 22–VIII–1934”, f. 29 (énfasis agregado). El mismo relato en Prieto (2015: 84-86), aunque a partir de una copia ubicada en el Archivo Nacional de Historia.
  24. Federación de Trabajadores de la Provincia del Guayas, ligada al Partido Comunista.
  25. “Memorándum elevado por los peones de la hacienda ‘Pull’ al presidente de la república y al Ministerio de Previsión Social, antes de la huelga del 25 de febrero”, En Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 6, marzo de 1935.
  26. “Comisión de Ayuda Indígena dirige un memorándum al Jefe Supremo, al Ministro de Gobierno, de Previsión Social y Hacienda”, en Ñucanchic Allpa, órgano de los sindicatos, comunidades e indios en general, n.º 8, 17 de marzo de 1936.
  27. Señalo al pasar que esta comunidad indígena ecuatoriana aceptó pagar por la tierra en disputa. En el contexto de los conflictos por los baldíos en las zonas cafeteras de Colombia en los años 1930, los colonos colombianos se negaron a pagar a los terratenientes (y a endeudarse) por tierras que consideraban suyas (LeGrand 1988: 188-191). La moderación campesina e indígena favorece el éxito del transformismo.
  28. “La cooperativa “Tigua” de producción, crédito y consumo”, Ñucanchic Allpa. Órgano de la Federación Ecuatoriana de Indios, III Época, n.º 18, 8 de febrero de 1946; y “La defensa de los indios ecuatorianos en la Asamblea Nacional de 1944-1945”, Ñucanchic Allpa. Órgano de la Federación Ecuatoriana de Indios, III Época, n.º 18, 8 de febrero de 1946. El artículo es una especie de informe de Ricardo Paredes.


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