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Capítulo II. Rebeldía y lealtad en la Costa (1920-1960)

Campesino que mueres,

campesino que yaces

en la tierra que siente

no tragar alemanes,

no morder italianos;

español que te abates

con la nuca marcada

por un yugo infamante,

que traicionas al pueblo

defensor de los panes:

campesino despierta,

español, que no es tarde.

 

Miguel Hernández (1937)[1]

Percepciones

Durante la guerra civil española, las regiones campesinas donde campeaba la influencia de la Iglesia católica fueron más proclives a apoyar la causa del franquismo, mientras que las áreas urbanas y laicas se decantaron mayoritariamente por el bando republicano (Graham, 2009 [2005]: 42-43). Marx creía que los campesinos eran reaccionarios por instinto de clase. Pero, a lo largo del siglo XX, muchos países campesinos vieron encenderse en el campo revoluciones radicales. La conclusión es que los campesinos no son siempre revolucionarios ni conservadores, sino que devienen la base social de movimientos revolucionarios o conservadores según variadas circunstancias, historias locales y culturales y de acuerdo a la naturaleza de los vínculos sociales que los atan a los terratenientes.[2] Esta ambivalencia intrínseca del papel político de los campesinos es vital para comprender su intervención en la transición ecuatoriana al capitalismo y en sus resultados estatales.

La novela y el cuento ecuatorianos de los años treinta ofrecen un vívido contraste entre la psicología social de los campesinos costeños y de los indígenas serranos. Puesto que es una literatura que se proclama “realista”, es decir, interesada en denunciar la “realidad social” de los grupos empobrecidos, será usada para ilustrar la percepción que influyentes intelectuales tenían de la diferencia entre la lealtad subalterna en ambas regiones.

Nicasio Sangurima es el patriarca y héroe del más importante relato de José de la Cuadra, maestro del cuento sobre el campesinado de la Costa en los años treinta. No era propiamente un campesino, si juzgamos por el tamaño de su propiedad: “La hacienda de los Sangurimas era uno de los más grandes latifundios del agro montuvio [sic]” (De la Cuadra, 1990 [1934]: 228). Hizo su heredad, “La Hondura”, como colono: llegó, se instaló y la convirtió en suya. Cuando ciertos funcionarios vinieron a cobrarle impuestos o a sugerir que pertenecía al Estado, los recibió a balazos. Su hijo, el coronel Eufrasio Sangurima, era un montonero presto a seguir a cualquier liberal “levantisco”:

Reunía veinte o treinta peones conocidos, que le proporcionaban compañía eficaz. Se trataba de gente escogida, valerosa, amiga de tiros y machetazos, sin más bagaje que el arma a la espalda. Los aprovisionaba de fusiles, machetes y frazadas, que poseía en abundancia; los montaba en buenos caballos criollos; y, él a la cabeza, los botaba por los caminos del monte, lanzando vivas estentóreas al caudillo levantisco (De la Cuadra, 1990 [1934]: 256).

En la novela, el agro costeño está plagado de montubios que aman el desorden por sí mismo; la rebeldía expresa el orgullo por la independencia personal, el placer de la emoción y el peligro, el gusto por el botín. La imagen sociológica proyectada por De la Cuadra en su ensayo sobre el montubio es virtualmente idéntica a la de su ficción:

Creado el héroe –militar por lo corriente– cualquier gamonal o individuo que aspira a serlo, decide “levantarse”. Reúne bajo su mando gente voluntaria, que nunca falta, o su propia peonada; se acoge al nombre del héroe como a una bandera, y se lanza a combatir a las fuerzas regulares en guerra de guerrillas. Si triunfa el pretendiente en todo el país y se trepa al sillón quiteño, el cabecilla de montonera ocupará una situación privilegiada, mientras que sus hombres supérstites regresarán a las casas abandonadas a referir sus hechos de armas; si pasa al revés, regresarán los sobrevivientes acompañados de su glorioso jefe, se internarán en las selvas y se dedicarán al vandalaje. La montonera derivará hacia la cuadrilla de ladrones (De la Cuadra, 1996 [1937]: 46).

Los montubios eran personajes orgullosos, altivos, machistas, independientes, rebeldes. También las mujeres, como Panchita Miranda, la Tigra, están animadas por el mismo carácter levantisco y pendenciero de los varones (De la Cuadra, 1990 [1934]: 147-177). El contraste entre esta imagen literaria de los campesinos costeños y el perfil del indio serrano del Jorge Icaza de Huasipungo o Huairapamushcas es virtualmente completa. En sus ficciones, el indio de las alturas andinas es obediente por definición, aunque guarda siempre un hondo rencor raras veces expresado abiertamente. Conviven en su alma la deferencia más humillante con la sorda amenaza de la violencia:

Por otro lado, Gabriel –latifundista hecho y derecho a esas alturas– había adquirido una personalidad omnipotente, capaz de perdonar o aplastar a su antojo las prosas ladinas del cholerío altanero y desubicado o el hurto y la pereza de la indiada esclava […]. Todos eran sus compadres, sus cómplices, sus empleados, sus sirvientes, sus huasicamas, sus huasipungueros. Era preferible olvidar que aquella gente en alguna ocasión pudiera unirse contra él o su sistema de vida. Olvidar si hasta entonces nada pasaba. Por el contrario, todos hablaban de él como de algo divino, misterioso e intocable (Icaza, 2008 [1948]: 236).

En una novela anterior, Icaza ofrece un cuadro mucho más completo de los mecanismos utilizados por los hacendados serranos para movilizar tras de sus intereses a las huestes populares. En las calles (1935), brinda una panorámica de la masiva respuesta popular ante el llamado a las armas durante la guerra de los Cuatro Días que asoló Quito a fines del verano de 1932. En la que sería una de las más sangrientas guerras civiles del siglo XX ecuatoriano, casi todos los batallones del ejército, dieciocho, apoyaron a los liberales, mientras que los defensores de la ciudad y de la elección de Neptalí Bonifaz fueron tres batallones, una parte de la policía y sobre todo civiles de los sectores populares, urbanos y rurales, comandados por los conservadores o por la Compactación Obrera Nacional (CON).[3] En la novela de Icaza, indígenas y cholos serranos terminan obedeciendo, pero siempre con un irreductible componente de fingida estupidez. Según la novela, los caballeros interesados en tomar el poder o retenerlo movilizaron recursos como el aguardiente o la chicha:

En ciertos lugares en cambio, la cosa fue muy dura y muy discutida. Hubo que recurrir a argumentos extraordinarios. El teniente político amenazó con multas y la prisión, el sotanudo con el infierno y la ira de Dios. A veces ni eso dio resultado. Pero la última carta, el dinero, no fallaba nunca (Icaza, 1985 [1935]: 178).

Con los indígenas, según Icaza, predomina la violencia antes que el soborno. Hubo que perseguir a caballo a los que se escondían y escapaban: “La mentira y la astucia, tan eficaz para el cholerío, no pudo con la impasibilidad de piedra y con la fingida idiotez de los indios”. Con ellos no servían los razonamientos: “Hubo que correr tras ellos por la pampa y las laderas, manejando con destreza, riesgo y crueldad el acial y la huasca” (Icaza, 1985 [1935]: 179-80).

La imagen que emerge en la novela es la de unas oligarquías quiteñas que conservan su capacidad de movilización, coerción y engaño sobre los subalternos. Hay diferencias internas, variantes según la autonomía económica y cultural de cada grupo, y una gradación de mecanismos de movilización que van desde el convencimiento a manos del cura, pasando por la compra, la entrega de posibles beneficios o la expectativa de beneficios, hasta la violencia pura y dura. La novela no excluye la presencia de temperamentos rebeldes y radicales. Pero son pequeños, fugaces o tardíos.[4]

La novela El chulla Romero y Flores (Icaza, 1989 [1958]), dedicada a las contradicciones del mestizaje en Quito, también relata las vicisitudes de un personaje que solo se encuentra con la rebeldía y la solidaridad de los oprimidos al final de su vida, cuando ya es tarde. El fuego de la rebelión le nació de la búsqueda de venganza ante el desprecio de los dominantes. Empleado público dedicado por años a la imitación de sus superiores, nunca fue aceptado a pesar de sus repetidos esfuerzos por hacerse querer: “Y en la soledad del proscrito de dos razas inconformes, de un hogar ilegal, de un pueblo que venera lo que odia y esconde lo que ama, arrastró al chulla por la fantasía sedante de la venganza” (Icaza, 1989 [1958]: 94). Cuando huía de la policía, Luis Alfonso descubrió la nobleza y la solidaria complicidad de los sectores populares urbanos de los que siempre se quiso distanciar. El acto final de su desobediencia no se convirtió en un desafío colectivo: casi se suicida en su afán por escapar. Semejante final epitomiza tanto el grado de su indignación como la dimensión de su impotencia. Sobran las razones y los ánimos para la rebelión, pero, por causas contrastantes, ni los indígenas ni los mestizos alcanzan a rebelarse abiertamente.

Fino admirador de la obra literaria de Jorge Icaza, Agustín Cueva explica la imagen degradada hasta la ignominia del indio con otro destello de su imaginación sociológica: “Icaza no cree conveniente presentar bellísimos ejemplares de explotados, al modo de otros indigenistas, porque para él la explotación económica redunda en una degradación óntica” (Cueva, 1992 [1968]: 86). ¿Cuál es el origen sociológico de tal degradación, según Cueva? La absoluta hegemonía latifundista frente al poder minúsculo de las comunidades indígenas:

Esa cultura [indígena] es sin duda más vigorosa en un país como el Perú, en el que la comunidad indígena ha logrado mal que bien sobrevivir con relativa consistencia hasta determinado momento cercano a nuestros días, que, en el Ecuador, donde el omnipresente sistema hacendatario serrano la redujo desde hace siglos a situaciones estrictamente marginales, convirtiendo al resto de la población autóctona en verdaderos siervos de la gleba […]. No es de extrañar entonces que en la narrativa icaciana el universo indígena aparezca por lo general “degradado”, en tanto producto histórico de un doble proceso de avasallamiento: el del feudalismo ahora en declive y el del capitalismo en curso de implantación (Cueva, 1992 [1968]: 178-179).

Pero esta imagen unilateral no es solo literaria. Era la percepción prevaleciente entre las clases medias radicalizadas de la Costa y de la Sierra sobre sus respectivos campesinos. Alfredo Pareja Diezcanseco expresará el mismo contraste lapidario entre ambos mundos. Se dice que el montubio

es un ser humano que vive en protesta, muy inquieto, sujeto a la violencia, a la enfermedad y al crimen pasional; presenta un equipo sentimental y psicológico diametralmente distinto al conformista y silencioso del morador indígena interandino (Pareja Diezcanseco ,1956: 35).

Continúa poco después:

El movimiento político progresista es mucho menos influyente en la Sierra, a causa de la gran población indígena, de la influencia del clero y del apego a la tradición colonial que sienten los propietarios agrícolas (Pareja Diezcanseco, 1956: 38).[5]

Los observadores contemporáneos coinciden en presentar, durante toda la primera mitad del siglo XX, una imagen abrumadoramente conservadora de la Sierra. Así, para Leopoldo Benítez (1995 [1950]: 209), el arrastre del caudillo liberal en Quito en 1912 fue obra del “conservadurismo popular y el liberalismo tránsfuga”. Más de treinta años después, en 1944, cuando acababa de realizarse una revolución nacida en Guayaquil con destacada participación de socialistas y comunistas, Quito se convirtió en la base del Partido del Orden.[6] El peso de la política conservadora quedó expuesta en la siguiente observación del dirigente comunista Manuel Medina Castro, que relata su visita a Quito, a nombre de ADE de Guayaquil, en junio, para reunirse con Velasco Ibarra y tratar de arreglar sus discrepancias

En Guayaquil, la noche del 28 [de mayo], el pueblo armado y la tropa insurrecta tomaron por asalto el cuartel de carabineros, la fuerza fundamental del régimen arroyista, incendiaron el edificio y dispersaron a bala a la tropa y la oficialidad. En Quito todo seguía igual. Los carabineros servían ahora al nuevo régimen. El ingenio popular comentó: “los muertos están en Guayaquil; los vivos en Quito”. Y así era (en Muñoz Vicuña, 1984: 209).

¿Quiénes eran esos quiteños que sostenían el conservadurismo? Un día en que Medina Castro se quejaba de Camilo Ponce, entonces ministro de Relaciones Exteriores y eje aglutinador de las fuerzas conservadoras durante el segundo velasquismo, la esposa de Velasco, Corina Parral, le contestó:

“Usted no sabe”, me dijo. “Todo el día, la Casa Presidencial está llena de gentes, de distinta condición y procedencia, que vienen a respaldar al doctor Camilo Ponce. Sastres, zapateros, vivanderas, costureras; hijas de María, devotas de San Antonio, siervas del señor; del barrio de San Juan, del Itchimbía, de San Diego, del Carmen Bajo, de San Blas. Y todo el día suena el teléfono: son las señoras de Quito para decir lo mismo” (citado en Muñoz Vicuña, 1984: 208).

La imagen predominante sobre las mujeres en Quito en la primera mitad del siglo era la de unas devotas católicas. Ana María Goetschel (2006: 49) ha desenterrado revistas que se identificaban como feministas en el Quito de inicios de siglo y observa en ellas una presencia no despreciable de liberales. Sin embargo, en esas publicaciones quiteñas muy difícilmente se encuentran textos abiertamente anticlericales. Es preciso viajar a Guayaquil para encontrarlos. Esto ha llevado a ciertos autores a decir que a inicios del siglo XX predominaba un feminismo “mariano”, aunque Goetschel arguye que no era el único. No obstante, el conservadurismo era poderoso, incluso entre las liberales (y en las velasquistas, como muestra Sosa-Buchholz, 2008: 102). En un trabajo posterior, Goetschel (2014: 220-230) publica cartas, comunicados y hojas volantes que confirman el escándalo que provocaron no solo en Quito, sino incluso en Guayaquil, las prédicas radicales y anticlericales de la librepensadora española Belén de Sárraga a fines de 1929. Antes de vivir la experiencia de la cerrada oposición que conocería en Quito, una de las pocas mujeres liberales que la apoyó en Guayaquil, María Angélica Idrobo, exclamó: “Por la observación que vengo haciendo desde que llegué en 1927 he sacado esta conclusión: aquí el fanatismo es tal vez peor que en la Sierra” (p. 222). No tardó en convencerse de que se equivocaba. El recibimiento en Quito fue más agresivo que en Guayaquil.

Quizá la más desgarradora y contundente confirmación del ascendiente conservador sobre las clases populares de Quito, sus alrededores y la región serrana sea la inmensa participación popular en la guerra de los Cuatro Días, en 1932. Cuando, como en esa ocasión, la presencia popular, campesina y civil en el bando conservador era masiva, las explicaciones de los rivales liberales recurrían no solo al expediente del cura y el gamonal, sino de la fuerza bruta, de la compra pura y simple de la lealtad y de la abismal ignorancia del pueblo. En llamativo contraste con estas miradas denigrantes, para los conservadores las masas populares quiteñas movilizadas daban pruebas de contención e hidalguía. Incluso en momentos de peligrosa movilización, con las armas en la mano, los artesanos y sectores populares de Quito se presentan como los mejores exponentes del orden. Apenas terminada la guerra de los Cuatro Días, El Debate, el diario conservador, resaltó el respeto a los valores de la moral que mostraron los insurrectos, incluso despojados del freno y la vigilancia de la autoridad. Su análisis trasunta su segura confianza en el control de sus subalternos:

Los soldados y obreros armados y equipados, dueños de la situación, sin el freno de la autoridad, con capacidad plena y poderes absolutos para cometer atentados de toda índole, satisfacer venganzas de todo género, excitar represalias, allanar domicilios, asaltar instituciones respetables y en fin extralimitarse en cualquiera de las inmoralidades que por lo general en estas ocasiones se acostumbran, han dado con la noble elocuencia de su procedimiento una prueba memorable y asombrosa de su honradez, cultura y respeto al derecho ajeno. Para poner de relieve el valor moral y el respeto que sabe profesar este heroico pueblo del 10 de agosto, basta hacer un pequeño parangón con el comportamiento que tuvieron las masas socialistas en Guayaquil en el trágico levantamiento del Quince de Noviembre [de 1922]. En ese levantamiento se hizo alarde sádico de forma cruenta, como iban a florecer las venganzas, en ese movimiento no se respetó la propiedad ajena y como consecuencia las oficinas de crédito y las casas comerciales fueron saqueadas y destruidas.[7]

La diferencia de valoraciones entre el diario conservador y el comunista Medina Castro confirma por contraste la misma percepción sobre las clases subalternas de ambas regiones. A su vez, ambos coinciden con los imaginarios literarios de los años treinta. Era una percepción muy extendida.

Hasta aquí, las percepciones dominantes sobre la condición rebelde de los montubios y sumisa de los indígenas. Las secciones siguientes esperan hacer dos cosas. Primero, mostrar evidencias que confirman que dichas percepciones eran verdaderas. Segundo, mostrar matices en esa lealtad o en esa rebeldía con el propósito de desechar las imágenes estereotipadas, prejuiciosas o abiertamente racistas a veces asociadas a las percepciones de la época. En el camino, espero precisar en qué consistió la “dependencia” y la “moderación” de las clases subalternas del Ecuador en este período de transición, tan esencial para el surgimiento del Estado transformista. La rebeldía coexistía en todas partes con la dependencia, pero la rebeldía predominó en la Costa y la dependencia en la Sierra.

Cifras

Entre 1920 y 1930, se produjo una oleada de agitación rural en la Sierra sur y central ecuatoriana que a primera vista desafiaba el orden oligárquico y el régimen de hacienda. Hernán Ibarra (2004: 193) la ha llamado “marea ascendente de conflictos rurales”. Al mismo tiempo, hay una virtual ausencia de levantamientos o huelgas en la Costa hasta fines de los años cincuenta. Las cifras ponen de cabeza las percepciones: la Sierra parece más rebelde y la Costa más calmada.

Cuadro 1. Conflictos rurales abiertos (1902-1963). Levantamientos, huelgas y rebeliones, por región

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Fuentes: anexo II (disponible en https://bit.ly/30Wm9q6).
Nota: Este listado no es exhaustivo. Falta mucha investigación en el país. Sin embargo, es difícil que algún “gran levantamiento” haya sido pasado por alto.

De todas formas, en términos generales hubo pocos conflictos abiertos, apenas 182 en 60 años (tres por año), aunque aumentó su número entre 1910 y 1935. Estos números, incluso en la década del veinte (seis por año), están muy lejos de situaciones verdaderamente revolucionarias en las que las tensiones y conflictos agrarios se expresan con altos grados de violencia. Aparte del número pequeño, destaca su baja intensidad. En toda la revisión de la literatura y de las fuentes sobre estos episodios de rebeldía, hay un solo caso que se saldó con el asesinato o mutilación de un hacendado: la sublevación en la hacienda El Progreso, en San Cristóbal, Galápagos, en 1904. Solo he encontrado dos relatos de saqueo o incendio de la casa de hacienda, el de Panyatug, provincia de Cotopaxi, en 1945, y el de la hacienda La Virginia en Colta en 1921 (anexo II, disponible en https://bit.ly/30Wm9q6).[8]

Una clasificación diferente de los conflictos, por “adversario” principal, permite nuevas lecturas. Aunque hay varios casos de reclamos mixtos que combinan la demanda al Estado y a las haciendas, a mestizos pueblerinos y a otros indígenas, la distinción es significativa.

Cuadro 2. Conflictos rurales abiertos (1902-1963). Levantamientos, huelgas y rebeliones, por adversario

tablas-2_cFuentes: anexo II (disponible en https://bit.ly/30Wm9q6).
Nota: Ver nota del cuadro anterior.

Los números desnudos harían pensar que los conflictos con las haciendas predominaron hasta 1963. Suman casi el doble de los conflictos contra el Estado. Pero su predominio se explica porque prácticamente desaparecieron los levantamientos contra el Estado a partir de los años cuarenta. En el período inicial, entre 1920 a 1940, eran tan numerosos los conflictos contra el Estado como contra las haciendas. Los episodios contra las haciendas aumentaron significativamente luego de 1950 en Costa y Sierra, y se volvieron constantes en los tres años de agitación previa a la reforma agraria de 1964.

Resumamos el veredicto de las cifras antes de buscar explicaciones donde se encuentran, en el análisis cualitativo. En el primer período de la transición, entre 1920 y 1940, la Costa parece calmada mientras la Sierra conoce una oleada de rebeliones y levantamientos rurales, aproximadamente la mitad contra el Estado y la otra mitad contra las haciendas. Es como si la distribución regional del número de levantamientos se empecinara en desmentir los estereotipos de la literatura, las divagaciones de los observadores contemporáneos y las propuestas explicativas de los especialistas. La Costa, teóricamente rebelde, insumisa y pendenciera, se ahoga en una llamativa quietud cotidiana, mientras la Sierra, supuestamente llena de indígenas apocados y silenciosos, se debate en oleadas de rebeldía. Entre 1940 e inicios de 1950, reina la calma en todas las regiones del país. Hacia fines de los años 1950, se produce una nueva efervescencia de la indisciplina, pero esta vez regionalmente más pareja, si bien virtualmente han desaparecido los levantamientos en la Sierra sur. En este nuevo pico de rebeldía, el adversario principal es la gran propiedad y se desvanece el Estado. Lo que sigue de este capítulo y el siguiente se dedicará a brindar una interpretación de las paradojas surgidas del contraste entre la apreciación de los analistas contemporáneos y las cifras del conflicto social.

Abandono

Entre 1920 y 1945, la virtual desaparición de quien había controlado los resortes del poder regional y nacional por espacio de cuando menos tres décadas, la oligarquía cacaotera, tuvo efectos catastróficos sobre la lealtad de los subordinados. El colapso de los “gran cacao” no solo implicó una cesión de espacio empresarial “arriba” a manos de advenedizos, inmigrantes y nuevos ricos, sino también una crucial modificación de sus relaciones “abajo”, con los trabajadores y campesinos montubios. La deserción es lo que explica que no tengamos registro de revueltas, rebeliones o huelgas rurales en la Costa en esos años: no había contra quién pelear. El Estado era también un adversario ausente.[9]

Una parte de las haciendas abandonadas se entregó en arriendo a los antiguos sembradores y peones para que las cultivaran. Los antiguos trabajadores se convirtieron en arrendatarios en especie, es decir, aparceros de propietarios ausentistas (Uggen, 1993 [1975]: 52). El informe del ministro de Agricultura de 1930 exagera las alarmas, pero pinta con claridad la situación:

Realmente a lo menos en el litoral, ha tomado gran incremento la criminalidad fomentada por la falta de sanción. Una legión de abogados sin clientela se ha convertido en defensores de cuatreros y de malvados, paralizando la acción de las autoridades y obligando a muchos propietarios a transformarse también en criminales, en un movimiento de defensa propia, no justificable, pero sí explicable […]. En el interior de la República solo el sesenta por ciento de los propietarios viven en sus haciendas y en la Costa únicamente el diez por ciento (Boloña, 1930: 14).

El campo abandonado por los propietarios decentes se llenó de cuatreros y bandoleros. Era bastante frecuente en estos años la queja de que la región estaba asolada por bandidos y por los abusos de los agentes locales del Estado, como tenientes políticos y comisarios municipales. Esta es una de las razones por las cuales se pidió limitar “las facultades judiciales concedidas a dichos funcionarios”.[10]

Ausencia de propietarios, presencia de ladrones; el cuadro de la estructura agraria regional se completa con la fácil migración hacia tierras incultas y alejadas de las antiguas haciendas. Semejante panorama influía en el trato a los trabajadores: los hacendados estaban obligados a cuidarlos para conservarlos. No solo había demasiadas tierras baldías donde los trabajadores podían huir, sino una crónica escasez de brazos. Así, por ejemplo, en la hacienda Angélica, en 1920, de los 22 trabajadores registrados, 10 habían huido (Uggen, 1993 [1975]: 41).

Si los conflictos rurales en el litoral en esos años no asumieron la forma de huelgas, levantamientos o rebeliones, la revisión de los expedientes de conflictos agrarios del Ministerio de Previsión Social y Trabajo (MPST) revela que los conflictos en la Costa giraron en los años treinta alrededor de la oposición entre colonos y grandes propietarios privados ausentistas; los primeros querían asentarse en tierras de bosques que eran la propiedad nominal de los segundos. El patrón del conflicto agrario siguió de cerca la estructura social. La ocupación de terrenos de títulos inciertos, perdidos o contestados expresaba la mayor autonomía de la que gozaban los trabajadores rurales del litoral. A veces los invasores eran campesinos colonos, pero a veces eran personas de las ciudades que se apropiaban de las tierras comunales. La controversia en la comuna Casas Viejas en Playas, en la provincia del Guayas, en 1940, es ilustrativa. Allí, 20 personas residentes se acercaron a inscribir la directiva de la comuna encabezadas por el ingeniero Bowen. El teniente político se negó a registrarlos porque no eran de la comuna. Añadió:

Se está generalizando la práctica del todo ilegal de que personas extrañas a las comunas, que no son habitantes de ella y que residen habitualmente en otras parroquias se inmiscuyan en los asuntos propios de la Comuna, y hacen viajes expresos para tomar parte en las elecciones de los cabildos, para controlar éstos y manejar a su antojo los bienes comunales.[11]

La Costa era una tierra de frontera donde la gran propiedad y las fincas campesinas se expandían sobre antiguas tierras comunales y haciendas abandonadas. Las comunas estaban asediadas por propietarios privados o traficantes de tierras que aceleraban su proceso de disolución. Los comuneros que presentaron una queja en 1940 (39 personas, de las cuales 11 eran mujeres), con el apoyo del teniente político de Chongón, afirmaban que los usurpadores urbanos de la dirigencia del cabildo les quitaban su madera, su carbón y la lana de las montañas. Cobraban cuotas extraordinarias para el cabildo y una tasa del 10 % del valor de la madera y el carbón que se explotaban en las montañas de la comuna. Llamaban a estos cobros “arrendamiento”, y les exigían firmar un contrato. Los reclamantes decían que tenían posesión inmemorial y títulos de dominio del año 1826. El informe del teniente político dice que Bowen y Salazar habían cercado las mejores tierras y expulsado a viudas de sus parcelas. Señala también que un grupo pequeño de comuneros colaboraba en estos abusos.[12] Aquí el “arrendamiento” consistía en un pago en especies o en dinero por la extracción de los recursos naturales de tierras de bosques en disputa.

Una mejor y más completa ilustración de los conflictos surgidos de una estructura agraria de frontera plagada de propietarios ausentistas y de tierras comunales en disgregación es el que opuso a la hacienda El Rosario y los colonos agrupados en el Sindicato de Agricultores de Milagro en los años treinta.[13] Mientras los colonos buscaban asentarse en zonas boscosas y baldías, ciertas comunas y grandes propietarios reclamaban la propiedad sobre los terrenos ocupados. Todo empezó en el año 1928 con la queja del Sindicato de Milagro de que la hacienda El Rosario, propiedad de los señores Díaz Granados, estaba en total abandono y que bloqueaba el libre acceso a tierras baldías. El sindicato pidió inicialmente la expropiación y recurrió a la Asamblea Nacional en enero de 1929; señaló que todos los funcionarios públicos en la parroquia eran sembradores o empleados del dueño de la hacienda, que, además, controlaba el comercio y obligaba a vender el cacao a bajo precio.

Resulta que las tierras que los colonos disputaban con la hacienda pertenecieron originalmente a la comunidad de Molleturo; tanto los colonos del Sindicato de Milagro como el hacendado hicieron originalmente una “compra de acciones” en la comuna que les daba derecho a ocupar las tierras. El hacendado, por su parte, tenía terrenos que los funcionarios estatales consideraban “perfectamente legales” desde 1885, cuando el padre del actual propietario compró todos o casi todos los terrenos a los indígenas de Molleturo. Los colonos decidieron entonces cambiar de estrategia. Reconocieron la ocupación de los terrenos comunales, pero reclamaban su derecho a participar del reparto de sus despojos. Los hacendados, según los colonos, habían hecho correr a los molleturos, esos “pobres indios tímidos”; destruyeron sus casas y chacras como a nosotros las nuestras:

pero para ellos no ay ley que los castigue […] la ley de castigo es solo para los pobres. Y si Ud. no nos hace justicia, Ud. no nos reconoce el derecho de acuerdo a nuestra escritura, pues nos aremos justicia nosotros mismos (ff. 21-24). El problema del latifundismo, señor ministro, es una verdadera rémora para el desarrollo e incremento de la agricultura (f. 25v). El terrateniente se preocupa muy poco de cultivar la mayor extensión de tierras y de usar la técnica en sus cultivos, conformándose con lo que buenamente le dan sus dilatados territorios, ya que este producto llena totalmente sus necesidades, dejándoles un gran margen de utilidades para la acumulación (f. 25v-f.26).

A diferencia de los latifundistas, los pequeños agricultores podían hacer rendir y producir una tierra que los comuneros de Molleturo también tenían abandonada. El razonamiento es parecido al que sostenían en esa época liberales y socialistas. De hecho, si los latifundistas hicieron acción de sitio, ¿por qué no permitir lo mismo a los pequeños productores que en verdad cultivaban la tierra? (12 de abril de 1930, f. 28-28v). Los colonos que buscaban posesionarse de los terrenos contrataban, a su vez, a jornaleros y arrendatarios. El expediente termina allí, aunque queda una comunicación final del Sindicato de Agricultores de Milagro “no comunista” (la significativa aclaración está en la hoja membretada de la organización) de 1931, donde sigue la queja contra Díaz Granados. Probablemente hubo una transacción a costa de las tierras de la comunidad de Molleturo que seguramente quedó sin la cabida del pasado. La hacienda, por su parte, aclaró sus límites.

Los conflictos por la ampliación de la colonización no son los únicos; un segundo tipo de disputa tiene que ver con las condiciones del arriendo de los “sembradores”, encargados de plantar y mantener los cultivos de exportación (cacao y café) por cuenta de las haciendas. Los conflictos de los arrendatarios cobrarían importancia decisiva a fines de los años cuarenta, como veremos en la siguiente sección, pero desde fines de los años veinte existían ya controversias por la forma en que se “redimen” los cultivos.[14] Un buen ejemplo es el de las denuncias de abusos en la hacienda La Clementina, en Babahoyo.[15] La queja llegó a fines de 1933 a la Cámara de Diputados, donde representantes socialistas la trasladaron a las autoridades del MPST. El caso nos servirá para ilustrar cómo se hacían los arriendos y el tipo de conflictos que emergerían y se multiplicarían en los años siguientes.

Los trabajadores de la Clementina, hacienda propiedad de una compañía alemana, Platagenges Clementina, reclamaban que hacía 6 años que sufrían abusos. Mencionaban que les habían hecho firmar un nuevo contrato donde no se fijaba plazo alguno para redimir los cultivos por lo que estaban obligados a esperar y esperar hasta que la hacienda decidiera pagarles. Decían que no se les permitía hacer desmontes ni resiembras en fallas o matas muertas ni caza y pesca. Cuando quería, el administrador cerraba el camino desde el sembrío al centro de la hacienda, por lo que los trabajadores no podían aprovisionarse de víveres. Además, el administrador obligaba a secar el cacao de las huertas de los trabajadores en el tendal de la hacienda, cobrando dos sucres el quintal y obligando a venderlo a precio vil. Además, recibían un sucre por tarea de 50 m2 sin alimento, actividad que en realidad les tomaba dos días. Pedían que interviniera el Congreso para permitir la venta libre, que se modificaran los contratos fijando el plazo para redimir los cultivos, que les fueran permitidos los desmontes para otros cultivos, y que fuera un nacional el administrador y no el señor Schuldt. En el expediente se encuentran algunos contratos de sembraduría como ejemplo de la situación. En ese contrato se fijaba el número de matas de café con sus árboles de sombra, la distancia entre matas y entre árboles de sombra, las especies que debían usarse como sombra y la intensidad de roza y poda de la sombra. Es decir, fijaban los detalles técnicos de la actividad. El pago se haría cuando los árboles estuvieran desarrollados y cuando conviniera recibir a la compañía, pero se le recibiría en cualquier estado en caso de mala conducta o de no levantar la plantación en las condiciones estipuladas. El sembrador se obligaba a trabajar como jornalero cuando la empresa lo necesitara y sembrar la plantación de café en las licencias que la administración estimara necesarias. Como vemos, los trabajadores se quejaban en cuanto sembradores y en cuanto jornaleros ocasionales de la hacienda propiedad de una compañía extranjera, moderna y poco observadora de las costumbres locales.

Los dueños y administradores de la hacienda negaron todas las acusaciones de los trabajadores. En su apoyo incluyeron en el expediente las declaraciones de varios sembradores negando que les impidieran cazar, pescar o sembrar entre los cultivos por redimir o que les obligaran a vender a la hacienda sus productos. Algunos sembradores dijeron que se quejaron para que les dejaran hacer desmontes adicionales, que al principio les negaron, pero que luego les permitieron y que ahora estaban contentos con el administrador. Incluso el autor de la denuncia, Luciano León, aclaró que él mismo no tenía queja contra el propietario ni el administrador, que había facilidades para las “desmontaciones” y que los campesinos podían ir a cazar y pescar. Con esas declaraciones, el MPST desechó la denuncia.

En este primer período de la transición (1920-1945), no hay muchos más conflictos registrados en las zonas rurales de la Costa. Las disputas confirman que se trataba de problemas derivados del ausentismo de los hacendados, de los mecanismos para atraer a una mano de obra escasa e independiente y de la existencia de tierras y bosques en proceso de colonización desordenada. Aunque la situación del sembrador de cacao y café costeño podía parecer jurídica y formalmente parecida a la del huasipunguero serrano, la verdad es que eran condiciones muy diferentes. El colono arrendaba un terreno a cambio de algunos jornales, pero sobre todo para usarlo en sus propios cultivos mientras “redimía” los cultivos que entregaba al propietario al final del contrato. La diferencia esencial es que los indígenas serranos vivían por generaciones en las tierras que ocupaban dentro o fuera de las haciendas, mientras que los colonos costeños eran migrantes recientes. Los indígenas serranos trabajaban el huasipungo donde tenían su hogar y devengaban los jornales de trabajo en las tierras de las haciendas, en un lugar diferente. El sembrador costeño sembraba en el terreno de la hacienda que entregaba enteramente al propietario al fin del contrato de arrendamiento para moverse luego hacia otras zonas de frontera. El terreno de la hacienda y el terreno propio no eran distintos ni abrigaban una historia de generaciones de usufructo aceptado y sancionado por la costumbre. Los hacendados serranos debían “arrancar algo” a los indígenas con quienes se encontraron en las haciendas adquiridas. Los hacendados costeños debían conseguir trabajadores menos abundantes que podrían migrar para conseguir nuevas tierras en otro lugar si no les convenía el acuerdo. Pero no eran trabajadores incrustados desde siempre en su propiedad. Esta situación se modificaría radicalmente a fines de los años cuarenta, cuando se produjo un cambio sustancial en las condiciones económicas y sociales de la Costa.

Regreso

A partir de los años cuarenta, las tierras abandonadas empezaron a volverse valiosas, al tiempo que la migración avanzaba y la escasez de trabajadores dejaba de ser endémica. Con el aumento del valor de las tierras, los grandes propietarios intentaron regresar a sus antiguas haciendas abandonadas para producir ellos mismos o para venderlas a nuevos empresarios. Las condiciones que habían sustentado la relativa independencia y autonomía de los trabajadores rurales costeños en los años veinte y treinta (la abundancia de tierras y la escasez de brazos) empezaron a agotarse. La Costa se llenaba aceleradamente de habitantes mientras la Sierra expulsaba una parte de su excedente (anexo I.1). A partir de fines de los cuarenta y más claramente desde mediados de los cincuenta, desde el punto de vista del conflicto agrario en las zonas rurales costeñas, lo que había sido una autonomía de facto por abandono oligárquico y una rebeldía dispersa e inorgánica bajo la forma del bandidaje se convirtió en una disputa por las tasas y las condiciones de los arriendos de los terrenos, para transformarse rápidamente en abierta lucha contra el despojo y por la propiedad de las tierras ocupadas. La rebeldía individual trocó en conflictos locales contra la ofensiva propietaria.

En Milagro, provincia del Guayas, con la recuperación de los precios del cacao, del café y del banano y con el desarrollo de las vías de comunicación (Durán -Tambo, La Troncal-Machala), el valor de las haciendas y de las tierras aumentó. Con ellos, subió el precio de los arriendos y se incluyeron pagos monetarios. Para las siembras, los propietarios empezaron a preferir trabajadores asalariados en lugar de sembradores para evitar conflictos por la posesión de la tierra (Uggen, 1993 [1975]: 62). Pero el regreso resultó tardío: los campesinos arrendatarios se consideraban ya los dueños de las fincas. Como dice Uggen (1993 [1975]: 54):

Cuando los herederos [de la hacienda Angélica] trataron de imponer su autoridad de nuevo a partir de 1948, con la recuperación del mercado para cacao y café y las nuevas posibilidades para el cultivo de banano, ya era tarde. Los campesinos desobedecieron la prohibición de sembrar cultivos estables, dando lugar al conflicto de los años siguientes por el control de las haciendas.

En algunos casos, se llegó hasta intentos de desalojo, quema de casas y sembríos. Algunos, como en la Maruja, lograron resistir el despojo y otros no. Esto empeoró con la expansión del ingenio San Carlos, que entre 1953 y 1968 compró trece exhaciendas cacaoteras colindantes (Uggen, 1993 [1975]: 63-64). Hernán Ibarra (2015: 382-390), basado en información del periódico El Pueblo, reseña estos conflictos y documenta varios esfuerzos de organización sindical entre estos campesinos arrendatarios por parte del Partido Comunista. La lucha se centró inicialmente en la reducción de la renta, pero se complicó y radicalizó con los intentos de desalojo. Rafael Guerrero (2016: 71-74 y 79-84) encuentra exactamente la misma evolución en las zonas arroceras de Daule y Urbina Jado, en el alto río Guayas.

De hecho, el conflicto más conocido ocurrió precisamente en las antiguas haciendas cacaoteras reconvertidas a la producción de arroz. Desde los años veinte se había expandido la producción arrocera mediante el sistema de arrendamiento y de “fomento del cultivo” (adelantos) que industriales y dueños de piladoras entregaban a los campesinos con el compromiso de venta de la cosecha futura (Espinosa, 2014: 56, 91-93 y cap. 9). La expansión se benefició de la crisis cacaotera y de la existencia de tierras disponibles para la producción por arrendatarios alentados por el mecanismo de adelantos de dinero (Espinosa, 2014: 125-126 y 148).

En otros términos, cuando se produce la crisis económica de los años 1920, el arrendamiento de tierras destinadas al cultivo de arroz se generaliza y se convierte en la forma esencial por medio de la cual los trabajadores de las provincias de Guayas y Los Ríos logran subsistir (Espinosa, 2014: 133).

Cuando desde los años cuarenta se produjo un intenso auge de las exportaciones arroceras y un alza exponencial de los precios, empezó a crecer el área de cultivos: pasó de 20 mil hectáreas en 1940 a 69 mil en 1947. Los precios, las exportaciones y el área de cultivos se estancarían a inicios de los años cincuenta para volver a crecer desde mediados de la década, esta vez impulsados por el crecimiento del mercado interno del arroz. Finalmente, la superficie sembrada se estabilizó en 110 mil hectáreas desde inicios de 1960. Espinosa (2014: 497-499) registra que, desde mediados de los años cuarenta, con la expansión de cultivos, el fomento mediante el adelanto dejó de estar atado a la figura del campesino arrendatario; los contratos de arrendamiento se volvieron más inestables y se presionó para la mecanización. En conjunto, la situación de los campesinos se volvió más precaria. Así, el arriendo fijo se hacía más raro mientras el eventual crecía de manera exponencial. No es difícil ligar esta modificación con el progresivo cuestionamiento del sistema de arriendo, que llevó, con el paso de los años, a la reforma agraria.

La nueva necesidad de tierras por parte de empresarios capitalistas, por un lado, y la situación de facto que suponía la ocupación de las tierras por parte de posesionarios campesinos, por el otro, obligaron a un cambio en la estrategia empresarial. Los emergentes y ahora poderosos grupos empresariales guayaquileños se concentraron desde entonces en la intermediación para la exportación y se desentendieron parcialmente del arroz para pasarse al banano. Además, la campesinización de la producción arrocera se acompañó de una migración de las áreas de cultivo hacia la provincia de Los Ríos y hacia zonas de menor productividad (Espinosa, 2014: 411-425).

En Babahoyo, provincia de Los Ríos, casi toda la producción arrocera se hacía mediante relaciones precarias y en tierras de propietarios ausentistas. De hecho, los grandes propietarios no dependían de estas actividades: en Babahoyo el 70 % de los productores de más de 500 hectáreas obtenían sus principales ingresos de otras fuentes. Los más pequeños eran más dependientes de la agricultura (Redclift, 1978: 65). La principal fuente de ingresos agrarios no era propiamente la renta en especies, sino el crédito entregado a los trabajadores como adelanto de la compra de la cosecha. Años después, como producto de su resistencia al desalojo y del interés del Estado en lograr un aumento de la productividad, los campesinos arroceros conseguirían que el quinto velasquismo promulgara el Decreto 1001 en diciembre de 1970, que les entregaría en plena propiedad las tierras que hasta entonces ocupaban precariamente (Redclift, 1978: 82-88).

En síntesis, en toda la Costa central y sur, cuando los propietarios ausentistas buscaron retomar el control de sus tierras o venderlas a los nuevos grupos emergentes y del extranjero, encontraron una tozuda resistencia campesina proveniente de agricultores independientes, de arrendatarios más o menos informales y de colonos autónomos. La revuelta fue fundamentalmente local:

Los disturbios campesinos en la zona arrocera nunca encontraron expresión en un movimiento regional coordinado sino que más bien se restringían a conflictos generalmente espontáneos y localizados que variaban en su intensidad y su distribución espacial (Redclift, 1978: 97).[16]

Hacia el fin de la década de 1950, la situación se volvió más peligrosa. Se produjo una oleada de desalojos o intentos de expulsión de los antiguos arrendatarios por parte de propietarios ausentistas.[17] Inicialmente, el Estado no disponía de procedimientos para resolver o para intermediar en este tipo de conflictos que transitaban de una oficina pública a otra. Un buen ejemplo de esa dificultad fue el del arrendatario José Benito Coque, que desde el 24 de noviembre de 1938 fue expulsado de la tierra que arrendaba por el patrón, señor Icaza, que se apropió de sus sembríos de cacao y café de cinco cuadras de desmonte en la hacienda San Miguel (Palenque, cantón Vinces, provincia de Los Ríos). En su reclamo recurrió a los comisarios, al teniente político, al gobernador, al intendente y finalmente al ministro de Gobierno. Aceptó que le descontaran los 633,80 sucres que debía por la libreta de socorros de su “patrón señor Icaza”.[18] De pasada se observa que en esta hacienda se utilizaba el sistema de “socorros”, similares a los existentes en la Sierra.

Otro ejemplo parecido tanto en el carácter del conflicto que opone a arrendatarios con propietarios, como en las dificultades del procesamiento estatal es el de una propiedad en Río Viejo, cantón Yaguachi, provincia del Guayas, en el que 11 firmantes se quejaban en 1940 de la expulsión de una tierra que compraron. Al morir el antiguo dueño, la propiedad entró en el litigio de herencia y estaba sujeta a un embargo. La nota manuscrita del ministro decía que se dirigieran al poder judicial porque a él no le correspondía.[19] Un ejemplo adicional de estas disputas crecientes entre arrendatarios y propietarios es el oficio de la Federación de Trabajadores del Guayas en 1947 que pedía el cobro en dinero en lugar de obligar a que fuera en especies. Normalmente, el cobro en dinero era resistido, pero este caso revela que, al parecer, algunos arrendatarios lo preferían frente al pago en especies. De hecho, un decreto de agosto de 1946 obligaba a que los arriendos de los sembríos de arroz se hicieran en especies y no en dinero, previniendo fluctuaciones en su precio.[20] La Federación denunciaba que se cobraba hasta 3 quintales por cuadra de sembrío de arroz, mientras que en platanales estaban cobrando 120 sucres en lugar de 20 por cuadra, como cobraban el año anterior. El cobro por potreros también había subido de 10 sucres a 60 por cuadra en un año.[21]

Como vimos antes, la modalidad de pago del arriendo de los terrenos tomaba la forma de una “redención de cultivos” al final del período acordado. El propietario pagaba al arrendatario por los cultivos permanentes de cacao, banano y café. En La Maná, zona costera de la provincia de Cotopaxi, entre 1953 y 1958 se produjo un conflicto que contribuye a entender mejor la mecánica de funcionamiento del arriendo de tierras en la Costa en esta época.[22] Un agricultor arrendó un terreno para sembrar banano, cacao y café. Para hacerlo pidió un préstamo de 10 mil sucres a un tercero, Próspero Navas, que vivía en Quevedo, provincia de Los Ríos. Se acordó que los cultivos sirven para pagar dicha deuda. Pero el agricultor debía pagar también el arriendo al dueño, que vivía en Pujilí. En 1957, la situación se complicó por la venta del terreno a un tercero, el Dr. Proaño Reyes, que a partir de 1959 pretendía desalojar al arrendatario que todavía seguía sembrando. Con intervención del MPST, se llegó a un acuerdo para que el antiguo propietario pagara un monto adicional como redención de cultivos, el arrendatario desalojara el terreno y el nuevo propietario pudiera tomar posesión.

Como vemos, hay una exacerbación de la conflictividad alrededor de la “redención de los cultivos” que los arrendatarios entregaban al propietario y que funcionaban como pago por el trabajo realizado durante el tiempo que duraba la posesión. Esta posesión podía ser muy larga. El 5 de junio de 1959, dos arrendatarios presentaron una queja porque luego de 30 años de trabajo estaban siendo desalojados por el dueño Gregorio Caicedo sin que quisiera redimir cultivos por 15 mil sucres. Caicedo había comprado la Hacienda Lampa, en Quevedo, al señor Aspiazu (gran propietario de plantaciones cacaoteras). Los arrendatarios afirmaban que las autoridades de Quevedo no los protegían y por eso recurrían al director del Trabajo. Afirmaban que no habían querido hacerse dueños de los terrenos, sino que solo querían que les pagaran sus cultivos. En este caso, la lucha por la tasa del arriendo no llegó a convertirse en demanda por la tierra, ni siquiera luego de 30 años de posesión ininterrumpida.

Eclosión

Los conflictos entre arrendatarios y propietarios adquirieron portentosas proporciones en los primeros años de la década de 1960. Sobre todo, cambiaron de carácter y empezaron a girar masivamente alrededor de la propiedad de la tierra. Es como si las protestas que venían acumulándose durante el período de gobierno de Camilo Ponce Enríquez (1956-1960) y que fueron desechadas por las autoridades a favor de los propietarios se hubieran liberado en el cuarto Gobierno de José María Velasco Ibarra (1960-1961). Esa liberación contribuyó a su cambio de carácter: de la demanda por la tasa de arriendo y por las condiciones laborales a la lucha por la tierra. Lo que gatilló el cambio fue la multiplicación y generalización de los intentos de desalojo. Veamos el detalle de esta evolución.

La documentación del MPST revela un claro aumento de la conflictividad rural a fines de los años cincuenta. Una indicación de esta evolución es la estadística sobre más de 3 mil actas transaccionales firmadas en 1959 solo en la Costa, donde se habían registrado solo siete conflictos colectivos.[23] Otra indicación del aumento de la conflictividad laboral es la comparación de la información sobre conflictos laborales y huelgas entre inicios de los años cincuenta y fines de la década.

Cuadro 3. Conflictos laborales rurales en Ecuador, 1948-1962

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Notas:
* En la Costa.
** 6 en transporte, 3 en servicios públicos, 1 en comercio.
*** Uno en minería, otro en construcción.
Fuentes: Ministerio de Previsión Social y Trabajo, varios años, y la Revista de Derecho Social Ecuatoriano, citados por Ibarra (2015: 153, 158 y 164).

Un estudio pormenorizado de conflictos específicos en el año 1961, cuando Velasco Ibarra ya estaba en Carondelet, nos ofrece un cuadro más vivo de la aguda conflictividad y de sus razones.[24] El apoderado de la hacienda San Antonio de Mapán, parroquia Pimocha, provincia de Los Ríos, se quejó el 5 de enero de 1961 de que tres agricultores a los que adelantó dinero en un acta de redención de cultivos no la habían cumplido desde hacía 60 días. Entregó plátano, arroz y café. Los arrendatarios ocupaban tierras de la hacienda para redimir estos cultivos, pero todavía no lo habían hecho, por lo tanto pedía ayuda para desalojarlos. Un informe del 23 de enero de 1961 del inspector provincial del Trabajo de la provincia de Los Ríos sobre los hechos ocurridos en la hacienda Aguacatal de Arriba (zona tradicional de cacao) señala que un arrendatario que actualmente estaba en la cárcel de Vinces había ocupado desde 1948 un terreno adyacente a la hacienda de Alberto Pástor Alarcón. El 17 de enero de 1961, lo llevaron preso a él, cuatro familiares y dos peones por haberse rebelado contra los gendarmes. Uno de los trabajadores tenía rotura de cabeza y el otro era menor de edad y estaba en el calabozo. Es, pues, un caso más de desalojo a posesionarios por parte de los nuevos propietarios costeños.

El mismo cuadro se repetía no solo en zonas cacaoteras, sino también en zonas azucareras. Los miembros del sindicato de trabajadores de Bucay, que agrupaba a posesionarios independientes que tenían fincas de entre 3 y 22 cuadras de terrenos arrendados a la compañía azucarera Valdez, se quejaron el 30 de abril de 1961 de que la hacienda les quería vender los terrenos a 275 sucres por cuadra muy cerca de la vía férrea. Pedían ayuda al Gobierno y al MPST porque “por suerte” el Gobierno de Estados Unidos estaba empeñado en apoyar económicamente a los campesinos del Ecuador. Con esa colaboración en mente, pedían que se les ayudara para comprar no más de 25 cuadras cada uno. Afirmaban ser arrendatarios de entre 10 y 40 años. También querían comprar dos piezas de ganado vacuno por trabajador para lo que pedían crédito porque los bancos no les prestaban el dinero. Una opción que los trabajadores planteaban al Gobierno era la de establecer un sistema de créditos para la compra de tierras a las haciendas.

El intento de compra no era la única opción al conflicto latente o abierto entre posesionarios y propietarios. El propietario Jacinto Jouvín Cisneros, de Milagro, provincia del Guayas, denunció el 7 de junio de 1961 que el inspector de Trabajo de Milagro estaba complotado con otros moradores de ideología comunista para quitarle su hacienda. Afirma que esa gente había querido comprar parte de su hacienda y ahora estaba tratando de ocuparla por vías indirectas. En el mismo expediente consta la denuncia inversa de cuatro residentes de la hacienda El Deseo, de la parroquia Cone de Yaguachi, de que Jacinto Jouvín (también propietario de la hacienda La Maruja) les había destruido sus cultivos de cacao, forraje y cercas por medio de sus peones. “Este caso que denunciamos tenemos que comunicarle al Padre de la Patria, el excelentísimo Dr. José María Velasco Ibarra, presidente constitucional de la República quien sabrá corregir los destructores de la agricultura ecuatoriana”.

La pauta subyacente de esta verdadera eclosión de conflictos entre propietarios y arrendatarios es constante: los nuevos propietarios desconocían los acuerdos de arriendo previos y no aceptaban redimir cultivos anteriores, mientras que los arrendatarios buscaban permanecer en las tierras que ocupaban. En febrero de 1961, Bolívar Rosado, que había sembrado guineo y cacao desde 1954 con pleno conocimiento del mayordomo de la hacienda La Mechita en la parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, veía ahora que el nuevo propietario Enrique Guerrero Franco no lo reconocía. El arriendo había tenido lugar “según la costumbre de la zona”: si un terreno era aprovechado por el propietario, debía pagarle, y si no lo aprovechaba, debía dejarle aprovechar al sembrador. El posesionario pedía el pago de 60 mil sucres, que incluía las matas de café, guineo y su casa, que el propietario quemó en octubre de 1959. El propietario aducía que Rosado había recibido un adelanto de 19 mil sucres para cultivos en la hacienda que no habían sido entregados. Aunque no sabemos en qué terminó el conflicto, era cada vez más frecuente que aparecieran controversias sobre la naturaleza del arriendo, el monto de la redención de cultivos y las cantidades de cultivo que debían redimirse. No era raro que los desalojos violentos incluyeran la quema de la casa del posesionario.

Un caso más: la denuncia del sindicato de trabajadores rurales y urbanos del 29 de mayo (significativamente formado el 4 de septiembre de 1944, con el nombre de la fecha del arribo de Velasco Ibarra al poder por segunda vez). El 20 de febrero de 1961, afirmó que se quería desalojar a los finqueros de las haciendas Santa Lucía y La Felicidad, en las provincias de Guayas y Los Ríos, de parte de los propietarios Victoria Aspiazu Carbo y los herederos de Alberto Pástor. Los finqueros solicitaban garantías para seguir en calidad de finqueros y que se les pagaran sus sembríos o les vendieran las tierras que ocupaban. También pedían la intervención del MPST para impedir el desalojo por parte de la policía y el Ministerio de Gobierno. Este tipo de conflicto llevó al aumento de los desalojos y los pedidos de desocupación de terrenos arrendados. Los desalojos mutaban en lucha abierta por la tierra.[25]

Asalariados

Si los arrendatarios y los agricultores independientes fueron la punta de lanza de lo que a fines de los años cincuenta e inicios de los años sesenta se convertiría en la lucha a favor de la reforma agraria en la Costa, hay un segundo tipo de trabajador que, en cambio, apuntaló un proceso de parcial y temporal reconstrucción de la autoridad de los nuevos y modernos empresarios regionales. Nos referimos a los jornaleros de las empresas agrícolas modernizadas y los migrantes recientes convertidos en peones temporales y trabajadores asalariados.[26] Esta sección argumenta que, a pesar de que muchas veces los jornaleros eran al mismo tiempo sembradores y arrendatarios, la distinción entre los dos tipos de trabajadores es crucial porque los asalariados gozaban de menor autonomía que los arrendatarios. Argumenta, en segundo lugar, que, en los primeros años de la década del cuarenta hasta mediados de los años cincuenta, estos asalariados y peones temporales se mantuvieron relativamente en calma gracias a condiciones laborales que semejaban el viejo paternalismo patronal por el cual los grandes propietarios tenían la obligación de “hacerse cargo” de sus trabajadores, sus familias, su bienestar y su estabilidad. Finalmente, argumenta en tercer lugar que la crisis económica y sanitaria de fines de los años cincuenta, que redujo los precios del banano y aumentó los costos de producción, atentó contra la continuidad de un sistema paternalista excesivamente costoso. A su vez, el debilitamiento del paternalismo en las grandes plantaciones costeñas y su cortejo de conflictos obligó a una estrategia empresarial de externalizar costos centrándose en la intermediación y abandonando una parte importante de la producción agropecuaria a pequeñas y medianas fincas campesinas.

Un caso que imita e ilustra los grandes trazos del perfil de esta evolución en la Costa es el de la hacienda Tenguel, en las provincias del Guayas y El Oro, que empezó siendo una gran propiedad cacaotera y terminó convertida en la gran plantación bananera por excelencia, propiedad de la empresa norteamericana United Fruit Company (UFC). La UFC compró tierras principalmente a antiguos hacendados cacaoteros en los años treinta con el objetivo de instalar una gran plantación bananera a imagen y semejanza de las existentes en Centroamérica. Sus primeros conflictos la enfrentaron con campesinos posesionarios en terrenos marginales que nunca aceptaron entregarle las tierras que ocupaban. Luego de años de luchas y de enredos con múltiples agencias estatales, en 1948 los comuneros vencieron a la multinacional y obtuvieron el reconocimiento legal de casi 3 mil hectáreas.[27]

Con los trabajadores permanentes, la situación era distinta. Los antiguos peones de la United Fruit Company consideraban “un paraíso” aquellos años de contrato que implicaba a toda la familia. No solo trabajaban allí, sino que vivían alojados en ciudades protegidas dentro de la plantación (Striffler, 2002: 47). Había diferencias y similitudes con el paternalismo de las haciendas serranas. Aunque había pago en dinero, es decir, relaciones salariales, la obligación de “hacerse cargo” de los trabajadores y sus familias era la misma. Pero lo era en un nivel mucho más alto de ganancias y de bienestar para los trabajadores. No vivían en chozas miserables, sino en casas lindas y limpias. Las mujeres no trabajaban para la empresa, pero debían vivir en la plantación, donde había tiendas y guarderías. Se hacía una vida cotidiana basada en clubes deportivos y fiestas. Estaba prohibido el alcohol y era un espacio cerrado, controlado por los guardias de la empresa. La generosidad de la UFC dependía de la escala de la producción y de la bonanza de los precios en el mercado mundial. La generosidad pudo sostenerse hasta cuando llegó la crisis, causada por plagas y por cambios en las condiciones del mercado. Los trabajadores no solo perdieron su trabajo, sino toda su forma de vida y sociabilidad. La solidaridad interna de los trabajadores era más frágil porque no estaban obligados a desarrollar y sostener intensas relaciones familiares de reciprocidad y apoyo mutuo, como ocurría en la Sierra.[28]

Si los trabajadores asalariados de la empresa, a diferencia de los campesinos posesionarios, consideraban que, en su mejor momento, las condiciones de trabajo eran “paradisíacas”, ¿por qué terminaron rebelándose y tomando las tierras de la empresa a inicios de los años sesenta? El principio del fin fue el colapso ecológico y productivo ocurrido en la primera mitad de los años cincuenta, antes de que surgiera ningún movimiento reivindicativo de los trabajadores, cuyos sindicatos habían sido promovidos por la propia empresa y eran controlados por ella. Conforme la situación empresarial empeoraba, desde 1951, la empresa empezó a despedir trabajadores y, desde 1955, a entablar acuerdos con grupos de jornaleros despedidos, a los que entregaba tierras con el compromiso de cultivar banano en condiciones prestablecidas y venderlo a la empresa. En 1955 se produjo una nueva caída de la producción por el deterioro de los términos del intercambio y porque los brotes de sigatoka empezaron a asolar Esmeraldas. En 1959 Tenguel estaba completamente infestada. El conflicto estalló por cuenta de los jornaleros despedidos y de nuevos campesinos independientes que ocupaban tierras de la hacienda y esperaban evitar la expulsión (Striffler, 2002: 83-111). Presionada por las plagas, por el conflicto laboral y por un Estado que no le ofreció las garantías esperadas, la empresa decidió abandonar el terreno de la producción y concentrarse en la intermediación, la exportación y la compra del producto a campesinos independientes.

He encontrado información adicional sobre Tenguel en 1961 que tiende a confirmar que en esos años se produjo una crisis en el cumplimiento de las obligaciones paternales con los trabajadores asalariados. El sindicato de trabajadores de Tenguel pidió el 3 de mayo de 1961 la intervención del MPST porque no cumplían las obligaciones laborales. Les pagaban 140 sucres mensuales, les descontaban las medicinas, el seguro social y 5 libras de arroz semanales por persona. Indicaron que se les entregaba menos de lo que señalaba la tarjeta de consumo que la empresa otorgó a cada trabajador. Además, les daban hortalizas podridas y dañadas (papa, cebollas, ajo, etc.). Señalaban que el acuerdo consistía en darles carne del arriendo del desposte de la cooperativa Rancho Cebú y les entregaban la peor, mientras que el resto, de buena calidad, se vendía. El encargado de cooperativas del MPST mencionó que había constantes disputas entre el sindicato y la bananera: “rencillas pequeñas y bastante exageradas”.[29] Otro caso encontrado en el archivo intermedio refuerza la sugerencia de que la evolución de Tenguel hacia la externalización de la producción agrícola a fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta no fue el único. Se trata de un acuerdo en el que se disolvió un sindicato creado el 29 de noviembre de 1951 porque ya no trabajaban como asalariados, sino que se convirtieron en pequeños propietarios por la parcelación del fundo.[30]

En síntesis, Tenguel ilustra casi a la perfección las fases de la evolución de la lealtad de los asalariados rurales en la Costa en el segundo período de la transición al capitalismo (1945-1960). De una aceptación casi sin fisuras mientras era posible financiar el costoso paternalismo de la gran plantación, pasamos a una crisis en el cumplimiento de las obligaciones paternalistas de los propietarios. Esa crisis, y la lucha que le siguió, convenció a las grandes empresas de la conveniencia de externalizar sus costos de producción y hacer contratos de compra de banano y otros productos de exportación a pequeños y medianos propietarios.

En los archivos reposan testimonios de otros conflictos con asalariados rurales desde fines de los años cincuenta que confirman que la agitación afectó desde entonces, también, a los jornaleros agrícolas en haciendas y empresas modernas, no solo a ausentistas. El primer ejemplo ilustra la naturaleza del trabajo de los jornaleros y asalariados, y confirma que las obligaciones patronales asumidas por las grandes plantaciones capitalistas en el agro no eran tan solo una extravagancia de la United Fruit Company. Las quejas de los trabajadores de la hacienda Los Álamos, en la provincia del Guayas, en 1956, referían a que la empresa no se ajustaba a las leyes vigentes en cuanto a comisariato, vacaciones, indemnizaciones por despidos intempestivos, contratos a destajo, accidentes de trabajo y enfermedades no profesionales. Los trabajadores lograron que los nuevos salarios se fijaran tomando en cuenta el más alto del año anterior, que se pagara en dinero en efectivo y no en vales, y que el comisariato vendiera los productos sin recargo, al precio de costo. Plantearon que la hacienda debía redimir en 60 días los cultivos de los finqueros que pidieran la redención, brindar facilidades de transporte dentro de la hacienda y proporcionar una capilla para servicios religiosos. Dentro de lo posible, la empresa se comprometió a mantener la actual planta de trabajadores por lo menos cinco días a la semana, y a que, si las plagas actuales se controlaban, volvería a ocuparlos la semana completa. La gerencia repararía las casas de los trabajadores y renovaría las que estaban por caerse; además, se preocuparía por asegurar un trato cordial por parte de los encargados de la administración. En el conflicto intervino la Federación Provincial de Trabajadores del Guayas (FPTG), que acusó al propietario, Lorenzo Tous, de malos tratos, amenazas al sindicato y sus dirigentes y de violar el Código del Trabajo.[31]

Todo hace pensar que en Los Álamos la distinción entre arrendatarios autónomos y trabajadores asalariados servía para eludir las regulaciones del Código del Trabajo. Pero no era un caso aislado. La razón es que las actividades de mantenimiento de las haciendas modernas implicaban distintas tareas para las cuales los propietarios buscaban la mayor flexibilidad posible en la contratación. A veces cubrían sus necesidades con jornaleros y, a veces, con arrendatarios. Típicamente, una hacienda bananera tenía los siguientes tipos de trabajadores:

  1. vaqueros y guardianes,
  2. carpinteros,
  3. asalariados que trabajaban cinco horas diarias como apuntaladores, cosechadores de cacao, cerqueros, detalladores, deshojadores,
  4. los trabajadores a destajo (para la cosecha de banano),
  5. los trabajadores del embarque y estiba, y
  6. los encargados del deshije del banano.[32]

Uno de los conflictos más emblemáticos entre grandes empresas y sus trabajadores es el de la hacienda La Carmela, en la parroquia Guare de Baba, provincia de Los Ríos, ocurrido en 1957.[33] El patrono, representado por Eduardo Seminario Ponce de León, miembro de una de las familias más aristocráticas de Guayaquil, despidió uno a uno a todos los trabajadores en septiembre de 1957, y se declaró inmediatamente la huelga. El patrono replicó que no podían presentar el pliego de peticiones porque ya estaban despedidos y no trabajaban para la empresa. En el momento de la huelga, los trabajadores recurrieron al teniente político de Guare para que suspendiera el corte de los racimos de banano. Seminario se quejó de la intervención del teniente político anotando que el secretario de la tenencia política de Guare era al mismo tiempo el dirigente de los extrabajadores de la hacienda. El conflicto tenía una historia que remontaba a inicios de la década.

El 2 de julio de 1953, la empresa y los trabajadores habían llegado a acuerdos gracias a un tribunal de conciliación: alza de salarios a 10,40 sucres por jornada (los destajeros recibirán el mínimo), sábado inglés[34] y semana integral de ocho horas. La empresa aceptó entregar un local gratuito para el comisariato de los trabajadores, un terreno y madera para que hicieran el local del sindicato, y se comprometió a seguir reparando casas de trabajadores según fueran dañándose. Se obligó igualmente a mantener el botiquín de primeros auxilios, a permitir el uso de los pastos de la hacienda para los animales de los trabajadores, que también podrían sembrar arroz con previo registro de quiénes eran sembradores y pagaban arriendo (otra vez la borrosa distinción entre sembradores y jornaleros). Seguirían entregándose dos litros de leche por vaquero, se podría usar la canoa, los mulares y bestias de carga de la hacienda siempre que no se la perjudicara. Los propietarios prometieron construir una escuela y subir los salarios apenas mejoraran los rendimientos. Además, Seminario había prometido jubilar al mayordomo con el que los trabajadores tenían malas relaciones. Una nueva acta transaccional se firmó el 7 de marzo de 1955 con cláusulas similares a las de dos años antes, lo que sugiere que no se cumplieron los acuerdos previos. Finalmente, un tercer tribunal de conciliación promovió la firma de un tercer convenio el 13 de abril de 1957, luego de una huelga formal declarada el 26 de marzo. El acta transaccional del 13 de abril establecía un aumento de 25 % de salario en todas las modalidades de trabajo, aunque la mayor parte de los trabajadores recibía pagos a destajo. Además, la hacienda se comprometió a entregar 12 mil sucres a los trabajadores por la huelga, aunque no tenía obligación legal de hacerlo. Según el código del trabajo, luego de la huelga y la conciliación, había un año de estabilidad para los trabajadores, algo que el patrono incumplió al despedirlos a todos en septiembre. ¿Por qué el propietario aceptó la huelga y la conciliación en marzo, pero despidió a todos en septiembre? Muy sencillo, decían los trabajadores: en marzo era tiempo de cosechas.

Ante este nuevo intento de conciliación y arbitraje, el cuarto, en septiembre de 1957, Seminario se negó a todo. No aceptó destituir al administrador ni retirar los vistos buenos, ni el reintegro de dos trabajadores. No aceptó el tribunal de conciliación y arbitraje, que para él era ilegal. Los que presentaron el pliego ya habían sido despedidos intempestivamente y por lo tanto no podían presentar pliego alguno. En uno de los escritos, Seminario dice:

Rechazo en forma enérgica la forma en que usted admite escritos injuriosos a quien lo único que ha hecho es defenderse de maniobras comunistas ejerciendo el derecho a despedir intempestivamente a quienes son simples instrumentos de tinterillos y probocadores (sic) de desórdenes sociales.

No aceptó declarar nada ante este inspector y este tribunal ilegal que no podía recibir pliegos de peticiones de quienes no eran trabajadores. Se negó a rendir declaración y a confesar. Luego de una sentencia del Tribunal de Conciliación favorable a los trabajadores, el Ministerio de Previsión Social anuló la resolución y dio entera razón al propietario. El informe de consultoría jurídica del MPST al inspector general del Trabajo sobre la sentencia, del 28 de noviembre de 1957, es una pieza clave para entender la forma en que terminó el conflicto. Dice que en efecto ya no eran trabajadores de la hacienda, y por lo tanto, no procedía el pliego de peticiones ni la resolución del tribunal de arbitraje. Dice que, sin embargo, el despido intempestivo era ilegal porque había estabilidad de un año después del acta transaccional de abril de 1957. Esta estabilidad, sin embargo, añadió la asesoría jurídica, solo significaba que debían pagar indemnización, no impedía el despido. Con ese razonamiento insólito que eliminaba todo el sentido de la legislación de protección laboral, se legalizaron todas las acciones del propietario, y, el 16 de diciembre de 1957, se derogó la personería jurídica del sindicato de trabajadores de la hacienda.[35] El sentido del conflicto es claro, la empresa quería desembarazarse del sindicato; y lo logró.

No debería pasar desapercibido que los acuerdos “paternales” entre la empresa y sus trabajadores asalariados con la mediación estatal fueron suscritos durante el gobierno de José María Velasco Ibarra (1952-1956), mientras que, durante el gobierno de Camilo Ponce Enríquez (1956-1960), la mediación estatal se inclinó sensiblemente del lado de los argumentos de los propietarios.

El conflicto, sin embargo, no terminó allí. Ya con nuevos trabajadores, las malas relaciones laborales persistieron. El gerente de la compañía, Miguel Ángel Andrade, denunció la invasión de sus tierras con gente armada dirigida por Rafael Vera y Germán Zambrano el 15 de noviembre de 1961. Los acusaba de saquear las bodegas de la hacienda por más de 100 mil sucres. Lo hicieron al grito de “Viva la revolución y la reforma agraria”, según Andrade. La policía rural se dirigió al sitio y comprobó que era un conflicto entre 70 trabajadores y la empresa. Según el telegrama de la policía de Baba, los uniformados actuaron acertadamente y les dijeron que hicieran sus reclamos por la vía legal. Afirmaron que los trabajadores querían linchar al administrador de la hacienda.[36]

Las obligaciones laborales de la hacienda La Carmela tienen un cierto parecido con las de Tenguel y con las de los hacendados serranos: hacer escuelas, entregar botiquines, asegurar la revisión médica, la entrega de alimentos mediante tarjetas de distribución, la distribución de leche o carne a los trabajadores del ordeño. La más significativa obligación patronal es “hacerse cargo” de sus jornaleros asegurando no solo la estabilidad, sino la contratación de familiares o de los mismos trabajadores de la empresa para tareas complementarias. Muchas veces los propietarios replicaban que en el país regía la “libertad de contratación”, pero para los trabajadores el hecho de contratar desconocidos violaba una obligación patronal de privilegiar el bienestar de “sus” trabajadores. Veamos ejemplos.

El sindicato de trabajadores de Tenguel se quejó el 13 de mayo de 1961 porque habían despedido a dos guardianes y contratado a “personas particulares”. No solo eso. Para los mejores trabajos, como el embarque de la fruta, que se hacía a destajo con sobretiempo, se contrató a “particulares”, mientras que los trabajadores propios quedaron con el miserable jornal de 20,50 diarios. Los trabajadores explicaron: eran “padres de familia” a quienes se les negaba el trabajo, mientras que los solteros, sin ser trabajadores de la empresa, gozaban del beneficio. Eran “umildes”, ecuatorianos, no podían ser “esclabos” ni “abasallados” ni vivir ese martirio.[37]

La ruptura de las obligaciones paternales parece más frecuente en las empresas extranjeras. Así lo atestigua una larga serie de expedientes sobre conflictos y transacciones entre trabajadores asalariados y la empresa bananera Fruit Trading Corporation (FTC) en Esmeraldas. Por lo regular, los informes de los funcionarios del Gobierno de Camilo Ponce sobre los múltiples conflictos de la FTC en estos años apoyaron a los propietarios.[38] Un informe de noviembre de 1957 señala que los trabajadores eran desordenados comparados con otras empresas bananeras de la zona, que solo trabajaban tres horas diarias, aunque reconoce que la empresa no construyó los alojamientos a los que se había comprometido. El agrónomo de Santo Domingo dijo que los trabajadores no eran apropiados para el control de la sigatoka negra y que era mejor cambiarlos porque se encontraban “reacios a las órdenes impartidas por el Técnico de la Compañía”. Otro informe menciona que los trabajadores entraban a las siete y salían a las ocho y media, que no hacían suficiente trabajo y que se les pagaba más que la costumbre de la zona.

Las actas transaccionales firmadas a fines de 1956 e inicios de 1957 en las haciendas Cole y San José nos aportan más detalles del caso. El acta de Cole confirma que las dificultades laborales se intensificaron a fines de los años cincuenta. El acuerdo estipula que la hacienda cumpliría el código del trabajo en cuanto a vacaciones, días feriados, semana integral, pago de fondos de reserva y 7 % de utilidades. La hacienda se comprometía a cuidar la armonía entre empleados y trabajadores. Una representación de la Confederación de Trabajadores de Esmeraldas y de la hacienda examinaría las relaciones entre Julio César Tenorio (al parecer, el administrador) y los trabajadores. Se lo separaría si se comprobara que la generalidad de trabajadores así lo pidiera. La hacienda contrataría un médico que atendería dos días a la semana. Se alzaría el pago de la roza en cinco centavos si una comisión del MPST comprobara a que en la zona se pagaba más que en la hacienda. El ministerio se comprometía a verificar los racimos de banano rechazados y a vigilar el pago justo a los trabajadores por la movilización.[39] Se reintegraron dos trabajadores despedidos y se dejaron insubsistentes dos pedidos de visto bueno. La compañía pagaría puntualmente cada semana y garantizaría la estabilidad por un año. Se haría una reliquidación desde enero de 1956 por deudas de feriados y semana integral, entre otros. Además, la empresa entregaría bienes de primera necesidad directamente a los trabajadores.[40]

El acta de conciliación de la hacienda San José (noviembre de 1956) expresa el mismo tipo de demandas, pero las amplía. En ella, la empresa aceptaba construir 60 viviendas para trabajadores en San José y un mínimo de 50 viviendas en la hacienda Cole. También construiría un centro cívico y un comedor colectivo en cada hacienda. Proveería agua potable y luz eléctrica, mantendría una escuela en cada hacienda y los dispensarios médicos. Se comprometía a conservar los trabajadores llamados “conductores fluviales” para el transporte de la fruta y la compra a los pequeños bananeros independientes. El gobernador de Esmeraldas vigilaría el cumplimiento de este acuerdo.[41]

Según un informe de inspección del 2 de enero de 1961, en las haciendas Cole (parroquia Malimpia), Timbre (parroquia San Mateo), San José y Río Blanco (parroquia Rosa Zárate), las condiciones laborales de los trabajadores enganchados por los contratistas[42] no eran iguales a las de los jornaleros contratados directamente por las haciendas. No todas las viviendas de los trabajadores tenían camas, no había comisariatos y los trabajadores se quejaban de que en las tiendas de las haciendas los estafaban en el precio y el peso. Aunque había electricidad proveniente de plantas de la propia empresa en los centros poblados, no había agua, sino que se obtenía de ríos y esteros. Todas las haciendas tenían un botiquín (mal surtido), pero faltaba un médico. En San José y el Timbre, las haciendas contribuían para mantener a los profesores de las escuelas municipales. En Río Blanco, como no había suficientes niños, la hacienda los llevaba a las escuelas cercanas. El paternalismo de las grandes plantaciones, fundamental para asegurar la paz con los jornaleros, esa obligación de “hacerse cargo” de “sus” trabajadores, empezaba a flaquear.[43]

Era precisamente para eludir los sindicatos y las obligaciones laborales para lo que las empresas recurrían a la figura de contratistas externos. En un documento firmado por el apoderado de la FTC Aníbal López Rumbea en Esmeraldas el 7 de marzo de 1961, hay una queja de que se había constituido un sindicato de uno de los contratistas, Carlos Rojas, de la hacienda Cole, que hacía los embarques de la fruta. El gerente argüía que no había relación laboral con la FTC. El sindicato formado por tres personas elaboró un pliego de peticiones presentado el 10 de febrero de 1961. La empresa decía que debían arreglarse con Rojas. En el expediente está una copia del pliego de peticiones de este sindicato de embarcadores de fruta que pedía aumento salarial, que se mejorara la comida (a otros trabajadores les daba cinco sucres diarios para mejorar la comida), que se les pagara apenas terminaran su labor y no los viernes, que se pagara el pasaje a Esmeraldas (donde residían los trabajadores) y que se les pagara en el Sindicato Banana Export y no en la cantina de doña Rosa Vera. Además, y esto es muy significativo, pedían que se empleara exclusivamente a los trabajadores de la cuadrilla y no a otros que fueran contratados para hacer negocios con los descuentos de la comida. Figura también en el expediente el acta transaccional entre el sindicato y la hacienda, el 24 de febrero de 1961.

Aquí, a diferencia de lo que pasaba durante el gobierno de Camilo Ponce, hay una aceptación casi integral de las peticiones de los trabajadores, a pesar de que Aníbal López se quejaba diciendo que no eran sus trabajadores y que no les correspondía ir a ese tribunal de arbitraje. El expediente no tiene detalles de la resolución final, pero revela un cambio evidente en la posición mediadora del Estado durante el gobierno de Velasco Ibarra. Recordemos que esta misma empresa, en la época de Camilo Ponce, había logrado que se disolviera el sindicato luego de despedir a todos los trabajadores. En enero de 1957, se habían declarado concluidos todos los contratos con los trabajadores de la hacienda San José, por lo que el propietario pidió que se considerara disuelto el sindicato (por indemnizaciones pagaron 679 mil sucres). Los trabajadores de las haciendas Cole y Río Blanco fueron despedidos el 8 de julio, por lo que debían disolverse los sindicatos dado que los trabajadores que lo formaban ya no trabajaban allí. Lo inaudito es que el director de trabajo de tiempos de Camilo Ponce estuviera de acuerdo con el razonamiento de la empresa.[44]

Hemos dicho ya que la más clara expresión de la obligación patronal de “hacerse cargo” de “sus” trabajadores es la idea de que la hacienda tenía el deber de contratar a los mismos trabajadores de la empresa para las tareas complementarias de embarque de la fruta en lugar de contratar extraños. Esta obligación recuerda el lazo de por vida entre haciendas y conciertos en la Sierra. Semejante obligación contradice los principios capitalistas de libertad de contratación. Un propietario y jornalero de Quinindé (otra vez, un trabajador que conjugaba las dos condiciones, la de trabajador asalariado y la de campesino independiente), José Vives Jiménez, señaló estos abusos de la Compañía Astral, empresa bananera, el 12 de enero de 1960. La denuncia estribaba en que la empresa usaba como contratistas a los llamados “parceleros”, que a su vez contrataban otros jornaleros, y de esta manera se desentendía de los derechos laborales. Se contrataba a jornaleros para corte y roza de guineo. Además, la empresa no pagaba hacía meses y entregaba “órdenes de suplidos” a las pequeñas tiendas de los alrededores, por lo cual hasta ahora debía miles a las tiendas y a los parceleros. El uso del lenguaje de las haciendas serranas (“suplidos”) sugiere la relación paternal. La denuncia añadía que la empresa pagaba a policías de la intendencia de Esmeraldas con lo que se amparaban sus abusos. Se impedía a los parceleros adyacentes usar los caminos para entrar a sus fincas, se les impedía tener chanchos, y la policía los mataba. Astral no tenía una sola cerca en sus plantaciones. Los trabajadores acusaban a la empresa de apropiarse de terrenos en la vía Chone-Santo Domingo-Quinindé, donde había colonos que ocupaban tierras baldías sin títulos.[45]

Otro ejemplo de este mismo tipo de acuerdos por el cual las empresas transnacionales de banano se “hacían cargo” de sus trabajadores y asumían tareas de cuidado y seguridad social es el acta transaccional entre los trabajadores de la hacienda Balao Chico y la Compañía Frutera Sudamericana, el 6 de abril de 1961. Los acuerdos, en ese caso avalados y promovidos por el Gobierno, ya en manos de Velasco Ibarra, referían al aumento de dos sucres a todos los trabajadores por remuneración básica. Otros trabajadores recibirían remuneraciones diferentes y mayores (albañiles, carpinteros, aserradores, mecánicos, carrilanos que servían en la vía férrea, panaderos, cadeneros, enfermeros, guardianes, choferes, maquinistas, canguristas). Según el acuerdo, la empresa se comprometía a mejorar el servicio de agua potable, al pago de semanas integrales atrasadas y a proporcionar botiquines de primeros auxilios, y accedió a pasar a los trabajadores de huertos y potreros a las bananeras, igual que a los trabajadores de chapia y deshije y a los cocineros. Además, construiría un local para el club Simón Bolívar, que serviría para el sindicato. Daría botas a los trabajadores del riego, pediría precios especiales con un dentista y garantizaría la estabilidad por un año. Se comprometía a vender víveres a precio de costo en el comisariato y la leche a un sucre por litro a los que tenían muchos hijos (a los demás, les entregaría la leche a 1,40). La compañía pondría una botica con medicamentos gratuitos para primeros auxilios, se cambiaría al médico y se pondría un químico en el laboratorio. Repararía y pintaría casas y construiría viviendas de trabajadores.[46]

Entre los trabajadores asalariados de las empresas exportadoras de banano hubo muchos casos de conflictos con estibadores, marinos y empleados de las zonas urbanas o portuarias, más que los conflictos con trabajadores agrícolas. Tenemos evidencias de varias quejas de sindicatos de estibadores (cargadores) de las cajas de banano. Estos trabajadores semiindependientes recurrían tanto al MPST como al presidente de la república (Velasco Ibarra), a la caja del seguro y a la prensa.[47] En general, los estibadores buscaban acceder a los beneficios de los trabajadores permanentes. Así, por ejemplo, Arnold Schawer, agente de Exportadoras de Frutas del Ecuador, el 18 de diciembre de 1959, en Esmeraldas, se comprometió a que sus contratistas en el embarque en el puerto respetaran las tarifas de este trabajo, accedió a pagar el 7 % de utilidades a los trabajadores, a proporcionar un botiquín de primeros auxilios, a pagar vacaciones y medio sueldo a los trabajadores enfermos. El punto más importante es el compromiso de dar estabilidad a los trabajadores de los embarques.[48]

La creciente conflictividad laboral desde fines de los años cincuenta en las empresas bananeras con sus trabajadores permanentes y con los trabajadores ocasionales que buscaban estabilidad se explica en gran parte por el fin de los tiempos de bonanza. La presión laboral buscaba acercarse a un modelo de vida seguro, protegido y organizado del cual la plantación de Tenguel de la United Fruit Company proporcionó un “modelo” para imitar. Pero ni el mercado del banano ni las plagas autorizaban el despliegue de un paternalismo demasiado costoso. El abandono del modelo de plantaciones hacia el sistema que luego se conocería como la “agricultura de contrato”, donde los exportadores imponen condiciones técnicas y económicas, adelantan dinero para la siembra y cosecha y controlan el mercado del producto, nació de estas luchas de los asalariados y se encontró con la demanda por la tierra de los arrendatarios que enfrentaban el desalojo de los propietarios ausentistas y de los nuevos propietarios modernos. La reforma agraria en la Costa tuvo a ambos como protagonistas.


Entre 1920 y 1944 se produjo un auténtico “vacío de poder” en el campo costeño, donde floreció la figura, cierta o magnificada, del campesino pendenciero agrupado en cuadrillas de bandoleros. Las imágenes literarias y sociológicas de la época contrapusieron la rebeldía insumisa del montubio a la pétrea impasibilidad de los indígenas serranos, no carente de tensión, pero sometida a un ritmo y un resentimiento impenetrables. El número de huelgas, levantamientos y rebeliones haría pensar que la imagen era falsa: en esos años hubo más episodios de desobediencia en la Sierra que en la Costa.

La calma social aparente en la Costa entre 1920 y 1945 obedeció al abandono de los grandes propietarios que se transformaron en cobradores de renta sin casi presencia en una tierra abierta a la colonización y azotada por la escasez de trabajadores y los altos salarios rurales. Pero a partir de la segunda mitad de la década de 1940, se acentuó una tendencia marcada por el intento de recuperar las tierras abandonadas porque estas aumentaron de precio al calor del auge bananero y del crecimiento del mercado interno del azúcar y el arroz. Muchos antiguos hacendados empezaron a vender sus propiedades a nuevos empresarios, mientras se iniciaba una sorda ofensiva para subir la tasa de los arriendos y expulsar a los campesinos posesionarios. Se produjo entonces una bifurcación entre dos tipos de trabajadores agrícolas en la Costa. El conflicto se extendió entre los posesionarios, pero se moderó en las nuevas plantaciones. Allí, en efecto, los nuevos empresarios agrarios, en algunos casos compañías bananeras internacionales, construyeron un sistema de autoridad con sus trabajadores asalariados en el que resonaban los ecos de un paternalismo conocido: las empresas no solo daban trabajo, sino que también se “hacían cargo” de “sus” trabajadores en el seno de grandes plantaciones dotadas de servicios, estabilidad laboral, empleo para los parientes y una vida familiar disciplinada.

El orden no duró mucho. Hacia la segunda mitad de la década de 1950, el conflicto cada vez más abierto entre los arrendatarios amenazados de desalojo y los antiguos propietarios ausentes fue mutando en una áspera lucha por la propiedad de la tierra. En esos mismos años, el paternalismo de las grandes plantaciones se volvió insostenible por la propagación incontenible de las plagas que asolaron los monocultivos del banano y por la caída de los precios de la fruta en el mercado mundial. El costoso paternalismo reclamado cada vez por más trabajadores se desmoronaba. Conforme confluían los reclamos locales en la consigna de la reforma agraria, agitada además por el contexto de radicalización política de la Revolución cubana (Guerrero, 1983: 86-114, Ibarra, 2010 [1979]), las grandes empresas fueron abandonando la producción y se concentraron en la intermediación. Se multiplicaron entonces los acuerdos de compra de la cosecha, bajo el viejo modelo de la habilitación de cultivos para el arroz, que externalizaban los costos de la producción del banano y dejaban una parte de las tierras en manos de pequeños y medianos productores.

La imagen de la secuencia completa es bastante clara. Al principio, la rebeldía de los campesinos costeños se manifestó como la autonomía obstinada de colonos que ocupaban tierras abandonadas por grandes propietarios en retirada. Luego, cuando la escasez de brazos terminó y la frontera abierta a la colonización se cerró, el conflicto entre colonos y propietarios ausentistas dejó de centrarse en la tasa de los arriendos para convertirse en un desafío a la propiedad terrateniente. Mientras ese conflicto se incubaba y cambiaba de contenido, las nuevas plantaciones bananeras capitalistas se mostraban cada vez menos dispuestas a financiar el costoso paternalismo con el que contentaban a sus jornaleros y asalariados. A fines de la década de 1950, la bifurcación entre arrendatarios independientes y jornaleros asalariados se suturó. Los trabajadores permanentes de una parte de las modernas haciendas para la exportación se sumaron a la lucha de los colonos que defendían su independencia y pugnaban por quedarse en las tierras que ocupaban. La variopinta reforma agraria costeña fue el desigual producto y el temido efecto de esa convergencia.


  1. “Campesino de España”, poema del libro Viento del pueblo, en Hernández (1997 [1933-1939]: 360).
  2. Es la conclusión final, si debiéramos resumir la idea básica del estudio de Barrington Moore (1976 [1966]) sobre la participación de clases altas y bajas rurales en medio del proceso de modernización. La corriente de los estudios subalternos ha revolucionado nuestra comprensión de las formas de consciencia y de revuelta campesina, que, por lo general, corren por andariveles paralelos y a veces divergentes, pero siempre propios y diferentes a los de la política estatal formal (cfr. Guha, 1997 [1983] y Chatterjee, 1997 [1993]: especialmente pp. 198-210). En la India agitada y revolucionada de la primera mitad del siglo XX, la rebeldía rural pudo vincularse, aunque fuera diferente, a la consigna nacionalista que enfrentaba al Imperio británico. Lo mismo ocurrió con la insurgencia indígena en el México de las primeras décadas del siglo XIX. Indígenas y movimientos independentistas confluyeron, pero fueron dos rebeliones superpuestas más que una sola rebelión anticolonial (Van Young, 2006 [2001]).
  3. A pesar de su importancia, solo disponemos de dos breves estudios sobre este episodio tan revelador e importante: la tesis de licenciatura de David Gómez (2009) y la tesis de maestría de Patricio López (2011). Los recuentos militares elaborados en su momento siguen siendo las fuentes principales para el conocimiento de los sucesos: Rueda (1939), La Campaña (1933) y Salvador (1936) para la perspectiva de los batallones quiteños alzados en defensa de Bonifaz; y Chiriboga (1932) para el recuento de las tropas liberales que tomaron la ciudad. Dos relatos contemporáneos en Reyes (1933) y Troncoso (1958). He propuesto mi contribución al conocimiento de este episodio en Ospina (2015).
  4. Solo en la escena final de la novela, cuando ya es tarde, se produce la toma de consciencia de José Manuel Játiva, que había madurado a lo largo de las vicisitudes de una vida atormentada por la explotación y la arbitrariedad de los dominantes. Cuando cae a su lado un cholo amigo abatido por las balas de cualquiera, Játiva despierta y se indigna, quiere gritar contra sus verdugos, pero recibe un balazo y muere.
  5. La misma falta de autonomía entre los indígenas de la provincia de Chimborazo, sometidos al poder de las haciendas, sean de comunidades libres o huasipungueras, está en la imagen etnográfica de Peñaherrera y Costales (1957), ver también Prieto (2015: 180-181).
  6. El Partido Conservador se llamaba a sí mismo el “Partido del Orden”.
  7. “La grandeza moral del soldado y el obrero capitalino”, El Debate. Diario de la mañana, 3 de septiembre de 1932. No es difícil encontrar en estas palabras el antecedente práctico e inmediato de las opiniones que una década después elaboraría Jacinto Jijón y Caamaño (1943) sobre la nacionalidad ecuatoriana (ver introducción).
  8. La comparación con la radical pérdida de autoridad en el campo ruso durante el tormentoso año de 1917 puede hacerse mediante el excelente estudio de León Trotsky (1972 [1929]: II, 391, 395, 397, 398, 399 y 404). Nada semejante encontramos en Ecuador, aunque hay que decir que hubo varios asesinatos de funcionarios estatales locales.
  9. La misma razón explica la ausencia de rebeliones en la Amazonía: la autonomía indígena en la región era virtualmente completa.
  10. Ver el expediente 37, informe del 22 de mayo de 1944, Informe de labores mensuales, exposición de las principales necesidades de la provincia y sugerencias de resolución de algunos conflictos. Ver también, ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 92, expediente 36, 12 de abril 1944, Carta. Se expone al cuatrerismo como causante de migración y abandono de los campos. Otro ejemplo de desconfianza en los tenientes políticos y su connivencia con los hacendados en ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 93, expediente 36, 8 de junio 1948, oficio. Denuncia contra el jefe político de Vinces por no apoyar a los pobladores contra la apropiación de la hacienda Bella Vista.
  11. ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 92, expediente 1, 3 de enero 1940, oficio, Conflicto de la tenencia política con ciudadanos peruanos que exigían se posesionara un nuevo Cabildo.
  12. ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 92, expediente 10, 8 y 21 de octubre de 1940, carta e informe, Quejas de los comuneros de Casas Viejas sobre hurtos y apropiación de madera, frutos y sus terrenos.
  13. Lo que sigue proviene de la revisión del Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 109. Registro 408.
  14. Se llama “redención de cultivos” a la entrega de los terrenos al propietario luego de los años necesarios para el crecimiento de los cultivos permanentes. Desde los años treinta, se multiplicaron los contratos de arrendamiento que preveían las condiciones técnicas de siembra de los cultivos exportables. Estos documentos definían el plazo y el pago por las plantas en producción.
  15. Lo que sigue proviene del Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 110. Registro 415.
  16. Hay que recordar que el alcance de la reforma agraria en las zonas arroceras fue de lo más radical que hubo en Ecuador gracias al famoso Decreto 1001 dictado en el quinto velasquismo (1970). La resistencia campesina fue tenaz, aunque fuera dispersa y con escasa integración en un movimiento regional o nacional.
  17. Solo he encontrado un caso de conflicto entre comunas libres y empresas agrícolas en la Costa, algo que también decayó en esos años en la Sierra. Se trata del conflicto entre la hacienda El Timbre, de la Fruit Trading Corporation, y la Comuna La Libertad en la parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas. El director general del Trabajo, Ramón Yule, dijo que la comuna no existía y que los campesinos ocupaban 172,5 hectáreas de propiedad de la empresa. Propuso que la empresa pagara los cultivos y los campesinos desocuparan las tierras. Ver ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, s/f, Informe del conflicto laboral con la Fruit Trading Corp. de Esmeraldas.
  18. ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 92, expediente 6, 14 de junio 1940, carta, Petición de un campesino sobre el robo de sus sembríos en la hacienda San Miguel. Hay que destacar que el documento tiene una sumilla a lápiz del 25 de junio de 1940 en la que se le dice que recurra a los tribunales porque no le compete al ministerio.
  19. ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 92, expediente 7, 13 de julio 1940, telegrama, Arrendatarios finqueros se quejan de robos; ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 93, expediente 45, 2 de enero 1951 oficio, sobre el asalto a la hacienda Petrillo.
  20. De todas maneras, el pedido del cobro en dinero es sorpresivo y desconcertante. Cfr. ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 75, expediente 184, Oficio sobre el arrendamiento de terrenos para sembríos de arroz, 17 de abril 1947.
  21. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 67. Registro 220 (1947), oficio del 30 de octubre de 1947.
  22. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 9. Registro 17 (1957-1968).
  23. Oficio del ayudante de estadística de la Subdirección de Trabajo del Litoral al subdirector de Trabajo del Litoral del 12 de enero de 1960, Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 14. Registro 36 (1953-1963).
  24. La reseña que sigue de los conflictos de arrendatarios de 1961 proviene del Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 32. Registro 92 (1961).
  25. Un último ejemplo de este tipo de conflictos por tierras entre posesionarios y propietarios está registrado el 30 de junio de 1961, firmada por unos 20 jornaleros y partidarios de la parroquia Zapotal en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, que debían irse porque los propietarios les pedían las tierras. Finalmente, se fueron a San Lorenzo, donde encontraron unos terrenos baldíos que denunciaron posteriormente.
  26. Sobre el conflicto agrario costeño y la distinción entre campesinos independientes que ocupaban las tierras de las antiguas haciendas y jornaleros, ver Ibarra (2010 [1979]: 139-140 y 142-148). Sobre la diferenciación en el agro costeño en los años sesenta y setenta, ver Silverman (1986). Sobre la economía y la estructura agraria en las zonas bananeras, ver Larrea (1987a y 1987b). Sobre la reforma agraria en la Costa, ver Redclift (1978: el período del precarismo en pp. 39-58, la abolición del precarismo en pp. 74-90), Santos Ditto (1986: 149-316) y Rafael Guerrero (2016: 64-92).
  27. El caso de la comunidad de Mollepongo, que no estaba formada por trabajadores de Tenguel, ha sido admirable y detalladamente descrito por Steve Striffler (2002: capítulo 4, pp. 61-82).
  28. El modo de vida en la empresa está descrito en Striffler (2002: capítulo 3, pp. 40-60).
  29. Cfr. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 32. Registro 92 (1961).
  30. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Acuerdo No. 1975 del 3 de diciembre de 1957, Derogación de la Personería Jurídica del Sindicato de Trabajadores Asalariados de la Hacienda Venecia (Milagro).
  31. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, S/F [1956], Pliego de peticiones, Conflicto de la hacienda Los Álamos.
  32. Cfr., ANH, Fondo del Ministerio de Gobierno, Caja 74, expediente 149, Decreto No. 392 del 19 de marzo 1957, Sobre la regulación del trabajo y arrendamiento de tierras especialmente en la región del litoral.
  33. Para lo que sigue sobre el conflicto en la Carmela, cfr. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 9. Registro 21 (1957-1968). Ver también ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Memorándum del 16 de noviembre 1957 sobre el Conflicto de trabajadores de la hacienda La Carmela en la provincia de Los Ríos. Este conflicto colectivo fue reseñado por Hernán Ibarra (2010 [1979]), aunque su reseña se basó en reportes de prensa.
  34. Se llama “sábado inglés” al descanso semanal que empieza al mediodía del sábado.
  35. Ver ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Acuerdo No. 1902 del 16 de diciembre 1957, sobre la derogación de la personería jurídica del Sindicato de Trabajadores de la hacienda La Carmela.
  36. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 76, expediente 187, 27 de diciembre 1961, Informe policial del conflicto de la hacienda Carmela en Los Ríos. Denuncia de participación de comunistas y anarquistas, solicitud de reforma agraria.
  37. La información de este caso también proviene de Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 32. Registro 92 (1961).
  38. Estos informes se encuentran en ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Memorando sin fecha, Informes del 16 y 17 de noviembre de 1956, Informe de visita a la hacienda San José (Quinindé) propiedad de Fruit Trading Corporation.
  39. Hay que recordar que, mientras que los trabajadores fijos recibían jornal, los trabajadores de las cuadrillas de embarque trabajaban por obra. A veces los jornaleros completaban sus ingresos trabajando adicionalmente como estibadores.
  40. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Pliego de peticiones (Decreto Ejecutivo 1059), 2 de enero 1957, Conflicto en la hacienda Cole de la Fruit Trading Corporation.
  41. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Acta del 26 de noviembre de 1956, Conflicto de Fruit Trading Corporation y Astral.
  42. En San José laboraban 7 contratistas con 213 trabajadores; en Río Blanco, un solo contratista con 92 trabajadores; en El Timbre, 6 contratistas con 66 jornaleros. Recibían en promedio de 20 a 25 sucres diarios.
  43. La información de este caso también proviene de Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección general del trabajo. Caja 32. Registro 92 (1961). La FTC ya tenía conflictos desde 1956 por varios intentos de organización sindical, cfr. ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, Telegrama del 2 de agosto de 1956, Sobre el conflicto entre los trabajadores y la Fruit Trading Corporation, Esmeraldas.
  44. Ver ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, 29 de julio 1957, Memorando, Petición para derogar los estatutos del Sindicato General de Trabajadores de la hacienda San José (Quinindé). En general, el Gobierno de Ponce tuvo una política deliberada y sistemática para disuadir la organización sindical. Así, un informe sobre la aprobación de los estatutos del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Compañía Bananera del Ecuador recomendaba negarlos porque, según la legislación ecuatoriana, era un requisito que el 50 % de los trabajadores participara en la asamblea de constitución. El comité se formó con 126 trabajadores, cuando, según una inspección de abril de 1957, solo en la hacienda Tenguel había 2 257 trabajadores. Los trabajadores que solicitaban el sindicato eran los de las oficinas de la empresa en Guayaquil, donde había 257 trabajadores. Cfr. ANH. Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 74, expediente 149, 17 de junio de 1957, Memorando sobre la aprobación de Estatutos del Comité de Empresa de los trabajadores de la Compañía Bananera del Ecuador.
  45. La información de este caso también proviene de Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 32. Registro 92 (1961).
  46. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 14. Registro 36 (1953-1963).
  47. Ver ANH, Fondo del Ministerio de Previsión Social, Caja 76, expediente 187, oficios de octubre, noviembre y diciembre de 1960 por quejas de los trabajadores estibadores de Banana Export SA. Esmeraldas (por sindicatos de la empresa).
  48. Archivo Intermedio. Fondo Ministerio de Previsión Social. Sección Despacho del Ministro, Dirección General del Trabajo. Caja 14. Registro 36 (1953-1963).


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