El caso del Banco de Alimentos de Trelew, Chubut

Daniela Ayelen Raguileo^[1]

Introducción

Los periurbanos constituyen territorios en consolidación, heterogéneos en cuanto a usos del suelo e inestables respecto al fortalecimiento de las redes sociales (Barsky, 2005). Tienen carácter multidimensional, de transición entre lo urbano y lo rural, sostenidos por un entramado de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales dinámicas. Estos espacios se transforman con la incorporación de actores con nuevas y múltiples actividades, otros usos del suelo, nuevos modos de relacionarse y de apropiarse. Estas nuevas interacciones contrastantes pueden derivar en tensiones y conflictos entre los nuevos y antiguos actores, y en este contexto, el rol de las políticas públicas resultará fundamental para promover una planificación territorial que integre e incluya esta diversidad. Por lo tanto, los periurbanos se configuran a través de múltiples relaciones, actividades, usos del suelo, políticas públicas y sentidos que los convierten en territorios de transición o interfase entre lo urbano y lo rural (March y Alcarraz, 2019).

Por otro lado, desde las últimas décadas del siglo pasado, dentro de los espacios urbanos latinoamericanos se identifican procesos de segregación, como resultado de cambios estructurales en el plano económico, social y político. Dentro de estos cambios, están incluidos el aumento de la desocupación, la disminución de los ingresos y el estancamiento de las actividades económicas, lo que desencadena el incremento de la pobreza de los sectores medios de la población y el difícil acceso a la tierra urbana y vivienda a través del mercado formal (Clichevsky, 2000). Esto último se traduce en la falta de títulos de propiedad y en la ocupación de tierras en la periferia de las ciudades para ser usadas como residenciales, sin infraestructura y escasa accesibilidad a los servicios de transporte, sanidad y educación, y en continua tensión con las zonas rurales. Esta nueva configuración social no solo remite a la profundización de los indicadores de pobreza, en términos más amplios revela la conformación de una nueva sociedad donde el empobrecimiento modifica las prácticas de las personas y alienta la emergencia de nuevos actores sociales que se organizan ante la crisis (De Piero, 2020; Rofman, 2007). El objetivo de este trabajo es problematizar la experiencia denominada Banco de Alimentos (BA) llevada a cabo en Trelew, provincia de Chubut, en la cual se promovió el trabajo articulado entre instituciones, organizaciones sociales y empresas privadas, para la producción de alimentos agroecológicos en el periurbano de la ciudad.

La agroecología como propuesta integradora

Los periurbanos presentan una gran potencialidad como productores de alimentos frescos y sanos para el abastecimiento urbano. La agricultura de cercanía o periurbana, e incluso la urbana, es un elemento clave a la hora de desarrollar estrategias para la planificación de las ciudades, lo cual es fomentado por diversos organismos internacionales, como la FAO (Food and Agriculture Organization [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura]), que instan a su promoción y consolidación para la construcción de ciudades más sostenibles económica, ambiental y socialmente y también más resilientes ante los cambios propios de los territorios (Martínez et al., 2019). Se podrían incorporar espacios verdes al diseño urbano, se acortarían las distancias que recorren los alimentos desde los sitios de producción (disminuyendo el uso de energías fósiles y el número de intermediarios en la cadena comercial), y se generarían espacios que contribuyan a la seguridad alimentaria, a la generación de empleo y mejora de la calidad de vida de las personas que habitan estos territorios (Martínez et al., 2019; Mulazzi, 2020; Olivera y Zavaleta, 2020). Incluso, autores como Calle Collado, Montiel y Ferré (2011) afirman que tanto la agricultura periurbana como la urbana pueden contribuir a la soberanía alimentaria entendida como el derecho de las personas a una alimentación producida en forma autónoma, local, sostenible y justa. Y agrega que, como alternativa de desarrollo, organiza la producción y el consumo de alimentos en función de las necesidades y deseos de las comunidades locales, donde personas sin tierra, familias agricultoras y campesinas podrían tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas, y como desafío añade que tanto la soberanía como la sostenibilidad alimentaria deberían ser priorizadas en el diseño de políticas públicas.

Esta resignificación de las relaciones sociales y sentidos dados a los espacios periurbanos permite pensar la agroecología como estrategia promotora para la planificación y el consenso entre los distintos actores territoriales y como propuesta superadora a la que solo intentan frenar el crecimiento urbano descontrolado de las ciudades. En esta línea, las políticas públicas que la promuevan podrían considerarse como el marco institucional óptimo para co-construir los periurbanos. Siguiendo la definición de FAO, la agroecología

aplica conceptos y principios ecológicos y sociales al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas (…) optimizando las interacciones entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta (…) los aspectos sociales que deben abordarse para lograr un sistema alimentario justo y sostenible. (2018, p. 5)

Este enfoque multiescalar, que complejiza la teoría con la praxis, también permite el análisis y evaluación de los agroecosistemas y sistemas socioalimentarios, tanto desde el punto de vista socioproductivo como sociopolítico (Calle Collado, Montiel y Ferré, 2011).

Las organizaciones sociales y la agroecología

Los periurbanos están atravesados por un entramado de múltiples actores sociales capaces de generar y de actuar políticamente, y transformados por las políticas neoliberales de los años 90. Las reformas económicas provocaron no solo un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza, sino fragmentación y exclusión social, lo que dio lugar a un nuevo actor en la disputa del espacio público: los excluidos. Así es como irrumpen las organizaciones sociales de corte “piquetero”, que se suman a otros grupos que reivindican derechos identitarios, como los pueblos originarios, o promueven alternativas a la economía del trabajo, con una lógica de reproducción ampliada de la vida no subordina a la del capital, como el movimiento cooperativista. Siguiendo a De Piero, las organizaciones de la sociedad civil^[2] se definen como “grupos o movimientos plurales y autónomos de las acciones estatales y del mercado, cuyo objetivo inmediato o primario no es la dominación política ni la acumulación de capital”, pero que sin embargo se encuentran atravesados por el Estado y el mercado “ya que sus intervenciones se manifiestan e influyen en el campo de lo político, lo económico, lo social y la cultura en términos generales, al trabajar y buscar la representación de los derechos” (Di Piero, 2020, p. 48).

Es necesario remarcar que las organizaciones no son un conjunto homogéneo y su objetivo es político: modificar la construcción del espacio público. También evidencian dispersión y diferenciación entre ellas y baja capacidad de articulación, lo cual afecta notablemente los objetivos y posibilidades de transformar sus realidades. Sin embargo, desde la crisis de 2001 puede identificarse la lucha contra la exclusión, o múltiples exclusiones, como la meta que mayor espacio ocupa en las discusiones al interior de estos grupos. Continuando con los aportes teóricos de De Piero (2020), el reconocimiento de la identidad es otro elemento central que reivindican. Ya no demandan la toma del poder sino una pluralidad de políticas que respete las diferencias. La identidad se considera una voluntad colectiva definida por los intereses, necesidades y subjetividades de las personas, en clave histórica y cultural. Las organizaciones sociales reconocen y disputan los espacios en construcción y en ciertos casos asumen el papel que el Estado no es capaz de cubrir, territorial y temáticamente, o donde el mercado, que en sí mismo no genera inclusión y provoca desigualdad, no estimula ciclos productivos inclusivos. De este modo, los periurbanos se construyen y transforman sobre la base de vínculos (y tensiones) afectivos, culturales, sociales, políticos y económicos, que promueven las organizaciones sociales.

Teniendo en cuenta la dimensión social de la agroecología y de acuerdo con los aportes realizados por Giraldo y Rosset (2021), la organización social es la estructura que permite el aprendizaje, la socialización de saberes y deseos, y el espacio de articulación y consensos que permitirá disputar los medios de producción. Este autor también indica que la conformación de redes entre cooperativas, asociaciones, movimientos sociales, colectivos de mujeres, etc., es una acción necesaria para que la agroecología tenga potencial de transformación. Es evidente que esta postura política de la agroecología tiene puntos en común con los principios de las organizaciones: decidir sobre la propia vida y los territorios, accionar de forma colectiva a partir de las singularidades ecológicas, sociales, económicas, históricas, políticas y culturales que las atraviesan, para construir alternativas inclusivas a las impuestas por el mercado y el Estado. Otro punto en común que tienen la agroecología y las organizaciones sociales se relaciona con la autonomía. Ambas propuestas políticas la mencionan como condición necesaria para lograr sus objetivos, sin embargo, se pueden identificar prácticas que la limitan, como pueden ser los subsidios o proyectos financiados por el Estado (De Piero, 2020).

Antecedentes y propuesta reflexiva

Existen en Argentina numerosas experiencias de producción agroecológica en periurbanos llevados a cabo por organizaciones sociales con un fuerte impulso de los gobiernos locales (Martinez et al., 2019; Movimiento de Trabajadores Excluidos, 2019; Vales, 2020a, b y c). Estas experiencias comparten como mecanismo promotor los momentos de crisis sociales y políticas. Algunos proyectos fueron motorizados por los gobiernos municipales como estrategia ante la expansión acelerada de las ciudades y otros por iniciativas desde las organizaciones sociales ante la necesidad de producir alimentos y espacios de contención a sectores de la población de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, y de acuerdo con lo dicho anteriormente, tanto la falta de políticas de urbanización como el empobrecimiento y exclusión de la población a raíz de políticas neoliberales desencadenaron por un lado la discusión y el diseño de nuevas estrategias de contención e inclusión, y, por otro lado, la organización popular como medio para mejorar las condiciones de vida altamente vulneradas. Todas estas experiencias tienen un fuerte componente social que las sostienen e impulsan, encontrándose configuradas por las relaciones construidas entre los distintos actores que participan, dentro de los cuales se incluyen instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, decisores políticos, empresas de capital privado, entre otros. En este sentido, es sumamente importante conocer y comprender las relaciones sociales que sostienen estas propuestas, para asegurar el mantenimiento a lo largo del tiempo y de esta manera alcanzar una sociedad más justa e inclusiva.

En el presente trabajo, se problematizará la experiencia llevada a cabo en Trelew, provincia de Chubut, denominada Banco de Alimentos (BA), en la cual se promovió el trabajo articulado entre instituciones, organizaciones sociales y empresas privadas para la producción de alimentos agroecológicos en espacios tensionados por el avance de la urbanización. Para este abordaje, se recopiló y analizó la información disponible referida al desarrollo de esta experiencia a través de medios de comunicación oficial de la Municipalidad de Trelew y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), diarios y portales virtuales de la región. Posteriormente, se diseñó y realizaron seis entrevistas semiestructuradas a referentes de las organizaciones convocadas al BA, las cuales incluyeron los siguientes ejes: a) estructura de la organización; b) aprendizajes, inconvenientes y desafíos; y c) perspectivas futuras de la organización. La cantidad de entrevistas quedó determinada por el criterio de saturación del discurso (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006). El objeto de estudio está conformado por 12 grupos asociativos, dentro de los cuales hay cooperativas de trabajo, movimientos sociales con estructuras nacionales, comunidades de pueblos originarios y organizaciones feministas locales. Siguiendo a Cohen y Seid (2019), se identificaron palabras, frases u oraciones textuales que dieron sentido al relato, siguiendo los ejes planteados. Cabe destacar que, dado el dinamismo propio de esta iniciativa colectiva, se presenta un análisis inconcluso, el cual pretende aportar a las discusiones actuales y futuras.

El periurbano de la ciudad de Trelew: un espacio en disputa

La ciudad de Trelew es una de las localidades más pobladas de la provincia de Chubut, se estima que tiene alrededor de 100.000 habitantes, con un índice de pobreza que alcanza el 35,3 % de las personas, uno de los más altos de la región patagónica (INDEC, 2021). Trelew es parte del segundo valle bajo riego más importante de la Patagonia, el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), cuya producción principal se centra en la ganadería bovina, lo cual contribuye a una escasa disponibilidad de alimentos frescos, sanos y seguros para la población (Raguileo y Salvadores, 2020). En el mismo sentido, la agricultura se especializó en la producción de forrajes o fruticultura de exportación, lo que agudizó la escasez y disponibilidad de alimentos frescos. Desde la década de los 80, la migración boliviana revitalizó la producción hortícola, la cual se enmarca en sistemas comerciales que distribuyen hacia el sur y limitados por la estacionalidad climática (Luque, 2014; Owen, Hughes y Sassone, 2007).

Es posible observar distintos usos del suelo en la ciudad de Trelew: residencial, recreativo, industrial, especulativo, etc., los cuales otorgan elementos para la construcción del paisaje actual y la identidad local. A partir del año 1969, comienza la etapa de mayor crecimiento de la ciudad asociada a la creación del Parque Industrial y con ello la radicación industrial de tejedurías sintéticas, barracas e industrias laneras a las que se sumaron industrias complementarias, como metalúrgicas y constructoras. A partir de la década del 80 la actividad del Parque Industrial decayó notablemente, sin embargo, se mantuvo el incremento de la población asociado a la migración de países limítrofes, a la declinación de la actividad rural y al despoblamiento de pequeños pueblos de la región (March y Alcarraz, 2019).

Estos cambios en la estructura social generaron tensiones por el acceso y los usos del suelo, en una ciudad que crece sostenidamente y tiene escasas políticas de planificación, y donde el mercado inmobiliario acumula prácticamente todas las tierras disponibles, incluyendo tierras de aptitud agrícola. Esto pone en evidencia que la problemática de acceso a la tierra y a la vivienda tiene directa relación con las políticas gubernamentales, que acentúan la exclusión de amplios sectores de la sociedad. La segregación socio-territorial que atraviesa la ciudad no es azarosa, se correlaciona con las características ambientales del espacio: hacia el norte, noroeste y noreste, al borde del Parque Industrial, donde predomina el ambiente de meseta (de mayor aridez, con dificultades para el acceso al agua), y hacia el sur se concentra la mayor cantidad de tierras productivas (de mayor valoración ambiental y paisajística, con mayor abrigo del viento y disponibilidad de agua) (Sotelo, Hermosilla y Blanco, 2014). A este complejo panorama, debe sumarse la pandemia mundial provocada por el covid-19 y sus implicancias sanitarias, sociales y económicas, que junto a la crisis económica y política que sufre la provincia desde hace varios años, acentuaron las desigualdades sociales y los conflictos asociados a los usos del suelo en las márgenes de la ciudad.

Las primeras acciones

En marzo del año 2020, se impulsó una experiencia de producción de alimentos agroecológicos en el periurbano de la ciudad de Trelew denominado Banco de Alimentos (BA). Esta iniciativa estuvo promovida por el gobierno municipal. Dentro de los objetivos planteados, se encontró el desarrollo de la producción agroecológica de verduras y hortalizas, su procesamiento, distribución y la comercialización de excedentes. De esta manera, se intentó contribuir a mejorar la nutrición y los hábitos alimenticios de las infancias, grupo de mayor vulnerabilidad de la ciudad (Salgado et al., 2021). Como objetivo secundario, también se buscó ocupar un espacio constituido por tierras fiscales, altamente disputado, donde desde hace varios años avanzan los asentamientos por parte de familias con escasas posibilidades de acceso a vivienda propia. El diseño acordado entre las instituciones implicó que INTA, por su parte, se encargara de las capacitaciones técnicas, acompañamiento y seguimiento de lo agroecológico, mientras que el municipio organizaba y administraba ese espacio y seleccionaba las organizaciones. Entre ambas instituciones se crearía un convenio de trabajo para definir las obligaciones en relación con el uso del terreno (Schvemmer, Fernandez y Sandoval, 2021).

El liderazgo lo mantuvo la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la ciudad junto a la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut (FAMUCh), y el INTA asumió un papel capacitador, de asistencia técnica en prácticas agroecológicas. Según mencionó un referente en 2021: “H. fue el iluminado que tuvo la idea de hacer esto (…) y todos los movimientos se acoplaron (…) INTA también se acopló. Podríamos decir que todo fue como un rompecabezas que se armó, se fue acomodando”.

En esta configuración, las instituciones les adjudicaron un rol pasivo a las organizaciones sociales: “Cada organización se ocupará de gestionar su parcela (…) que tendrá como única finalidad la producción de alimentos. La organización deberá garantizar el trabajo diario que conlleva el cuidado y la producción que allí se realice” (Schvemmer, Fernandez y Sandoval, 2021).

Es importante remarcar que gran parte de las personas de estas organizaciones se encuentran dentro del plan Potenciar Trabajo, por lo cual las horas comprometidas con el BA fueron tenidas en cuenta como la contraprestación^[3]. Este papel subordinado puede haber sido causa de algunos conflictos, ya que no se fomentó en los participantes el sentido de pertenencia ni se tuvo en cuenta la importancia de las redes sociales afianzadas para el sostenimiento de esta propuesta.

Espacialmente, el BA se ubica al oeste de la ciudad de Trelew, en predios cedidos por la Municipalidad (12 parcelas productivas de 1.200m2) y en la chacra experimental del INTA (primera temporada de producción). Estas unidades, alejadas físicamente y con características diferenciales, tuvieron dinámicas distintas que condicionaron el desarrollo de cada espacio, mientras que en la primera cada organización trabajó de manera independiente, en el INTA las personas referentes de cada organización trabajaron de manera colaborativa, donde “aprendían trabajando” y así luego “enseñaban” a sus compañeros de la organización. Es importante remarcar que las personas que se sumaron al BA no tenían experiencia en lo agropecuario, por lo que este esquema de aprendizaje limitó en cierta medida el aprendizaje colectivo, una de las bases de la agroecología.

Acá [en las Parcelas] cada organización mira más el trabajo del otro y allá [en el INTA] somos todos uno y no hay problemas. (Referente 3, 2021)

Nosotros venimos acá a hacer el aprendizaje (INTA), por el tema del COVID somos solo dos personas las que venimos, después vamos y les contamos a los chicos lo que aprendemos acá (Parcelas). Les transmitimos todo lo que se aprende acá. (Referente 4, 2021)

Compartimos espacio, el grupito nuestro es muy hermético por decirlo, somos tan poquitos, que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, cumplir el horario y nos vamos. (Referente 2, 2021)

Como se mencionó con anterioridad, las parcelas productivas ocuparon terrenos fiscales, los cuales no habían sido cultivados y tampoco tenían acceso al agua de riego, recurso indispensable para la producción agropecuaria en esta región (Imagen 1 y 2). En cuanto a lo estructural, el predio del INTA ya contaba con el sistema de canales que permitirían regar los cultivos, mientras que en las parcelas productivas tuvieron que hacer las gestiones necesarias para acceder al agua de riego (Imagen 3 y 4). La agencia municipal, en este caso, fue la que gestionó y articuló con una empresa privada para la provisión del agua de riego: una de las peinadurías que se mantiene en el Parque Industrial de la ciudad. Así es como en este nuevo entramado social, el pasado dialoga con el presente a través de sus protagonistas.

Imagen 1: Instancia de capacitación en plantas nativas realizada por el INTA en las parcelas productivas. 2022

Crédito: Daniela Ayelen Raguileo.

Imagen 2: Vista general del predio de las parcelas productivas. 2021

Crédito: Daniela Ayelen Raguileo.

Imagen 3: Primera cosecha conjunta en el predio del INTA. 2020

Crédito: Daniela Ayelen Raguileo.

Imagen 4: Primera cosecha conjunta en el predio del INTA. 2020

Crédito: Daniela Ayelen Raguileo.

Las relaciones entre las organizaciones sociales, el municipio y el INTA

Las organizaciones sociales en Trelew adquirieron gran relevancia en los últimos años, principalmente por las acciones llevadas a cabo en los barrios atravesados por situaciones de mayor vulnerabilidad. En estos barrios nacieron y es en donde, a través de la organización, llevan adelante comedores, merenderos y en ciertos casos constituyeron cooperativas de trabajo entre vecinos y vecinas. Este sector representa, en cierta medida, a quienes fueron expulsados de la dinámica capitalista de reproducción social y que mediante la organización accedieron a derechos de los que fueron despojados, intentando revertir las profundas desigualdades en el acceso y control de recursos (Rofman, 2007).

La relación con los gobiernos municipales es dinámica, no ajena a conflictos. Algunas organizaciones son prestadoras de servicios al municipio, como el barrido de calles, o se conformaron como cooperativas de construcción para canalizar algunas obras locales. También el gobierno municipal es con el que negocian “becas” o cupos en programas nacionales como el Potenciar Trabajo. Siguiendo a Cardarelli y Rosenfeld (2003), se puede agregar que, desde hace un tiempo a esta parte, las relaciones entre las organizaciones y el gobierno tienen un marcado sesgo verticalista, clientelar y corporativo. También es importante recalcar que cada organización es particular y se diferencian entre ellas por los años de trayectoria, la capacidad de gestión y los objetivos propios de cada una. Algunas tienen influencias del movimiento sindical o de partidos políticos, otras son más horizontales en las discusiones y toma de decisiones, etc. En esta línea, las cooperativas manifestaron un sentido de organización claramente guiado por el trabajo, se reconocen como trabajadores y trabajadoras del BA, donde cumplen un horario y reciben un salario. Mientras que los movimientos sociales, además, reconocen en la organización sentido de pertenencia y un espacio de crecimiento individual. Sin embargo, todas tienen como horizonte revertir las situaciones de desigualdad y opresión: falta de trabajo, difícil acceso a alimentos de calidad, violencia por motivos de género, falta de espacios de contención para las juventudes, etc.

Es la referente provincial, esa es la diferencia, lo que es Patagonia para abajo lo maneja Claudia y yo manejo lo que es Trelew, y estoy a cargo de los otros coordinadores y de todo lo que es alimentos. (Referente 1, 2021)

Yo en realidad no pertenezco a la cooperativa, estoy por un plan de empleo y estamos haciendo la contraprestación en la parcela. Viste que con el tema de la pandemia se frenó lo que es barrido, después faltaban insumos y esas cosas, por eso estamos allá. (Referente 2, 2021)

Teníamos un montón de compañeros y compañeras que a veces los teníamos en las casas, porque no teníamos donde hacer una contraprestación porque no estaban las condiciones dadas, entonces cuando cae la propuesta (…) nos habíamos afianzado un poquito más con la municipalidad. (…) nuestro movimiento es el primer año que hace una articulación organización-Estado. Porque en estos 18 años nosotros siempre nos manejábamos nosotras, con algún recurso del Estado quizás, pero no [teníamos] objetivos comunes. (Referente 5, 2021)

Es evidente el papel que cumplen las organizaciones sociales en la ciudad y que la propuesta de articular con ellas para producir alimentos frescos y de calidad bajo el paradigma de la agroecología en una ciudad tan desigual como Trelew podría aportar directamente a la inclusión social. Pero la propuesta con el tiempo se fue debilitando. Para comprender este proceso, debe destacarse que el proyecto del BA fue utilizado por el gobierno municipal para negociar los subsidios/becas con las organizaciones y a su vez redujo el nivel de tensión por la ocupación de ese espacio. Esta iniciativa se construyó de manera verticalista, donde el gobierno municipal fue quien tuvo el mayor poder de decisión (si no el único), lo que dio lugar a relaciones asimétricas y profundamente frágiles. En este sentido, se podría encuadrar esta política pública municipal como un proyecto productivo donde la participación quedó reducida al trabajo de las organizaciones sociales en los predios cedidos, sin intervención de ellas en los espacios de decisión (Rofman, 2007).

Los aprendizajes a través de la práctica

Como se mencionó previamente, la mayoría de las personas que participan o trabajan en el BA no tenían experiencia con huertas o agricultura de mayor escala. De igual modo, desconocían la agroecología como práctica, y algunas sumaron y problematizaron nuevos términos como el de soberanía alimentaria. Haber sumado estos conceptos, haberlos dialogado colectivamente e incorporado en la práctica, es transformador, tal como lo promueve la agroecología:

Nosotros no sabíamos qué comíamos (…) lo que es una alimentación sana… la soberanía alimentaria no la teníamos. En la [cabeza] era guiso, fideos, arroz. (Referente 5, 2021)

A mí siempre me gustó el tema de la tierra. Tengo una huerta en casa, hice el curso de ProHuerta. Yo soy de este barrio. [El trabajo con otras organizaciones] ha sido espectacular. (Referente 3, 2021)

[Ahora] puedo plantar tomates en mi casa (…) y cuando te ve tu familia hace lo mismo (…) a mí me han preguntado un montón [los vecinos]. (Referente 2, 2021)

Todo lleva un proceso y un tiempo, porque uno está acostumbrado generalmente al ahora, al ya, a lo inmediato. Ver que lleva un tiempo, que lleva un cuidado, que son muchas cuestiones a nivel personal, interactuar como comunidad y vos lo ves en los vegetales, es todo un conjunto y vas como hilando, vas perfilando, vas creciendo. (Referente 4, 2021)

En función de lo planteado previamente, estas opiniones fueron emitidas luego del primer año del BA por las personas referentes de las organizaciones que asistían frecuentemente al espacio del INTA. Por lo cual vale preguntarse: ¿qué ocurrió durante este tiempo en las parcelas productivas? Una persona que trabajó desde el inicio en las parcelas comentó lo siguiente:

Nosotros empezamos de cero, el terreno era pelado, yuyos, escombro, piedras y fue empezar de cero… limpiar. Después nos enseñaron a preparar la tierra, lo que era el abono, cómo tirarlo, cómo se armaban los surcos, cómo se sembraba. Aprender y al ver eso, verlo ahora te da entusiasmo, porque de no haber nada y lo que fue el verano que estaba todo brotado, todo con los zapallos. Vos decías ¿cuándo va a salir un zapallo acá? (…) poner vos misma la semilla, al ir y estar y ver, esperar y cuando tenés el primer brote es algo que no te lo esperás. ¡Qué emoción! Después al tener la cosecha, mejor todavía, el gusto de tener la verdura ahí cambia a lo que es el negocio, porque no se usan agroquímicos, nada, solo abono. Es diferente el gusto. [Fruta y verdura] orgánica vendría hacer. Bueno y ahora empezar de nuevo, en invierno, lo que es sacar todo otra vez para plantar. Hace una semana atrás que plantamos y ahora a esperar. [Sembramos] como 9 especies, las semillas que repartió el INTA, espinaca, achicoria y también remolacha, toda semilla otoño-invierno que nos repartieron. Pusimos lo que estaba ahí anotado en la planilla. (Referente 2, 2021)

La misma persona entrevistada agregó en referencia a los lazos de solidaridad entre las distintas organizaciones que compartían las parcelas productivas:

Veo que hay solidaridad entre las parcelas, porque se han hecho cosechas que quizás ellos llevaron su parte y dejaron en la entrada lo que les sobró y cualquiera era libre de pasar y llevar (…) no hay problema si alguien necesita una verdura y se lo pide, el de al lado se lo da. [Lo que cosechamos fue] para consumo y repartir, por ejemplo, yo llevaba para mi casa y le daba a mi vecina que tienen nenes, que comen verduras y también están en situación media complicada. Y creo que las chicas hacían lo mismo. Vender no se vendió, recién es poquito, para empezar. (Referente 2, 2021)

En resumen, los aprendizajes son numerosos, y la mayoría de ellos escapan a lo estrictamente “productivo”, por eso se destaca que esta experiencia contribuyó a romper con los estereotipos de las personas de los barrios populares y de quienes reciben un plan social.

La construcción de futuros comunes, ¿es posible?

Como se indicó previamente, aun con diferencias entre las distintas organizaciones sociales que participan del Banco de Alimentos, a todas las motiva revertir las situaciones de desigualdad y exclusión que atraviesan amplios sectores de la ciudad de Trelew. Sus propias historias familiares traen consigo consecuencias de las políticas neoliberales de segregación socio-territorial: despedidos de las empresas textiles, personas que atraviesan o atravesaron situaciones de violencias por motivos de género, personas desocupadas, jóvenes que abandonaron la escuela y carecen de espacios de contención, personas estigmatizadas por vivir en un determinado sector de la ciudad o recibir un plan del Estado. En referencia a este último punto, los planes sociales son considerados una carga que intentan revertir y los utilizan como vehículo para independizarse de los distintos gobiernos y alcanzar la autonomía. No se trata de un análisis ingenuo, se tiene en cuenta la existencia de casos donde son utilizados tanto por referentes barriales como por partidos políticos con fines clientelares.

Vamos a tratar de conseguir los planes y que se empiecen a capacitar, a aprender a hacer lo que es el trabajo de panadería y después ingresarlos a la cooperativa. La idea es sacarlos del plan social. (Referente 2, 2021)

Tenemos profesoras que han salido del movimiento, que ahí van todos los prejuiciosos que siempre nos tratan de planeras, no cuentan la parte desde acá, que, gracias a un plan, las compañeras hoy son maestras. (Referente 5, 2021)

Si se decidiera poner en discusión estrategias para fortalecer el BA, las relaciones entre los distintos actores deberían cambiar. Sostener una estructura de poder compartido, donde se acuerden objetivos comunes, donde se construya un proyecto compartido y la visión de un escenario futuro mejor que el actual, no es tarea simple porque implica la pérdida de poder de ciertos actores, el reconocimiento de la ignorancia y los saberes de quienes participen, repensar lo político, lo público y lo social (Cardarelli y Rosenfeld, 2003). Sin dudas, constituye un proceso lento que requerirá mucho compromiso entre las partes, será un camino de aprendizajes, necesario para sostener el BA en el tiempo.

Reflexiones para seguir trabajando

Al cumplir el primer año el BA, en el año 2021, se realizaron entrevistas a referentes de las organizaciones para recopilar y analizar sus opiniones y deseos. Desde ese momento a esta parte, los decisores políticos de un modo u otro fueron debilitando la propuesta. La agudización de la crisis económica y propios cambios al interior tanto de las organizaciones sociales como de las instituciones afectaron la estructura que, si bien frágilmente, había sido constituida. Por lo tanto, este trabajo reflexivo es un aporte acotado dentro de un proceso que intenta ser un disparador para discutir y proponer acciones que reviertan lo que parece ser un final anunciado. En este sentido, este trabajo deja en evidencia que, al analizar una propuesta política de inclusión asociada a la producción de alimentos, es imprescindible poner en valor las “ganancias” no cuantificables. El crecimiento personal, la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas también son impactos positivos que se pueden alcanzar cuando se promueven proyectos de este tipo.

Las organizaciones sociales que aquí se analizaron son actores nuevos para instituciones como el INTA y viceversa. Esta referencia no es un dato menor, ya que implica romper viejas estructuras institucionales y reconocer a las organizaciones con sus propias lógicas y dinámicas, con quienes habrá que dialogar y negociar en el marco de este nuevo entramado territorial. Otro desafío se refiere a los cambios en las estructuras de gobierno, que suelen irrumpir y provocar efectos negativos en procesos en marcha, y en esta misma línea, los posibles cambios dentro de las prioridades de las instituciones de ciencia y desarrollo, lo cual se agrava en épocas de falta o recortes presupuestarios. Esta enumeración de limitantes no intenta desacreditar propuestas de este tipo, sino más bien alertar sobre ellas para trabajar en estrategias que anticipen y amortigüen las rupturas.

Para finalizar, cabe recalcar la importancia del sostenimiento de estos espacios por las múltiples implicancias que tienen en los periurbanos, ya que involucran políticas de ordenamiento territorial, usos del suelo y del agua, abastecimiento de alimentos sanos y seguros a precios accesibles y, además, pueden pensarse como herramientas para el fortalecimiento personal y colectivo de la comunidad, que puede aportar a la transformación para alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, respetando el intercambio de saberes, los valores humanos y sociales, las culturas y tradiciones alimentarias y la gobernanza responsable.

Referencias

Barsky, A. (2005). “El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires”. Scripta Nova, IX (194).

Calle Collado, A., Montiel, M. y Ferré, M. (2011). “La democracia alimentaria: soberanía alimentaria y agroecología emergente”. En Democracia radical: entre vínculos y utopías (pp. 213-238). Icaria.

Cardarelli, G. y Rosenfeld, M. (2003). La gestión asociada: una utopía realista. Centro de Apoyo al Desarrollo Local.

Clichevsky, N. (2000). Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. CEPAL.

Cohen, N. y Seid, G. (2019). “Producción y análisis de datos cualitativos”. En N. Cohen y G. Gómez Rojas (comps.), Metodología de la investigación, ¿para qué? La producción de los datos y los diseños (pp. 203-227). Teseo-RedMet-CLACSO.

De Piero, S. (2020). Organizaciones de la sociedad civil: tensiones de una agenda en construcción. Universidad Nacional Arturo Jauretche.

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