Eduardo Daniel Cittadini^[1]

El arraigo rural está supeditado a las condiciones de vida que enfrentan las familias productoras, a las opciones que estas tienen para desarrollar estrategias que las mejoren y a las políticas públicas e institucionales que directa o indirectamente impactan en dichas condiciones.

En el Decreto-Ley 21.680/1956 de creación del INTA se fijó su misión original: “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. En el Plan Estratégico Institucional 2015-2030, el INTA actualizó su misión y se comprometió a

impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial competitivo, inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas y la articulación y cooperación nacional e internacional. (INTA, 2016)

En estas definiciones se reconoce la interdependencia de los procesos de innovación con las condiciones de vida de las familias rurales. Por un lado, la calidad de vida en la ruralidad es un objetivo central, final y fundacional para el INTA, al que deben confluir los desarrollos tecnológicos y los procesos de innovación. Pero al mismo tiempo, para promover procesos virtuosos de innovación tecnológica se requieren condiciones de vida adecuadas. Cuando el acceso a una vivienda digna, a educación, a salud o a diversos servicios esenciales no está garantizado, las propuestas tecnológicas para aumentar rendimientos o calidad de productos posiblemente tengan escasa adopción y aún menor impacto.

Las personas —y las familias— toman decisiones y actúan en función de múltiples necesidades y objetivos que corresponden a diferentes —pero fuertemente interconectados— ámbitos; la vida productiva no es separable de la vida económica, social o familiar.

Históricamente, el INTA ha diseñado e implementado estrategias para mejorar las condiciones de vida en la ruralidad. En algunos casos fue a través del desarrollo e implementación de tecnologías (en el marco de programas de política pública) que impactan en forma directa en la calidad de vida rural (p. ej. autoproducción de alimentos nutritivos y de alta calidad, diseño de viviendas con materiales locales, herramientas y métodos para calefacción y cocción, infraestructura para reserva y distribución de agua, etc.). En otros casos, los desarrollos y las propuestas tecnológicos se centraron en la productividad y en la calidad de los productos en la agricultura familiar, pero con un enfoque territorial que tenía en cuenta la complejidad de los procesos de innovación, las tramas sociales que intervienen en ellos, la disponibilidad de diversos recursos en el territorio y la multiplicidad de objetivos que tienen los diversos actores, entre los cuales se destaca, explícita o implícitamente, mejorar las condiciones de vida presentes y las oportunidades futuras de los miembros de la familia.

El presente libro caracteriza y analiza diversos casos a lo largo y ancho del país a través de los cuales se ilustran diferentes situaciones en cuanto a las condiciones socioproductivas y las estrategias de las familias productoras para mejorar su situación. Asimismo, se presentan y analizan los impactos de algunas políticas públicas e institucionales específicamente diseñadas e implementadas para mejorar la calidad de vida y para promover el arraigo rural.

Los resultados que se presentan aquí contribuyen a la comprensión de la complejidad que tiene el arraigo (o el desarraigo) como proceso territorial, en el que se integran aspectos sociales, productivos, ambientales y de política pública. Los aprendizajes permitirán mejorar el diseño e implementación de instrumentos institucionales que busquen promover procesos de innovación territorial con mayor impacto en la calidad de vida y en la promoción del arraigo en la ruralidad.

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