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14 Conflictos internacionales en el siglo XXI

Said Chaya[1]

1. El estudio de los conflictos internacionales

La guerra como forma organizada de violencia ha sido de particular interés para estudiosos de diversas áreas y también para hombres de Estado desde tiempos remotos. El historiador y militar ateniense Tucídides relató en Historia de la guerra del Peloponeso (siglo iv a. c.) los choques que se sucedieron a lo largo de casi treinta años entre la Liga del Peloponeso, que lideraba Esparta, y la Liga de Delos, encabezada por Atenas. También el maestro indio Kautilia desarrolló en su libro Arthashastra (siglo iii a. c) una serie de recomendaciones para su emperador Chandragupta sobre la conducción de las tropas en tiempos de guerra. Escrito en tercera persona, Comentarios sobre la guerra de las Galias (58 a. c.), del emperador romano Julio César, recoge las batallas que encabezó a lo largo de nueve años contra los pueblos germánicos que se oponían a la dominación romana. Por su parte, el célebre libro El príncipe (1532), del político florentino Nicolás Maquiavelo, tiene semejanzas con el texto de Kautilia, ya que también dedica varias páginas a la estrategia que deben adoptar los gobernantes frente a los conflictos armados. En el siglo xix, se publicó De la guerra (1832), libro escrito por el mayor prusiano Carl von Clausewitz. Testigo de las guerras napoleónicas, su obra es uno de los tratados de análisis de conflictos armados más voluminosos.

Estos antecedentes reflejan que los estudios sobre la guerra no son nuevos. Sin embargo, tomaron particular vigor, independizándose de las crónicas y los enfoques puramente filosóficos, en los últimos setenta años, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones internacionales, especialmente interesadas en la reflexión en torno a los conflictos armados entre Estados, lograron atraer al calor de sus discusiones a profesionales provenientes de diferentes áreas, lo que permitió construir enfoques más eclécticos y participativos, en muchos casos dotados de estudios de campo. Mientras que la diplomacia y el derecho brindaron un conocimiento profundizado sobre los procesos de estabilización y sus acuerdos, la historia, la política y la sociología permitieron explicar con mayor claridad los mecanismos domésticos, tanto estructurales como coyunturales, en los cuales el conflicto se apoyaba. Además, numerosos analistas pusieron el foco en la cuestión de los recursos, incluyendo en el debate, con mayor o menor intensidad, a la economía.

Uno de ellos es Edward Carr, quien, en su texto antológico La crisis de los veinte años, publicado por primera vez en 1939, comenzó identificando el conflicto como el hecho político por naturaleza:

La política está siempre relacionada con el poder. El uso común del término “política” no aplica a todas las actividades del Estado, sino únicamente a aquellas que involucran conflictos de poder. Una vez que el conflicto ha sido resuelto, se convierte en un tema de rutina administrativa […]. El poder es un elemento esencial de la política (Carr, 2016: 97).

Por lo tanto, afirma Carr, así como el poder es un factor ineludible, también lo es el conflicto. No es que sea en sí algo intrínsecamente malo. Es, más bien, una característica presente e indispensable tanto en el escenario local como en el internacional, donde la cumbre del conflicto tiene un nombre: “guerra”. La importancia de una disputa entre dos Estados, por ejemplo, radica en el poder que cada Estado tiene. Por eso, afirma el autor, no es igual un conflicto entre el Reino Unido y Nicaragua que entre el Reino Unido y Japón. Gobernar implica ejercer poder, y eso no excluye a la esfera internacional. Carr identifica allí tres fuentes de poder: el militar, el económico y la opinión pública.

Hans Morgenthau, en su libro Política entre las Naciones, aparecido en 1948, también entiende a la política internacional como una lucha por el poder, ya que, independientemente de los fines que cada Estado se proponga, el poder es siempre el medio. Sin embargo, no todas las acciones que los Estados emprenden entre sí son necesariamente políticas; de hecho, la mayoría de las iniciativas legales, económicas, humanitarias o culturales no son estrictamente políticas. Asimismo, no todas las naciones tienen el mismo interés en la política internacional. Habrá Estados profundamente involucrados, afirma, así como habrá otros con menor interés. Ejemplo de ello son, en tal caso, Estados Unidos y Mónaco. En definitiva, no todos los Estados están igualmente involucrados en la lucha por el poder.

Del mismo modo, Kenneth Waltz, en El hombre, el Estado y la guerra, de 1959, insistió en que la cuestión de los conflictos armados entre dos Estados se trataba de una cuestión de cálculo. En un sistema que es, por naturaleza, anárquico, no existe la armonía, afirma. Por tanto, cualquier Estado que desee alcanzar determinados objetivos deberá evaluar si estos son lo suficientemente valiosos como para sacrificar la paz. En cuanto cada Estado es soberano, es decir, último juez en su propia causa, que es la determinación de sus objetivos nacionales, los gobiernos deben estar listos para emplear la fuerza o pagar el costo de su debilidad, porque el conflicto es una variable omnipresente en la vida de las naciones. En conclusión, entre Estados independientes, la guerra es inevitable; aunque ello no elimina la búsqueda de consensos, al menos temporales, a través de la cooperación. Esos acuerdos, invariablemente, estarán teñidos, si no de guerra, por lo menos de la amenaza de guerra. Hay una constante posibilidad de conflicto siempre que haya dos Estados en la búsqueda de promover sus intereses sin que haya una autoridad por sobre ellos que los regule a la cual el más débil pueda acudir para protección.

Otro importante desarrollo en torno a la cuestión de la conflictividad internacional fue realizado por Raymond Aron en su libro de 1966 llamado Paz y guerra entre las naciones. Las relaciones internacionales, un reino compuesto por Estados soberanos, independientes, celosos de sus intereses y su prestigio, han demostrado su interés por el estudio de los conflictos, sabiendo que es imposible que estos desaparezcan. Al mismo tiempo, resulta poco prudente suponer que el derecho y los mecanismos de seguridad colectiva son suficientes para evitar el conflicto. Sin embargo, afirma Aron, en un contexto de rivalidad internacional, la prudencia permite a las personas de Estado, a quienes se les ha confiado el destino de la nación que les toca dirigir, elegir la limitación de la violencia en lugar de adoptar una visión “absoluta” de justicia. Ello podría llevarlos a abrazar el derecho o los compromisos previamente adquiridos con otros Estados. Esto sucede porque la violencia no se presenta desnuda, y raramente tiene el carácter bestial que le atribuyen algunos autores al estado de naturaleza. En realidad, la moralidad es parte de la política. La violencia, en lugar de mostrarse únicamente como guerra, aprendió a adoptar diferentes formas.

La caída del comunismo soviético al final de la década del ochenta significó un espaldarazo a las teorías liberales que, al contrario del pensamiento general de los autores anteriores, sostenían que el estado normal de las relaciones internacionales es la paz y no la guerra. Entre ellos se destacó Francis Fukuyama, con su obra El fin de la historia y el último hombre, de 1992. Persiguiendo la inspiración kantiana que propone la paz perpetua, el autor afirmó que, con la desaparición de la Unión Soviética y la descolectivización de China, la humanidad se aproximaba al punto final de su evolución ideológica. Los fundamentos del mundo pacífico que se aproximaba tenían sus raíces en el liberalismo de los siglos xviii y xix, promotor de la democracia y el libre comercio. La preeminencia del Estado liberal, que reconoce y protege mediante las leyes la libertad y la democracia a través de su consentimiento, sería abrumadora. Estas afirmaciones tienen consecuencias para las relaciones internacionales, de las cuales la más importante es la presunta falta de oposición a que Occidente ejerza la dirección de los asuntos mundiales. En definitiva, la eliminación del conflicto no solo es posible, sino que además es un signo de progreso.

Por el contrario, Joseph Nye, en Comprender los conflictos internacionales, editado por primera vez en 1993, no descarta que las democracias también puedan encabezar conflictos armados. Se trata de evaluar la calidad democrática, y no solo el sistema político en sí. Las democracias estables generan expectativas de paz. Asimismo, aunque es cierto que la caída de la Unión Soviética podría generar la creencia de que el libre mercado triunfó, es importante no perder de vista que, en definitiva, la economía se apoya en determinados contextos jurídico-políticos que le garantizan una mínima seguridad. Por otra parte, la globalización no implicaría homogeneidad. Las identidades tradicionales, o nacionalismos, así como los fundamentalismos religiosos, siguen creando diferencias entre las distintas comunidades. La interdependencia entre los Estados, es decir, la dependencia mutua, es un fenómeno que se agravó con la globalización. Divorciarse del resto del mundo ha demostrado tener costos altísimos. Esta interdependencia no siempre es simétrica: aquellos más vulnerables pagan precios más altos, y, de este modo, la interdependencia como herramienta puede resultar más útil que la fuerza: los Estados no se interesan solo en lo que recibirán por el intercambio, sino que también posan su mirada en aquello que recibirán sus rivales.

Como se ha visto aquí, desde las relaciones internacionales surgieron diferentes visiones sobre la guerra y la paz mundial. En gran parte, estos puntos de vista interpretativos han respondido el sentir de la época en la que surgieron. Mientras que el sistema bipolar resultante del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se fortaleció, florecieron las teorías que veían al conflicto como un hecho inevitable en la vida política de las naciones. La debacle del comunismo implicó el surgimiento de una visión optimista sobre el nuevo rol que ocuparía Occidente, que fue, más tarde, suavizada, pero no dejó de tener en especial consideración el rol que la globalización y los nuevos actores (no estatales, domésticos, intergubernamentales, etc.) tendrían en el escenario internacional.

2. Antecedentes: esfuerzos para regular la guerra y promover la paz

La humanidad ha realizado numerosos esfuerzos por erradicar la guerra, con la diplomacia como herramienta fundamental. En este sentido, la práctica de celebrar conferencias comenzó a ser frecuente, especialmente tras períodos de conflictividad prolongada. Una de las primeras cumbres que convocó a un gran número de líderes extranjeros fue la que dio origen Paz de Augsburgo (1555), que reconoció la libertad religiosa de los príncipes alemanes tras la Reforma Protestante (1517). Allí, las negociaciones que se desarrollaron entre el emperador Carlos v y los nobles asociados en la Liga de Esmalcalda fueron un paso importante para morigerar los conflictos en Europa Occidental. Sin embargo, no fue hasta los acuerdos firmados en Osnabrück y Münster, conocidos colectivamente como Paz de Westfalia (1648), que se pudo poner fin a las guerras que se desarrollaron entre los siglos xvi y xvii en aquel continente, estableciendo la inviolabilidad de las fronteras nacionales, limitando el poder transnacional del papa y sus obispos y reduciendo a un carácter ceremonial el rol del titular del Sacro Imperio Romano Germánico. En pocas palabras, las delegaciones reunidas en aquellas localidades dieron origen al Estado moderno e intentaron establecer una suerte de “paz universal”.

Una situación similar tuvo lugar en Europa tras la primera abdicación del emperador francés Napoleón i, cuando los vencedores que lo derrotaron convocaron al Congreso de Viena (1814). Las delegaciones que se reunieron en la capital austríaca a instancias del príncipe Klemens von Metternich, canciller de ese país, buscaban restaurar la paz en toda la región, especialmente después de las campañas militares que llevaron al general corso a conquistar gran parte del Viejo Continente a partir de 1797 y hasta su caída, en medio de una conflictividad continua. Para ello, el congreso estableció el principio de legitimidad, que aseguraba el retorno a sus respectivos tronos de las antiguas dinastías expulsadas por Bonaparte, y el principio de intervención, que permitía la realización de acciones militares externas en Estados donde surgieran focos revolucionarios. Asimismo, se estableció una mesa de diálogo compuesta por las principales potencias de la época: Rusia, Austria, Prusia, Francia y el Reino Unido, conocidos colectivamente como “Pentarquía”. Con el objetivo de garantizar el statu quo en Europa, las potencias volvieron a reunirse en los llamados “congresillos” de Aquisgrán (1818), Troppau (1820), Laibach (1821) y Verona (1822), de limitado éxito debido a las diferencias que emergieron entre sus miembros. A partir de las revoluciones de 1830, el sistema de congresos declinó. El impulso inicial se retomó recién en la conferencia de Berlín de 1878, que discutió la situación en los Balcanes y el Mediterráneo oriental, y luego otra cumbre en la misma ciudad, que tuvo lugar entre 1884 y 1885 y abordó las negociaciones por el reparto de África entre las potencias coloniales. Ambas fueron convocadas por el canciller alemán, el príncipe Otto von Bismarck.

Propio de esta época es también el surgimiento de diversas herramientas del derecho como formas regulatorias de los conflictos armados. En 1863, el filántropo suizo Henri Dunant fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja, una organización humanitaria que subsiste hasta nuestros días y que tenía, entre sus objetivos, la protección de soldados heridos en batalla. Más tarde, en 1864, se adoptó la primera Convención de Ginebra, que abordó en una conferencia internacional la situación de los heridos y prisioneros de guerra y el personal médico en el campo de batalla. El documento fue ampliado en 1906, 1929 y 1949 y posee tres protocolos más recientes, dos de 1977 y un tercero de 2005, que complementaron los acuerdos originales. Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 fueron otra muestra de deseo por la paz y la estabilidad internacional, donde se privilegiaron el diálogo, la cooperación y la mediación ante las disputas entre los Estados y, para el caso de que los enfrentamientos se volviesen inevitables, se dispuso la regulación del uso de armamento.

Tras el impacto de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a las potencias europeas en un prolongado conflicto que arrojó más de veinte millones de muertos, los acuerdos del sistema de Versalles, firmados entre 1919 y 1920, trataron de establecer un nuevo orden para Europa. En una nueva búsqueda para evitar conflictos armados, se creó, a propuesta del presidente estadounidense Woodrow Wilson, la Sociedad de las Naciones, una entidad intergubernamental que promovía el desarme y la resolución de disputas a través de la negociación. La dificultad en el proceso de toma de decisiones, la exclusión voluntaria o involuntaria de ciertos países con capacidad militar relevante y la falta de influencia necesaria para resolver los diferentes conflictos que se le presentaron, como la guerra de Chaco (1932-1935), la invasión italiana a Etiopía (1935-1936) o el rearme alemán estrictamente prohibido por el Tratado de Versalles, fueron los antecedentes que caracterizaron su incapacidad de hacer frente al espíritu con el que había sido creada. Finalmente, la Sociedad de las Naciones fue incapaz de evitar un nuevo conflicto global: la Segunda Guerra Mundial.

Después de ella, la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (onu), en la Conferencia de San Francisco de 1945, implicó un nuevo empuje a la búsqueda de una entidad que promoviera, a nivel internacional, la formación de consensos a través del diálogo y la intervención organizada en conflictos armados entre Estados. Su estructura contaba entre sus órganos principales a la Asamblea General, donde estarían representados todos los Estados en igualdad de condiciones, y el Consejo de Seguridad, un foro dedicado especialmente a los conflictos internacionales, donde el voto positivo o al menos la abstención de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial sería imprescindible para tomar decisiones. Esos miembros permanentes con poder de veto eran los Estados Unidos, la República de China (Taiwán), la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido. Junto a esta nueva Pentarquía, había otros diez miembros no permanentes, elegidos con un mandato de dos años y siguiendo criterios geográficos. En 1971, la República Popular China reemplazó al gobierno de Taipéi y la Federación Rusa fue declarada sucesora de la banca de la Unión Soviética en 1991. El Consejo de Seguridad se convirtió en el principal responsable de llevar adelante misiones de imposición de la paz (peace enforcement) y de mantenimiento de paz (peacekeeping), conformadas por fuerzas multinacionales. Mientras que las primeras se enfocan en el uso de fuerzas militares para imponer un cese al fuego o resolver un conflicto habitualmente sin el consenso de al menos una de las partes, las segundas se proponen colaborar en la resolución de un conflicto con el acuerdo de los involucrados, habitualmente sirviendo como tropas de patrulla o separación.

También es importante destacar el rol que otro órgano de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, un tribunal de quince miembros de diferentes nacionalidades, ha tenido en la resolución pacífica de controversias entre los Estados que se someten voluntariamente a sus resoluciones. Asimismo, hay otras entidades vinculadas a la onu, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), que intervienen activamente para aliviar la carga humanitaria generada por los conflictos armados. En resumen, aunque cuestionada por sus errores y las atribuciones que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad poseen por encima de los demás países, las Naciones Unidas subsisten hasta hoy como el único espacio que reúne a todos los Estados con reconocimiento internacional.

El mundo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por la llamada “Guerra Fría”, caracterizada por la tensión existente entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el contexto de una posible destrucción mutua asegurada, ya que ambas contaban con armas de destrucción masiva, era lógico pensar que podrían generar, junto a los países alineados con ellos (“bloques”), organizaciones regionales enfocadas en la coordinación militar a gran escala. De este modo, Estados Unidos, Canadá y sus aliados de Europa Occidental dieron origen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan) en 1949, y la Unión Soviética y los países comunistas de Europa del Este fundaron el Pacto de Varsovia en 1955. Estados Unidos y la Unión Soviética, sin enfrentarse directamente, tuvieron una activa participación en los conflictos internacionales que tuvieron lugar en este período: los enfrentamientos por Cachemira, las guerras árabe-israelíes, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba, la guerra de Vietnam, la participación estadounidense en los golpes militares en Latinoamérica, la guerra civil en el Líbano, la guerra de Malvinas, la guerra entre Irán e Irak y la invasión soviética a Afganistán, entre otros.

La segunda mitad de la década de 1980 estuvo marcada por la decadencia soviética y distensión con los Estados Unidos. El presidente Mijaíl Gorbachov implementó una serie de reformas políticas (glasnost) y económicas (perestroika) que motivaron el cambio en toda Europa Oriental. En 1989 cayó el muro que dividía Berlín, lo que abrió la puerta a la reunificación alemana; además, un contexto de huelga general y protestas derivaron en la salida del Partido Comunista del poder en Checoslovaquia. En 1990 se realizaron elecciones libres en Polonia y Hungría: en ambos casos, el Partido Comunista fue derrotado. El Bloque del Este se había desmoronado, y el Pacto de Varsovia se disolvió meses más tarde. Moscú reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania en septiembre de 1991, y en diciembre se declaró disuelta.

La última década del siglo xx, caracterizada por la preeminencia de los Estados Unidos en la política internacional, no estuvo carente de conflictos. En noviembre de 1990, el presidente iraquí Saddam Hussein (1937-2006) se había negado a acatar la resolución 678 del Consejo de Seguridad, que exigía el retiro de sus tropas del territorio kuwaití, que había sido anexado por la fuerza en agosto. En enero de 1991, el gobierno de Washington dirigió una operación autorizada por Naciones Unidas que expulsó al ejército invasor, de la que participó la Armada Argentina. Por otra parte, también se consolidó el proceso de paz árabe-israelí, que había comenzado en 1978 tras la firma de los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel en una conferencia auspiciada por el presidente estadounidense Jimmy Carter. En 1993, israelíes y palestinos pactaron el Acuerdo de Oslo bajo el criterio de “paz por territorios”, nuevamente bajo el patrocinio de un líder de la Casa Blanca: Bill Clinton.

Por otra parte, la disolución de la Unión Soviética fue un importante antecedente al colapso de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que desató una serie de guerras étnico-religiosas en el país, caracterizadas por la participación de guerrillas independentistas. El primer Estado en separarse fue Eslovenia, tras una serie de choques de baja intensidad con las autoridades centrales en 1991. Por su parte, Macedonia del Norte rompió los vínculos con Belgrado pacíficamente ese mismo año. También en 1991 se independizó Croacia, tras hacer frente a las tensiones con la población serbia que vivía allí y deseaba permanecer unida a Yugoslavia (1991-1995). Una situación similar con la minorías serbia y croata se desarrolló en la guerra de Bosnia (1992-1995), donde el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (tpiy) reconoció que en la localidad de Srebrenica fuerzas paramilitares serbias cometieron genocidio contra la población bosnia del lugar. Entre 1998 y 1999, se desarrollaron combates entre los serbios y la población albano-kosovar residente en el sur del país, que exigía la independencia de su provincia. La intervención unilateral de la otan, favorable al Ejército de Liberación de Kosovo, fue decisiva para garantizar la salida de las tropas del gobierno de Belgrado. Un estatuto de autonomía para Kosovo, junto con el despliegue de una misión de las Naciones Unidas, fue aprobado por la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad. En 1999, el presidente yugoslavo Slobodan Milošević fue acusado de crímenes de guerra, pero murió antes del veredicto del tpiy.

África se caracterizó por la inestabilidad política que desató problemas de convivencia entre las diferentes etnias y llevó al desarrollo de múltiples guerras civiles a lo largo del continente. El conflicto entre tutsis y hutus en Ruanda (1990-1994) y Burundi (1993-2005) rápidamente se expandió a la República Democrática del Congo (1997-2004), que había terminado su propia guerra civil (1996-1997) con la intervención de Uganda. De forma similar, en Liberia, el enfrentamiento entre los krahn y una alianza compuesta por los dan y los mano, originarios del norte, empujó a una guerra civil intermitente que se extendió por más de una década (1989-1997, 1998, 1999-2003) e influyó en el conflicto de Sierra Leona (1991-2002). Somalia, en medio de una guerra entre clanes que se sostiene hasta la actualidad e incluye al territorio secesionista de Somalilandia al norte, fue testigo del escaso éxito de las operaciones humanitarias unosom i y ii y de la fuerza de intervención unitaf, amparadas en resoluciones de las Naciones Unidas y la última de ellas liderada por el gobierno de Washington. La salida de las tropas de la onu significó el advenimiento de una era de cooperación con otros organismos regionales, como la Unión Africana, que comenzaron a involucrarse en el conflicto buscando su resolución.

En el siglo xxi, la guerra convencional, que incluía la presencia de profesionales disciplinados y uniformados que actuaban en nombre de los Estados, ha dado paso en el centro de la escena a formas de conflicto que, aunque no son estrictamente nuevas, cobran una renovada importancia. Desde la aparición de actores no estatales que han privatizado los conflictos hasta la creciente centralidad de los civiles como foco de la violencia, en particular del terrorismo, pasando por el uso de tecnologías de la información y comunicación como “municiones” de la nueva guerra, los conflictos no convencionales son cada vez más numerosos.

A continuación, en este capítulo presentamos diferentes conflictos internacionales que resultan de particular importancia dadas sus características únicas y actuales:

  1. La guerra de Afganistán, una de las heridas abiertas más importantes del siglo xxi y consecuencia directa del ataque terrorista a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.
  2. El embargo a Cuba por parte de los Estados Unidos, un conflicto que, aunque nunca alcanzó dimensiones que permitan hablar de un conflicto armado, demuestra que la presión internacional no siempre se ejerce por medios militares.
  3. El conflicto árabe-israelí, que hunde sus raíces en disputas que emergieron al menos en el siglo xix y se proyectan en la actualidad con una renovada fuerza, por lo que se vuelve prácticamente imposible alcanzar una solución.
  4. Los conflictos en los Grandes Lagos de África, que muestran, en diferentes capas, cómo pueden interrelacionarse factores étnicos, confesionales e históricos para dar origen a una sucesión de conflictos vinculados.
  5. La guerra de Siria, que sirve de ejemplo para observar tanto el impacto particular de un suceso regional, como la mutación de los conflictos prolongados y su proceso de derrame a la región en la que están insertos.
  6. Los conflictos en el Sahel, que permiten analizar la forma en la que el yihadismo se aprovecha de situaciones de inestabilidad para desarrollar su potencial, que involucra no solo financiamiento externo, sino también el uso de una “marca” internacional.
  7. La situación en el mar de la China Meridional, que, aunque todavía no ha eclosionado en un conflicto abierto, sostiene rasgos que permiten afirmar que, de no resultar exitosas las intercesiones diplomáticas, la situación podría escalar.

3. La guerra de Afganistán

En 1989, el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán[2] implicó el debilitamiento del presidente Mohammad Najibullah, que comenzó una guerra abierta contra los muyahidines, grupos islamistas armados entre los que se contaban numerosos árabes, con relativa autonomía y que, con el respaldo de Estados Unidos, habían combatido la ocupación de su territorio durante la década de los ochenta. Aunque Najibullah aceptó renunciar y entregar el poder a un grupo de representantes de las facciones de los muyahidines, signatarios del Acuerdo de Peshawar (1992) auspiciado por Pakistán, otros sectores del movimiento islamista desconocieron el tratado y decidieron marchar sobre Kabul, lo que dio origen a un nuevo conflicto entre los diversos bandos. Mientras tanto, el gobierno interino surgido en Peshawar proclamó un Estado islámico y meses más tarde eligió a Burhanuddin Rabbani como presidente.

En 1994 emergió con fuerza un nuevo movimiento, los talibanes (“estudiantes”)[3], con raíces en el sunismo del subcontinente indio y compuesto, fundamentalmente, por afganos, y le dio un tono más nacionalista al movimiento. Sus miembros pertenecían a comunidades rurales y, en lugar de recibir educación formal, habían sido instruidos en madrasas, escuelas habitualmente conservadoras, anexas a las mezquitas, donde se enseñaba la memorización del Corán y los preceptos islámicos. Su líder, Mohammad Omar, era hijo de unos agricultores pobres del sur del país. Por entonces pasó a ser conocido como mulá o “señor”, en un sentido reverencial, lo que daba a entender su condición de maestro religioso. Aunque la mayoría de los talibanes habían luchado junto a los muyahidines contra la ocupación soviética, preferían no usar ese nombre para diferenciarse de los que ahora eran sus enemigos. Los talibanes tenían una visión nacionalista, diferenciada de una visión de difusión internacional del islam que habían promovido los muyahidines en su momento. Tras una sucesión de aplastantes victorias militares, Omar reunió a varios miles de clérigos en las afueras de Kandahar (1996). La asamblea proclamó el Emirato Islámico de Afganistán y otorgó a Omar el título de “príncipe de los creyentes”. Este, con el apoyo de Pakistán, tras engrosar sus tropas con los desertores de los muyahidines, entre los que se encontraba Osama bin Laden y sus seguidores agrupados en Al-Qaeda, avanzó sobre Kabul meses más tarde, para imponer allí una visión severamente rigorista de la ley islámica, que incluía amplia censura en los medios de comunicación, la adopción de un código de vestimenta y la supresión de actividades de esparcimiento. Asimismo, las mujeres fueron apartadas de las escuelas y hospitales y expulsadas de la administración pública, en lo que algunos consideran fue un auténtico apartheid de género. Najibullah fue secuestrado de las oficinas de Naciones Unidas, donde se había refugiado, para ser torturado y asesinado horas más tarde.

En 1998, Estados Unidos exigió a Omar la extradición de Osama bin Laden, a quien culpaba de las explosiones en sus embajadas en Dar es-Salam y Nairobi. Ante la negativa, Washington procedió a bombardear el sur del país. Esta situación fortaleció la posición de Osama bin Laden, que comenzó a dialogar con la Alianza del Norte, un agrupamiento de tropas irregulares que reunía a los muyahidines que habían escapado a la persecución de los talibanes. Mientras tanto, Omar recibió críticas del ala más nacionalista de sus partidarios tras las incursiones estadounidenses. El 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda secuestró cuatro aviones de pasajeros. Dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York y otro contra el Pentágono en Washington, mientras que el cuarto fue derribado. Los ataques derivaron en casi tres mil muertos y decenas de miles de heridos.

El 12 de septiembre, en su resolución 1.368, el Consejo de Seguridad reconoció “el derecho a la defensa individual o colectiva” de los países miembro en caso de un ataque, autorizando implícitamente a Estados Unidos a tomar medidas contra Al-Qaeda. El presidente de los Estados Unidos George W. Bush exigió a Kabul la inmediata entrega de Osama bin Laden. La posibilidad de un conflicto armado radicalizó a los talibanes y los acercó a Al-Qaeda, lo cual creó una justificación para una yihad[4] perpetua y a gran escala. El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, se alejó de Omar y autorizó a los aviones de Estados Unidos a surcar libremente los cielos del país, aunque esto generó la oposición de algunos sectores internos, en particular los de la frontera norte afgano-pakistaní. El 7 de octubre, Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron la operación “Libertad Duradera”, invadiendo el territorio afgano con el respaldo de amplios sectores de la Liga del Norte. Para diciembre, las principales ciudades del país habían sido ocupadas y los talibanes estaban prácticamente derrotados.

En diciembre de 2001, la onu convocó en Bonn (Alemania) a una conferencia en la que participaron veinticinco representantes de distintos sectores de la población afgana. Los presentes firmaron un acuerdo y se dividieron las diferentes oficinas del gobierno, y manifestaron su beneplácito para el establecimiento de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (fias), una misión autorizada por Naciones Unidas y compuesta por soldados de la otan para asistir a las nuevas autoridades en la imposición de su autoridad, ocuparse del entrenamiento del ejército y encarar la lucha contra la insurgencia. Poco después de la conferencia de Bonn, renunció Rabbani y Hamid Karzai asumió en su lugar, primero como titular de la Autoridad de Transición (2001-2002), luego como presidente interino (2002-2004), y finalmente como presidente constitucional (2004-2009, 2009-2014).

Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los talibanes surgieron nuevamente, fundamentalmente debido a una serie de fallas en el Estado central. En primer lugar, el fias no llevaba un uniforme distintivo de Naciones Unidas. Estaba, más bien, asociado a la protección del gobierno de Karzai, rechazado por los sectores excluidos de la administración central. Cuando el fias se involucró en el proceso de reconstrucción del país, comenzaron a evidenciarse casos de corrupción que asociaban a las tropas extranjeras con amigos y familiares de los grupos en el poder. De este modo, el organismo de la otan resultó una semblanza al rol que jugaron los soviéticos durante la presidencia de Najibullah, en la década de los ochenta: una fuerza de ocupación extranjera. En segundo lugar, la relación entre las autoridades nacionales y provinciales y las jirgas (asambleas tribales) eran tirantes. En general, los afganos tenían preferencia por resolver sus asuntos junto a los ancianos del pueblo en lugar de recurrir a la administración gubernamental. Además, a pesar de que las autoridades de Kabul desmantelaron las medidas de segregación de las mujeres y abolieron las leyes religiosas más extremas, muchas de ellas siguieron siendo aplicadas en aldeas remotas y lejanas a la mano del Estado. En tercer lugar, el éxito de las organizaciones promotoras de la yihad en Europa, África y Medio Oriente aumentó la popularidad de los talibanes; en muchos casos, esas organizaciones se mostraron dispuestas a cooperar con ellos para lograr avances, organizando atentados en las principales ciudades y recuperando el control de regiones ubicadas en los márgenes.

Actualmente, un 30 % de los territorios rurales de Afganistán, fundamentalmente aquellos junto a la frontera con Pakistán, están bajo el dominio de los talibanes. Mohammad Omar murió en 2013 de tuberculosis. Su sucesor, Akhtar Mansour, fue asesinado en un ataque de drones perpetrado por Estados Unidos en 2016. Desde entonces, Haybatullah Akhundzada está a cargo del movimiento. Mientras tanto, Ashraf Ghani Ahmadzai, quien fuera ministro de Economía de Karzai, fue elegido presidente en 2014 y nuevamente en 2019. En diciembre de 2020, Ghani y los talibanes comenzaron una serie de reuniones en Doha con miras a lograr un acuerdo. En marzo de 2021, el comité volvió a reunirse en Dusambé. En abril, el presidente estadounidense Joe Biden anunció el retiro de las tropas de su país del territorio afgano.

4. El embargo a Cuba

Tras la guerra hispano-americana (1898) y en virtud del Tratado de París de ese año, Estados Unidos se hizo cargo de la administración de la isla bajo la forma de un protectorado hasta 1902 y continuó, luego de ello, dando apoyo militar a las autoridades de ese país. Desde entonces, la relación con las autoridades de La Habana era favorable, dado que la mayoría de las inversiones en Cuba eran realizadas por empresarios estadounidenses y el grueso de sus exportaciones, particularmente azúcar y tabaco, tenían como destino los Estados Unidos. Las empresas estadounidenses también controlaban los servicios públicos, la banca y el juego. Fulgencio Batista, primer presidente constitucional (1940-1944) y luego de facto desde 1952, aumentó la dependencia con Washington. En 1959, una revolución depuso al dictador, que partió al exilio en República Dominicana, e instaló en su lugar un gobierno liderado por los miembros del Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro y del que también formaba parte el médico argentino Ernesto “Che” Guevara, que se convertiría en uno de los actores más importantes del nuevo gobierno. Desde entonces, las relaciones entre ambos Estados comenzaron a deteriorarse rápidamente.

En 1960, Moscú acordó con Cuba la provisión de combustible soviético para sus refinerías. Estas, bajo control de capitales estadounidenses y europeos, se negaron a aceptarlo, y recibieron el respaldo de Washington. Castro dispuso entonces la nacionalización sin compensación del sector energético, lo que resultó en la cancelación, por parte de Estados Unidos, de la compra de azúcar cubano, que fue rápidamente reubicada en el mercado soviético. La Habana respondió con nuevas expropiaciones. Fue entonces cuando Eisenhower dispuso las bases del embargo económico contra la isla, prohibiendo el comercio de todo tipo de bienes, excepto alimentos y medicamentos. En enero de 1961, se rompieron relaciones diplomáticas. En abril, poco después de la asunción de John Kennedy en la presidencia de Estados Unidos, un grupo de exiliados cubanos, con el apoyo velado del gobierno de Washington, organizó una fallida invasión a la bahía de Cochinos. Las tropas cubanas rechazaron rápidamente el ataque.

En octubre de 1962, la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (cia) detectó en la isla una serie de instalaciones soviéticas de misiles balísticos de rango medio (R-12 y R-14), capaces de transportar ojivas nucleares. El líder soviético Nikita Khruschev anunció que los dispositivos respondían a una estrategia únicamente defensiva; además, internamente, desde Moscú confiaban en que Kennedy aceptaría la situación con tal de evitar una guerra. Mientras tanto, el presidente estadounidense era presionado por las Fuerzas Armadas para realizar una invasión a gran escala. Aunque aceptó el bloqueo marítimo de la isla, se mostró cauto de organizar un desembarco. A instancias del secretario de Defensa, Robert McNamara, optó por llevar adelante conversaciones secretas. El presidente envió a su hermano Robert Kennedy, fiscal general, a negociar personalmente con el embajador soviético en Washington, Anatoly Dobrynin. Finalmente, Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo, se comprometió a través de una declaración pública a no invadir Cuba y retiró los misiles Jupiter que tenía desplegados en Turquía como parte de un acuerdo con la otan. La Unión Soviética, por su parte, aceptó desmantelar las bases y retirar paulatinamente a sus científicos (tal era el nombre que daba a los asesores militares) de Cuba. A pesar de la distensión generada tras la crisis de los misiles, Moscú mantuvo su condición hegemónica sobre la isla al menos hasta la caída del muro de Berlín. La Habana se comprometió con los procesos revolucionarios en América Latina y África (Nicaragua, Chile, Congo, Angola, etc.) a través del entrenamiento de guerrillas y la provisión de soldados. Eso convirtió al país en un asunto de seguridad para los Estados Unidos, que logró su expulsión de la Organización de Estados Americanos (oea).

El cuadro se agravó cuando, en la década de los ochenta, la Fundación Nacional Cubano-Americana (fnca), que agrupaba a exiliados cubanos conservadores residentes en Estados Unidos, se organizó con mayor eficiencia bajo el liderazgo de Jorge Mas Canosa. El poder económico, los objetivos claros y la radicación en Florida y Nueva Jersey, estados clave para el proceso electoral, le dieron una suerte de poder de veto sobre la política exterior estadounidense hacia Cuba. Ello en parte explica que, pese a los intentos de revinculación realizados por los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter, sus sucesores, Ronald Reagan y George H. Bush, hayan optado por una política más crítica hacia La Habana. La nueva política aperturista encarada por Moscú empujó a que el presidente soviético Mijaíl Gorbachov le pidiese a Fidel Castro en 1989 que se abstuviera de ordenar intervenciones en América Latina y África como un gesto de normalización de relaciones con Estados Unidos. Moscú comenzaba a alejarse de su aliado tras casi treinta años.

Hacia 1991, frente al desmoronamiento de la Unión Soviética, George H. Bush se convirtió en el primer presidente estadounidense en exigir un cambio de régimen en la isla bajo las consignas “libertad y democracia”. Esta postura fue reforzada por la Ley Torricelli[5] sobre los derechos humanos en Cuba, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1992. Cuba se debilitaba: entre 1989 y 1993, la economía se había contraído un 40 % fruto del cese de las exportaciones al bloque del este, que comprendían el 85 % del total; también habían finalizado los subsidios soviéticos, que rondaban los cinco mil millones de dólares anuales. A partir de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado anualmente en contra del embargo; también se pronunció en contra de la Unión Europea, partidaria de llevar el asunto a un tribunal de la Organización Mundial del Comercio (omc). Sin embargo, en 1996, la situación se agravó aún más con la Ley Helms-Burton, que reducía el margen de maniobra del presidente de los Estados Unidos en sus relaciones con Cuba, convirtiendo el embargo en competencia del Congreso.

A pesar de que la isla ya no representaba una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, George W. Bush mantuvo una rígida postura anticastrista a lo largo de sus dos mandatos como presidente (2001-2005, 2005-2009). La situación se agravó aún más con el alineamiento entre Cuba y Venezuela. La proximidad del régimen de Hugo Chávez, que presentaba una retórica hostil contra Washington, alejó las posibilidades de un cambio en las relaciones con La Habana. El 18 de febrero de 2008, Fidel Castro, gravemente enfermo, renunció como presidente de Cuba. Fue sucedido por su hermano Raúl.

En 2009, asumió en Estados Unidos Barack Obama, quien, tras cincuenta años de políticas de distanciamiento, parecía dispuesto a cambiar las relaciones con la isla, y comenzó el proceso que se conoce como “deshielo”. Poco después de hacerse cargo de la Casa Blanca, permitió el turismo entre ambos países, reforzó los lazos culturales y autorizó a empresas de telecomunicaciones de origen estadounidense a prestar servicios en Cuba. Ese mismo año, habilitó el regreso de Cuba a la oea, que el gobierno de La Habana rechazó, pero que significó un gesto de enorme importancia para sus autoridades. En 2014, tras una gestión de buenos oficios encarada por el papa Francisco, Obama y Castro anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba; asimismo, Cuba fue retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado poco tiempo después. Finalmente, en 2016, Obama visitó la isla y se reunió con Castro. Aunque, en esencia, el embargo no cambió, durante la presidencia de Obama se llevaron adelante una serie de “actualizaciones” que permitieron su relativa flexibilización.

Donald Trump, sucesor de Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos, puso en pausa el proceso de normalización, devolviendo al país a la lista de patrocinadores del terrorismo, de forma que anulaba algunos de los acuerdos previamente firmados usando una retórica similar a la de la Guerra Fría. En 2019, Miguel Díaz Canel reemplazó a Raúl Castro como presidente, en un gesto que simbolizó la llegada de una nueva generación de cubanos al poder. Finalmente, en 2021, el regreso de los demócratas a la Casa Blanca de la mano de Joe Biden implica una revisión de las medidas trumpistas, por lo que es posible considerar al periodo 2017-2021 como una pausa en el proceso de normalización.

5. El conflicto árabe-israelí

Pocos días después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estambul firmó con Berlín un acuerdo que implicó el ingreso del Imperio otomano en el conflicto. El Reino Unido se había propuesto intervenir para debilitar la posición otomana, aunque sin afectar a sus tropas, ocupadas en el teatro europeo. Para ello, promovió, a través de la provisión de fondos y datos de inteligencia, una suerte de revolución en las provincias árabes dominadas por el sultán Mehmed v. El principal interlocutor de los británicos era Hussein bin Ali, emir de La Meca, un refinado líder militar que logró reunir a más de cincuenta mil soldados, el doble de los que el Imperio otomano tenía desplegados en la región. El proyecto de Hussein y sus partidarios era establecer un gran Estado árabe, que incluyera todos los territorios árabes ocupados desde Adén hasta Damasco. Desde Londres se habían comprometido a colaborar para que fuera realidad. La conscripción obligatoria de los varones árabes al frente de batalla (safar barlik) y el secuestro de los cultivos de trigo y cebada, ambas medidas promovidas por Estambul, aumentaron la popularidad de Hussein y su ejército, que se rebeló con éxito contra las fuerzas otomanas en 1916, en lo que se conoció como “Gran Revuelta Árabe”.

Al mismo tiempo, en 1917, Arthur Balfour, canciller del Reino Unido, a través de la Declaración que lleva su nombre, se comprometió por escrito con el barón Walter Rothschild, miembro de la Cámara de los Lores y de la Federación Sionista de ese país, a la creación de un “hogar nacional” en Palestina. El sionismo era un movimiento político-religioso que aspiraba a la creación de un Estado confesional judío en Tierra Santa. A lo largo del siglo xix, en el contexto de la decadencia otomana, Rusia y Francia habían impuesto a Estambul una serie de acuerdos que les permitían ejercer una suerte de tutelaje sobre ortodoxos y católicos residentes en el Imperio, y de esa manera intervenir activamente en su política a través de la protección de estas minorías religiosas cristianas frente a un Estado identificado colectivamente con el islam. Londres buscaba, patrocinando a los judíos, poder jugar un rol similar, dado que sus intentos de implantar colonias protestantes en la región habían tenido un resultado moderado.

Ni árabes ni judíos tomaban en cuenta que el Reino Unido tenía también otros proyectos. Conscientes de la próxima desintegración del Imperio otomano, Francia y el Reino Unido habían dividido en 1916 las posesiones de la Sublime Puerta en Medio Oriente a través del Tratado Sykes-Picot, que llevaba el nombre de sus negociadores: sir Mark Sykes y François Georges-Picot. El acuerdo implicaba la reorganización del territorio en diversos sectores, dos asignados a la influencia francesa y británica, otros dos a su control directo bajo la forma de protectorados y un quinto que consagraba a una parte de Palestina, incluyendo Jerusalén, como “territorio internacional”. Aunque el tratado sufrió modificaciones, su espíritu sobrevivió. Cuando terminó la guerra, independientemente de las aspiraciones de los pueblos del lugar y las promesas realizadas, Francia consagró su dominio sobre Siria y Líbano y el Reino Unido hizo lo propio en Palestina (hoy Israel y Palestina), Transjordania (hoy Jordania) y Mesopotamia (actualmente Irak). Estas decisiones fueron legitimadas por la Sociedad de las Naciones bajo la figura del “mandato”, donde las potencias tenían prohibida la anexión del territorio confiado, pero podían hacerse cargo de la extracción de recursos y la asignación de la obra pública.

Con la independencia de Irak (1932), Líbano (1943), Siria y Jordania (1946), únicamente quedaba el Mandato de Palestina. A mediados de la década del veinte, judíos y árabes habían comenzado a enfrentarse entre sí y, por separado, contra la autoridad ocupante; asimismo, se había promovido la migración de judíos al territorio, por lo que su número aumentó en varias decenas de miles. Por otra parte, asomaban formas de organización comunitarias más avanzadas: por un lado, la Agencia Judía y, por el otro, el Alto Consejo Árabe. El Reino Unido y los Estados Unidos promovieron, entre 1946 y 1947, los planes “Morrison” y “Bevin”: en sus rasgos generales, preveían la creación de una federación de municipios árabes y judíos con un margen de autonomía, declaraban a Jerusalén “ciudad internacional”, establecían cuotas migratorias para asentarse en el territorio y extendían la administración extranjera por un lustro. Ambos proyectos fueron rechazados por los habitantes del lugar. Finalmente, se encargó el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, en virtud de la recomendación realizada por el Comité Especial creado para tal efecto (unscop), en su resolución 181 aprobó el Plan de Partición en agosto de 1947. La propuesta incluía la creación de dos Estados, uno judío y otro árabe, y Jerusalén como una entidad independiente (corpus separatum), administrada por el Consejo de Administración Fiduciaria, uno de los órganos de Naciones Unidas. Mientras que la Agencia Judía aprobó el plan, el Alto Consejo Árabe lo rechazó, lo que recrudeció los enfrentamientos entre ambos grupos.

En 1948, el Reino Unido retiró sus tropas, Israel declaró su independencia y estalló la primera guerra árabe-israelí, ante la negativa de los árabes de reconocer el Plan de Partición. Algunos miembros de la Liga de Estados Árabes (lea), entre los que se encontraban Irak, Egipto y Transjordania, desplegaron sus tropas en las zonas palestinas dispuestos a dar batalla. La superioridad numérica y organizativa aseguró una contundente victoria de los israelíes, que anexaron la mayoría del territorio asignado a los árabes; la Ribera Occidental quedó en manos de Transjordania, y la Franja de Gaza, bajo control egipcio. Más de setecientos mil palestinos fueron desplazados de sus hogares, en lo que se conoce colectivamente como Al-Nakba (“la catástrofe”). La resolución 194 de la Asamblea General planteó el derecho de retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, tema que hasta la actualidad es disputado por Israel.

En 1956, tras la nacionalización del canal de Suez llevada adelante por el presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser, se inició la segunda guerra árabe-israelí. De capitales británicos y franceses, el canal era territorio neutral bajo protección británica, en virtud de la Convención de Constantinopla (1888). Las escaramuzas entre el ejército egipcio y las fuerzas británicas eran sutiles pero frecuentes. La expropiación forzosa del paso internacional fue acompañada del bloqueo de los estrechos de Tirán, implementado con anterioridad, en lo que constituía el acceso israelí al océano Índico. Además, Nasser prohibió explícitamente el paso de buques israelíes por el canal. Unidos en virtud de un tratado defensivo secreto firmado ese mismo año, el protocolo de Sèvres, los israelíes conquistaron la Franja de Gaza y la península de Sinaí gracias al apoyo aéreo de los británicos y franceses. En lo militar, la operación había sido un éxito, aunque no así en lo político: la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética empujó a que ambas superpotencias rechazaran la intervención armada, en un intento de sumar adeptos entre las naciones árabes e islámicas. El primer ministro británico sir Anthony Eden ofreció un armisticio en noviembre, y en enero renunció. El canciller canadiense, Lester Pearson, sugirió el despliegue de un contingente militar de Naciones Unidas entre Egipto e Israel, en lo que sería la primera misión de mantenimiento de paz de la organización: la Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas (fenu). Las tropas francesas y británicas abandonaron el canal en diciembre de 1956 e Israel hizo lo propio en marzo del año posterior. Egipto, por su parte, permitió la libre circulación de barcos israelíes en los estrechos de Tirán.

En 1967, Nasser ordenó la salida de la fenu, bloqueó nuevamente los estrechos de Tirán y firmó un acuerdo militar con Siria y Jordania. Israel interpretó estos signos como la proximidad de un nuevo enfrentamiento, por lo que su primer ministro Levi Eshkol ordenó el movimiento de sus tropas en lo que se conoce como tercera guerra árabe-israelí (o guerra de los Seis Días, por su corta duración). En lo que fue un ataque anticipatorio fulminante, Israel destruyó casi la totalidad de la Fuerza Aérea Egipcia, anexó la Franja de Gaza, la península de Sinaí, la Ribera Occidental, incluido el este de Jerusalén, y los Altos de Golán, encontrando resistencia únicamente en sus enfrentamientos con el ejército sirio. Tras las incursiones, un millón de árabes quedaron bajo sujeción israelí, y aproximadamente trescientos mil palestinos fueron desplazados de sus hogares. El armisticio se implementó seis días después. El Consejo de Seguridad, en su resolución 242, exigió el retiro de las tropas israelíes de los territorios ocupados y el derecho de los Estados en la región a vivir en paz dentro de sus fronteras reconocidas. Tres meses más tarde, la lea, reunida en la ciudad de Jartum, acordó colectivamente los llamados “tres no”:

  1. no negociar con el Estado de Israel,
  2. no reconocer al Estado de Israel,
  3. no firmar la paz con el Estado de Israel.

Eshkol, por su parte, se mostró partidario de negociar con cada país por separado un acuerdo de paz. Nasser murió sorpresivamente en 1970 y fue reemplazado por Anwar Al-Sadat.

La cuarta guerra árabe-israelí (1973) fue consecuencia directa de la tercera. Tras la vergonzosa derrota de 1967, Egipto clamaba por un ajuste de cuentas. Fue así que, en coordinación con el gobierno sirio, el gobierno de El Cairo cruzó el canal de Suez en dirección hacia el este en el día del Yom Kippur, una festividad judía en la que se practica la oración y el ayuno, tomando a las tropas israelíes por sorpresa. Mientras tanto, la lea promovió que los países miembros de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (opaep) cancelara sus exportaciones de crudo a los socios comerciales de Israel, en lo que se conoce como “primer shock petrolero”. Entre los afectados se contaban los Países Bajos, Japón, Estados Unidos, Portugal, el Reino Unido, Canadá y Sudáfrica. Mientras tanto, el precio del petróleo escaló de tres a doce dólares en pocas semanas. Los árabes lograron rápidos avances, aunque sin derrotar a los israelíes, que estaban sufriendo numerosas bajas. Cuando Al-Sadat acudió a Moscú en busca de ayuda, Washington, que ya proveía armas a Israel, amenazó con involucrarse de lleno en el conflicto. Las superpotencias sugirieron al presidente egipcio que desistiera de su intención para evitar una guerra entre ellas. La resolución 338 del Consejo de Seguridad exigió un cese al fuego, que las partes comenzaron a respetar varios días después. Naciones Unidas desplegó fenu ii en el Sinaí y las Fuerzas de Naciones Unidas de Observación de la Separación (fnuos) en el Golán.

Mientras tanto, en octubre de 1974, la Organización para la Liberación de Palestina (olp), una federación de partidos y grupos armados, era reconocida por la Asamblea General como “representante de los intereses del pueblo palestino” en su resolución 3.210. Fundada en 1964, desde 1969 era dirigida por Yasser Arafat. En 1970, la guerrilla de la olp, que operaba contra objetivos israelíes, tanto militares como civiles, se había trasladado de Jordania al Líbano tras una serie de enfrentamientos con el ejército jordano (“Septiembre Negro”).

En marzo de 1978, Israel organizó una invasión a gran escala en el sur del Líbano (“Operación Litani”), que desde 1975 atravesaba una guerra civil, con el objetivo de debilitar a la guerrilla palestina. La resolución 425 del Consejo de Seguridad exigió la retirada israelí del país y estableció allí la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (fpnul). Aunque las tropas israelíes abandonaron el territorio rápidamente, dejaron la zona que controlaban en manos del Ejército del Sur del Líbano (esl), una milicia local que rechazaba la presencia de la insurgencia palestina.

En 1978, gracias a los buenos oficios del presidente estadounidense Jimmy Carter, Al-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firmaron los Acuerdos de Camp David, que fueron la base del tratado de paz egipcio-israelí de 1979, y además propuso la creación de un Estado palestino “plenamente autónomo” en los territorios ocupados de Gaza y la Ribera Occidental. Asimismo, adhirió al principio “paz por territorios”, que luego sería utilizado en las negociaciones entre Israel y los palestinos. En rechazo por el acuerdo firmado, la lea expulsó a Egipto en 1979, y el país no fue readmitido hasta una década más tarde. En 1981, un grupo de islamistas, liderados por Khalid al-Islambuli, asesinaron al presidente Al-Sadat en rechazo a los acuerdos que firmó con Begin.

En 1982, Israel organizó una nueva invasión a gran escala al Líbano (“Operación Paz para Galilea”), donde todavía persistía la guerra civil, con el objetivo de aniquilar definitivamente la presencia de la guerrilla de la olp en el país vecino y apoyar la candidatura de Bashir Gemayel para la presidencia, partidario de un acuerdo de paz. Gemayel fue asesinado tres semanas después de su elección y reemplazado por su hermano Amin. Dos días más tarde, tropas irregulares invadieron los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila y asesinaron a miles de civiles. Derrotado, Arafat ordenó el traslado de la sede de la olp a Túnez. Mientras la situación se deterioraba nuevamente, el ejército israelí se replegó al sur y creó una franja de ocupación militar del lado libanés de la frontera con Israel (“Zona de Seguridad”).

Para 1991, Estados Unidos estaba en una posición inmejorable en la región. Por un lado, acababa de expulsar a las tropas del presidente iraquí Saddam Hussein de Kuwait, tras armar una coalición amplia con respaldo de las Naciones Unidas. Por otro lado, la Unión Soviética estaba al borde de la extinción. El presidente George H. Bush entendió que era un buen momento para relanzar el diálogo árabe-israelí; además, los palestinos llevaban cuatro años de resistencia civil contra los israelíes. Este movimiento, conocido como intifada (“levantamiento”), consistía en una resistencia descentralizada y multiforme: ausentismo laboral, daños a la propiedad pública, choques con la policía, negativa a pagar impuestos, formación de barricadas, etc. En este contexto, Israel accedió a asistir a la conferencia de paz convocada en Madrid. Además de Israel y los países mediadores, participaron Líbano, Siria, Jordania y una delegación “asesora” integrada por palestinos de la olp. Era la primera vez que israelíes y palestinos dialogaban desde 1948. En 1992 tuvo lugar una nueva cumbre en Moscú, de la cual Líbano y Siria declinaron su participación.

En 1993, Arafat firmó en la Casa Blanca, bajo los auspicios de Bill Clinton, el histórico acuerdo de Oslo con el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. El tratado reconocía a la olp como interlocutora válida del pueblo palestino y esta renunciaba a la lucha armada contra los israelíes; se consagraba el principio de “paz por territorios” y se organizaba el retiro del ejército israelí de Gaza y la Ribera Occidental. Asimismo, se establecían estructuras de gobierno palestinas[6] bajo el nombre de “Autoridad Nacional Palestina” (anp), que se harían cargo de los territorios que Israel iba a desocupar. En 1994, nuevamente gracias a las gestiones de Estados Unidos, el rey Hussein de Jordania firmó con Rabin el acuerdo de Wadi Araba, que ponía fin al estado de guerra entre ambos países. En 1995, en un impulso al proceso de paz, se incorporaron nuevas disposiciones al acuerdo de Oslo. Ese mismo año, Yigal Amir, un judío opositor a los tratados, asesinó a Rabin. En 1998, un memorándum complementario firmado en Wye Plantation destacó los logros de Oslo i y ii. En 2000, Israel desmanteló la “Zona de Seguridad” que tenía en el sur del Líbano. En 2002, la lea propuso la “Iniciativa Árabe”, que a Israel le resultó inaceptable porque implicaba la salida de la totalidad de sus fuerzas de Gaza y la Ribera Occidental. En 2003, el Cuarteto, un grupo compuesto por las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, propuso un nuevo plan de paz, la “Hoja de Ruta”, pero Arafat, que había sido designado presidente de la anp en 1994, se mostró incapaz de detener el ciclo de violencia. El primer ministro israelí Ariel Sharon tampoco se mostró favorable a suspender la construcción de asentamientos. En 2004, Arafat falleció y fue sucedido provisionalmente por su primer ministro, Mahmoud Abbas, del partido Fatah, que fue electo presidente en 2005.

En 2006, estalló la violencia entre grupos palestinos tras la victoria de Hamas en las elecciones legislativas, lo que obligó a una cohabitación entre un presidente y un primer ministro de diferentes partidos. La histórica rivalidad entre ambos, sumada a las diferentes visiones que tenían sobre el proceso de paz y los vínculos con los principales actores de la región, llevaron a un enfrentamiento abierto que culminó en 2007 con Hamas gobernando Gaza y Fatah, la Ribera Occidental. Desde entonces no se han vuelto a realizar elecciones. El gobierno de Abbas encaró negociaciones directas con los israelíes en tres ocasiones (2007-2008, 2010-2011 y 2013-2014), sin éxito.

En enero de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump presentó, junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su propuesta para revitalizar el proceso de paz, llamado “Acuerdo del Siglo”. El acuerdo suponía, además, la entrega del valle del Jordán a los israelíes a cambio de territorios en el Néguev, conectados por corredores con la Franja de Gaza. Con ello, se otorgarían también importantes créditos a bajas tasas de interés para generar un boom de obra pública a gran escala en los territorios palestinos. La ciudad de Jerusalén quedaría bajo soberanía israelí, aunque se les permitiría a los palestinos la construcción de una nueva capital con el nombre Al-Quds. El acuerdo cambiaría el paradigma “paz por territorios” por uno nuevo, “paz por prosperidad”. La propuesta fue rechazada de plano por la dirigencia palestina. En septiembre, a instancias de la mediación estadounidense, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalizaron sus relaciones con Israel, anunciando la apertura de embajadas en Tel Aviv. En octubre se sumó Sudán y, dos meses más tarde, Marruecos también anunció la celebración de un tratado de paz con los israelíes. Este proceso de reconocimiento por fuera de los consensos en la lea preocupó a los partidos palestinos, quienes, tras un proceso de diálogo, acordaron convocar a elecciones generales entre mayo y julio de 2021.

6. Los conflictos en los Grandes Lagos

En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, Bélgica invadió los actuales territorios de Ruanda y Burundi, por entonces bajo administración alemana, y la Sociedad de las Naciones le otorgó en 1922 el mandato sobre el territorio. Naciones Unidas legitimó este estatus, que se mantuvo hasta 1962, cuando se proclamó la independencia de esos Estados africanos bajo la forma de una república, tras un referéndum organizado el año anterior. De ese modo, quedó abolida la centenaria monarquía ruandesa, encabezada por los tutsis –tribu minoritaria pero dominante–, en la que los alemanes, primero, y los belgas, después, se habían apoyado para gobernar. Los hutus, que eran mayoría, alcanzaron la presidencia de Ruanda a través de Grégoire Kayibanda. En 1973, un golpe de Estado encabezado por Juvénal Habyarimana, el ministro de Defensa, promovió el establecimiento de “cuotas” tribales en los diferentes órganos de la administración pública, y fortaleció la segregación preexistente entre ambos grupos, lo que obligó a la identificación entre las diversas comunidades a efectos de su organización política.

Organizados en campos de desplazados en Uganda y en alianza con el Movimiento Nacional de la Resistencia (mnr) de Yoweri Museveni, un grupo insurgente ugandés, los tutsis ruandeses que habían huido de su país tras el final de la monarquía comenzaron a recibir instrucción militar. En el sur de ese país, se hicieron particularmente fuertes, obteniendo el apoyo de las comunidades rurales. En 1986, el mnr tomó Kampala, y Museveni formó gobierno, aunque sin poder derrotar a la guerrilla de Joseph Kony, que promovía un discurso religioso y estaba fuertemente arraigada en el norte del país. En 1990, los tutsis se separaron del mnr para formar el Frente Patriótico Ruandés (fpr), liderado por Fred Rwigyema y Paul Kagame.

Desde sus posiciones en Uganda, el fpr invadió Ruanda y dio comienzo a la guerra civil. Rwigyema murió el día después de la incursión, y Kagame llegó desde Estados Unidos, donde estaba recibiendo entrenamiento militar, para hacerse cargo de las tropas. Francia y Zaire[7] apoyaron a Habyarimana, que respondió masacrando más civiles tutsis y generando nuevos desplazados, lo que aumentó las filas del fpr. En 1993, tras más de un año de negociaciones, se firmó el Tratado de Arusha, que incluía el regreso de los tutsis que se habían refugiado en diferentes países de la región; además, el pacto preveía la inclusión del fpr en el gobierno. Este partido, mientras tanto, mantenía su control sobre el territorio que su guerrilla había ocupado y del cual los hutus ya habían huido. Los acuerdos generaron una reacción negativa por parte del sector más duro del presidente Habyarimana, que se organizó en torno a la ideología supremacista del “poder hutu”. La juventud de este movimiento racista comenzó a asolar las aldeas tutsis, generando destrozos y asesinatos. Ante el malestar en su partido, Habyarimana retrasó la aplicación del tratado; sin embargo, este gesto no fue suficiente para los partidarios del “poder hutu”. Mientras tanto, la onu desplegó la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Ruanda (unamir) para colaborar en la pacificación de los territorios controlados por el gobierno ruandés y el fpr.

En octubre de 1993, el presidente hutu de Burundi Melchior Ndadaye, el primero electo en el país según principios democráticos, fue asesinado por militares de origen tutsi que intentaron realizar un golpe de Estado. Los partidos hutus reaccionaron violentamente contra la población tutsi, aunque el Frente para la Democracia en Burundi (frodebu) de Ndadaye, junto a sus aliados, lograron mantener un orden relativo: Sylvie Kinigi, la primera ministra, asumió interinamente la presidencia y convocó a elecciones, donde resultó electo el ministro de Agricultura de Ndadaye, Cyprien Ntaryamira. En abril, un grupo de desconocidos disparó un misil al avión del presidente Habyarimana, próximo a aterrizar en Kigali, lo que le causó la muerte a él y a Ntaryamira, que viajaba en el mismo avión. Este trágico hecho derivó en la “exportación” de la ideología del “poder hutu” hacia Burundi para ser adoptado como posicionamiento mayoritario de las milicias hutus; además, generó una rebelión en Ruanda contra los acuerdos. Tras la muerte del presidente en un crimen nunca esclarecido, Ruanda vivió tres meses de caos, donde grupos hutus armados masacraron a más de 800 mil personas, principalmente tutsis, y también hutus contrarios a su pensamiento, en lo que fue el genocidio más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Kagame ordenó movilizar a las tropas y al poco tiempo conquistó el resto del país. Instaló a Pasteur Bizimungu, un hutu, como presidente ceremonial y reservó para él los cargos de vicepresidente, ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las tropas francesas en Kigali y la unamir, por su parte, se mostraron muy débiles para actuar, y Zaire ayudó a escapar a los cuadros militares y políticos que abandonaron la capital hacia su territorio.

En Burundi, el vacío que dejó la muerte de Ntaryamira en abril de 1994 derivó en nuevos conflictos entre tutsis y hutus. Una fracción del frodebu, llamada Fuerzas para la Defensa de la Democracia (fdd), se alió con el xenófobo Partido de la Liberación del Pueblo Hutu (palipehutu) para llegar al poder. Los hutus rebeldes se enfrentaron con el ejército burundés, controlado por los oficiales tutsis, con escaso éxito. Estos avanzaron sobre las aldeas hutus, deteniendo, asesinando y estableciendo campos de concentración. El presidente Sylvestre Ntibantunganya, un hutu del frodebu, parecía incapaz de resolver la situación. Finalmente, los tutsis lograron anular el accionar del fdd y el palipehutu se replegó a Tanzania. En cuestión de meses, en julio de 1996, el oficial tutsi Pierre Buyoya, amparado en el partido nacionalista Unión para el Progreso Nacional (uprona), dio un golpe de Estado y se proclamó presidente.

En 1996 se dio inicio a la primera guerra del Congo cuando Kagame decidió que era momento de acabar con la insurgencia hutu que se había refugiado en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur (Zaire), infiltrando tropas del ejército ruandés a través de la frontera con Burundi, que, a través de Buyoya, apoyaba la iniciativa. Para entonces, había casi un millón y medio de hutus en la frontera de Zaire con Ruanda, Burundi y Uganda. Desde los campamentos, los partidarios del “poder hutu” realizaban raids en las aldeas ruandesas. Al mismo tiempo, eran un factor de balance en las provincias del este zaireño, generalmente reacias al control de la capital. El ejército local, al mismo tiempo, se mostraba incapaz de controlarlos: frecuentemente mal pagos, los soldados desertaban de las filas nacionales para servir a los diferentes grupos paramilitares de la zona que tenían los recursos económicos para abonar sus servicios. Asimismo, el gobierno de Kinshasa, que Mobutu Sesé-Seko lideraba desde 1965, se había mostrado reacio a las reformas democráticas que el presidente francés François Mitterrand le había exigido en la cumbre de Mauricio (1993); además, no logró exhibir ningún éxito en el control de la situación en la región de los Grandes Lagos. Alegando cuestiones de seguridad interior, Ruanda y Burundi dispusieron la invasión a las provincias de Kivu, seguidos por Uganda, quienes, dada la relación entre Museveni y el FPR, resolvieron avanzar sobre la región de Ituri, también en Zaire. Museveni y Kagame idearon, poco después, la formación de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (afdl), una organización paraguas anti-Mobutu que reunió bajo sus alas la oposición interna al longevo líder. La conducción de la afdl quedaría en manos de Laurent-Desiré Kabila, un antiguo líder socialista zaireño, exiliado en Tanzania desde el ascenso de Mobutu.

En 1997, el gobierno de Luanda acusó a Kinshasa de cooperar con la guerrilla comunista Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (unita) facilitando el contrabando; además, Angola había servido de refugio para los opositores a Mobutu cuando este llegó al poder en 1965. El presidente angoleño José Eduardo dos Santos apoyó a la afdl a través de los “Tigres de Katanga”, una división del ejército angoleño nutrida de exiliados de la región minera del sudeste de Zaire, cuya secesión había sido impedida por Mobutu.

El apoyo del gobierno de Francia y de las tropas de unita no fue suficiente para detener el avance de la afdl, mucho menos en un contexto donde la diplomacia ruandesa obtenía nuevos aliados regionales. La primera guerra de Congo finalizó en mayo de 1997. Mobutu se exilió en Rabat (Marruecos), donde murió en septiembre de ese año. Kabila asumió la presidencia con promesas de pacificar el país y Zaire cambió su nombre a República Democrática del Congo.

En julio de 1998, Kabila reemplazó al jefe del Estado Mayor Conjunto que lo había acompañado desde el origen del conflicto, de origen ruandés, por otro de origen congoleño. Esto generó críticas en el gobierno de Kigali, que además le advirtió que la situación en la frontera no estaba controlada, a lo cual asintieron los gobiernos de Uganda y Burundi. Kabila respondió ordenando el retiro de todas las tropas extranjeras del país. La segunda guerra de Congo estaba a punto de comenzar.

Se produjeron choques entre el ejército congoleño y los soldados ruandeses que aún no habían abandonado el territorio; asimismo, las fuerzas rebeldes en el este se agruparon bajo el nombre de Agrupación Congoleña para la Democracia (acd), con la aprobación de Kagame. Al poco tiempo, acd controlaba toda la frontera y más allá, incluidas las importantes ciudades de Kisangani y Kindu. Angola, preocupada por los vínculos de unita con Ruanda, decidió intervenir a favor de Kabila. Contaba con el apoyo de Namibia y Zimbabwe. El apoyo ugandés a los reclamos independentistas sursudaneses provocó la intervención de Sudán a favor de Kinshasa. También Libia le brindó apoyo aéreo y Chad contribuyó con tropas en tierra.

En 1999 se firmó un cese al fuego, el Acuerdo de Lusaka, que, aunque no fue respetado, sirvió al menos de base para las futuras negociaciones de paz y para que la onu enviase a la Misión de Naciones Unidas en el Congo (monuc) algunos meses más tarde; once años después, cambiaría su nombre por Misión de la Organización de Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo (monusco).

En 2001, Laurent-Desiré Kabila fue asesinado por uno de sus guardaespaldas en el Palacio de Mármol. Lo sucedió su hijo, Joseph, que contó con el apoyo militar de Robert Mugabe, el líder de Zimbabwe. Mientras tanto, el presidente estadounidense George Bush aprovechó el distanciamiento que emergió entre Uganda y Ruanda para proponerles el retiro de sus tropas del Congo. Por otro lado, el presidente sudafricano Thabo Mbeki lideró las conversaciones para lograr un tratado de paz entre las facciones congoleñas. El Acuerdo de Sun City (2003) incluyó la formación de un gobierno de unidad nacional, liderado por Joseph Kabila y acompañado por vicepresidentes y ministros de diferentes grupos, la adopción de una constitución nueva y la convocatoria a elecciones abiertas en 2006.

El Acuerdo de Sun City no frenó del todo la violencia en la República Democrática del Congo. Al este, las provincias colindantes con Uganda, Ruanda y Burundi continuaron promoviendo la rebelión contra Kinshasa. En general, la fórmula fue similar a la que siguió la acd: tras pactar con Kabila y unirse al gobierno de unidad, recibiendo cargos políticos, una facción quedaba fuera de la repartición y generaba un grupo rebelde nuevo, al cual el Estado se esforzaba por aproximarse, seducirlo e integrarlo. Asimismo, tras las elecciones de 2006, en las que Kabila resultó electo por cinco años, muchos líderes de las guerras del Congo comprobaron que sus márgenes electorales eran bajos, lo que alimentó su retorno a la violencia armada. Ejemplo de ello ha sido el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (cndp), separado del acd, que logró infringir numerosas derrotas al ejército congoleño y recibió financiamiento de Kigali.

En 2009, cndp fue integrado al gobierno. Kabila fue reelecto en noviembre de 2011, y se mostró dispuesto a cambiar de estrategia: ya no dialogaría con los grupos rebeldes. En abril de 2012, Bosco Ntaganda se separó del cndp para formar el “Movimiento 23 de Marzo”. Pesaba sobre él una orden de captura internacional por reclutamiento de niños soldado, y Kabila ordenó su detención. En 2013, Ntaganda se entregó y su grupo fue desbandado. La presión diplomática sobre Ruanda y el cese de las donaciones al país alejaron a Kigali de la política regional, lo que resultó vital para la relativa pacificación de la región. Kagame incluso acompañó la detención de Ntaganda.

Kabila, que debía convocar a elecciones en 2016, las pospuso hasta 2019, cuando Félix Tshisekedi ganó la presidencia. El nuevo jefe de Estado optó por seguir gobernando por acuerdo con la oposición. No ha logrado, todavía, controlar la actividad de los grupos irregulares frontera del este congoleño. Kabila, por su parte, se convirtió en senador vitalicio.

En julio de 2020, el rey Felipe de Bélgica lamentó los abusos realizados por su país en el Congo durante la época colonial y pidió al Parlamento el establecimiento de una “Comisión de la Memoria” que aborde estos hechos.

Ruanda y Uganda atravesaron escenarios similares tras la segunda guerra. Por un lado, en el caso de Ruanda, en las últimas dos décadas, el fpr se consolidó como el partido fuerte en aquel escenario, no solo porque logró reconstruir al país en un contexto de altas tasas de crecimiento, sino también porque detuvo el genocidio. Bizimungu renunció a la presidencia en 2000. El vicepresidente Kagame asumió la jefatura del Estado. Tras el Acuerdo de Sun City, logró reformar la constitución y fue elegido presidente ese mismo año. Fue reelecto en 2010. En 2015, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad en 1994, finalizó sus actividades. Kagame logró una nueva reforma constitucional, que le permitía presentarse indefinidamente a elecciones. En 2017 renovó por un nuevo período. Mientras tanto, los partidos de la oposición denuncian las dificultades para poder incorporarse a la vida política del país, eclipsada por el fpr. La principal amenaza a la normalidad ruandesa la constituyen las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (fdlr), una numerosa guerrilla que opera en las provincias congoleñas del este y ataca objetivos civiles.

Por otro lado, Uganda atravesó una situación parecida a la de Ruanda, con notables progresos económicos tras el Acuerdo de Sun City, en un contexto de crecientes limitaciones a la libre participación de los partidos políticos en el sistema institucional. Museveni, que asumió la presidencia en 1986, se sometió a las urnas en 1996 y 2001. En 2005 logró una reforma constitucional que le permitió reincidir en el cargo de manera indefinida. Fue elegido nuevamente en 2006, 2011, 2016 y 2021. Al contrario de Ruanda, Uganda no volvió a intervenir en el Congo tras su salida en 2003. Museveni, sin embargo, se mantuvo muy activo en política exterior, apoyando, por ejemplo, la independencia de Sudán del Sur y luego al presidente sursudanés Salva Kiir durante la guerra civil (2013-2020).

En Burundi, Buyoya aceptó una transición ordenada al poder en 2000, tras la firma de un nuevo Tratado de Arusha que incluía la participación de las diversas etnias en el poder. Dos años más tarde, presentó su renuncia, y dejó al vicepresidente Domitien Ndayizeye, del frodebu, la normalización definitiva del país. El fdd se reintegró a la vida institucional como un partido político más, mientras que palipehutu decidió continuar la lucha armada. De ese modo, con el ascenso del gobierno de transición, se puso fin a la guerra civil que había comenzado en 1993 con el asesinato de Ndadaye.

En 2005 tuvieron lugar elecciones libres en las que resultó electo Pierre Nkurunziza, un hutu del fdd. Fue reelecto en 2010. Cuando anunció sus intenciones de postularse nuevamente en 2015, la decisión fue rechazada por los partidos de la oposición, aunque Nkurunziza recibió el respaldo de la Corte Suprema. En medio de intentos de golpe de Estado y masivas protestas en Bujumbura, logró alcanzar su tercer mandato. Nkurunziza, de 55 años, falleció sorpresivamente en medio de la pandemia de COVID-19 en junio de 2020, pocos días antes de entregar el mando al presidente electo Évariste Ndayishimiye, también del fdd, veterano de las guerras de Congo.

7. La guerra de Siria

En 1970, un golpe de Estado derrocó a Salah Jadid y otros líderes del Partido Baath, que gobernaban el país desde 1963 bajo un régimen de partido único, y los reemplazó por una nueva corriente interna, liderada por Hafez Al-Assad. El nuevo referente era un militar de la minoría islámica alauita, que mantuvo buenos lazos con la Unión Soviética y reafirmó el carácter nacionalista y socialista del Baath. Tras la caída de Moscú, se acercó a George H. Bush, con quien supo construir diversos acuerdos que le dieron al país gran peso regional, entre ellos su rol de “custodio” en la posguerra del Líbano. A nivel interno, el presidente, de origen musulmán alauita, logró forjar una alianza formada por grupos minoritarios en el país, que incluía a drusos, cristianos, chiitas y la clase sunita más acomodada, lo que, junto con un control rígido de las Fuerzas Armadas y el culto a la personalidad del clan en el poder, se convirtió en la clave del éxito que dio estabilidad al gobierno. Hafez Al-Assad murió en 2000 y fue reemplazado por su hijo, Bashar, que encaró un tímido proceso de apertura política y económica, que rápidamente alcanzó sus límites.

En diciembre de 2010, comenzaron una serie de rebeliones en la región del Medio Oriente y África del Norte que tuvo como primer protagonista a Túnez y luego a Egipto, donde sus presidentes, que llevaban largo tiempo en el poder, fueron reemplazados con la promesa de elecciones democráticas futuras. El 6 de marzo de 2011, la policía siria reaccionó de manera desmedida contra un grupo de adolescentes de la ciudad de Daraa, que había realizado grafitis en contra del gobierno. Esto derivó en nuevas protestas por parte de la población del lugar, y sucesivos episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. En Damasco, la capital, comenzaron a aflorar manifestaciones en contra del gobierno una semana más tarde. Para finales de marzo, la situación de caos era generalizada. Frente al incremento de la presión policial, la población civil empezó a armarse. El gobierno ofreció instancias de diálogo que no llegaron a cristalizarse.

En julio, un grupo de oficiales desertores de las Fuerzas Armadas formaron el Ejército Libre Sirio (els), que, con el apoyo de Turquía, logró congregar a grupos de la oposición y expatriados forzosos con la misión de conformar el Consejo Nacional Sirio, con sede en Estambul, un organismo con pretensión de gobierno en el exilio cuyo objetivo primordial consistía en lograr la salida del poder de Bashar al-Assad. Casi en paralelo, emergió con el apoyo de Arabia Saudita otra organización que agrupaba diversas organizaciones de lucha contra el gobierno del presidente: la Coalición Nacional Siria.

En los meses posteriores, la Unión Europea y Estados Unidos comenzaron a apoyar discursiva y diplomáticamente a estos grupos y a sancionar al régimen de Damasco. El presidente intentó una reforma constitucional por decreto que luego fue sometida a referéndum. La nueva carta magna permitía a otros partidos, no solo al Baath, presentarse a elecciones para la jefatura del Estado; también limitaba el mandato presidencial a dos períodos de siete años y fortalecía las atribuciones del primer ministro. Aunque la constitución entró en vigencia en febrero de 2012, no fue bien recibida por la oposición, que la consideró una medida insuficiente. Para mediados de 2012, el conflicto entre el gobierno, encabezado por el presidente Bashar al-Assad y los integrantes del aglomerado opositor, se había extendido a las ciudades más importantes a nivel poblacional: Damasco, Homs, Hama, Alepo, Duma y Deir Ez-Zor, así como a la llanura del Éufrates y las regiones de Daraa e Idlib. A esta altura, el els funcionaba como una “organización-paraguas” de alcance nacional, que contó, desde sus inicios, con dificultades serias de coordinación. Agrupaba a más de trescientos grupos armados de raigambre local, fundamentalmente sunitas.

En ese contexto de creciente desintegración institucional, comenzaron a emerger los intereses extranjeros. Rusia dejó claro que no permitiría una intervención similar a la que había sido utilizada en Libia para derrocar a Muammar Gaddafi en virtud de la resolución 1.973 del Consejo de Seguridad. Las autoridades de Teherán, por su parte, se manifestaron a favor de cooperar para el sostenimiento de su aliado, al-Assad. Aunque impedida de intervenir en Siria en virtud de la “política de disociación” promovida por el gobierno libanés, Hezbolá[8], que respondía a los intereses iraníes, decidió sin embargo apoyar a las fuerzas de seguridad del gobierno de Damasco para combatir a los opositores. También se formaron las Fuerzas de Defensa Nacional, una agrupación paramilitar alauita favorable al presidente. Entre los episodios más graves de esta multiplicación de actores armados, figuró la toma del control de los territorios del noreste de Siria por las tropas kurdas llamadas Unidades de Protección Popular (upp), brazo armado del Partido de la Unión Democrática (pyd), entidad cercana al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (pkk). Frente a este panorama, la idea de formar una “zona de separación” en la frontera sirio-turca tomó fuerza en Ankara. Ese año, en 2012, el els realizó un ataque en el que murieron los ministros de Defensa e Interior junto a Assef Shawkat, cuñado de al-Assad, casado con su hermana Bushra. Además, el primer ministro Riyad Hijab pidió asilo en Amán, y otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas abandonaron el país.

Aunque al comienzo del conflicto emergió una coalición islamista apoyada por Arabia Saudita conocida como Ahrar Al-Sham, fue en octubre de 2012 cuando los medios reportaron la aparición de Jabhat An-Nusra, un frente yihadista radical liderado por el extremista conocido como “Abu Muhammad Al-Julani” y formado por veteranos de las guerras de Afganistán e Irak y antiguos militantes islamistas que en 2011 habían sido liberados por Al-Assad de las cárceles de Siria en una suerte de concesión a sus opositores. Disputado, debido a sus éxitos, como un desprendimiento del autodenominado Estado Islámico de Irak (isi) por sus autoridades y al mismo tiempo reconocido por Al-Qaeda como su representante oficial en territorio sirio, demostró rápidamente su solidez en combate, haciéndose fuerte en Alepo y Deir Ez-Zor, y se consolidó como una marca valiosa. Sus recursos, provenientes de financistas privados de los países árabes del Golfo Pérsico, le sumaron nuevos militantes que antiguamente habían formado parte del els. Los ataques suicidas contra la población civil se multiplicaron, así como los secuestros y ejecuciones públicas, transmitidas por internet con el objetivo de generar terror en la población. En abril de 2013, An-Nusra fue absorbido definitivamente por el Estado Islámico de Irak, que cambió su nombre a Estado Islámico de Irak y Siria o Estado Islámico de Irak y el Levante (isis/isil), aunque, popularmente, en árabe fuera llamada por sus detractores Daesh (“lo que queda bajo la suela”), de manera despectiva. Quedó entonces bajo el control del terrorista conocido como “Abu Bakr al-Baghdadi”, que se autoproclamó “califa”. Al-Baghdadi habilitó un corredor entre Irak y Siria y trajo al conflicto a combatientes de origen checheno. La aparición y el rápido fortalecimiento de estos grupos yihadistas que intentaban instalar en Siria un gobierno rigorista incrementaron el apoyo de las minorías no sunitas a favor de Bashar al-Assad.

En agosto de 2013, el gobierno de Washington comprobó que Al-Assad había usado gas sarín contra focos revolucionarios en las afueras de Damasco. Barack Obama, que había asegurado que la utilización de armas químicas constituiría una “línea roja” frente a la decisión de intervenir militarmente en territorio sirio, dudó en concretar el ataque. Rusia, en cambio, promovió el desarme del gobierno de Damasco, tutelado por organismos de la onu. El presidente Al-Assad, a pesar de encontrarse en una situación militar de desventaja, entendió su condición de indispensabilidad para hacer frente, por lo menos en el mediano plazo, a las nuevas amenazas que asolaban a Siria e Irak y amenazaba con extenderse a otros países de la región. Mientras tanto, isis empujaba la frontera de Deir Ez-Zor a Raqqa, disputándose espacios con el gobierno central y el els. Pocos meses después, en 2014, Bashar al-Assad era elegido en un nuevo mandato presidencial, que, según aseguró, sería el último.

Estados Unidos se hallaba en una posición compleja: a pesar de haber sido, junto a Turquía y la ue, uno de los principales apoyos del els, decidió en 2014 intervenir militarmente contra objetivos de isis, y darle prioridad a la lucha contra el terrorismo en lugar de promover el desplazamiento de Al-Assad del poder. Esta acción, al mismo tiempo, fortalecería su posición en Irak, donde los yihadistas controlaban el norte, pero también manifestaba indirectamente coincidencias con el jefe de Estado sirio, dejando la cuestión de su desplazamiento para más tarde. Rusia, en alianza con Irán, optó en cambio por realizar sus primeros ataques contra el els, involucrándose en el conflicto, de modo que adhería a la visión del gobierno sirio que entendía, tanto a las tropas de la oposición como a isis, como focos terroristas en igual tono. En la cuestión de derrotar al yihadismo, tanto el presidente estadounidense Barack Obama como su par Vladimir Putin estaban de acuerdo, y esto fortalecía, indirectamente, la posición de Al-Assad.

Al mismo tiempo, isis logró desarrollar una identidad propia, distinta a la que manifestaba Al-Qaeda con su propuesta de un yihadismo global. Proponía, en cambio, crear un califato territorial, un auténtico Estado, que necesitaba de recursos y buena administración, con el objetivo de consolidar su prestigio y convertirse en lugar de encuentro de reclutas sunitas de diferentes partes del mundo. Hacia 2015, esta meta se estaba cristalizando, al menos de forma rudimentaria. Finalmente, “la guerra contra los infieles” alimentaba el ideal de unidad al interior de la organización terrorista. Al norte y noreste, en la región conocida como Rojava o Kurdistán Sirio, la expansión del “Califato” se vio detenida por la fuerte resistencia de las upp, que contaron con el apoyo aéreo de las tropas estadounidenses.

La campaña rusa de 2016, denunciada por su intensidad por los organismos humanitarios, debilitó a todos los enemigos del régimen apostados en Alepo y el área metropolitana de Damasco, y contó con el apoyo de Irán y Turquía. El gobierno de Ankara, por su parte, había comenzado una ofensiva desde la frontera sirio-turca contra la guerrilla kurda con el apoyo de Al-Assad. A través de la provisión de armas y consejeros, Estados Unidos colaboró para que el pyd pudiera sostener su territorio. Desde allí, los kurdos organizaron una federación de cantones autogobernados, con el árabe, kurdo y siríaco como idiomas oficiales y cupo femenino en los cargos gubernamentales. Las incursiones turcas a la franja gobernada por los kurdos se hicieron cada vez más frecuentes.

Para diciembre de 2017, la derrota de isis era prácticamente total. La suerte de los opositores al régimen de Damasco había sido resuelta en la batalla de Alepo. A partir de entonces, la violencia disminuyó rápidamente, aunque no implicó el final del conflicto.

Moscú convocó a una reunión en Sochi, aunque continuó su campaña contra los opositores a Al-Assad. Acordó con Estados Unidos limitar la presencia de los iraníes al sur, especialmente de Hezbolá, para evitar un conflicto con Israel, con quien habían intercambiado agresiones esporádicas a lo largo del conflicto. Además, el líder sirio promovió la reintegración de las milicias leales a las Fuerzas Armadas, y renovó los cuadros máximos de la oficialidad del ejército, nombrando a autoridades alineadas con Moscú y relegando a Teherán. Estados Unidos se apartó poco después de la derrota de isis, y se comprometió en 2019 a la pronta salida de sus tropas. Finalmente, un año más tarde, desistió de retirar la totalidad de ellas, y se concentró en Deir Ez-Zor y la frontera con Irak. Israel no acompañó la decisión de Estados Unidos, y ello se cristalizó en sus incursiones en territorio en las que apuntó a objetivos iraníes.

Mientras tanto, en el noroeste se creó una zona segura para los desertores de eeil y els en la región de Idlib, bajo el amparo de Turquía, que hasta hoy es el núcleo de mayor desestabilización en el país. Idlib aún se encuentra, en los hechos, bajo control de los opositores, aunque fuertemente rodeada por tropas de Siria y sus aliados. Junto con ello, el gobierno de Ankara, a través de las incursiones realizadas contra los territorios gobernados por el pyd, al norte del país, logró crear una suerte de “zona de separación” en la frontera sirio-turca, de forma que redujo el territorio autónomo kurdo.

En 2018 comenzó el retorno a sus hogares de los más de seis millones de refugiados, que habían encontrado asilo fundamentalmente en países vecinos, además de los siete millones de desplazados internos que habían abandonado sus hogares con motivo de la guerra. El gobierno, por su parte, no ha brindado garantías políticas claras de libertad de expresión a aquellos que abandonaron el país por persecución ideológica. Mientras tanto, el proceso de reconstrucción material y recuperación productiva del país demostró una marcada dependencia de los aportes de China, Rusia e Irán, cada vez más involucrados en el sostenimiento y el asesoramiento al presidente Al-Assad.

Una resolución a largo plazo de la guerra se ha llevado adelante en dos ciudades en simultáneo. Mientras que en Ginebra se reúne el comité que negocia un nuevo ordenamiento constitucional para Siria, esta vez con el consenso de todos los actores locales involucrados en el conflicto, en Nursultán se discute una salida del conflicto armado atendiendo también el ordenamiento regional. Allí participan, junto a los protagonistas de origen sirio, representantes de los gobiernos de Turquía, Irán, Rusia y otros Estados de Medio Oriente. A pesar de haberse comprometido a no presentarse a un nuevo mandato, Bashar al-Assad, valiéndose de una interpretación caprichosa de la Constitución, anunció sus intenciones de ser nuevamente candidato a presidente en las elecciones de mayo de 2021.

8. Los conflictos en el Sahel

Los tuaregs son un grupo étnico característico de la región del Sahel, una franja al sur del desierto del Sahara que sirve como estrato intermedio entre los países del espacio árabe, como Sudán, Libia, Argelia y Marruecos, y el norte africano subsahariano, es decir, Chad, Malí, Níger, Nigeria y Burkina Faso. En 2012, un grupo insurgente tuareg, integrado por antiguos soldados libios y malienses y llamado Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (mnla), se alzó contra el gobierno central de Malí, y se aseguró rápidamente el control del norte del país, donde proclamó un Estado sin reconocimiento internacional al que llamó Azawad. Esta rebelión no era la primera: los tuaregs, que conforman un décimo de la población, se habían manifestado en diversas ocasiones en contra del gobierno de Bamako, en los sesenta, los noventa y, últimamente, entre 2007 y 2009.

Descontentos con la forma en la que el gobierno manejaba la rebelión, un golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas tomó el control del país en marzo, obligando al presidente Amadou Touré a renunciar. La condena regional promovida por la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ecowas) fue un factor determinante para que la junta militar entregue el poder al titular de la Asamblea Nacional, Dioncunda Traoré, que asumió la presidencia. Touré, por su parte, partió al exilio en Senegal. El nuevo jefe de Estado prometió organizar elecciones democráticas y combatir a la guerrilla tuareg para recuperar el control del norte del país.

Mientras tanto, en Azawad, emergían las primeras diferencias entre el mnla y su principal aliado, el grupo yihadista Ansar Dine, que insistía en aplicar una visión rigorista del islam en las localidades capturadas al gobierno de Bamako, mientras que el primero aspiraba a fundar un Estado laico. Al mismo tiempo, las filas de la agrupación islamista se incrementaban al ritmo del aumento de su financiamiento proveniente del exterior, generando pases de guerrilleros provenientes del mnla.

Semanas más tarde, se abrió un nuevo frente cuando el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (muyao) secuestró y ejecutó a autoridades del consulado argelino en la ciudad de Gao. Este hecho contó con la reprobación del mnla, y comenzaron los choques entre ambos grupos. En todo el norte maliense, el mnla retrocedió a las zonas rurales, mientras que las principales localidades fueron ocupadas por muyao y Ansar Dine en el último cuarto de 2012. Asimismo, desde la frontera con Argelia, se infiltraron cuadros de “Al-Qaeda en el Magreb Islámico” (aqmi), filial “autorizada” del grupo terrorista, reconocida desde la década anterior por el secuestro y asesinato de extranjeros en la zona. Este grupo extremista controlaba, además, el contrabando a ambos lados del límite entre Malí y Argelia, incluyendo estupefacientes y tráfico de personas. El vínculo entre estas tres organizaciones es complejo, pero no imposible de resolver: tanto muyao como Ansar Dine son desprendimientos de aqmi, solo que, mientras que el primero cuestiona la jurisdicción de aqmi en el Sahel, el segundo actúa como una entidad aliada de esta.

A comienzos de 2013, la comunidad internacional promovió el diálogo entre el mnla y el gobierno de Malí, que unieron fuerzas para derrotar a los yihadistas de Ansar Dine, muyao y aqmi. Por pedido de las autoridades de Bamako, Francia empezó a desarrollar una importante misión militar (“Operación Serval”) en su apoyo, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una intervención armada conjunta organizada por la Unión Africana y la ecowas, llamada Misión Internacional Africana de Apoyo a Malí (afisma). Soldados nigerinos y chadianos ingresaron y avanzaron sobre los grupos extremistas, especialmente contra muyao, que contaba con bases en esos países, por lo que los combatientes, al verse acorralados, realizaron ataques suicidas. La guerra en Malí adquirió, de ese modo, una dimensión internacional. En julio, cuando la situación parecía más controlada, la onu facultó el despliegue de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (minusma) a través de la resolución 2.100 del Consejo de Seguridad. Ese mes se realizaron elecciones, y el presidente Traoré le entregó el mando a Ibrahim Keïta , que apoyaba la permanencia de las tropas francesas en el país y sería reelecto en 2018. Las diferencias entre Keita y el mnla resurgieron, y el gobierno volvió a estar enfrentado con los tuaregs.

Mientras se desarrollaba el conflicto en Malí, el gobierno de Nigeria declaró la emergencia en el norte del país por el incremento de ataques por parte de Boko Haram, una organización yihadista que controlaba vastos territorios en el norte nigeriano. Había realizado secuestros, ejecuciones de civiles y atentados, con especial predilección por objetivos confesionales, en represalia por la presencia militar francesa en Malí y los caídos provenientes de las filas radicalizadas, manifestando una cierta “solidaridad” entre estos grupos terroristas. En el norte de ese país, donde Boko Haram era más fuerte, la popularidad de la entidad extremista se había acrecentado tras la elección de Goodluck Jonathan como presidente el año anterior, lo que en las provincias del norte consideraron una violación al “pacto de caballeros” sobre la presidencia rotativa entre el norte de mayoría musulmana y el sur preponderantemente cristiano. En ese contexto, Nigeria optó por liderar las tropas de afisma para intervenir en Malí con el objetivo de realizar una demostración de fuerza ejemplificadora para los militantes de su propio territorio. Sin embargo, no llegó a doblegarlo.

En 2014, Francia abandonó la Operación Serval para encarar un plan más exhaustivo: la Operación Barkhane, de alcance regional, incluyendo a varias de sus excolonias en la lucha contra el terrorismo, buscando evitar que atrayeran a combatientes foráneos a actuar a esa región. Malí, Chad, Níger, Burkina Faso y Costa de Marfil fueron incluidos en el despliegue, donde la misión se derivó no solo en estabilizar la situación de estos países, sino también en evitar que se convirtieran en lugares seguros para terroristas que luego se trasladarían a Europa. muyao y otras guerrillas menores respondieron al plan francés integrándose en Al-Mourabitoun, coordinando sus actividades en esos países.

En Nigeria, el control estrecho del norte le permitió a Boko Haram extenderse a las fronteras con Níger y Camerún primero, y más tarde a Chad, con el que Nigeria había forjado alianzas de seguridad con el objetivo de liderar regionalmente la amenaza que este grupo representaba. La particular violencia con la que encaró su dominio –redujo a la esclavitud y castigó con la muerte no solo a los cristianos, sino también a musulmanes díscolos– debilitó paulatinamente su popularidad. Una escisión de Boko Haram, llamada Ansaru, se separó del grupo original aludiendo a los maltratos a los que la organización sometía a otros musulmanes. Entre los hechos, recibió particular atención mediática el secuestro de Chibok, en que tropas extremistas tomaron prisioneras a 276 alumnas de entre 16 y 18 años de una escuela mientras rendían un examen de Física. A abril de 2021, más de un tercio de ellas continuaban desaparecidas, mientras que otras fueron usadas como prenda para el intercambio de prisioneros islamistas detenidos en las cárceles nigerianas.

En 2015, la elección de un norteño para la presidencia de Nigeria, Muhammadu Buhari, generó consensos en los Estados donde la presencia de Boko Haram era más fuerte. Al mismo tiempo, los éxitos de isis en Siria ocasionaron una nueva división en la conducción de la organización yihadista: mientras que un grupo se mantuvo independiente, otro se separó para adherir a la dirección de Al-Baghdadi y conformar una nueva entidad, Estado Islámico en África Occidental (eiao). Para diciembre de ese año, y tras una ofensiva encarada en conjunto con Níger, Chad y Camerún, los territorios controlados por Boko Haram volvían a manos del gobierno de Abuya, aunque tropas yihadistas permanecían acantonadas y activas en la zona fronteriza.

Por otra parte, en junio de 2015, con la mediación de Argelia, ecowas, la onu y la Unión Africana, el gobierno de Malí firmó con el mnla y otros grupos guerrilleros la devolución progresiva de la autonomía a la región norte del país en los llamados Acuerdos de Argel. Sin embargo, se siguieron dando choques entre el principal grupo independentista y el ejército nacional, y el proceso de traspaso de atribuciones y las reformas institucionales quedaron detenidas. Mientras tanto, Al-Mourabitoun se partió: un grupo decidió asociarse a isis como Estado Islámico del Gran Sahara (eigs) y el otro resolvió permanecer independiente y formar, junto con Ansar Dine y elementos de aqmi, Nusrat al-Islam. Estos grupos se mantuvieron al margen de los Acuerdos de Argel y, por lo tanto, sostuvieron posiciones de combate con el ejército de Malí y sus aliados. En 2020, después de que la ecowas solicitara volver a realizar las elecciones legislativas malienses en un ambiente sospechado de fraude, un golpe de Estado derrocó al presidente Keïta y lo reemplazó por una junta militar. Un mes más tarde, sus líderes entregaron el poder a un grupo de civiles, liderados por el exministro de Defensa, Bah N’Daou, que se comprometió a organizar elecciones libres antes de 2022.

Chad, por su parte, se convirtió en uno de los líderes en la lucha contra Boko Haram y Nusrat al-Islam, interviniendo activamente en la región en coordinación con el gobierno francés. A comienzos de 2021, el presidente Idriss Déby, en el poder desde 1990, obtuvo una nueva reelección en medio de rumores de fraude. Esto motivó una rebelión en las provincias del norte, con apoyo de tropas irregulares de origen libio. En abril, Idriss Déby murió en un ataque y fue reemplazado por su hijo, Mahamat Déby, que asumió el poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas tras disolver la Asamblea Nacional.

Por otra parte, Níger, el otro gran aliado de Malí en la lucha contra el terrorismo, enfrentó una situación similar el 31 de marzo de 2021, cuando un grupo de soldados de la Fuerza Aérea intentó realizar un golpe de Estado. Las tropas leales al presidente Mahamadou Issoufou lograron repeler el ataque. Dos días más tarde, tuvo lugar la primera transición democrática en el país desde su independencia en 1960, cuando Issoufou le entregó el poder al nuevo presidente, Mohamed Bazoum.

9. La situación en el mar de la China Meridional

En el mar de la China Meridional, hay cuatro archipiélagos en los que el gobierno de Beijing reclama su soberanía: al oeste, las islas Paracelso (Xisha); en el centro, los atolones de Macclesfield y Scarborough (Zhongsha); al este, las islas Pratas (Dongsha); y al sur, las islas Spratly (Nansha). Aunque todavía no se ha desatado un conflicto militar en la zona, las tensiones entre los actores involucrados y la desconfianza creciente entre ellos podría provocar una escalada armada que serviría para marcar futuros posicionamientos al momento de llegar a un acuerdo sobre el futuro del mar de la China Meridional.

China sostiene que, antes del siglo xx, su soberanía sobre estos territorios nunca había sido disputada hasta la ocupación de las Paracelso por parte de Francia en 1930 y el resto de las islas por Japón hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Para sostener este reclamo, en 2007, determinó que las islas dependían administrativamente de Sansha, una ciudad que sería fundada finalmente en 2012 en la provincia de Hainan. Esta posición argumentativa no es compartida por los países que comparten el litoral en ese mar, y se han envuelto en disputas al respecto; se trata de Taiwán, Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunéi, sin contar a Indonesia, que también sostiene un litigio con China sobre las islas Natuna. Esta zona no solo es importante por las rutas comerciales que la atraviesan, sino también por las probables fuentes de energía que se encuentran en su lecho. Controlando el mar de la China Meridional, Beijing podría no solo presionar a sus rivales regionales de mayor envergadura, como Japón y Taiwán, sino también demostrar su fuerza frente a los países más débiles y, además, potencialmente, bajar su dependencia del crudo proveniente del Golfo Pérsico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó un cierto orden en la región de Asia-Pacífico, marcada por la búsqueda de seguridad ante el desafío que representaba la Guerra Fría, con Taiwán, Japón y Corea del Sur al norte, y Tailandia y Filipinas al sur. En este sentido, dirigió sus esfuerzos en promover la cooperación social, cultural y económica, aunque evitando un acuerdo colectivo ofensivo, ya que ello habría empujado de lleno a China a una alianza con la Unión Soviética. Optó, en cambio, por promover la creación, a través de un pacto únicamente defensivo, de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (seato), creada en 1955, poco después del desenlace de la guerra de Corea. La seato sobrevivió hasta la última parte de la década del setenta.

El surgimiento de China como actor relevante en el espacio del mar de la China Meridional implicó un desafío para la libre navegación que promovía y pretendía garantizar Estados Unidos, como principal proveedor de bienes para los países que poseían litoral colindante con el mar mencionado. Además, consistía en un camino obligado de paso a sus actividades comerciales en el océano Índico. Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno estadounidense reafirmó su compromiso con estos principios, llamó “imperialista” a cualquier deseo por hacerse con los derechos territoriales sobre este mar, y reforzó su presencia militar en la zona, usando como excusa, por ejemplo, que Filipinas haya solicitado la intervención de mecanismos de arbitraje internacional para resolver el diferendo. Estados Unidos sostiene que China ha usado la amenaza para instalar la idea de que las islas del mar de la China Meridional son suyas.

Mientras tanto, Beijing no sostiene la pretensión de soberanía sobre las islas mencionadas por ocupación continua de ellas, ya que las declara “inhabitables”, sino por su “descubrimiento” hace al menos dos mil años, luego de lo cual fueron explotadas por sus pescadores. Cree que es necesario un orden nuevo en la zona. En una visión jerárquica del orden en el sudeste asiático, China considera que, habiendo sido, por ejemplo, Vietnam vasallo suyo hasta la conquista francesa, eso disminuye cualquier posible reclamo suyo sobre las islas; los demás países de la región envueltos en la disputa podrían merecer una consideración similar, dada su condición de antiguos tributarios del Imperio chino.

En el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (convemar), China ha solicitado que la “zona económica exclusiva” (zee), donde los Estados tienen derechos especiales de explotación, sea entendida como algo claro y distinto a “aguas internacionales”, abierta a todos los Estados independientemente de que tengan o no litoral sobre ellas. En otras palabras, esta interpretación estricta limita desde las actividades militares hasta la investigación científica que pudiera realizarse en las zee.

Sin embargo, Estados Unidos no es el único obstáculo que encuentra China para promover una resolución asimétrica a los problemas en el mar de la China Meridional. También la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean), que promueve un enfoque multilateral para el abordaje de estos asuntos, se muestra en alerta, aunque es incapaz de ejercer una presión efectiva sobre las autoridades de Beijing, por lo cual no puede impedir la militarización de la región. La organización, por ejemplo, ha estado trabajando con las autoridades de Beijing sobre la posibilidad de un código de comportamiento de su país para el mar de la China Meridional, aunque no ha logrado ponerlo en funcionamiento ni generar un auténtico código que incida en su conducta, con penalidades incluidas.

Junto a la asean, se ha manifestado en contra de la posición china la Mesa de Seguridad Cuadrilateral (quad), una entidad informal que reúne a Estados Unidos, Japón, India y Australia y promueve la política de apertura y comunicación para los océanos Índico y Pacífico.

En resumen, el esquema que propone Estados Unidos está siendo desafiado por un actor poderoso, que busca instalar una visión diametralmente opuesta a la existente. Mientras tanto, los actores regionales, nucleados en asean, deben cooperar entre sí y con Estados Unidos para mantener el statu quo, aunque sin evitar atender las demandas de China, cuyos recursos económicos, provistos por la llamada “Iniciativa de la Franja y la Ruta”[9], son de gran importancia para el desarrollo de su infraestructura y promoción comercial.

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Películas recomendadas

Sobre la guerra de Afganistán

Leones por Corderos (Lions for Lambs, drama, Estados Unidos, 2007). Dirigida por Robert Redford. Actúan Robert Redford, Meryl Streep y elenco.

El Pan de la Guerra (The Breadwinner, animación, Irlanda-Canadá, 2017). Dirigida por Nora Twomey.

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Trece días (Thirteen Days, drama, Estados Unidos, 2000). Dirigida por Roger Donaldson. Actúan Kevin Costner y elenco.

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Vals con Bashir (Waltz with Bashir, animación, Israel, 2008). Dirigida por Ari Folman.

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  1. Profesor y licenciado en Ciencia Política y doctorando en Relaciones Internacionales. En la Universidad Austral, dirige el Programa de Conflictos Internacionales en el Siglo XXI y el Núcleo de Estudios de Medio Oriente. También es docente a cargo de la cátedra de Análisis Internacional y el seminario de Historia de las Relaciones Internacionales. Sitio web: ​www.saidchaya.com​.​ Correo electrónico: schaya@austral.edu.ar.
  2. En 1979 las tropas soviéticas invadieron Afganistán y derrocaron al titular del Presidium Supremo Hafizullah Amin para instalar en su lugar a un líder leal a Moscú: Babrak Karmal.
  3. Aunque en persa el término talibán significa “estudiantes” y es en sí mismo una forma plural, siendo el singular talib (“estudiante”), la Real Academia Española sugiere el uso de “talibán” para el singular y “talibanes” para el plural.
  4. Aunque yihad pueda traducirse al español como “lucha contra los infieles”, no hace referencia específicamente a una lucha material, sino que puede ser también de tipo espiritual, personal, contra “lo impuro” que vive en el creyente. Le caben, por tanto, diferentes interpretaciones.
  5. La Ley Torricelli o Cuban Democracy Act es una norma del Congreso de los Estados Unidos propuesta por el representante demócrata del estado de Nueva Jersey, Robert Torricelli, aprobada en 1992, que endurecía las sanciones existentes y prometía levantarlas en caso de una transición democrática en Cuba que incluyera el apartamiento de Fidel Castro.
  6. Según el acuerdo, las instituciones de gobierno palestinas, que consistían en un presidente asistido por un primer ministro y un gabinete y un Consejo Legislativo de 88 miembros, que luego se amplió a 132, tenían jurisdicción sobre temas vinculados a educación, cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduanas, turismo y poder de policía sobre los ciudadanos palestinos.
  7. Entre 1971 y 1997, la actual República Democrática del Congo fue conocida como “República del Zaire”.
  8. El Hezbolá (“Partido de Dios”) es un partido político libanés inspirado en la Revolución iraní de 1979, que mantiene fuertes vínculos con el gobierno de Teherán. Tras el final de la guerra civil libanesa en 1990, fue la única guerrilla que logró evitar su desarme, con el pretexto de defender al Líbano de una posible agresión israelí como las que habían ocurrido en 1978 y 1982, junto con la ocupación de la región sur, que se mantenía desde los ochenta.
  9. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es una propuesta del gobierno de Beijing que consiste en unir a China con Europa Occidental, emulando la vieja Ruta de la Seda. Para ello, prevé un importante desembolso en obras de infraestructura en los países involucrados. Mientras que la ruta marítima toma el camino del mar de la China Meridional-océano Índico-mar Rojo-mar Mediterráneo, la terrestre, en forma de autopistas y vías de ferrocarril, atraviesa Asia Central y Medio Oriente.


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