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12 Algo más sobre la autoridad docente

Es preocupante que los estándares de calidad exigidos por el Estado a través de sus agencias de acreditación, detraigan a los profesores tiempo y esfuerzos que podrían dedicar a su ocupación prioritaria, que en ningún caso son las herramientas informáticas, rellenar instrumentos de evaluación o asistir a reuniones de coordinación, sino atender bien a los estudiantes y a sus familias. Concretamente para los docentes, preparar bien su docencia es la tarea principal que justifica su sueldo. Poco a poco, nos vamos convirtiendo en hacedores de muchas cosas, y dejamos de lado lo importante.

¿Y qué es lo que realmente importa, al interior del aula? Se exigen cumplimientos, pero ¿qué es lo que ayuda a crecer a las personas? Es eso ante todo lo que ha de ocuparnos y preocuparnos, no la visibilidad institucional, el trabajo en equipo, levantar fondos, armar redes, etc., que son tareas importantes, sin duda, pero instrumentales, y que no deben opacar lo más fundamental, que siempre tiene razón de fin, no de medio. Contar con mejores instrumentos está bien, pero no es lo esencial. Tanto discurso sobre la «excelencia» nos puede hacer olvidar lo decisivo de la tarea educativa, que es alentar la excelencia «personal», el crecimiento en las dimensiones más humanas del ser humano.

Los problemas se agravan considerablemente cuando el Estado va más allá de su papel en la educación de los niños y jóvenes.

No cabe imaginar el sistema educativo en los países occidentales sin el marco referencial de un Estado que garantice unos estándares mínimos de calidad, tanto en el currículum escolar como al acreditar que las agencias sociales que proveen ese servicio, así como las personas que trabajan en ellas, están habilitadas para prestarlo en las mejores condiciones. Esa misión tutelar según los casos hará más énfasis en la fiscalización de los servicios, el acompañamiento, la orientación o el subsidio; a menudo tiene algo de todos estos elementos. Ahora bien, excede de su función garantista que el Estado asuma institucionalmente un diseño ideológico de ingeniería social, como pasa en España con el compromiso, establecido por las leyes, que el sistema escolar contrae con la ideología de género.

El control estatal en forma de inspección por parte de la autoridad gubernativa, ha de fiscalizar las instituciones docentes; tiene que certificar el currículo y que se cumple con unos parámetros mínimos. Eso es un servicio público. Pero otra cosa distinta es meterse en un terreno que no es el suyo: decidir ideológica, no técnicamente, lo que se debe decir a los alumnos, o bien lo que hay que callar. O prescribir que en las escuelas, tanto de titularidad pública como de iniciativa social, tan solo puedan ocuparse del aspecto afectivo-sexual quienes están comprometidos con los lobbies homosexualistas, o al menos quienes no discrepan en ningún punto de lo que ellos propugnan[1].

Es un completo sinsentido que el Estado asuma una ideología partidista, por extendida que pueda estar. Eso rebasa su función; más aún, realmente va en contra de su papel en la tutela de la calidad y en la fiscalización de los recursos y servicios públicos. Si el Estado emplea la inspección al servicio de esa ideología, además de extralimitarse en sus funciones, incurre en un abuso brutal e intolerable, frente al que es legítima la resistencia civil, al menos pasiva. Si tengo hijos me niego a que venga otro a decirles qué significa ser humano cuando está absolutamente en contra de mi criterio. Los hijos no son del Estado. Tampoco son exclusivamente de sus padres, pero desde luego son más de estos que de aquel. Y la responsabilidad educativa del Estado es ayudar a los padres a cumplir la suya, no suplantarles ni, mucho menos, impedirles ejercerla.

En algunos países occidentales hay familias que, ante la situación que acabo de describir sumariamente, comienzan a plantearse como un dilema moral la escolarización de sus hijos en según qué instituciones. Algunos padres están dispuestos a asumir las gravosas consecuencias –entre ellas, eventualmente la cárcel– que les puede reportar la desescolarización de sus hijos. Incluso se abre paso poco a poco la opción que los anglosajones llaman homeschooling. Quizás este dilema se lo plantean personas que tienen una especial sensibilidad para lo religioso, lo moral y lo cultural, y que ven lo educativo también en esa perspectiva de lo humanamente denso e importante, no solo en clave de adaptación a un mundo tecnológico y global. Ahora bien, tal vez sin llegar a ese nivel, un número creciente de padres va cobrando conciencia de la responsabilidad grave que tienen en la educación de sus hijos, responsabilidad que puede ser subsidiada, pero en ningún caso delegada en ninguna otra agencia. No está nada mal esto. Viendo su lado positivo, que por los motivos que sea las «autoridades estatales» traten de suplantar la «autoridad» de los educadores –padres y maestros–, representa una coyuntura que podría devengar un muy positivo realce de esta última.

Mutatis mutandis –aunque la comparación no es en absoluto excesiva–, esta situación tiene algún parentesco con lo que evoca R. Spaemann en su libro autobiográfico (2014: 21 ss) acerca de un maestro que tuvo cuando era un muchacho de catorce años, durante el período nazi en Alemania. El Dr. Anton Klein –que les enseñaba latín, griego y alemán– nunca les hablaba de política. Pero les inmunizó, a toda la clase, contra el nazismo. Los nazis trataban de colonizar la escuela y convertir a todos los niños en camisas pardas (el atuendo de las Hitlerjugend). A la vuelta de los años, se dio cuenta de que ese profesor, sin hacer ninguna referencia a aquello, había logrado que nadie de la clase se inscribiera en las juventudes de Hitler, lo cual era obligatorio a partir de cierta edad. Fue capaz de ayudarles a mirar hacia arriba, por encima de la banalidad reinante y de la cutrez que venía de los nazis, del ambiente que se respiraba en esa época en Alemania. ―Nos enseñó a leer a Virgilio, dice. ―En efecto, cuando uno se asoma a Virgilio, Homero, Sófocles, lo de la camisa parda se cae por su propio peso.

Ese profesor resolvió el problema «por superación», sin darle, ni darse, ninguna importancia. La impresión es que esos niños no eran unos arrogantes que despreciaban las camisas pardas; tampoco el profesor… Sencillamente se habían formado criterio y eran capaces de distinguir –no porque se consideraran superiores, pero distinguían– lo grandioso de lo cutre pardo. Lo consiguió sin hacer referencia al nazismo, que desde luego detestaba. Él les hablaba de Virgilio y de los prototipos culturales de Occidente en forma esencial, completamente distinta a como por entonces sonaban en Alemania, a favor de la cultura europea, las proclamas simplistas de los que iban de pardo[2]. Es el retrato de un maestro con auténtica vocación. Y un paradigma de lo que Dietrich von Hildebrand llama «auténtica autoridad» (Hildebrand, 2002).

Los educadores hemos que desempeñar nuestra labor en un ambiente que en algunos aspectos es muy contrario a lo que pretendemos hacer con la gente joven. Pero tenemos una herramienta fundamental: podemos ayudarles a tener altas aspiraciones, a mirar lo que sabemos les ayudará a crecer. Incluso cuando aprenden a contar papas y zanahorias, si tienen la mirada puesta en lo grande, no caerán en el empequeñecimiento de la banalidad ambiental. Es lo que «hace la diferencia» –como les gusta decir a los anglosajones– entre un profesor vocacionado y un funcionario que cobra un sueldo. A su vez, la convicción racional y cordial –entrañable y entrañada con razones– es lo que hace la diferencia entre la verdadera educación y la imposición totalitaria. Hay un antagonismo esencial entre totalitarismo y convicción racional.

Esto también tiene su importancia de cara a entender bien el significado de la autoridad, en especial la de los docentes. Carece de toda lógica que en las escuelas no se pueda hablar de la verdad, porque eso es discriminatorio, contrario a los valores democráticos. La verdad no es algo que yo posea, sino algo que me posee a mí. Todo el que está convencido de que algo es verdad, de lo primero que está convencido es que, si eso es verdad, no lo es porque yo lo diga; seguiría siendo verdad aunque yo dijese lo contrario. Esa es la primera convicción que tiene quien está convencido de algo: ―Esto no es «mi» verdad; más bien es verdad, además, e incluso a pesar mío.

En el fondo lo sabemos, aunque muy a menudo se escuche ese palabro: «mi verdad», o la tuya. ―Lo que es mío o tuyo es la opinión. Y ciertamente toda opinión es una pretensión de verdad. Pero puede cumplirse en lo que pretende, o bien puede no cumplirse. Creo que es importante saberlo y mostrarlo: que sea así, y que así parezca. Lo que propongo, por mucho que me afane en proponerlo con énfasis y convicción, de ninguna manera es verdad porque lo diga yo. Es importante que, además de saberlo, mostremos –porque es así– que la autoridad del profesor no es otra que la autoridad de la verdad, que no es «suya».

Esto es condición necesaria para restituirle al conocimiento el prestigio que merece en la escuela, y en la vida toda de un ser racional. Lo mío o tuyo, son los estados subjetivos: la opinión, la duda, el error, que sí es de quien lo comete. Pero la verdad no es de quien la afirma. No es posesión de nadie. Es algo que a mí me posee, y me acrece y enriquece cuando la reconozco como es. Mas reconocer algo es rendirle el homenaje de dejarle ser lo que es, y hacerle yo justicia diciendo con mis palabras lo que la realidad dice siendo. Aristóteles define así la verdad: adecuación de la inteligencia a la cosa (adaequatio intellectus cum re, en la versión latina). Esa adecuación es ajuste, una forma de hacer justicia, de «hacer cuentas» con la realidad: decir yo con palabras lo que las cosas «dicen» con su ser.

La autoridad del conocimiento, que debe ser el rasgo identitario del ethos escolar, no admite otra servidumbre que la que se rinde a la verdad. Aleja a quienes enseñan con auténtica autoridad de toda fachada vana y de toda verborrea que impida escuchar, en silencio, lo que la realidad nos enseña.

La pose arrogante y autoritaria corrompe la autoridad de quien la exhibe, perturba el contenido del mensaje y es antieducativa. Los maestros con vocación, aunque no vociferen, rezuman autoridad en todo lo que hacen y dicen. En eso estriba la auténtica autoridad: ayudar a otros, no a que me miren a mí, sino a que miren y admiren conmigo aquello que estoy mirando; que escuchen conmigo una voz que no es la mía. Autoridad, en el fondo, es la modalidad con la que los educadores –padres y maestros, cada cual a su modo– introducen inteligentemente en la realidad a los recién llegados a ella.

La vocación docente es el factor determinante que lo moviliza todo. Si tengo vocación me formo, y no sólo en mi área, sino también en mi quehacer pedagógico; busco formas para crecer humanamente y ayudar a crecer. La autoridad es un todo, en el que lo personal, lo laboral, lo familiar, no son compartimentos incrustados uno en otro, sino dimensiones ligadas en profundidad. Educa más el ejemplo, el silencio. El profesor vocacionado irradia autoridad, no necesita coartar la libertad de nadie.

La autoridad no se puede exigir, hay que merecerla. El sustantivo auctoritas está emparentado con el verbo augere, dar auge, alentar, ayudar a crecer. Esa es la verdadera autoridad, no la de quien grita, sino la de quien «sopla»; no sofoca la hoguera, sino que insufla aire a la brasa para que prenda.


  1. En mi Universidad existe una «Unidad de igualdad» que, dependiente del rectorado, declara tener como principal misión «integrar una perspectiva de género en nuestra universidad y, para ello, se encarga de detectar y analizar las desigualdades, sensibilizar a la comunidad universitaria, vigilar que se cumpla la legislación vigente, además de poner en marcha medidas que vayan logrando un verdadero cambio estructural hacia una institución más igualitaria. Pero todo esto debe hacerse con la participación de todas las personas que componemos la comunidad universitaria». Me permito reproducir algunos párrafos de una carta que dirigí al rector con motivo de una temporada en que eran llamativamente frecuentes los recados de esa Unidad a través del correo institucional del rectorado: «Desde hace ya tiempo recibo, vía correo institucional, mensajes que me invitan a participar en jornadas varias contra la homofobia, la bifobia, la transfobia, a celebrar la “visibilidad lésbica”, a apoyar la transexualidad, a deplorar la “lógica cisgénero” y cosas de ese estilo. Además de invitarme a participar de esas actividades, los mensajes me instan a difundirlas entre los colegas y los estudiantes que atiendo. Los envía una persona que dice actuar por “delegación” del Rector. No sé si es realmente así, pero a juzgar por el tenor de estos mensajes y por su periodicidad creciente, da la impresión de que el Rectorado asume como una de sus prioridades entregarse –y entregarnos– a la causa lgtbi…xyz, haciendo suyas –y nuestras– todas y cada una de sus peregrinas “fobias anti-fobia”. Esta situación se me antoja rayana en el esperpento. Cada vez que recibo un recado de estos respondo que no me interesa conocer lo que hacen los del arcoíris, y menos aún darlo a conocer a otros. Mientras se respete en España la libertad de cátedra, de investigación y de enseñanza, dedicaré el escaso tiempo de que dispongo a lo que considero que es mi trabajo. Se me ha respondido que no es posible acceder a mi petición, dado que al remitirse desde el Rectorado, vía Decanato, esa propaganda no se puede filtrar, y que ahorrármela supondría bloquear en mi caso todos los canales de la comunicación institucional. Lo entiendo, aunque agradecería sobremanera que se estudiara la posibilidad de filtrar este género de propaganda a los que manifiesten interés por ella, y se dedicara la comunicación institucional a los asuntos que profesionalmente son de nuestra incumbencia. En fin, como no me queda otra que “tragar”, me vas a permitir que distraiga tu amable atención para, respetuosamente, someterte un par de observaciones. Vaya por delante que me parece perfectamente legítimo que el Rectorado tenga las prioridades, las filias y fobias que le parezca tener, abrace las causas que crea más justas y embrace las banderas con los colores más de su gusto. Pero eso no empece que juzgue descerebrada la pretensión de universalizar para todos los universitarios la banderita de unos cuantos, no importa si muchos o pocos. Si hay que poner en el frontispicio de una institución de titularidad pública la banderita que al que manda se le antoja poner –que en su casa queda muy bien–, aviados vamos, porque convertimos esto en un patio de banderías a las órdenes del imbécil de turno que, a sueldo de la ONU, se le haya ocurrido inventarse un día internacional contra algo, o para celebrar su penúltima paranoia. Pienso que la Universidad está para otra cosa. Todo el mundo tiene derecho a visibilizar sus manías; ahora bien ¿ha de ser necesariamente a través del correo institucional? ¿No te parece más justo que lo haga cada uno de su bolsillo? ¿Por qué unos tienen que hacerlo a su costa y otros, que no son todos, a costa de todos? ¿Y por qué unos han de desgañitarse y a otros, que no son todos, les sale gratis porque se lo paga la Universidad? ¿Por qué tiene que convertirse la Universidad en correa de transmisión de las manías de unos, que no son todos, y no de otros? Pongamos que soy católico –un suponer–, y a título de tal se me antojara que a través de la comunicación institucional de la Universidad se invite a todo el mundo a hacer quinarios o peregrinaciones. ¿Dónde pondrían el grito los del arcoíris? ¿Y si me empeñara en que los colegas cooperaran conmigo en la difusión de mis manías a los estudiantes? ¿Qué dirían en la “Unidad de Igualdad”? Probablemente dirán que no somos todos tan “iguales”. Pues eso habría que explicarlo mejor. Desde luego, no se me ocurre cómo pueda justificarse el uso de la comunicación institucional para hacer propaganda de un interés ajeno a la Institución, por legítimo que sea, y sea del tipo que sea. La capellanía universitaria cuenta con canales restringidos a quienes comparten sus intereses, y no se dedica a percutir el cerebelo a toda la comunidad universitaria. Ahora bien, da la impresión de que mientras unos tienen que “privatizar” sus creencias en el espacio público, para “visibilizar” las suyas otros cuentan, no sólo con el espacio público, sino con dinero público, altavoces institucionales, y ya también con leyes que estatuyen una auténtica persecución contra la discrepancia. No es muy cuerdo esto. Me parece que las expectativas de visibilidad de ciertos colectivos están más que cubiertas por otras agencias estatales, que se han echado en sus brazos, y que en la Universidad podríamos dedicarnos a cultivar un estilo de pensamiento riguroso, ordenado y auténticamente creativo, capaz de salirse de los supuestos convencionales y de diseñar proyectos audaces en beneficio de otros colectivos, a día de hoy mucho más necesitados que los del arcoíris. Una cosa es la justa compensación por históricas infamias –que muy pocos de los que abrazan ahora esa causa han padecido personalmente–, y otra distinta que en la Universidad todos debamos pensar, hablar y sentir como ellos para no ser unos marcianos. Nos falta en esto algo de equilibrio, creo. Las jornadas y cursos de “formación” que la delegación del Rector nos ofrece son, en su mayoría, argumentarios y guioncitos de cómo hay que hablar, pensar y “sentir” para no ser acusado de homófobo por la “policía” del gender. Sería una verdadera pena que pudiera decirse que mientras en el tardofranquismo muchos rectores se oponían a que la policía entrara en los campus para reprimir el disenso, ahora algunos la meten ellos mismos travestida de “observatorio” de igualdad, u otras agencias que velan para que todo el mundo piense y diga lo correctito, que el rebaño bale el himno al unísono y todos vayan decentitos con el mismo uniforme. Con toda franqueza, en la Universidad tendríamos que poder decir las cosas, naturalmente con educación, pero sin tener que andar sumisos a “policías” o correcciones políticas. Ese tipo de restricciones mentales son antiacadémicas, antiuniversitarias y anti-intelectuales. Vetar la discrepancia, imponer de qué se puede hablar y de qué no, qué hay que decir y qué hay que callar, o repartir carnets de demócrata u homófobo como si de bulas y anatemas se tratase, además de poco congruente en una Universidad pública, es culturalmente cutre y mentalmente poco aseado. Es tiránico. Y es dar la puntilla a la Universidad».
  2. Hannah Arendt (1999) propone una reflexión sobre la banalidad que en parte converge con esta experiencia que Spaemann relata.


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