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1 Reformulaciones de la informalidad laboral en la escena internacional

Examinar la relación entre los saberes locales y transnacionales exige suspender la idea de una influencia unilineal por parte de estos últimos, para mirar las relaciones de conflicto y las modalidades de intercambio (Álvarez Leguizamón, 2013). La actividad experta se sitúa en la intersección entre la escena nacional e internacional, en un entramado de relaciones que van desde la importación directa a cierta autonomía nacional en la construcción de sus objetos (Morresi y Vommaro, 2011). Los modos de circulación de saberes obedecen a relaciones de poder (Grondona, 2014a), internas y externas a los campos de saber, cuyas condiciones históricas de posibilidad –y variabilidad– es posible reconstruir.

El entramado de relaciones entre saberes locales, regionales e internacionales se remonta a la década de 1950, en el marco del auge de la planificación y de los discursos del desarrollo (Orlansky, 2005; Escobar, 2005; Grondona, 2014a). Para el análisis de la problematización de la informalidad esto es especialmente relevante, pues las primeras formulaciones del concepto discurrieron por una red de instituciones locales y regionales.[1] Las agencias que incluimos en nuestra indagación fueron creadas luego de la Segunda Guerra Mundial.[2] Éstas conformaron el andamiaje institucional que expresaba -y pretendía constituir y mantener- los acuerdos de Bretton Woods, celebrados en 1944. Se trataba de consensos gestionados a nivel global sobre el sistema monetario, financiero y comercial, sostenidos en la afirmación de una relación positiva entre crecimiento económico, pleno empleo y derechos sociales (Hobsbawn, 1999; Murillo, 2005; Orlansky, 2005). La regulación global del orden monetario y financiero resultaba una condición vertebral del funcionamiento de y entre las economías nacionales, en un período atravesado por el conflicto geopolítico Este-Oeste de la Guerra Fría y, desde los años sesenta, por una renovada agitación social y política en los países del Sur global.[3]

Estas agencias también fueron parte de la emergencia de un campo de conocimientos especializados y de la profesionalización de la intervención sobre los problemas del desarrollo (Escobar, 2005). Junto con ellas, centros de estudios, agencias nacionales y regionales de planificación, encuentros y cumbres internacionales, conformaron dicho campo. Conceptualizamos estos organismos como Agencias Internacionales de Desarrollo (AID) (Álvarez Leguizamón, 2005, 2013; Corbalán, 2002), en tanto su horizonte de reflexión y elaboración programática está constituido por las formas de organización económica, política y cultural de las sociedades, particularmente de las periféricas.[4]

Estas décadas fueron prolíferas para las ciencias sociales latinoamericanas, que se desarrollaron en los marcos de este entramado institucional, local y regional, académico y técnico. Ellas se propusieron aportar a la conformación de una mirada especializada desde y para la región, consustanciadas con la agitación política y social vivida a nivel regional. Desde los enfoques dependentistas y el estructuralismo latinoamericano se produjeron conceptualizaciones sobre los problemas del “subdesarrollo”, que los explicaban como producto de relaciones de subordinación y explotación respecto de los países centrales. Así, pusieron en discusión las tesis de la teoría de la modernización que sostenían las recomendaciones de los actores globales sobre los modelos de industrialización a seguir en la región.[5] De la mano de la polémica generada, del ascenso de la conflictividad y de la consolidación de un escenario de crisis, el Primer Decenio del Desarrollo, comandado por las Naciones Unidas, concluía hacia fines de los años sesenta con balances negativos y pronósticos pesimistas (Grondona, 2016).

La década de 1970 constituye un punto bisagra en nuestra periodización de las problematizaciones sobre el desarrollo, el empleo y la pobreza. El cuestionamiento de las tesis desarrollistas y de los modelos de industrialización sustitutiva por los resultados alcanzados en los países periféricos movilizó una serie de reformulaciones en las programáticas de las Naciones Unidas, los bancos internacionales y regionales, al tiempo que emergieron otros actores que postularon un “nuevo orden internacional”, como la Comisión Trilateral[6] (Corbalán, 2002; Mato, 2005; Murillo, 2005; Grondona, 2016). Se produjeron desplazamientos de suma relevancia en las explicaciones de los problemas sociales, en la delimitación de los espacios de intervención, y en el rol de los organismos internacionales.

Si bien las concepciones neoliberales comenzaron a movilizar políticas económicas desde mediados de los años setenta en América Latina, fue avanzada la década de 1980 cuando se constituyó una intelectualidad neoliberal que fundamentó técnicamente la necesidad y viabilidad del ajuste estructural, discutiendo las alternativas a futuro en un horizonte único de inteligibilidad (Estrada Álvarez, 1992). El consenso intelectual en torno a las premisas neoliberales fundó su legitimidad en la externalidad del saber respecto de la lucha política (Centeno, 1997; Hobsbawn, 1999). Técnicos y políticos se constituyeron en figuras opuestas: a la primera se asoció la coherencia programática y la neutralidad valorativa; a la segunda la mirada cortoplacista y particularista (Grassi, 2000). Las reformas devinieron legítimas en función de categorías de percepción del mundo social provenientes del campo técnico, teniendo en éste especial relevancia las AID.

La interpretación dominante de la crisis en curso, estabilizada durante los años ochenta, fue la del “problema fiscal” asociado al modelo industrializador y al intervencionismo estatal, debido a la tendencia ascendente del gasto público y a los desequilibrios en las balanzas comerciales (Grassi, 2003; Leal, 2005). El diagnóstico de que el crecimiento estaba constreñido por límites “demográficos” y por la escasez de recursos naturales movía a los saberes expertos a problematizar las formas de incrementar el PBI, para lo que adquirió centralidad la apertura de las economías nacionales. La caracterización del Estado Social como rígido, inercial, capturado por intereses particularistas y demasiado voluminoso señalaba, también, una condición elemental para superar la crisis: reformarlo. El modelo de sustitución de importaciones había quedado perimido, junto con el modelo de Estado que entrañaba (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994; Leal, 2005; Soldano y Andrenacci, 2006). El Consenso de Washington articuló en una programática común las recomendaciones sobre la estabilidad macroeconómica, la liberalización del comercio y del sector financiero, y la reforma de la administración pública.

Los bancos internacionales de crédito fueron actores nodales en la supervisión de la ejecución de las reformas en el Sur global, mientras que otros organismos del sistema multilateral fueron subordinados o rearticularon sus programáticas en función de estas perspectivas. Dicho rol “supervisor” se fundamentó en la legitimidad de su expertise y no solo en las condicionalidades de los créditos otorgados (Golbert y Kessler, 1996; Corbalán, 2002; Grassi, 2003; Merklen, 2005; Murillo, 2005; Orlansky, 2005). Estas agencias se encontraban en condiciones privilegiadas para realizar investigaciones sistemáticas y comparativas sobre la pobreza, el empleo y las finanzas, eran respaldadas por especialistas con prestigio y tomadas por los medios masivos de comunicación como las fuentes más confiables, en detrimento de otras producidas nacionalmente (Grassi, 2003). El proceso de “transnacionalización de lo social”, que señala Merklen (2010), señala la profundidad de la transformación operada en la trama de actores participantes de la definición y despliegue de las intervenciones sociales (Mato, 2005; Vallone y Arias, 2010).

Si previamente la cuestión social había sido inscripta en los problemas de los modelos de desarrollo y del empleo, durante estas décadas comenzó a desplazarse hacia la cuestión de la pobreza, haciendo de ella un problema específico a tratar, desconectado de los procesos que afectaban el mundo del trabajo (Merklen, 2005; Leal, 2005; Grondona, 2014a). Bajo un abandono de los abordajes estructurales, el espacio vacío era llenado por saberes técnicos de impronta mayormente descriptiva, orientados al estudio de los modos de vida de la población pobre (Merklen, 2005; Grondona, 2014a). Hacia mediados de los años noventa, cuando se constató que, pese a las reformas implementadas, las tasas de pobreza y de desempleo habían aumentado, comenzaron a articularse las estrategias de “lucha contra la pobreza”, ocupando el desempleo la atención central de los diagnósticos (Grassi, 2000, 2003).

Las crisis económicas, políticas y sociales con las que concluyó el siglo XX en la región latinoamericana conmovieron el presupuesto “éxito” de la agenda de reformas, movilizando el ascenso de críticas especializadas, sociales y políticas. Diversos movimientos políticos pasaron a la escena internacional, como el Foro Social Mundial, impugnando los diagnósticos, políticas y lenguajes asociados al Consenso de Washington y desatando una polémica sobre la “globalización” (Ramírez, 2016). Entonces, diversas agencias internacionales admitieron la necesidad de considerar ciertas metas sociales que “humanizaran” el proceso de crecimiento económico.

En el año 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas finalizaba con una Declaración que fijaba como objetivo la erradicación de la pobreza. La sanción del programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en el año 2002, pareciera señalar la rearticulación de un nuevo consenso en el sistema multilateral, que incluía la definición de las “metas sociales” a contemplar: reducción de la mortalidad infantil, erradicación del hambre, combate del VIH, mejora de la salud materna, entre otras. Sin embargo, nuestro trabajo revela el sostenimiento de ejes de disenso, sobre las concepciones del desarrollo, los modelos de Estado, la intervención sobre el trabajo y los principios de justicia evocados. A continuación, reponemos los enfoques de las agencias seleccionadas.


  1. Profundizamos en la discusión sobre la informalidad en su contexto de emergencia en Lijterman (2017b)
  2. La excepción es la OIT, que fue creada luego de la Primera Guerra Mundial, en el año 1919. Sin embargo, en el año 1946 se constituyó en una de las primeras agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas.
  3. Nos referimos a los procesos de independencia nacional en el continente africano, a los procesos revolucionarios en Latinoamérica (como los de Nicaragua y Cuba), al ascenso de regímenes populares de gobierno (como el de Allende en Chile) y a la conflictividad social y política alternada con regímenes dictatoriales (como en el caso argentino).
  4. Los Bancos Internacionales de Crédito, como el BM y el BID, mediante una transformación de los roles y tareas por las que habían sido creados, se conformaron en agencias de desarrollo, a partir de la reorientación de su actividad –crediticia, investigativa, programática– hacia los países del “Tercer Mundo” desde los años sesenta.
  5. Ver sobre este debate: Terán, 1991; Escobar, 2005; Guiller, 2014; Grondona, 2014. También: Cardoso y Faletto, 1969; Marini, 1973; Pinto, 1970; Prebisch, 1970.
  6. Ésta se fundó en 1973, por la iniciativa de un conjunto de expertos, financistas, empresarios y funcionarios estatales de Estados Unidos, Japón y potencias europeas –entre ellos, el empresario David Rockefeller–. Según la propia Comisión, ésta fue fundada a partir de la iniciativa de “ciudadanos particulares” y organizó su forma de gobierno conformando tres grupos: Europeo, Norteamericano y Asiático (en orden, según la cantidad de miembros). Entre sus miembros figuran directivos de empresas y entidades bancarias (públicas y privadas), técnicos y expertos, funcionarios de gobiernos y representantes electos de diferentes países. La información fue extraída de la página oficial del organismo: http://trilateral.org.


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