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Las acciones de los organismos internacionales

En los últimos años, las empresas han asistido a un mayor esfuerzo por parte de los reguladores para limitar y valorar los factores externos negativos. Desde 2009, el número de leyes sobre cambio climático se ha incrementado un en un 66 %, al pasar de 300 a 500. La medición del carbono, mediante un programa de comercio de emisiones o un impuesto sobre el carbono, se ha implantado o está previsto implantarse en casi 40 países y más de 20 ciudades, estados y regiones. En Europa, 20 países aplican impuestos a los vertidos de residuos, habiendo obtenido juntos unos ingresos de 2.100 millones de euros en 2009/2010 (Fundación Ellen MacArthur, s.f.).

En 2014, encuentros internacionales como el Foro Económico Mundial de Davos y la Green Week europea se centraron en la economía circular, demostrando que tanto el sector económico empresarial como ambiental fijan sus expectativas en un cambio sistémico (Confederación de Empresarios de Navarra, 2014).

También, en ese mismo año, la Comisión Europea envió la Comunicación COM/2014/0398: “Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa” al Parlamento Europeo, la cual recita:

Nuestras economías sufren fugas de materiales valiosos. En un mundo en el que la demanda y la competencia por unos recursos finitos y a veces escasos seguirán creciendo y en el que la presión sobre los recursos acentúa la degradación y fragilidad del medio ambiente, mejorar el aprovechamiento de estos recursos puede beneficiar a Europa en los planos económico y ambiental. Desde la revolución industrial, nuestras economías han desarrollado un patrón de crecimiento sustentado en la secuencia “tomar, fabricar, consumir y eliminar”, un modelo lineal basado en la hipótesis de la abundancia, disponibilidad, facilidad de obtención y eliminación barata de los recursos. Cada vez es más evidente que esta actitud amenaza la competitividad de Europa (Cecchin, 2015).

El paquete legislativo que lanzó la Comisión Europea en 2014 se compuso, además, de una propuesta legislativa para reformar la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Envases, la Directiva de Vertederos, una iniciativa sobre empleo verde, entre otras (Confederación de Empresarios de Navarra, 2014).

La Comisión Europea también elaboró en 2015 un “Plan de acción de la UE para la economía circular”, cuyo principal objetivo es lograr un crecimiento sostenible. En él se incluyeron propuestas legislativas sobre residuos y un plan de acción de la Unión Europea con medidas que abarcan todo el ciclo de vida de los productos: el diseño, el abastecimiento, la producción, el consumo, la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.

Países como Finlandia, Dinamarca, Alemania, Noruega y Suecia son los más adelantados en la puesta en práctica de planteamientos de economía circular. En ellos participan tanto compañías multinacionales como regionales o locales (Cárdenas Guzmán, 2018).

La Fundación para la Economía Circular (2017) expone el caso de observación de Ámsterdam, una ciudad de 219 km2 y 800.000 habitantes. Decidió desarrollar un plan de economía circular en 2011 para reforzar su atractivo basándose en el concepto “de la cuna a la cuna”. La estrategia se centró en determinados flujos (alimentos, nutrientes, residuos, agua, electricidad, calor). En 2016 se publicó un documento llamado Ámsterdam Circular: una visión y una hoja de ruta, que se basa en cuatro fases:

  • Primera fase: análisis de los principales flujos de materiales y energía, así como los niveles de empleo en los sectores económicos de las regiones.
  • Segunda fase: análisis de las cadenas de valor que conectan varios sectores dentro de la ciudad. Los resultados se discutieron durante una mesa redonda abierta a todos los interesados y representantes del municipio, lo que dio como resultado la realización de un análisis detallado de la cadena de la construcción y de la cadena de residuos orgánicos.
  • Tercera fase: exploración de las dos cadenas en un escenario ideal futuro de la economía circular.
  • Cuarta fase: elaboración de un programa de acción y un plan de trabajo.

Es muy importante incentivar la economía circular en todos los niveles de empresas, pero por el número creciente de pymes en el mundo, muchos organismos tienen su mirada puesta en ellas.

En la Unión Europea se lanzó el Plan de Acción Ecológica para las Pymes, Estrategia Europa 2020: de desafío ambiental a oportunidad empresaria. Uno de los motores principales de la competitividad de las empresas es la utilización más eficiente de los recursos. En este sentido, una mejora a lo largo de las cadenas de valor podría reducir las necesidades de materias primas entre un 17 y un 24 % hasta 2030.

También está en marcha el Plan de Acción Ecológica (Green Action Plan), que se basa en la ecoinnovación, tiene el objetivo de ayudar a reindustrializar Europa fomentando la competitividad de las pymes y el desarrollo de las empresas ecológicas, a través de cinco ejes estratégicos se configuran un conjunto de acciones para alcanzar el objetivo deseado. Los grandes enunciados de esta estrategia son los siguientes:

  1. Pymes más ecológicas para aumentar la competitividad y la sostenibilidad.
  2. Iniciativa empresarial ecológica para las empresas del futuro.
  3. Oportunidades para las pymes en una cadena de valor más ecológica.
  4. Acceso a los mercados para las pymes ecológicas.
  5. Gobernanza.

Los expertos siguen analizando lo que se hace en materia de economía circular y los puntos oscuros que prevalecen; es por ello que en septiembre de 2018, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió reforzar el marco de seguimiento mediante el lanzamiento de un proyecto para la implementación de diez indicadores que apuntan a determinar si los Estados miembros toman las medidas suficientes para cumplir con los objetivos de la economía circular (Fundación para la Economía Circular, 2018).

Esto incluye indicadores que analicen el uso de materiales, la utilización de la tierra y el cambio en el uso de la tierra, la utilización del agua y de los diferentes tipos de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otras, biodiversidad y residuos. La resolución también solicita que se revisen y actualicen continuamente los indicadores existentes y que se identifiquen y desarrollen otros adicionales. Se debe acelerar el desarrollo de metodologías y la recopilación de datos que puedan utilizarse, como la compra pública ecológica y los indicadores relativos al desperdicio de alimentos.

Algunos de estos indicadores ya están siendo generados por diferentes organismos, tal es el caso de la Oficina Internacional del Trabajo (2018). Como puede observarse en el siguiente gráfico, las políticas implementadas comenzaron a despegar la emisión de GEI de los niveles de PBI mundial a partir de 2006. Sin embargo, es evidente que los cambios en el PBI afectan de manera directa la emisión de GEI. También es posible analizar el comportamiento desagregado por regiones sobre la emisión de GEI, la extracción de materiales del suelo, la extracción de agua dulce y el uso de la tierra.

Figura 23: PBI mundial y emisiones de GEI. 1995-2014

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Fuente: OIT (2018).

Figura 24: Intensidad de carbono y de recursos en el sector empleo.
2000-2014 o año más reciente

fig24

Fuente: OIT (2018).

A nivel nacional, las reglas y políticas destinadas a hacer más sostenible el medio ambiente se distribuyen en reglamentos que rigen temas o ámbitos específicos (como el cambio climático) y sectores determinados, incluidos las energías, el uso de la tierra y la agricultura, la silvicultura, la gestión de desechos y el transporte. En consecuencia, pese a que ha ido aumentando el número de marcos jurídicos y de políticas, aún no es una práctica generalizada en todos los países y regiones. Se han formulado diversas modalidades de leyes y políticas en materia medioambiental que reflejan el contexto de cada país (OIT, 2018).

Como ya se expresó en el apartado anterior, el empleo y la economía circular están estrechamente vinculados. Es vital poder contemplar el impacto en los puestos de trabajo generados y perdidos por este proceso de transición.

No solo las economías desarrolladas han promulgado leyes relativas al medio ambiente, también lo han hecho economías emergentes y en desarrollo de diversas regiones. Un análisis de 16 países del África Subsahariana reveló que las cuestiones ambientales guardan relación con temas de empleo y trabajo recogidos en leyes promulgadas desde principios del decenio de 2000.

A continuación, se exponen a modo de ejemplo algunas leyes promulgadas en los últimos años por países de los más diversos.

Figura 25: Ejemplos de aspectos laborales recogidos en leyes nacionales
sobre la economía circular

fig25

Fuente: OIT (2018).

La Fundación para la Economía Circular (2018) pone en marcha dos grupos de trabajo para promover la economía circular. Uno en el ámbito textil y otro para estadísticas e indicadores, ya que no está homogeneizado para la comparación de distintos países.

Concretamente, sus objetivos incluyen:

  • Llevar al terreno de la práctica, y para cada temática de trabajo, los conocimientos teóricos relativos a la economía circular.
  • Establecer un diálogo entre actores con base en la experiencia y el know-how de cada uno.
  • Anticipar futuros problemas en un enfoque intersectorial y/o sectorial.
  • Crear redes entre/con miembros de los Grupos de Trabajo y entidades colaboradoras de la Fundación.
  • Preparar informes relacionados con la evolución legislativa, reglamentaria y fiscal en el ámbito europeo, estatal, regional y, en su caso, local.
  • Elaborar guías y estudios, catálogos de buenas prácticas, metodologías, etc.
  • Elaborar proyectos innovadores (en contestación o no a convocatorias públicas y con posibilidades o no de financiación europea).


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